RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-05298-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05298-01

Fecha
30 de octubre de 2025
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05298-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 18 de septiembre de 2025 proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-05298-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

30 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Parte actora: Myriam Luz Mora Cely
Parte accionada: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección
Segunda - Subsección A y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05298-01
Asunto: Acción de tutela contra providencia judicial. Se confirma el fallo
impugnado. Improcedencia por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
18 de septiembre de 2025 proferido por la Sección Quinta del Consejo de
Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. La señora Myriam Luz Mora Cely en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra la
Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, la Secretaría de Educación de
Bogotá y la Fiduciaria la Previsora S.A., con el fin de que se declarara
la nulidad de los actos administrativos demandados y, en consecuencia,
se ordenara la reliquidación de su pensión de jubilación en el sentido
de que se incluyeran todos los factores salariales sobre los que se
hubiesen realizado cotizaciones.

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05298-01

1.2. El Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante
sentencia de 1° de marzo de 2024, negó las pretensiones de la
demanda.

1.3. Contra la decisión anterior la señora Myriam Luz Mora Cely presentó
recurso de apelación.

1.4. La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia de 19 de mayo de 2025, confirmó
la providencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte accionante manifestó que la autoridad accionada incurrió en defecto
sustantivo, al desconocer el carácter constitucional del Acto Legislativo 01 de
2005, mediante el cual se modificó el artículo 48 de la Constitución Política, en
lo relativo a la forma de liquidar las pensiones.

Al respecto, señaló que dicho acto legislativo estableció que deben incluirse
en la base de liquidación todos los factores sobre los cuales se haya efectuado
cotización al sistema de seguridad social lo que le otorga prevalencia
normativa frente a disposiciones legales anteriores como la Ley 62 de 1985
que, en el caso concreto, fue indebidamente aplicada como norma principal.

Sostuvo que las autoridades judiciales demandadas omitieron los descuentos
salariales que le fueron efectuados sobre diversos factores salariales como la
asignación básica, bonificación decreto y pedagógica, y la prima de
vacaciones, los cuales debieron ser incluidos en la liquidación de la mesada
pensional, por lo que refirió la sentencia SUJ- 014 CE – S2-2019, en la que
reconocen dichos factores salariales como parte de la base de liquidación.

De otra parte, argumentó que se le vulneró el derecho fundamental a la
igualdad al no aplicarse el precedente jurisprudencial establecido por el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05298-01

Consejo de Estado1 y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca2, relativo a
la forma en que se deben reliquidar las pensiones de los empleados públicos
en virtud de la Ley 91 de 1989, en concordancia con el Acto Legislativo 01 de
2005.

Indicó que la autoridad judicial no tuvo en cuenta la sentencia T-024 de 2018,
relativa al principio de favorabilidad material, que impone al servidor público la
obligación de optar por interpretación normativa más favorable al empleado o
pensionado en caso de duda. Igualmente, señaló que las autoridades
judiciales desconocieron la sentencia C-250 de 2012, relativa al principio de
seguridad jurídica, por no dar relevancia constitucional al Acto Legislativo 01
de 2005, generándole incertidumbre normativa y afectando la estabilidad de
sus derechos pensionales.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO: Comprobado cómo están los elementos axiológicos para
la prosperidad de la acción, respetuosamente solicito SE DEJE SIN
EFECTOS las sentencias emitidas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”, en
la providencia de fecha 19 de mayo de 2025 que CONFIRMO la
sentencia de primera instancia proferida por el JUZGADO VEINTIUNO
(21) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
BOGOTÁ D.C. – SECCIÓN SEGUNDA de fecha 01 de marzo de 2024,
mediante la cual, NEGO las suplicas de la demanda, dentro del proceso
con radicado No. 11001333502120220049900.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente
al Honorable Consejo de Estado se ORDENE al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN “A” a proferir sentencia de fondo ordenando al FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a

1 Consejo de Estado, 24 de febrero de 2025, Exp.: 11001-03-15-000-2024-05490-01 y de 13 de febrero

de 2025. Exp.: 25000-23-42-000-2019-01210-01. M.P.: Elizabeth Becerra Cornejo;
2 Tribunal Administrativo de Cundinamarca: 17 de marzo de 2025. Exp: 11001-33-35- 007-2024-00185-

01. M.P.: Néstor Javier Calvo Chaves; 11 de marzo de 2023. Exp.: 11001-33- 35-029-2021-00343-
01M.P.: Beatriz Helena Escobar Rojas. 12 de septiembre de 2023. 11001-33- 35-030-2022-00086-01.
M.P.: Ramiro Ignacio Dueñas Rugnon; 26 de septiembre de 2023. Exp,: 11001-33-35- 021-2022-00042-
01. M.P.: Luis Alfredo Zamora Acosta; 4 de octubre de 2023. Exp.: 11001-33-35-013- 2021-00251-01.
M.P.: Amparo Oviedo Pinto; 11 de octubre de 2023. Exp.: 11001- 33-35-013-2021-00251-01. M.P.:
Samuel José Ramírez Poveda; 15 de noviembre de 2023. Exp.: 11001- 33-42-050-2022-00445-01. M.P.:
Samuel José Ramírez Poveda

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05298-01

reliquidar la pensión vitalicia de jubilación de la docente MYRIAM
LUZ MORA CELY, incluyendo los factores salariales devengados y
que fueron COTIZADOS, entre ellos la (PRIMA DE VACACIONES), a
la fecha del CUMPLIMIENTO DEL STATUS PENSIONAL, además de
los ya reconocidos mediante la resolución No 4857 del 11 de
septiembre de 2020, acto administrativo que reconoce la pensión
vitalicia de jubilación a mi representada.. […]”. [Sic en toda la cita y
negrillas del texto original]

II. INTERVENCIONES

1. La Fiduprevisora S.A. solicitó declarar improcedente la presente acción de
tutela porque su actuación fue conforme a la normativa establecida y no se
desconoció el precedente judicial, asimismo advirtió que carece de
legitimación en la causa por pasiva.

