Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03948-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03948-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-03948-00
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá, D. C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03948-00
Demandante: CONSORCIO NACIONAL DE INGENIEROS CONTRATISTAS
(CONIC SA)
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
C Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedencia por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la sala a resolver la solicitud formulada por la parte actora, en ejercicio de
la acción de tutela consagrada en el artículo 86 constitucional y desarrollada en
los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el artículo 13 de Acuerdo 080 del 2019 de la Sala Plena de la corporación,
modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Mediante escrito radicado el 22 de mayo de 2026, Consorcio Nacional de
Ingenieros Contratistas (Conic SA), a través de su apoderado especial, presentó
acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, así como del principio de la confianza legítima.
Estimó quebrantadas tales garantías con ocasión de las providencias del 11 de
marzo y 20 de octubre de 2025, mediante las cuales se declaró la caducidad de la
demanda ejecutiva identificada con el radicado 05001-23-33-000-2025-00201-01
(72840), que promovió contra el Instituto Nacional de Vías (en adelante INVIAS).
1
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Demandante: Consorcio Nacional de Ingenieros
Contratistas (CONIC) S.A.S.
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03948-00
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora pretende:
PRIMERA PRETENSION (PRINCIPAL): Que se declare la existencia de los
defectos fáctico y material o sustantivo en que incurrieron las providencias
cuestionadas, y que, como consecuencia, se ordene dejar sin efectos la decisión
proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia el
11 de marzo de 2025 y la proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado el 20 de octubre de 2025, que confirmó la primera, por medio de
las cuales se rechazó por caducidad la acción ejecutiva intentada por EL
CONSORCIO NACIONAL DE INGENIEROS CONTRATISTAS CONIC S.A. en
contra del INVIAS; y que en su lugar se ordene al Tribunal Administrativo de
Antioquia – Sala Primera de Decisión que, dentro del término que el Juez
Constitucional determine, profiera nueva decisión que admita la demanda ejecutiva
y libre el mandamiento de pago solicitado.
PRETENSION SUBSIDIARIA: En el evento en que el Juez Constitucional no
encuentre méritos para predicar defecto autónomo en la providencia del Consejo de
Estado, se solicita que se deje sin efectos únicamente la providencia del 20 de
octubre de 2025 en cuanto confirmó el rechazo de la demanda ejecutiva, y que se
ordene a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado que profiera
nueva decisión que revoque el auto de rechazo de primera instancia y ordene al
Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Primera de Decisión pronunciarse de
fondo sobre la admisión de la demanda ejecutiva.
1.3. Hechos
La parte demandante sostuvo que el 26 de febrero de 2025 presentó demanda
ejecutiva en contra el INVIAS, para obtener el pago de la suma de dinero
contenida en la conciliación presentada en el trámite del proceso con radicado
05001-23-31-000-2000-02747-001, la cual fue aprobada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión mediante providencia del 4
de diciembre de 2006, corregida en auto del 6 de febrero de 2007. Esto debido a
que el pago no se cumplió a cabalidad, por lo que con dicha demanda pretendía el
cobro del capital indexado y los intereses, para un monto total de
$113.514.035.842,64.
Mencionó que el auto aprobatorio de la conciliación, se notificó por estado del 6
de diciembre de 2006, por lo que, la ejecutoria corrió entre el 7 y 12 de diciembre
de la misma anualidad.
Refirió que el proceso ejecutivo se identificó con el radicado 05001-23-33-000-
1
Acuerdo conciliatorio en el cual se convino que el INVIAS debía pagar a Conic SA, la suma de
$15.844.365.232,38, junto con la actualización respectiva, y adicionalmente solicitan el pago de los
intereses causados.
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Demandante: Consorcio Nacional de Ingenieros
Contratistas (CONIC) S.A.S.
