Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03389-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-03389-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03389-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-03389-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 03389 01
Accionante: Cesar Augusto Ramos Pineda
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Revoca la sentencia impugnada y, en su lugar, declara
improcedente la acción de tutela por no superar el
requisito general de relevancia constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la Secretaría de Educación Departamental
del Cesar en contra del fallo de tutela proferido el 16 de junio de 2026 por el Consejo de
Estado – Sección Tercera – Subsección A, que amparó los derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia del accionante.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Cesar Augusto Ramos Pineda, actuando a través de apoderado judicial,
interpuso acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Cesar, y para ello
formuló las siguientes pretensiones1:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, en sentencia
del 30 de octubre de 2025 proferida dentro del medio de control identificado
con No. 20-001-33-33-008-2024-00133- 01, transgredió los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO PRO HOMINE del
señor CESAR AUGUSTO RAMOS PINEDA, al haber adoptado una decisión
que se aparta de los principios de la sana crítica que rigen la valoración
probatoria y del marco normativo vigente aplicable al caso concreto.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CESAR dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva decisión judicial que garantice (i) un
análisis integral de los medios de convicción, con lo cual el fin de lograr el
esclarecimiento de la situación fáctica de la accionante Rosa María Rivera
Taborda (sic) y, (ii) aplicando en debida forma la normatividad que reglamenta
las competencias en el procedimiento administrativo definido para la gestión de
las solicitudes de reconocimiento y pago de las cesantías en favor de los
docentes del Fomag.
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 03389 00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2026 03389 01
Accionante: César Augusto Ramos Pineda
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La parte accionante informó que, en su condición de docente, el 18 de abril de 2022
solicitó el reconocimiento y pago de sus cesantías parciales a través del Sistema Humano
en Línea.
Señaló que la Secretaría de Educación Departamental del Cesar atendió la solicitud
mediante la Resolución núm. CESARR2022000220 del 15 de julio de 2022, y
posteriormente la Fiduprevisora S.A. efectuó el desembolso de los recursos el 9 de
agosto de 2022.
Indicó que, el 19 de febrero de 2024, presentó reclamación administrativa ante el
Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG), la Fiduprevisora S.A. y la precitada Secretaría de Educación
Departamental, con el fin de obtener el reconocimiento de la sanción moratoria prevista
en la Ley 1071 de 2006 y la Ley 1955 de 2019, por el presunto pago tardío de las
cesantías.
Anotó que la solicitud fue resuelta desfavorablemente mediante el oficio núm.
CES2024ER009870/CES2024EE005030 del 11 de marzo de 2024, circunstancia que dio
lugar al ejercicio del respectivo medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
para controvertir dicho acto administrativo.
Manifestó que el conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Valledupar que, mediante sentencia del 17 de julio de 2025
declaró la nulidad del acto administrativo cuestionado y ordenó al departamento del Cesar
pagar la sanción moratoria correspondiente a siete días al considerar que la solicitud de
reconocimiento de las cesantías había sido presentada el 18 de abril de 2022, fecha que
consideró acreditada mediante la trazabilidad del trámite en el Sistema Humano en Línea,
y concluyó que tanto la expedición del acto administrativo, como el pago de la prestación,
se habían producido por fuera de los términos legales.
Inconforme con la anterior decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación
y el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia del 30 de octubre de 2025,
revocó la decisión de primera instancia al considerar que, aunque en el Sistema Humano
en Línea aparecía que la documentación había sido cargada el 18 de abril de 2022, la
solicitud solo podía entenderse formalmente radicada el 14 de julio de 2022, cuando la
Secretaría de Educación había iniciado el estudio de la prestación, pues el aplicativo
advertía que la fecha de radicación se generaba con la aceptación de la información y
documentación por parte de la Secretaría. En consecuencia, concluyó que la resolución
de reconocimiento había sido expedida oportunamente y que el pago de las cesantías se
había realizado dentro del término legal, por lo que no había lugar al reconocimiento de
la sanción moratoria.
Como fundamento de la solicitud de amparo, el accionante sostuvo que se encontraban
satisfechos los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, pues el asunto
revestía relevancia constitucional al involucrar la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
prevalencia del derecho sustancial y a la tutela judicial efectiva.
