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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2016-01568-01

Fecha
27 de febrero de 2026
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2016-01568-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, el 21 de abril de 2021, que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: CONDENAR en costas y agencias en derecho de segunda instancia a la parte demandante a favor de la parte demandada, las cuales se fijarán y liquidarán por el tribunal de primera instancia, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2016-01568-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

27 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 27 de febrero de 2026

Radicado: 25000-23-36-000-2016-01568-01(67353)
Demandante: Autoexpress Morato S.A.
Demandado: Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá
Referencia: Reparación directa

Temas: Reparación directa – nulidad absoluta de los contratos – restituciones mutas –
ausencia de daño.

Síntesis del caso: la parte actora solicitó la declaratoria de la responsabilidad patrimonial por
los perjuicios que habría sufrido como consecuencia de la nulidad de un contrato estatal,
declarada en una acción popular.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
en contra de la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, el 21 de abril de 2021, que
negó las pretensiones de la demanda1.

Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada y
trámite relevante en primera instancia – 1.3. Sentencia recurrida – 1.4. Recurso de apelación
y trámite relevante en segunda instancia

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 5 de agosto de 2016, la sociedad Autoexpress Morato S.A. presentó una
demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa, en contra
del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C. (Fondo), con el objeto de
que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas (se trascribe):

“A) PRETENSIONES DECLARATIVAS

PRIMERA: Declarar que el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C,
o a la entidad que remplace, sustituya o haga sus veces, es
administrativamente responsable por los daños y perjuicios antijurídicos de
orden material y moral causados a la sociedad AUTOEXPRESS MORATO SA
como consecuencia de su acción de proseguir con el trámite de la licitación
pública FVSLP45-2011 que dio lugar a la declaratoria judicial de la nulidad
del contrato estatal de compraventa número setecientos cuarenta y dos (

1 El Consejo de Estado es competente para conocer las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia

por los tribunales administrativos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-36-000-2016-01568-01(67353)
Demandante: Autoexpress Morato S.A.
Demandado: Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá
Referencia: Reparación directa
Decisión: confirmar la sentencia
_________________________________________________________________________
742) del año dos mil once (2011) que fue decretada en sede de acción
popular mediante sentencia del veintiuno (21) de agosto del año dos mil
catorce (2014) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-
Sección Primera- Subsección A dentro del proceso No.
11001333104420120006800.

B) PRETENSIONES DE CONDENAS:

PRIMERA: Como consecuencia de la pretensión declarativa PRIMERA,
condenar al demandado - Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C.-
o a la entidad que la reemplace, sustituya o haga sus veces, a indemnizar a
la sociedad AUTOEXPRESS MORATO S.A los daños y perjuicios antijurídicos de
orden material y moral derivados de su acción que dio lugar a la nulidad del
contrato estatal de compraventa número setecientos cuarenta y dos (742)
del año dos mil once (2011) así: i.) Por concepto de daño emergente una
suma líquida de dinero en la cantidad de seiscientos treinta y un millones
trescientos treinta mil pesos ($ 631'.330.000.00), cantidad que corresponde al
cincuenta por ciento del valor total de los bienes que fueron entregados real
y materialmente al demandado el día 17 de febrero del año 2012 en
cumplimiento del contrato 742 de 2011. ii.) Por concepto de lucro cesante
los intereses bancarios corrientes autorizados por la Superintendencia
Financiera sobre la cantidad de seiscientos treinta y un millones trescientos
treinta mil pesos ($ 631'.330.000.00) moneda legal colombiana que se deben
liquidar desde el día 17 de febrero del año 2012, fecha en la
cual el demandante entregó a entera satisfacción del demandado los
bienes del contrato 742 de 2011, hasta cuando se cumpla la sentencia.