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C y otro
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2025-00201-01 y que la mencionada corporación mediante auto del 11 de marzo
de 2025 declaró la caducidad de la acción ejecutiva y, como consecuencia,
rechazó la demanda. Esto, debido a que la ejecutoria del título base de recaudo
ocurrió el 13 de diciembre de 2006, de manera que el plazo de 12 meses
otorgado para el cumplimiento2 venció el 13 de diciembre de 2007. En
consecuencia, el término para la interposición de la demanda ejecutiva finalizó el
14 de diciembre de 2012.
Afirmó que en dicho proveído se estableció que aunque la ejecutante alegó la
existencia de un título ejecutivo complejo, conformado por el auto de aprobación
de la conciliación y las Resoluciones 2241 del 25 de mayo de 2010, 3631, 3632,
3633, 3634 y 3635 todas del 12 de agosto de 2010 y 6441 del 28 de diciembre de
2010 proferidas por el INVIAS, en las que se ordenó el pago de las sumas
contenidas en la referida conciliación judicial, el tribunal advirtió que esas
resoluciones tenían una naturaleza de acto de ejecución, por lo que no hacían
parte de título base de ejecución.
Expuso que presentó recurso de apelación contra la anterior decisión, el cual
resolvió el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C a través de
proveído del 20 de octubre de 2025 confirmó el auto apelado, al considerar que
como el término de caducidad de 5 años de la acción ejecutiva3 empezó a correr a
partir de la exigibilidad de la obligación, esto es, a partir del 14 de diciembre de
20074 y culminó el 14 de diciembre de 2012, y la demanda se radicó el 26 de
febrero de 2025, esta se interpuso fuera del término legal.
Para ello, en dicha providencia se estableció que el auto que aprobó la
conciliación quedó en firme en diciembre de 2006, por lo que, sumado los 12
meses pactados, la obligación se hizo exigible el 13 de diciembre de 2007. A su
vez, se determinó que el título era complejo, pero se limitaba exclusivamente al
acuerdo conciliatorio y su auto aprobatorio, y que las resoluciones administrativas
del INVIAS eran de actos de ejecución, por lo que no integraban el título base de
recaudo ni suspendían la exigibilidad de la obligación judicial ya existente.
Indicó que, debía presentarse la demanda en término y, dentro de ese proceso,
solicitar la suspensión por prejudicialidad, en lugar de esperar a que caducara y
que la suspensión de términos por la pandemia COVID -19 tampoco le era
aplicable porque, para esa fecha, la acción ya llevaba 8 años caducada.
2
Este plazo corresponde al que se le concedió a INVIAS para realizar el pago de los saldos
pendientes derivados del acuerdo conciliatorio de 2006.
3
En vigencia del Código Contencioso Administrativo.
4
En este auto se precisó: «… es claro que para el pago de los saldos pendientes se acordó un
plazo inicial de 6 meses, junto con uno adicional de 6 meses, por lo que la obligación se hizo
exigible al año siguiente a la ejecutoria del auto aprobatorio de la conciliación del 4 de diciembre de
2006, el cual transcurrió desde el 13 de diciembre de 2006 y hasta el 13 de diciembre de 2007.»
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1.4. Sustento de la petición
La parte actora sostuvo que con la decisión acusada se incurrió en lo siguiente:
1.4.1. Defecto fáctico
Sostuvo que en las providencias demandadas incurrieron en la omisión de los
términos de suspensión de la caducidad de la acción ejecutiva, y el consiguiente
desconocimiento de la realidad que afectó la exigibilidad de la obligación con
ocasión de las múltiples suspensiones que debió enfrentar el proceso primigenio
de la conciliación aprobada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, la cuales
reposaban en el expediente 2000-02747.
Indicó que no se descontaron del conteo de la caducidad los siguientes períodos
de suspensión:
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1.4.2. Defecto sustantivo
Señaló que también se incurrió en la aplicación errónea de las reglas de
caducidad y la interpretación de la exigibilidad del título, puesto que el acuerdo
conciliatorio no fijó un plazo final para que el INVIAS pagara, se debía aplicar
supletoriamente el artículo 136 del CCA (18 meses adicionales al plazo de gracia),
lo que postergaba el inicio del conteo de caducidad.