En igual sentido, afirmó que había agotado los mecanismos judiciales que tenía a su
alcance ante el juez natural y que la acción había sido presentada oportunamente, dentro
del término de seis meses que la jurisprudencia constitucional ha considerado razonable.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2026 03389 01
Accionante: César Augusto Ramos Pineda
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Asimismo, expuso que identificó de manera clara los hechos y derechos cuya vulneración
atribuía a la providencia cuestionada, que la acción no se dirigía contra otra sentencia de
tutela y que se encuentran satisfechos los presupuestos de legitimación en la causa.
A su turno, frente a los requisitos específicos de procedencia, el accionante alegó que la
providencia cuestionada incurrió en defecto fáctico y defecto sustantivo.
En cuanto al defecto fáctico, aseguró que el tribunal accionad realizó una valoración
inadecuada del material probatorio, al desconocer la constancia del Sistema Humano en
Línea que acreditaba el cargue de la documentación el 18 de abril de 2022 y otorgar
prevalencia a otros elementos para establecer como fecha de radicación el 14 de julio
siguiente, sin que se hubiera demostrado que la solicitud inicial estuviera incompleta o
que la Administración hubiera requerido su complementación.
Sobre el defecto sustantivo, argumento que la autoridad judicial accionada interpretó de
manera errada las normas que regulan el reconocimiento y pago de las cesantías, al
considerar que el término de quince días para expedir el acto de reconocimiento
comenzaba a correr desde el inicio del estudio de la prestación y no desde la presentación
completa de la solicitud. A su juicio, el procedimiento administrativo se había iniciado el
18 de abril de 2022, cuando cargó la documentación requerida en el Sistema Humano en
Línea, sin que posteriormente hubiera sido objeto de devolución o requerimiento de
subsanación.
Finalmente, invocó el principio pro homine, pues consideró que, ante la divergencia sobre
la fecha de presentación de la solicitud, el Tribunal debió adoptar la interpretación más
favorable a la protección de sus derechos, en lugar de imponerle una carga relacionada
con etapas de validación y estudio que estaban a cargo de la administración
departamental.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 4 de mayo de 20262 y correspondió por reparto a la
Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado que, por auto del 5 de mayo
de 20263 la admitió y dispuso notificar4 al Tribunal Administrativo del Cesar como
autoridad judicial accionada; así como vincular a la Nación - Ministerio de Educación
Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), a la
Fiduprevisora S.A. y al departamento del Cesar, como terceros interesados en el
resultado del proceso.
De igual forma, requirió al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Valledupar para
que allegara copia digital del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho
correspondiente al proceso identificado con el radicado núm. 20001 33 33 008 2024
00133 00/01.
2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03389 00.
3 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03389 00.
4 Esta orden se cumplió el 8 de mayo de 2026. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 03389 00.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2026 03389 01
Accionante: César Augusto Ramos Pineda
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
3.2. El Ministerio de Educación Nacional allegó escrito5 en el que sostuvo que carecía de
legitimación en la causa por pasiva, por cuanto la acción de tutela se dirigía contra una
sentencia proferida por una autoridad judicial y no se identificaba una acción u omisión
atribuible a esa cartera que hubiera vulnerado los derechos fundamentales invocados.
Asimismo, consideró que la tutela es improcedente, pues la controversia planteada tenía
un carácter estrictamente económico y de mera legalidad, sin que se hubiera acreditado
una afectación de relevancia constitucional que justificara la intervención excepcional del
juez de tutela frente a una providencia judicial.
3.3. La Secretaría de Educación Departamental del Cesar rindió informe6 en el que
sostuvo que la sentencia acusada se había ajustado a derecho, pues el trámite de
cesantías a través del Sistema Humano en Línea comprendía etapas diferenciadas y la
solicitud solo había quedado formalmente radicada el 14 de julio de 2022, luego de que
el docente completara el cargue de documentos el día anterior y la entidad validara la
documentación. Por ello, afirmó que no se había configurado mora alguna atribuible a la
Administración y que tampoco se habían presentado los defectos, fáctico y sustantivo,
alegados por el accionante.
Asimismo, manifestó que el precedente de tutela invocado por el accionante no resultaba
vinculante, por tratarse de una decisión de primera instancia referida a circunstancias
fácticas distintas y, además, porque, a su juicio, dicha providencia había desconocido el
funcionamiento técnico del Sistema Humano en Línea. En consecuencia, solicitó negar
el amparo solicitado.
