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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05490-01

Fecha
24 de febrero de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
12 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05490-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 5 de diciembre de 2024 proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta. En su lugar, CONCEDER el amparo del derecho fundamental al debido proceso de la señora Rosalba Góngora Susa, por los motivos expuestos en esta decisión. SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 10 de mayo de 2024, proferida por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del expediente con radicado núm. 11001-33-35-011-2022- 00072-01, en atención a las razones expresadas en esta decisión. TERCERO: ORDENAR a la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, en el término de veinte (20) días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia, profiera una nueva decisión en la que atienda lo indicado en la parte considerativa de esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-05490-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

24 de febrero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05490-01
Accionante: Rosalba Góngora Susa
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05490-01
Accionante: Rosalba Góngora Susa
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: reliquidación pensión de jubilación.
Subtema 3: defecto sustantivo y desconocimiento del precedente jurisprudencial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
impugnación interpuesta por Rosalba Góngora Susa en contra de la sentencia del 5
de diciembre de 2024 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Rosalba Góngora Susa, por intermedio de su apoderado, presentó acción
de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, al mínimo vital y a la seguridad social, que consideró vulnerados
con ocasión de la sentencia del 10 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 11001-33-35-011-2022-
00072-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en el
trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:
2. La señora Rosalba Góngora Susa se vinculó al servicio oficial docente desde el 4
de febrero de 2002.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05490-01
Accionante: Rosalba Góngora Susa
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E

3. La accionante, con escrito del 13 de abril de 2021, le solicitó al Fondo Nacional de
Prestaciones del Magisterio1 (FOMAG) el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación por aportes, por haber efectuado cotizaciones a Colpensiones y a la
Secretaría de Educación de Bogotá.
4. El FOMAG, mediante Resolución núm. 5616 de 10 de agosto de 2021, negó la
petición de la accionante. Contra dicha decisión, interpuso recurso de reposición, el
cual se resolvió con Resolución núm. 6547 de 9 de septiembre de 2021, confirmando
el acto recurrido.
5. La señora Rosalba Góngora Susa presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, en contra de la Nación, FOMAG, la Secretaría de
Educación de Bogotá y Colpensiones, con el fin de que se dejaran sin efectos los actos
administrativos que le negaron el reconocimiento de la pensión y, en su lugar, se
ordenara el traslado de los aportes cotizados de Colpensiones al FOMAG y, se
dispusiera el reconocimiento de la pensión con la totalidad de los factores salariales
devengados el año anterior al estatus pensional.
6. El Juzgado Once Administrativo de Bogotá, mediante sentencia del 1 de febrero
de 2023, negó las pretensiones de la demanda. La demandante interpuso recurso de
apelación en contra de dicha decisión.
7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, a
través de providencia del 10 de mayo de 2024, revocó la decisión del juzgado y, en su
lugar, accedió a las súplicas de la demanda. Así pues, en cuanto a la liquidación de la
pensión, precisó que debía hacerse con el 75% del salario promedio que sirvió de base
para los aportes durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional. De esta
manera, al confrontar los factores salariales percibidos por la actora, con los enlistados
en las leyes 33 y 62 de 1985, concluyó que solo podía tenerse en cuenta el salario
básico y la bonificación mensual.
8. Adicionalmente, el Tribunal desestimó la inclusión de la de vacaciones, porque no
se encontraba enlistada en los artículos 3 de la Ley 33 de 1985 y 1 de la Ley 62 de
1985, por lo que consideró que no podía ser considerada como factor salarial.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
9. La parte actora solicitó en el escrito de tutela2 lo siguiente:

Comprobado cómo están los elementos axiológicos para la prosperidad de la
acción, respetuosamente solicito se MODIFIQUE la sentencia emitida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN “E”, de fecha 10 de mayo de 2024, dentro del proceso con
radicado No. 11001333501120220007200, tutelando el derecho de mi
representada, para que proceda reconocimiento y pago la pensión jubilación por
aportes, incluyendo además de los factores reconocidos, adicionalmente, con la

1 En adelante FOMAG
2 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05490-00, índice 2, certificado núm. 544590A21915D96D
EDD6A5ECEAC2AEED B340D202AD0C36AE 2886B0CFB0977A03.

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Accionante: Rosalba Góngora Susa
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E

inclusión de la PRIMA DE VACACIONES, factor sobre el cual se hicieron
cotizaciones a seguridad social3.

10. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora manifestó que la sentencia
del 10 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
incurrió en un defecto sustantivo porque efectuó una interpretación inadecuada del
Acto Legislativo 01 de 2005, así como del artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 y de
la Ley 62 de 1985, al desestimar la inclusión de la prima de vacaciones en la liquidación
de la pensión por aportes.
11. Asimismo, manifestó que la providencia cuestionada desconoció el precedente
jurisprudencial, por cuanto no tuvo en cuenta que la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en la sentencia de unificación SUJ-014-CES2-2019 del 25 de abril de 2019,
indicó que las pensiones de jubilación reconocidas por el FOMAG para los docentes
vinculados hasta el 26 de junio de 2003, por remisión de la Ley 91 de 1989, se debían
liquidar con un ingreso base de liquidación calculado conforme a las leyes 33 y 62 de
1985, las cuales indican que las pensiones de los empleados oficiales de cualquier
orden, serían liquidadas sobre los mismos emolumentos que habían servido de base
para calcular los aportes.
12. Adicionalmente, refirió que la Corte Constitucional, en las sentencias C-258 de
2013, SU-230 de 2015 y SU-395 de 2017, precisó que, en aras de garantizar la
sostenibilidad financiera del sistema pensional, todas las pensiones,
independientemente del régimen que les fuera aplicable, debían liquidarse conforme a
los factores salariales frente a los cuales se hubieran realizado los aportes al sistema.
13. Agregó que la autoridad judicial accionada, al expedir la sentencia objeto de tutela,
tampoco tuvo en cuenta los lineamientos jurisprudenciales del Consejo de Estado4
relacionados con la forma de determinar el IBL pensional y la inclusión de los factores
sobre los cuales se hayan efectuado los correspondientes aportes.

