Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-06282-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-06282-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-06282-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 06282 00
Accionante: Unidad Administrativa Especial Migración Colombia –
UAEMC
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Tercera – Subsección C y otro
Acción: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por incumplir el
requisito general de relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por la Unidad Administrativa Especial
Migración Colombia – UAEMC en contra de las providencias dictadas el 21 de marzo y
23 de mayo de 2025 por el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito de
Bogotá; y el 23 de febrero de 2026 por la Subsección “C”, Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en el medio de control de repetición identificado con el
radicado núm. 11001 33 36 034 2022 00379 00/01.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia – UAEMC, actuando por conducto
de apoderado, promovió acción de tutela en contra de las precitadas providencias y para
ello formuló las siguientes pretensiones1:
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso
efectivo a la administración de justicia y a la igualdad de la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA – UAEMC.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS el auto del 23 de febrero de 2026, proferido
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección
C, dentro del recurso de queja Rad. 110013336034-2022-00379-01.
TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS el auto del 23 de mayo de 2025 y, en lo que
resulte pertinente, el auto del 21 de marzo de 2025, proferidos por el Juzgado
Treinta y Cuatro (34) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C.
CUARTO: ORDENAR al Juzgado Treinta y Cuatro (34) Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá D.C. que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes
a la notificación del fallo de tutela, admita a trámite el recurso de apelación
interpuesto el 1° de abril de 2025 y lo resuelva de fondo, o que, en subsidio, admita
y trámite la demanda de repetición, valorando los argumentos y las pruebas
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 06282 00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2026 06282 00
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relativos al cómputo del término de caducidad conforme al artículo 164, literal l), y
al artículo 142 del CPACA.
QUINTO: En caso de no acceder a las pretensiones anteriores, ORDENAR al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca proferir una nueva decisión sobre el
recurso de queja, en la que se valoren de manera expresa los argumentos
expuestos en la presente acción. [Mayúsculas originales del escrito de tutela].
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La entidad accionante manifestó que presentó medio de control de repetición en contra
de los ciudadanos José Joaquin Brieva Acosta y Teresa Cortés Angulo, con el fin de
recuperar las sumas pagadas en cumplimiento de la condena impuesta dentro del
proceso de reparación directa con radicado núm. 11001-33-37-043-2017-00211. Indicó
que el capital fue pagado el 24 de agosto de 2021 y los intereses el 21 de abril de 2022.
Sostuvo que, mediante auto del 21 de marzo de 2025, el Juzgado Treinta y Cuatro
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá rechazó la demanda por caducidad,
decisión que fue notificada por estado electrónico el 25 de marzo siguiente y comunicada
ese mismo día al canal digital de la entidad mediante mensaje de datos.
Señaló que el 1 de abril de 2025 interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación
contra dicha providencia. Explicó que consideraba aplicable el artículo 205 del CPACA,
por cuanto la comunicación del estado se realizó mediante mensaje de datos,
circunstancia que, a su juicio, implicaba que la notificación se entendiera surtida dos días
hábiles después de su envío.
Indicó que, mediante auto del 23 de mayo de 2025, el juzgado rechazó por
extemporáneos los recursos interpuestos, al contabilizar el término para recurrir desde la
notificación por estado efectuada el 25 de marzo de 2025. Posteriormente, presentó
recurso de reposición y, en subsidio, de queja, los cuales sustentó en la misma
interpretación del artículo 205 del CPACA.
Anotó que el recurso de queja fue remitido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
el cual, mediante auto del 23 de febrero de 2026, estimó bien denegada la apelación.
Precisó que dicha corporación concluyó que la comunicación del estado electrónico
mediante mensaje de datos no comportaba la aplicación del artículo 205 del CPACA, con
fundamento en el Auto de Unificación proferido por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado el 29 de noviembre de 2022.
La accionante afirmó que las referidas decisiones impidieron un pronunciamiento de
fondo sobre la acción de repetición y sostuvo que cumplía los requisitos generales de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por cuanto el asunto planteaba
una cuestión de relevancia constitucional, agotó los recursos ordinarios de defensa
judicial, promovió la acción dentro de un término razonable e identificó oportunamente
las irregularidades que estimó lesivas de sus derechos fundamentales.
En cuanto a los defectos específicos de procedibilidad, alegó, en primer lugar, la
configuración de un defecto sustantivo y de un defecto fáctico en el auto del 21 de marzo
de 2025, al considerar que el juzgado interpretó erróneamente el artículo 164 del CPACA
y omitió valorar las pruebas relativas a los pagos efectuados en cumplimiento de la
condena, lo que condujo a declarar indebidamente la caducidad del medio de control.
