Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06056-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06056-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06056-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
13 de noviembre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06056-00
Demandante: Carlos Arturo Cortés Beltrán
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 13 de noviembre de 2025
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06056-00
Demandante: CARLOS ARTURO CORTÉS BELTRÁN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN D Y OTRO
Tema: Contra providencias dictadas en proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho. Improcedencia de la acción de tutela. Requisito general
de relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Carlos Arturo Cortés Beltrán contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D y el Juzgado
52 Administrativo de Bogotá.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 29 de septiembre de 20251, en ejercicio de la acción de tutela, por conducto de
apoderada, pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
seguridad social, a la igualdad, al mínimo vital, y los principios de favorabilidad laboral y
la seguridad jurídica.
A juicio de la tutelante, la vulneración de dichas garantías superiores se deriva de las
sentencias del 20 de febrero y 14 de agosto de 2025, dictadas por el Juzgado 52
Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, respectivamente, que denegaron pretensiones en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 11001-33-42-052-2024-00193-
00/01.
2. Pretensiones
La accionante formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERO: Comprobado cómo están los elementos axiológicos para la prosperidad de la acción,
respetuosamente solicito SE DEJE SIN EFECTOS las sentencias emitidas por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “D”, en la
providencia de fecha 14 de agosto de 2025 que CONFIRMO la sentencia de primera instancia proferida
por el JUZGADO CINCUENTA Y DOS (52) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. – SECCIÓN SEGUNDA de fecha 20 de febrero de 2025, mediante la cual,
NEGO las suplicas de la demanda, dentro del proceso con radicado No. 11001334205220240019301.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente al Honorable Consejo de
Estado se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN “D” a proferir sentencia de fondo ordenando al FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a reliquidar la pensión vitalicia de jubilación del
docente CARLOS ARTURO CORTES BELTRAN, incluyendo los factores salariales devengados y que
1 Índice 1 de Samai.
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Demandante: Carlos Arturo Cortés Beltrán
fueron COTIZADOS, entre ellos la (PRIMA DE VACACIONES), a la fecha del CUMPLIMIENTO DEL
STATUS PENSIONAL, además de los ya reconocidos mediante la resolución No 9310 del 10 de
diciembre de 2021, acto administrativo que reconoce la pensión vitalicia de jubilación a mi representado.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1 Actuación administrativa
El señor Carlos Arturo Cortés Beltrán prestó servicios como docente para la Secretaría de
Educación de Bogotá, y cotizó a la Caja de Previsión Social del Distrito entre 1989 y 1992,
y al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio desde 1993 hasta 2021.
Mediante Resolución No. 9310 del 10 de diciembre de 2021, la Secretaría de Educación
del Distrito le reconoció pensión de jubilación al docente por un valor de $3.242.303
correspondiente al 75% del promedio de salarios del año de servicio con inclusión de los
factores de asignación básica, bonificación mensual y bonificación pedagógica, con
efectividad a partir del 23 de mayo de 2021.
El 26 de mayo de 2023, demandante presentó solicitud ante la Secretaría de Educación
de Bogotá para que realizara el pago de los aportes a seguridad social sobre los factores
salariales a los que no se les efectuó dichas cotizaciones y que, una vez realizados, los
trasladara con destino al FOMAG.
En Resolución No. S-2023-190176 del 29 de mayo de 2023, la Secretaría de Educación
de Bogotá negó lo pedido.
Mediante solicitud radicada el 28 de agosto de 2023 con número
BOGOT20230828AP20000871, el señor Carlos Arturo Cortes Beltrán, presentó solicitud
ante el FOMAG para que se le ajustara la revisión de la pensión de jubilación con todos
los factores salariales que devengó durante el año inmediatamente anterior al cumplimiento
del estatus de pensión.
Con Resolución S-2023-361323 del 30 de noviembre de 2023 el FOMAG, reliquidó la
pensión de jubilación del demandante. En esa oportunidad ajustó su monto en
$3.316.729.00, con una tasa del 75% y la inclusión de la asignación básica, bonificación
mensual y bonificación pedagógica, percibidas en el último año de servicio anterior a la
adquisición del estatus pensional, con efectividad a partir del 23 de mayo de 2021.
