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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06425-00

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06425-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la parte accionante, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-06425-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2026 06425 00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo del Casanare y otro
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por no superar el
requisito general de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por el Instituto Financiero de Casanare -
IFC, contra las providencias del 25 de septiembre de 2025 y el 12 de febrero de 2026,
proferidas, respectivamente, por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal
y el Tribunal Administrativo del Casanare, dentro del proceso ejecutivo con radicado núm.
85001 33 33 004 2025 00305 00/01.

1. SÍNTESIS DEL CASO
El IFC, actuando a través de su gerente, promovió acción de tutela en contra de las
precitadas providencias, y para ello, formuló las siguientes pretensiones1:

PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al Debido Proceso y al
Acceso a la Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE
CASANARE, que se desconocieron por el JUZGADO CUARTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL en auto emitido en fecha 25 de
septiembre de 2025 y su confirmatorio, emitido el 12 de febrero de 2026 por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE dentro del proceso 85001-
3333- 004-2025-00305-00.

SEGUNDO: En consecuencia, declarar sin valor ni efecto el auto de fecha 25
de septiembre de 2025 emitido por el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO DE YOPAL, así como la decisión que desato la apelación,
proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE en fecha 12 de
febrero de 2026 como medio de control dentro del proceso 85001-3333-004-
2025-00305-00, por encontrarse tales decisiones afectadas por indebida
valoración probatoria al restarle merito ejecutivo al pagare 4117192 y exceso
ritual manifiesto al exigir adosar al expediente un contrato de mutuo con la
ritualidad de constar por escrito, ajena a este tipo de contratos de régimen civil;
así como por defecto sustancial dado el sacrificio del derecho sustancial y el
desconocimiento de precedente judicial vertical y por esa vía cercenar
injustamente los derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a la
Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE - IFC.

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 06425 00.

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Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo del Casanare y otro

TERCERO: Que se ordene a los accionados JUZGADO CUARTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo de su competencia, en el
impostergable término de 48 horas, contadas a partir de la notificación del fallo
de tutela, rehacer las actuaciones procesales censuradas, para que en su lugar
el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL,
ordene seguir adelante en la ejecución, y mantenga las medidas cautelares a
favor del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE y en contra de los
demandados EDGAR ADONIS MARTINEZ TUAY Y MELBA ROSA MARTINEZ
FERNÁNDEZ, dentro del proceso ejecutivo 85001-3333-004-2025-00305-00,
adelante el proceso hasta su finalización, y se abstenga de exigir requisitos
innecesarios en este tipo de procesos.

CUARTO. Que se ordene que el presente fallo tenga efecto Inter comunis o se
extienda, respecto de los procesos ejecutivos que cursen en los Juzgados
Administrativos de Yopal, en los que sea demandante el INSTITUTO
FINANCIERO DE CASANARE, y en los que se desconozca el pagare como
título ejecutivo autónomo, existan similares supuestos fácticos y jurídicos o que
se presente análogas circunstancias, así como ordenar al JUZGADO CUARTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo de sucesivo se abstengan de
incurrir en las conductas que dieron origen a la presente acción.

QUINTO. Que por parte del Juez Constitucional se realice verificación del
cumplimiento del fallo de tutela proferido.

2. SITUACIÓN FÁCTICA
Señaló que el IFC, de acuerdo con sus actos de creación y modificación, es una empresa
comercial y de gestión económica del departamento de Casanare, con personería jurídica
y autonomía administrativa y presupuestal. Indicó que, por su naturaleza jurídica, sus
actos y contratos se rigen por las disposiciones aplicables a las empresas industriales y
comerciales del Estado y, en el desarrollo de su actividad comercial, por las reglas del
derecho privado, por lo que, dentro de su objeto, otorga créditos de fomento y educativos,
respaldados mediante pagarés y cartas de instrucciones.

Explicó que, ante la mora de los usuarios y luego de agotar las gestiones administrativas
de cobro, el IFC adelanta los procesos ejecutivos correspondientes. En ese contexto,
relató que presentó demanda ejecutiva de mínima cuantía contra Edgar Adonis Martínez
Tuay y Melba Rosa Martínez Fernández, con fundamento en el pagaré núm. 4117192 y
su respectiva carta de instrucciones, por una obligación crediticia de $25.000.000,
correspondiente a un pagaré suscrito el 19 de noviembre de 2015, proceso que fue
asignado al Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal, bajo el radicado núm. 85001 40
03 002 2017 01897 00.

