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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02850-01

Relevancia constitucional

Fecha
29 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
380 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02850-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Problema jurídico

  1. ¿Cumple con el requisito de relevancia constitucional la acción de tutela que reclama mantener el régimen prestacional de un empleado incorporado desde un departamento administrativo suprimido, tras superar un concurso de méritos?

  2. ¿Puede la acción de tutela contra la sentencia de segunda instancia reabrir el debate sobre la liquidación de la prima de riesgo o bonificación por compensación cuando el asunto es de naturaleza legal?

Reglas

  1. Para superar la relevancia constitucional, quien acude a la tutela contra una providencia debe invocar un derecho fundamental, exponer por qué la decisión lo vulnera y mostrar que la afectación compromete su núcleo esencial.

    «1) invoque la vulneración de derechos fundamentales, (2) exponga los»
  2. Un debate sobre la correcta aplicación de normas legales o reglamentarias, sin afectación del contenido de un derecho fundamental, carece de relevancia constitucional y corresponde a la jurisdicción ordinaria.

    «que lo discutido, al ser de naturaleza meramente legal, es del resorte»
  3. La acción de tutela no puede utilizarse para reabrir el debate de un proceso ordinario ni como instancia adicional para controvertir la valoración probatoria o la interpretación legal del juez natural.

    «reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como una instancia»
  4. La tutela contra providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado.

    «implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del fallo»
  5. El mérito es un principio de rango constitucional y no un derecho fundamental, por lo que invocarlo como tal no acredita la relevancia constitucional.

    «en realidad se trata de un principio de rango constitucional»
  6. La pretensión de conservar las prerrogativas de un régimen prestacional determinado no hace parte del núcleo esencial del derecho al trabajo.

    «no hace parte del núcleo la pretensión de conservar las prerrogativas de»

Decisión

Revoca el fallo de primera instancia que había negado el amparo y, en su lugar, declara improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela proferido el 17 de junio de 2022 por la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado que negó el amparo, para en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor Frank Edier Méndez Córdoba por no cumplir el requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal. 31 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 0315 000 2022 02850 01 Accionante: Frank Edier Méndez Córdoba Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-02850-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

29 de septiembre de 2022

Radicación: 11001 0315 000 2022 02850 01
Accionante: Frank Edier Méndez Córdoba

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-0315-000-2022-02850-01
Accionante: FRANK EDIER MÉNDEZ CÓRDOBA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN C ´l

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando no se cumple
con el requisito de relevancia constitucional porque el
debate planteado por el actor no implica la afectación del
núcleo esencial de los derechos fundamentales que invoca,
se trata de un asunto meramente legal y pretende reabrir
el debate resuelto por el juez natural.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante en contra del
fallo de tutela proferido el 17 de junio de 2022 por la Subsección A,
Sección Segunda, del Consejo de Estado, que negó la petición de amparo.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Frank Edier Méndez Córdoba promovió acción de tutela en contra
de la sentencia proferida el 26 de enero de 2022 por la Subsección C,
Sección Segunda, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin
de que se amparen los derechos fundamentales al trabajo, igualdad y
“mérito”; para ello formuló las siguientes pretensiones1:

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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2022 02850 00.
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Radicación: 11001 0315 000 2022 02850 01
Accionante: Frank Edier Méndez Córdoba

“[…] 1. Tutelar mis derechos fundamentales al mérito y al trabajo e
igualdad ante la justicia.

2. Declarar sin efectos la sentencia del 26 de febrero de 2022
proferida en segunda instancia por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION SEGUNDA –
SUBSECCION “C”, proferida en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió el suscrito FRANK EDIER
MÉNDEZ CÓRDOBA contra la Unidad Administrativa Especial
Migración Colombia bajo número de radicación 11001-33-42-052-
2019-00267-01 y ordenar la anulación de los actos acusados en el
proceso ordinario.

3. Declarar sin efectos la sentencia del 25 de mayo de 2021 proferida
por el JUZGADO CINCUENTA Y DOS (52) ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE BOGOTÁ, en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho que promovió el suscrito FRANK EDIER MENDEZ
CORDOBA contra la Unidad Administrativa Especial Migración
Colombia bajo número de radicación 11001-3342-052-2019-00267-
00.

4. En consecuencia, ordenar a la Unidad Administrativa Especial
Migración Colombia que, en los 30 días siguientes a la notificación
de la providencia RECONOZCA, COMO FACTOR SALARIAL, PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES LO ESTABLECIDO EN LOS
DECRETOS 1933 DE 1989 Y 2446 DE 1994, Y DEMAS NORMAS
ESPECIALES conforme a las pretensiones de la demanda.

5. Ordenar a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
pagar al suscrito accionante todos los emolumentos prestacionales
y salariales re liquidando todas las prestaciones salariales, tales
como la prima de navidad, prima de servicios, prima de vacaciones,
cesantías, recargos nocturnos, dominicales y festivos, tiempo de
vacaciones, entre otros factores, desde el momento en que la ley
ordenó su reconocimiento, todo lo anterior debidamente indexado e
incluyendo los intereses moratorios que se generan por la falta de
pago de estos conceptos y de acuerdo al monto devengado como
bonificación por compensación sobre el salario devengado por el
suscrito FRANK EDIER MÉNDEZ CÓRDOBA, como empleado de la
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia en su empleo
Oficial de Migración grado 3010 - 18 y teniendo en cuenta al
momento de la liquidación, los empleos que haya ejercido en
encargo, comisión o cualquier otra situación administrativa especial
[…]”.

[Mayúsculas y negrillas en la tutela]

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Accionante: Frank Edier Méndez Córdoba

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que está inscrito en el régimen de carrera
administrativa desde el año 2004, fecha en la que ingresó al
Departamento Administrativo de Seguridad – DAS.

Indicó que, como consecuencia de la supresión del DAS, fue vinculado a
la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.

Explicó que “el Decreto 4057 de 2011, en su artículo 7, ordenó que los ex
• funcionarios del DAS que fueran vinculados a las distintas entidades,
para este caso a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, y
que ostenten derechos de carrera administrativa conservaran sus
derechos y se actualizará su inscripción en el correspondiente registro por
parte de la autoridad competente. Aunado a lo anterior, los empleados
“Ex DAS”, es decir, el suscrito tutelante, continúa devengando los
derechos salariales y prestacionales, entendiéndose los estipulados en el
Decreto 1933 de 1989, 2646 de 1994 y demás normas aplicables, que le
son más favorables y les fueron reconocidos por normas de mayor
jerarquía, como lo es la Ley 1444 de 2011 y el decreto reglamentario
4057 de 2011”2.