Precisó que, al descontar los términos de suspensión, el derecho a accionar
ejecutivamente no ha vencido y culminaría apenas el 7 de febrero de 2028, por lo
que consideró que existe una contradicción entre los fundamentos y el sentido de
la decisión y una afectación a la confianza legitima pues el tribunal en auto del 30
de agosto de 2013 rechazó la ejecución porque la obligación aún no era exigible
en ese momento.
Refirió que resulta contradictorio para el accionante que ahora el mismo tribunal y
el Consejo de Estado estimaran que la acción ejecutiva ya había caducado en
2012, sin tener en cuenta que inicialmente se rechazó la acción por falta de
exigibilidad y, en las providencias acusadas la imposibilidad de cobro obedeció al
por vencimiento de términos.
1.5. Trámite
Mediante providencia del 28 de mayo de 2026, se inadmitió la demanda para que
la parte actora aportara el poder en los términos exigidos por los artículos 74 del
Código General del Proceso y 5 de la Ley 2213 de 2022, allegara el contrato, el
documento privado o el acta mediante la cual se constituyó el mencionado
consorcio y su Registro Único Tributario (RUT) y aclarara la calidad con la que
actuaba el señor Luis Fernando Mejía Rivera, requerimiento que fue atendido
oportunamente.
Por lo que, auto del 16 de junio de 2026, se admitió la demanda de tutela y, en
consecuencia, se ordenó la notificación de los magistrados que integran el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Primera de Decisión.
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A su vez, se dispuso la vinculación en calidad de tercero del director general del
Instituto Nacional de Vías (INVIAS).
1.6. Contestaciones e intervenciones
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
El magistrado ponente de la providencia demandada se opuso a la prosperidad de
la solicitud de amparo, al considerar que dicha decisión se profirió con estricto
apego al ordenamiento jurídico por el cual debía regularse y no incurrió en los
defectos alegados por el demandante, de manera que no se generó ninguna
afectación a los derechos fundamentales invocados.
Indicó que los argumentos de la acción de tutela pretenden crear una excepción a
la caducidad, dada la situación de actora y extender el término hasta el «febrero 7
de 2028», cuando la exigibilidad de la obligación se dio el 14 de diciembre de
2007 y el término de caducidad feneció el 14 de diciembre de 2012.
Indicó que en relación con el argumento sobre la suspensión de la que trata el
Decreto 564 de 2020, por la emergencia sanitaria, dicha suspensión no resultaba
aplicable al presente asunto, en la medida en que, el término de caducidad
feneció el 14 de diciembre de 2012, es decir, 8 años antes de la vigencia del
decreto citado.
Mencionó que la providencia cuestionada se profirió con estricto apego al
ordenamiento jurídico por el cual debía regularse y no incurrió en los defectos
alegados por el demandante, de manera que no se generó ninguna afectación a
los derechos fundamentales invocados.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión
Esta autoridad judicial sostuvo que los fundamentos fácticos y jurídicos que
sustentaron dicha decisión, se encuentran contenidos en el texto de la providencia
dictada en primera instancia.
Señaló que las tres subsecciones de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al
resolver procesos ejecutivos promovidos de manera prácticamente simultánea y
derivados de los mismos títulos ejecutivos objeto del presente trámite, han
coincidido en concluir que operó el fenómeno de la caducidad, circunstancia que
evidencia la uniformidad del criterio adoptado aun frente a diferencias en el
cómputo de los términos examinados en cada caso5.
5
i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.
Auto del 20 de octubre de 2025. C.P. William Barrera Muñoz. Radicado 05001-23-33-000-2025-
00201-01.
