Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06496-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06496-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06496-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 06496 00
Accionante: Jenny Durley Vargas Durán
Accionados: Tribunal Administrativo del Casanare y otro
Acción de tutela
Acción: Acción de tutela contra providencia judicial
Tema: Declara improcedente la acción de tutela por incumplir el
Decisión: requisito general de relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por la señora Jenny Durley Vargas Durán
en contra de las sentencias proferidas el 12 de febrero de 2026 y el 4 de septiembre de
2025 por el Tribunal Administrativo del Casanare y el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Yopal, respectivamente, en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado núm. 85001 33 33 001 2017 00089 00/01.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Jenny Durley Vargas Durán, actuando por conducto de apoderada, promovió
acción de tutela en contra de las precitadas providencias y para ello formuló las siguientes
pretensiones1:
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la Igualdad (Art. 13 C.P.),
al Debido Proceso (Art. 29 C.P.), al Acceso Efectivo a la Administración de Justicia
(Art. 229 C.P.), al Trabajo en Condiciones Dignas y Justas en concordancia con
la Primacía de la Realidad sobre las Formas (Arts. 25 y 53 C.P.), y a la Seguridad
Social (Art. 48 C.P.), así como las garantías laborales reconocidas en el Bloque
de Constitucionalidad (Convenio 111 de la OIT), de los cuales es titular la señora
JENNY DURLEY VARGAS DURÁN.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de primera instancia proferida el
4 de septiembre de 2025 por el Juzgado Primero Administrativo de Yopal, así
como la sentencia de segunda instancia proferida el 12 de febrero de 2026 por el
Tribunal Administrativo de Casanare, dentro del medio de control de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho con Radicado No. 85001-33-33-001-2017-00089-
00 y segunda instancia bajo el Radicado No. 85001-33-33-001-2017-00089-01.
TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Casanare que, dentro del
término perentorio que su Honorable Despacho considere, proceda a proferir una
sentencia de reemplazo donde proceda a:
1. Aplicar el precedente vinculante de unificación (Sentencia SUJ-025-CE
S2-2021) y el principio superior de primacía de la realidad sobre las formas
Art. 53 C.P. El Tribunal deberá efectuar un escrutinio armónico, convergente
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 06496 00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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y no fragmentado de la cadena indiciaria de subordinación. Para ello, se
abstendrá de incurrir en excesos rituales manifiestos o de imponer tarifas
legales encubiertas pruebas diabólicas documentales, debiendo valorar
materialmente, y en conjunto con el resto del acervo probatorio, las pruebas
documentales indebidamente aisladas o pretermitidas en la alzada, tales
como: (a) la comunicación oficial del SENA Regional Casanare de fecha 10
de mayo de 2013 mediante la cual se solicitó permiso de estudio al Jefe
Jurídico de la entidad; (b) el cuadro resumen de vinculación para el cómputo
real y material de la no solución de continuidad en días hábiles; (c) los
Estudios Previos de las Órdenes de Prestación de Servicios, los cuales
denotan la necesidad institucional permanente de la labor; y (d) la exigencia
inmodificable de utilizar los formatos del sistema de gestión MECI-CALIDAD
de la Gobernación de Casanare.
2. Garantizar el derecho a la igualdad de armas procesales y la sana crítica
en la valoración testimonial. El fallador de alzada deberá restablecer la
eficacia material de las declaraciones rendidas bajo la gravedad del
juramento por los señores Danilo Gaitán González, Merardo Salcedo Mariño
y Yolima Gualdrón Rincón. Para el efecto, el Tribunal se abstendrá de aplicar
presunciones de parcialidad o sospechas automáticas derivadas de la
existencia de litigios laborales paralelos, acatando el precedente en vigor
sobre la idoneidad de los excompañeros de labores para demostrar la
subordinación. A partir de dichos medios de convicción, el juez valorará si
se acredita la inserción organizativa de la accionante, reflejada fácticamente
en el cumplimiento de horarios presenciales estrictos, el sometimiento a un
control minucioso y permanente operativo, la imposición de metas físicas
exorbitantes de revisión y el acatamiento de órdenes directas para ejecutar
labores logísticas ajenas al objeto contractual, trasteos y reubicación física
del archivo.
