Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05490-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05490-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-05490-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
5 de diciembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05490-00
Demandante: Rosalba Góngora Susa
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-05490-00
Demandante ROSALBA GÓNGORA SUSA
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN E
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho. Reliquidación pensión
docente. Defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial.
Sentencia de unificación del sector docente SUJ-014-CES2-2019 del
25 de abril de 2019. Prima de vacaciones.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por Rosalba Góngora Susa de conformidad con lo dispuesto por los
Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 11 de octubre de 20241, Rosalba Góngora Susa interpuso acción de tutela contra
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, al mínimo vital y a la seguridad social, con ocasión de la sentencia del 10
de mayo de 2024, proferida en segunda instancia en el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho Nro. 11001-33-35-011-2022-00072-00/01.
En consecuencia, presentó las siguientes pretensiones:
“PRIMERO: Comprobado cómo están los elementos axiológicos para la prosperidad de la
acción, respetuosamente solicito SE DEJE SIN EFECTOS PARCIALEMENTE la sentencia de
segunda instancia emitida por TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “E”, de fecha 10 de mayo de 2024, dentro del proceso
con radicado No. 11001333501120220007200, tutelando el derecho de mi representada, para
que proceda reconocimiento y pago la pensión jubilación por aportes, incluyendo además de
los factores reconocidos, la inclusión de la PRIMA DE VACACIONES, factor sobre el cual se
hicieron cotizaciones a seguridad social.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente se ORDENE al
HONORABLE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION SEGUNDA
SUBSECCION “E” a proferir sentencia de fondo ordenando las DEMANDADAS, a parte de
los factores ya reconocidos en el fallo de fecha 10 de mayo de 2024 la inclusión de la PRIMA
DE VACACIONES, factor sobre el cual se hicieron cotizaciones a seguridad social”.
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. La señora Rosalba Góngora Susa se vinculó como docente al servicio oficial
desde el 4 de febrero de 2002.
1 Tutela radicada por medio de la ventanilla virtual.
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Demandante: Rosalba Góngora Susa
2.2. El 13 de abril de 2021 solicitó al Fondo Nacional de Prestaciones del
Magisterio el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes,
por haber efectuado cotizaciones a Colpensiones y a la Secretaría de
Educación de Bogotá.
Tal solicitud fue resuelta negativamente mediante la Resolución Nro. 5616 del
10 de agosto de 2021. Contra la esta decisión la accionante interpuso recurso
de reposición, que fue resuelto mediante la Resolución Nro. 6547 del 9 de
septiembre de 2021, confirmando el acto recurrido.
2.3. Por lo anterior, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, la señora Rosalba Góngora Susa demandó a la Nación,
Secretaría de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio y a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones,
pretendiendo la nulidad de los actos administrativos por los que se negó el
reconocimiento de la pensión por aportes. A título de restablecimiento del
derecho, pidió que se hiciera el traslado de los aportes de Colpensiones al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y que se le
reconociera la pensión por aportes con la totalidad de los factores salariales
devengados el año anterior al estatus pensional.
2.4. Del asunto conoció en primera instancia el Juzgado Once Administrativo de
Bogotá, (Expediente 11001-33-35-011-2022-00072-00) que, en audiencia inicial
llevada a cabo el 1º de febrero de 2023, luego de agotadas las respectivas
etapas previas, profirió sentencia en la que negó las pretensiones de la
demanda.
Concluyó que, de acuerdo con lo probado en el proceso, para la fecha de
entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 para los empleados del orden territorial,
la demandante tenía 34 años de edad y menos de 15 años de servicios, por
lo que no era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36
de la Ley, razón por la que no podía ser beneficiaria de la Ley 71 de 1988.
2.5. La anterior decisión fue recurrida por la parte demandante, ente el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E que,
mediante sentencia del 10 de mayo de 2024 (notificada por correo electrónico el
23 de mayo de 2024), revocó la decisión del juzgado y en su lugar, accedió a
las pretensiones de la demanda.