El señor Carlos Arturo Cortés Beltrán presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo ficto o presunto
originado por el silencio administrativo negativo frente a la falta de respuesta de la petición
con radicado BOGOT20230828AP20000871 del 28 de junio de 2023 y en consecuencia,
pidió que se ordenara la reliquidación de la pensión con la inclusión de totalidad de los
factores salariales devengados durante el año anterior al reconocimiento de su estatus
pensional.
El proceso se adelantó bajo el radicado 11001-33-42-052-2024-00193-00 y su
conocimiento correspondió al Juzgado 52 Administrativo de Bogotá, que, en sentencia del
20 de febrero de 2025, denegó las pretensiones de la demanda.
Explicó que del análisis de la certificación de salarios pudo establecer que el accionante
recibió varios conceptos salariales, como asignación básica, sobresueldo, primas y
bonificaciones. No obstante, evidenció que solo sobre la asignación básica, el sobresueldo
y la prima de vacaciones se realizaron aportes. Que, en concordancia con la Sentencia de
Unificación SUJ-014-CE-2019 del 25 de abril de 2019 del Consejo de Estado, Sección
Segunda, dichos factores salariales debían corresponder únicamente a aquellos sobre los
cuales se efectuaron aportes al sistema pensional y que están expresamente previstos en
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el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, por lo cual únicamente la asignación básica debía
incluirse en el ingreso base de liquidación. Que, sin embargo, ese reconocimiento
obedeció a la voluntad del FOMAG y no era posible afectar un derecho ya reconocido, pues
eso desbordaría el objeto del litigio.
Inconforme, el demandante apeló y afirmó que el a quo desconoció las cotizaciones
efectuadas sobre algunos factores salariales, en especial la prima de vacaciones, pese a
que sobre este concepto se realizaron descuentos a seguridad social, conforme lo acreditó
el certificado laboral.
Que dicho factor debía incluirse de manera proporcional en la liquidación pensional
correspondiente al periodo comprendido entre el 22 de mayo de 2020 y el 22 de mayo de
2021, y que su exclusión se basó de forma errónea en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985,
sin tener en cuenta que el artículo 48 del Acto Legislativo 01 de 2005 dispone la inclusión
de todos los factores sobre los cuales se efectuaron aportes.
Sostuvo que limitar los factores salariales genera regresividad en los derechos sociales
y contraviene la jurisprudencia del Consejo de Estado2, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda3 y de la Corte Constitucional4, que han determinado que
deben incluirse los factores cotizados, aun si no están enlistados en la Ley 62 de 1985 y,
en consecuencia, debía ordenarse el descuento de los aportes omitidos.
En sentencia de 23 de abril de 20255, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, confirmó la decisión de primera instancia, básicamente por las
mismas razones del a quo.
4. Fundamentos de la tutela
La tutelante expuso las razones por las que consideraba que la acción de tutela cumplía
los requisitos generales de procedibilidad contra providencia judicial. En cuanto al fondo
del asunto, señaló que la providencia cuestionada incurrió en:
Defecto sustantivo porque, a su juicio, las autoridades demandadas aplicaron de forma
indebida la Ley 62 de 1985, al excluir la prima de vacaciones del IBL, pese a que realizó
aportes por dicho concepto. Que debió aplicarse el artículo 48 del Acto Legislativo 01 de
2005, que ordena tener en cuenta todos los factores cotizados.
Defecto fáctico, pues omitieron valorar adecuadamente el certificado laboral que
demostraba que los descuentos realizados a seguridad social sobre la prima de
vacaciones.
