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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06661-00

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06661-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la parte accionante, por lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley. 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001 03 15 000 2026 06661 00 Accionante: Compañía Energética de Occidente S.A.S E.S.P. Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-06661-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2026 06661 00
Accionante: Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. (CEO)
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por incumplir el
requisito general de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por la Compañía Energética de Occidente
S.A.S. E.S.P. (CEO), en contra de la sentencia proferida el 20 de febrero de 2026 por el
Tribunal Administrativo del Cauca, en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado núm. 19001 23 33 008 2016 00168 00/01/02.

1. SÍNTESIS DEL CASO
La Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. (CEO), actuando a través de su
representante legal suplente, promovió acción de tutela en contra de la precitada
providencia, y para ello, formuló las siguientes pretensiones1:

PRIMERO. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia de la Compañía Energética de Occidente S.A.S.
E.S.P.

SEGUNDO. Dejar sin efectos la Sentencia TA-DES002-ORD-015-2026 del 20 de
febrero de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, únicamente
en cuanto resolvió la demanda de reconvención formulada por CEO contra el
municipio de Santander de Quilichao (esto es, en cuanto revocó el numeral
segundo de la Sentencia No. 102 del 29 de julio de 2022 proferida por el Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito de Popayán y negó las demás pretensiones de
dicha demanda de reconvención), dejando incólume lo decidido respecto de la
declaratoria de cosa juzgada frente a las pretensiones del municipio.

TERCERO. Ordenar al Tribunal Administrativo del Cauca que, dentro del término
que se le fije, profiera una nueva sentencia de segunda instancia en la que
resuelva la demanda de reconvención de CEO de manera congruente con los
hechos y las premisas jurídicas que la propia providencia declaró probadas, con
observancia plena del derecho al debido proceso.

CUARTO. Vincular al presente trámite al municipio de Santander de Quilichao, a
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a Centrales Eléctricas del

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 06661 00.

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 06661 00
Accionante: Compañía Energética de Occidente S.A.S E.S.P.
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca

Cauca S.A. E.S.P. y al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Popayán,
para que ejerzan su derecho de defensa y contradicción. (Mayúsculas y negrillas
originales del escrito de tutela).

2. SITUACIÓN FÁCTICA
La parte actora informó que el municipio de Santander de Quilichao y Centrales Eléctricas
del Cauca S.A. E.S.P. (CEDELCA S.A. E.S.P.) suscribieron la Escritura Pública núm.
1572 del 2 de octubre de 1962, mediante la cual el ente territorial adquirió acciones de
dicha empresa a cambio de transferirle la Central Hidroeléctrica de Mondomo.

Indicó que, en la cláusula tercera de ese instrumento, CEDELCA S.A. E.S.P. se obligó a
suministrar el servicio de alumbrado público de la ciudad y de sus dependencias
municipales, así como energía permanente al Hospital Francisco de Paula Santander y a
los establecimientos educativos municipales, con cargo a las utilidades que
correspondieran al municipio en su calidad de accionista.

Relató que, el 28 de junio de 2010, CEDELCA S.A. E.S.P. y la CEO suscribieron un
contrato de gestión, en virtud del cual esta última asumió, por su cuenta y riesgo, la
gestión administrativa, operativa, técnica y comercial de la distribución y comercialización
de energía eléctrica en el departamento del Cauca.

Agregó que, el 29 de julio de 2010, CEDELCA S.A. E.S.P. cedió a CEO el contrato de
condiciones uniformes para la prestación del servicio público domiciliario de energía
eléctrica. Precisó que dicha cesión comenzó a ejecutarse el 1 de agosto de ese año y
que, desde entonces, la accionante asumió la prestación del servicio a los usuarios del
departamento del Cauca, entre ellos el municipio de Santander de Quilichao.

Manifestó que, desde septiembre de 2010, suministró y facturó de manera ininterrumpida
al municipio la energía eléctrica destinada al alumbrado público, así como el servicio
público domiciliario prestado a las dependencias municipales y establecimientos
educativos, sin que el ente territorial efectuara el pago correspondiente.