2.3. Trámite procesal
14. El Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante auto del 31 de octubre de 2024,
admitió la solicitud de tutela, ordenó la notificación al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, y dispuso comunicar el escrito de
tutela a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, el FOMAG, a Colpensiones y a
la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, en calidad de terceros interesados.

2.4. Intervenciones
15. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E5
pidió que se declare improcedente el amparo de tutela, porque no cumple con el
requisito de subsidiariedad, toda vez que la inconformidad de la accionante con la

3 Se transcribe incluso con errores.
4 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicado núm. 19001-23-31-000-

2011-00144-01, sentencia del 4 de abril de 2019, expediente núm. 76001-23-31-000-2011-001418-01, sentencia
del 20 de febrero de 2019, radicado núm. 25000-23-42-000-2013-002705-01 y sentencia del 28 de agosto de 2018,
radicado núm. 52001-23-33-000-2012-00143-01 (IJ).
5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05490-00, índice 20, certificado núm. EF508300CF4DE10D
C156E92730314E96 D478AE2CBF320616 9036C516A93580BB.

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Accionante: Rosalba Góngora Susa
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E

decisión objeto de reproche pudo proponerse a través del recurso extraordinario de
revisión.
16. De otra parte, manifestó que en la sentencia cuestionada se explicó con suficiencia
que el factor salarial de prima de vacaciones no era posible tenerlo en cuenta al no
estar enlistado en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, dando alcance a la sentencia de
unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto de 20186, y que para el sector
docente se hizo el correspondiente análisis en la sentencia de unificación del 25 de
abril de 20197.
17. En este sentido, precisó que la parte actora pretende utilizar este mecanismo
constitucional como una instancia adicional para insistir en un debate jurídico que ya
fue resuelto por los jueces competentes dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
18. El Ministerio de Educación Nacional8 pidió que se declare improcedente la solicitud
de amparo, en razón a que lo planteado por la tutelante corresponde a aspectos de
naturaleza económica, que no es procedente discutirlo a través del presente trámite
constitucional.
19. De igual manera, indicó que la sentencia cuestionada efectuó un análisis fáctico,
jurídico y probatorio adecuado del asunto, por lo que no se configura ninguna de las
causales de procedencia de la tutela contra providencia judicial.
20. La Fiduprevisora S.A.9 indicó que la decisión acusada estuvo acorde con el
precedente jurisprudencial y con los hechos acreditados en el proceso, sin que se
pueda advertir la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la
tutelante.
21. De otro lado, precisó que la entidad de la administradora del patrimonio autónomo
del FOMAG y, por lo tanto, no es la llamada a satisfacer las pretensiones de la tutela.
22. La Secretaría de Educación de Bogotá10 pidió su desvinculación del presente
trámite constitucional, argumentando que los hechos y las pretensiones de la tutela
están dirigidos a cuestionar la sentencia del 10 de mayo de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sin que se pueda advertir algún
cuestionamiento en contra de la entidad.
23. La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones11 afirmó que carece
de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto las pretensiones de la tutela están

6 Radicado núm. 52001-23-33-000-2012-00143-01 (IJ).
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-S2 -2019, radicado

núm. 680012333000201500569-01 (0935-17).
8 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05490-00, índice 19, certificado núm.
E89972E50500DA56 E1403C6F57BDEE53 D343A41742B5A4B1 4B2800C734C0558A.
9 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05490-00, índice 18, certificado núm.
3FC7CC843B88B672 51F1CC46A3EF790C 3F0D3A35A0494FDD A0CB75C2CA51365F.
10 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05490-00, índice 16, certificado núm. 5BA31D34448D5356
A3EA429C09CD0589 CFB4BAFF912DDDB6 142C1C789FCC7DC0.
11 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05490-00, índice 17, certificado núm. BBD7A93B05F629D1
D24FAAC101753518 863ABEF8908EEA27 D8BD2CF767D725A9.

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Sección Segunda, Subsección E

dirigidas a cuestionar una decisión judicial y no una actuación administrativa de la
entidad. En consecuencia, solicitó su desvinculación de la presente acción.
24. El Juzgado Once Administrativo de Bogotá12 remitió, a esta corporación, el
expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sin
pronunciarse sobre los hechos y pretensiones del escrito de tutela.