Desconocimiento del precedente jurisprudencial indicó que se desconoció la
jurisprudencia del Consejo de Estado6 y de la Corte Constitucional7, que determinó que
las pensiones, independientemente del régimen laboral aplicable, deben liquidarse
conforme a los factores salariales sobre los que se realizaron cotizaciones al sistema
2 Acción de tutela. Sección Quinta, exp. 11001-03-15-000-2019-04192-00, CP. Rocío Araujo Oñate
3 Subsección F, sentencia del 11 de julio de 2023, 11001-33-35-029-2021-00343-01 MP. Beatriz Helena Escobar Rojas;
Subsección -E, sentencia del 22 de septiembre de 2023, expediente: 11001-33-35-030-2022-00086-01, MP: Ramiro
Ignacio Dueñas Rugnon; Subsección F, sentencia del 26 de septiembre de 2023, MP: Luis Alfredo Zamora Acosta,
Expediente 1100-133-35-021-2022-00042-01; Subsección -C- MP: Amparo Oviedo Pinto, Sentencia del 04 de octubre
de 2023, Expediente 11001-33-35-013-2021-00251-01. Sentencia del 04 de octubre de 2023; Subsección C, -
Sentencia del 11 de octubre de 2023, MP: Samuel José Ramírez Poveda – Expediente: 11001-33-35-013-2021-00251-
01; Subsección C MP: Samuel José Ramírez Poveda; Sentencia de 15 de noviembre de 2023; Expediente.
11001334205020220044501.
4 C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-395 de 2017.
5 La sentencia se notificó el 20 de agosto de 2025, por medio de mensaje de datos a los correos electrónicos informados
por las partes.
6 Sección Segunda, sentencia 25 de abril de 2019, exp; 68001-23-33-000-2015-00569-01(0935-17) SUJ-014-CE-S2-
19, CP: Cesar Palomino Cortés; sentencia 13 de febrero de 2025, CP. Elizabeth Becerra Cornejo. radicado: 25000-
2342- 000-2019-01210-01; sentencia del 24 de febrero de 2025, CP. Elizabeth Becerra Cornejo, radicado:
11001031500020240549001.
7 C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-395 de 2017.
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Demandante: Carlos Arturo Cortés Beltrán
pensional, además, del precedente horizontal del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda8 que en casos similares ordenó incluir la prima de
vacaciones en la liquidación pensional.
Violación directa a la Constitución porque las providencias discutidas desconocieron
los artículos 48 y 53 de la Constitución al inaplicar el principio de favorabilidad respecto
al sistema pensional.
5. Trámite procesal
Por auto del 29 de septiembre de 2025, el Despacho sustanciador admitió la acción de la
referencia y, entre otras cosas, ordenó notificar a las autoridades judiciales accionadas y
vincular como terceros con interés al ministro de Educación Nacional, al representante
legal de la Fiduciaria La Previsora S.A. en calidad de vocera y administradora del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, al alcalde de Bogotá y a la
secretaria de Educación de Bogotá y a la directora del Fondo de Prestaciones
Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría General del Consejo de Estado
practicó las notificaciones correspondientes mediante correos electrónicos enviados el 9
de octubre de 2025.
6. Intervenciones
El magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, ponente de la sentencia cuestionada, solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela al considerar que se ajustó al ordenamiento jurídico y
no vulneró los derechos fundamentales del accionante.
Explicó que el demandante estuvo vinculado al magisterio antes del 26 de junio de 2003,
por lo que se rige por el régimen pensional previsto en las Leyes 33 y 62 de 1985,
conforme a la Ley 91 de 1989, por lo que el IBL solo podía integrarse por lo factores
salariales previstos en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985. Además, indicó que en
Sentencia de Unificación del 25 de abril de 2019 del Consejo de Estado, precisó que
únicamente podían incluirse los factores sobre los que se realizaron cotizaciones,
siempre que estuvieran enlistados en dichas normas, por lo que no era procedente incluir
la prima de vacaciones.
Aclaró que el Consejo de Estado en la Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2018,
precisó que los docentes afiliados al FOMAG no estaban cobijados por el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, ni por las disposiciones del Acto Legislativo 01 de 2005,
de modo que su liquidación debe ceñirse estrictamente al marco normativo especial;
posición que fue recientemente reiterada por la Corporación.
La Alcaldía de Bogotá, solicitó su desvinculación del proceso por falta de legitimación
en la causa por pasiva, porque consideró que no realizó conductas por activa o pasiva
que puedan considerarse como determinantes de la presunta vulneración o amenaza de
los derechos fundamentales del demandante.
La Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación Nacional, solicitó que se
declarara improcedente la acción de tutela por carecer de relevancia constitucional, ya
8 Subsección F, sentencia del 11 de julio de 2023, 11001-33-35-029-2021-00343-01 MP. Beatriz Helena Escobar Rojas;
Subsección -E, sentencia del 22 de septiembre de 2023, expediente: 11001-33-35-030-2022-00086-01, MP: Ramiro
Ignacio Dueñas Rugnon; Subsección F, sentencia del 26 de septiembre de 2023, MP: Luis Alfredo Zamora Acosta,
Expediente 1100-133-35-021-2022-00042-01; Subsección -C- MP: Amparo Oviedo Pinto, Sentencia del 04 de octubre
de 2023, Expediente 11001-33-35-013-2021-00251-01. Sentencia del 04 de octubre de 2023; Subsección C, -
Sentencia del 11 de octubre de 2023, MP: Samuel José Ramírez Poveda – Expediente: 11001-33-35-013-2021-00251-
01; Subsección C MP: Samuel José Ramírez Poveda; Sentencia de 15 de noviembre de 2023; Expediente. 11001-33-
42-050-2022-00445-01, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de marzo de 2025, MP. Néstor Javier Calvo
Chaves, radicado 11001-33-35-007-2024-00185-00.
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que se trataba de una discusión meramente económica y legal, y no de una vulneración
directa de sus derechos fundamentales. Además, señaló que el actor pretendía usarla
como una instancia adicional al proceso ordinario.
Por otro lado, señaló que las providencias cuestionadas se ajustaron al principio de
autonomía e independencia judicial, por lo que, a su juicio, no se configuró ninguno de
los defectos que habilitan el amparo.
La Secretaría de Educación Distrital, solicitó su desvinculación del trámite
constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva. Argumentó que no le era
atribuible la supuesta vulneración ni la obligación que el accionante pretendía imponer
mediante la acción de tutela, ya que la valoración probatoria y la interpretación normativa
correspondían a las autoridades judiciales demandadas.
La subdirectora jurídica del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y
Pensiones - FONCEP, pidió que se declarara improcedente la acción de tutela
comoquiera que ninguna de las pretensiones estaba dirigida en contra de la entidad ni
implicaba una obligación de hacer. Sostuvo que actuó únicamente como vinculada en el
proceso ordinario, por estar a cargo de una cuota parte de la pensión del demandante.
Indicó que, objetó la cuota parte de reliquidación proyectada por la Secretaría de
Educación mediante la Resolución GDP 001485 del 26 de diciembre de 2023, al advertir
inconsistencias en los valores reportados y concluyó que no adeudaba suma alguna al
accionante.
Frente a las decisiones judiciales cuestionadas, explicó que aplicaron las Leyes 33 y 62
de 1985 y la Sentencia Unificación del 25 de abril de 2019 del Consejo de Estado, que
estableció que solo podían incluirse en el IBL los factores salariales sobre los que se
hubieran efectuado aportes y que estuvieran enlistados taxativamente en la ley.
La directora de gestión judicial de la Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora
del FOMAG, solicitó que se desvinculara del proceso por falta de legitimación en la causa
por pasiva, toda vez que no incurrió en ninguna conducta por acción o por omisión que
vulnerara los derechos fundamentales del accionante.
Explicó, que la entidad es una sociedad de economía mixta que actúa como
administradora fiduciaria del FOMAG, conforme al contrato de fiducia suscrito con la
Nación-Ministerio de Educación. Que su labor consiste en ejecutar instrucciones del
Consejo Directivo del Fondo y administrar recursos, sin competencia para decidir sobre
el reconocimiento o la reliquidación de pensiones, funciones que corresponden a las
entidades empleadoras y autoridades competentes.
El Juzgado 52 Administrativo de Bogotá remitió el expediente digital del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, pero no se pronunció sobre la acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
La Sala empieza por precisar que el análisis se centrará en la sentencia de segunda
instancia dictada por el Tribunal demandado por ser la que puso fin al proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho.
Siendo así, corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada
por la demandante con el fin de dejar sin efectos la sentencia del 14 de agosto de 2025,
dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
D, que confirmó la decisión de denegar las pretensiones en el proceso de nulidad y
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restablecimiento del derecho con radicado No. 11001-33-42-052-2024-00193-00/01.
La Sala anticipa que declarará improcedente la tutela de la referencia, toda vez que no
colma la exigencia de procedibilidad de relevancia constitucional pues el demandante
reitera los argumentos que expuso en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente, (iii) el análisis del
caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales9 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos10 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-0011, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.