Expuso que, en el año 2015, la Unidad Administrativa Especial Migración
Colombia convocó a concurso abierto de méritos para proveer 545
empleos de la planta de personal.

Sostuvo que “en los requisitos de la convocatoria se estableció que se
debía aceptar los acuerdos, pero no se puso ninguna restricción sobre la
participación de los trabajadores reincorporados del DAS, como es mi
caso, así como tampoco se especificó la prohibición ni la salvedad sobre

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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2022 02850 00.

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la perdida de régimen, habida cuenta que no existe norma
(jurisprudencia, leyes, decretos) que prohibiera la superación a través del
principio del mérito de un empleado público y con ello traiga la desmejora
en las condiciones laborales o la renuncia a sus derechos adquiridos y
claramente determinados por la ley”3.

Afirmó que superó el concurso de mérito convocado por Migración
Colombia por lo que fue ascendido del grado de oficial de migración 3010
– 11 al grado de oficial de migración 3010 – 18, lo que implica solo la
actualización en el registro de carrera administrativa, pero no puede
conducir al “desmejoramiento del empleo y mucho menos a la renuncia
de derechos adquiridos y reconocidos por la ley y sin ningún sustento
jurídico”4.

Aseguró que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho que correspondió por reparto al Juzgado 52 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá que, en sentencia de primera instancia, negó
las pretensiones.

Inconforme con lo decidido, interpuso recurso de apelación y la
Subsección C, Sección Segunda, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, confirmó lo resuelto por el juez de primera instancia.

Alegó que las sentencias censuradas incurrieron en defecto fáctico,
sustantivo y violación directa de la Constitución, lo que fundamentó en
los siguientes términos5:

“[…] El defecto fáctico, cursó en primera y segunda instancia ya que
los juzgadores basaron sus sentencias en supuestos de hechos y
derecho no probados por la defensa y bajo el falso raciocinio, que a

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la postre conllevo a que se originaria el defecto sustantivo, en el
entendido que desconocieron las leyes y principios constitucionales,
anteponiéndoles a estos los acuerdos de la convocatoria.

(…)

El despacho en su argumentación realiza comparaciones salariales
presentadas por la demandada, sin esgrimir ningún acervo
probatorio y aun desconociendo los presupuestos facticos de la
demanda y las disposiciones legales sobre la misma, habida cuenta
que hay un falso raciocinio por parte del juez de primera y segunda
instancia. Lo anterior es dable probar por disposición legal, en el
entendido que la prima de riesgo quedo integrada en la asignación
salarial, lo que no es lo mismo, que haya desaparecido.

No es el raciocinio que se debió presentar, es decir, existe una
errada interpretación respecto de la incorporación de la prima de
riesgo. Como ya se manifestó, y no fue objeto de controversia, la
misma quedo incorporada a la asignación básica, pero no
desapareció, como se pasa a exponer.

Quiere lo anterior decir, que el decreto 2646 de 1994 determinó la
aplicación de la prima de riesgo hoy denominada bonificación por
compensación aplicable al suscrito tutelante, la cual consiste en el
35% sobre la asignación básica mensual, y que le resulta más
favorable al empleado. Este porcentaje se aplicaba y debe aplicarse
indistintamente en el grado en que se encontrare el trabajador de
acuerdo con la norma referida (…).

[L]a prima de riesgo o bonificación por compensación le es aplicable
al empleado y, este derecho lo conserva donde se encuentre el
empleado ascendido hasta el RETIRO DE LA ENTIDAD, situación está
que no se ha presentado por parte del suscrito tutelante, habida
cuenta que el hecho jurídico de retiro de la entidad no se ha dado,
por el contrario lo que sí sucedió fue que ascendí bajo el principio de
mérito y Migración Colombia no está facultada, legalmente, para
desconocer los derechos protegidos por la ley y los principios
constitucionales.

(…)

Se equivoca el Honorable Tribunal al no revisar o tener en cuenta el
concepto de la máxima autoridad y constitucionalmente responsable
de la vigilancia de la carrera administrativa y, por el contrario,
acoger un concepto que no obliga y que a todas luces es errado del
Departamento Administrativo de la Función Pública y que a la par
contradice las leyes que rigieron la incorporación del suscrito
demandante. Defecto sustantivo.
5

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No tiene sustento jurídico, la manifestación de la señora juez al
manifestar que “el régimen especial que finalizó con la supresión del
extinto DAS, se mantiene a aquellos empleados, pero respecto al
empleo que ocupan por equivalencia, situación que no puede ser
extensiva a otras situaciones administrativas que no guardan
protección alguna por el proceso de supresión e incorporación”. Esta
afirmación contradice abiertamente todas las disposiciones de orden
legal contenidas en el parágrafo del artículo 2° y 3° del decreto 4064
de 2011, así como el parágrafo 3° del artículo 18 de la ley 1444 de
2011, y aun el concepto de la Función Pública radicado
20166223773522 del 24 de agosto de 2016, y utilizado como
argumento por la señora juez, pero interpretado erróneamente. Vía
de hecho por violación indirecta de la ley sustancial originada
en un error de hecho por falso raciocinio.

En igual sentido, no es cierto que al aceptar y posesionarme en el
empleo Oficial de Migración código 3010 Grado 18, haya quebrado
la relación de incorporación. En primera medida, es preciso señalar
que obra en el expediente prueba de mi manifestación que no
renunciaba a mis derechos protegidos por la ley y normas
especiales. Es preciso señalar que, para la posesión en el nuevo
grado, es necesario manifestar la aceptación; segundo, en la ley que
determinó mi reincorporación, no existe condicionamiento que
estableciera que no podría ascender dentro de la entidad o que me
quedara rotundamente prohibido postularme a un empleo so pena
de perder mis derechos prestacionales. Vale la pena señalar que a
los ex empleados del extinto DAS, que se presentaron al concurso
de mérito, en iguales condiciones que el suscrito, pero para el mismo
grado, si les conservan los derechos prestacionales que hoy se
reclaman. No se entiende y no existe norma que así lo determine,
porque a quienes aplicamos al mismo empleo, pero a un grado más
alto se nos restringen estas prestaciones sin sustento legal.
Claramente se contradicen en sus argumentos respecto del
quebrantamiento de la relación laboral. Defecto sustantivo y
Violación directa de la constitución.

