Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03948-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03948-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-03948-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 03948 01
Accionante: Consorcio Nacional de Ingenieros Contratistas
Accionados: Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección “C” y
otro
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Confirma la providencia impugnada que declaró
improcedente la acción de tutela por no superar el
requisito general de relevancia constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante en contra del fallo de tutela
proferido el 9 de julio de 2026, por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró
improcedente el amparo solicitado.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El Consorcio Nacional de Ingenieros Contratistas, actuando a través de apoderado
judicial, interpuso acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia y la
Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, y para ello formuló las
siguientes pretensiones1:
PRIMERA PRETENSION (PRINCIPAL): Que se declare la existencia de los
defectos fáctico y material o sustantivo en que incurrieron las providencias
cuestionadas, y que, como consecuencia, se ordene dejar sin efectos la
decisión proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo
de Antioquia el 11 de marzo de 2025 y la proferida por la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado el 20 de octubre de 2025, que confirmó
la primera, por medio de las cuales se rechazó por caducidad la acción
ejecutiva intentada por EL CONSORCIO NACIONAL DE INGENIEROS
CONTRATISTAS CONIC S.A. en contra del INVIAS; y que en su lugar se
ordene al Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Primera de Decisión que,
dentro del término que el Juez Constitucional determine, profiera nueva
decisión que admita la demanda ejecutiva y libre el mandamiento de pago
solicitado.
PRETENSION SUBSIDIARIA: En el evento en que el Juez Constitucional no
encuentre méritos para predicar defecto autónomo en la providencia del
Consejo de Estado, se solicita que se deje sin efectos únicamente la
providencia del 20 de octubre de 2025 en cuanto confirmó el rechazo de la
demanda ejecutiva, y que se ordene a la Subsección C de la Sección Tercera
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 03948 00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001 03 15 000 2026 03948 01
Accionante: Consorcio Nacional de Ingenieros Contratistas
Accionados: Consejo de Estado - Sección Tercera- Subsección “C” y otro
del Consejo de Estado que profiera nueva decisión que revoque el auto de
rechazo de primera instancia y ordene al Tribunal Administrativo de Antioquia
– Sala Primera de Decisión pronunciarse de fondo sobre la admisión de la
demanda ejecutiva.
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La parte accionante indicó que presentó demanda ejecutiva en contra del Instituto
Nacional de Vías – INVIAS, con el fin de obtener el pago del acuerdo conciliatorio que
fue aprobado judicialmente y en virtud del cual se reconoció a su favor la suma de
$15.844.365.232,38.
Sostuvo que, mediante providencia del 11 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo
de Antioquia rechazó la demanda por considerar que había operado el fenómeno jurídico
de la caducidad, con fundamento en que la obligación se hizo exigible el 13 de diciembre
de 2007 y que el término de cinco años para ejercer la acción venció el 14 de diciembre
de 2012.
Adujo que interpuso recurso de apelación, en el que explicó que la providencia que
aprobó la conciliación había estado afectada por múltiples períodos de suspensión,
circunstancias que, a su juicio, debían tenerse en cuenta para establecer la exigibilidad
de la obligación y el término de caducidad.
Señaló que, mediante providencia del 20 de octubre de 2025, la Subsección “C” de la
Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó la decisión de primera instancia.
Como fundamento de la acción de tutela, el accionante manifestó que el asunto ostentaba
relevancia constitucional, por cuanto las providencias cuestionadas vulneraban sus
derechos fundamentales. Asimismo, precisó que acudió a los mecanismos judiciales
disponibles, pues interpuso el recurso de apelación contra la decisión de primera
instancia, y afirmó que la tutela fue presentada dentro de un término oportuno y
razonable, por lo que consideró satisfecho el requisito de inmediatez.
Igualmente, identificó los hechos que, en su criterio, ocasionaron la vulneración y los
derechos fundamentales comprometidos y señaló que la presente demanda no se dirigía
contra providencias judiciales de tutela.
Respecto de los defectos alegados, el accionante alegó principalmente que las
providencias acusadas incurrieron en un defecto fáctico, porque omitieron valorar las
circunstancias y los elementos probatorios relacionados con los períodos de suspensión
de la exigibilidad y de la caducidad, los cuales, según afirmó, reposaban en el expediente
ordinario y habían sido expuestos tanto en la demanda ejecutiva como en el recurso de
apelación.
