Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06571-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06571-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06571-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 06571 00
Accionantes: Mauricio Antonio Salcedo Valencia y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado
Noveno Administrativo del Circuito de Cali
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por no cumplir con el
requisito general relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por los ciudadanos Mauricio Antonio
Salcedo Valencia1, Irene Valencia de Salcedo, Orlando Salcedo Valencia, Ana Francis
Salcedo Valencia y Rocío Salcedo Valencia, contra las sentencias proferidas el 17 de
julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cali, respectivamente, en el
proceso de reparación directa identificado con el radicado núm. 76001 33 33 009 2021
00037 00/01.
1. SÍNTESIS DEL CASO
Los señores Mauricio Antonio Salcedo Valencia, Irene Valencia de Salcedo, Orlando
Salcedo Valencia, Ana Francis Salcedo Valencia y Rocío Salcedo Valencia, actuando a
través de apoderado, promovieron acción de tutela en contra de las precitadas
providencias, y para ello, formularon las siguientes pretensiones2:
1.- Muy respetuosamente me permito solicitar al consejero ponente que se
REVOQUE y se DEJE SIN EFECTO, la sentencia de segunda instancia de fecha
27 de julio de 2026, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle
del Cauca, con ponencia del magistrado Oscar Alfonso Valero Nisimblat, por
haberse incurrido en un vía de hecho por defecto factico, al no haber valorado la
denuncia penal aportada con la demanda, el video de la audiencia de imposición
de medida de aseguramiento, que demostraba que la motocicleta incautada al
señor Mauricio Antonio Salcedo Valencia, nunca fue hurtada, tornando ilegal e
injusta la medida de aseguramiento que le fuera impuesta y que adicionalmente
nunca se pronunciaron sobre la pretensión que buscaba resarcir los perjuicios
materiales ocasionados al señor Mauricio Antonio Salcedo Valencia, consistentes
en la pérdida de su motocicleta al habérsele entregado a otra persona,
1 Actuando en nombre propio y en representación de su hijo menor S.S.A. Es pertinente suprimir la
identidad de los menores de edad, como una medida de protección de los derechos de los niños. Ver al
respecto la sentencia T-566 de 2023 de la Corte Constitucional.
2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 06571 00.
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considerando que es una pretensión autónoma que no está atada a las resultas
de la privación injusta de la libertad.
2.- En consecuencia, se profiera una nueva sentencia en donde se valore la
denuncia penal instaurada por el señor Andrés Felipe Martínez, el video donde se
impone la medida de aseguramiento y se responda la pretensión sobre perjuicios
materiales por la entrega equivocada que realizo la fiscalía de la motocicleta de
propiedad del demandante Mauricio Antonio Salcedo Valencia. (Mayúsculas y
negrillas originales del escrito de tutela).
2. SITUACIÓN FÁCTICA
Las accionantes informaron que promovieron el medio de control de reparación directa
en contra de la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cali y la Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad
del señor Mauricio Antonio Salcedo.
Indicaron que el conocimiento del proceso correspondió, en primera instancia, al Juzgado
Noveno Administrativo del Circuito de Cali, autoridad que, mediante sentencia del 30 de
septiembre de 2025, negó las pretensiones de la demanda al considerar que no se había
aportado prueba que permitiera demostrar que la privación de la libertad hubiera sido
injusta. En particular, la autoridad judicial sostuvo que no era posible verificar si, al
momento de imponerse la medida de aseguramiento, se habían satisfecho los
presupuestos legales correspondientes, pues no fueron allegadas las pruebas tenidas en
cuenta en la audiencia preliminar adelantada el 30 de noviembre de 2017 por el Juzgado
Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali.
Anotaron que el juzgado señaló que, de conformidad con el artículo 167 del Código
General del Proceso, correspondía a la parte demandante demostrar que la medida de
aseguramiento impuesta al señor Salcedo Valencia no había sido razonable o
proporcionada, o que los elementos materiales probatorios recaudados no permitían
inferir razonablemente su responsabilidad en los delitos imputados.
Agregaron que, el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cali consideró que, a
partir de las pruebas relacionadas en el acápite de hechos probados, especialmente del
registro audiovisual de la audiencia preliminar, era posible advertir que para el momento
de la imposición de la medida de aseguramiento existían elementos de juicio que
señalaban al señor Salcedo Valencia como presunto responsable de la conducta
investigada.