Señaló que, el 4 de agosto de 2015, expidió la decisión empresarial núm.
20153403339181, mediante la cual suspendió el servicio de energía eléctrica de las
dependencias municipales y del alumbrado público, debido a la falta de pago.

Anotó que el municipio interpuso recurso de reposición y en subsidio, apelación y
mediante decisión empresarial núm. 20153403358811 del 26 de agosto de 2015, CEO
confirmó la suspensión y remitió el asunto a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, entidad que, a través de la Resolución núm. SSPD-20158500039875 del
13 de noviembre de 2015, confirmó la determinación adoptada.

Adujo que, posteriormente, el municipio promovió acción de tutela contra CEO y la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. En primera instancia, el Juzgado
Segundo Promiscuo de Familia de Santander de Quilichao, mediante sentencia del 24 de
diciembre de 2015, negó el amparo. Agregó que, al resolver la impugnación, la Sala Civil
• Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, mediante sentencia del
11 de febrero de 2016, revocó esa decisión y concedió el amparo de manera transitoria.
En consecuencia, ordenó a CEO reconectar el servicio de energía eléctrica y el
alumbrado público mientras la jurisdicción de lo contencioso administrativo resolvía
definitivamente la controversia.

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 06661 00
Accionante: Compañía Energética de Occidente S.A.S E.S.P.
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca

Indicó que, el 19 de mayo de 2016, el municipio de Santander de Quilichao promovió el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra CEO y la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, proceso identificado con el
radicado núm. 19001 23 33 008 2016 00168 00, con el propósito de obtener la nulidad
de las decisiones mediante las cuales se dispuso y confirmó la suspensión del servicio.

Señaló que el municipio sustentó sus pretensiones en la vigencia y oponibilidad de la
Escritura Pública núm. 1572 de 1962.

Relató que, dentro de ese proceso, CEO formuló demanda de reconvención contra el
municipio de Santander de Quilichao, a través del medio de control de controversias
contractuales.

Precisó que solicitó, entre otros aspectos, que se declarara: (i) la existencia de un contrato
consensual de suministro de energía eléctrica con destino al alumbrado público celebrado
entre CEO y el municipio desde agosto de 2010; (ii) la existencia del contrato de
condiciones uniformes para la prestación del servicio público domiciliario de energía
eléctrica a las dependencias municipales y establecimientos educativos; y (iii) el
incumplimiento del municipio respecto del pago de ambos conceptos.

Asimismo, pretendió que se condenara al ente territorial a pagar las sumas adeudadas
por el suministro de energía eléctrica, junto con los correspondientes intereses
moratorios.

Expuso que el proceso correspondió en primera instancia al Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Popayán, autoridad judicial que, mediante sentencia núm.
102 del 29 de julio de 2022, en su numeral primero, declaró probada de oficio la excepción
de cosa juzgada respecto de las pretensiones formuladas por el municipio en contra de
CEO y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Ello, al considerar que el
asunto se sustentaba en idéntica causa petendi ya juzgada dentro de otro proceso,
identificado con el radicado núm. 2012-00635-01, tramitado por el Tribunal Administrativo
del Cauca.

Agregó que, en el numeral segundo del fallo, el juzgado declaró que el municipio tenía el
deber de pagar a CEO el valor de la energía eléctrica facturada con destino al alumbrado
público y el precio del servicio público domiciliario prestado a sus dependencias y
establecimientos educativos desde agosto de 2010, junto con los intereses
correspondientes, mediante condena en abstracto.

Continuó relatando que solicitó la adición de la anterior decisión al estimar que el juzgado
no se había pronunciado expresamente sobre varias de las pretensiones formuladas en
la demanda de reconvención, particularmente aquellas relacionadas con la condena al
pago del suministro de energía destinado al alumbrado público y del servicio público
domiciliario. Al respecto, advirtió que dicha solicitud de adición fue negada.

Inconformes con la sentencia de primera instancia, tanto CEO como el municipio de
Santander de Quilichao interpusieron recurso de apelación.

Manifestó que, en su recurso, CEO solicitó que se resolvieran integralmente las
pretensiones formuladas en la demanda de reconvención y se profiriera una condena
concreta, con fundamento, entre otros elementos, en el dictamen pericial rendido dentro
del proceso, el cual no fue objetado por las partes.