(…)

No es cierto que se haya generado una nueva situación jurídica como
lo afirma la señora juez, puesto que no me es permitido renunciar a
mis derechos prestaciones en virtud de los principios
constitucionales y aunado a lo anterior, la ley protege mis derechos
hasta que me retire la entidad, que contrario a lo manifestado en la
sentencia, sí guarda relación. De lo anterior, y que no fue objeto de
análisis, la Comisión Nacional del Servicio Civil, constitucionalmente
responsable de administración de la carrera administrativa, acreditó
en su concepto, (obsérvese el concepto a párrafo anterior), que lo
acaecido con el suscrito se trata de un ascenso y que solo obedece
a la actualización del registro. Defecto sustantivo y Defecto
fáctico por la ausencia de valoración del acervo probatorio.

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Accionante: Frank Edier Méndez Córdoba

Por Defecto sustantivo, no existe y por ello no se manifestó,
norma y algún supuesto de orden legal que señale que solo se
conservan los derechos para efecto de la incorporación, y por el
contrario si existe norma que aducen claramente que por objeto de
incorporación los ex empleados del DAS conservaríamos los
derechos hasta el retiro de la entidad […]”.

[Negrillas y mayúsculas en el escrito de tutela]

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. Por auto del 27 de mayo de 20226, la Subsección A, Sección Segunda
del Consejo de Estado admitió la tutela y dispuso notificar a los
magistrados que integran la Subsección C, Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y al Juzgado 52 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, así como, en calidad de tercero con interés, a
la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia7.

Igualmente, requirió al Juzgado 52 Administrativo del Circuito de Bogotá
para que allegara copia digital del expediente radicado con el nro. 11001
3342 052 2019 00267 00, el cual fue remitido8.

3.2. El Juzgado 52 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá remitió
informe vía correo electrónico9, en el que indicó que “el pronunciamiento,
actuaciones y decisiones que reposan en el expediente que dio origen a
la presente acción constitucional se ciñeron a las normas legales y

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Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2022 02850 00.
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Esta orden se cumplió el 1 de junio de 2022. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 0315 000 2022 02850 00.
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Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2022 02850 00.
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Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2022 02850 00.
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procesales establecidas para el caso y la normatividad vigente para el
momento de los hechos y de cursado del presente expediente”.

3.3. La magistrada ponente de la decisión cuestionada rindió informe vía
correo electrónico10, en el que señaló que en la sentencia atacada puede
verificarse que no existe vulneración a los derechos fundamentales
invocados.

3.4. La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad Administrativa
Especial Migración Colombia envió informe vía correo electrónico11, en el
que solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la
entidad, toda vez que la acción de tutela está dirigida contra las decisiones
judiciales de la Subsección C, Sección Segunda, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, y del Juzgado 52 Administrativo del
Circuito de Bogotá.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección A, Sección Segunda, del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 17 de junio de 2022, dispuso lo siguiente12:

“[…] Primero. Denegar el amparo que solicita el señor Frank Edier
Méndez Córdoba conforme a la parte considerativa que antecede
[…]”.

Para dilucidar el asunto consideró que los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela estaban cumplidos. Específicamente,
frente a la relevancia constitucional, consideró que estaba superada
porque “el debate planteado por el accionante gira en torno a la presunta
vulneración de sus derechos “al mérito y al trabajo e igualdad ante la

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Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2022 02850 00.
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Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2022 02850 00.
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Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2022 02850 00.
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justicia”, así como el desconocimiento de los principios de favorabilidad,
in dubio pro operario, a la condición más beneficiosa y a la confianza
legítima”.

Luego de examinar lo anterior, descendió al análisis de los defectos
invocados por el accionante y precisó que el estudio de los reparos se
concentraría en la sentencia proferida el 26 de enero de 2022 por la
Subsección C, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca porque fue la decisión que puso fin al proceso.

A partir de las consideraciones expuestas en la providencia censurada,
concluyó que los defectos alegados no estaban configurados y que había
lugar a negar el amparo. En cuanto al defecto sustantivo y violación
directa de la Constitución, señaló13:

“[…] En el presente asunto y como se desprende de las razones que
expuso el Tribunal, la vinculación del accionante a la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia en período de prueba en
el cargo de oficial de migración código 3010, grado 18, al que
accedió por haber superado el Concurso Abierto de Méritos 331 de
2015, dio origen a una nueva situación administrativa, ya que ese
empleo está cobijado por el régimen salarial y prestacional general
de la entidad, y según lo dispuesto en el artículo 3.º del Decreto
4064 de 2011, los empleados del Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS) “incorporados en Migración Colombia, conservarán
los beneficios salariales y prestacionales que venían percibiendo, con
excepción de la prima de riesgo que quedó incorporada a la
asignación básica y a la bonificación especial por compensación,
hasta su retiro de la entidad” siempre que su vínculo especial con la
última autoridad permaneciera y se surtiera en el mismo cargo.

Estima la Sala que el asunto se resolvió conforme a las normas que
gobiernan la incorporación en los cargos creados en la planta de
personal de Migración Colombia de los servidores del extinto
Departamento Administrativo y Seguridad (DAS), su interpretación
armónica y el análisis de la situación fáctica en el caso concreto, de
lo que concluyó que no había lugar a ordenar la reliquidación de las
acreencias salariales y prestacionales del accionante a partir del 7
de mayo de 2018, cuando inició su período de prueba como oficial
de migración código 3010, grado 18, toda vez que desde esa fecha
quedó amparado por el régimen general que en materia de salarios
y prestaciones impera en la entidad demandada, lo que en modo

13
Ibídem.
9

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alguno comporta el defecto alegado por el accionante, y tampoco
constituye una actuación incursa en vía de hecho que vulnere los
derechos de la parte actora, sino que corresponde al ejercicio de la
autonomía e independencia judicial de las que está investido el juez
de la causa para decidir los asuntos que se someten a su escrutinio
[…]”.