3. Valorar sin asimetrías ni sesgos la Prueba por Informe de la entidad
accionada. El Tribunal deberá analizar de forma objetiva e integral el
reconocimiento de hechos materializado en la Prueba por Informe rendida
bajo juramento por la Gobernación de Casanare. Específicamente, deberá
evaluar las consecuencias jurídicas de la "Respuesta al Numeral 5 y 4", en
la cual la entidad admitió que, tras la desvinculación de la señora Jenny
Durley Vargas Durán, continuó contratando de forma sucesiva a más
personal para cumplir idénticas labores en el archivo de la Oficina Asesora
Jurídica. A partir de ello, el fallador determinará si dicha confesión corrobora
un déficit estructural de personal y una necesidad permanente del servicio
que desvirtúa de plano la supuesta temporalidad, transitoriedad o
excepcionalidad exigida por el numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 de
1993. [Mayúsculas y negrillas originales del escrito de tutela].
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La accionante relató que entre el 14 de febrero de 2012 y el 24 de diciembre de 2015
estuvo vinculada al departamento del Casanare mediante la suscripción sucesiva de ocho
contratos de prestación de servicios y dos adiciones, cuyo objeto consistió en desarrollar
actividades de foliación, organización y custodia del archivo de gestión de la Oficina
Asesora Jurídica de dicha entidad.
Explicó que, una vez finalizada la última vinculación contractual, solicitó a la Gobernación
del Casanare el reconocimiento de la existencia de un contrato realidad, junto con el pago
de acreencias prestacionales y aportes pensionales, petición que fue negada por la
entidad. Ante dicha decisión, promovió el correspondiente medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Yopal bajo el radicado 85001-33-33-001-2017-00089-00.
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Indicó que, mediante sentencia del 4 de septiembre de 2025, el Juzgado Primero
Administrativo de Yopal negó las pretensiones de la demanda al considerar que no se
encontraba acreditada la subordinación, pues no obraban en el expediente documentos
o actuaciones de talento humano que demostraran llamados de atención, permisos o
amonestaciones.
Inconforme con la decisión interpuso recurso de apelación el cual fue conocido por el
Tribunal Administrativo de Casanare, autoridad judicial que, mediante sentencia del 12
de febrero de 2026, la confirmó al concluir que las pruebas no demostraban la
subordinación y que la multiplicidad de contratos sucesivos obedecía al “atraso histórico”
que presentaba el archivo de la Oficina Asesora Jurídica, circunstancia que calificó como
transitoria.
La accionante sostuvo que se encontraban satisfechos los requisitos generales de
procedencia de la tutela contra providencia judicial. En relación con la relevancia
constitucional, argumentó que la controversia trascendía el ámbito meramente legal o
económico, por cuanto las providencias cuestionadas vulneraban directamente los
artículos 13, 25, 29, 48, 53 y 93 de la Constitución Política al desconocer garantías
asociadas al debido proceso probatorio, la igualdad procesal, la primacía de la realidad y
la protección del trabajo.
Respecto de la subsidiariedad, señaló que no procedían recursos ordinarios contra la
decisión de segunda instancia. Igualmente, afirmó que los recursos extraordinarios de
revisión y de unificación de jurisprudencia resultaban improcedentes e ineficaces para
corregir los defectos denunciados, por cuanto sus reproches se dirigían a errores de
valoración probatoria y al desconocimiento de precedentes judiciales.
En cuanto a la inmediatez, precisó que la sentencia de segunda instancia fue proferida el
12 de febrero de 2026, ejecutoriada el 23 de febrero de 2026, y que la tutela fue
presentada el 17 de agosto de 2026, dentro del término de seis meses reconocido por la
jurisprudencia constitucional y contencioso-administrativa. También manifestó que
identificó de manera clara los hechos vulneradores, las decisiones cuestionadas y los
defectos constitucionales atribuidos a las autoridades accionadas.