2.5. Sentencia de primera instancia
25. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 5 de diciembre
de 202413, negó las solicitudes de desvinculación propuestas por la Fiduprevisora S.A.,
la Secretaría de Educación de Bogotá y Colpensiones. Adicionalmente, y negó el
amparo de tutela, al considerar que no se configuraron los defectos alegados por la
tutelante.
26. Así pues, indicó que la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca realizó un análisis de la sentencia de unificación de
la Sección Segunda del Consejo de Estado del 25 de abril de 2019, SUJ-CE-S2-2019,
lo cual le permitió determinar el contexto jurídico para acceder al reconocimiento
pensional pretendido por la accionante.
27. En lo que respecta a la negativa de incluir la prima de vacaciones en la liquidación
de la pensión, el Tribunal, en aplicación del precedente jurisprudencial referido, precisó
que los factores salariales a tener en cuenta en la determinación del ingreso base de
liquidación serían los enlistados en las leyes 33 y 62 de 1985, sin que la mencionada
prestación estuviera incluida en dichas normas, además de no encontrar acreditado
que la actora hubiera efectuado los aportes correspondientes.
28. De esta manera, refirió que la autoridad judicial accionada dio aplicación al
precedente jurisprudencial de unificación para el sector oficial docente en debida
forma, acorde con lo probado en el proceso.
29. Añadió que las sentencias citadas por la tutelante son providencias anteriores a la
sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, razón por la que no pueden ser tenidas
en cuenta como antecedentes vinculantes, con excepción de la mención que hizo a la
sentencia de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado del 28 de agosto de
2018, la cual sirvió de punto de partida para que luego se emitiera el fallo unificado
para el sector docente.

2.6. Impugnación
30. La señora Rosalba Góngora Susa presentó impugnación14, en contra de la
sentencia del 5 de diciembre de 2024, con el argumento de que el juez de primera
instancia no tuvo en cuenta las razones expuestas en la solicitud de amparo.

12 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-04863-00, índice 22.
13 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05490-00, índice 25, certificado núm. 5CFBF74AA90FFEC0
30D2AB957299A066 8A582ACD4AA48ADF CF91571DDC44F399.
14 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-04863-00, índice 31, certificado núm. B92BDD750B4E27B2
D5F74CA1267E8AC8 F4FCDD9D9E051FAB 8442698C676A50DF.

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31. De este modo, afirmó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al excluir
la prima de vacaciones en la liquidación de la pensión de la accionante, no realizó un
adecuado análisis del contenido del Acto Legislativo 01 de 2005, el cual establece que
las pensiones deben liquidarse con la inclusión de todos los factores sobre los que se
hubieren realizado las cotizaciones ni valoró adecuadamente los criterios
jurisprudenciales aplicables sobre la materia.
32. En este sentido, la accionante precisó que, durante su vinculación como docente,
el empleador de forma periódica y permanente realizó los descuentos por concepto de
seguridad social en pensión sobre el factor denominado «prima de vacaciones», lo
cual generó una expectativa legítima de que este emolumento se incluiría en la
liquidación de su prestación.
33. Así las cosas, afirmó que la decisión cuestionada vulneró los derechos
fundamentales de la accionante porque no ordenó liquidar la pensión de jubilación
conforme al artículo 48 de la Constitución, es decir, con la inclusión de todos los
factores cotizados al sistema pensional, de acuerdo con el principio de sostenibilidad
financiera. Esta situación podría configurar un enriquecimiento sin justa causa para el
Estado, toda vez que efectuó una retención de aportes sin otorgar el beneficio
correspondiente según la ley.
34. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se revoque la providencia impugnada
y, en su lugar, se acceda al amparo de tutela.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia
35. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 5 de
diciembre de 2024 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

3.2. Legitimación en la causa
36. La legitimación en la causa por activa de Rosalba Góngora Susa está acreditada,
porque fue la demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en
el que fue expedida la providencia que, a su juicio, desconoció sus derechos
fundamentales.
37. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, debido a que fue
la autoridad que profirió la sentencia del 10 de mayo de 2024 objeto de estudio.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
38. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado15, y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede de

15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado

núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.

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manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en
procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional16.
39.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un
derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los derechos
afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
40. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales17 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.
41. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución18.

Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
42. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional19 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse
de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales el asunto que
entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido
el órgano de cierre sobre la materia.
43. Así pues, la Corte Constitucional20 ha fijado unos criterios que deben ser acatados
con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en
concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o

16 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
17 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
18 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
19 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
20 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

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económico»21 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental»22;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente un
carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o
aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto
monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés
general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que
permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una
afectación grave de derechos fundamentales.

44. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una
afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la decisión
cuestionada concurrió un desconocimiento del ordenamiento jurídico sustancial que, a
su juicio, impidió que se expidiera una decisión ajustada a derecho.
45. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la parte
actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.
46. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho toda vez que la
sentencia proferida el 23 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, fue notificada el 23 de mayo de
202423, y la demanda de tutela se presentó el 11 de octubre de 202424, esto es, dentro
del plazo de seis meses establecidos por la jurisprudencia constitucional25 y el Consejo
de Estado26 como razonable.
47. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, tan así
que el asunto superó la relevancia constitucional, y no resultaba posible que hubiera
alegado la vulneración reclamada en sede del proceso ordinario, precisamente porque
su cuestionamiento está dirigido en contra de la decisión que le puso fin a la actuación
judicial.
48. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

21 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
22 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
23 Samai, exp. 11001-33-35-011-2022-00072-01, índice 15.
24 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05490-00, índice 1.
25 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente

Nº 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05490-01
Accionante: Rosalba Góngora Susa
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E

49. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales
de procedibilidad en relación con los defectos sustantivo y desconocimiento del
precedente y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que
planteó la parte actora.

3.5. Problema jurídico
50. Corresponde a la Sala determinar si debe revocar, confirmar o modificar la
sentencia de primera instancia del 5 de diciembre de 2024, proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, que negó la solicitud de amparo interpuesta por la
señora Rosalba Góngora Susa.
51. En particular, deberá establecer si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, vulneró derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad, al mínimo vital y a la seguridad social de la accionante e incurrió en
defecto sustantivo y desconocimiento del precedente jurisprudencial, al proferir la
sentencia del 10 de mayo de 2024, en la cual decidió no incluir la prima de vacaciones
dentro del ingreso base de liquidación de la pensión por aportes que le fue reconocida.
52.Para el efecto, se estudiará: i) las generalidades de los defectos invocados; y ii) el
caso concreto.