3.4. El Tribunal Administrativo del Cesar allegó el enlace del proceso ordinario, sin
embargo, no se pronunció sobre los hechos y las pretensiones de la tutela.
3.5. La Fiduprevisora S.A., guardó silencio.
4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección “A” de la Sección Tercera de esta Corporación, mediante sentencia del
16 de junio de 2026, amparó los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia del accionante y, en consecuencia, dejó sin efectos la
sentencia acusada y ordenó proferir una providencia de reemplazo.
Para ello, inicialmente expuso lo siguiente:
Previa constatación de la suficiencia argumentativa ofrecida en la demanda al
haberse identificado de forma clara y concreta los motivos de la violación que se
atribuyen a la providencia objetada, la Sala considera que la cuestión que se
debate en esta oportunidad trasciende el ámbito de una simple discrepancia
valorativa. Ello, por cuanto involucra la eventual afectación de los derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido proceso,
presuntamente vulnerados por la valoración probatoria manifiestamente
contraevidente atribuida a la autoridad accionada que habría incidido de manera
directa en el sentido de la decisión acusada.
5 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03389 00.
6 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03389 00.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2026 03389 01
Accionante: César Augusto Ramos Pineda
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Adicionalmente, advirtió que también se cumplían los demás requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial como la subsidiariedad, la
inmediatez y que no se trata de una tutela en contra de una sentencia dictada en otra
acción de la misma naturaleza.
Con posterioridad, descendió al estudio de los defectos invocados por la parte
accionante. En ese sentido, al analizar el defecto fáctico, encontró que el Tribunal
Administrativo del Cesar había incurrido en una valoración probatoria irrazonable al tener
como fecha de presentación de la solicitud de cesantías el 14 de julio de 2022, pese a
que el aplicativo Humano en Línea permitía establecer que esta había sido presentada el
18 de abril de 2022; consideró que la culminación de la validación documental en una
fecha posterior correspondía a una actuación de la administración que no podía
trasladarse al accionante, máxime cuando no existía prueba de que se le hubiera
requerido para complementar o subsanar la documentación.
Señaló que, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006 y el artículo
2.4.4.2.3.2.22 del Decreto 1272 de 2018, el término para resolver la solicitud de cesantías
debía contabilizarse desde su presentación, salvo que esta se encontrara incompleta y
la administración formulara el correspondiente requerimiento de subsanación; por tal
motivo, en el caso analizado no se acreditó la existencia de dicho requerimiento y, por el
contrario, la entidad territorial había reconocido que no realizó ninguna actuación de esa
naturaleza.
Por lo anterior, consideró desproporcionado e irracional trasladar al accionante las
consecuencias de una demora de más de cuatro meses atribuible a la administración,
pues durante ese lapso la solicitud permaneció en una etapa interna de validación
documental sin que se presentaran inconsistencias, devoluciones o requerimientos; así,
aceptar que la radicación solo se producía una vez culminada dicha validación permitiría
postergar la fecha de radicación oficial mediante una actuación interna de la
administración que no se encontraba prevista en la ley para los casos en que la solicitud
no había sido devuelta ni objetada.
Asimismo, concluyó que se había configurado un defecto sustantivo, pues la indebida
valoración probatoria incidió directamente en la aplicación de las normas que regulaban
los términos para el reconocimiento y pago de las cesantías; en consecuencia, al no
existir requerimiento de subsanación, la fecha de presentación efectiva de la solicitud,
esto es, el 18 de abril de 2022, debía constituir el punto de partida para contabilizar el
término legal, sin que resultara procedente adicionar el tiempo correspondiente a la etapa
interna de validación documental.
Finalmente, destacó que el juez debía observar no solo las disposiciones legales
aplicables, sino también los criterios jurisprudenciales fijados por las Altas Cortes,
particularmente la decisión de unificación de la Sección Segunda sobre el cómputo de la
sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías.