En sustento de la vulneración alegada, la accionante afirmó que las providencias
cuestionadas incurrieron en desconocimiento del precedente judicial, particularmente de
la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, al aplicar un método de valoración
fragmentado de los indicios relacionados con la subordinación y la inserción organizativa,
en lugar de realizar una valoración conjunta, sistemática y convergente de los elementos
probatorios.
Argumentó que las autoridades judiciales accionadas aislaron aspectos tales como la
permanencia en la sede institucional, la sujeción a horarios, el uso de carné, la
subordinación funcional y la utilización del sistema MECI-Calidad, desconociendo el
análisis integral exigido por la jurisprudencia unificada.
Asimismo, alegó la configuración de un defecto fáctico por omisión y valoración
asimétrica de la prueba. Al respecto, explicó que los jueces omitieron valorar elementos
determinantes para la decisión, entre ellos la comunicación del SENA Regional Casanare
del 10 de mayo de 2013, mediante la cual se solicitó autorización al jefe jurídico de la
Gobernación para que ella asistiera a una actividad académica, documento que, a su
juicio, evidenciaba la ausencia de autonomía temporal.
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Agregó que también fue ignorada la prueba por informe rendida bajo juramento por el
departamento del Casanare, en la que la entidad habría reconocido que continuó
contratando personal mediante órdenes de prestación de servicios para desarrollar las
mismas labores de archivo, circunstancia que demostraría la permanencia de la
necesidad institucional.
Igualmente, sostuvo que las autoridades judiciales incurrieron en una valoración
probatoria desigual al restar credibilidad a los testimonios de los señores Danilo Gaitán
González, Merardo Salcedo Mariño y otros excompañeros de trabajo por el hecho de
mantener litigios similares contra la entidad, mientras otorgaron plena credibilidad a la
declaración del entonces jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Eduardo Richard Vargas
Barrera, sin someterla al mismo nivel de escrutinio.
Afirmó que ello configuró una ruptura de la igualdad de armas procesales y una valoración
asimétrica contraria a la sana crítica. Añadió que los jueces exigieron soportes
documentales para acreditar la subordinación, tales como memorandos, llamados de
atención o permisos escritos, pese a que los controles y directrices eran impartidos
verbalmente, lo que, en su criterio, constituyó la imposición de una «prueba diabólica» y
de una tarifa legal probatoria inexistente, incompatible con el principio de libertad
probatoria y con las particularidades de los procesos de contrato realidad.
A su turno, también alegó la existencia de un defecto sustantivo y de una violación directa
de la Constitución, al considerar que el Tribunal Administrativo de Casanare y el Juzgado
Primero Administrativo de Yopal otorgaron un alcance inconstitucional al numeral 3 del
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, al equiparar actos de subordinación con simples
manifestaciones de coordinación contractual.
Señaló que las providencias avalaron la utilización continua de contratos de prestación
de servicios para suplir necesidades permanentes de personal durante cerca de cuatro
años, desconociendo el principio de primacía de la realidad previsto en el artículo 53 de
la Constitución y el derecho al trabajo en condiciones dignas consagrado en el artículo
25 superior.
Adicionalmente, manifestó que las decisiones cuestionadas afectaron su derecho a la
seguridad social, pues al negar la existencia de la relación laboral exoneraron al
departamento de Casanare del pago de los aportes pensionales correspondientes,
desconociendo las reglas fijadas en las sentencias de unificación CE-SUJ2-005-16 y
SUJ-025-CE-S2-2021.