También alegó la configuración de un defecto material o sustantivo, al considerar que la
decisión de segunda instancia resultaba contradictoria con la realidad procesal del
asunto, pues concluyó que había operado la caducidad sin tener en cuenta los períodos
de suspensión durante el trámite conciliatorio.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
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Accionados: Consejo de Estado - Sección Tercera- Subsección “C” y otro
3.1. La tutela fue radicada el 22 de mayo de 20262 y correspondió por reparto a la Sección
Quinta del Consejo de Estado que, por auto de 28 de mayo de 20263 inadmitió la
demanda.
Posteriormente, mediante providencia del 16 de junio de 20264, admitió la acción y
dispuso notificar5 a la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado y al
Tribunal Administrativo de Antioquia como autoridades judiciales accionadas; así como
vincular al INVIAS, como tercero interesado en el resultado del proceso.
De igual forma, requirió a las autoridades judiciales accionadas para que allegaran copia
digital del expediente ejecutivo correspondiente al proceso identificado con el radicado
núm. 05001 23 33 000 2025 00201 01.
3.2. El INVIAS6 allegó informe en el que solicitó su desvinculación de la acción de tutela
por falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que los reproches del
accionante se dirigen exclusivamente contra providencias judiciales y no contra
actuaciones u omisiones atribuibles a esa entidad.
3.3. El Tribunal Administrativo de Antioquia7 presentó contestación en la que sostuvo que
la decisión de rechazar por caducidad la demanda ejecutiva se ajustó a los fundamentos
expuestos en la providencia cuestionada y señaló que las distintas Subsecciones de la
Sección Tercera del Consejo de Estado han adoptado un criterio coincidente en procesos
ejecutivos similares.
Asimismo, afirmó que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados ni se
acreditaron los requisitos para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en particular el de relevancia constitucional.
3.4. La Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado8 a través de su
magistrado ponente de la providencia cuestionada sostuvo que esta no vulneró los
derechos fundamentales invocados, pues la acción de tutela pretende reabrir el debate
sobre la contabilización del término de caducidad acontecido en el proceso ejecutivo.
Explicó que la obligación objeto de controversia se hizo exigible el 14 de diciembre de
2007 y que el término de cinco años para promover la acción ejecutiva venció el 14 de
diciembre de 2012, por lo que la demanda presentada en febrero de 2025 resultaba
extemporánea.
2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03948 00.
3 Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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4 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03948 00.
5 Esta orden se cumplió el 18 de junio de 2026. Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 03948 00.
6 Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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7 Visto en el índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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8 Visto en el índice 25 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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Añadió que la providencia analizó los argumentos planteados por la accionante y fue
proferida con apego al ordenamiento jurídico, razón por la cual solicitó desestimar el
amparo deprecado.
4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia del 9 de julio de 2026,
declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no se cumplía el requisito
general de relevancia constitucional. Señaló que los argumentos de la parte accionante
reflejaban una discrepancia con la forma en que las autoridades judiciales contabilizaron
el término de caducidad y determinaron la exigibilidad de la obligación, asuntos que ya
habían sido objeto de análisis en la providencia cuestionada.
Explicó que la Subsección “C” de la Sección Tercera de esta Corporación había
examinado los argumentos relacionados con el título ejecutivo, las resoluciones
administrativas del INVÍAS, los períodos de suspensión y la contabilización del término
de caducidad, por ello, consideró que la pretensión del accionante consistía, en realidad,
en obtener una nueva revisión de aspectos jurídicos ya definidos por el juez natural de la
causa.
En consecuencia, concluyó que la tutela pretende reabrir un debate de naturaleza legal
y convertir el mecanismo de amparo en una instancia adicional, sin que se hubieran
expuesto planteamientos que permitieran advertir, prima facie, una cuestión de relevancia
constitucional o una afectación arbitraria de derechos fundamentales.
Por último, negó la solicitud de desvinculación presentada por el INVIAS.