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Precisó que no se advierte vulneración alguna de los derechos fundamentales
invocados por la accionante ni se encuentran acreditados los presupuestos
exigidos para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en particular el requisito de relevancia constitucional.
1.6.3. INVIAS
Esta entidad solicitó su desvinculación de la acción de tutela pues carece de
legitimación en la causa por pasiva, puesto que las pretensiones de la demanda
se dirigen exclusivamente en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C.
Refirió que no existe ninguna conducta activa u omisiva desplegada por el INVÍAS
que guarde relación directa con la supuesta transgresión de los derechos
fundamentales del accionante, por lo que dicha legitimación recae únicamente
sobre la autoridad judicial que emitió la decisión atacada.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, según
lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 6, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20197.
2.2. Cuestión previa
El INVIAS solicitó su desvinculación ante su falta de legitimación en la causa por
pasiva, pues lo pretendido se dirige contra la autoridad judicial de segunda
instancia demandada.
ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Auto
del 18 de julio de 2025. C.P. Alberto Montaña Plata. Radicado 05001-23-33-000-2025-00202-01
(72841).
iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.
Auto del 1 de junio de 2026. C.P. William Barrera Muñoz. Radicado 05001-23-33-000-2025-00215-
01 (72843).
iv) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A.
Auto del 24 de octubre de 2025. C.P. María Adriana Marín. Radicado 05001-23-33-000-2025-
00220-01 (72844).
v) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Auto
del 17 de abril de 2026. C.P. Diego Enrique Franco Victoria. Radicado 05001-23-33-000-2025-
00224-01 (73845).
vi) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A.
Auto del 15 de mayo de 2026. C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Radicado 05001-23-33-000-
2025-00226-02 (73708).
6
Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
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Modificado por el Acuerdo 434 del 2024 de la Sala Plena de la Corporación.
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Al respecto, se denegará tal petición comoquiera que dicha entidad fungió como
parte pasiva en el proceso ejecutivo objeto de esta demanda constitucional.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la sala verificar si se vulneraron los derechos fundamentales de la
parte accionante con ocasión del auto del 20 de octubre de 2025, dictado por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C con el que confirmó la
providencia de primera instancia que declaró la caducidad de la demanda
ejecutiva identificada con el radicado 05001-23-33-000-2025-00201-01 (72840),
que promovió contra el INVIAS.
Al respecto, se precisa que, pese a que la acción de tutela también se dirigió
contra el proveído de primera instancia, el estudio se supeditará a lo resuelto por
en el precitado auto por ser la providencia que puso fin al proceso.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales;
ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad y, finalmente, de encontrarse
superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
2012, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:
… [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se
hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté
en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.
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Subsección C y otro
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Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «… fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sala declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a
la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el
sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Por lo que, resulta necesario precisar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para
revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del
juez natural.
2.5. Examen de los requisitos: procedencia adjetiva
2.5.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que
la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «… el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de
la providencia reprochada.»
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Igualmente, enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte, el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal
constitucional consideró ue la tutela implica un juicio de alidez no una
corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.
Asimismo, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que este
mecanismo se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta
para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:
… (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
En el caso concreto, la parte actora alegó la configuración de un defecto fáctico
por la omisión de los términos de suspensión de la caducidad de la acción
ejecutiva, y el consiguiente desconocimiento de la realidad que afectó la
exigibilidad de la obligación con ocasión de las múltiples suspensiones que debió
enfrentar el proceso primigenio de la conciliación.
Adicionalmente, invocó un defecto sustantivo porque se incurrió en la aplicación
errónea de las reglas de caducidad y la interpretación de la exigibilidad del título,
puesto que el acuerdo conciliatorio no fijó un plazo final para que el INVIAS
pagara, se debía aplicar supletoriamente el artículo 136 del CCA (18 meses
adicionales al plazo de gracia), lo que postergaba el inicio del conteo de
caducidad.