En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
4. Análisis del caso concreto
De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte
que coinciden con los propuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
11001-33-42-052-2024-00193-00/01.
9 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
10 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
11 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Demandante: Carlos Arturo Cortés Beltrán
Básicamente, tanto en la acción de tutela de la referencia como en ese expediente, el
demandante alegó que en la liquidación de su pensión de jubilación se omitió la inclusión
de la prima de vacaciones, pese a haberse efectuado cotizaciones sobre dicho concepto.
Señaló que esta exclusión desconoció el artículo 48 y 53 de la Constitución, el Acto
Legislativo 01 de 2005 y la Ley 62 de 1985, así como la jurisprudencia del Consejo de
Estado y la Corte Constitucional, que han reconocido la inclusión de dicho factor en la
liquidación pensional. Además, sostuvo que la autoridad judicial demandada había
desconocido el precedente horizontal de ese mismo tribunal.
En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia
del 20 de febrero de 2025 dictada por el Juzgado 52 Administrativo de Bogotá en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-42-052-2024-
00193-00/01, se lee lo siguiente:
«La apoderada de la parte actora presentó recurso de apelación, y solicitó que se revoque la sentencia
impugnada, y en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda, toda vez que en la sentencia
cuestionada no se tuvo en cuenta el factor salarial prima de vacaciones, el cual fue devengado y
cotizado, para lo cual citó decisiones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsecciones C, E y F12, que en su concepto respaldan la tesis, de que deben tenerse en cuenta los
factores salariales sobre los que se realizaron cotizaciones. Además, señaló que el Consejo de Estado
en Sentencia de Unificación del 4 de agosto de 2010, estableció que los factores salariales que integran
el IBL de la pensión de jubilación, no deben interpretarse de forma taxativa, sino meramente enunciativa,
porque se vulnera el principio de progresividad, de igualdad, y de primacía de la realidad sobre las
formalidades, y por lo tanto, nada impide la inclusión de otras partidas que percibió el trabajador en el
último año de prestación de servicios.»
Por su parte, en la acción de tutela la parte actora sostuvo que las autoridades judiciales
demandadas incurrieron en un defecto sustantivo, fáctico, desconocimiento del
precedente judicial horizontal y vertical y violación directa a la Constitución, al excluir de
la liquidación de su pensión la prima de vacaciones, pese a que se realizaron cotizaciones
sobre dicho factor. Señaló que omitieron valorara el certificado laboral que demostraban
los descuentos realizados al sistema de seguridad social e inaplicaron el artículo 48 del
Acto Legislativo 01 de 2005, la Ley 62 de 1985 y la jurisprudencia de unificación del
Consejo de Estado, lo que vulneró sus derechos fundamentales. Así lo indicó la tutelante
en la solicitud de amparo:
[…]
Pues para este caso, el ajuste de la pensión vitalicia de jubilación reconocida a mi representada, que
fue objeto de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en los despachos judiciales contra los
que se instaura esta acción de tutela, han hecho caso omiso de tener en cuenta en la liquidación de la
misma, el factor salarial de PRIMA DE VACACIONES, sobre el cual se hicieron cotizaciones, violando
lo preceptuado en el Acto legislativo 01 de 2005, que modificó el artículo 48 de la Constitución Política
de Colombia, normatividad de mayor rango constitucional, de la Ley 62 de 1985 y de sentencias de
Unificación, que textualmente dice: […]
En el caso de mi representado, se vulnera el Derecho de igualdad cuando en casos similares al de ella
los despachos judiciales tanto en primera instancia como en segunda instancia, han aplicado en debida
forma el precedente judicial del Consejo de Estado relacionado con la manera en que se deben
reliquidar las pensiones de los empleados públicos en virtud de la Ley 91 de 1989, sin pasar por
improvisto el Acto legislativo 01 de 2005, el cual ratifica que en las pensiones deberán de tenerse en
cuenta los factores salariales sobre los que se realizaron cotizaciones, por mencionar algunos:
Lo anterior, ha sido resaltado por algunos fallos del Consejo de Estado, en lo que se destaca:
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección -B- de fecha 24 DE FEBRERO DE 2025,
Radicado 11001031500020240549001 en el que fue consejera Ponente la doctora ELIZABETH
BECERRA CORNEJO, y en el que fue demandante la señora ROSALBA GONGORA SUSA contra
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Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F. Sentencia del 11 de julio de 2023.