Igualmente, afirmó que el Tribunal Administrativo de Casanare omitió efectuar el control
de convencionalidad derivado de los artículos 53 y 93 de la Constitución, así como de las
garantías previstas en el Convenio 111 de la OIT, los artículos 6 y 7 del Protocolo de San
Salvador y la Recomendación 198 de 2006 de la OIT, incurriendo en un nuevo defecto
sustantivo al privilegiar la forma contractual sobre la realidad material de la prestación del
servicio y al desconocer las directrices internacionales dirigidas a combatir el empleo
encubierto.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
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3.1. La tutela fue radicada el 18 de agosto de 20262 y correspondió por reparto a esta
Sección, que por auto del 21 de agosto de 20263 la admitió y dispuso notificar4 al Tribunal
Administrativo de Casanare y al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Yopal y
vincular5 al departamento de Casanare, como tercero con interés.
Así mismo requirió al Tribunal Administrativo de Casanare y al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Yopal para que remitieran el expediente con núm. de
radicado 85001 33 33 001 2017 00089 00/01.
3.2. El Tribunal Administrativo de Casanare rindió informe6 en el que efectuó un recuento
de las actuaciones surtidas dentro del proceso y manifestó que las providencias
cuestionadas fueron adoptadas con fundamento en una valoración probatoria realizada
conforme a las reglas de la sana crítica y en aplicación del precedente vigente del
Consejo de Estado, particularmente la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 de
9 de septiembre de 2021. En ese sentido, sostuvo que la acción de tutela carecía de
relevancia constitucional, por cuanto la accionante pretendía reabrir el debate probatorio
resuelto por los jueces naturales y convertir el mecanismo de amparo en una tercera
instancia.
3.3. El Juzgado Primero Administrativo de Yopal (Casanare) allegó escrito7 mediante el
cual solicitó declarar improcedente la acción de tutela al considerar que no se satisfizo el
requisito de subsidiariedad, en la medida en que la accionante no interpuso el recurso
extraordinario de unificación previsto en los artículos 256 a 268 del CPACA, procedente
contra sentencias de única y segunda instancia proferidas por los tribunales
administrativos en asuntos laborales de nulidad y restablecimiento del derecho.
Adicionalmente, afirmó que las sentencias cuestionadas se encontraban debidamente
motivadas desde el punto de vista fáctico, normativo y jurisprudencial, con fundamento
en las pruebas oportunamente allegadas al expediente, y sostuvo que los planteamientos
de la tutelante reflejaban una simple inconformidad con las decisiones adoptadas por los
jueces de la causa, sin que se configurara alguna causal específica de procedencia de la
tutela contra providencias judiciales ni una vulneración real de derechos fundamentales.
Por ello, consideró igualmente incumplido el requisito de relevancia constitucional.
3.4. El departamento de Casanare presentó escrito8 en el que se opuso a las
pretensiones de la acción constitucional y sostuvo que no había vulnerado los derechos
fundamentales invocados por la accionante.
Alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto las decisiones
cuestionadas fueron proferidas por autoridades judiciales, razón por la cual solicitó
declarar improcedente la tutela, exonerar de toda responsabilidad a la entidad territorial
y disponer su desvinculación del trámite.
2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con
radicado núm. 11001 0315 000 2026 06496 00.
3 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con
radicado núm. 11001 0315 000 2026 06496 00.
4 Esta orden se cumplió el día 26 de agosto de 2026. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso de primera instancia con radicado núm. 11001 0315 000 2026 06496 00
5 Ibidem
6 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 06496 00.
7 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 06496 00.
8 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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5
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4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 9 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,10 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202111, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201912, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.
4.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente13:
4.2.1. La señora Jenny Durley Vargas Durán, actuando por conducto de apoderado,
promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
Departamento de Casanare, con el propósito de obtener la nulidad de la Resolución núm.