Al respecto, se encuentra que la acción de tutela no cumple el requisito de la
relevancia constitucional por los siguientes motivos:
Los argumentos de la parte demandante exponen una mera discrepancia legal
con la forma en que se contabilizó el tiempo de exigibilidad de la obligación; lo
cual fue objeto de análisis por parte de la autoridad judicial acusada que
determinó que el plazo para ejercer la acción era de cinco (5) años, conforme al
Código Contencioso Administrativo (CCA).
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Para ello, tuvo en cuenta que la conciliación surtida entre las partes el 26 de
octubre de 2006 y aprobada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante
auto del 4 de diciembre de 2006, al contener todos los elementos necesarios del
título ejecutivo –una obligación clara, expresa y exigible– no requería de actos
adicionales de complementación, de manera que estimó se trataba de un «título
ejecutivo complejo, pero compuesto únicamente por el acuerdo conciliatorio y la
providencia de aprobación en los términos del artículo 72 de la Ley 446 de 1998,
modificatorio del artículo 65 de la Ley 23 de 1991».
De igual manera, en la providencia demandada se indicó que el auto que aprobó
la conciliación original quedó en firme en diciembre de 2006, sumado los plazos
de gracia pactados (12 meses), la obligación se hizo exigible el 13 de diciembre
de 2007, por lo que, el término de cinco años para demandar ejecutivamente
empezó el 14 de diciembre de 2007 y feneció el 14 de diciembre de 2012; de
modo que como la demanda se radicó el 26 de febrero de 2025, se presentó más
de 12 años después del vencimiento del término legal.
A su vez, la autoridad judicial acusada determinó que el título era complejo, pero
se limitaba exclusivamente al acuerdo conciliatorio y su auto aprobatorio, y que
las resoluciones administrativas del INVIAS eran de actos de ejecución, por lo que
no integraban el título base de recaudo ni suspendían la exigibilidad de la
obligación judicial ya existente.
Además, indicó que debía presentarse la demanda en término y, dentro de ese
proceso, solicitar la suspensión por prejudicialidad, en lugar de esperar a que
caducara y que la suspensión de términos por la pandemia COVID -19 tampoco le
era aplicable porque, para esa fecha, la acción ya llevaba 8 años caducada.
Así las cosas, se advierte que el asunto de la caducidad fue analizado por la
subsección demandada y en ese orden, lo pretendido por la parte actora es que el
juez de tutela revise nuevamente si las resoluciones administrativas o las
suspensiones afectaron el término de caducidad, lo cual constituye un uso
indebido del mecanismo de amparo.
En tal sentido, es necesario destacar que la acción de tutela contra providencias
judiciales no debe considerarse como una tercera instancia para traer a colación el
análisis de la providencia acusada, sino que es un medio residual a través del cual
se revalúan las decisiones que recaen en la arbitrariedad, al sopesar los principios
rectores de la autoridad judicial.
Adicionalmente, debe indicarse que tratándose de providencias de altas cortes,
esta carga argumentativa es aún más exigente, debido al rol especial que cumplen
como órganos de cierre de sus respectivas jurisdicciones, y al valor hermenéutico
de sus decisiones.
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Demandante: Consorcio Nacional de Ingenieros
Contratistas (CONIC) S.A.S.
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03948-00
Por consiguiente, esta sala de decisión declarará improcedente la solicitud de
amparo de la referencia por no cumplir el requisito de relevancia constitucional,
toda vez que la parte accionante pretende reabrir el debate y no desarrolló
planteamientos que permitan considerar, prima facie, que su caso amerita algún
pronunciamiento de orden constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: Denegar la solicitud de desvinculación formulada por el INVIAS.
SEGUNDO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por la
sociedad Consorcio Nacional de Ingenieros Contratistas (Conic SA), a través de
su apoderado especial, contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C y el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión,
por no cumplir el presupuesto de la relevancia constitucional.
TERCERO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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