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia y sostuvo que esta
erró al declarar improcedente la tutela por falta de relevancia constitucional, por cuanto
la controversia no constituía una simple discusión legal o económica, sino que
involucraba la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso
a la administración de justicia y a la confianza legítima, como consecuencia de las
decisiones que rechazaron por caducidad la demanda ejecutiva.
Sostuvo que las providencias cuestionadas desconocieron circunstancias que, a su juicio,
suspendieron la exigibilidad de la obligación y, por ende, incidían en la contabilización del
término de caducidad.
En particular, insistió en que existieron períodos de suspensión derivados de la acción de
tutela promovida por el INVÍAS, de actuaciones de la Contraloría General de la República
y de una investigación penal, circunstancias que consideró omitidas en el análisis
realizado por las autoridades judiciales accionadas.
Asimismo, alegó que la decisión de primera instancia omitió pronunciarse sobre su
argumento según el cual la vía ejecutiva primigenia permanecía vigente, dado que la
providencia que aprobó la conciliación estableció que el proceso solo terminaría con el
pago total de las sumas conciliadas. Según el impugnante, otras decisiones judiciales
habían reconocido la posibilidad de continuar la ejecución en dicho proceso, mientras que
el Tribunal consideró que este había terminado.
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También cuestionó la contabilización de la exigibilidad de la obligación y sostuvo que el
acuerdo conciliatorio no estableció un plazo definitivo para el pago, por ello, afirmó que
debía aplicarse supletoriamente el término previsto en el artículo 136 del Código
Contencioso Administrativo, además de descontarse los períodos en los que, según su
planteamiento, la exigibilidad estuvo suspendida. Con fundamento en ello, sostuvo que
la demanda ejecutiva había sido presentada oportunamente.
Finalmente, señaló que la decisión impugnada no examinó de manera integral los
argumentos expuestos en la tutela y que calificó erradamente la controversia como un
intento de reabrir un debate ya resuelto. Afirmó que, por el contrario, las inconsistencias
y omisiones atribuidas a las providencias cuestionadas evidenciaban una posible
afectación arbitraria de sus derechos fundamentales, por lo que solicitó que se realizara
un examen de fondo de la acción de tutela.
5.2. Por auto proferido el 29 de julio de 2026 se concedió la impugnación9 y la misma fue
asignada a esta Sección por acta de reparto de 12 de agosto de 202610.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 11, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201512, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202113, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo
de 201914, modificado por el Acuerdo núm. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido
por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.
6.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente15:
6.2.1. La sociedad accionante promovió demanda ejecutiva contra el INVIAS, con el
propósito de obtener el pago de la suma de dinero contenida en la conciliación presentada
9 Visto en el índice 36 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03948 00.
10 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03948 01.
11 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
12 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
13 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
14 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
15 Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado núm. 05001 23 33 000 2025 00201
00/01.
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en el proceso identificado con el radicado núm. 05001 23 31 000 2000 02747 00, la cual
fue aprobada por el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante proveído de 4 de
diciembre de 2006 y corregida mediante auto de 6 de febrero de 2007.
6.2.2. El conocimiento de la demanda ejecutiva correspondió al mismo tribunal, que,
mediante auto de 11 de marzo de 2025, resolvió rechazar la demanda por considerar que
había operado el fenómeno jurídico de la caducidad.
6.2.3. Inconforme con esa decisión, la accionante interpuso recurso de apelación y la
Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante auto del 20 de
octubre de 2025 la confirmó.
6.2.4. Contra la anterior decisión, la accionante presentó solicitud de adición y aclaración,
la cual fue resuelta mediante providencia de 23 de febrero de 2026, notificada el 13 de
marzo de 2026.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Teniendo en cuenta lo que es motivo de impugnación, la Sala considera necesario
resolver si, en este caso, frente a los reparos expuestos por el accionante en el escrito
de tutela y analizado en el fallo de primera instancia, se reúne el requisito general de
relevancia constitucional, y para ello, examinará: (i) los criterios que la jurisprudencia
constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.
6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C - 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que:
[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […].
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
A partir de la sentencia C - 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la sentencia SU -
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades16:
16 Corte Constitucional. Sentencia SU - 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido. Este
criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103 de 2022.
