Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04730-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-04730-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04730-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-04730-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
25 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE (E): GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 04730 00
Accionante: ILVA NERY FONSECA DE BRIÑEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
La acción de tutela es improcedente cuando la controversia planteada
por la parte actora pretende reabrir el debate resuelto por el juez natural.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Ilva Nery Fonseca de
Briñez en contra de la sentencia proferida el 8 de agosto de 2024, notificada el 8 de
mayo de 2025, por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el radicado nro. 11001 33 35 016 2021 00260 00/01.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Ilva Nery Fonseca de Briñez, a través de apoderada, promovió acción de
tutela en contra de la precipitada providencia, con el fin de que se amparen sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital y a la
seguridad social, y formuló las siguientes pretensiones1:
“[…] PRIMERO: Comprobado cómo están los elementos axiológicos para la
prosperidad de la acción, respetuosamente solicito SE DEJE SIN EFECTOS
las sentencias emitidas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “B”, en la
providencia de fecha 08 de agosto de 2024 que CONFIRMO la sentencia
de primera instancia proferida por el JUZGADO DIECIS[É]IS (16)
ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
BOGOTÁ D.C. – SECCIÓN SEGUNDA de fecha 23 de enero de 2023,
mediante la cual, NEG[Ó] las s[ú]plicas de la demanda, dentro del proceso
con radicado No. 11001333502120220049900.
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04730 00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 04730 00
Accionante: Ilva Nery Fonseca de Briñez
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente al
Honorable Consejo de Estado se ORDENE al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN “B” a proferir sentencia de fondo ordenando al FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a
reliquidar la pensión vitalicia de jubilación de la docente ILVA NERY
FONSECA DE BRIÑEZ, incluyendo los factores salariales devengados
y que fueron COTIZADOS, entre ellos la (PRIMA DE VACACIONES y
PRIMA DE ALIMENTACI[Ó]N), en el año inmediatamente anterior al
RETIRO DEL SERVICIO, además de los ya reconocidos mediante la
resolución No 6447 del 20 de noviembre de 2020, acto administrativo
que reliquida la pensión vitalicia de jubilación a mi representada […]”
(Mayúsculas y negrillas originales del texto).
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La accionante informó que se vinculó al magisterio como docente desde el 1 de
enero de 1979 y que mediante la Resolución nro. 4060 del 4 de octubre de 2004, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) le reconoció y
ordenó el pago de la pensión de jubilación, con efectos a partir del 7 de marzo de
2004. Sin embargo, advirtió que solo se le reconoció como factor salarial la
asignación básica, omitiendo el reconocimiento de las primas de vacaciones y de
alimentación, factores sobre los cuales, según aseveró, se realizaron descuentos a
seguridad social.
Señaló que mediante la Resolución nro. 6447 del 20 de noviembre de 2020, el
FOMAG reliquidó su mesada pensional, omitiendo incluir, una vez más, los factores
correspondientes a las primas de vacaciones y de alimentación.
Relató que “(…) [m]ediante demanda de Acción de Nulidad y Restablecimiento del
derecho, se pretendió que se declarará la nulidad del acto administrativo No 6447
del 20 de noviembre de 2020, proferido por el FOMAG, que AJUSTA
PARCIALMENTE la pensión vitalicia de jubilación y a título de restablecimiento del
derecho, se ordenará la liquidación de la Pensión jubilación, teniendo en cuenta
para tal efecto, además del factor ya reconocido, los denominados PRIMA DE
VACACIONES y PRIMA DE ALIMENTACI[Ó]N, dicha petición, fue reiterada en las
diferentes etapas procesales, tanto la pretensión del escrito de la demanda, en los
Alegatos de conclusión, así como, en el Recurso de Apelación, haciendo
apreciación que pese a no estar enlistado en la Ley 62 de 1985, sobre dicho factor
se hicieron descuentos a seguridad social (…)”2.
Indicó que la demanda correspondió por reparto al Juzgado Dieciséis Administrativo
del Circuito de Bogotá que, en sentencia del 23 de enero de 2023 negó las
pretensiones.
Inconforme con la decisión anterior, la parte demandante, hoy accionante, interpuso
recurso de apelación y la Subsección B, Sección Segunda del Tribunal
2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04730 00.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 04730 00
Accionante: Ilva Nery Fonseca de Briñez
Administrativo de Cundinamarca, en sentencia proferida el 8 de agosto de 2024, la
confirmó.