Relataron que la autoridad judicial tuvo en cuenta la valoración practicada por el perito
en automotores José Alvear Cosme a la motocicleta presuntamente hurtada al señor
Andrés Felipe Martínez Lozano, en la cual se estableció que el vehículo tenía el número
de motor injertado.
Asimismo, indicaron que el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cali señaló
que la decisión mediante la cual se restringió la libertad se habría fundamentado, en gran
medida, en el señalamiento realizado por el señor Andrés Felipe Martínez Lozano, quien
sostuvo que la motocicleta incautada al señor Salcedo Valencia era aquella que le habían
hurtado, pues la reconocía por varios distintivos específicos, entre ellos, algunas partes
recientemente incorporadas y golpes que presentaba.
También manifestaron que la autoridad judicial expuso que el juez de control de garantías
consideró satisfecho uno de los requisitos previstos en el artículo 308 de la Ley 906 de
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2004, relacionado con la necesidad de evitar que el imputado obstruyera el debido
ejercicio de la justicia, debido a que el señor Salcedo Valencia se encontraba adscrito a
la Policía Nacional y, por razón de su profesión, contaba con contactos que podían
permitirle interferir en la investigación.
Añadieron que el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cali estimó que la
medida de aseguramiento resultaba viable de acuerdo con la normativa penal aplicable
para la época de los hechos, en consideración a los delitos de receptación y falsedad
marcaria y a las penas previstas para tales conductas. Con fundamento en esas razones,
negó las pretensiones de la demanda.
Por lo anterior, sostuvieron que el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cali
incurrió en defecto fáctico, debido a que desconoció y no valoró la prueba documental
núm. 7 aportada con la demanda, correspondiente a la copia del Formato Único de Noticia
Criminal – Conocimiento Inicial del 1 de julio de 2017.
Precisaron que, mediante dicho documento, el señor Andrés Felipe Martínez Lozano
presentó denuncia por el hurto de una motocicleta marca Yamaha, la cual, según afirmó,
no correspondía a aquella encontrada en poder del señor Mauricio Antonio Salcedo
Valencia.
Adujeron que el señor Martínez Lozano denunció el hurto de una motocicleta diferente
de aquella encontrada en poder del señor Salcedo Valencia y que, por esa razón, no
existía la inferencia razonable necesaria para imponer la medida de aseguramiento.
Asimismo, señalaron que la Fiscalía General de la Nación se apoyó en la denuncia
presentada por el señor Andrés Felipe Martínez Lozano para solicitar la imposición de la
medida de aseguramiento, pese a que, según sostuvo, la motocicleta objeto de dicha
denuncia no correspondía a aquella encontrada en poder del señor Salcedo Valencia.
Agregaron que el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cali se refirió al registro
audiovisual de la audiencia preliminar y sostuvo que la restricción de la libertad obedeció,
en gran medida, al señalamiento efectuado por el señor Andrés Felipe Martínez Lozano,
quien manifestó que la motocicleta incautada era aquella que le había sido hurtada.
Frente a ello, aseveraron que esa circunstancia demostraba precisamente la privación
injusta de la libertad, pues, según indicaron, se trataba de un vehículo diferente y la
medida de aseguramiento había sido impuesta sin que existiera una inferencia razonable.
También sostuvieron que el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cali no realizó
una adecuada valoración probatoria del registro audiovisual de la audiencia de imposición
de la medida de aseguramiento. Explicaron que, en relación con el delito de receptación,
el elemento encontrado a la persona capturada debía corresponder a un bien hurtado y
que, pese a los señalamientos del señor Martínez Lozano, existía una denuncia por el
hurto de una motocicleta distinta de aquella encontrada en poder del señor Salcedo
Valencia.
De otra parte, manifestaron que en la demanda solicitaron, como perjuicio material, el
reconocimiento y pago de la suma de $1.800.000, debido a que la motocicleta encontrada
en poder del señor Salcedo Valencia fue entregada al señor Andrés Felipe Martínez
Lozano.
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Afirmaron que el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cali no se pronunció
sobre dicha pretensión. Asimismo, sostuvieron que esta no estaba atada a la prosperidad
de la pretensión relacionada con la privación injusta de la libertad, pues la entrega de la
motocicleta a otra persona correspondía, según indicaron, a un error posterior de la
Fiscalía General de la Nación. En consecuencia, consideraron vulnerado el principio de
congruencia entre las pretensiones de la demanda y la sentencia
Inconformes con la decisión adoptada en primera instancia, interpusieron recurso de
apelación destacando los errores que, a su juicio, se habían cometido en la sentencia de
primera instancia.