Radicación: 11001-33-35-029-2021-00343-01. M.P. Beatriz Helena Escobar Rojas. Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E. Sentencia del 22 de septiembre de 2023. Radicación: 11001-33-35-
030-2022-00086-01. M.P. Ramiro Ignacio Dueñas Rugnon. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F. Sentencia del 26 de septiembre de 2023. Radicación: 11001-33-35-021-2022-00042-01. M.P.
Luis Alfredo Zamora Acosta. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C. Sentencia
del 4 de octubre de 2023. Radicación: 11001-33-35-013-2021-00251-01. M.P. Amparo Oviedo Pinto. (cita original del
texto).
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06056-00
Demandante: Carlos Arturo Cortés Beltrán
la NACION, Ministerio de Educación Nacional Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio en el que se destacó lo siguiente: […]
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección -B- de fecha 13 DE FEBRERO DE 2025,
Radicado 25000-2342-000-2019-01210-01(1889-2023) en el que fue consejera Ponente la doctora
ELIZABETH BECERRA CORNEJO, y en el que fue demandante la señora Luciana Guerra Obeso
contra la NACION, Ministerio de Educación Nacional Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio en el que se destacó lo siguiente: […]
Así mismo, se deben tener en cuenta otros fallos de diferentes despachos tanto de Juzgados como del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que han realizado un estudio minucioso en cuanto a la norma
más favorable y se da aplicación a la misma, accedido a incluir la PRIMA DE VACACIONES en la
liquidación pensional, como se puede verificar con el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
en un caso similar, destaco precisamente el anterior argumento conforme al siguiente considerativo:
Sentencia del 17 de marzo de 2025 emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
– SECCION SEGUNDA- SUBSECCION -A- MP. NESTOR JAVIER CALVO CHAVES. Rad.
11001333500720240018501, Dte. Hilda Marlene Cárdenas Valbuena. Ddo. Nación - Ministerio de
Educación Nacional Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag – secretaria de Educación
y Fiduprevisora.
INGRESO BASE DE COTIZACION (IBC)
De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, durante la vigencia de la
relación laboral y del contrato
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA-SECCION SEGUNDA-SUBSECCION -F- MP:
BEATRIZ HELENA ESCOBAR ROJAS- EXPEDIENTE 11001333502920210034301.- FALLO DEL
11 DE JULIO DE 2023.
-
. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA-SECCION SEGUNDA-SUBSECCION -E-
MP: RAMIRO IGNACIO DUEÑAS RUGNON- EXPEDIENTE 11001333503020220008601.- FALLO
DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
-
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA-SECCION SEGUNDA-SUBSECCION -F- MP:
LUIS ALFREDO ZAMORA ACOSTA- EXPEDIENTE 11001333502120220004201.- FALLO DEL 26
DE SEPTIEMBRE DE 2023.
-
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA-SECCION SEGUNDA-SUBSECCION -C-
MP: AMPARO OVIEDO PINTO - EXPEDIENTE 11001333501320210025101.- FALLO DEL 04 DE
OCTUBRE DE 2023.
-
. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA-SECCION SEGUNDA-SUBSECCION -C-
MP: SAMUEL JOSE RAMIREZ POVEDA - EXPEDIENTE 11001333501320210025101.- FALLO
DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023
-
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA-SECCION SEGUNDA-SUBSECCION -C-
MP: SAMUEL JOSE RAMIREZ POVEDA - EXPEDIENTE 11001334205020220044501.- FALLO
DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023.