Generalidades de los defectos invocados
53. La parte actora consideró que la autoridad judicial accionada transgredió las
garantías constitucionales porque la providencia objeto de tutela incurrió en los
defectos: i) sustantivo y ii) desconocimiento del precedente.

El defecto sustantivo
54. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto sustantivo
se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma
claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su
aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada inexequible, fue
derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación de conexidad
material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado 27.
55. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que la
acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable interpretación de
una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son autónomos para
escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal, la que consideren
más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo dispuesto en el artículo 230
de la Constitución Política.
56. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:

27 Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.

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Accionante: Rosalba Góngora Susa
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E

[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios
judiciales en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e
interpretación de las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de
autonomía e independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta
a los valores, principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a
la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso
concreto, para determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de
interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable
apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la justicia se
administra con sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales
que son de forzosa aplicación […]28.

57. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de los
jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso sometido a
su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse dentro del
parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes establecidos en la
Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación de una norma, con
su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.
58. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al carácter
normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar eficacia a los
derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los derechos humanos
(artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad contenido en el derecho
fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la garantía al acceso a la
administración de justicia (artículo 228 Superior).29

El desconocimiento del precedente judicial
59. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la República
tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales vinculantes y
relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la efectividad de los
principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima, y la unificación
de la interpretación de las normas jurídicas30.
60. Al respecto, la Corte Constitucional31 ha considerado que el precedente se define
como aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con anterioridad a un
caso determinado que, por su semejanza en los hechos analizados y en los problemas
jurídicos resueltos, debe ser necesariamente considerado por las autoridades
judiciales al momento de emitir un fallo posterior. Frente a la obligatoriedad del
precedente, la Corte ha dicho:

28 Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
29 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.

30 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el
ordenamiento constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar” la
vigencia de un orden justo, lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento en
estos principios, una autoridad judicial tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma
manera, y los casos diferentes de manera distinta”. El juez cuenta, desde luego, con autonomía para valorar si un
asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y, en caso de que lo sea, de apartarse de la ratio
decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo contrario desconoce el precedente
horizontal».
31 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.

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Sección Segunda, Subsección E

90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad
del precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este
precepto de la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están
sometidos al imperio de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa
e independencia para fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les
presenta la ley. Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la
jurisprudencia de la Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo
aquella emitida por el legislador, sino además comprende todas las fuentes del
derecho incluidas las sentencias que interpretan la Constitución como norma de
normas, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre
de cada jurisdicción.

91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido
proceso y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como
objetivo principal garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz
de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que
rigen el ordenamiento constitucional. En otras palabras, la independencia
interpretativa es un principio relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto
a la igualdad en la aplicación de la ley y por otras prescripciones constitucionales32.

61. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo funcionario;
y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior jerárquico o la
autoridad encargada de unificar la jurisprudencia33.
62. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «sin determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en relación
con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por autoridades judiciales
funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de la jurisprudencia»34.
63. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de manera
razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del principio de
autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente, pues la
interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en caso de
que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una violación a
los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y
al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de tutela35.

32 Se transcribe incluso con errores.
33 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
34 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
35 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del precedente
horizontal o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y suficiencia. El primero
exige que el juez enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares (es decir, que reconozca
expresamente el precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su
existencia”. El segundo requiere exponer razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los
supuestos fácticos del nuevo caso que justifiquen el cambio jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica
demostrar que el precedente no es válido, correcto o suficiente para resolver el asunto sometido a examen judicial.
Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades
como la autonomía e independencia de los operadores judiciales».

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Sección Segunda, Subsección E

64. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un
tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de la
función judicial, pues se trata de una sola corporación36.
65. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela ante
la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial,
le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora de este
derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de criterio» de
manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las exigencias de la
autonomía judicial.

Aspectos generales del régimen pensional aplicable a los docentes oficiales
conforme la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de
2019.
66. La sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado, el 25 de abril de 201937, definió las reglas para determinar el ingreso base de
liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del personal docente oficial afiliado al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
67. La referida sentencia precisó que de conformidad con el parágrafo transitorio 1 del

Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, existen dos
regímenes prestacionales para el reconocimiento del derecho a la pensión de
jubilación para los docentes oficiales, nacionales, nacionalizados y territoriales, cuya
aplicación está supeditada a la fecha de ingreso al servicio educativo. Estos
regímenes son:

(i) Los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003 que, con ocasión de la Ley 91 de 1989, gozan del mismo régimen pensional de
los servidores públicos del orden nacional establecido en la Ley 33 de 1985 38, en el
que los únicos factores que se deben tener en cuenta en el ingreso base de liquidación
son aquellos sobre los que se hubiesen realizado los respectivos aportes, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985. Al respecto se indicó lo
siguiente:

En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de
pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional
previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son
solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de
acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir
ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

(ii) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media regulado en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,

36 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
37 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CES2

-2019. Radicado: 680012333000201500569-01 (0935-17).
38 «Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales

para el Sector Público».