SEGUNDA: Que se condene al Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá
D.C. o a la entidad que la reemplace, sustituya o haga sus veces, a
actualizar el monto de la condena, aplicando los ajustes de valor o
indexación desde la fecha de la causación de la obligación hasta la fecha
que se dé cumplimiento a la sentencia, para lo cual se tendrá en cuenta lo
dispuesto en el último inciso del artículo 187 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

TERCERA: Que se condene al Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá
D.C. o a la entidad que la reemplace, sustituya o haga sus veces, a dar
cumplimiento de la sentencia dentro del término establecido en el artículo
192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, teniendo en cuenta que las sumas de dinero derivadas de la
sentencia devengarán intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF
desde su ejecutoria, en concordancia con el artículo 195-4° ibidem, sin
perjuicio de la causación de interés moratorio a la tasa comercial.

CUARTA: Como PRETENSION DE CONDENA SUBSIDIARA a la pretensión
PRIMERA de condena, en el evento en que se dé cumplimiento a las
restituciones mutuas de que trata la sentencia de segunda instancia del
veintiuno (21) de agosto del año dos mil catorce (2014) proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sección Primera- -Subsección A-
expediente No. 11001333104420120006800; condenar al demandado -
Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C.- o a la entidad que la
remplace, sustituya o haga sus veces, a indemnizar a la sociedad
AUTOEXPRESS MORATO S.A. los daños y los perjuicios materiales ocasionados
como consecuencia de su acción que dio lugar a la nulidad del contrato
estatal número setecientos cuarenta y dos (742) del año dos mil once (2011),
asi: i.) Por concepto de daño emergente la cantidad de un mil doscientos
sesenta y dos millones seiscientos sesenta mil pesos ($ 1,262':660.000.00),
correspondiente al valor total de los bienes que fueron objeto del contrato
estatal de compraventa número setecientos cuarenta y dos (742) de dos mil
once (2011), más los gastos en que incurrió el demandante para participar
en la licitación pública y para perfeccionar el contrato 742 de 2011. (ii.)
Por concepto de lucro cesante los intereses bancarios corrientes autorizados
por la Superintendencia Financiera sobre la cantidad un mil doscientos
sesenta y dos millones seiscientos sesenta mil pesos ($ 1,262':660.000.00), que
deben liquidar desde el día 17 de febrero del año 2012, fecha en la cual el
demandante entregó real y materialmente los bienes que fueron objeto del
contrato 742 de 2011, hasta cuando se cumpla la sentencia […]”.

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Radicación: 25000-23-36-000-2016-01568-01(67353)
Demandante: Autoexpress Morato S.A.
Demandado: Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá
Referencia: Reparación directa
Decisión: confirmar la sentencia
_________________________________________________________________________
2. En la demanda2, la parte actora fundamentó sus pretensiones en los
siguientes hechos:

3. 1) El 14 de diciembre de 2011, como resultado de la licitación pública FVS-
45-2011, se suscribió el contrato 742, de compraventa de vehículos
autobalanceados, entre el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá y
Autoexpress Morato S.A.

4. 2) Para la parte demandante, “el contrato fue cumplido y ejecutado en su
integridad por el contratista el día 17 de febrero de 2012, fecha en la cual hizo
entrega real y material de todos los bienes contratados”. La entidad recibió a
satisfacción los bienes, sin reparo alguno y pagó el 50% del valor total, a título
de anticipo.

5. 3) Según aseveró la parte actora, con ocasión de una acción popular, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró probada la violación al
derecho e interés colectivo a la defensa del patrimonio público y, en
consecuencia, declaró la nulidad del contrato estatal 742 de 2011.

6. 4) Afirmó que la violación al derecho colectivo provino de una conducta
imputable exclusivamente al Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, por
proseguir con el trámite y llevar hasta su terminación la licitación pública que
dio lugar a la celebración del contrato. Añadió que el Fondo no dio
cumplimiento a la sentencia del Tribunal en los términos señalados en la
acción popular, en donde se ordenó la restitución de los bienes entregadas
en virtud del contrato, y que no había pagado el valor total de los bienes que
la entidad había recibido originalmente a satisfacción.

1.2. Posición de la parte demandada y trámite relevante en primera instancia

7. El 3 de mayo de 2017, el Fondo contestó la demanda3 y se opuso a las
pretensiones. Indicó que la Policía Metropolitana de Bogotá había
desaprobado la licitación porque no cumplía con las expectativas y
necesidades, pues no se acogieron los estudios previos, en especial, el estudio
de mercado. Además, se habían hecho exigencias de imposible
cumplimiento.