Indicó que el Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal libró mandamiento de pago el 2
de agosto de 2018 por el capital adeudado y decretó medidas cautelares. Posteriormente,
mediante auto del 3 de marzo de 2022, ordenó seguir adelante con la ejecución; no
obstante, el 9 de junio de 2025 declaró su falta de competencia por el factor jurisdicción
y dispuso abstenerse de continuar conociendo del asunto.

Manifestó que, remitido el proceso a la jurisdicción contencioso-administrativa, este
correspondió al Juzgado accionado y se le asignó el radicado núm. 85001 33 33 004
2025 00305 00. Sostuvo que, mediante providencia del 25 de septiembre de 2025, dicha

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autoridad judicial decidió no seguir adelante con la ejecución a favor del IFC, al considerar
que no se había aportado el contrato de mutuo suscrito con los ejecutados y que, por
tratarse de un contrato estatal, no podía presumirse su existencia ante la exigencia de la
solemnidad correspondiente. En consecuencia, concluyó que el pagaré, por sí solo, no
contenía una obligación clara, expresa y exigible y que debía integrarse con el contrato
de crédito.

Expuso que contra esa decisión interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de
apelación, en los que sostuvo que el mutuo se había desarrollado conforme a las reglas
del Código Civil y del Código de Comercio y que la exigencia de que constara por escrito
constituía un defecto sustantivo, pues el pagaré era un título valor que incorporaba una
obligación clara, expresa y exigible. Frente a ello, el Juzgado aquí accionado, mediante
auto del 27 de noviembre de 2025, rechazó la reposición y concedió la apelación.

Afirmó que el Tribunal, mediante providencia del 12 de febrero de 2026, confirmó la
decisión de primera instancia, al considerar que los documentos aportados no permitían
determinar con certeza la existencia del contrato de mutuo del cual derivaba la garantía
contenida en el pagaré y sostener que debía aportarse el contrato estatal celebrado entre
el IFC y los ejecutados para acreditar su existencia en los términos de la Ley 80 de 1993.

Como fundamento de la acción de tutela, sostuvo que esta cumple con los requisitos
generales de procedencia, pues el asunto reviste relevancia constitucional al
comprometer los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, con ocasión de la exigencia de aportar un contrato de mutuo
escrito para ejecutar el pagaré. Afirmó que agotó los recursos de reposición y apelación
disponibles y que no cuenta con otro mecanismo judicial idóneo y eficaz.

Indicó que también se satisface el requisito de inmediatez, porque la última providencia
cuestionada fue proferida el 12 de febrero de 2026, sin que hubieran transcurrido seis
meses al momento de presentar la tutela. Finalmente, precisó que la acción no se dirige
contra una sentencia de tutela, sino contra las providencias dictadas dentro del proceso
ejecutivo con radicado núm. 85001 33 33 004 2025 00305 00.

Alegó un defecto fáctico, al considerar que las autoridades judiciales accionadas
realizaron una indebida valoración probatoria y restaron mérito ejecutivo al pagaré núm.
4117192 y a la carta de instrucciones aportados con la demanda. Sostuvo que estos
documentos acreditaban una obligación clara, expresa y exigible y que, pese a ello, las
autoridades judiciales exigieron la conformación de un título ejecutivo complejo y negaron
la continuación de la ejecución.

Planteó un defecto sustantivo, porque, en su criterio, los jueces interpretaron de manera
restrictiva, irrazonable y contraria a la Constitución las normas relativas al mérito ejecutivo
de los documentos y al régimen jurídico aplicable al IFC. En particular, cuestionó que se
hubiera considerado indispensable un contrato de mutuo escrito, pese a que el pagaré
constituía un título valor autónomo y a que el mutuo, conforme a las reglas civiles
invocadas, se perfeccionaba con la entrega de la cosa.