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con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. En ese orden,
el ingreso base de liquidación se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, con los
factores dispuestos en el Decreto 1158 de 1994, sobre los cuales se hubiesen
realizado las respectivas cotizaciones. En relación con tales docentes, en la sentencia
de unificación se fijó la siguiente regla:

Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad
que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir
en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994
sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.

68. En efecto, la sentencia de unificación fue enfática en señalar que el factor
determinante para la aplicación de uno u otro régimen es la fecha de vinculación inicial
al servicio docente, esto es, antes o después del 27 de junio de 2003. Estas reglas
tienen importantes implicaciones prácticas, que han sido destacadas en la
jurisprudencia de esta Sección39, de la siguiente manera:

(i) No se requiere continuidad en el servicio para mantener el régimen anterior a la Ley
812 de 2003, siempre que la vinculación inicial haya sido anterior a su vigencia.

(ii) Los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003 mantienen su régimen pensional incluso si tienen interrupciones en el
servicio, aspecto que cobra especial relevancia en casos de vinculaciones mediante
contratos de prestación de servicios.

(iii) La aplicación del régimen está determinada por la fecha de la primera vinculación,
independientemente de la modalidad (carrera docente, provisional o por contrato de
prestación de servicios).
69. Este criterio diferenciador establecido en la Ley 812 de 2003 responde a la
necesidad de preservar las expectativas legítimas de quienes ingresaron al servicio
docente bajo un régimen específico, mientras se implementa progresivamente el
nuevo sistema para las vinculaciones posteriores, en garantía de la sostenibilidad
financiera del sistema, sin que se afecten derechos adquiridos.

La aplicación de la Ley 71 de 1988 a los docentes y la determinación del ingreso
base de liquidación.
70. La Ley 71 de 1988 estableció un régimen de pensión por aportes, permitiendo que
las personas que prestaron sus servicios a entidades o instituciones del sector público
o privado puedan acceder a una pensión de jubilación.

39 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia del 30 de enero de 2025, radicado núm. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022). Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de noviembre de
2024, radicado núm. 25000-23-42-000-2019-00655-01 (2532-2021). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de septiembre de 2020, radicado núm. 66001-
23-33-000-2017-00470-01(3514-2019), Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de febrero de 2020, radicado núm. 54001-23-33-000-2014-00363-
01(2960-2015).

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Sección Segunda, Subsección E

71. Así pues, en aquellos casos cuando no se alcanza a reunir el tiempo de servicio
requerido exclusivamente en el sector público, pero sí cuentan con el tiempo necesario
al sumar sus aportes en diferentes sectores la aplicación de la Ley 71 de 1988 podría
resultar más favorable que el régimen general docente.
72. Sobre el particular, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
precisó que la Ley 71 de 1988 es aplicable a los docentes vinculados antes de la Ley
812 de 2003, como parte del «régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional» al que remite la Ley 91 de 198940.
73. Al respecto, la Ley 71 de 1988 establece un régimen específico para la pensión por

aportes y según lo dispuesto en su artículo 7 se establecen los siguientes requisitos:

✓ Para mujeres: 55 años.
✓ Para hombres: 60 años.
✓ 20 años de aportes acumulados en cualquier tiempo entre entidades de previsión
social del sector público y el ISS (hoy Colpensiones).

74. La Ley 71 de 1994 fue reglamentada por el Decreto 2709 de 1994, el cual en sus
artículos 6 y 8 indicó que la pensión por aportes se liquida con el 75% del salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios. Esto,
con la inclusión de los factores previstos en la Ley 62 de 198541 y demás normas
especiales que creen emolumentos con carácter de factor salarial, y que, en
consecuencia, sirven de base para calcular los aportes a pensión.
75. En este punto, es pertinente precisar que el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, que
modificó la Ley 33 de 1985, dispuso que los factores que se debían tener en cuenta
para tal efecto son «[la] asignación básica, [los] gastos de representación; [las] primas
de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; [los] dominicales y feriados;
[las] horas extras; [la] bonificación por servicios prestados; y [el] trabajo suplementario
o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio». La norma citada
también previó que, «[e]n todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de
cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido
de base para calcular los aportes» [Negrilla fuera de texto].
76. En relación con los factores que se deben tener en cuenta para la liquidación de
la pensión, el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 estableció un listado de los factores que
se pueden incluir en el IBL, siempre y cuando sobre ellos se hayan realizado aportes
a seguridad social. Asimismo, el texto de la norma admite la inclusión de otros
conceptos en el IBL, bajo la condición de que hayan sido reconocidos normativamente
como factores salariales, y servido de base para las cotizaciones a seguridad social.
77. Así pues, se advierte que la norma permite un margen de protección reforzado
para el derecho a la seguridad social, por ejemplo, cuando factores adicionales a los
señalados en la Ley 62 de 1985 son considerados como base de cotización por

40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2025, radicado núm. 66001-

23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022), también se puede ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 18 de d marzo de 2021, radicado núm. 63001233300020140024901.
41 En aplicación del artículo 11 del Decreto 2709 de 1994.

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normas especiales, sin poner en riesgo la sostenibilidad del sistema, toda vez que
debe verificarse y/o garantizarse que sobre aquellos se efectúen los aportes
correspondientes
78. Además, porque tal perspectiva está en consonancia con el Acto Legislativo 01 de
2005, en cuanto establece que «para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán
en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones», y con pronunciamientos de unificación, como la sentencia del 28 de
agosto de 2018 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en la que frente a las reglas aplicables a los destinatarios de la Ley 33 de
1985, por aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, indicó que:42

La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el
IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la
transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes
o cotizaciones al Sistema de Pensiones.