En relación con el defecto fáctico, estimo14:

“[…] La Sala considera que la motivación expuesta por el Tribunal
para dar solución a la litis no constituye una errada interpretación
de las pruebas como aduce el accionante, en tanto es justamente en
el ámbito valorativo donde el juez, a partir de los cánones de la sana
crítica, cuenta con una mayor libertad de análisis para alcanzar la
verdad de los hechos que interesan al caso.

El no estar de acuerdo con las estimaciones que efectúa el operador
judicial, como ocurre en el presente caso, no justifica el uso de la
acción de tutela para su contradicción como si se tratara de una
tercera instancia.

Lo que avizora la Sala, en el asunto, es la inconformidad del
accionante con la lógica y el análisis que efectuó el fallador al
resolver la apelación y utiliza la acción de tutela para suplir las
deficiencias probatorias en que incurrió, pues como lo señaló el
Tribunal al resolver sobre el reconocimiento de la prima de riesgo
“no se ocupó de traer al proceso los medios de prueba documentales
que demuestren los valores devengados […] cuando dejó de prestar
sus servicios en 2011 al DAS y [que] permitan realizar la
confrontación matemática de cara a aquellos valores que empezó a
devengar en 2012 cuando surgió su incorporación en la nueva
entidad, para evidenciar lo contrario”. Igualmente al decidir en
relación con la bonificación por compensación, indicó que “no se
aportó al proceso el acto administrativo de encargo que desvirtué la
presunción legal señalada [que] permita evidenciar las condiciones
precisas que rodearon esta situación administrativa; tampoco se
allegó prueba que demuestre si se trataba de un cargo de aquellos
pertenecientes al régimen especial del DAS en virtud de la
incorporación o si se trataba de un cargo del régimen general de la
nueva planta de personal de la UAEMC; ni los emolumentos
salariales devengados por el titular del empleo objeto de encargo
para desvirtuar que no era él quien estaba percibiendo el salario de
su cargo; tampoco se conoce siquiera los factores salariales
asignados al empleo objeto de encargo, en específico si el cargo
tenía asignada la bonificación por compensación que solicita se
reconozca”.

14
Ibídem.
10

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Radicación: 11001 0315 000 2022 02850 01
Accionante: Frank Edier Méndez Córdoba

Así mismo, estima la Sala que el accionante plantea un examen de
las pruebas, que, a su juicio, es el que debe darse, lo cual no puede
avalarse por el juez constitucional no solo porque no es de su
competencia realizar este tipo de valoraciones, sino porque el
defecto fáctico está estructurado en específicas causales
referenciadas por la Corte Constitucional y en ninguno de los eventos
previstos se encuentra la posibilidad de estudiar la prueba bajo
consideraciones propias del juez de tutela, so pretexto de
desconocimiento de las pautas de la sana crítica, como lo pretende
la parte actora.

(…)
El juzgador de la causa es el que puede apreciar y valorar de la
manera más certera el material probatorio que obra dentro de un
proceso, sin que al juez de tutela le esté permitido “convertirse en
una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del
juez que ordinariamente conoce de un asunto”, como lo pretende el
accionante en esta oportunidad […]”.

5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN

Inconforme con el fallo de primera instancia, el accionante lo impugnó
con fundamento en lo siguiente15:

Señaló que presentó acción de tutela porque la sentencia atacada incurrió
en “violación indirecta de la ley sustancial originada en un error de hecho
por falso raciocinio”.

Precisó que sus inconformidades con las sentencias censuradas son:

“[…] Sobre la presente acción se ha de tener en cuenta dos
situaciones fácticas demandadas. La primera situación fáctica sobre
la cual versa la demanda y la acción de tutela es sobre la pérdida de
régimen prestacional del cual soy titular y que percibí desde el 01
de enero de 2012 hasta el 07 de mayo de 2018, por haber laborado
en el Departamento Administrativo de Seguridad DAS y, que me
viene siendo desconocida por Migración Colombia por haberme
presentado y superado el concurso de méritos. A partir de esta
situación fáctica la entidad dejo de reconocerme con fundamento en
un concepto de la Función Pública mis derechos prestacionales e
ignorando el concepto de la Sala plena de la Comisión Nacional del
Servicio Civil, entidad constitucionalmente responsable de la
administración de la carrera administrativa.

15
Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2022 02850 00.
11

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Radicación: 11001 0315 000 2022 02850 01
Accionante: Frank Edier Méndez Córdoba

La segunda situación fáctica obedece estrictamente a la liquidación
de la prima de riesgo o bonificación por compensación que fue
incorporada a la asignación básica, pues como consta en el plenario,
se está realizado su liquidación de forma errada y no como
corresponde en derecho (…). Es preciso indicar que sobre este
aspecto es que versa la discusión y de lo cual no se pretende que se
valoren nuevas pruebas como lo ha dicho el Despacho, sino que, por
el contrario, con las pruebas existentes, se busca convencer del cual
debió ser la forma se aplicarse la liquidación de la prestación […]”.

Por auto del 26 de julio de 2022 se concedió la impugnación16 y la misma
fue asignada por acta de reparto el 10 de agosto de 202217.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199118, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201519, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202120, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12
de marzo de 201921 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.

16
Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2022 02850 00.
17
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2022 02850 01.
18
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
19
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
20
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
21
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
12

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6.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente22:

6.2.1. El señor Frank Edier Méndez Córdoba, actuando por conducto de
apoderado, promovió demanda bajo el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, pretendiendo lo siguiente23:

“[…] DECLARAR el acto administrativo que se contiene en los oficios
n°. 20186110642331 del 10 de septiembre de 2018 y
20186110768171 del 17 de octubre de 2018, a través del cual la
demandada negó mantener el régimen especial que fijan los D.
1933/1989, 2646/1994, del cual era beneficiario al accionante, una
vez ingresó al período de prueba para el cargo de Oficial de Migración
Grado “3010-18” (sic, consec. 02, p. 3).