[…]
Se vulnera el debido proceso de mi representado, cuando la autoridad judicial en el presente asunto
aplica de manera errada el precedente judicial del Consejo de Estado, tomando una decisión que no es
razonable frente al asunto sin una fundamentación conforme a derecho, más aún cuando existe un
rango constitucional como es el bloque de constitucionalidad, que para estos efectos es el Acto
legislativo 01 de 2005, al indicar que para la liquidación de pensiones deben de tenerse en cuenta las
cotizaciones realizadas por el aportante al sistema pensional, pues el sustento jurídico que se ha venido
dando es apartado del rango constitucional, pues no se está teniendo en cuenta el factor sobre el cual,
se realizaron las correspondientes cotizaciones, dicho emolumento corresponde a la PRIMA DE
VACACIONES. […]
Conforme a las disposiciones indicadas en el presente escrito, se concluye entonces que, conforme a
los hechos narrados y que se logran demostrar con la documental aportada, a mi representado, se le
tendrá que ajustar la mesada pensional con los factores salariales de: ASIGNACION BASICA,
BONIFICACION DECRETO, BONIFICACION PEDAGOGICA y PRIMA DE VACACIONES, devengados
en el año anterior al cumplimiento del status pensional es decir del 22 de mayo de 2020 al 22 de mayo
de 2021, dado que no fueron incluidos como factores salariales dentro de la pensión vitalicia de
jubilación reconocida a mi representado y sobre los cuales, se realizaron los aportes correspondientes
(COTIZACIONES), como bien se desprende del certificado de factores salariales aportado.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06056-00
Demandante: Carlos Arturo Cortés Beltrán
Igualmente, la suscrita no desconoce la autonomía que tienen tanto los jueces como los magistrados al
momento de argumentar y sustentar sus fallos, se reitera, que en primer lugar no se está buscando dar
apertura a una nueva instancia y en segundo lugar, se vulneran entre otros los derechos y principios
fundamentales indicados en el tránsito de este escrito, ya que, durante la vinculación laboral de mi
representado con el MAGISTERIO OFICIAL COLOMBIANO, la entidad realizo los correspondientes
DESCUENTOS A SEGURIDAD SOCIAL sin embargo, en la liquidación de su mesada pensional no se
respeta el ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005, toda vez que, se están omitiendo factores salariales
devengados y cotizados, como lo es la PRIMA DE VACACIONES. […]
No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en la sentencia dictada el 14 de agosto
de 2025, en los siguientes términos:
El señor Carlos Arturo Cortés Beltrán prestó sus servicios como docente en el Distrito Capital -
Secretaría de Educación de Bogotá D.C.; cotizó en la Caja de Previsión Social del Distrito desde el 20
de febrero de 1989 hasta el 30 de noviembre de 1992, y posteriormente, al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, desde el 8 de febrero de 1993, por lo menos hasta el 25 de mayo
de 2021, fecha en la que se encontraba en servicio activo según el formato único para expedición de
certificado de historia laboral.
En ese sentido, el demandante en materia de liquidación pensional es beneficiario de las normas
aplicables al Magisterio, contenidas en las disposiciones anteriores a la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, por cuanto se vinculó al servicio docente antes del 26 de junio de 2003, por lo tanto, el
régimen pensional aplicable al actor es el consagrado en las Leyes 33 y 62 de 1985.
El actor nació el 22 de mayo de 1966, por ende, cumplió los 55 años de edad el 22 de mayo de 2021,
fecha en la que adquirió el status de pensionado, toda vez que los 20 años de servicio los había cumplido
con anterioridad.
En virtud de lo anterior, mediante la Resolución nro. 9310 del 10 de diciembre de 2021, el
FONPRERMAG a través de la Secretaría de Educación del Distrito le reconoció al demandante una
pensión de jubilación, teniendo en cuenta el 75% del promedio de lo devengado en el último año de
servicios anterior al status, e incluyó en el IBL asignación básica, bonificación decreto y bonificación
pedagógica, efectiva a partir del 23 de mayo de 2021.
En el expediente obra certificado de salarios para el año anterior al cumplimiento del status pensional,
es decir, del 23 de mayo de 2020 al 23 de mayo de 2021, de los cuales se puede constatar lo devengado
por el actor así: asignación básica, bonificación decreto, bonificación pedagógica, prima especial, prima
de servicios, prima de navidad y prima de vacaciones, es decir, que la entidad no le reconoció la prima
especial, prima de servicios, prima de navidad y prima de vacaciones.