8. A pesar de las irregularidades, y de la solicitud de suspensión por parte de
la Policía Metropolitana de Bogotá, se culminó el procedimiento
administrativo, se suscribió el contrato y se entregaron vehículos con
características técnicas diferentes a las estipuladas en el pliego de
condiciones.

9. Según la contestación de la demanda, “no existe […] ninguna
responsabilidad sobre los hechos objeto demandados en esta acción de
reparación directa y por el contrario los demandantes están tratando de crear
una falsa motivación en esta demanda de supuestos perjuicios por el no

2 Folios 3-13 del cuaderno principal 1.
3 Folios 1-17 del cuaderno de contestación de la demanda.

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Radicación: 25000-23-36-000-2016-01568-01(67353)
Demandante: Autoexpress Morato S.A.
Demandado: Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá
Referencia: Reparación directa
Decisión: confirmar la sentencia
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cumplimiento del fallo de la acción popular, cuando son ellos los que han
originado las circunstancias procesales contrarias a la lealtad procesal”.

10. Mediante el Auto de 30 de abril de 2019, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, admitió a la Secretaría de
Seguridad, Convivencia y Justicia como sucesora procesal del Fondo de
Vigilancia y Seguridad de Bogotá4.

1.3. Sentencia recurrida

11. El 21 de abril de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, profirió la Sentencia de primera instancia5, en la que
negó las pretensiones porque el demandante no acreditó haber sufrido un
daño, toda vez que los bienes que entregó a la entidad y que afirmó que no
le habían sido pagados, le fueron reintegrados en los términos ordenados por
el juez de la acción popular.

12. El Tribunal advirtió que “el daño alegado por la parte actora consistente
en el no pago del 50% del valor del contrato de compraventa N° 742 de 2011,
no resulta[ba] ser cierto”, comoquiera que, como consecuencia de
declaratoria de la nulidad del contrato, sobrevino la devolución de la
mercancía que había sido suministrada al Fondo, “razón por la cual, al
reintegrarse los 50 vehículos auto balaceados […] no se presenta daño
antijurídico, pues de acceder al reconocimiento de estas sumas se estaría
actuando contrario a derecho y vulnerando el ordenamiento jurídico y la
decisión proferida por el juez popular, quien ordenó que la entidad aquí
demandada no podía realizar los pagos faltantes respecto al contrato N° 742
de 2011”.

13. De conformidad con las consideraciones del Tribunal, aunque en los
alegatos de conclusión el demandante hizo referencia a otros gastos en los
que había tenido que incurrir para la adquisición y entrega de los vehículos;
en primera medida, ello no fue solicitado en la demanda; segundo, el
dictamen con el que se probarían esos gastos (practicado dentro de la acción
popular, y no en el presente proceso) no cumplía con los requisitos del artículo
226 del Código General del Proceso y, tercero, esos gastos eran objeto de
discusión dentro de un incidente en la acción popular, “por lo que resultaría
improcedente decidir sobre los mismos cuando ya están siendo objeto de
estudio por el juez popular”.

14. Finalmente, respecto de la pretensión subsidiaria, de reconocer
$1.262.660.000, concluyó que el demandante tampoco demostró la
pretendida depreciación de los bienes, ni los gastos en los que habría incurrido
el contratista por la participación en la licitación pública y el
perfeccionamiento del contrato.

4 Folios 257 y 258 del cuaderno principal 1.
5 Folios 288-298 del cuaderno del Consejo de Estado.

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Radicación: 25000-23-36-000-2016-01568-01(67353)
Demandante: Autoexpress Morato S.A.
Demandado: Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá
Referencia: Reparación directa
Decisión: confirmar la sentencia
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1.4. Recurso de apelación y trámite relevante en segunda instancia

15. La parte demandante presentó un recurso de apelación6 en el que afirmó
que el daño se encontraba probado con las facturas derivadas del contrato
742 de 2011, que representaban “los valores ejecutados y dejados de pagar
por la entidad contratante”. Añadió que, “al momento de proferirse el fallo
impugnado, […] no se le ha reconocido ningún valor por concepto de
restituciones mutuas”.

