Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-06638-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-06638-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-06638-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 06638 00
Accionante: Autoexpress Morato S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección “B”
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por no superar el
requisito general de relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por la sociedad Autoexpress Morato S.A.S.,
contra la providencia del 27 de febrero de 2026, proferida por la Subsección “B”, Sección
Tercera del Consejo de Estado dentro del medio de control de reparación directa con
radicado núm. 25000 23 36 000 2016 01568 00/01.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La sociedad Autoexpress Morato S.A.S., actuando a través de su representante legal,
promovió acción de tutela en contra de la precitada providencia, y para ello, formuló las
siguientes pretensiones1:
1. AMPARAR los derechos fundamentales de AUTOEXPRESS MORATO
S.A.S al debido proceso, en su componente de derecho a la prueba y a obtener
una decisión fundada en un acervo probatorio suficiente, y al acceso efectivo a
la administración de justicia.
2. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de 27 de febrero de 2026 proferida por
el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, dentro del expediente 25000- 23-36-000-2016-01568-01
(67.353), exclusivamente para que se restablezca la actuación de segunda
instancia en los términos que disponga el juez constitucional.
3. ORDENAR a la Sección Tercera, Subsección B, que antes de proferir una
nueva sentencia examine y adopte una decisión probatoria bajo el artículo 213
del CPACA respecto de los elementos sobrevinientes que fueron puestos en
su conocimiento y cuya incorporación resultaba relevante para esclarecer el
resultado de las restituciones mutuas; en particular, el dictamen de Sandra
Rocío Prieto Mora con su aclaración y contradicción, el Auto de 15 de diciembre
de 2021, las providencias posteriores del incidente, la actuación que cerró el
trámite el 30 de septiembre de 2022 y el soporte del pago efectuado por
Autoexpress, junto con los demás documentos directamente relacionados que
el juez natural estime necesarios.
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 06638 00.
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Accionante: Autoexpress Morato S.A.S.
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4. GARANTIZAR a todos los sujetos procesales el derecho de contradicción
respecto de las pruebas que sean incorporadas o decretadas de oficio.
5. ORDENAR que, una vez restablecido el escenario probatorio, el Consejo de
Estado profiera una nueva sentencia de segunda instancia con plena
autonomía judicial, valorando en conjunto el acervo y resolviendo el recurso sin
reproducir los defectos constitucionales identificados en el fallo de tutela.
6. PRECISAR que no se solicita al juez constitucional ordenar el
reconocimiento de una suma de dinero, fijar un porcentaje de depreciación,
declarar directamente la responsabilidad patrimonial del Estado ni decidir que
una prueba determinada merece un valor específico; esas cuestiones
corresponden exclusivamente al juez natural.
Como medida subsidiaria de técnica remedial, en caso de estimarse que los
Autos de 30 de enero de 2023, 1 de octubre de 2024 y 28 de abril de 2025 no
deben dejarse sin efectos, se solicita aplicar la solución compatible con el Auto
1846 de 2025 de la Corte Constitucional: mantener incólumes las decisiones
que negaron pruebas de parte y disponer, no obstante, la incorporación oficiosa
de los elementos necesarios antes de emitir la nueva sentencia. (Mayúsculas
originales del escrito de tutela).
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La accionante relató que celebró con el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá el
contrato de compraventa núm. 742 de 2011, cuyo objeto comprendió la adquisición de
cincuenta vehículos transportadores autobalanceados destinados a la Policía
Metropolitana de Bogotá. Agregó que entregó los bienes en febrero de 2012 y que la
entidad efectuó un pago equivalente al 50 % del valor contractual.
Manifestó que, posteriormente, con ocasión de una acción popular y nulidad contractual,
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera - Subsección “A” declaró
la nulidad del precitado contrato y ordenó las restituciones mutuas, dentro de las cuales
incluyó los gastos de participación, los impuestos y el valor de la depreciación de los
vehículos. No obstante, resaltó que la devolución material de los bienes solo se produjo
el 13 de diciembre de 2017.
Conforme lo anterior, señaló que el 5 de agosto de 2016 presentó demanda de reparación
directa con el fin de reclamar, a título indemnizatorio, el 50% del valor contractual que no
había sido pagado y, subsidiariamente, el valor total del contrato para el evento en que
se diera cumplimiento a las restituciones mutuas.