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. La Secretaría de Educación Departamental del Cesar impugnó el fallo de tutela de
primera instancia al considerar que el a quo había valorado de manera equivocada la
fecha de radicación de la solicitud de cesantías. Al respecto, sostuvo que el 18 de abril
de 2022 correspondió únicamente al cargue inicial de documentos y que la solicitud
quedó completa y formalmente radicada el 14 de julio de 2022.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2026 03389 01
Accionante: César Augusto Ramos Pineda
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Explicó que varios documentos indispensables fueron expedidos con posterioridad al 18
de abril, entre ellos la certificación bancaria del 13 de julio, el certificado de tradición del
7 de julio y el contrato de obra del 10 de julio de 2022. A partir de ello, afirmó que se había
generado artificialmente una mora administrativa para reclamar la sanción moratoria.
Asimismo, señaló que el juez de tutela de primera instancia omitió valorar la guía del
docente y la información técnica sobre el funcionamiento del aplicativo Humano en Línea,
según las cuales la radicación oficial solo se producía una vez se completaban y
validaban todos los documentos. Por ello, defendió la conclusión del Tribunal según la
cual la entidad había actuado oportunamente.
5.2. Por auto proferido el 27 de julio de 2026 se concedió la impugnación7.
5.3. Mediante proveído del 18 de agosto de 20268, el Consejero de Estado Fernando Alexei
Pardo Flórez devolvió el presente asunto a la Secretaría General de esta Corporación, a fin
de que se efectuara nuevamente el reparto de la segunda instancia, por cuanto la
Subsección a la cual pertenece fue la que profirió la sentencia de tutela de primera instancia.
5.4. El conocimiento del presente asunto fue asignado a esta Sección por acta de reparto
del 20 de agosto de 20269.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 10, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201511, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202112, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo
de 201913, modificado por el Acuerdo núm. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido
por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.
7 Visto en el índice 33 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03389 00.
8
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03389 01.
9 Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03389 01.
10 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
11 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
12 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
13 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2026 03389 01
Accionante: César Augusto Ramos Pineda
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
6.2. CUESTIÓN PREVIA
La Sala observa que el Ministerio de Educación Nacional solicitó, en su informe, que se
declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, se ordenara
su desvinculación del presente trámite constitucional, petición sobre la cual no se
pronunció el juez de tutela de primera instancia.
Al respecto, se considera que no hay lugar a acceder a dicha solicitud, toda vez que la
mencionada autoridad fue vinculada al presente trámite por cuanto hizo parte pasiva
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió
la providencia objeto de controversia.
En consecuencia, su permanencia en el proceso resulta necesaria, no solo para
garantizar la eficacia de la decisión que eventualmente se adopte, sino también para
salvaguardar los principios de contradicción y defensa, al permitirle ejercer su derecho
de defensa y pronunciarse frente a los cargos formulados por la parte accionante.
6.3. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente14:
6.3.1. El señor César Augusto Ramos Pineda, actuando a través de apoderada judicial,
promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) – la Fiduprevisora y el departamento del Cesar, con el
propósito de obtener la nulidad del Oficio – Resolución núm. CES2024ER009870 –
CES2024EE005030 del 11 de marzo de 2024, expedido por la Secretaría de Educación
Departamental del Cesar, mediante el cual se negó el reconocimiento de la sanción
moratoria al aquí accionante.
6.3.2. El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito de Valledupar que, mediante sentencia de 17 de julio de 2025 resolvió lo
siguiente:
PRIMERO-. DECLARAR probada la excepción de FALTA DE LEGITIMACIÓN EN
LA CAUSA POR PASIVA respecto de LA NACIÓN – MINISTERIO DE
EDUCACIÓN – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO-. DECLARAR la nulidad del acto administrativo identificado como
OFICIO-RESOLUCIÓN No. CES2024ER009870- CES2024EE005030 de fecha
11 de marzo de 2024, mediante el cual se niega el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria establecida en la Ley 1071 de 2006, a favor del señor CESAR
AUGUSTO RAMOS PINEDA, conforme a las consideraciones de esta sentencia.
TERCERO-. Como restablecimiento del derecho, SE CONDENA al
DEPARTAMENTO DEL CESAR, a reconocer y pagar a favor del señor CESAR
AUGUSTO RAMOS PINEDA, la indemnización moratoria por el pago tardío de las
cesantías parciales, en razón a un día de salario por cada día de retardo, desde
el 2 de agosto de 2022 hasta el 8 de agosto de 2022 (inclusive), para un total de
7 días de mora, teniendo en cuenta la asignación básica vigente para el período
14 Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado núm. 20001 33 33 008 2024 00133
00/01.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2026 03389 01
Accionante: César Augusto Ramos Pineda
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
en que se causó la mora. Lo anterior de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de este proveído.