16. Según su aseveración, la entidad debe asumir el pago total de los bienes,
así hubieran sido devueltos, en virtud de la naturaleza restitutoria de la acción
popular que generó la nulidad, “pues el daño se consolida en los dineros
dejados de percibir por el pago de dichas facturas y ante la presencia de un
contrato totalmente ejecutado”. Aseguró que, “dado que la naturaleza
jurídica de la acción popular es meramente resarcitoria […] resulta
indispensable resaltar que las restituciones mutuas ordenadas en la sentencia
de segunda instancia de la acción popular […], se limitan exclusivamente a
devolver a las partes a su estado inicial y anterior a la firma del contrato, como
consecuencia de la declaratoria de nulidad del Contrato N°742 de 2011 y no
incluyen la indemnización de ningún perjuicio, ni el pago de las facturas
adeudadas que constituyen plena prueba de dicho perjuicio”.

17. Señaló que se habían adquirido unos vehículos que “fueron devueltos
después de casi 6 años en un estado deplorable, sin los mantenimientos
requeridos y sin ninguna funcionalidad, lo cual se encuentra acreditado en las
actas de devolución suscritas por la entidad y el contratista”.

18. Indicó que, aunque se trataba de una reparación directa, “no puede
dejarse de un lado el carácter contractual de la disputa […] no siendo
necesarios respaldos adicionales al contrato mismo, las obligaciones
cumplidas y los pagos no realizados”. Agregó que el daño “se circunscribe al
cumplimiento de los valores dejados de pagar en virtud del contrato suscrito y
el incumplimiento de las obligaciones de pago de él derivadas”. Con
independencia de la declaratoria de nulidad, se debían reconocer “los pagos
pactados a título de daño”.

19. En un apartado titulado “acreditación del daño”, señaló que, “en un
proceso tan particular como el que nos convoca […] no se puede dejar de
lado que la tasación del mismo está representada por los dineros dejado de
pagar por parte de la entidad habiéndose ejecutado a conformidad un
contrato público”. Agregó que no correspondía únicamente reconocer la
utilidad, sino que era “indispensable que se reconozca el valor total de los
bienes que fueron entregados” y señaló que “lo que se solicita en este
proceso, es el pago total de los vehículos a título indemnizatorio”.

20. Según aseveró, si bien el dictamen pericial rendido dentro del proceso de
la acción popular permitía acreditar los daños, no era necesario valorar la

6 Folios 304-315 del cuaderno del Consejo de Estado.

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Radicación: 25000-23-36-000-2016-01568-01(67353)
Demandante: Autoexpress Morato S.A.
Demandado: Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá
Referencia: Reparación directa
Decisión: confirmar la sentencia
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prueba pericial trasladada, pues el monto de los perjuicios se encontraba
plenamente probado con las facturas dejadas de pagar.

21. Mediante el Auto de 30 de enero de 2023, este despacho negó las
solicitudes probatorias del recurso de apelación y rechazó, por
extemporáneas, otras solicitudes de pruebas en segunda instancia7. Mediante
el Auto de 28 de abril de 2025 se resolvió el recurso de súplica interpuesto por
la demandante en contra de la providencia de 30 de enero de 2023, y se
confirmó la decisión, no porque las solicitudes fueran extemporáneas, sino
porque debían ser sido rechazadas por impertinentes. Al respecto se afirmó
(se trascribe): “todas las peticiones probatorias formuladas por la sociedad
actora en segunda instancia son impertinentes porque en las pretensiones de
la demanda de reparación directa Autoexpress no solicitó la indemnización
de las sumas que fuera condenada a pagar por concepto de las restituciones
mutuas. En efecto, las pretensiones de condena formuladas en la demanda
que dio origen al presente proceso están dirigidas a obtener el pago del valor
del contrato de compraventa no. 742 de 2011 (ya sea total o parcialmente)
con sus correspondientes intereses, sin que en estas se haga mención alguna
al monto que la sociedad tuvo o tuviera que pagar al Fondo con ocasión del
referido fallo de acción popular por concepto de restituciones mutuas”8.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Síntesis de la controversia – 2.2. Análisis sustantivo – 2.3. Condena en costas.