2. La Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría de Educación del Distrito de
Bogotá solicitó que la acción de tutela sea declarada improcedente por no
cumplir los requisitos específicos establecidos por la jurisprudencia
constitucional para su procedencia.

3. El Ministerio de Educación Nacional señaló que no representa ni administra
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, y que
no tiene injerencia directa en el reconocimientos y pago de prestaciones
sociales a cargo de ese patrimonio autónomo. Indicó que la acción de tutela
es un mecanismo autónomo, residual y subsidiario. Por último, solicitó su
desvinculación al considerar falta de legitimación en la causa por pasiva.

4. El Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Bogotá envió el enlace
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el número
de radicación 110013335021202200499-01.

III. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 18 de
septiembre de 2025, negó las solicitudes de desvinculación formuladas por el
Ministerio de Educación Nacional y la Fiduprevisora SA. De igual manera,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05298-01

declaró improcedente el amparo deprecado por la actora al considerar que lo
pretendido por ella era retrotraer la discusión que gira en torno a la inclusión
de la prima de vacaciones para efectos de liquidar su pensión.

IV. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La actora impugnó el fallo de primera instancia por las siguientes razones:

Manifestó que la autoridad judicial accionada dictó un fallo sin haber realizado
un estudio técnico y jurídico que permitiera establecer una correspondencia
entre lo devengado y lo cotizado, omitiendo incluir en la liquidación pensional
todos los emolumentos salariales sobre los cuales hizo los aportes al sistema
de seguridad social.

Sostuvo que en casos similares las reliquidaciones pensionales se han
efectuado en virtud de la Ley 91 de 1989 y el Acto Legislativo 01 de 2005,
respecto de los factores salariales que fueron tenidos en cuenta al momento
de cotizar, y que en tal sentido se vulnera el derecho al debido proceso, que
incluye la obligación objetiva de recibir un trato semejante por parte de las
autoridades.

Advirtió que su pretensión no busca la reapertura de una tercera instancia, sino
que se realice un juicio de validez constitucional y legal sobre la aplicación
normativa en el caso concreto. En consecuencia, solicitó que las sentencias
dictadas objeto de tutela sean dejadas sin efectos por considerar que
contravienen el orden constitucional por haber desconocido el Acto Legislativo
01 de 2005 y por validar una liquidación pensional que excluyó factores
salariales sobre los cuales se realizaron aportes, afectando de manera directa
su patrimonio y el mínimo vital.

Finalmente, afirmó que debe acogerse la tesis según la cual, las pensiones
deben ser liquidadas incluyendo todos los emolumentos que constituyen
factores salariales o reglamentarios de cotización al sistema, con el propósito
de no afectar el principio de sostenibilidad financiera del régimen pensional.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05298-01

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19913, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado4, la Sección debe
establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y, si
ello es así, se deberá:

B) Determinar si las providencias acusadas vulneraron los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

3. Caso concreto

3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela

La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional5 como del Consejo
de Estado6 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra

3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
4 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
5
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
6
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05298-01

providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de
unos requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de
alguno de los requisitos especiales para dicha procedencia.

Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental7 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces8.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.

En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el

7
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente:
Dr. Jaime Córdoba Triviño.
8
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05298-01

alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.

En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii) impedir
que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia y la
independencia del juez ordinario.

Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrieron las autoridades accionadas no devela que
el presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental,
sino, únicamente, frente a la mera inconformidad con las decisiones adoptadas
en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
número de radiación 11001-33-35-021-2022-00499-01.

Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que las autoridades judiciales accionadas hayan
incurrido en una arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir
de la cual se evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental” y mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales”.

Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora está
asociada a que, a su juicio, las autoridades accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales por negar la reliquidación de la pensión de jubilación,
que incluyera factores salariales devengados durante el último año anterior al

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05298-01

reconocimiento de su estatus pensional, circunstancia que se traduce en la
reapertura de un asunto que ya fue resuelto por el juez natural de la causa
judicial.

Por tanto, se considera que los argumentos de la parte actora más que develar
la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia constitucional”
que conlleve la presunta trasgresión de derechos fundamentales, demuestra
una inconformidad con las decisiones adoptadas por las autoridades
accionadas como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia
adicional, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so
pena de otorgar a la acción de tutela un carácter que no le es propio de su
naturaleza y de paso invadir la competencia y la independencia del juez
natural.

Bajo las anteriores consideraciones, esta Sección confirmará el fallo de
primera instancia proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado que
declaró la improcedencia de la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 18 de septiembre de 2025
proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05298-01

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.