Manifestó que “(…) tanto el FOMAG, como el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca han violentado las normas de carácter CONSTITUCIONAL, en razón
a que, tanto en AGOTAMIENTO EN V[Í]A ADMINISTRATIVA, al igual que en el
ESCRITO DE DEMANDA siendo reiterada EN LA FIJACI[Ó]N DEL LITIGIO,
ALEGATOS DE CONCLUSI[Ó]N, siempre, se resaltó en los argumentos f[á]cticos y
jurídicos que la liquidación pensional debía de realizarse conforme a lo estipulado
en el Acto Legislativo 01 de 2005, es decir, con los factores salariales que se
hicieron cotizaciones, como es el caso de la PRIMA DE VACACIONES y PRIMA DE
ALIMENTACI[Ó]N (…)”3.
Agregó que “(…) al NO tener en cuenta los factores salariales en la liquidación de
la pensión de jubilación de mi representada, de los cuales, se hicieron las
correspondientes cotizaciones a seguridad social a la fecha del cumplimiento de
estatus pensional, se está incurriendo en defecto sustantivo, al desconocer el
precedente de carácter CONSTITUCIONAL- ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005,
respecto de la normatividad y jurisprudencia que le debe ser aplicada al presente
caso, por lo que si se demuestra la relevancia constitucional, al no garantizar los
derechos y principios vulnerados por los despachos judiciales (…)”4.
Aclaró que con la presentación de esta acción de tutela no pretende reabrir una
tercera instancia, sino que su intención es que se garanticen sus derechos
fundamentales y principios constitucionales, tal como lo ordena la Ley, en pro de
dar total aplicación a lo preceptuado en la Constitución Política de Colombia.
Precisó que “(…) [e]l Acto Legislativo 01 de 2005 tiene una RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL importante en cuanto al DEBIDO PROCESO porque asegura
que las reformas al sistema de pensiones sean transparentes, justas y equitativas,
conllevando la protección a los derechos adquiridos, toda vez, que, precisamente
promueve garantizar el principio de la sostenibilidad financiera y la justicia social,
asegurando que todas las modificaciones sigan procedimientos democráticos y
públicos. Además, las normas secundarias derivadas del acto pueden ser revisadas
por la Corte Constitucional, lo que refuerza la protección de los derechos
fundamentales y el respeto al debido proceso (…)”5.
Sostuvo que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales a
la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital.
En cuanto al derecho a la igualdad, aseveró que “(…) en casos similares (…) los
despachos judiciales tanto en primera instancia como en segunda instancia, han
aplicado en debida forma el precedente judicial del Consejo de Estado relacionado
con la manera en que se deben reliquidar las pensiones de los empleados públicos
3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 04730 00
Accionante: Ilva Nery Fonseca de Briñez
en virtud de la Ley 91 de 1989, sin pasar por improvisto el Acto legislativo 01 de
2005, el cual ratifica que en las pensiones deberán de tenerse en cuenta los factores
salariales sobre los que se realizaron cotizaciones (…)”6.
Al respecto, citó las siguientes providencias:
(i) Sentencia del 24 de febrero de 2025 proferida por la Subsección B, Sección
Segunda del Consejo de Estado en el proceso identificado con el radicado nro.
11001 03 15 000 2024 05490 01;
(ii) Sentencia del 13 de febrero de 2025 proferida por la Subsección B, Sección
Segunda del Consejo de Estado en el proceso identificado con el radicado nro.
25000 23 42 000 2019 01210 01;
(iii) Sentencia del 17 de marzo de 2025 dictada por la Subsección A, Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso identificado
con el radicado nro. 11001 33 35 007 2024 00185 00/01;
(iv) Sentencia del 11 de julio de 2023 dictada por la Subsección F, Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso identificado con el
radicado nro. 11001 33 35 029 2021 00343 00/01;
(v) Sentencia del 22 de septiembre de 2023 dictada por la Subsección E, Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso identificado
con el radicado nro. 11001 33 35 021 2022 00086 00/01;
(vi) Sentencia del 26 de septiembre de 2023 dictada por la Subsección F, Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso identificado
con el radicado nro. 11001 33 35 021 2022 00042 00/01;
(vii) Sentencia del 4 de octubre de 2023 dictada por la Subsección C, Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso identificado
con el radicado nro. 11001 33 35 013 2021 00251 00/01.