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Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca

Indicó que dicho dictamen cuantificó la energía suministrada entre agosto de 2010 y el
31 de mayo de 2021 en 39.078.709,83 kWh por concepto de alumbrado público y
10.315.126,38 kWh por servicio domiciliario, y estableció un valor adeudado de
$42.266.454.251,56.

Por su parte, señaló que el municipio insistió en la oponibilidad de la Escritura Pública
núm. 1572 de 1962.

Relató que el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia TA-DES002-ORD-
015-2026 del 20 de febrero de 2026, confirmó la decisión de primera instancia, salvo su
numeral segundo, que lo revocó.

Explicó que el tribunal declaró que se había configurado un enriquecimiento sin causa
por parte del municipio de Santander de Quilichao al recibir de CEO el servicio de
alumbrado público entre el 11 de febrero de 2016 y el 2 de mayo de 2017, período durante
el cual su prestación obedeció a la orden impartida en la acción de tutela promovida
previamente por el ente territorial. Por lo anterior, ordenó al municipio reconocer y pagar,
a título de compensación, el valor facturado por el servicio de alumbrado público durante
ese período.

Afirmó que el tribunal negó las demás pretensiones formuladas por CEO en la demanda
de reconvención, entre ellas, las relacionadas con la declaración de existencia del
contrato de condiciones uniformes para el servicio público domiciliario, el reconocimiento
de los valores adeudados por dicho concepto y la existencia del contrato de suministro
de energía eléctrica con destino al alumbrado público.

Frente a esta decisión, la parte actora sostuvo que el Tribunal Administrativo del Cauca
incurrió en desconocimiento del precedente judicial y de los efectos sustanciales de la
cosa juzgada.

Al respecto, manifestó que la autoridad judicial reconoció expresamente las decisiones
previas del Consejo de Estado según las cuales la modalidad de pago establecida en la
Escritura Pública núm. 1572 de 1962 había dejado de resultar aplicable y que el municipio
debía cancelar el valor del servicio de energía efectivamente recibido; sin embargo,
resaltó que el tribunal no mantuvo las consecuencias de esa premisa al resolver las
pretensiones económicas formuladas por CEO en la demanda de reconvención, pues
limitó el reconocimiento por concepto de alumbrado público al período comprendido entre
el 11 de febrero de 2016 y el 2 de mayo de 2017.

Aseveró que esa circunstancia constituía una contradicción, pues, de una parte, la
providencia reconoció que la forma de pago prevista en 1962 no podía justificar la
prestación gratuita del servicio y que el municipio debía cancelar el valor efectivamente
recibido y, de otra, no explicó por qué esa conclusión no conducía al reconocimiento de
los valores reclamados por CEO por la prestación del servicio.

Asimismo, sostuvo que el tribunal incurrió en defecto fáctico, al concluir que no había
existido un acuerdo de voluntades entre CEO y el municipio de Santander de Quilichao
respecto del suministro de energía eléctrica con destino al alumbrado público.

Indicó que dicha conclusión desconoció los elementos de prueba que, a su juicio, daban
cuenta de una relación sostenida entre las partes, entre ellos, la prestación y facturación
continuada del servicio desde 2010, los requerimientos de pago, las actuaciones

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judiciales adelantadas para obtener su reconocimiento y el dictamen pericial practicado
dentro del proceso.

Destacó que dicho dictamen, que no fue controvertido por las partes, cuantificó en
39.078.709,83 kWh la energía suministrada por CEO al municipio para el alumbrado
público entre 2010 y 2021.

Agregó que el propio municipio no había negado haber recibido el servicio, sino que su
controversia se había concentrado en determinar quién debía asumir su pago.

Por lo anterior, consideró que la conclusión acerca de la inexistencia de un acuerdo de
voluntades no estuvo sustentada en una valoración integral y razonable del material
probatorio incorporado al proceso.

De otra parte, afirmó que la sentencia incurrió en defecto sustantivo, debido a que el
tribunal analizó la existencia del vínculo contractual relacionado con el suministro de
energía para el alumbrado público a partir de las reglas generales de la contratación
estatal, sin establecer su correspondencia con el régimen jurídico especial aplicable a
dicha modalidad de suministro.