3.5. Caso concreto
79. La señora Rosalba Góngora Susa acudió a la acción de tutela, con el fin de obtener
el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo
vital y a la seguridad social. En consecuencia, solicitó que se deje parcialmente sin
efectos la sentencia del 10 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, y se ordene a la autoridad
accionada, expedir una nueva providencia en la cual se ordene el reconocimiento y
pago de la pensión jubilación por aportes, incluyendo la prima de vacaciones, además
de los factores reconocidos inicialmente, sobre los cuales realizó las cotizaciones al
sistema de seguridad social.
80. Para la parte actora, la providencia cuestionada no efectuó una interpretación
adecuada del Acto Legislativo 01 de 2005, así como del artículo 45 del Decreto 1045
de 1978 y de la Ley 62 de 1985, al desestimar la inclusión de la prima de vacaciones
en la liquidación de la pensión por aportes, pese a que respecto de esta prestación se
efectuaron cotizaciones dada su condición de factor de salario.
81. También refirió que la decisión acusada no tuvo en cuenta que la sentencia de
unificación SUJ-014-CES2-2019 del 25 de abril de 2019 indicó que las pensiones de
jubilación reconocidas a los docentes vinculados hasta el 26 de junio de 2003, por
remisión de la Ley 91 de 1989, se debían liquidar con un ingreso base de liquidación
calculado conforme a la Ley 62 de 1985, conforme a los factores referidos en la norma,
lo que implica incluir los demás emolumentos que habían servido de base para calcular
los aportes.
82. Adicionalmente, mencionó que la sentencia objeto de tutela desconoció los
lineamientos jurisprudenciales del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, en
los que se precisó que las pensiones, independientemente del régimen que les fuera
aplicable, debían liquidarse conforme a los factores salariales frente a los cuales se
hubieran realizado los aportes al sistema.

42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, radicado núm.

52001-2333-000-2012-00143-01.

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83. Al respecto, la Sala abordará el estudio conjunto de los defectos propuestos por la
parte actora, por cuanto los argumentos planteados en el escrito de tutela están
relacionados con la interpretación normativa y jurisprudencial desarrollada por la
autoridad judicial accionada para determinar el ingreso base de liquidación con el que
se definió el valor de la pensión por aportes reconocida a la señora Rosalba Góngora
Susa, lo cual, en su criterio, no fue debidamente analizado por la Subsección E de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la medida en que
excluyó injustificadamente la «prima de vacaciones».

3.5.1 Fundamentos de la sentencia objeto de tutela
84. Así pues, revisadas las pruebas aportadas al trámite de tutela, la Sala observa que
la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
revocó la decisión del A quo y, en su lugar, resolvió acceder a las pretensiones de
reconocimiento y pago de la pensión por aportes a favor de la señora Rosalba Góngora
Susa. En punto a la liquidación de la prestación, el Tribunal desarrolló el siguiente
análisis

12.5 Liquidación pensión

Como quedó indicando en el acápite anterior, la pensión de jubilación por aportes
se liquidará con el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes
durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional, que para el caso
concreto se encuentra comprendido entre el 7 de octubre de 2016 y el 6 de octubre
de 2017.

Ahora bien, para determinar los factores salariales que se deben tener en cuenta,
se hace necesario analizar los certificados en el año de servicios anterior a la
adquisición del estatus pensional, y confrontarlos con aquellos dispuestos en las
Leyes 33 y 62 de 1985 y demás normas concordantes, así:

Factores Ley 62 de 1985 y otras normas Factores
que otorgan incidencia pensional certificados
como
devengados en
el año anterior a
la adquisición
del estatus
pensional (entre
el 7 de octubre
de 2016 y el 6 de
octubre de 2017)

1. Asignación básica 1. Asignación
básica
2. Bonificación mensual (Decretos 123 de 2. Bonificación
2016 y 983 de 2017)
3. Prima de
navidad
4. Prima de
servicios
5. Prima de
Vacaciones

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3. Gastos de representación
4. Prima de antigüedad
5. Prima técnica
6. Prima ascensional
7. Dominicales
8. Horas extras
9. Bonificación por servicios
10.Trabajo suplementario

En razón a lo anterior, los factores a tener en cuenta para la liquidación de la
pensión de jubilación por aportes que se ordenará reconocer serán únicamente
la asignación básica y la bonificación mensual, al ser los únicos consagrados en
las normas referidas como base de aportes para pensión.

Respecto de la bonificación mensual, es preciso aclarar que fue creada por el
artículo 1.º de los Decretos 126 de 2016 y 983 de 2017, y se debe incluir como
factor salarial, pues los mencionados preceptos le concedieron naturaleza
salarial y dispusieron que sobre ella se debían hacer aportes obligatorios de
conformidad con la legislación vigente.

Dicho artículo dispuso en los decretos referidos:

“ARTÍCULO 1. (…)
La bonificación que se crea mediante el presente Decreto constituirá
factor salarial para todos los efectos legales y los aportes obligatorios
sobre los pagos que se efectúen por ese concepto se realizarán de
conformidad con las disposiciones legales vigentes”.

Ahora bien, en el expediente no se encuentra acreditado si respecto de dicha
bonificación mensual se realizaron o no aportes a pensión. Sin embargo, ello no
es óbice para incluirla en la pensión de jubilación, puesto que los numerales 4.°
y 5.° del artículo 5.º de la Ley 91 de 1989, establecen como objetivos del FNPSM,
los siguientes:

“4. Velar para que la Nación cumpla en forma oportuna con los aportes
que le corresponden e igualmente transfiera los descuentos de los
docentes.
5. Velar para que todas las entidades deudoras del Fondo Nacional de
Prestaciones del Magisterio, cumplan oportunamente con el pago de sus
obligaciones”.