2.1. Síntesis de la controversia

22. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente y con los
argumentos del recurso, la Sala confirmará la sentencia apelada porque
comparte la decisión del Tribunal sobre la falta de acreditación del daño
alegado. El recurrente insiste en que se le indemnice un supuesto daño
proveniente de la ejecución de un contrato que fue declarado nulo, sobre el
que el juez popular ordenó la devolución de los vehículos, las restituciones
mutuas y señaló que no existían saldos restantes9.

23. La demanda fue presentada oportunamente. Al respecto se reitera el
conteo efectuado por el juez de la primera instancia, quien concluyó que
debía hacerse a partir de la ejecutoria de la sentencia de la acción popular
2012-0068, de 21 de agosto de 2014, lo que ocurrió el 4 de febrero de 2015. De
esta manera, la demanda, presentada el 5 de agosto de 2016, lo fue en
tiempo, incluso sin necesidad de tener en cuenta el tiempo suspensión por la
solicitud de conciliación extrajudicial10.

7 Expediente digital. Samai, índice 16.
8 Expediente digital. Samai, índice 36.
9 Sobre la oportunidad para presentar la demanda, se reitera el conteo efectuado por el juez de la primera instancia,

quien concluyó que debía hacerse a partir de la ejecutoria de la sentencia de la acción popular 2012-0068, de 21 de
agosto de 2014, lo que ocurrió el 4 de febrero de 2015. De esta manera, la demanda, presentada el 5 de agosto de
2016, lo fue en tiempo, incluso sin necesidad de tener en cuenta el tiempo suspensión por la solicitud de conciliación
extrajudicial. Por otra parte, se advierte que esta Sala, en garantía del debido proceso, no se pronunciará sobre el
daño resultado del estado en el que se encontraban los bienes cuando fueron devueltos, pues esa pretensión no fue
objeto de la demanda. La parte actora solo se refirió a ese hecho, que constituiría un daño diferente, en su recurso
de apelación.
10 Esta Sala, en garantía del debido proceso, no se pronunciará sobre el daño resultado del estado en el que se

encontraban los bienes cuando fueron devueltos, pues esa pretensión no fue objeto de la demanda. La parte actora
solo se refirió a ese hecho, que constituiría un daño diferente, en su recurso de apelación.

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Radicación: 25000-23-36-000-2016-01568-01(67353)
Demandante: Autoexpress Morato S.A.
Demandado: Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá
Referencia: Reparación directa
Decisión: confirmar la sentencia
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2.2. Análisis sustantivo

24. En el expediente obra copia del contrato 742 de 2011, de compraventa
de vehículos autobalanceados, celebrado entre el Fondo de Vigilancia y
Seguridad de Bogotá y la sociedad Autoexpress Morato S.A.; de las facturas
de venta 16900 y 16901; del acta de recibo a satisfacción de 50 vehículos, de
12 de febrero de 2012, y del acta de devolución de los vehículos, en
cumplimiento a la orden impartida por el juez de la acción popular, de 13 de
diciembre de 201711. También obra la Sentencia de 21 de agosto de 2014, del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, que
declaró probada la vulneración al derecho e interés colectivo a la defensa
del patrimonio público y la nulidad del contrato 742 de 2011, y la Sentencia de
10 de marzo de 2016, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó
las pretensiones de naturaleza contractual de otra demanda principal y la
respectiva demanda de reconvención, por incumplimientos derivados del
contrato 742 de 2011.

25. Para la solución del caso se debe tener presente que la parte actora debió
subsanar la demanda porque el juez de la primera instancia consideró que
“en el escrito de la demanda, no se precisa[ba] concretamente cuál es el
daño antijurídico en el que se funda la pretensión”. En la demanda subsanada
y, principalmente, en el recurso de apelación, el demandante insistió en que
el daño, que calificó como particular, consistió en valores que habían sido
ejecutados y no pagados, lo que se comprobaba con las facturas de venta.

