Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04863-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04863-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04863-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
31 de octubre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04863-00
Demandante: Juan Sebastián Puentes Puentes
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-04863-00
Demandante JUAN SEBASTIÁN PUENTES PUENTES
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de
procedibilidad de la acción. La subsidiariedad cuando el medio de
control se encuentra en curso. Medio de control de nulidad electoral.
Medida cautelar de suspensión provisional.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Juan Sebastián Puentes Puentes de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 10 de septiembre de 2024, el señor Juan Sebastián Puentes Puentes interpuso
acción de tutela, en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo del Huila, Sala
Sexta por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y
elegir.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERO: ORDENAR a la SALA SEXTA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA
que, en el término de CUARENTA Y OCHO (48) HORAS, contados a partir de la notificación
del fallo de tutela, deje sin valor y efecto jurídico la providencia del veintidós (22) de Agosta de
2024, dictada dentro del medio de control conocido por el Magistrado Ponente JOSE MILLER
LUGO BARRERO de la Sala Sexta del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA, con
radicado No. 41 001 23 33 000 2023 00426 00,
SEGUNDO: Solicitar que se profiera sentencia conforme a la parte motiva de lo que decida el
Consejo de Estado».
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. En el año 2023, el señor Juan Sebastián Puentes Puentes interpuso demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad electoral contra el acto de elección
del señor Luis Humberto Alvarado Guzmán como alcalde del Municipio de
Rivera (Huila), para el periodo 2024-2027. Adicionalmente, el demandante
solicitó como medida cautelar la suspensión provisional del acto administrativo
que declaró la elección del referido alcalde.
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Demandante: Juan Sebastián Puentes Puentes
Del asunto conoce el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta bajo el
radicado Nro. 41001-23-33-000-2023-00426-00.
En auto de 12 de febrero de 2024, se admitió la demanda y se negó la medida
cautelar solicitada.
2.2. De forma concomitante fueron radicadas otras demandas de nulidad electoral
contra el alcalde del Municipio de Rivera (Huila) Luis Humberto Alvarado
Guzmán, entre estas la interpuesta por el señor Jhon Faiver Arce Trujillo, bajo
radicado Nro. 41001-23-33-000-2023-00421-00. Este último también solicitó
como medida provisional la suspensión provisional del acto de elección del
alcalde.
En el curso de ese medio de control, el 19 de febrero de 2024 se decretó la
medida cautelar de suspensión provisional del acto de elección del señor Luis
Humberto Alvarado Guzmán como alcalde.
2.3. En auto de 22 de abril de 2024, se decretó la acumulación de los medios de
control Nro. 41001-23-33-000-2023-00426-00 promovido por Juan Sebastián
Puentes Puentes y Nro. 41001-23-33-000-2023-00421-00 interpuesto por
Jhon Faiver Arce Trujillo. Se dispuso tener como expediente principal el
primero de estos.
2.4. El señor Luis Humberto Alvarado Guzmán presentó solicitudes de aclaración,
control de legalidad y saneamiento y nulidad de la medida cautelar decretada.
Mediante autos de 2 de abril, 28 de junio, 5 de julio de 2024 tales solicitudes
fueron negadas.
2.5. El señor Luis Humberto Alvarado Guzmán también solicitó revocatoria de la
medida cautelar. En auto de 22 de agosto de 2024 (providencia controvertida),
el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta accedió a la revocatoria de la
medida cautelar decretada en la providencia de 19 de febrero de 2024.
Consecuentemente, levantó la suspensión provisional de los efectos jurídicos
del acto de elección del señor Luis Humberto Alvarado Guzmán.
2.6. El señor Jhon Faiver Arce Trujillo presentó recurso de reposición y en subsidio
apelación contra el auto de 22 de agosto de 2024 que revocó la medida
cautelar previamente decretada.
3. Fundamentos de la acción
Tras considerar que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales, el tutelante argumentó que al proferir el auto
de 22 de agosto de 2024 la autoridad judicial accionada incurrió en defecto por
violación directa de la Constitución, por las razones que se expondrán a
continuación.
Primero, aseguró que se desconoció el alcance de la figura de la delegación. Hizo
referencia a la delegación de funciones efectuada por la rectora de la Universidad
Surcolombiana, madre del señor Luis Humberto Alvarado Guzmán, para la
suscripción de un convenio con la Junta Municipal de Deportes y Recreación de
Rivera. Al respecto, aseguró que el Tribunal olvidó que «el delegante continúa con la
titularidad de la función y por tanto la responsabilidad es compartida», tal como lo ha
establecido la jurisprudencia del Consejo de Estado.
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En consecuencia, aseguró que «no es cierto que se deba probar la acción directa de la
madre del demandado frente a la ejecución del contrato referido, pues la responsabilidad que a
ella le asiste como rectora, no la perdió por el simple hecho de haber delegado la función,
máxime cuando la delegación recayó en un subalterno el cual corresponde a su mismo equipo
de trabajo».
Segundo, manifestó que la valoración probatoria fue ilegal porque la autoridad
judicial accionada tuvo en cuenta documentos que no fueron aportados una vez se
hizo el traslado de la medida cautelar, lo que significa que dichas pruebas no fueron
aportadas oportunamente por el demandado. Entre estos medios probatorios se
encuentran los certificados expedidos por la Universidad Surcolombiana y la
Secretaría de Educación del Departamento del Huila. Consideró que al tener en
cuenta dichas pruebas allegadas extemporáneamente, la autoridad judicial
accionada violó el debido proceso. A su juicio, el despacho no debió aceptarlas ni
darles credibilidad.