(viii) Sentencia del 11 de octubre de 2023 proferida por la Subsección C, Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso identificado
con el radicado nro. 11001 33 35 013 2021 00251 00/01;
(ix) Sentencia del 15 de noviembre de 2023 dictada por la Subsección C, Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso identificado
con el radicado nro. 11001 33 42 050 2022 00445 00/01.
Frente al debido proceso, argumentó que “(…) se vulnera (…) cuando la autoridad
judicial en el presente asunto aplica de manera errada el precedente judicial del
Consejo de Estado, tomando una decisión que no es razonable frente al asunto sin
una fundamentación conforme a derecho, más aún cuando existe un rango
6 Ibidem.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 04730 00
Accionante: Ilva Nery Fonseca de Briñez
constitucional como es el bloque de constitucionalidad, que para estos efectos es el
Acto legislativo 01 de 2005, al indicar que para la liquidación de pensiones deben
de tenerse en cuenta las cotizaciones realizadas por el aportante al sistema
pensional, pues el sustento jurídico que se ha venido dando es apartado del rango
constitucional, pues no se está teniendo en cuenta el factor sobre los cual se
realizaron las correspondientes cotizaciones (…)”7.
Sobre el derecho fundamental a la seguridad social, afirmó que está siendo
vulnerado debido a que la mesada pensional devengada no fue liquidada conforme
a las cotizaciones realizadas y con los factores salariales devengados al momento
de adquirir el estatus pensional.
En lo que al mínimo vital respecta, explicó que “(…) al no haber proferido una
sentencia conforme a derecho, es decir al omitir el rango de constitucionalidad que
tiene el Acto legislativo 01 de 2005, en cuanto allí se estipula que las pensiones
deben ser liquidadas con todos los factores sobre los que se hubieren realizado las
cotizaciones a seguridad social, tal como lo realizo mi representada, pues al retiro
del servicio devengaba no solo el factor salarial de ASIGNACI[Ó]N B[Á]SICA, ya
reconocido, sino también la PRIMA DE VACACIONES y LA PRIMA DE
ALIMENTACI[Ó]N, sin embargo, la pensión jubilación de mi representada, no fue
reliquidada con dichos factores y valores correspondientes, aduciendo tanto la
entidad como el despacho judicial que el valor no le era favorable, así como, los
factores salariales, correspondientes a la PRIMA DE VACACIONES y PRIMA DE
ALIMENTACI[Ó]N no estaban enlistados en la Ley 62 de 1985 (…)”8.
Anotó que, al no realizarse una debida liquidación conforme a la aplicación de la
normatividad correspondiente, se le ha causado una desproporción económica “ya
que se ocasiona una carencia a las condiciones materiales y necesarias para
garantizar la subsistencia del individuo”9.
A su turno, agregó que la providencia cuestionada también trasgrede los derechos
a la propiedad privada y derechos adquiridos, sostenibilidad financiera del sistema
pensional, principios de favorabilidad en materia laboral, seguridad jurídica.
Posteriormente, advirtió que “(…) la suscrita no desconoce la autonomía que tienen
tanto los jueces como los magistrados al momento de argumentar y sustentar sus
fallos, se reitera, que en primer lugar no se está buscando dar apertura a una nueva
instancia y en segundo lugar, se vulneran entre otros los derechos y principios
fundamentales indicados en el tránsito de este escrito, ya que, durante la vinculación
laboral de mi representado con el MAGISTERIO OFICIAL COLOMBIANO, la entidad
realizo los correspondientes DESCUENTOS A SEGURIDAD SOCIAL sin embargo,
en la liquidación de su mesada pensional no se respeta el ACTO LEGISLATIVO 01
DE 2005, toda vez que, se están omitiendo factores salariales devengados y
7 Ibidem.
8 Ibidem.
9 Ibidem.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 04730 00
Accionante: Ilva Nery Fonseca de Briñez
cotizados, como lo es la PRIMA DE VACACIONES y PRIMA DE ALIMENTACI[Ó]N
(…)”10.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes, fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 30 de julio de 202511 a través de la ventanilla virtual de
la Corporación y correspondió por reparto a esta Sección que, por auto del 4 de
agosto de 202512 la admitió y dispuso notificar13 a la Subsección B de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como parte accionada; así
como vincular14 al Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito de Bogotá, a la
Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) y al Distrito de Bogotá – Secretaría de Educación
Distrital, como terceros interesados en el proceso.