Expuso que la propia providencia reconoció que el alumbrado público es un servicio
público no domiciliario sometido a regulación específica y se refirió, entre otras
disposiciones, al Decreto 2424 de 2006, al artículo 29 de la Ley 1150 de 2007 y a las
Leyes 142 y 143 de 1994. No obstante, alegó que, posteriormente, el tribunal exigió la
existencia de un acuerdo de voluntades bajo las reglas generales de formación y
perfeccionamiento de los contratos estatales, sin explicar cómo se articulaban dichas
exigencias con el régimen específico que la misma sentencia había identificado para el
suministro de energía eléctrica destinado al alumbrado público.

Por lo anterior, sostuvo que la autoridad judicial aplicó un marco jurídico general sin
establecer previamente si correspondía al negocio jurídico cuya existencia debía
determinar.

Argumentó que la providencia incurrió en decisión sin motivación, debido a la existencia
de una contradicción entre la parte motiva y la decisión adoptada respecto del contrato
de condiciones uniformes para la prestación del servicio público domiciliario de energía
eléctrica.

Explicó que, en la parte considerativa, el tribunal sostuvo que el contrato de servicios
públicos se configuraba desde que la empresa definía las condiciones uniformes y el
municipio decidía utilizar el servicio, y señaló que esa situación se había presentado en
el caso de Santander de Quilichao al haber requerido y utilizado la energía suministrada
por CEDELCA S.A. E.S.P. y CEO.

Añadió que la autoridad judicial incluso se refirió a la existencia del contrato de
condiciones uniformes como uno de los elementos con los que contaba CEO para
reclamar ejecutivamente el pago de las facturas.

No obstante, advirtió que, en la parte resolutiva, el tribunal negó las demás pretensiones
de la demanda de reconvención, entre ellas, aquella encaminada precisamente a obtener
la declaración de existencia de ese contrato.

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 06661 00
Accionante: Compañía Energética de Occidente S.A.S E.S.P.
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca

En criterio de la accionante, la providencia no explicó cómo podía sostener, en su
motivación, que el contrato de condiciones uniformes existía y, posteriormente, negar la
pretensión dirigida a obtener su declaración judicial.

También manifestó que el Tribunal sustentó parte de su análisis en que el cobro ejecutivo
de las facturas correspondía a la jurisdicción ordinaria. Frente a ello, sostuvo que dicha
circunstancia no explicaba la negativa a declarar la existencia del contrato, pues, a su
juicio, se trataba de cuestiones diferentes.

Por esas razones, consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso
y al acceso efectivo a la administración de justicia.

En cuanto a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, la accionante sostuvo que el asunto tiene relevancia constitucional,
pues sus cuestionamientos no están dirigidos a obtener una nueva valoración del monto
de las obligaciones ni a reabrir la controversia contractual, sino a controvertir la
coherencia de la providencia, la valoración racional de las pruebas, la aplicación del
régimen jurídico correspondiente y el respeto de decisiones judiciales vinculantes.

Frente al requisito de subsidiariedad, señaló que contra la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo del Cauca no procede recurso ordinario y que los recursos
extraordinarios de unificación de jurisprudencia y de revisión no resultan idóneos para
controvertir los defectos planteados en la solicitud de amparo.

Finalmente, respecto de la inmediatez, indicó que la sentencia cuestionada fue notificada
el 23 de abril de 2026 y que la acción de tutela fue presentada el 21 de agosto siguiente,
esto es, dentro de los cuatro meses posteriores, término que estimó razonable.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 21 de agosto de 20262 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 26 de agosto de 20263 la admitió y dispuso notificar4 al Tribunal
Administrativo del Cauca, como parte accionada; así como vincular5 al Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Popayán, al municipio de Santander de Quilichao, a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a Centrales Eléctricas del Cauca
S.A. E.S.P., como terceros con interés directo en el resultado del proceso.

De igual forma, se requirió al Tribunal Administrativo del Cauca y al Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Popayán para que allegaran copia digital del expediente
correspondiente al proceso identificado con el radicado núm. 19001 23 33 008 2016
00168 00/01/02, el cual fue remitido6.