Así las cosas, en caso de que se haya presentado la omisión en realizar los
aportes, lo cierto es que ello constituye un yerro del empleador, por tanto, las
consecuencias no se pueden ser imputar al trabajador, por lo que dicho factor
debe ser considerado a efectos de reconocer la pensión de jubilación por aportes
de la demandante, sin que sea procedente ordenar descuento alguno por
concepto de cotizaciones sobre el mismo.

Por su parte, al FNPSM le corresponde adelantar los procedimientos o acciones
pertinentes para lograr el cobro o traslado de los aportes para pensión que no
hubiesen sido efectuados respecto de la bonificación decreto por parte del
empleador, que en este caso es la Secretaría de Educación de Bogotá.

Por otra parte, no es procedente incluir la prima de servicios, pues no fue
enlistada en los artículos 3.º de la Ley 33 de 1985 y 1.º de la Ley 62 de 1985;

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aunado a lo anterior, el legislador no le otorgó incidencia pensional en el artículo
5.º del Decreto 1545 de 2013243.

Lo mismo ocurre con las primas de navidad y de vacaciones, pues tampoco
fueron enlistadas en los artículos 3.º de la Ley 33 de 1985 y 1.º de la Ley 62 de
1985 como factores a incluir en la pensión de jubilación; aunado a ello, sobre
estos no se encuentra demostrado que se hubiesen realizado deducciones para
pensión.

En ese orden de ideas, a la parte actora le asiste derecho a que se le reconozca,
liquide y pague la pensión de jubilación por aportes a partir del 7 de octubre de
2017, por contar con veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo,
y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social, y cincuenta
y cinco (55) años de edad, en cuantía del 75% de los factores de salario promedio
que sirvieron de base para los aportes durante el año anterior a la adquisición
del estatus pensional (entre el 7 de octubre de 2016 y el 6 de octubre de 2017),
esto es, la asignación básica y la bonificación mensual44.

85. En efecto, el Tribunal accionado, al verificar los factores salariales certificados en
el año anterior a la adquisición del estatus pensional de la señora Rosalba Góngora
Susa y confrontarlos con aquellos dispuestos en las leyes 33 y 62 de 1985, concluyó
que los emolumentos a tener en cuenta para la liquidación de la pensión de jubilación
por aportes de la accionante únicamente eran la asignación básica y la bonificación
mensual, al ser los únicos previstos en las normas referidas como base de aportes
para pensión.
86. Con relación a la bonificación mensual, aclaró que dicha prestación fue creada por
el artículo 1° de los decretos 126 de 2016 y 983 de 2017, por lo que se debía incluir
como factor de salario, pues los mencionados preceptos le concedieron naturaleza
salarial y dispusieron que sobre ella se debía hacer aportes obligatorios.
87. Asimismo, precisó que, si bien no se acreditó si sobre la bonificación mensual se
realizaron o no aportes a pensión, ello no impide incluirla en la base de liquidación de
la pensión de jubilación, pues según los numerales 4 y 5 del artículo 5 de la Ley 91 de
1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio debe velar por que
todas las entidades cumplan con sus obligaciones, entre estas, los descuentos a
pensión.
88. De este modo, resaltó que, en el evento de haberse presentado una omisión en el
recaudo de los aportes, esta situación no puede imputársele a la tutelante, toda vez
que se trata de un yerro del empleador, quien tiene el deber de iniciar las acciones
para lograr el cobro o traslado de estos. En este sentido, concluyó que dicho factor
debía incluirse a efectos de reconocer la pensión de jubilación por aportes de la
demandante.
89. En cuanto a la prima de vacaciones, el Tribunal advirtió que este emolumento no
se encuentra enlistado en los artículos 3 de la Ley 33 de 1985 y 1 de la Ley 62 de 1985

43 “ARTÍCULO 5. Liquidación de otras prestaciones económicas. La prima de servicios que se establece• en el

artículo 1 de este Decreto, constituye factor salarial desde el momento de su causación, para efectos de la
liquidación de las siguientes prestaciones económicas: 1. Vacaciones. 2. Prima de Vacaciones. 3. Cesantías. 4.
Prima de Navidad”.
44 Se transcribe incluso con errores.

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como factor a incluir en la pensión de jubilación, razón por la cual no podía conformar
la base de liquidación de la prestación pensional.

3.5.2. Las consideraciones de la Sala respecto al defecto alegado por la actora
90. Pues bien, para determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió
en los defectos expuestos por la accionante en el escrito de tutela, la Sala debe
precisar que al expediente de nulidad y restablecimiento del derecho se aportó el
certificado de salarios expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el que consta que
la señora Rosalba Góngora Susa devengó, en el año anterior a la adquisición del
estatus pensional, los siguientes factores: (i) sueldo, (ii) prima de servicio, (iii)
«bonificación mensual», (iv) prima de vacaciones y (v) prima de navidad.
91. De los conceptos mencionados, sirvieron de base para los aportes a la seguridad
social el sueldo, la bonificación mensual y la prima de vacaciones. En ese sentido, y
de conformidad con el artículo 6 del Decreto 2709 de 1994, estos son los factores que,
a primera vista, debían ser considerados para definir el ingreso base de liquidación
(IBL) de la pensión de jubilación por aportes reconocida a la tutelante.
92. Respecto a la prima de vacaciones para los educadores estatales, la Sala destaca
que se trata de un factor creado mediante el Decreto 1381 de 199745, en cuyo artículo
1 se estableció lo siguiente:

ARTÍCULO 1º. Créase la prima de vacaciones para los docentes de los Servicios
Educativos Estatales, en una proporción del 40% del salario mensual para el año
de 1997 y del 50% a partir del año 1998.