A título de restablecimiento del derecho solicita se ordene a la
accionada a: (i) Reliquidar, desde la fecha en que ingresó el
accionante al cargo de Oficial de Migración Grado “3010-18”, los
factores salariales de primas de navidad, servicios, vacaciones,
cesantías, recargos nocturnos, dominicales, festivos, vacaciones,
entre otros, conforme los D. 1933/1989 y 2646/1994, (ii) Reliquidar
los factores salariales de primas de navidad, servicios, vacaciones,
cesantías, recargos nocturnos, dominicales, festivos, vacaciones,
entre otros, conforme los D. 1933/1989 y 2646/1994, por los
períodos en que el accionante desempeñó funciones en encargo,
comisión o cualquier otra situación administrativa, (iii) Indexar los
valores que se reconozcan, conforme al art. 187 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en
adelante, CPACA, (iv) Pagar los intereses moratorios, según art. 192
y 192 ibídem […]”.

6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado 52 Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá, que en sentencia del 25 de mayo de 2021
negó las pretensiones.

22
Lo que se desprende del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
con el nro. 11001 3342 052 2019 00267 00. Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 0315 000 2022 02850 00.
23
Lo que se extrae de la sentencia proferida el 25 de mayo de 2021 por el Juzgado 52
Administrativo del Circuito de Bogotá. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 0315 000 2022 02850 00.
13

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6.2.3 Inconforme con la precitada decisión, la parte demandante
interpuso recurso de apelación y la Subsección C, Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia del 26 de enero de
2022 la confirmó.

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

En el asunto bajo examen, la Subsección A, Sección Segunda del Consejo
de Estado, en sentencia del 17 de junio de 2022, consideró que los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela estaban
cumplidos y, frente a la relevancia constitucional, indicó que sí se
superaba porque el debate planteado por el actor gira en torno a la
vulneración de los derechos “al mérito y al trabajo e igualdad ante la
justicia”. Por consiguiente, examinó los defectos fáctico, sustantivo y
violación directa de la Constitución y concluyó que no estaban
configurados.

La parte actora impugnó la precitada decisión e insistió en que sus
inconformidades se concretan en que Migración Colombia ha desconocido
el régimen prestacional al que pertenece por haber laborado en el extinto
DAS y que la liquidación de la prima de riesgo o bonificación por
compensación que fue incorporada a la asignación básica, se está
haciendo de forma errada.

A partir de los reparos formulados por el accionante, la Sala considera
necesario determinar si, en este caso, está cumplido el requisito general
de relevancia constitucional y para ello, se detendrá en (i) los criterios
que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional,
para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.

14

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6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional24

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”25.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional.

En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte precisó
que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia
judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del
punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y
ninguna otra”.

24
Este requisito general de procedencia de la acción de tutela fue denominado en esos
términos en la sentencia C – 590 de 2005.
25
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
15

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A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades26:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

6.3.1.1. Las cuestiones de relevancia constitucional

Frente a la primera finalidad señalada, esto es, restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales, la Corte Constitucional, en la sentencia SU 573
de 2019, explicó que este elemento de la relevancia tiene el siguiente
alcance:

“[…] “el caso [debe involucrar] algún debate jurídico que gir[e] en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental”.
La Corte ha sostenido al unísono que la cuestión debe revestir una
“clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional, dado
que el único objeto de la tutela es la protección efectiva, inmediata
y subsidiaria de los derechos constitucionales fundamentales. Por tal
razón, es necesario que “la causa que origina la presentación de la
acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental”.
Esto significa que el asunto debe ser trascendente para (i) “la
interpretación del estatuto superior”, (ii) su aplicación, (iii)
desarrollo eficaz y (iv) la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales. Lo anterior, exige al juez “indicar con
toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional

Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
26

Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de
2021 y SU 103 de 2022.
16

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que afecta los derechos fundamentales de las partes” […]”. [Se
destaca]

De lo anterior se desprende que el alcance que la jurisprudencia
constitucional le ha dado a este primer elemento de la relevancia, consiste
en que la acción de tutela que se promueva contra providencia judicial
proponga un debate sobre el contenido, alcance o goce de un derecho
fundamental, pues solo así se podrá establecer que el asunto es
evidentemente de naturaleza constitucional; ello quiere significar que,
quien interpone una acción de tutela, debe identificar cuál es el derecho
fundamental que estima afectado y explicar los motivos por los cuales
considera que la sentencia atacada lo está vulnerando.

En consonancia con lo dicho, la Corte Constitucional, en la sentencia SU
– 573 de 2019, manifestó que “la acreditación de esta exigencia [el
requisito de relevancia constitucional], más allá de la mera adecuación
del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos
fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que
no es lo mismo que una simple relación con aquel”. [Se destaca] Este
criterio fue reiterado en las sentencias SU 128 de 202127, SU 103 de
202228 y SU 215 de 202229.

27
Corte Constitucional. Sentencia SU – 128 del 6 de mayo de 2021. M.P.: Cristina Pardo
Schlesinger.
28
Corte Constitucional. Sentencia SU – 103 del 17 de marzo de 2022. M.P.: Alejandro
Linares Cantillo. Al respecto, en dicha sentencia se indicó: “[…] 104. Consideraciones
específicas definidas en la jurisprudencia constitucional, respecto del requisito de
procedencia denominado “relevancia constitucional”. En relación con este requisito, esta
Corte ha sido enfática en señalar que resulta indispensable verificar, en cada caso
concreto, que la acción de tutela no esté siendo utilizada como una instancia
adicional para reemplazar las vías judiciales ordinarias. De manera concreta, ha
resaltado que el contenido de la solicitud debe buscar “resolver cuestiones que
trascienden la esfera legal, el carácter eminentemente económico de la controversia y
la inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales [lo que implica
la existencia de] un probado desconocimiento de los derechos fundamentales al debido
proceso o al acceso a la administración de justicia”. Esto, por cuanto se debe “justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un derecho
fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel” […]”.
29
M.P.: Natalia Ángel Cabo.
17

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Además, en un pronunciamiento anterior, esto es, en la sentencia T – 422
de 201830, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional confirmó
la decisión de la Sección Primera del Consejo de Estado que había
declarado improcedente la acción de tutela por no cumplir con los
requisitos de relevancia constitucional e inmediatez; en cuanto a la
relevancia, la Corte indicó, entre otras razones, que el requisito de
relevancia no estaba cumplido por cuanto: “si bien la parte actora asegura
que las providencias demandadas desconocen sus derechos
fundamentales, la relevancia constitucional de un asunto no se determina
con la mera enunciación de los derechos fundamentales presuntamente
comprometidos, sino mediante la acreditación razonable de una presunta
amenaza o vulneración de los mismos”. [Se destaca]