0324 del 22 de junio de 2016, mediante la cual se negó el reconocimiento de una relación
laboral y el pago de las correspondientes prestaciones sociales, así como de la
Resolución núm. 0400 del 5 de septiembre de 2016, que resolvió el recurso de reposición
interpuesto contra la decisión anterior.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se declarara la existencia de una
relación laboral asimilable a una de carácter legal y reglamentario propia de un servidor
público entre el 14 de febrero de 2012 y el 24 de diciembre de 2015; que se declarara la
mala fe de la entidad demandada por haberla vinculado mediante sucesivas órdenes de
prestación de servicios; que se liquidaran, reconocieran y pagaran los salarios y
prestaciones dejados de percibir durante el período reclamado; y, en general, que se
reconocieran y pagaran los demás derechos laborales, prestacionales y convencionales
que se hubieren causado a su favor.
4.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Yopal que, mediante sentencia del 4 de septiembre de 2025 negó las
pretensiones al considerar que no se encontraba acreditado el elemento de
subordinación necesario para declarar la existencia de una relación laboral.
4.2.3. Inconforme con dicha decisión, la demandante interpuso recurso de apelación y el
Tribunal Administrativo del Casanare, mediante sentencia del 12 de febrero de 2026,
notificada el 16 de febrero de 2026, la confirmó.
9 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
10 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece
las reglas de reparto de la acción de tutela.
11 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
12 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
13 Lo que se desprende del expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado núm. 85001-3333-001-2017-00089-00/01.
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4.3. CUESTIÓN PREVIA
La Sala advierte que el departamento del Casanare solicitó su desvinculación del
presente trámite tutelar por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Al respecto, es preciso indicar que la vinculación de dicha entidad territorial al presente
asunto es consecuencia del interés que le puede asistir en las resultas del proceso, toda
vez que hizo parte, en calidad de demandado, del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el radicado núm. 85001 33 33 001 2017 00089 00/01, objeto
de reproche en esta sede constitucional. Por lo tanto, la Sala negará la solicitud de
desvinculación.
4.4. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.
El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es la
relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii)
caso concreto.
4.4.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que
[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […]14.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades15:
14 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
15 Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
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(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 16. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional.
4.4.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que:
[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal” (…)17. (Se
destaca) […].
En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, «circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial».
En igual sentido anotó que «como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial» (…)”. [Se
destaca].
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso y la jurisprudencia aplicable, resulta evidente que
este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo
la autonomía e independencia del juez natural.
16 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29
de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente núm. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
17 Corte Constitucional. Sentencia SU 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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La Sala advierte que, en este evento, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la compone, esto es, impedir que
la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces, no está superado.
Lo anterior, por cuanto la solicitud de amparo está siendo utilizada por la accionante para
reabrir el debate procesal resuelto por las autoridades judiciales accionadas dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho por contrato realidad, toda
vez que sus inconformidades se dirigen a controvertir las conclusiones alcanzadas en
torno a la existencia de una relación laboral encubierta.
En ese contexto, la Sala advierte que la parte actora pretende emplear la acción de tutela
como una instancia adicional al proceso ordinario, con el propósito de insistir en que sí
estaba acreditada la subordinación por parte del departamento del Casanare, lo cual ya
fue objeto de estudio y decisión por parte de las autoridades judiciales competentes
dentro del proceso ordinario correspondiente.
Al respecto, en la providencia de segunda instancia cuestionada, el tribunal accionado
expuso lo siguiente:
En primer lugar, se deben diferenciar dos etapas en la ejecución de los contratos de
prestación de servicios suscritos por la demandante y el Departamento de Casanare.
Una primera época entre el 14 de febrero de 2012 y el 26 de diciembre de 2012, en
la cual realizó labores de “organización, digitación y apoyar la recolección, selección,
depuración de la información de línea base insumo para la posterior formulación de
los planes sectoriales de turismo, población vulnerable, educación, equipamento
saneamiento básico, servicios públicos, medio ambiente prevención y atención de
desastres, vías, ciencia y tecnología, población vulnerable vivienda y Gobierno del
Departamento de Casanare”: asimismo: “realizar acciones para la recepción,
clasificación y organización de documentos de la información soporte para el
monitoreo y evaluación del plan de desarrollo y planes sectoriales del departamento
hasta el tercer trimestre de la vigencia 2012”.