2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 06661 00.
3 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 06661 00.
4 Esta orden se cumplió el 27 de agosto de 2026. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión

Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 06661 00.
5 Ibidem.
6 Visto en los índices 9 y 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.

11001 03 15 000 2026 06661 00.
6

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 06661 00
Accionante: Compañía Energética de Occidente S.A.S E.S.P.
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca

3.2. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Popayán7 informó que conoció, en
primera instancia, del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con demanda
de reconvención de controversias contractuales identificado con el radicado núm. 19001
33 33 008 2016 00168 00/01/02, dentro del cual profirió la sentencia núm. 102 del 29 de
julio de 2022.

Explicó que declaró probada de oficio la excepción de cosa juzgada respecto de las
pretensiones formuladas por el municipio de Santander de Quilichao, al considerar que
la controversia relacionada con la vigencia y oponibilidad de la Escritura Pública núm.
1572 del 2 de octubre de 1962 ya había sido resuelta por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo en otro proceso.

Señaló que tuvo en cuenta las decisiones proferidas por el Consejo de Estado del 2 de
mayo de 2017 y del 5 de octubre de 2020, en las cuales se estableció que, aunque el
convenio de 1962 conservaba vigencia, sus estipulaciones debían adecuarse al régimen
de servicios públicos previsto en la Constitución Política y en las Leyes 142 y 143 de
1994.

Indicó que, en consecuencia, declaró que el municipio estaba obligado a pagar a CEO
las sumas adeudadas por el suministro de energía eléctrica destinada al alumbrado
público y por el servicio prestado a las dependencias municipales y establecimientos
educativos, respecto de la facturación causada desde agosto de 2010, junto con los
intereses correspondientes.

Precisó que el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia TA-DES002-ORD-
015-2026 del 20 de febrero de 2026, confirmó parcialmente esa decisión y revocó el
numeral segundo para declarar que existió un enriquecimiento sin causa por parte del
municipio respecto del servicio de alumbrado público prestado entre el 11 de febrero de
2016 y el 2 de mayo de 2017, en consecuencia, ordenó reconocer y pagar a CEO, a título
de compensación, el valor facturado durante dicho período.

Finalmente, sostuvo que la providencia que profirió estuvo ajustada a derecho y
debidamente sustentada. Por ello, solicitó declarar improcedente la acción de tutela, al
considerar que este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.

3.3. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios8 solicitó declarar su falta de
legitimación en la causa por pasiva y disponer su desvinculación del presente trámite
constitucional.

Expuso que la controversia planteada por CEO se dirige contra la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo del Cauca respecto de las pretensiones formuladas en la
demanda de reconvención contra el municipio de Santander de Quilichao, sin que se
atribuya a la entidad acción u omisión vulneradora de derechos fundamentales.

Manifestó que sus funciones se limitan a la inspección, vigilancia y control de los
prestadores de servicios públicos domiciliarios y que no es parte de la relación contractual
ni de las obligaciones económicas discutidas entre CEO y el municipio.

7 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 06661 00.
8 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 06661 00.
7

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Accionante: Compañía Energética de Occidente S.A.S E.S.P.
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca

Asimismo, solicitó mantener incólume la declaratoria de cosa juzgada respecto de las
pretensiones formuladas por el municipio contra la entidad, relacionada con la Resolución
núm. SSPD-20158500039875 del 13 de noviembre de 2015.

Finalmente, sostuvo que su actuación administrativa se ajustó al ordenamiento jurídico y
reiteró que no existe conducta atribuible a la entidad que permita predicar la vulneración
de los derechos fundamentales invocados.

3.4. El municipio de Santander de Quilichao9 indicó que, el Tribunal Administrativo del
Cauca no incurrió en defecto fáctico, pues valoró el material probatorio y concluyó que,
aunque CEO prestó el servicio de energía destinado al alumbrado público, no se acreditó
la existencia de un acuerdo de voluntades ni el cumplimiento de las formalidades
requeridas para el perfeccionamiento de un contrato estatal.