Indicó que, mediante sentencia del 21 de abril de 2021, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección “C” negó las pretensiones al considerar
que el daño no se encontraba acreditado, entre otras razones, porque los vehículos
habían sido restituidos y porque determinadas consecuencias económicas estaban
vinculadas con las restituciones mutuas, por lo que su reconocimiento podía generar un
doble pago. Asimismo, señaló que no se había demostrado la depreciación de los bienes
ni otros gastos adicionales.
Contra esta decisión, la accionante presentó recurso de apelación y formuló nuevas
solicitudes probatorias, las cuales fueron negadas por la Subsección “B” de la Sección
Tercera del Consejo de Estado mediante proveído del 30 de enero de 2023.
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Posteriormente, interpuso los recursos correspondientes frente a dicha decisión y solicitó
que, de no ser procedente el decreto de las pruebas a petición de parte, estas fueran
decretadas de oficio.
Expuso que, mediante sentencia del 27 de febrero de 2026, el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B confirmó la decisión de primera instancia y concluyó que
el daño no se encontraba acreditado. Lo anterior, al estimar que solo tuvo en cuenta la
restitución de los vehículos y sus consecuencias económicas, y que las pruebas
sobrevinientes relacionadas con el resultado de las restituciones permanecieron fuera del
acervo probatorio.
Como fundamento de la acción de tutela, la accionante consideró cumplidos los requisitos
generales de procedencia. En lo relacionado con la relevancia constitucional, sostuvo que
la controversia trascendía el ámbito económico, pues involucraba los derechos a la
prueba, al acceso a la administración de justicia y a la prevalencia del derecho sustancial,
debido a la exclusión de elementos probatorios que podían resultar determinantes para
establecer el daño.
Respecto de la subsidiariedad, afirmó que había agotado los mecanismos ordinarios
disponibles, al apelar la sentencia de primera instancia y recurrir las decisiones mediante
las cuales fueron negadas las pruebas, sin que existiera otro medio idóneo para
cuestionar las irregularidades alegadas. Asimismo, consideró satisfecho el requisito de
inmediatez, toda vez que la sentencia cuestionada fue notificada el 12 de marzo de 2026
y la acción de tutela se promovió dentro del término razonable.
A su turno, en cuanto a los requisitos específicos de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, la accionante alegó la configuración de un defecto fáctico en su
dimensión negativa, al considerar que fueron excluidos elementos probatorios que
resultaban determinantes para establecer el resultado efectivo de las restituciones
ordenadas en el proceso paralelo.
Al respecto, sostuvo que, aunque la autoridad judicial accionada reconoció que varias de
esas pruebas no existían cuando venció la oportunidad procesal para aportarlas,
posteriormente las excluyó por razones de pertinencia y, pese a que solicitó
subsidiariamente su decreto de oficio, no explicó por qué no procedía acudir a dicha
facultad. A su juicio, esta omisión impidió esclarecer un aspecto relevante para
determinar la existencia del daño reclamado.
Asimismo, argumentó la configuración de un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, pues, pese a que se había descartado la extemporaneidad de las pruebas por
tratarse de elementos que no existían en el momento procesal correspondiente, estas
fueron consideradas impertinentes porque la sociedad no había formulado una pretensión
autónoma dirigida al reembolso de los valores pagados en el incidente de restitución.
Según afirmó, con ello se privilegió una consideración formal sobre la finalidad probatoria
que había planteado, encaminada a establecer el efecto real de las restituciones frente
al daño cuya reparación pretendía.
Finalmente, planteó una “paradoja probatoria” como manifestación de la vulneración
alegada. Explicó que la restitución de los vehículos había sido considerada para concluir
que no se encontraba acreditado el daño y que podía existir un doble pago; sin embargo,
cuando surgieron las actuaciones que permitían conocer el resultado efectivo de dicha
restitución, estas fueron excluidas del proceso. De este modo, sostuvo que la sentencia
cuestionada terminó fundamentando nuevamente la inexistencia del daño en las
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consecuencias económicas de las restituciones, sin que el juez natural hubiera podido
valorar los elementos que daban cuenta de su resultado.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 20 de agosto de 20262 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 24 de agosto de 20263, la admitió y dispuso notificar4 a la
Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, como autoridad judicial
accionada; así como, vincular a la Subsección “C” de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y al Distrito de Bogotá - Secretaría Distrital de
Seguridad, Convivencia y Justicia, como terceros con interés directo en el resultado del
proceso.
De igual forma, se requirió a la Subsección “B”, Sección Tercera del Consejo de Estado
y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “C”, para
que allegaran copia digital del expediente correspondiente al proceso de reparación
directa, identificado con radicado núm. 25000 23 36 000 2016 01568 00/01.