En efecto al verificar los objetos de los contratos y las actividades realizadas
relacionadas en las premisas fácticas se observa que, a grandes rasgos, consistían
en levantar bases de datos, recolectar información, convocar actores de los sectores
económico, productivo, turismo, población vulnerable, entre otros; construir matrices,
recibir y enviar informes a estos actores, apoyar convocatoria y realización de
reuniones, según las sugerencias y recomendaciones de la oficina de control interno
de Gestión y la Secretaría General empleando el sistema de gestión integrado MECI-
CALIDAD. Es decir, un mayor contacto con la comunidad.
En este lapso ejecutó las órdenes de prestación de servicios 0266 y 1619. Lo anterior
correspondió a la necesidad apremiante de organizar la documentación relativa a
contratos y ya que no había suficiente personal de planta para esta labor, como se
describió en los diferentes estudios previos.
Un segundo período entre el 29 de enero de 2013 y el 22 de diciembre de 2015 en la
cual la actora pasó a labores de organización de documentos más relacionado con el
archivo del cual estaba encargada la Oficina Asesora Jurídica de foliación y gestión
documental, entre otros. En este lapso ejecutó las órdenes de prestación de servicios
0308, 1609, 0420, 1315, 1579 y 1373. Lo anterior correspondió a la necesidad
apremiante de apoyar a los abogados de planta que presentaba debilidades frente al
creciente archivo físico sin gestionar, como se describió en los diferentes estudios
previos de estos periodos.
Examinado el acervo probatorio, los documentos referidos en las premisas fácticos y
los testimonios practicados, se demuestra la prestación personal del servicio, ya que
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Accionante: Jenny Durley Vargas Durán
Accionados: Tribunal Administrativo del Casanare y otro
hay suficientes soportes de la ejecución de los contratos por parte del actor en la
entidad. También se prueban los pagos recibidos como retribución por ello no existe
discusión ya que son evidentes y no hay reparos en este aspecto.
[…]
Verificando los contratos en las dos etapas referidas, en ambas se observa, tanto en
el objeto como en las actividades a realizar consignadas en la minuta del contrato, el
cumplimiento de metas, por lo cual la Sala analiza los indicios de subordinación
conforme al precedente jurisprudencial citado en las premisas jurídicas:
El lugar de trabajo: En este caso no hay duda de que se trata de la sede de la
Gobernación de Casanare. La naturaleza de la labor de archivo en la primera etapa
contractual y la conservación y reserva de los documentos públicos lo hacía
primordial, por lo cual se concluye que por las actividades que desempeñaba debía
desarrollarlas en la sede de la entidad.
El horario de labores: Si bien los testimonios de la parte demandante indicaron que
la demandante lo cumplía al igual que los servidores públicos de la entidad, el único
declarante de la parte demandada señaló que no lo cumplía. Aparte, el hecho de
portar un carné o registrarse en la entrada de la Gobernación no acredita
subordinación, porque es algo habitual en las entidades públicas tanto para
contratistas como para servidores de planta.
[…] Verificado el acervo probatorio, no aparece otra evidencia de la dependencia del
actor con la entidad territorial, ya que, verificando el objeto contractual y las
actividades desarrolladas en sus diferentes etapas, se encuentra que como tal se le
fijaron metas por cumplir, inicialmente organizar la documentación por años,
posteriormente por metros lineales; todo con los respectivos protocolos de archivo.
[…]
La Sala tampoco encuentra que la parte actora acreditara que el actor cumpliera las
mismas labores que un empleado de planta, porque existe certificación del director
de talento humano de que cuando inició la labor no existía cargo de planta para
realizar las labores temporales de organizar la documentación y el archivo represado
que asumió el actor.