Asimismo, afirmó que no se configuró defecto sustantivo, debido a que la autoridad
judicial aplicó conjuntamente el régimen especial del sector eléctrico y las disposiciones
relativas a la contratación estatal, sin que las Leyes 142 y 143 de 1994 excluyeran las
exigencias de formación y perfeccionamiento del contrato celebrado por una entidad
territorial.

Frente al desconocimiento del precedente y de la cosa juzgada, indicó que el Tribunal
acogió las decisiones anteriores del Consejo de Estado al concluir que la forma de pago
prevista en la Escritura Pública núm. 1572 de 1962 no resultaba aplicable. No obstante,
precisó que dichos pronunciamientos no implicaban la existencia automática de un
contrato de suministro de energía para alumbrado público entre CEO y el municipio.

Finalmente, negó la existencia de una contradicción en la motivación de la sentencia.
Explicó que el Tribunal reconoció que el contrato de condiciones uniformes para el
servicio domiciliario existía por disposición legal, mientras que respecto del alumbrado
público concluyó que no se acreditó el contrato invocado. Añadió que la referencia a la
jurisdicción ordinaria estuvo relacionada con el cobro ejecutivo de las facturas y no con
la existencia de los contratos.

3.5. Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P.10 solicitó declarar improcedente la acción
de tutela o, subsidiariamente, negar el amparo.

Señaló que pues desde el 1 de agosto de 2010 cedió a CEO su posición contractual y los
contratos de condiciones uniformes, por lo que dejó de prestar el servicio de energía
eléctrica en el departamento del Cauca y no interviene en la relación contractual o
patrimonial existente entre CEO y el municipio de Santander de Quilichao.

Asimismo, sostuvo que la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, debido
a que la discusión planteada por CEO es de naturaleza legal y económica, relacionada
con la existencia de los contratos, el régimen jurídico aplicable y el pago de las sumas
reclamadas, de manera que pretende reabrir un debate ya resuelto por el juez natural.

De manera subsidiaria, afirmó que no se configuraron los defectos invocados. Explicó
que no existió contradicción en la motivación de la sentencia; que el material probatorio

9 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 06661 00.
10 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

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permitía concluir que no hubo acuerdo de voluntades entre CEO y el municipio respecto
del suministro de energía para alumbrado público; y que el Tribunal aplicó
adecuadamente las normas que diferencian el régimen del servicio domiciliario de
energía y el correspondiente al alumbrado público.

Finalmente, manifestó que la providencia cuestionada respetó el precedente y los efectos
de cosa juzgada derivados de las decisiones anteriores del Consejo de Estado, sin que
aquellos implicaran la existencia de un contrato entre CEO y el municipio. En
consecuencia, pidió que cualquier decisión adoptada en sede de tutela mantenga
incólume la declaratoria de cosa juzgada y no afecte la posición jurídica de CEDELCA
derivada de la cesión contractual efectuada en 2010.

3.6. El Tribunal Administrativo del Cauca remitió el expediente correspondiente al proceso
ordinario, sin embargo, no se pronunció sobre los hechos y las pretensiones de la acción
de tutela.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 11 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,12 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202113, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 201914, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10
de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la
distribución de procesos entre las secciones.

4.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente15:

4.2.1. El municipio de Santander de Quilichao promovió demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la CEO y la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios, con el propósito de obtener la nulidad de las
decisiones mediante las cuales se suspendió el servicio de energía eléctrica en dicho
ente territorial por falta de pago.

4.2.2. Dentro de dicho proceso, CEO (hoy accionante) formuló demanda de reconvención
contra el municipio, mediante la cual solicitó, entre otras pretensiones, que se declarara
la existencia de los contratos relacionados con el suministro de energía eléctrica para
alumbrado público y el servicio domiciliario y se condenara al ente territorial al pago de

11 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
12 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece

las reglas de reparto de la acción de tutela.
13 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
14 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
15 Lo que se desprende del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado

con radicado núm. 19001 23 33 008 2016 00168 00/01/02. Visto en los índices 9 y 12 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 06661 00.
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las sumas adeudadas. El proceso fue identificado con el radicado núm. 19001 23 33 008
2016 00168 00/01/02.