26. También se deben tener en cuenta las conclusiones del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, tanto en la sentencia de primera instancia
del presente asunto como en las dos sentencias en las que resolvió la acción
popular y la demanda de controversias contractuales. En el fallo de segunda
instancia, de 21 de agosto de 2014, que protegió el derecho e interés
colectivo al patrimonio público, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, señaló (se trascribe): “la Sala considera que con el contrato
celebrado no se dio cumplimiento a las finalidades de la contratación estatal
puesto que no se satisfizo el interés general con el mismo pretendido […] el
proceso de selección adelantado no obedeció a la necesidad finalmente
requerida por la Policía Metropolitana de Bogotá”. El juez popular determinó
que la selección del contratista vulneró el patrimonio público porque se
continuó con un procedimiento que se había quedado sin sustento, cuando,
quien era directamente interesado, esto es, la Policía Metropolitana de
Bogotá, le hizo saber al Fondo de Vigilancia y Seguridad que los bienes que se
pretendía contratar no obedecían a sus necesidades. Señaló que se vulneró
el derecho colectivo al patrimonio público cuando se contrataron bienes que
no eran necesarios para los fines y propósitos de la Policía Nacional,
consideración que esa entidad comunicó de manera oportuna al Fondo,
quien decidió ignorarlas. El Tribunal, luego de un estudio sobre la posibilidad
de anular contratos estatales en vigencia del Decreto 1 de 1984 (CCA), en la
parte resolutiva de la sentencia, declaró probada la vulneración al patrimonio

11 Cuaderno principal 5.

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Radicación: 25000-23-36-000-2016-01568-01(67353)
Demandante: Autoexpress Morato S.A.
Demandado: Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá
Referencia: Reparación directa
Decisión: confirmar la sentencia
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público, declaró la nulidad del contrato 742 de 2011 celebrado entre el Fondo
de Vigilancia y Seguridad de Bogotá y la sociedad Autoexpress Morato S.A. y
ordenó las siguientes restituciones mutuas (se trascribe):

“[…] CUARTO. ORDÉNESE las restituciones mutuas siguientes:
1. Ordénese al Fondo de Vigilancia y Seguridad que, en el término máximo de
diez (10) días, restituya y/o entregue a la Empresa Autoexpress Morato S.A. los
bienes entregados por la misma en virtud del contrato N°472 de 2011.
2. Ordénese a la Empresa Autoexpress Morato S.A., que, a la fecha de entrega
de los bienes por parte del Fondo de Vigilancia y Seguridad, reintegre los
valores percibidos en ejecución del contrato N° 742 de 2011, junto con la
corrección monetaria desde el día en que le fueron entregados hasta el día
de la devolución efectiva conforme a las variaciones que haya sufrido el IPC,
certificado por el DANE […]
3. Del valor señalado en el numeral 2° se descontarán los siguientes valores que
deberán ser calculados por parte de la autoridad demandada Fondo de
Vigilancia y Seguridad, dentro del plazo de cinco (5) días siguientes a la fecha
de ejecutorio de la sentencia.
a. Los valores pagados por el Contratista como consecuencia de su
participación en el proceso de licitación pública mencionado.
b. Los impuestos que hubiese pagado como consecuencia de dicho
contrato.
c. El valor de depreciación del bien, desde el momento en que recibió
los vehículos autobalanceados hasta la fecha de su entrega.
QUINTO: DECLÁRESE que el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá no
está obligada a pagar a la sociedad AUTOEXPRESS MORATO S.A., el saldo
restante según lo señalado en el contrato N° 472 de 2011”.

27. Sumado a lo anterior, la Sentencia ordenó remitir copias a los organismos
de control para que adelantaran las investigaciones correspondientes.