De igual forma, se solicitó remitir copia digital o el hipervínculo de consulta del
expediente correspondiente al proceso identificado con radicado nro. 11001 33 35
016 2021 00260 00/01, el cual fue remitido15.
3.2. La titular del Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito de Bogotá allegó16
informe en el que hizo un breve recuento de las actuaciones adelantadas en el
proceso ordinario y solicitó que se declare improcedente la acción de tutela o, en su
defecto, se nieguen las pretensiones al considerar que no se ha vulnerado derecho
fundamental alguno.
3.3. La profesional especializado de la oficina asesora jurídica del Ministerio de
Educación Nacional radicó escrito17 en el que solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela y que se desvincule a dicha cartera ministerial
del presente trámite tutelar por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Indicó que “(…) este Ministerio (…) no tiene competencia para pronunciarse sobre
los hechos y pretensiones de la presente acción de tutela, pues los conflictos
allegados a esta acción, se circunscriben a las actuaciones y decisiones emitidas
por otro organismo y/o entidad (…)”.
10 Ibidem.
11 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2025 04730 00.
12 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2025 04730 00.
13 Esta orden se cumplió el 11 de agosto de 2025. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04730 00.
14 Ibidem.
15 Visto en los índices 9 y 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado
nro. 11001 03 15 000 2025 04730 00.
16 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2025 04730 00.
17 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2025 04730 00.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 04730 00
Accionante: Ilva Nery Fonseca de Briñez
3.4. El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría de Educación del Distrito
de Bogotá allegó escrito18 en el que solicitó que se rechace la acción de tutela por
improcedente.
Al respecto, sostuvo que no se cumple con ninguno de los requisitos específicos
establecidos por la jurisprudencia constitucional para que sea procedente la acción
de tutela incoada y que, por el contrario, lo que pretende la parte accionante es
revivir, en sede de tutela, la discusión jurídica frente a la decisión tomada por el
tribunal accionado.
3.5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
allegó el expediente solicitado19.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo
previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 199120 y el
artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,21 modificado por el
artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 22, así como con fundamento en el
artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 201923, modificado por el
Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del
Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.
4.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente24:
4.2.1. La señora Ilva Nery Fonseca de Briñez, a través de apoderada, presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación -
Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG), Fiduciaria La Previsora S.A. y el Distrito de Bogotá -
Secretaría de Educación Distrital, para que: (i) se declara la nulidad de “la
18 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2025 04730 00.
19 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2025 04730 00.
20 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”
21 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y
establece las reglas de reparto de la acción de tutela”.
22 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de
2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la
acción de tutela”.
23 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado
el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
24 Lo que se desprende del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el nro.
11001 33 35 016 2021 00260 00/01. Visto en los índices 9 y 10 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04730 00.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 04730 00
Accionante: Ilva Nery Fonseca de Briñez
Resolución número 6447 del 20 de noviembre de 2020” y del “oficio No S-2020-
35347 del 26 de febrero de 2020”; (ii) se “realice los descuentos sobre los factores
que se solicitan para su inclusión y a su vez efectúe el aporte de los mismos al
sistema pensional” y “se ordene La revisión y ajuste de la pensión jubilación por
aportes, incluyendo todos los factores salariales devengados”; y (iii) condenar al
pago de “los reajustes que se causen (…) desde el momento de en qué se le
reconoció esta pensión”, “la INDEXACIÓN sobre las sumas de dinero adeudadas”
y las costas procesales. (Negrilla original del texto).
4.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Dieciséis Administrativo del
Circuito de Bogotá que, en sentencia del 23 de enero de 2023 negó las
pretensiones.
4.2.3. Inconforme con la decisión anterior, la parte demandante, hoy accionante,
interpuso recurso de apelación y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, en sentencia proferida el 8 de agosto de 2024,
notificada a las partes el 8 de mayo de 2025, la confirmó.