Sostuvo que se configuraba un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, debido
a que las autoridades judiciales habrían impuesto una formalidad no exigida para la
ejecución del pagaré. Afirmó que esa aplicación mecánica de las formas desconoció la
prevalencia del derecho sustancial, el debido proceso y el acceso a la administración de
justicia.

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Afirmó que las providencias incurrieron en desconocimiento del precedente
constitucional, particularmente porque, según la demanda, los Autos A-554 de 2023, A-
2014 de 2024 y A-1455 de 2025 de la Corte Constitucional permitían concluir que, dada
la naturaleza jurídica del IFC y el régimen privado aplicable a sus actividades, el contrato
de mutuo no necesariamente debía constar por escrito y que su perfeccionamiento podía
producirse con la entrega del dinero.

Finalmente, sostuvo que las decisiones cuestionadas implicaron una violación directa de
la Constitución, al desconocer los artículos 29 y 229 superiores y afectar los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En conjunto,
afirmó que los defectos fáctico y procedimental, el defecto sustantivo, el desconocimiento
del precedente y la vulneración directa de la Constitución justificaban la procedencia
excepcional de la tutela contra las providencias judiciales.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 12 de agosto de 20262 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto de 19 de agosto de 20263, admitió la demanda y dispuso notificar4
al Tribunal Administrativo del Casanare y al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
de Yopal, como autoridades judiciales accionadas; así como vincular a los señores Edgar
Adonis Martínez Tuay y Melba Rosa Martínez Fernández, como terceros con interés
directo en el resultado del proceso.

De igual forma, se requirió tanto al Juzgado como al Tribunal para que allegaran copia
digital del expediente correspondiente al proceso ejecutivo, identificado con radicado
núm. 85001 33 33 004 2025 00305 00/01.

3.2. El Tribunal Administrativo de Casanare5 allegó respuesta en la que manifestó que no
vulneró los derechos fundamentales invocados por el IFC, pues la providencia del 12 de
febrero de 2026 se sustentó en la valoración del material probatorio y en la normativa
aplicable, atendiendo a que los contratos celebrados por el ahora accionante, dada su
naturaleza jurídica, debían constar por escrito conforme al régimen de contratación
estatal.

Sostuvo, además, que los cuestionamientos formulados en la tutela pretenden reabrir un
debate de naturaleza legal ya resuelto por el juez natural, relacionado con los requisitos
del título ejecutivo y la necesidad de acreditar el contrato de mutuo. Por ello, consideró
que no se advertía vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados ni la
configuración de los defectos alegados.

3.3. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal6 presentó informe en el que
indicó que no vulneró los derechos fundamentales invocados por el IFC, pues la decisión

2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 06425 00.
3 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 06425 00.
4 Esta orden se cumplió el 21 de agosto de 2026. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión

Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 06425 00.
5 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 06425 00.
6 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 06425 00.
4

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del 25 de septiembre de 2025 se sustentó en el análisis del material probatorio y en la
normativa aplicable, al concluir que no se había acreditado la existencia del contrato
estatal que debía integrar el título ejecutivo, toda vez que únicamente se aportó copia del
pagaré.

Consideró que la tutela pretende reabrir la discusión de orden legal y jurisprudencial sobre
la estructuración del título ejecutivo en la jurisdicción contencioso-administrativa, con el
propósito de obtener una nueva valoración de asuntos ya examinados por los jueces
naturales. Agregó que el debate planteado tenía repercusiones esencialmente
económicas y que el Auto A-2014 de 2024 de la Corte Constitucional, al resolver un
conflicto de competencia, no constituía un precedente obligatorio que permitiera ejecutar
el pagaré sin acreditar el contrato estatal. En consecuencia, solicitó negar el amparo por
improcedente.

3.4. Los señores Edgar Adonis Martínez Tuay y Melba Rosa Martínez Fernández
guardaron silencio.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 7 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,8 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 20219, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201910, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.

4.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente11:

4.2.1. El IFC promovió demanda ejecutiva contra los señores Edgar Adonis Martínez
Tuay y Melba Rosa Martínez Fernández, en calidad de deudores, con fundamento en
el título valor (pagaré) núm. 4117192, con el fin de que se librara mandamiento de pago
por la suma de $25.000.000. Dicho proceso ejecutivo correspondió al Juzgado, el cual se
le asignó el número único de radicación núm. 85001 33 33 004 2025 00305 00.