El criterio jurisprudencial contenido en las sentencias T 422 de 2018, SU
573 de 2019, SU 128 de 2021, SU 103 de 2022 y SU 215 de 2022,
consistente en que, para superar el requisito de relevancia, no basta con
la mera enunciación de los derechos fundamentales, sino que supone por
parte del actor la carga de justificar razonablemente la existencia de una
restricción prima facie desproporcionada respecto de un derecho
fundamental, evidencia que es precisamente esa la razón por la cual es
necesario que, para la acreditación de este primer elemento que compone
a la relevancia constitucional, la parte interesada en el escrito de tutela,
(1) invoque la vulneración de derechos fundamentales, (2) exponga los
motivos por los cuales considera la sentencia atacada está vulnerando
tales derechos fundamentales, y (3) compruebe que la transgresión
suponga un atentado contra el núcleo esencial de los derechos invocados,
requisitos que exigen del juez de tutela un examen de los motivos
aducidos por la parte actora para afirmar que hay amenaza o vulneración
de un derecho fundamental, comparadas con el núcleo esencial del
mismo.

30
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
18

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Ello es así porque si, en efecto, la vulneración del derecho acontece en lo
que se denomina su núcleo esencial, solo así es posible advertir que el
caso reviste la relevancia o trascendencia necesaria para permitir que,
por vía de este mecanismo, se logre exceptuar en un juicio constitucional
el principio de cosa juzgada que orienta todo el andamiaje institucional
en el que se funda nuestro sistema jurídico. Con este propósito, el juez
no podrá limitarse a convalidar el requisito de la relevancia constitucional
con la sola mención de un derecho fundamental, pues deberá evaluar si,
de acuerdo con los argumentos expresados en el escrito correspondiente,
hay amenaza o violación efectiva del mismo.

El núcleo esencial de un derecho fundamental ha sido entendido por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional como “el ámbito intangible del
derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a los particulares”31
y ha explicado que, desde la perspectiva de los derechos subjetivos, el
núcleo esencial se define así32:

“[…] Métodos para la determinación del núcleo esencial

22. En el proceso de determinación de lo que constituye el núcleo
esencial de un derecho fundamental, el juzgador dispone de técnicas
jurídicas complementarias. Visto desde la perspectiva de los
derechos subjetivos, el contenido esencial de un derecho
fundamental consiste en aquellas facultades o posibilidades de
actuación necesarias para que el derecho sea reconocible como
pertinente al tipo descrito y sin las cuales dejaría de adscribirse a
ese tipo, desnaturalizándose. Por otra parte, la jurisprudencia de
intereses ha diseñado una fórmula según la cual el núcleo esencial
del derecho fundamental es aquella parte de su contenido que es
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente
protegibles, que dan vida al derecho, resulten real, concreta y
efectivamente protegidos. De este modo, se rebasa o se desconoce
el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a
limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo
razonable o lo despojan de la necesaria protección […]”.
[Se destaca]

31
Corte Constitucional. Sentencia T – 426 del 24 de junio de 1992. M.P.: Eduardo
Cifuentes Muñoz.
32
Ibídem.
19

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En otra oportunidad la Corte indicó que el núcleo esencial de un derecho
fundamental es “esa parte del derecho que lo identifica, que permite
diferenciarlo de otros y que otorga un necesario grado de inmunidad
respecto de la intervención de las autoridades públicas. En sentido
negativo debe entenderse el núcleo esencial de un derecho fundamental
como aquel sin el cual un derecho deja de ser lo que es o lo convierte en
otro derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica al derecho
fundamental y sin lo cual se le quita su esencia fundamental. O, también,
puede verse como la parte del derecho fundamental que no admite
restricción porque en caso de hacerlo resulta impracticable o se
desnaturaliza su ejercicio o su necesaria protección”33.

6.3.1.2. La competencia e independencia jurisdiccional

La segunda finalidad de la relevancia constitucional consiste en preservar
la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad. La Corte Constitucional
ha conceptualizado así este segundo elemento de la relevancia34:

“[…] La controversia debe versar sobre un asunto constitucional,
pero no meramente legal y/o económico. Según la jurisprudencia
constitucional, las discusiones de orden legal, esto es, aquellas
relativas a un derecho de índole económica, deben ser resueltas
mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite,
dado que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma
imprudente en asuntos de carácter netamente legal o
reglamentario”, so pena de “involucrarse en [cuestiones] que
corresponde definir a otras jurisdicciones”. En tales términos,
un asunto carece de relevancia constitucional, según lo ha
considerado la Corte, (i) cuando la discusión se limita a la mera
determinación de aspectos legales de un derecho, como la correcta
interpretación o aplicación de una norma “de rango reglamentario o
legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n violaciones a los
derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia

33
Corte Constitucional, sentencia C-756 de 2008.
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
34

Bernal Pulido.
20

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estrictamente monetaria con connotaciones particulares o
privadas, “que no representen un interés general” […]”.

En esa medida, siguiendo el planteamiento de la Corte Constitucional, un
asunto carece de relevancia constitucional cuando el debate planteado
por la parte actora es de naturaleza meramente legal y/o económica.

Cabe anotar que en la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional
indicó que “la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal.” En este orden, se
reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud
de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales” (…)”.

6.3.1.3. La instancia adicional

Por último, el tercer criterio de la relevancia constitucional es impedir que
la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces; frente a este elemento la Corte
Constitucional ha dicho35:

“[…] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional
orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según la
jurisprudencia constitucional, “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se
restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección
efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal”. En este orden de ideas, la tutela en
contra de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte,
exige valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una
actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de
derechos fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción
tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás
jurisdicciones”, en estricto respeto a la independencia de los jueces
ordinarios […]”.

Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
35

Bernal Pulido.
21

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En este tercer criterio de la relevancia, en la sentencia SU 215 de 2022,
la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra providencia judicial
implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del fallo
cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión
de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial.
Como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de 2021, este
“enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de
índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial” (…)”. [Se destaca]

6.3.2. Caso concreto

Bajo los anteriores parámetros jurisprudenciales, la Sala examinará cada
uno de los tres criterios que hacen parte de la relevancia constitucional,
para determinar si, en el caso, este requisito general de procedencia está
cumplido.