El tribunal hizo un recuento del antecedente jurisprudencial para indicar que,
en materia docente, de acuerdo con la sentencia de unificación del 25 de abril
de 2019, quienes se hubieran vinculado con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003, tenían derecho a que se les aplicara la norma anterior,
esto es, la Ley 33 de 1985 y demás normas concordantes como la Ley 71 de
1988.
En el caso de la actora, encontró que no era procedente exigirle que reuniera
los requisitos dispuestos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para ser
beneficiaria del régimen de transición de dicha normativa y aplicar la Ley 71
de 1988 a su situación, dado que, en su calidad de docente vinculada con
antelación al 27 de junio de 2003, se encontraba exceptuada del sistema
integral de seguridad social por mandato del artículo 279 de la Ley 100 de
1993.
En punto a la liquidación de la pensión a la que tenía derecho, el tribunal
precisó que debía hacerse con el 75% del salario promedio que sirvió de base
para los aportes durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional.
Y luego de confrontados los factores salariales percibidos por la actora, con
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los enlistados en las Leyes 33 y 62 de 1985, concluyó que debían tenerse en
cuenta el salario básico y la bonificación mensual.
Respecto de la prima de servicios, el a quem indicó que no era posible tenerla
como factor computable para la determinación del ingreso base de liquidación
pensional, por no estar enlistada en los artículos 3º de la Ley 33 de 1985 y 1º
de la Ley 62 de 1985, además de no tener incidencia pensional conforme lo
dispuesto en el artículo 5º del Decreto 1545 de 2013. Y agregó que tampoco
estaban enlistadas las primas de navidad y de vacaciones, por lo que tampoco
podían ser consideradas como factor salarial, máxime si no se acreditó que se
hubieren efectuado las respectivas deducciones para pensión.
2.6. Mediante providencia del 26 de julio de 2024 (notificada por correo electrónico el
26 de julio de 2024), el tribunal negó la solicitud de aclaración, corrección y
adición de la sentencia presentada por la parte demandante, pues encontró
que el motivo de esta era la inclusión de la prima de vacaciones en la
respectiva liquidación pensional, aspecto que no cobijaba ninguna de las
figuras mencionadas, además de ser un asunto ya resuelto en la respectiva
sentencia.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora alega que al proferir la sentencia del 10 de mayo de 2024 en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 11001-33-35-011-
2022-00072-00/01, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, incurrió en los defectos sustantivo y por desconocimiento del
precedente jurisprudencial.
3.1. Defecto sustantivo. Sostuvo que se hizo una interpretación desmedida al no
incluirse el factor de prima de vacaciones sobre el que se habían hecho
aportes a seguridad social en pensión, lo que vulneraba lo preceptuado en el
Acto Legislativo 01 de 2005, así como el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978,
la Ley 62 de 1985 y las sentencias de unificación.
3.2. Defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial. Se refirió a la
sentencia de unificación SUJ-014-CES2-2019 del 25 de abril de 2019 proferida
por la Sección Segunda del Consejo de Estado, según la cual, las pensiones
de jubilación reconocidas por el Fondo Nacional de Prestaciones del
Magisterio para los docentes vinculados hasta el 26 de junio de 2003, por
remisión de la Ley 91 de 1989, se debían liquidar con un ingreso base de
liquidación calculado conforme a las Leyes 33 y 62 de 1985, que determinan
los factores salariales a tener en cuenta en las pensiones de jubilación; y en
la que se indicó que las pensiones de los empleados oficiales de cualquier
orden, serían liquidadas sobre los mismos factores que habían servido de
base para calcular los aportes.
Citó las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-395 de 2017
proferidas por la Corte Constitucional para señalar, que si bien no se
pronunciaron expresamente sobre el régimen de los docentes, sí determinaron
que en procura de la sostenibilidad financiera del sistema pensional, todas las
pensiones, independientemente del régimen que les fuera aplicable, debían
liquidarse conforme a los factores salariales frente a los que se hubieran
realizado los aportes al sistema.