4.3. CUESTIÓN PREVIA
En relación con la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de
Educación Nacional, se advierte que dicha petición no es procedente, comoquiera
que dicha entidad fue vinculada al presente trámite tutelar por tener interés en el
resultado del proceso, atendiendo a que la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho, objeto de debate en esta sede constitucional, fue promovida, entre
otros, en su contra.
4.4. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.
El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es la
relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el
(ii) caso concreto.
4.4.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 04730 00
Accionante: Ilva Nery Fonseca de Briñez
es que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En
ese sentido, señaló que “el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia
constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”25.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las
razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro
modo, si no lo hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver
al juez natural y, precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen
del requisito de relevancia constitucional26.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional
ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la
sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades27:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice
para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben
estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia28. De
manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será
improcedente por no superar la relevancia constitucional.
4.4.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se detendrá
en el examen del tercer criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción
de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces.
25 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
26 En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que “los
fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia
la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta
cuestión y ninguna otra”.
27 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
28 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia
del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente
nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 04730 00
Accionante: Ilva Nery Fonseca de Briñez
Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que “la tutela no es una
instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según
la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra providencias judiciales no da lugar
a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios”, pues la
competencia del juez de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se
enfatiza- a problemas de carácter legal” (…)”. (Se destaca).
En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto
del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión
de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial. Como se
expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el
mecanismo de amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una
instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial”.
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la
acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o
reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la
interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, resulta evidente
que este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate
surtido en el proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría
desconociendo la autonomía e independencia del juez natural.
La Sala advierte que, en este evento, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la compone, esto es, impedir
que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces, no está superado.
Ello, debido a que, a través de la solicitud de amparo, el accionante pretende reabrir
el debate resuelto en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, dado
que sus inconformidades están encaminadas a controvertir lo decidido en la
sentencia acusada, “(…) al NO tener en cuenta los factores salariales en la
liquidación de la pensión de jubilación de mi representada, de los cuales, se hicieron
las correspondientes cotizaciones a seguridad social a la fecha del cumplimiento de
estatus pensional (…)”29.
Lo anterior, con el fin de insistir en que su mesada pensional se debe reliquidar “(…)
incluyendo los factores salariales devengados y que fueron COTIZADOS, entre ellos
la (PRIMA DE VACACIONES y PRIMA DE ALIMENTACI[Ó]N), en el año
29 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04730 00.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 04730 00
Accionante: Ilva Nery Fonseca de Briñez
inmediatamente anterior al RETIRO DEL SERVICIO (…)”30, lo cual ya fue debatido
en el proceso ordinario objeto de debate en esta sede constitucional.
Al respecto, el tribunal accionado, en la sentencia de segunda instancia acusada,
explicó lo siguiente31:
“[…] CASO CONCRETO
La señora Ilva Nery Fonseca de Briñez nació el 6 de marzo de 1949 y laboró
como docente desde el 1 de enero de 1979 hasta el 1 de agosto de 2004.
Mediante Resolución No. 04060 de 4 de octubre de 2004, Bogotá en nombre
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio le reconoció
pensión de jubilación a la demandante a partir del 7 de marzo de 2004,
teniendo en cuenta como factor salarial la asignación básica.
El 24 de febrero de 2020 solicitó la reliquidación de la pensión de jubilación
incluyendo todos los factores salariales devengados en el último año de
servicio.
La entidad demandada accedió al reajuste a través de la Resolución No.
6447 de 20 de noviembre de 2020, mediante la cual se reliquidó la pensión
de jubilación de la actora, “...por la suma $1.287.191 actualizada a fecha de
efectos, es decir a partir del 24/02/2017 por un valor de $2.258.597, toda vez
que se aplica prescripción trienal, prestación reconocida mediante
Resolución No 4060 del 04/10/2004".
La parte actora solicitó en la demanda "... La revisión y ajuste de la pensión
jubilación por aportes, incluyendo todos los factores salariales
devengados por mí representada en el año anterior al RETIRO DEL
SERVICIO, además de los ya reconocidos, se debe reconocer de igual
forma la PRIMA DE ALIMENTACION Y LA PRIMA DE VACACIONES, sobre
las cuales se efectuaron las respectivas cotizaciones a Seguridad social,
teniendo en cuenta el Acto Legislativo 01 de 2005."