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de
relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales

Como quedó visto en precedencia, de acuerdo con la jurisprudencia de la
Corte, este criterio supone que el debate planteado en sede constitucional
gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental
y, en esa medida, es que se hace necesario que el juez de tutela verifique
cuáles son los derechos fundamentales invocados por la parte actora y las
razones por las cuales el ciudadano considera que la sentencia atacada
los vulnera, para así determinar si, prima facie, dicha transgresión supone
el desconocimiento del núcleo esencial de los derechos fundamentales o,
en otras palabras, si está siendo afectado el contenido de un derecho.

En el asunto bajo examen, la parte actora señaló que la sentencia
controvertida vulneró los derechos fundamentales “(i) al mérito y (ii) al

22

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trabajo e (iii) igualdad ante la justicia”36. Adicionalmente, de los escritos
de tutela e impugnación se desprende que la inconformidad del
accionante radica en que afirma que se desconoció el régimen
prestacional del que hace parte por haber laborado en el Departamento
Administrativo de Seguridad – DAS.

Bajo dicho contexto, la Sala examinará el contenido o el núcleo esencial
de los derechos fundamentales invocados por el accionante, dado que, de
advertirse la afectación prima facie de alguno de ellos en su faceta
constitucional, se desprendería que el asunto es de naturaleza
constitucional, en la medida que compromete o involucra el contenido,
alcance o goce de un derecho fundamental.

(i) En cuanto al derecho fundamental al trabajo, la Corte Constitucional
ha indicado que el núcleo esencial está compuesto por las siguientes
garantías37:

“[…] La acción de tutela procede como mecanismo de protección del
derecho al trabajo cuando:

1. Se desconoce el núcleo esencial del derecho al trabajo que
consiste en toda acción u omisión que impida el ejercicio de la
facultad de desarrollar una labor remunerada en un espacio y tiempo
determinado.

Se desconoce el núcleo esencial del derecho cuando se evidencia un
desconocimiento de las condiciones dignas y justas en las que el
trabajador debe realizar su labor.

Hace parte del núcleo esencial la adecuada remuneración. La
remuneración no puede ser simplemente simbólica. Ha de ser
adecuada al esfuerzo que implica la tarea cumplida por el trabajador,
a su preparación, experiencia, conocimiento y al tiempo durante el
cual vincule su potencial de trabajo a los fines que interesan al
patrono. No puede congelarse indefinidamente.

36
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2022 02850 00.
37
Corte Constitucional. Sentencia T – 611 del 8 de junio de 2001. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
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2. La vulneración de un derecho conexo que conlleve el ataque
injustificado del núcleo esencial.

No pertenece al núcleo la pretensión incondicional de ejercer un
oficio o cargo específico, en un lugar determinado ni la permanencia
absoluta en un cargo. El retiro del servicio no implica la prosperidad
de la acción de tutela, solamente hay lugar al estudio del caso,
cuando existe debilidad manifiesta o se trata una trabajadora
embarazada.

3. Por el incumplimiento o retardo en la obligación de pagar el salario
más la prueba de vulneración al mínimo vital del trabajador. La
situación económica de la empresa no es óbice para dejar de pagar
durante varios meses los salarios de los empleados. Las acreencias
laborales prevalecen incluso sobre cualquier crédito concordatario.

4. El empleador da por terminado el contrato con justa causa pero
faltó en el procedimiento a los principios de buena fe al no expresar
los hechos precisos e individuales que provocan la justa causa de
terminación para que así, la otra parte tenga la oportunidad de
enterarse de los motivos que originaron el rompimiento de la
relación laboral y pueda hacer uso del derecho a la defensa y
controvertir tal decisión si está en desacuerdo.

5. Se desconoce el principio fundamental de a trabajo igual
salario igual. Un tratamiento diferente que vulnere este principio se
considera una discriminación, es un trato diferente sin justificación
racional ni razonable […]”.

En este evento, el actor, en el escrito de tutela, no explicó las razones por
las cuales la sentencia atacada afecta el derecho fundamental al trabajo
y, además, no se advierte prima facie la vulneración del núcleo esencial,
toda vez que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
no hace parte del núcleo la pretensión de conservar las prerrogativas de
un determinado régimen prestacional.

(ii) Frente al derecho a la igualdad, se tiene que puede resultar
comprometido cuando las autoridades judiciales profieren decisiones sin
tener en cuenta el precedente, y, en este caso, la parte actora no alegó
que las sentencias controvertidas hayan desconocido alguna regla
jurisprudencial, razón por la que en relación con este derecho no está
cumplido el requisito de relevancia constitucional.

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Cabe precisar que, aunque la parte actora invocó el “derecho fundamental
al mérito”, en realidad se trata de un principio de rango constitucional,
respecto del cual la Corte ha explicado que: “El principio del mérito como
criterio rector del acceso a la función pública se manifiesta principalmente
en la creación de sistemas de carrera y en la provisión de los empleos de
las entidades estatales mediante la realización de concursos públicos”38.
En ese sentido, comoquiera que se trata de un principio y no de un
derecho fundamental, no está acreditada la relevancia constitucional,
debido a que el examen de este requisito versa sobre la afectación de
derechos fundamentales.

Por lo anotado, el primer criterio de la relevancia constitucional,
consistente en restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de
relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, que
implica, como la propia Corte Constitucional lo ha señalado, que la acción
de tutela conlleve un debate jurídico en torno al contenido, alcance y goce
de un derecho fundamental, no se cumple, comoquiera que la parte actora
no acreditó que la providencia controvertida transgreda los derechos
fundamentales al trabajo y a la igualdad en su faceta constitucional, es
decir, en las garantías que componen el núcleo esencial de cada derecho.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar
que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad

En el análisis del primer elemento que hace parte de la relevancia, quedó
visto que el debate planteado por la parte actora no involucra un asunto
constitucional, por cuanto no gira en torno a la afectación o vulneración
del contenido de los derechos fundamentales que invocó.

38
Corte Constitucional. Sentencia T – 610 del 3 de octubre de 2017. M.P.: Diana Fajardo
Rivera.
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Ahora, como se explicó en precedencia, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, el segundo criterio de la relevancia implica que “la
controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no
meramente legal y/o económico”39. En esa medida, la Corte ha señalado
que un asunto carece de relevancia cuando “(i) la discusión se limita a la
mera determinación de aspectos legales de un derecho, como la correcta
interpretación o aplicación de una norma “de rango reglamentario o
legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n violaciones a los derechos y
deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su naturaleza o
contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente
monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no
representen un interés general” (…)”40.