Citó además, las siguientes providencias:
▪ Consejo de Estado, Sección Segunda. Expediente 19001-23-31-000-2011-
00144-01 del 7 de noviembre de 2019. C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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▪ Consejo de Estado, Sección Segunda. Expediente 76001-23-31-000-2011-
001418-01 del 4 de abril de 2019. C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
▪ Consejo de Estado, Sección Segunda. Expediente 25000-23-42-000-2013-
002705-01 del 20 de febrero de 2019. C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
▪ Consejo de Estado, Sección Segunda. Expediente 52001-23-33-000-2012-
00143-01 (IJ) del 28 de agosto de 2018. C.P. César Palomino Cortés.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 16 de octubre de 2024, el despacho ponente requirió a la parte
actora con el fin de que precisara cómo se configuraban los requisitos
especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
4.2. Por auto del 31 de octubre de 2024 se admitió la acción; se ordenaron las
notificaciones de las partes accionante y accionada; se dispuso vincular como
terceros con interés al Ministerio de Educación, al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, a la Secretaría de Educación de Bogotá
y a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones; y se dispuso
vincular al Juzgado Once Administrativo de Bogotá quien emitió la decisión de
primera instancia.
4.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, rindió informe en el que indicó que la tutela estaba siendo
utilizada como una instancia adicional y que, de no estar conforme la
demandante con lo resuelto en el medio de control, pudo acudir al mecanismo
extraordinario de revisión.
Frente al fondo de la controversia, manifestó que en la sentencia quedó
explicado con suficiencia que el factor salarial de prima de vacaciones no era
posible tenerlo en cuenta al no estar enlistado en el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, dando alcance a la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018,
que para el sector docente se hizo el correspondiente análisis en la sentencia
de unificación del 29 de abril de 2019.
4.4. El Ministerio de Educación Nacional, se pronunció e indicó que lo que se
debatían eran aspectos económicos que no era procedente discutir a través
del presente trámite constitucional.
Consideró que la decisión judicial era adecuada y que no se configuraban las
causales de procedencia de tutela contra providencia judicial, por lo que pidió
se declarara improcedente la presente acción.
4.5. La Fiduprevisora S.A., presentó informe en el que manifestó que la decisión
cuestionada estuvo acorde con el precedente jurisprudencial y con los hechos
y lo probado en el proceso sin que se advirtiera la vulneración de derechos
fundamentales.
Precisó que la entidad es la administradora del patrimonio autónomo del
Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y, por tanto, no es la llamada
a satisfacer las pretensiones de la tutela.
4.6. La Secretaría de Educación de Bogotá, rindió informe en el que manifestó
que de acuerdo con lo pretendido en la presente acción, el llamado a
responder era el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E y no la entidad, que actuó como parte pasiva en el medio de
control.
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4.7. La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, rindió
informe en el que manifestó que las pretensiones no estaban dirigidas contra
esa entidad, por lo que no había lugar a pronunciarse en relación con la
presente acción constitucional. Consideró no tener legitimación en la causa
por pasiva, por lo que pidió ser desvinculada de la presente acción.
4.8. El Juzgado Once Administrativo de Bogotá, allegó las piezas procesales
del expediente ordinario digitalizadas.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin
embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen
de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para
no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de
legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al
debido proceso.
Por tal motivo, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un
mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
5
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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3. Cuestión previa. Solicitudes de desvinculación
Advierte la Sala que la Fiduprevisora S.A., la Secretaría de Educación de Bogotá y
la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, pidieron ser
desvinculados de la presente acción al no asistirles legitimación en la causa por
pasiva.
La Sala negará estas solicitudes, como quiera que la vinculación de las entidades
al este trámite constitucional no se hizo en calidad de parte con la potencialidad de
satisfacer las pretensiones de la demanda de tutela; sino que se hizo en calidad de
terceros con interés, por haber intervenido en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en que se profirió la sentencia que se cuestiona en la
presente acción de tutela.