4.2.2. Mediante providencia de 25 de septiembre de 2025, el Juzgado resolvió negar el
mandamiento de pago solicitado por el IFC. Decisión frente a la cual el accionante
interpuso recurso de apelación.

7 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
8 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece

las reglas de reparto de la acción de tutela.
9 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
10 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
11 Lo que se desprende del expediente del proceso ejecutivo identificado con radicado núm. 85001 33 33

004 2025 00305 00/01.
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4.2.3. El Tribunal mediante proveído de 12 de febrero de 2026, confirmó la providencia
de 25 de septiembre de 2025, proferida por el Juzgado.

4.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.

El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es la
relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii)
caso concreto.

4.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que12:

[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […].

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades13:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.

12 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
13 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido. Este

criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
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(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 14. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar dicho requisito de procedibilidad.

4.3.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el
segundo y el tercer criterio que la compone, esto es, (i) Preservar la competencia y la
independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por
tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; e
(ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.

4.3.2.1. Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad o de naturaleza económica

Frente al segundo elemento, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente 15:

[…] la controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no
meramente legal y/o económico. Según la jurisprudencia constitucional, las
discusiones de orden legal, esto es, aquellas relativas a un derecho de índole
económica, deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos
para su trámite, dado que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma
imprudente en asuntos de carácter netamente legal o reglamentario”, so pena de
“involucrarse en [cuestiones] que corresponde definir a otras jurisdicciones” […].
(Subrayado fuera del texto).

En igual sentido, anotó que16:

[…] en tales términos, un asunto carece de relevancia constitucional, según lo ha
considerado la Corte, (i) cuando la discusión se limita a la mera determinación de
aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretación o aplicación de
una norma “de rango reglamentario o legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n
violaciones a los derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente
su naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia
estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no
representen un interés general” […]. (Subrayado fuera del texto).

La Sala considera que, en este caso, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que no se satisface el segundo elemento que lo integra, esto
es, preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
distintas de la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela sea utilizada para
discutir asuntos de mera legalidad o de naturaleza económica.

14 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29

de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente nro. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
15 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P. Carlos Bernal Pulido.
16 Ibidem.

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Lo anterior, debido a que, si bien la accionante invoca la protección de derechos
fundamentales, lo cierto es que la discusión que propone en esta acción constitucional
tiene también un alcance y unas repercusiones de contenido económico, en la medida
en que, a través de este mecanismo, busca que se adopte una decisión que permita
continuar el proceso ejecutivo y obtener el pago de la obligación dineraria reclamada, a
partir de una valoración distinta de los requisitos del título base de recaudo.

En ese sentido, la Sala concluye que, en el caso concreto, no se satisface el segundo
criterio de la relevancia constitucional.

4.3.2.2. Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces

Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que:

[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal” (…)17. (Se
destaca) […].

En la sentencia SU- 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.

En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso y la jurisprudencia aplicable, resulta evidente que
este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo
la autonomía e independencia del juez natural.

En el presente asunto, la Sala advierte que la controversia planteada no reviste relevancia
constitucional, pues las inconformidades de la parte accionante se circunscriben a
cuestionar las conclusiones jurídicas y probatorias a las que arribó la autoridad judicial
accionada al resolver el proceso ejecutivo.

Del análisis del escrito de tutela se observa que los reparos del accionante se encaminan
a cuestionar la configuración de un defecto fáctico en las providencias censuradas,
derivado de la indebida valoración de los documentos aportados con la demanda

17 Corte Constitucional. Sentencia SU 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.

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ejecutiva, particularmente del pagaré núm. 4117192 y la carta de instrucciones, a los
cuales, en su criterio, se les restó injustificadamente mérito ejecutivo, pese a que de ellos
se desprendía una obligación clara, expresa y exigible.

Sostuvo que también se configuró un defecto sustantivo, pues las autoridades judiciales
interpretaron de manera restrictiva e irrazonable las normas aplicables al mérito ejecutivo
del pagaré y al régimen jurídico del IFC, al exigir la presentación de un contrato de mutuo
escrito para integrar el título ejecutivo, pese a que, según afirmó, el mutuo se
perfeccionaba con la entrega del dinero y el pagaré constituía un título valor autónomo.