El recurso fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, autoridad
judicial que, mediante sentencia del 17 de julio de 2026, confirmó la decisión de primera
instancia.
Relataron que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca consideró que no se había
acreditado que la medida de aseguramiento hubiera sido adoptada de manera arbitraria
o carente de sustento fáctico y probatorio. Por el contrario, estimó que, al momento de
imponerse la restricción de la libertad, existían elementos de conocimiento que permitían
advertir la inferencia razonable requerida para adoptar dicha medida.
Señalaron que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca tuvo en cuenta que la
Fiscalía sustentó su solicitud en la denuncia presentada por el señor Andrés Felipe
Martínez Lozano, quien manifestó haber identificado, en una publicación realizada a
través de la plataforma OLX, una motocicleta que correspondía al vehículo que le había
sido hurtado meses atrás.
Asimismo, indicaron que la autoridad judicial se refirió a las verificaciones adelantadas
por las autoridades de policía judicial, a los estudios practicados al automotor y a los
demás medios de convicción recaudados durante la investigación.
Agregaron que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca consideró que la restricción
de la libertad no había obedecido a una decisión automática ni arbitraria, sino al resultado
de un control judicial en el que se examinaron separadamente los delitos imputados, se
descartó uno de ellos por ausencia de inferencia razonable, se analizaron los fines
constitucionales de la medida de aseguramiento y se optó por una alternativa menos
gravosa que aquella solicitada por la Fiscalía.
Frente a dicha decisión, sostuvieron que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
persistió en el error, pues afirmó que la medida de aseguramiento no había sido impuesta
de forma arbitraria o carente de sustento fáctico o probatorio, sin valorar que la denuncia
presentada por el señor Andrés Felipe Martínez Lozano correspondía, según afirmó, a
una motocicleta diferente.
Adujeron que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca señaló que la Fiscalía había
sustentado su solicitud en la denuncia presentada por el señor Martínez Lozano, pese a
que, según la parte actora, dicho documento correspondía a otra motocicleta y por esa
razón, no podía servir de soporte probatorio para establecer una inferencia razonable que
justificara la medida de aseguramiento.
También manifestaron que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca indicó que se
había tenido en cuenta la denuncia formulada por quien afirmaba ser propietario del
automotor, circunstancia que, a juicio del accionante, ratificaba el defecto fáctico
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invocado, pues insistió en que aquella denuncia correspondía a una motocicleta distinta
de la encontrada en poder del señor Salcedo Valencia.
Asimismo, sostuvieron que los medios de convicción relacionados con el delito de
receptación demostraban que el hecho no había existido, debido a que, según afirmó, la
motocicleta encontrada en poder del señor Salcedo Valencia nunca había sido hurtada y
la denuncia aportada con la demanda no fue valorada.
Agregaron que el señor Andrés Felipe Martínez Lozano no era propietario de la
motocicleta encontrada en poder del señor Salcedo Valencia y que, por esa razón, el
vehículo no debió serle entregado.
Manifestaron que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca tampoco se pronunció
sobre el perjuicio material relacionado con la pérdida de la motocicleta que fue entregada
al señor Andrés Felipe Martínez Lozano. Reiteraron que dicha pretensión no estaba atada
a la prosperidad de la reclamación por privación injusta de la libertad, pues, según
sostuvo, correspondía a un hecho posterior a la absolución del señor Salcedo Valencia.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 19 de agosto de 20263 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 21 de agosto de 20264 la admitió y dispuso notificar5 al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de
Cali, como partes accionadas; así como vincular6 a la Nación - Rama Judicial - Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali y a la Fiscalía General de la
Nación, como terceros con interés directo en el resultado del proceso.
De igual forma, se requirió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y al Juzgado
Noveno Administrativo del Circuito de Cali para que allegaran copia digital del expediente
correspondiente al proceso identificado con el radicado núm. 76001 33 33 009 2021
00037 00/01, el cual fue remitido7.
3.2. La Fiscalía General de la Nación8 indicó que carece de legitimación en la causa por
pasiva, toda vez que las providencias cuestionadas no fueron proferidas por esa entidad
y la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados se atribuye a las
autoridades judiciales que conocieron del proceso de reparación directa.
En ese sentido, precisó que cualquier orden encaminada a dejar sin efectos o modificar
las decisiones judiciales objeto de reproche excedería el ámbito de sus competencias.