En segundo lugar, sostuvo que los autos del 23 de mayo de 2025 y del 23 de febrero de
2026 incurrieron en defecto sustantivo, debido a la interpretación restrictiva del artículo
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205 del CPACA respecto de la comunicación electrónica de los estados judiciales. A su
juicio, dicha interpretación desconoció el alcance de la notificación efectuada mediante
mensaje de datos y restringió injustificadamente su acceso a la administración de justicia.
Finalmente, afirmó que las autoridades judiciales incurrieron en defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto, al privilegiar una interpretación estrictamente formal de los
términos procesales y rechazar los recursos interpuestos, sin permitir un pronunciamiento
de fondo sobre la controversia relacionada con la caducidad de la acción de repetición.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 10 de agosto de 20262 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 13 de agosto de 20263 la admitió y dispuso notificar4 a la
Subsección “C” de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el
Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá y vincular5 a los
ciudadanos Teresa Cortés Angulo y José Joaquín Brieva Acosta, como terceros con
interés.
Así mismo requirió a la Subsección “C” de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá
para que remitiese el expediente con núm. de radicado 11001 33 36 034 2022 00379
00/01.
3.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca6 allegó informe en el que solicitó negar
el amparo invocado. Sostuvo que la providencia del 23 de febrero de 2026 fue proferida
con observancia de las normas procesales aplicables y de la jurisprudencia vigente del
Consejo de Estado.
Indicó que la comunicación del estado electrónico mediante mensaje de datos tiene una
finalidad meramente informativa y no transforma la notificación por estado en una
notificación electrónica regulada por el artículo 205 del CPACA. En consecuencia,
concluyó que el término para interponer el recurso de apelación debía contabilizarse
desde la publicación del estado electrónico y no desde el vencimiento de los dos días
previstos para las notificaciones electrónicas.
Asimismo, manifestó que la decisión cuestionada se apoyó en el Auto de Unificación de
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado del 29 de
noviembre de 2022, según el cual la remisión del estado por correo electrónico no altera
el régimen jurídico de la notificación por estado.
Finalmente, afirmó que la acción de tutela pretendía reabrir un debate de interpretación
normativa ya resuelto por los jueces naturales de la causa y convertir al juez
2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con
radicado núm. 11001 0315 000 2026 06282 00.
3 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con
radicado núm. 11001 0315 000 2026 06282 00.
4 Esta orden se cumplió el día 18 de agosto de 2026. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso de primera instancia con radicado núm. 11001 0315 000 2026 06282 00
5 Ibidem
6 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 06282 00.
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constitucional en una instancia adicional para controvertir decisiones adoptadas dentro
del proceso ordinario.
3.3. El Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá allegó informe7
mediante el cual solicitó declarar improcedente la acción de tutela o, subsidiariamente,
negar el amparo.
Manifestó que las providencias cuestionadas fueron proferidas en ejercicio de las
competencias legalmente atribuidas, con observancia de las normas procesales
aplicables y con la debida motivación fáctica y jurídica. Indicó que el rechazo de la
demanda obedeció al análisis del presupuesto procesal de caducidad y que la decisión
de rechazar los recursos de reposición y apelación se fundamentó en su
extemporaneidad, tras verificar el vencimiento de los términos legales para su
interposición.
Finalmente, afirmó que la inconformidad planteada por la entidad accionante
correspondía a un desacuerdo con la interpretación judicial realizada respecto de la
caducidad de la acción y del cómputo de los términos procesales, sin que se configurara
alguno de los defectos excepcionales que habilitan la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales.
3.4. La señora Teresa Cortes Angulo allegó escrito8 en el que solicitó negar las
pretensiones de la acción de tutela. Sostuvo que la entidad accionante pretendía reabrir
términos procesales precluidos dentro del medio de control de repetición, pese a haber
contado con todas las garantías procesales previstas en el ordenamiento jurídico.
Indicó que el auto que rechazó la demanda fue notificado por estado el 25 de marzo de
2025, de conformidad con los artículos 198, 201 y 244 del CPACA, razón por la cual el
término para interponer los recursos venció el 28 de marzo siguiente. En ese sentido,
afirmó que los recursos de reposición y apelación presentados por Migración Colombia
el 1 de abril de 2025 fueron extemporáneos.