3.2. El Consejero ponente de la providencia cuestionada presentó escrito5 en el que
señaló lo siguiente:
Se considera que la providencia y el expediente de la respectiva acción de
reparación directa contienen los argumentos y elementos necesarios para que
el juez de la acción de tutela tome la decisión que en derecho corresponda. En
consecuencia, el suscrito magistrado, en mi condición de ponente del fallo
objeto de esta acción de tutela, estaré presto a atender lo que disponga la Sala
que decida la acción constitucional.
3.3. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia6 allegó contestación en
la que sostuvo que la acción de tutela resultaba improcedente, principalmente porque los
cuestionamientos de la accionante recaían sobre las decisiones que negaron las pruebas
solicitadas en segunda instancia, respecto de las cuales, a su juicio, había transcurrido
el término razonable para acudir a la acción de tutela.
Agregó que las pruebas cuya incorporación pretendía la accionante correspondían a
actuaciones surtidas dentro del proceso de acción popular y su trámite de cumplimiento,
en el que se habían establecido obligaciones derivadas de la nulidad del contrato, por lo
que consideró que su incorporación al proceso de reparación directa no resultaba
procedente.
En ese sentido, afirmó que no se configuró vulneración de los derechos fundamentales
invocados, pues la accionante había contado con los mecanismos procesales para
2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 06638 00.
3 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 06638 00.
4 Esta orden se cumplió el 27 de agosto de 2026. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 06638 00.
5 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 06638 00.
6 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 06638 00.
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plantear sus inconformidades y estos habían sido resueltos de manera motivada y
razonable.
En consecuencia, solicitó declarar improcedente la acción de tutela, negar las
pretensiones formuladas por la accionante y desvincular a la Secretaría Distrital de
Seguridad, Convivencia y Justicia del presente trámite constitucional.
3.4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección “C”7
envió el enlace del proceso ordinario, sin embargo, no se pronunció sobre los hechos y
las pretensiones de la tutela.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 8 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,9 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202110, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201911, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.
4.2. CUESTIÓN PREVIA
La Sala observa que el Distrito de Bogotá – Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia
y Justicia solicitó, en su informe, su desvinculación del presente trámite constitucional.
Al respecto, se considera que no hay lugar a acceder a dicha petición, toda vez que la
mencionada autoridad fue parte pasiva dentro del medio de control de reparación directa
en el que se profirió la providencia que ahora se cuestiona en sede de tutela.
En consecuencia, su permanencia en el presente proceso resulta necesaria, no solo para
garantizar la eficacia de la decisión que eventualmente se adopte, sino también para
salvaguardar los principios de contradicción y defensa, permitiéndole ejercer su derecho
de defensa y pronunciarse frente a los cargos formulados por la parte accionante.
4.3. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente12:
7 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 06638 00.
8 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
9 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece
las reglas de reparto de la acción de tutela.
10 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
11 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
12 Lo que se desprende del expediente del proceso de reparación directa identificado con radicado núm.
25000 23 36 000 2016 01568 00/01.
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4.3.1. La sociedad accionante promovió demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa contra el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C. (hoy
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia), en la que solicitó que se
declarara su responsabilidad administrativa y patrimonial por los daños y perjuicios que,
según afirmó, le fueron ocasionados como consecuencia de la actuación que dio lugar a
la declaratoria de nulidad del contrato de compraventa núm. 742 de 2011.
4.3.2. El conocimiento de la demanda correspondió a la Subsección “C” de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que, mediante sentencia de 21 de
abril de 2021 negó las pretensiones de la demanda.
4.3.3. Inconforme con la anterior decisión, la accionante interpuso recurso de apelación
y la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia de
27 de febrero de 2026, notificada el 12 de marzo siguiente, la confirmó.
4.4. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.
El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es la
relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii)
caso concreto.
4.4.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que13:
[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […].
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
13 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
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A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades14:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 15. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar dicho requisito de procedibilidad.
4.4.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que:
[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal” (…)16. (Se
destaca) […].
En la sentencia SU- 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.
En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).
14 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido. Este
criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
15 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29
de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente nro. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
16 Corte Constitucional. Sentencia SU 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso y la jurisprudencia aplicable, resulta evidente que
este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo
la autonomía e independencia del juez natural.
En el presente asunto, la Sala advierte que la controversia planteada no reviste relevancia
constitucional, pues las inconformidades de la parte accionante se circunscriben a
cuestionar la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada dentro del proceso de
reparación directa, particularmente en lo relacionado con la incorporación y valoración de
determinadas pruebas y su incidencia en la acreditación del daño.