Afirmó, además, que se presentó un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
al imponerse una formalidad que, a su juicio, desconoció la prevalencia del derecho
sustancial y restringió injustificadamente el acceso a la administración de justicia.

Asimismo, alegó el desconocimiento del precedente constitucional y la violación directa
de la Constitución, por cuanto las decisiones cuestionadas se apartaron de los criterios
que, según la entidad, reconocían la posibilidad de ejecutar las obligaciones respaldadas
en pagarés sin exigir necesariamente un contrato de mutuo escrito.

Así las cosas, con el propósito de establecer el alcance de la controversia planteada, la
Sala analizará la providencia de 12 de febrero de 2025, por ser la decisión mediante la
cual el tribunal resolvió la apelación interpuesta contra el auto que negó seguir adelante
con la ejecución.

De la lectura de la mencionada providencia, la Sala observa que el tribunal consideró que
los documentos aportados por el IFC no constituían un título ejecutivo debidamente
integrado, pues, aunque la entidad pretendía ejecutar el pagaré núm. 4117192 y la carta
de instrucciones, estos no permitían determinar con certeza la existencia del contrato de
mutuo del cual se derivaba la obligación. Por ello, estimó necesario aportar el contrato
estatal que acreditara su existencia, la voluntad de las partes y las condiciones de la
obligación.

Sostuvo que el IFC, por su naturaleza de empresa de gestión económica sometida al
régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado, debía sujetar los
contratos celebrados para el desarrollo de su objeto al Estatuto General de Contratación
Estatal. En consecuencia, el contrato de mutuo debía constar por escrito y formar parte
del título ejecutivo complejo, conforme a los artículos 39, 75 y 93 de las Leyes 80 de 1993
y 489 de 1998.

Precisó que, si bien el pagaré respaldaba las obligaciones derivadas del negocio
celebrado con los ejecutados, no permitía establecer por sí solo la existencia del contrato
de mutuo, sus condiciones ni el origen público de los recursos. Así, para el Tribunal era
necesario acreditar el contrato fuente de la obligación, entre otras razones, para verificar
la correspondencia entre las partes y la oponibilidad de las excepciones dentro del
proceso ejecutivo.

Concluyó que, a diferencia de lo que ocurre en la jurisdicción ordinaria con la ejecución
de obligaciones contenidas en pagarés, en esta jurisdicción la obligación que se
pretendía ejecutar derivaba de un contrato celebrado por una entidad pública, por lo que
el título debía integrarse con el respectivo contrato de mutuo. Como este no fue aportado,
confirmó la decisión de no seguir adelante con la ejecución y consideró que los
argumentos de la apelación no tenían vocación de prosperidad.

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En ese contexto, esta Sala observa que lo manifestado por la parte accionante para
sustentar la presunta vulneración de sus derechos fundamentales no evidencia que el
asunto planteado verse sobre el alcance de un derecho fundamental, sino únicamente
sobre su inconformidad con la decisión adoptada dentro del proceso ejecutivo.

Ello es así, porque el accionante en ningún momento pone de presente que la autoridad
judicial accionada hubiera incurrido en una arbitrariedad, ni desarrolla una exposición de
la que se desprenda que el caso exija interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución
Política, o definir el alcance de un derecho fundamental, como tampoco justifica de
manera razonable una afectación desproporcionada de sus derechos fundamentales.

Por tanto, la Sala considera que lo expuesto por la parte accionante, más que revelar la
existencia de una cuestión de verdadera relevancia constitucional que implique la
presunta transgresión de derechos fundamentales, pone de manifiesto una simple
inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada, como si la
tutela se tratara de un recurso o una instancia adicional.

En consecuencia, al no evidenciarse una controversia de relevancia constitucional, sino
una simple discrepancia con el criterio jurídico expuesto en la providencia cuestionada,
la Sala concluye que no se satisface este requisito general de procedencia, razón
suficiente para declarar improcedente la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la parte
accionante, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 10 de
septiembre de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado

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GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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