4. Planteamiento del problema jurídico
Si bien la parte accionante alega la configuración de los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente jurisprudencial, encuentra la Sala que los
argumentos que les sirven de sustento están orientados a plantear el presunto
desconocimiento del precedente jurisprudencial y la interpretación de las normas
relativas a la determinación del ingreso base de liquidación de la pensión de
jubilación docente, razón por la que el estudio se efectuará de manera conjunta, a
partir de la caracterización del defecto por desconocimiento del precedente
jurisprudencial.
Hecha la anterior precisión, corresponde a la Sala establecer si al proferir la
sentencia del 10 de mayo de 2024, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho Nro. 11001-33-35-011-2022-00072-00/01, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, incurrió en los
defectos alegados por la señora Rosalba Góngora Susa.
5. Análisis en el caso concreto.
5.1. El precedente judicial busca armonizar y salvaguardar los principios de
igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la
misma forma y, consecuentemente, se garantice el debido proceso del
ciudadano.
Para la Sala6, puede plantearse la transgresión del precedente si se
demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan
identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación; (ii) que
tales decisiones eran vinculantes para la autoridad judicial demandada, tanto
por ser el precedente vigente, como por tener la fuerza vinculante suficiente;
(iii) que la decisión judicial que se cuestiona en sede de tutela es contraria al
precedente vinculante, (iv) y que el juez de instancia no presentó una
justificación razonable para apartarse del precedente vinculante.
El desconocimiento del precedente constitucional es una causal autónoma y
específica de procedibilidad, que se configura, entre otros motivos: (i) cuando
se contraría la ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad y/o (ii)
cuando se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado a
través de la ratio decidendi de sus sentencias de tutela, mucho más cuando
se trata de sentencias de unificación.
5.2. Descendiendo al análisis del caso concreto, advierte la Sala que al proferir la
decisión judicial cuestionada, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
6 CONSEJO DE ESTADO. Sección Cuarta. Sentencia del 23 de abril de 2014. Expediente No. 11001-03-
15- 000-2013-02625-00. C.P. Jorge Octavio Ramírez.
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Sección Segunda, Subsección E, sí hizo un análisis del precedente aplicable
al personal docente para efectos de reliquidación pensional, concretamente
se refirió a la sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de
Estado del 25 de abril de 2019, SUJ-CE-S2-2019, en los siguientes términos:
“12.1. Régimen pensional aplicable
Para dilucidar el problema jurídico planteado, es preciso recordar que el Consejo de Estado
fijó unas reglas en la sentencia de unificación proferida el 25 de abril de 2019 7 respecto del
régimen pensional de los docentes, diferenciando aquellos que se hubiesen vinculado antes
y después de la vigencia de la Ley 812 de 2003.
En tal sentido, para aquellos que contaran con vinculación docente anterior a la normativa en
mención, gozarían del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación que rige para los
servidores públicos del orden nacional, esto es, el previsto en la Ley 33 de 1985 y demás
normas concordantes, entre ellas la Ley 71 de 1988.
Es así como, se observa que la señora Rosalba Góngora Susa fue nombrada por primera vez
como docente interina al servicio de la SDE el 4 de febrero de 2002, y dicho vínculo perduró
en tales condiciones hasta el 12 de diciembre de 2003 (de manera interrumpida), de manera
que, a su situación le resultan aplicables las normas pensionales vigentes con antelación a la
expedición de la Ley 812 de 2003.
(…)
12.5. Liquidación pensión
Como quedó indicando en el acápite anterior, la pensión de jubilación por aportes se liquidará
con el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el año anterior a
la adquisición del estatus pensional, que para el caso concreto se encuentra comprendido
entre el 7 de octubre de 2016 y el 6 de octubre de 2017.