Del análisis del escrito de tutela se observa que la accionante cuestionó la negativa de
incorporar al proceso las pruebas sobrevinientes relacionadas con el resultado de las
restituciones mutuas, pese a que, al resolver la súplica en el trámite de reparación directa,
se había reconocido que exigir su aportación oportuna constituía una carga de imposible
cumplimiento.
Sostuvo que, posteriormente, las pruebas habían sido consideradas impertinentes bajo
el argumento de que no se había solicitado el reembolso de las sumas derivadas de las
restituciones, y que tampoco se había contemplado su decreto de oficio.
En su criterio, dicha actuación configura un defecto fáctico, por la omisión de elementos
probatorios relevantes, y un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, pues la
exclusión de las pruebas había impedido esclarecer el resultado de las restituciones,
circunstancia que posteriormente había sido tenida en cuenta para concluir que no se
encontraba acreditado el daño.
Ahora bien, de la lectura de la providencia del 27 de febrero de 2026, la Subsección “B”
de la Sección Tercera de esta Corporación confirmó la sentencia de primera instancia,
mediante la cual se habían negado las pretensiones de la demanda, al considerar que no
se encontraba acreditado el daño alegado por la accionante. Para ello, examinó el
material probatorio obrante en el expediente y tuvo en cuenta, entre otros elementos, el
contrato de compraventa núm. 742 de 2011, las facturas, los comprobantes de pago, el
acta de entrega de los vehículos y las decisiones proferidas dentro de la acción popular
y del proceso de controversias contractuales.
En particular, la autoridad judicial accionada consideró que los vehículos habían sido
restituidos en cumplimiento de la sentencia que declaró la nulidad del contrato y que, en
el marco de las restituciones mutuas, debían tenerse en cuenta los gastos de
participación en la licitación, los impuestos y la depreciación, si esta había tenido lugar.
Asimismo, señaló que las decisiones proferidas dentro de la acción popular y del proceso
de controversias contractuales habían establecido que no existían saldos u obligaciones
pendientes a cargo del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C., razón por la cual
no resultaba procedente reconocer el valor reclamado con fundamento en las facturas
aportadas.
De otro lado, precisó que no estudiaría el daño relacionado con el estado en que fueron
restituidos los vehículos, por considerar que se trataba de un perjuicio distinto al
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planteado en la demanda y que había sido introducido en sede de apelación. Finalmente,
respecto de las pruebas solicitadas en segunda instancia, señaló que su incorporación
había sido negada por considerarlas impertinentes frente a las pretensiones formuladas
en el medio de control.
En ese contexto, esta Sala observa que lo manifestado por la parte accionante para
sustentar la presunta vulneración de sus derechos fundamentales no evidencia que el
asunto planteado verse sobre el alcance de un derecho fundamental, sino que se dirige
a controvertir las razones por las cuales la autoridad judicial accionada, en ejercicio de
sus competencias, determinó que las pruebas solicitadas en segunda instancia no
resultaban pertinentes y, a partir del material probatorio que obraba en el expediente,
concluyó que no se encontraba acreditado el daño.
Así, aunque la accionante calificó dicha actuación como constitutiva de un defecto fáctico
y de un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, la controversia que plantea
en sede constitucional permanece circunscrita a la discusión sobre la incorporación,
pertinencia y valoración de las pruebas dentro del proceso de reparación directa. Para
resolverla, sería necesario determinar si la autoridad judicial acertó al negar la
incorporación de los elementos de convicción cuestionados y si estos debían ser
decretados de oficio, así como establecer la incidencia que aquellos podían tener en la
acreditación del daño, aspectos propios del debate procesal y probatorio que
correspondía definir al juez natural.
En ese sentido, la Sala considera que lo expuesto por la parte accionante no evidencia
una cuestión de verdadera relevancia constitucional, sino su discrepancia con las razones
probatorias y procesales que sustentaron la decisión cuestionada, con lo cual pretende
que, por vía de tutela, se reabra el debate surtido dentro del proceso de reparación
directa.
En consecuencia, al no evidenciarse una controversia de relevancia constitucional, sino
una simple discrepancia con el criterio jurídico y probatorio expuesto en la providencia
cuestionada, la Sala concluye que no se satisface este requisito general de procedencia,
razón suficiente para declarar improcedente la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por el Distrito de Bogotá –
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, por las razones expuestas en
esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la parte
accionante, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 06638 00
Accionante: Autoexpress Morato S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección “B”
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 17 de
septiembre de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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