CUARTO-. La suma total causada por sanción moratoria se ajustará desde el día
siguiente en que esta cesó (día siguiente al pago de la prestación), hasta la
ejecutoria de la sentencia, en atención a la fórmula señalada en la parte motiva de
la presente providencia.
6.3.3. Inconforme con la anterior decisión, el departamento del Cesar interpuso recurso
de apelación y el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia del 30 de octubre
de 2025, notificada el 4 de noviembre de 2026, la revocó y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda.
6.3.4. El Tribunal Administrativo del Cesar, en cumplimiento de la orden de tutela
impartida en primera instancia en el presente trámite tutelar, profirió sentencia de
reemplazo el 25 de junio de 2026, en la que confirmó la sentencia de 17 de julio de 2025
proferida por el Juzgado Octavo Administrativo de Valledupar.
6.4. ANÁLISIS DE LA SALA
Teniendo en cuenta lo que es motivo de impugnación, la Sala considera necesario
resolver si, en este caso, frente a los reparos expuestos por el accionante en el escrito
de tutela y analizado en el fallo de primera instancia, se reúne el requisito general de
relevancia constitucional, y para ello, examinará: (i) los criterios que la jurisprudencia
constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.
6.4.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C - 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que15:
[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […].
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
15 Corte Constitucional. Sentencia C - 590 del 8 de junio de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2026 03389 01
Accionante: César Augusto Ramos Pineda
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
A partir de la sentencia C - 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la sentencia SU -
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades16:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 17. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar dicho requisito de procedibilidad.
6.4.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se detendrá en el
examen del segundo y del tercer criterio que la compone, esto es, (i) evitar que la acción
de tutela se convierta en una manera de desconocer principios constitucionales como los
de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial, e (ii)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
6.4.2.1. Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad o de naturaleza económica
Frente al segundo elemento, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente 18:
[…] la controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no
meramente legal y/o económico. Según la jurisprudencia constitucional, las
discusiones de orden legal, esto es, aquellas relativas a un derecho de índole
económica, deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos
para su trámite, dado que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma
imprudente en asuntos de carácter netamente legal o reglamentario”, so pena de
“involucrarse en [cuestiones] que corresponde definir a otras jurisdicciones” […].
(Subrayado fuera del texto).
En igual sentido, anotó que19:
[…] en tales términos, un asunto carece de relevancia constitucional, según lo ha
considerado la Corte, (i) cuando la discusión se limita a la mera determinación de
16 Corte Constitucional. Sentencia SU - 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido. Este
criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103 de 2022.
17 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29
de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente núm. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P. Oswaldo Giraldo López.
18 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P. Carlos Bernal Pulido.
19 Ibidem.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2026 03389 01
Accionante: César Augusto Ramos Pineda
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretación o aplicación de
una norma “de rango reglamentario o legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n
violaciones a los derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente
su naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia
estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no
representen un interés general” […]. (Subrayado fuera del texto).
La Sala considera que, en este caso, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que no se supera uno de los elementos que lo integran,
consistente en preservar la competencia e independencia de los jueces de las
jurisdicciones distintas de la constitucional y, por esa vía, evitar que la acción de tutela
sea utilizada para debatir asuntos de mera legalidad o de contenido económico.
Lo anterior, por cuanto la controversia planteada por el accionante involucra determinar
si hay lugar, o no, al reconocimiento y pago de la sanción por mora de la sanción por
mora establecida en la Ley 1071 de 2006 por el no pago oportuno de las cesantías
parciales reconocidas por la Secretaría de Educación Departamental del Cesar.
En esa medida, se trata de un debate meramente legal porque conlleva la discusión sobre
la aplicación de la mencionada ley al caso para determinar si hay lugar al reconocimiento
y pago de la aludida sanción, y es de naturaleza económica, dado que el objeto del litigio
en el proceso ordinario giró en torno al reconocimiento y pago de la sanción por mora por
el no pago oportuno de las cesantías reconocidas, discusión que no compromete derecho
fundamental alguno.