Ahora bien, la administración en los estudios previos explicó la necesidad, se requería
un bachiller con curso en sistemas para desarrollar esta apremiante labor de archivo
y utilizó la modalidad de contratación por prestación de servicios para solucionarlo ya
que los empleados de planta no podían realizar esa actividad, con lo cual justificó la
necesidad del servicio. No se observa ánimo de permanencia en el tiempo, ya que se
adelantaron labores que tenían un atraso y no había servidores de planta que
pudieran realizarlas; además, en todos los estudios previos se señaló el lapso por el
cual se requería el servicio, eran claras las actividades a desarrollar en los contratos
suscritos, con las metas del objeto contractual.
No se observa que se haya excedido la coordinación de las actividades con el fin de
lograr el objeto contractual y la exigencia de cumplimiento del supervisor no es por sí
misma subordinación; tampoco se encuentra evidencia de cumplimiento de órdenes
en cualquier momento respecto al modo, tiempo, cantidad de trabajo o imposición de
reglamentos, ya que, aunque los testigos de la parte demandante indicaron que la
actora solicitaba permiso para ausentarse no hay soporte de tal afirmación en el
expediente. Por consiguiente, no prosperan los argumentos de la apelación y se
confirma la sentencia de primera instancia.
[…]
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Sobre este tópico, este Tribunal ha acogido el criterio valorativo, y en el presente
asunto no existe elemento de juicio del cual se pueda inferir una actitud temeraria,
caprichosa o desleal de la entidad. En tal sentido, se revocará el numeral noveno de
la sentencia de 10 de julio de 2025, y en su lugar se dispone que no hay lugar a
condenar en costas ni agencias en derecho a la parte demandada, pues en todo caso
estas no se causaron ni se comprobaron, lo cual se acompasa con las sentencias de
Consejo de Estado de 31 octubre de 2018 y 11 de febrero de 2021 citadas en el
acápite de premisas jurídicas […].
Bajo dicho contesto, la Sala observa que la accionante pretende que el juez constitucional
reexamine un asunto ya decidido por el juez natural de la causa, con el propósito de
obtener una decisión distinta y favorable a sus intereses. En esencia, la inconformidad
planteada se dirige a cuestionar las conclusiones y fundamentos expuestos en la
providencia censurada.
Si bien la parte actora sostiene que la providencia acusada incurrió en las causales
específicas de procedencia de la tutela contra providencia judicial, lo que realmente se
evidencia es su desacuerdo con las conclusiones de las autoridades judiciales respecto
de la no acreditación de la existencia de una relación laboral. Así, no se plantea un
problema estrictamente constitucional, sino que se pretende que la acción de tutela
funcione como una instancia adicional.
En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las pretensiones, las
excepciones y los hechos que proponen demandante y demandado, y que la decisión del
juez se fundamenta precisamente en las razones de la demanda y de la contestación, las
pruebas y el derecho que ellas ponen a su disposición.
Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las partes, está
ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el
ámbito de sus competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones hiciera
el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por fuera de las
competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una acción que no
ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.
En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional el que
vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin competencia, entraría
en la valoración legal y fáctica del proceso, para modificar una decisión del juez
competente para conocer del caso, en el escaso término legal que le da la ley para
pronunciarse, y siguiendo un procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el
evidente riesgo de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse sobre las
cuestiones fácticas y de derecho que fueron el objeto del debate, porque así le fueron
planteadas por el demandante y el demandado en sus pretensiones, excepciones y
hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad el llamado a
decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre
las partes que precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha atendido el
debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que se toma, cuando ella está
por fuera de los planteamientos que en los hechos y en derecho han formulado
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demandante y demandado, pues, en este caso, la decisión puede comprometer el núcleo
fundamental del debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero es evidente que ese no es el
supuesto en la decisión que aquí se examina, ya que la parte accionante no alega que el
juez se haya desviado de los hechos o el derecho propuesto en el proceso.
En consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela es improcedente por cuanto
no cumple con el requisito general de relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el departamento de
Casanare, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la señora
Jenny Durley Vargas Durán, según lo expuesto en la parte considerativa de esta
sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 17 de
septiembre de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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