En este caso, por lo indicado, se insiste en que la parte actora no propuso
un debate que verse sobre un asunto constitucional; a lo que se agrega,
en este segundo criterio que, del escrito de tutela, se desprende que el
reparo del accionante que motivó la presentación de este mecanismo
constitucional sigue siendo una discusión meramente legal, puesto que
radica en que debió mantenerse el régimen prestacional previsto por los
Decretos 1933 de 1989 y 2646 de 1994, del cual es beneficiario por haber
laborado en el extinto Departamento Administrativo de Seguridad – DAS.

De contera, la controversia que propone la parte actora en sede
constitucional corresponde a la correcta aplicación de los precitados
decretos, de donde se desprende que se trata de una discusión
meramente de rango legal y no constitucional.

Así las cosas, en este caso, el debate planteado por el accionante es propio
del derecho administrativo laboral, dado que, se insiste, su inconformidad
está relacionada con el régimen prestacional que le es aplicable; de modo

39
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido.
40
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido.
26

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que lo discutido, al ser de naturaleza meramente legal, es del resorte
exclusivo del juez de lo contencioso administrativo.

Precisamente, el requisito de relevancia busca impedir que el juez
constitucional se involucre en los asuntos que por competencia, asignada
legalmente, le corresponden a otros jueces; es esta la razón, por la cual
la jurisprudencia de la Corte Constitucional exige que en el examen de la
relevancia se diferencie entre una controversia meramente legal y aquella
que comporta un debate constitucional, pues de encontrarse en el primer
escenario, como aquí ocurre, el juez constitucional no tendría
competencia para pronunciarse, pues ello les concierne a los jueces
ordinarios.

Por consiguiente, el segundo elemento que debe analizarse para
determinar si está cumplido el requisito de relevancia constitucional, en
este caso, tampoco hay procedencia, porque la discusión planteada por la
parte actora es de carácter meramente legal y no constitucional; a lo que
se acota que los reparos del accionante no versan sobre la afectación o
vulneración del contenido de los derechos fundamentales que invocó en
el escrito de tutela.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia
o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces

El tercer criterio de la relevancia constitucional supone que la tutela no
sea utilizada como una instancia o recurso adicional orientado a discutir
asuntos de mera legalidad.

En este último criterio de la relevancia, además de lo dicho por la
jurisprudencia citada anteriormente, cabe destacar que, en la sentencia
C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de
una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
27

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entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual
para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión
y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en
condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”41. [Se destaca]

Bajo este criterio jurisprudencial, se tiene que, en aquellos casos en los
que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la valoración
que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente,
o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la
interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, resulta
evidente que este mecanismo constitucional está siendo utilizado para
reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como una instancia
adicional, con lo cual se estaría desconociendo la autonomía e
independencia del juez natural.

En este evento, se advierte que la petición de amparo está siendo utilizado
por el actor para reabrir el debate que se surtió en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, dado que las inconformidades formuladas
por la parte actora están encaminadas a controvertir la valoración que el
juez natural de la causa hizo sobre el acervo probatorio, así como la
correcta interpretación de normas de rango legal; razón por la cual el
tercer elemento que compone a la relevancia tampoco está cumplido.

Lo anterior, se desprende del escrito de tutela, cuando el actor alegó, en
suma, que “el defecto fáctico, cursó en primera y segunda instancia ya

41
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
28

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que los juzgadores basaron sus sentencias en supuestos de hechos y
derecho no probados por la defensa y bajo el falso raciocinio, que a la
postre conllevo a que se originaria el defecto sustantivo, en el entendido
que desconocieron las leyes y principios constitucionales, anteponiéndoles
a estos los acuerdos de la convocatoria”42.

Adicionalmente, se observa que la parte actora está utilizando la acción
de tutela como una instancia adicional, si se tiene en cuenta que lo
controvertido a través de este mecanismo es que debió mantenerse el
régimen prestacional previsto por los Decretos 1933 de 1989 y 2646 de
1994, del cual es beneficiario por haber laborado en el extinto
Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, y este reparo, fue
precisamente lo que constituyó el objeto del litigio en el proceso de
nulidad y establecimiento del derecho, debido a que, en la demanda, lo
que el ahora accionante solicitó fue la nulidad del acto administrativo que
le negó mantener el precitado régimen.

En ese sentido, se desprende que el juez natural de la causa ya se
pronunció sobre la inconformidad que el accionante formula en la acción
de tutela y decidió conforme con la convicción que le generaron las
pruebas que obraban en el proceso y la interpretación que, bajo el
principio de autonomía e independencia judicial, adelantó sobre las
normas de carácter legal que regulaban el caso.

A este efecto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que tiene. Por lo tanto,
en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la

42
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2022 02850 00.
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controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las
partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido
atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus competencias;
y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones hiciera el juez
constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por fuera de las
competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.

En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.

Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por el demandante y el demandado en
sus pretensiones, excepciones y hechos, resuelve simplemente la
controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus facultades
constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad el llamado
a decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo por demás
el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza con el proceso
diseñado para dirimir la controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues, en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero es evidente

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que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se examina, ya que el
accionante no alega que el juez se haya desviado de los hechos o el
derecho propuesto en el proceso, sino que se limita a insistir en que debió
mantenerse un determinado régimen prestacional.

En conclusión, el tercer elemento que exige la jurisprudencia de la Corte
Constitucional examinar para determinar si una acción de tutela cumple
con el requisito de relevancia constitucional tampoco está cumplido,
comoquiera que el actor está utilizando el amparo como una instancia
adicional.

Por lo anotado, la Sala revocará el fallo de tutela proferido el 17 de junio
de 2022 por la Subsección A, Sección Segunda, del Consejo de Estado,
que negó el amparo solicitado, para, en su lugar, declarar improcedente
la acción de tutela por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela proferido el 17 de junio de 2022
por la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado que negó el
amparo, para en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de
tutela interpuesta por el señor Frank Edier Méndez Córdoba por no cumplir
el requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.

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Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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