De esta manera, aunque el accionante invocó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, la sola
invocación de tales garantías no convierte la controversia en un asunto de relevancia
constitucional, pues el planteamiento formulado se encuentra directamente relacionado
con la interpretación y aplicación de las normas que regulan la situación objeto de
controversia.
6.4.2.2. Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces
Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho que20:
[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal […].
(Se destaca).
En la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial. Como se expresó con
claridad en la Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para
20 Corte Constitucional. Sentencia SU - 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2026 03389 01
Accionante: César Augusto Ramos Pineda
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a
la controversia judicial”.
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional
está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como una
instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la autonomía e independencia
del juez natural.
La Sala advierte que, en este caso, los reparos formulados por el accionante se dirigen
principalmente contra la valoración probatoria que efectuó el tribunal accionado respecto
de las actuaciones surtidas en la plataforma Humano en Línea y de los documentos
relacionados con la solicitud de reconocimiento de las cesantías, pues sostiene que la
solicitud fue presentada el 18 de abril de 2022 y que, por tanto, esa fecha debía ser
tomada como punto de partida para el cómputo de la sanción moratoria.
Asimismo, cuestiona las conclusiones obtenidas por la autoridad judicial accionada a
partir de los elementos probatorios obrantes en el expediente y la interpretación de las
normas que regulan la oportunidad para solicitar y reconocer las cesantías, aspectos que
constituyeron precisamente el objeto del debate dentro del proceso ordinario.
Así las cosas, la controversia planteada no evidencia, por sí misma, la existencia de una
cuestión constitucional autónoma que requiera la intervención del juez de tutela, sino que
pone de manifiesto la inconformidad del accionante con la manera en que el juez natural
valoró las pruebas y determinó la fecha jurídicamente relevante para establecer la
configuración de la mora.
En este punto, la Sala no desconoce que el juez de tutela de primera instancia consideró
que la valoración probatoria efectuada por el Tribunal Administrativo del Cesar había sido
manifiestamente contraevidente y que, por esa razón, la controversia trascendía una
simple discrepancia valorativa, sin embargo, el examen del asunto permite advertir que
los cuestionamientos formulados por el accionante permanecen vinculados a la
apreciación de las pruebas y a la aplicación de las normas legales que fueron objeto de
discusión en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
En ese contexto, la Sala observa que la controversia continúa circunscrita a determinar
cuál de las fechas debatidas debía ser jurídicamente relevante para establecer la sanción
moratoria, lo cual exige valorar nuevamente el material probatorio y examinar la
interpretación de las normas aplicables al caso, actividad que corresponde al juez natural
y que no puede ser trasladada al juez constitucional bajo el argumento de una presunta
vulneración de derechos fundamentales.
Por tanto, lo expuesto por la parte accionante, más que revelar la existencia de una
cuestión de verdadera relevancia constitucional que implique la presunta transgresión de
sus derechos fundamentales, pone de manifiesto una inconformidad con la decisión
adoptada por la autoridad judicial accionada e intenta reabrir el debate resuelto en el
proceso ordinario, como si la tutela se tratara de un recurso o una instancia adicional.
En consecuencia, la Sala considera que no se encuentra satisfecho el requisito general
de relevancia constitucional, pues la controversia planteada se mantiene en el ámbito
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2026 03389 01
Accionante: César Augusto Ramos Pineda
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
propio del debate probatorio y jurídico que correspondía resolver al juez natural, sin que
se advierta una cuestión constitucional que justifique la intervención excepcional del juez
de tutela.
Por lo anterior, la Sala revocará la sentencia del 16 de junio de 2026, proferida por la
Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, en su lugar, se declarará
improcedente la acción de tutela por no cumplirse el requisito general de relevancia
constitucional.
Finalmente, la Sala estima pertinente señalar que, aunque el Tribunal Administrativo del
Cesar profirió una sentencia de reemplazo, sobre esta no hay lugar a pronunciarse
comoquiera que ella no es objeto de la presente tutela y, además, dicha providencia se
profirió en cumplimiento del fallo de tutela que es revocada en esta oportunidad.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Nación - Ministerio
de Educación Nacional, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del 16 de junio de 2026, proferida por la Subsección
“A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta
providencia y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida
por el accionante, por las razones expuestas en esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 17 de
septiembre de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.