4.2.3. Mediante sentencia del 29 de julio de 2022, el Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito de Popayán dispuso lo siguiente:

PRIMERO. Declarar probada de manera oficiosa la excepción previa de cosa
juzgada respecto de la demanda formulada por el municipio de Santander de
Quilichao contra la Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. y la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a través del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho.

SEGUNDO. Declarar que el municipio de Santander de Quilichao tiene el deber
de pagar a la Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. el valor de la
energía eléctrica facturada con destino al alumbrado público, así como el precio
por la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica a
dependencias municipales y establecimientos educativos del municipio, desde el
mes de agosto de 2010, con la generación de los intereses establecidos en el
contrato de condiciones uniforme de dicha Compañía.

Para ese fin la Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. tendrá en cuenta
los pagos efectuados por el ente territorial como abonos parciales de la obligación,
que da cuenta el dictamen pericial practicado en este proceso, y los que
eventualmente se verifiquen en procesos de ejecución, como también observará
la exigibilidad de los títulos valores atendiendo los presupuestos de prescripción
que indica el artículo 2536 del Código Civil, modificado por la Ley 791 de 2002.

TERCERO. Sin condena en costas, según lo expuesto.

CUARTO. El municipio de Santander de Quilichao dará cumplimiento a la
sentencia en los términos previstos en los artículos 192 y 195 del CPACA.

4.2.4. Contra dicha decisión, tanto CEO como el municipio de Santander de Quilichao
interpusieron recurso de apelación.

4.2.5. El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia del 20 de febrero de
2026, resolvió lo siguiente:

PRIMERO. - CONFIRMAR la Sentencia No. 102 del 29 de julio de 2022, proferida
por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Popayán, SALVO el numeral
SEGUNDO el cual se REVOCA, conforme a los razonamientos expuestos en esta
instancia, y por consiguiente quedará, así:

SEGUNDO: DECLARAR que hubo un enriquecimiento sin causa por
parte del municipio de Santander de Quilichao, por recibir el servicio
de alumbrado público por parte de la Compañía Energética de
Occidente en el periodo comprendido entre el entre el 11 de febrero
de 2016 y el 02 de mayo de 2017, bajo orden judicial de tutela, y, en
consecuencia:

ORDENAR al municipio de Santander de Quilichao, a reconocer y
pagar a título de compensación a la Compañía Energética de
Occidente, el valor de lo facturado por el servicio de alumbrado público
entre el 11 de febrero de 2016 y el 02 de mayo de 2017.

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NEGAR las demás pretensiones de la demanda de reconvención de
la Compañía Energética de Occidente en contra del municipio de
Santander de Quilichao, según lo expuesto.

SEGUNDO. - Sin condena en costas de segunda instancia.

4.3. CUESTIÓN PREVIA

En relación con la solicitud de desvinculación formulada por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, la Sala advierte que no hay lugar a acceder a ella, toda
vez que dicha entidad fue demandada en el proceso ordinario que dio lugar a la
providencia judicial cuestionada en sede de tutela, por tanto, le asiste interés en el
resultado del presente trámite.

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.

El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es la
relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii)
caso concreto.

4.4.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que:

[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […].

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

A partir de la sentencia C - 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU-
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades:

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(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional, deben
concurrir los tres elementos que integran el requisito de relevancia16. En consecuencia,
si no se acredita alguno de ellos, la acción de tutela deviene improcedente por no superar
dicho presupuesto de procedibilidad.

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho que17:

[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal […].
(Se destaca).

En la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.

En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional
está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como una
instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la autonomía e independencia
del juez natural.

16 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29

de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente nro. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
17 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.

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La Sala considera que, en este evento, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, en particular el elemento orientado a impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces. Ello, comoquiera que la solicitud de amparo está siendo utilizada por la parte
actora para reabrir el debate jurídico y probatorio resuelto por el Tribunal Administrativo
del Cauca dentro del proceso ordinario objeto de reproche.

Al respecto, CEO alegó que el Tribunal valoró de manera inadecuada las pruebas
relacionadas con la prestación del servicio de energía para alumbrado público, aplicó un
régimen jurídico que no correspondía, desconoció los efectos de las decisiones anteriores
del Consejo de Estado relacionados con el mismo tema y adoptó una determinación
contradictoria respecto del contrato de condiciones uniformes.