Considera la Sala que en el presente caso no es posible aplicar la Sentencia de Unificación del 4 de
agosto de 2010, por lo expuesto en el acápite del marco normativo, y por el contrario, se debe recurrir
a la Sentencia de Unificación de 25 de abril de 2019, del Consejo de Estado, según la cual, en el Ingreso
Base de Liquidación únicamente se deben tener en cuenta aquellos factores sobre los que se hayan
efectuado aportes o cotizaciones, de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y los que
específicamente otras normas señalen que se deben incluir, agrega la Sala, y por lo tanto no se pueden
incluir factores diferentes a los mencionados.
Así las cosas, se observa que el artículo 3º de la Ley 33/85, que fue modificado por el artículo 1º de la
Ley 62 del mismo año, enlistó los factores salariales con los cuales se debe conformar el ingreso base
de liquidación. Al efecto dispuso:
Artículo 1°. Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier Caja de Previsión, deben pagar
los aportes que prevean las normas de dicha Caja, ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente
como funcionamiento o como inversión.
Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación para los aportes proporcionales a la
remuneración del empleado oficial, estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados
del orden nacional: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica,
ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios
prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los
mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes (Negrilla fuera texto original).
Para la Sala no es viable acceder a la reliquidación pensional solicitada, toda vez que los factores de
prima especial, prima de servicios, prima de navidad y prima de vacaciones, pese a que fueron
devengados en el año anterior al cumplimiento del status pensional, y que sobre este último se hicieron
aportes al Sistema General de Seguridad Social, no se encuentra taxativamente señalados en la norma,
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06056-00
Demandante: Carlos Arturo Cortés Beltrán
aunado a que en cuanto a la prima de servicios, cabe anotar que el Decreto 1545 de 201322, no la creó
como factor para efectos de liquidar la pensión.
Si bien es cierto, en algunas providencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección segunda, Subsecciones C 13 y F14 se ordenó incluir la prima de vacaciones en el ingreso base
de liquidación pensional, como se mencionó anteriormente, la tesis de esta Subsección, como de la
Subsección E15 de este Tribunal, entre otras, ha señalado que dicho factor salarial no está
expresamente contemplado en la Ley 33 de 1985 modificada por la Ley 62 del mismo año, ni en norma
especial que ordene su inclusión, y por ende no puede ser incluido en la prestación correspondiente.
Considera la Sala, que a pesar de que se hayan realizado descuentos para aportes a pensión sobre
ese emolumento laboral, no puede ser incluido en la pensión, porque por esa vía se violarían los
enunciados normativos que señalan los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación,
y por ende, las sentencias que señalan que se deben incluir los factores sobre los cuales se hayan
realizado aportes, debe leerse en concordancia y armonía con las sentencias que dicen que sólo se
pueden incluir los factores taxativamente señalados en las disposiciones legales, y con las normas
pertinentes regulatorias de la materia.
Como se ve, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
D, determinó que al actor no le asistía derecho a la reliquidación de su pensión con
inclusión de todos los factores devengados en el año anterior a la adquisición del estatus,
como la prima de vacaciones, porque el régimen aplicable era el previsto en la Ley 62 de
1985. Que el ingreso base de liquidación debía calcularse únicamente con los factores
previstos en dicha norma, aun cuando se hubieran efectuado aportes sobre otros
conceptos, pues incluirlos implicaría desconocer el marco legal aplicable al régimen del
magisterio y las reglas fijadas en la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado del
25 de abril de 2019.
En ese orden de ideas, en el escenario que propone el demandante, la Sala estaría
obligada a examinar nuevamente un asunto que ya fue resuelto por las autoridades
judiciales demandadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-
33-42-052-2024-00193-00/01, finalidad para la que no está previsto este mecanismo
constitucional.
En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por no cumplir con el
requisito general de relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por Carlos Arturo Cortés
Beltrán, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
13 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C. Sentencia del 15 de noviembre de 2023.
Radicación: 11001-33-42-050-2022-00445-01. M.P. Samuel José Ramírez Poveda (Cita original del texto)
14 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F. Sentencia del 11 de julio de 2023.
Radicación: 11001-33-35-029-2021-00343-01. M.P. Beatriz Helena Escobar Rojas (Cita original del texto)
15 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E. Sentencia del 10 de marzo de 2023.
Radicación: 11001-33-35-007-2021-00264-01. M.P. Jaime Alberto Galeano Garzón (Cita original del texto)
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06056-00
Demandante: Carlos Arturo Cortés Beltrán
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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