28. Por su parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, en la Sentencia de 10 de marzo de 2016, que resolvió las
demandas de controversias contractuales, principal y de reconvención,
relativas a los incumplimientos derivados del contrato 742 de 2011, negó las
pretensiones, luego de identificar que el juez de la acción popular no solo
había declarado la nulidad absoluta del contrato (lo que impedía que
prosperan pretensiones sobre un contrato “expulsado del ordenamiento
jurídico”), sino que, cuando dio aplicación al artículo 48 de la Ley 80 de 1993,
sobre las restituciones mutuas, “se pronunció sobre la obligación de pago que
estaba en discusión en la presente actuación, en el sentido de establecer, que
la entidad estatal no está obligada a realizar ningún pago por el servicio
prestado (énfasis original)”.

29. A pesar de la claridad de las decisiones del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca como juez de la defensa de los derechos e intereses colectivos
y como juez del contrato, el recurrente insiste en que se le indemnice por un
supuesto daño proveniente de la ejecución de un contrato que fue declarado
nulo, y sobre el cual está probado que se deshicieron las ejecuciones que el
demandante alegó, habida cuenta de que está plenamente acreditado en
el expediente que los vehículos le fueron restituidos. A pesar de reconocer que
se trata de un contrato nulo, en su recurso señaló que para el reconocimiento
de la obligación a su favor “no s[on] necesarios respaldos adicionales al
contrato mismo, las obligaciones cumplidas y los pagos no realizados”. Esto es,
lo que pretende el demandante es que el juez de la responsabilidad

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Radicación: 25000-23-36-000-2016-01568-01(67353)
Demandante: Autoexpress Morato S.A.
Demandado: Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá
Referencia: Reparación directa
Decisión: confirmar la sentencia
_________________________________________________________________________
extracontractual desconozca los efectos que produce la nulidad de un
contrato estatal y, además, desatienda las restituciones mutas que fueron
ordenadas como consecuencia de la nulidad.

30. En atención a lo que pretende el actor, esta Sala tampoco puede
desconocer que, luego de restituir los vehículos, conforme con lo ordenado
por el juez popular, en la devolución de los dineros recibidos, el demandante,
en todo caso, debía descontar el valor de su participación en el proceso, de
los impuestos y de la depreciación, si ella hubiera tenido lugar,
consideraciones que hacen evidente que no se encuentra acreditada la
afectación patrimonial alegada por la parte actora. A estas razones se suma
que el juez popular resolvió que el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá
no está obligado a pagar ningún saldo restante por el contrato 742 de 2011, y
que el juez de las controversias contractuales concluyó que no existen
obligaciones pendientes por el servicio prestado, consideraciones sobre las
cuales existe ya un pronunciamiento definitivo, que no puede ser desconocido
en esta decisión.

31. Finalmente, a propósito del cargo del apelante, en el que señaló que el
daño estaría acreditado con las facturas de venta, bastará con hacer
evidente que las facturas constituyen títulos valores que contienen
obligaciones claras, expresas y exigibles, siempre y cuando se libren en
cumplimiento de los requisitos legales. En este caso, no solo no existe una
obligación subsistente que sea exigible, sino que el demandante pretende
ignorar el contenido del artículo 772 del Código de Comercio, que señala que
“no podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados
real y materialmente o a servicios efectivamente prestados en virtud de un
contrato verbal o escrito”.

2.3. Sobre la condena en costas

32. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA12 y el
numeral 3 del artículo 365 del CGP13, se condenará en costas y agencias en
derecho de segunda instancia a la parte demandante. Estas deberán ser
tasadas y liquidadas por el tribunal de primera instancia, de acuerdo con los
artículos 365 y 366 del CGP.

3. DECISIÓN

33. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

12 “Artículo 188: Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena

en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.
13 “3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al

recurrente en las costas de la segunda”.

9 de 10

Radicación: 25000-23-36-000-2016-01568-01(67353)
Demandante: Autoexpress Morato S.A.
Demandado: Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá
Referencia: Reparación directa
Decisión: confirmar la sentencia
_________________________________________________________________________
RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, el 21 de abril de 2021,
que negó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: CONDENAR en costas y agencias en derecho de segunda
instancia a la parte demandante a favor de la parte demandada, las cuales
se fijarán y liquidarán por el tribunal de primera instancia, de conformidad
con la parte motiva de esta providencia.

Por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firma electrónica Firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

Firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado

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