Manifestó que los dos días adicionales previstos en el artículo 205 del CPACA
únicamente resultan aplicables a las providencias notificadas electrónicamente y no a
aquellas notificadas por estado, cuya comunicación mediante mensaje de datos tiene
carácter meramente informativo.
Finalmente, sostuvo que tanto el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca actuaron conforme
a la Constitución y la ley, por lo que no se configuró vulneración alguna de los derechos
fundamentales invocados.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 9 y el artículo
7 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 06282 00.
8 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 06282 00
9 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
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2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,10 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202111, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201912, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.
4.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente13:
4.2.1. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia promovió medio de control
de repetición contra los ciudadanos Teresa Cortés Angulo y José Joaquín Brieva Acosta,
con el propósito de obtener el reintegro de las sumas pagadas en cumplimiento de la
condena impuesta a dicha entidad dentro del proceso de reparación directa identificado
con el radicado núm. 2017-00211-00/01.
4.2.2. Mediante auto del 21 de marzo de 2025, el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá rechazó la demanda de repetición al considerar
configurado el fenómeno de la caducidad de la acción. Dicha providencia fue notificada
por estado electrónico el 25 de marzo de 2025.
4.2.3. El 1 de abril de 2025, la entidad demandante interpuso recurso de reposición y, en
subsidio, apelación contra la anterior decisión, con el fin de controvertir la declaratoria de
caducidad efectuada por el despacho judicial.
4.2.4. A través de auto del 23 de mayo de 2025, el Juzgado Treinta y Cuatro
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá rechazó por extemporáneos los recursos
de reposición y apelación.
Para el efecto, consideró que el término para recurrir debía contabilizarse desde la
notificación por estado realizada el 25 de marzo de 2025 y concluyó que este vencía el
28 de marzo siguiente, razón por la cual los recursos presentados el 1 de abril de 2025
resultaban tardíos.
4.2.5. Contra esta determinación, el 5 de junio de 2025 la apoderada de la entidad
accionante formuló recurso de reposición y, en subsidio, recurso de queja.
Como fundamento de su inconformidad, sostuvo que el cómputo del término debía
realizarse conforme al artículo 205 del CPACA, modificado por el artículo 52 de la Ley
2080 de 2021, dado que la decisión había sido comunicada mediante mensaje de datos.
Con base en esa interpretación, afirmó que los recursos interpuestos el 1.º de abril de
2025 habían sido presentados dentro de la oportunidad legal.
4.2.6. El juzgado resolvió no modificar la decisión adoptada el 23 de mayo de 2025 y
concedió el recurso de queja formulado de manera subsidiaria. Posteriormente, mediante
10 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece
las reglas de reparto de la acción de tutela.
11 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
12 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
13 Lo que se desprende del expediente del medio de control de repetición identificado con el radicado núm.
11001 33 36 034 2022 00379 00.
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auto del 23 de febrero de 2026, la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, al resolver la queja, declaró bien denegado el recurso
de apelación interpuesto contra el auto que rechazó la demanda de repetición.
4.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.
El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es la
relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii)
caso concreto.
4.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que
[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […]14.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades15:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
14 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
15 Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
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(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 16. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional.
4.3.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que:
[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal” (…)17. (Se
destaca) […].
En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, «circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial».
En igual sentido anotó que «como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial» (…)”. [Se
destaca].
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso y la jurisprudencia aplicable, resulta evidente que
este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo
la autonomía e independencia del juez natural.
La Sala advierte que, en este evento, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la compone, esto es, impedir que
la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces, no está superado.
16 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29
de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente núm. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
17 Corte Constitucional. Sentencia SU 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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Lo anterior, por cuanto la solicitud de amparo está siendo utilizada por la entidad
accionante para reabrir el debate procesal resuelto por las autoridades judiciales
accionadas dentro del medio de control de repetición, toda vez que sus inconformidades
se dirigen a controvertir las conclusiones alcanzadas en torno a la caducidad de la acción
y a la extemporaneidad de los recursos interpuestos contra el auto que rechazó la
demanda.
En ese contexto, la Sala advierte que la parte actora pretende emplear la acción de tutela
como una instancia adicional al proceso ordinario, con el propósito de cuestionar las
decisiones adoptadas por el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá y por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
En efecto, a través del presente mecanismo constitucional busca controvertir la
interpretación realizada por dichas autoridades judiciales respecto de las reglas
aplicables al cómputo de los términos procesales y a la notificación de las providencias
mediante estado electrónico, así como insistir en que la demanda de repetición fue
presentada oportunamente y que los recursos formulados contra su rechazo no eran
extemporáneos. De esta manera, pretende reabrir una controversia que ya fue objeto de
análisis y decisión por parte de los jueces naturales de la causa.