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(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 17. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar dicho requisito de procedibilidad.
6.3.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se detendrá en el
examen del segundo y del tercer criterio que la compone, esto es, (i) evitar que la acción
de tutela se convierta en una manera de desconocer principios constitucionales como los
de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial, e (ii)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
6.3.2.1. Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad o de naturaleza económica
Frente al segundo elemento, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente 18:
[…] la controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no meramente
legal y/o económico. Según la jurisprudencia constitucional, las discusiones de orden
legal, esto es, aquellas relativas a un derecho de índole económica, deben ser
resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, dado que
“le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos de
carácter netamente legal o reglamentario”, so pena de “involucrarse en [cuestiones]
que corresponde definir a otras jurisdicciones” […]. (Subrayado fuera del texto).
En igual sentido, anotó que19:
[…] en tales términos, un asunto carece de relevancia constitucional, según lo ha
considerado la Corte, (i) cuando la discusión se limita a la mera determinación de
aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretación o aplicación de una
norma “de rango reglamentario o legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n
violaciones a los derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente
monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no representen un interés
general” […]. (Subrayado fuera del texto).
17 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29
de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente núm. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P. Oswaldo Giraldo López.
18 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P. Carlos Bernal Pulido.
19 Ibidem.
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La Sala considera que, en este caso, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que no se supera uno de los elementos que lo integran,
consistente en preservar la competencia e independencia de los jueces de las
jurisdicciones distintas de la constitucional y, por esa vía, evitar que la acción de tutela
sea utilizada para debatir asuntos de mera legalidad o de contenido económico.
Lo anterior, por cuanto la controversia planteada por el accionante se relaciona con la
posibilidad de obtener el pago de una obligación dineraria derivada de un acuerdo
conciliatorio, respecto de la cual promovió una demanda ejecutiva contra el INVIAS. En
efecto, el propósito de dicha actuación consistía en obtener el pago del capital indexado
y los intereses derivados de la obligación, por una suma que, según se observa en el
expediente ejecutivo, ascendía a $113.514.035.842,64.
De esta manera, se advierte que el interés que subyace a la presente controversia es de
carácter eminentemente patrimonial y económico, en la medida en que el objeto final
perseguido por la sociedad accionante consiste en obtener el pago de una suma de
dinero.
6.3.2.2. Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces
Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho que20:
[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal […].
(Se destaca).
En la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial. Como se expresó con
claridad en la Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para
discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a
la controversia judicial”.
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional
está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como una
instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la autonomía e independencia
del juez natural.
La Sala advierte que, en este caso, no se cumple el requisito de relevancia constitucional,
comoquiera que no se supera el tercer elemento que lo integra, esto es, impedir que la
20 Corte Constitucional. Sentencia SU - 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones adoptadas por el juez del proceso ordinario.
Ello obedece a que, tanto en su escrito introductorio como en la impugnación, la
accionante alegó que las providencias cuestionadas incurrieron en defectos fáctico y
sustantivo, pues, a su juicio, omitieron valorar circunstancias relevantes para determinar
la exigibilidad de la obligación y aplicaron erróneamente las reglas sobre el cómputo del
término de caducidad.
En particular, sostuvo que debían tenerse en cuenta diversos períodos durante los cuales
se suspendieron el proceso o los pagos de la obligación, entre ellos los relacionados con
actuaciones de tutela, medidas adoptadas por órganos de control y autoridades penales
y la suspensión de términos durante la pandemia. Consideró que, al descontar dichos
períodos, la demanda ejecutiva había sido presentada oportunamente.
Asimismo, cuestionó la interpretación dada al acuerdo conciliatorio y a la providencia que
lo aprobó, pues sostuvo que, ante el incumplimiento de las obligaciones pactadas, debía
ser posible continuar con la ejecución y obtener el pago de las sumas adeudadas.
En la impugnación insistió en que la primera instancia no había analizado integralmente
sus argumentos y que existían decisiones judiciales previas que, a su juicio, habían
generado confianza sobre la posibilidad de continuar con la vía ejecutiva. Finalmente,
sostuvo que la controversia trascendía una simple discusión económica o legal, pues las
decisiones cuestionadas habían desconocido, según su planteamiento, las
circunstancias que incidían en la exigibilidad de la obligación y la posibilidad de acceder
a la administración de justicia.