93. A su vez, el artículo 6 del referido decreto indicó que: «Los aspectos generales
referidos a esta prestación, no contemplados en este decreto y que no le sean
contemplados, se regirán por lo establecido en el Decreto-ley 1045 de 1978 y por las
normas que lo reglamenten, modifiquen o sustituyan».
94. En este orden, se advierte que la prima de vacaciones a favor de los docentes
oficiales, por disposición expresa del artículo 6 del Decreto 1381 de 1997 se rige por
el Decreto Ley 1045 de 1978 en los aspectos que no fueron regulados en su norma de
creación. Así, al remitirse a esta última, se advierte que, de acuerdo con el artículo
4546, es un concepto de carácter salarial base de cotización, en la medida en que fue
previsto para la liquidación de cesantías y pensiones de los empleados públicos.
95. De este modo, para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de
jubilación por aportes reconocida a la accionante, era necesario tener en cuenta los
factores «que sirvieron de base para los aportes» en el año anterior a la adquisición
del estatus pensional, de acuerdo con los artículos 1 de la Ley 62 de 1985, 6 del
Decreto 2709 de 1994 y normas concordantes. Razón por la cual era procedente incluir
la prima de vacaciones, adicionalmente al sueldo y la bonificación mensual.

45 «Por medio del cual se establece la prima de vacaciones para los docentes de los servicios públicos Educativos

Estatales»
46 «Decreto Ley 1045 de 1978, artículo 45. «De los factores de salario para la liquidación de cesantía y pensiones.

Para efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las pensiones a que tuvieren derecho los
empleados públicos y trabajadores oficiales, en la liquidación se tendrá en cuenta los siguientes factores de salario:
[…] k) La prima de vacaciones […]».

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96. Con base en lo anterior, se observa que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, al reconocer la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71
de 1988, determinó el ingreso base de liquidación (IBL) de la tutelante conforme a lo
dispuesto en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, bajo una interpretación restrictiva del
asunto, pues excluyó la prima de vacaciones debido a que no se encontraba dentro
del listado previsto en la norma mencionada
97. De esta manera, se observa que la autoridad judicial accionada omitió realizar un
análisis sistemático del artículo 6 del Decreto 2709 de 1994, en concordancia con los
artículos 1 y 6 del Decreto 1381 de 1997 y el artículo 45 del Decreto Ley 1045 de 1978,
con los cuales hubiese podido advertir que la prima de vacaciones tenía una naturaleza
salarial, que servía de base para efectuar las respectivas cotizaciones a pensión.
98. Así pues, era viable incluir la prima de vacaciones en el IBL de la pensión de la
accionante, pues lo contrario, desconocería el mandato contenido en el Acto
Legislativo 01 de 2005, en cuanto expresa que «para la liquidación de las pensiones
sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere
efectuado las cotizaciones».
99. En efecto, una interpretación armónica de la normativa que regula la materia
permitía inferir que existen factores salariales adicionales a los señalados en la Ley 62
de 1985 que son considerados como base de cotización por normas especiales, lo cual
no pone en riesgo la sostenibilidad del sistema, toda vez que sobre aquellos se exige
la realización de los aportes correspondientes.
100.En este punto, conviene mencionar que el defecto sustantivo se configura «[…] (vi)
cuando la decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma,
omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso»47.
101. Así las cosas, se advierte que la autoridad accionada incurrió en un defecto
sustantivo y, en consecuencia, vulneró el derecho fundamental al debido proceso de
la tutelante, en la medida en que no realizó una adecuada interpretación integral de
las normas que regulan la prima de vacaciones y su incidencia en la determinación del
ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación por aportes reconocida a la
señora Rosalba Góngora Susa.

IV. CONCLUSIONES
102.En virtud de lo anterior, la Subsección revocará la sentencia del 5 de diciembre de
2024 proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta. En su lugar, se amparará el
derecho fundamental al debido proceso de la señora Rosalba Góngora Susa; y se
dejará sin efectos la sentencia del 10 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E.
103.En consecuencia, se ordenará a la autoridad judicial accionada que en un término
de 20 días contados a partir de la notificación de esta providencia emita una nueva
providencia, en la que decida la apelación interpuesta por la parte demandante dentro

47 Corte Constitucional, sentencia T-790 de 2010 criterio reiterado en sentencias T-510 de 2011, T-807 de 2004 y

SU-063deE 2023.

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del expediente con radicado núm. 11001-33-35-011-2022-00072-01, de acuerdo con
las consideraciones expuestas en esta providencia.

4. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 5 de diciembre de 2024 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta. En su lugar, CONCEDER el amparo del derecho
fundamental al debido proceso de la señora Rosalba Góngora Susa, por los motivos
expuestos en esta decisión.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 10 de mayo de 2024, proferida
por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dentro del expediente con radicado núm. 11001-33-35-011-2022-
00072-01, en atención a las razones expresadas en esta decisión.

TERCERO: ORDENAR a la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que, en el término de veinte (20) días hábiles
contados a partir de la notificación de esta sentencia, profiera una nueva decisión en
la que atienda lo indicado en la parte considerativa de esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

JLAS/SEJV

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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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