3 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 06571 00.
4 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 06571 00.
5 Esta orden se cumplió el 25 de agosto de 2026. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 06571 00.
6 Ibidem.
7 Visto en los índices 11, 12 y 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado
núm. 11001 03 15 000 2026 06571 00.
8 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 06571 00.
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Sostuvo que corresponde a la parte accionante demostrar que las decisiones
cuestionadas incurrieron en alguno de los defectos que habilitan la intervención del juez
constitucional. A su juicio, en este caso no se acreditó que la valoración efectuada por
las autoridades judiciales hubiera sido arbitraria o manifiestamente irrazonable.
Agregó que tampoco se cumple el requisito general de relevancia constitucional, pues
consideró que la solicitud de amparo pretende reabrir una controversia de carácter legal
que ya fue decidida dentro del proceso ordinario.
Finalmente, manifestó que las sentencias proferidas dentro del proceso no vulneraron el
derecho fundamental al debido proceso de la parte actora.
3.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca9 sostuvo que la parte actora pretende,
mediante la acción de tutela, controvertir las conclusiones alcanzadas dentro del proceso
ordinario de reparación directa y obtener una nueva valoración de un asunto que ya fue
decidido por la jurisdicción contencioso administrativa.
Explicó que la providencia cuestionada se sustentó en las normas aplicables y en la
valoración del material probatorio obrante en el expediente, dentro del marco de las
garantías propias del debido proceso.
En ese sentido, afirmó que la solicitud de amparo pretende reabrir un debate jurídico y
probatorio ya resuelto y convertir la acción de tutela en una instancia adicional, finalidad
que desconoce el carácter subsidiario y excepcional de este mecanismo constitucional.
Finalmente, señaló que no se configuró un defecto que comprometiera los derechos
fundamentales invocados. En consecuencia, solicitó declarar improcedente la acción de
tutela.
3.4. El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cali10 manifestó que, mediante
sentencia del 30 de septiembre de 2025, luego de valorar los hechos y las pruebas
allegadas al expediente, negó las pretensiones de la demanda.
Agregó que la decisión fue recurrida y el expediente se remitió al Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca mediante auto del 13 de noviembre de 2025. Señaló que esa
Corporación, en sentencia del 17 de julio de 2026, confirmó la providencia de primera
instancia.
Finalmente, precisó que los fundamentos que sustentaron la decisión se encuentran
desarrollados en la sentencia del 30 de septiembre de 2025, razón por la cual se abstuvo
de efectuar consideraciones adicionales.
3.5. La Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Cali guardó silencio.
9 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 06571 00.
10 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 06571 00.
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4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 11 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,12 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202113, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 201914, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10
de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la
distribución de procesos entre las secciones.
4.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente15:
4.2.1. El señor Mauricio Antonio Salcedo Valencia, junto a sus familiares, promovieron
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Rama
Judicial y la Nación – Fiscalía General de la Nación, con el propósito de obtener la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por la privación de la libertad
padecida por el primero entre el 29 de noviembre de 2017 y el 4 de enero de 2019. El
proceso fue identificado con el radicado núm. 76001 33 33 009 2021 00037 00.
4.2.2. Mediante sentencia del 30 de septiembre de 2025, el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Cali negó las pretensiones de la demanda.
4.2.3. Contra dicha decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación y el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 17 de julio de 2026
la confirmó.
4.3. CUESTIÓN PREVIA
En relación con la solicitud de desvinculación formulada por la Fiscalía General de la
Nación, la Sala advierte que no hay lugar a acceder a ella, toda vez que dicha entidad
fue demandada en el proceso ordinario que dio lugar a la providencia judicial cuestionada
en sede de tutela y, por tanto, tiene interés en el resultado del presente trámite.
4.4. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
11 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
12 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece
las reglas de reparto de la acción de tutela.
13 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
14 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
15 Lo que se desprende del expediente del proceso de reparación directa identificado con radicado núm.
76001 33 33 009 2021 00037 00/01. Visto en los índices 11, 12 y 13 de la Sede Electrónica para la Gestión
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constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.
El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es la
relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii)
caso concreto.
4.4.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que:
[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […].
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
A partir de la sentencia C - 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU-
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional, deben
concurrir los tres elementos que integran el requisito de relevancia16. En consecuencia,
si no se acredita alguno de ellos, la acción de tutela deviene improcedente por no superar
dicho presupuesto de procedibilidad.