De la lectura de la sentencia cuestionada se advierte que el Tribunal Administrativo del
Cauca examinó expresamente las pretensiones formuladas por CEO en la demanda de
reconvención y advirtió que la sentencia de primera instancia no había resuelto de
manera específica la existencia de los contratos cuya declaración solicitaba la compañía,
razón por la cual abordó esos aspectos al resolver el recurso de apelación.

En relación con el servicio público domiciliario de energía eléctrica, la autoridad judicial
analizó las disposiciones de la Ley 142 de 1994 y concluyó que el contrato de condiciones
uniformes se había configurado y había sido cedido por CEDELCA S.A. E.S.P. a CEO.
Sin embargo, estimó que no era necesario declarar judicialmente su existencia, por
cuanto esta derivaba de la ley y de la utilización efectiva del servicio por parte del
municipio.

Asimismo, consideró que las facturas expedidas por CEO y el contrato de condiciones
uniformes constituían elementos propios de un título ejecutivo y que el cobro de las
obligaciones derivadas de la prestación de servicios públicos correspondía a la
jurisdicción ordinaria.

Por otra parte, respecto del suministro de energía para alumbrado público, el tribunal
analizó el régimen jurídico aplicable y las pruebas obrantes en el expediente. En
particular, tuvo en cuenta las comunicaciones mediante las cuales se indicó la necesidad
de suscribir un nuevo contrato y aquellas en las que el municipio manifestó su negativa a
celebrarlo mientras considerara vigente la Escritura Pública núm. 1572 de 1962.

A partir de esos elementos, concluyó que, aunque el servicio había sido efectivamente
prestado y recibido por el municipio, no se acreditó un acuerdo de voluntades entre las
partes que permitiera declarar la existencia del contrato de suministro de energía para
alumbrado público pretendido por CEO.

De igual manera, la autoridad judicial examinó las decisiones anteriores del Consejo de
Estado relacionadas con la Escritura Pública núm. 1572 de 1962 y confirmó la
declaratoria de cosa juzgada respecto de las pretensiones formuladas por el municipio.

Bajo dicho contexto, la Sala advierte que la acción de tutela está siendo utilizada como
una instancia o recurso adicional al proceso ordinario para controvertir la interpretación
jurídica y la valoración probatoria efectuada por el juez natural de la causa. En efecto, los
asuntos que CEO plantea en sede constitucional fueron objeto de análisis al resolverse
el recurso de apelación, sin que la discrepancia de la accionante con las conclusiones
alcanzadas permita, por sí sola, habilitar la intervención del juez de tutela.

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Por lo tanto, se concluye que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la solicitud
de amparo no cumple con el tercer criterio de la relevancia constitucional.

En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las pretensiones, las
excepciones y los hechos que proponen demandante y demandado, y que la decisión del
juez se fundamenta precisamente en las razones de la demanda y de la contestación, las
pruebas y el derecho que ellas ponen a su disposición o, en los casos excepcionales que
la ley prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que tiene.

Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las partes,
simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución
Política y la ley, en el ámbito de sus competencias; y cualquier desconocimiento de tales
atribuciones por parte del juez constitucional implicaría convertir la tutela en un
mecanismo adicional de revisión de la decisión adoptada por el juez natural.

Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse sobre las
cuestiones fácticas y jurídicas que fueron objeto del debate, resuelve simplemente la
controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y
legales; y no corresponde al juez constitucional indicarle cómo debía decidir el caso
particular.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión controvertida no atiende el debate
planteado y sorprende a las partes con una determinación ajena a los hechos y
argumentos sometidos a consideración del juez, de manera que pueda comprometer el
núcleo fundamental del debido proceso. Pero ese no es el supuesto en el caso que aquí
se examina.

En consecuencia, sin ser necesario descender a otras consideraciones, la Sala declarará
improcedente la acción de tutela, por cuanto no cumple el requisito general de relevancia
constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la parte
accionante, por lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.

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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 17 de
septiembre de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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