Al respecto, en la providencia cuestionada, la autoridad judicial accionada señaló que:
[…] De acuerdo con el régimen procesal aplicable5, cuando el recurso de apelación
se interpone contra la providencia notificada por estado, la alzada deberá formularse
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del auto recurrido o de
aquél que niega total o parcialmente la reposición (CPACA, art. 244).
Esto quiere decir que existen dos oportunidades procesales distintas para la
interposición y sustentación del recurso de apelación contra el auto que se notifica
por estado. De forma que, si aquél no se impetra en ninguna de ellas, deberá
descartarse la procedencia de la impugnación por falta de oportunidad en la actuación
[…]
[…] el auto recurrido es el dictado el 21 de marzo de 2025, mediante el cual el Juzgado
34 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C. rechazó la demanda por
presentarse de forma extemporáneo; que fue notificado mediante anotación en el
estado el 25 de marzo de 2025 […] Igualmente, en la misma fecha se envió la
comunicación del estado a través de un mensaje de datos al correo de la parte actora
[…]
[…] De acuerdo con lo anterior, el recurso debió formularse, ante el mismo Juzgado
34 Administrativo de Bogotá D.C., dentro de los tres (3) días de que trata el artículo
244 del CPACA, mismos que correspondían a los comprendidos entre el 26 y el 28
de marzo de 2025 […] Sin embargo, el recurso se presentó el 1° de abril de 2025, a
las 10:53 horas, vía mensaje de datos […] En consecuencia, el recurso de apelación
se entiende interpuesto ante el Juzgado de origen dos (2) días después de haber
fenecido el término legal, es decir, de forma extemporánea.
Finalmente, debe indicarse que, contrario a lo sostenido por la apoderada de la parte
actora, al auto en cuestión no le es aplicable el numeral 2° artículo 205 del CPACA,
modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021 que estipula que “la notificación
de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (02) días hábiles
siguientes al envió del mensaje y los términos empezaran a correr a partir del día
siguiente de la notificación” puesto que, primero, no se trata de una notificación por
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medios electrónicos dado que no es una providencia que tenga que notificarse de
forma personal conforme a lo que establece el artículo 198 ib.6 y segundo, al no
tratarse de una providencia sujeta al requisito de notificación personal, se debía
notificar por medio de anotación en estados electrónicos conforme lo estable el
articulo 201 ib., y como efectivamente se realizó.
En este sentido, se recuerda que la comunicación del estado a través de un mensaje
de datos no conlleva la aplicación del artículo 205 del CPACA, porque dicha
comunicación solamente busca informar a la parte sobre su existencia, pero no
pretende sustituir la notificación de la providencia como acto procesal. Siendo así, la
notificación se entiende surtida el día en que se desfija el estado, lo que supone que
los términos empiezan a correr al siguiente día hábil […].
La Sala observa que la entidad accionante pretende que el juez constitucional reexamine
un asunto ya decidido por el juez natural de la causa, con el propósito de obtener una
decisión distinta y favorable a sus intereses. En esencia, la inconformidad planteada se
dirige a cuestionar las conclusiones y fundamentos expuestos en la providencia
censurada.
Si bien la parte actora sostiene que la providencia acusada incurrió en las causales
específicas de procedencia de la tutela contra providencia judicial, lo que realmente se
evidencia es su desacuerdo con las conclusiones del juzgado accionado respecto del
rechazo de la demanda.
Por tanto, la Sala considera que lo expuesto por la parte accionante, más que revelar la
existencia de una cuestión de verdadera relevancia constitucional que implique la
presunta transgresión de derechos fundamentales, pone de manifiesto una simple
inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada, como si la
tutela se tratara de un recurso o una instancia adicional.
En consecuencia, al no evidenciarse una controversia de relevancia constitucional, sino
una simple discrepancia con el criterio jurídico expuesto en la providencia cuestionada,
la Sala concluye que no se satisface este requisito general de procedencia, razón
suficiente para declarar improcedente la acción de tutela.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia – UAEMC, según lo expuesto en la parte
considerativa de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
9
Radicado: 11001 03 15 000 2026 06282 00
Accionante: Unidad Administrativa Especial Migración Colombia – UAEMC
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección C y otro
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 10 de
septiembre de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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