Ahora bien, para determinar los factores salariales que se deben tener en cuenta, se hace
necesario analizar los certificados en el año de servicios anterior a la adquisición del estatus
pensional, y confrontarlos con aquellos dispuestos en las Leyes 33 y 62 de 1985 y demás
normas concordantes, así:
(…)
En razón a lo anterior, los factores a tener en cuenta para la liquidación de la pensión de
jubilación por aportes que se ordenará reconocer, serán únicamente la asignación básica y la
bonificación mensual, al ser los únicos consagrados en las normas referidas como base de
aportes para pensión.
(…)
Por otra parte, no es procedente incluir la prima de servicios, pues no fue enlistada en los
artículos 3.º de la Ley 33 de 1985 y 1.º de la Ley 62 de 1985; aunado a lo anterior, el legislador
no le otorgó incidencia pensional en el artículo 5.º del Decreto 1545 de 2013. Lo mismo ocurre
con las primas de navidad y de vacaciones, pues tampoco fueron enlistadas en los artículos
3º de la Ley 33 de 1985 y 1º de la Ley 62 de 1985 como factores a incluir en la pensión de
jubilación; aunado a ello, sobre estos no se encuentra demostrado que se hubiesen realizado
deducciones para pensión.
En ese orden de ideas, a la parte actora le asiste derecho a que se le reconozca, liquide y
pague la pensión de jubilación por aportes a partir del 7 de octubre de 2017, por contar con
veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo, y acumulados en una o varias de
las entidades de previsión social, y cincuenta y cinco (55) años de edad, en cuantía del 75%
de los factores de salario promedio que sirvieron de base para los aportes durante el año
anterior a la adquisición del estatus pensional (entre el 7 de octubre de 2016 y el 6 de octubre
de 2017), esto es, la asignación básica y la bonificación mensual” (subrayado fuera del texto
original).
En el caso concreto, advierte la Sala que la conclusión a la que llegó el Tribunal
fue la de revocar la sentencia del juzgado y, en su lugar, acceder al
reconocimiento pensional pretendido por la accionante, lo que no está en
discusión. Sin embargo, el punto de disenso de la accionante tiene que ver
con la negativa de incluir la prima de vacaciones en la liquidación de la
pensión, aspecto que también se abordó por el tribunal, precisamente en
aplicación del precedente jurisprudencial para el sector docente, según el cual,
7 C.E., Sec. Segunda, Sent. 2015-00569-01, abr. 25/2019. SUJ-014-CE-S2-19.
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Demandante: Rosalba Góngora Susa
los factores salariales a tener en la determinación del ingreso base de
liquidación serían los enlistados en las Leyes 33 y 62 de 1985, sin que la prima
de vacaciones estuviera contemplada en dichas normas, además de no
encontrar acreditado que la actora hubiera efectuado los aportes
correspondientes.
5.3. De manera que, para esta Sección, el precedente jurisprudencial de
unificación para el sector oficial docente fue aplicado en debida forma, acorde
con lo probado en el proceso.
Ahora bien, basta mencionar que algunas las sentencias que citó para reforzar
su argumento, son precedentes anteriores a la sentencia de unificación del 25
de abril de 2019, razón por la que no pueden ser tenidas en cuenta como
antecedentes vinculantes, con excepción de la mención que hizo a la
sentencia de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado del 28 de
agosto de 2018, con respecto a la que debe decirse, fue la que sirvió de punto
de partida para que luego, se emitiera la sentencia concretamente en relación
con el sector docente mencionada y que fue aplicada por el tribunal.
6. Conclusión
De acuerdo con los argumentos expuestos, esta Sala negará las pretensiones de
la demanda al no estar configurado el defecto por desconocimiento del presente
jurisprudencial.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar la solicitud de desvinculación presentada por la Fiduprevisora S.A., la
Secretaría de Educación de Bogotá y la Administradora Colombiana de
Pensiones, Colpensiones, por las razones expuestas.
2. Negar las pretensiones de la demanda de tutela presentada por la señora
Rosalba Góngora Susa, conforme con la motivación precedente.
3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
5. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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