Así las cosas, con el propósito de establecer el alcance de la controversia planteada, la
Sala analizará la providencia del 20 de octubre de 2025, por ser la decisión mediante la
cual la Sección Tercera de esta Corporación resolvió la apelación interpuesta contra el
auto que rechazó la demanda ejecutiva por caducidad.
De su lectura se observa que, en cuanto a la ejecutoria del auto aprobatorio, la autoridad
judicial accionada rechazó el argumento según el cual debía tenerse en cuenta la
providencia de 6 de febrero de 2007, mediante la cual se corrigió un error aritmético.
Explicó que dicha decisión no podía equipararse a una aclaración o complementación de
la providencia y, por tanto, no tenía la virtualidad de modificar o extender el término de
ejecutoria del auto de 4 de diciembre de 2006.
A partir de ello, consideró que el auto aprobatorio había quedado ejecutoriado en
diciembre de 2006. Sin embargo, como para el pago de los saldos pendientes se había
pactado un plazo inicial de seis meses y uno adicional de seis meses, concluyó que la
obligación se hizo exigible el 13 de diciembre de 2007.
Asimismo, descartó que existiera un “plazo abierto” que debiera suplirse con las
disposiciones del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, puesto que
consideró que la conciliación había establecido expresamente los plazos para el pago y
que la referencia posterior al reconocimiento de intereses moratorios no modificaba la
exigibilidad de la obligación, sino que regulaba las consecuencias del incumplimiento una
vez vencidos los plazos acordados.
Con base en lo anterior, determinó que el término de caducidad de cinco años, previsto
para la acción ejecutiva en vigencia del Código Contencioso Administrativo, comenzó a
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correr el 14 de diciembre de 2007 y venció el 14 de diciembre de 2012. En consecuencia,
como la demanda fue presentada el 26 de febrero de 2025, concluyó que había sido
formulada por fuera del término legal.
Frente a las órdenes de suspensión de pagos emitidas en el marco de las investigaciones
adelantadas por la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República,
señaló que la caducidad es una institución de orden público y que su suspensión o
interrupción solo procede cuando existe una disposición legal que así lo autorice, por ello,
consideró que tales actuaciones no tenían la virtualidad de suspender el término de
caducidad.
Además, sostuvo que, si la parte consideraba que dichas investigaciones constituían un
obstáculo para la ejecución, debió presentar oportunamente la demanda ejecutiva y,
dentro de ese proceso, solicitar la suspensión por prejudicialidad, incluso destacó que
otros acreedores habían acudido a ese mecanismo.
Finalmente, descartó la aplicación de la suspensión de términos dispuesta durante la
emergencia sanitaria por COVID-19, debido a que, para la entrada en vigencia del
Decreto 564 de 2020, la acción ejecutiva ya había caducado desde el 14 de diciembre de
2012.
A partir de ese contexto, la Sala observa que lo manifestado por el accionante para
sustentar la presunta vulneración de sus derechos fundamentales no evidencia que el
asunto planteado verse sobre el alcance de un derecho fundamental, sino únicamente
sobre su inconformidad con la decisión adoptada dentro del proceso ejecutivo.
Ello es así, porque el accionante en ningún momento pone de presente que la autoridad
judicial accionada hubiera incurrido en una arbitrariedad, ni desarrolla una exposición de
la que se desprenda que el caso exija interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución
Política, o definir el alcance de un derecho fundamental, como tampoco justifica de
manera razonable una afectación desproporcionada de sus derechos fundamentales.
Por tanto, la Sala considera que lo expuesto por la parte accionante, más que revelar la
existencia de una cuestión de verdadera relevancia constitucional que implique la
presunta transgresión de derechos fundamentales, pone de manifiesto una simple
inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada, como si la
tutela se tratara de un recurso o una instancia adicional.
En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de 9 de julio de 2026, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente el amparo solicitado
por no cumplirse con el requisito general de relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 9 de julio de 2026, proferida por la Sección
Quinta de esta Corporación, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 10 de
septiembre de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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