16 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29
de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente nro. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
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La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho que17:
[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal […].
(Se destaca).
En la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.
En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional
está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como una
instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la autonomía e independencia
del juez natural.
La Sala considera que, en este evento, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, en particular el elemento orientado a impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces. Ello, comoquiera que la solicitud de amparo está siendo utilizada como una
instancia adicional al proceso de reparación directa para controvertir la valoración
probatoria realizada por las autoridades judiciales accionadas.
Al respecto, la parte actora alegó que las providencias cuestionadas incurrieron en una
indebida valoración probatoria, al no otorgar el alcance que, a su juicio, correspondía a
la denuncia presentada por el señor Andrés Felipe Martínez Lozano y al registro
audiovisual de la audiencia de imposición de la medida de aseguramiento. En particular,
sostuvo que dichos elementos permitían establecer que la motocicleta denunciada como
hurtada era distinta de aquella encontrada en poder del señor Mauricio Antonio Salcedo
Valencia y que, por tanto, no existía una inferencia razonable respecto del delito de
receptación.
17 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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Accionantes: Mauricio Antonio Salcedo Valencia y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
De la lectura de las providencias cuestionadas, se advierte que el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Cali señaló, inicialmente, que no era posible verificar si al
momento de imponerse la medida de aseguramiento se habían satisfecho los
presupuestos legales correspondientes, toda vez que no fueron aportadas todas las
pruebas tenidas en cuenta en la audiencia preliminar del 30 de noviembre de 2017.
No obstante, a partir de los elementos obrantes en el expediente, especialmente del
registro audiovisual de dicha diligencia, consideró que para el momento de la imposición
de la medida de aseguramiento existían elementos de juicio que señalaban al señor
Mauricio Antonio Salcedo Valencia como presunto responsable de la conducta
investigada.
En particular, tuvo en cuenta la valoración realizada por el perito en automotores José
Alvear Cosme, según la cual la motocicleta presentaba el número de motor injertado, y
el señalamiento del señor Andrés Felipe Martínez Lozano, quien sostuvo que el vehículo
incautado correspondía al que le había sido hurtado y que lo reconocía por varios
distintivos específicos.
Por su parte, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al resolver el recurso de
apelación, examinó nuevamente las circunstancias que dieron lugar a la imposición de la
medida de aseguramiento. Para ello, tuvo en cuenta que la Fiscalía sustentó su solicitud
en la denuncia presentada por el señor Martínez Lozano, las verificaciones adelantadas
por la policía judicial, los estudios practicados al automotor y los demás elementos
recaudados durante la investigación.
Bajo dicho contexto, la Sala advierte que la acción de tutela está siendo utilizada como
una instancia o recurso adicional al proceso de reparación directa para controvertir lo
resuelto por el juez natural de la causa y la valoración probatoria efectuada, por lo que se
concluye que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la petición de amparo no
cumple con el tercer criterio de la relevancia constitucional.
En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las pretensiones, las
excepciones y los hechos que proponen demandante y demandado, y que la decisión del
juez se fundamenta precisamente en las razones de la demanda y de la contestación, las
pruebas y el derecho que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que
la ley prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que tiene.
Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las partes,
simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución
y la ley, en el ámbito de sus competencias; y cualquier desconocimiento que a tales
atribuciones hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por
fuera de las competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.
En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional el que
vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin competencia, entraría
en la valoración legal y fáctica del proceso, para modificar una decisión del juez
competente para conocer del caso, en el escaso término legal que le da la ley para
pronunciarse, y siguiendo un procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el
evidente riesgo de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
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Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse sobre las
cuestiones fácticas y de derecho que fueron el objeto del debate, porque así le fueron
planteadas por el demandante y el demandado en sus pretensiones, excepciones y
hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad el llamado a
decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre
las partes que precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha atendido el
debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que se toma, cuando ella está
por fuera de los planteamientos que en los hechos y en derecho han formulado
demandante y demandado, pues, en este caso, la decisión puede comprometer el núcleo
fundamental del debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero ese no es el supuesto en el
caso que aquí se examina.
Por lo anterior, la Sala concluye que, frente a los reproches expuestos por la parte
accionante, la acción de tutela es improcedente por no cumplir con el requisito general
de relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Fiscalía General de
la Nación, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la parte
accionante, por lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 10 de
septiembre de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
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GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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