Sin embargo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1º de la Ley 33 de
1985 la pensión de jubilación se debe reconocer con el setenta y cinco por
ciento (75%) del promedio de los factores sirvieron de base para los aportes
durante el último año de servicio, aspecto que se debe verificar.
Según certificado de la Secretaría de Educación de Bogotá, la señora Ilva
Nery Fonseca de Briñez devengó entre el 1 de agosto de 2003 y el 31 de
julio de 2004 (último año de servicio) los siguientes conceptos: asignación
básica, prima de alimentación, prima especial, prima de vacaciones y prima
de navidad.
En el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 se enlistan como factores, de manera
taxativa: asignación básica, gastos de representación; primas de
antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados;
horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o
realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
Teniendo en cuenta que los factores solicitados por la demandante: "PRIMA
DE ALIMENTACIÓN, PRIMA ESPECIAL, PRIMA DE VACACIONES Y LA
30 Ibidem.
31 Visto en los índices 9 y 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado
nro. 11001 03 15 000 2025 04730 00.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 04730 00
Accionante: Ilva Nery Fonseca de Briñez
PRIMA DE NAVIDAD", no se encuentran en la lista señalada en el artículo
1º de la Ley 62 de 1985, la demandante no tiene derecho a la inclusión de
los mismos.
Como quiera que, por lo razonado, no es jurídicamente procedente ordenar
la reliquidación con todos los factores solicitados por la parte actora, se
confirmará la sentencia proferida el veintitrés de enero de dos mil veintitrés
por el Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante la
cual negó las pretensiones de la demanda […] (Mayúsculas y negrilla
original del texto, subrayado fuera del texto).
Bajo dicho contexto, la Sala observa que el accionante está utilizando la acción de
tutela como una tercera instancia o recurso adicional para cuestionar lo resuelto por
el juez natural de la causa, por lo que se concluye que, de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional aludida en precedencia, la petición de amparo no
cumple con el tercer criterio de la relevancia constitucional.
Tampoco se encuentra acredita un desconocimiento del precedente porque algunas
decisiones fueron proferidas con posterioridad al fallo cuestionado y las otras no
constituyen precedente vinculante.
En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las pretensiones,
las excepciones y los hechos que proponen demandante y demandado, y que la
decisión del juez se fundamenta precisamente en las razones de la demanda y de
la contestación, las pruebas y el derecho que ellas ponen a su disposición, o, en los
casos excepcionales que la ley prevé, de conformidad con las facultades oficiosas
que tiene.
Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las partes,
simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la
Constitución y la ley, en el ámbito de sus competencias; y cualquier
desconocimiento que a tales atribuciones hiciera el juez constitucional constituiría
claramente un pronunciamiento por fuera de las competencias que le corresponden,
utilizando además el trámite de una acción que no ha sido diseñada con ese
propósito, como lo es la tutela.
En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional el que
vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin competencia,
entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para modificar una decisión del
juez competente para conocer del caso, en el escaso término legal que le da la ley
para pronunciarse, y siguiendo un procedimiento totalmente atípico para tal efecto,
con el evidente riesgo de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga
decirlo, no tiene la formación requerida.
Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse sobre
las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el objeto del debate, porque así le
fueron planteadas por el demandante y el demandado en sus pretensiones,
excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha sido
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 04730 00
Accionante: Ilva Nery Fonseca de Briñez
sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales; y no es el juez de
constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el caso en particular,
rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza
con el proceso diseñado para dirimir la controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha atendido
el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que se toma, cuando
ella está por fuera de los planteamientos que en los hechos y en derecho han
formulado demandante y demandado, pues, en este caso, la decisión puede
comprometer el núcleo fundamental del debido proceso, en su elemento del derecho
a la defensa, en la medida en que tal decisión no haya podido ser controvertida.
Pero es evidente que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se examina, ya
que la parte accionante no alega que el juez se haya desviado de los hechos o el
derecho propuesto en el proceso.
Por lo anotado, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la Sala
declarará improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con el requisito
general de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de
Educación Nacional, conforme a lo expuesto en precedencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, según lo expuesto
en la parte considerativa de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en los
artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada
oportunamente en los términos señalados por la ley.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 04730 00
Accionante: Ilva Nery Fonseca de Briñez
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado (E)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.