En cambio, sostuvo que en el plenario existían muchas otras pruebas que
justificaban el decreto de la medida provisional, como convenios interadministrativos
y convenios de cooperación suscritos entre la Universidad Surcolombiana y la
Gobernación del Huila y la primera de estas con el Municipio de Rivera (Huila).
Tercero, censuró la conclusión de la autoridad judicial accionada según la cual no
se demostró que las funciones de la rectora y madre del demandado incidieron en
los resultados electorales. Aseguró que la causal de inhabilidad no depende de la
incidencia directa en los votos, sino del parentesco con una autoridad administrativa
que ejerció funciones en el municipio en los 12 meses anteriores a las elecciones,
hecho que fue probado en el asunto. Por tanto, reprochó que el juez haya acogido
la teoría del demandado, quien afirmó que la diferencia de votos fue significativa y
que no hubo incidencia en los resultados.
Cuatro, resaltó que las solicitudes previas al auto de 22 de agosto de 2024
(providencia controvertida) tendientes a revocar la medida cautelar fueron negadas. Esto
refuerza la idea de que la revocatoria actual es inconsistente y que la medida
cautelar se decretó en derecho. Con las solicitudes reiteradas para dejar sin efectos
la medida provisional decretada lo que pretendía el demandado era revivir los
términos al no haber presentado oportunamente recurso de apelación contra la
providencia mediante la cual se decretó la medida cautelar.
Quinto, indicó que no se cumplen los requisitos legales para la revocatoria de la
suspensión provisional decretada establecidos en el artículo 235 de la Ley 1437 de
2011. Esto se debe a que (i) el demandado no constituyó caución, (ii) se cumplieron
las condiciones de ley para el decreto de la medida cautelar y (iii) los hechos que
dieron origen al decreto de la medida provisional continúan vigentes, es decir no
fueron superados pues a la fecha la madre del señor Luis Humberto Alvarado
Guzmán continúa siendo rectora de la Universidad Surcolombiana.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Mediante auto de 17 de septiembre de 2024, se admitió la acción de tutela
interpuesta por el señor Juan Sebastián Puentes Puentes contra el Tribunal
Administrativo del Huila; se ordenó notificar en calidad de terceros al señor
Luis Humberto Alvarado Guzmán, al Consejo Nacional Electoral y a la
Registraduría General del Estado Civil que actúan como demandados dentro
del medio de control de nulidad electoral; al señor Jhon Faiver Arce Trujillo
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demandante de una de las demandas acumuladas y a los demás
demandantes, demandados y terceros que participan dentro del medio de
control 41001-23-33-000-2023-00426-00 acumulado; y se ordenó efectuar las
notificaciones correspondientes.
4.2. El Tribunal Administrativo del Huila remitió el expediente del medio de
control.
4.3. El Consejo Nacional Electoral aseguró que carece de legitimación en la
causa por pasiva y que de su parte no ha existido vulneración a los derechos
del actor, puesto que no es la autoridad competente para satisfacer las
pretensiones del demandante. Los hechos de la demanda no aluden a
actuaciones u omisiones a su cargo, sino a las inconformidades sobre la
providencia de 22 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo
del Huila. Por lo tanto, solicitó su desvinculación del trámite de tutela.
4.4. El señor Luis Humberto Alvarado Guzmán, alcalde de Rivera (Huila) y
demandado del medio control, sostuvo que la tutela es improcedente, ya
que no se han vulnerado derechos fundamentales al actor. Insistió en que el
tutelante no actuó oportunamente en el proceso, pues no presentó recursos ni
solicitudes y ahora intenta usar la acción de tutela como una tercera instancia
adicional para modificar las decisiones proferidas por el Tribunal. Esta inacción
deslegitima el uso de la acción de tutela como medio para impugnar decisiones
ya agotadas en el medio de control de nulidad electoral.
Manifestó que la autoridad judicial accionada actuó conforme a la Ley 1437 de
2011, pues aplicó las normas de revocatoria de medidas cautelares, que no
son susceptibles de recursos ordinarios.
A su vez, afirmó que la evaluación de nuevo material probatorio y la revocación
de medidas cautelares están permitidas, siempre y cuando existan nuevas
circunstancias de hecho y de derecho que justifiquen la revocatoria. Agregó
que para la revocatoria de la medida cautelar no es necesario prestar caución
conforme al artículo 235 de la Ley 1437 de 2011.
Por lo expuesto, solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción y
subsidiariamente la negativa del amparo solicitado.
4.5. La Registraduría General del Estado Civil manifestó que no cuenta con
legitimación en la causa por pasiva, puesto que no tiene competencia funcional
para atender lo requerido por el actor, ya que lo que motivó la presente acción
constitucional fue una decisión proferida por un despacho judicial.
De otra parte, sostuvo que el accionante pretende abrir un debate de tercera
instancia inadmisible.
Por lo expuesto, solicitó su desvinculación del asunto.
4.6. La señora Linda Lucía Artunduaga Calderón, coadyuvante del señor Luis
Humberto Alvarado Guzmán en el medio de control, aseguró que de
conformidad con el inciso 2 del artículo 235 de la Ley 1437 de 2011 el juez
tiene la facultad en cualquier momento procesal de modificar o revocar la
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medida cautelar decretada, en aquellas situaciones en que los fundamentos
de hecho que dieron origen a la medida cautelar desaparecen o varían.
Aseguró que el Tribunal Administrativo del Huila revocó la medida cautelar,
porque consideró que existían materiales probatorios que permitían concluir
que la suspensión provisional no debió decretarse, puesto que no se
cumplieron los requisitos legales para esto.
De otro lado, sostuvo que a la fecha el Tribunal Administrativo del Huila no ha
decidido el recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto por
los demandantes contra el auto de 22 de agosto de 2024 que revocó la medida
cautelar. De manera que el juez natural del proceso aún no ha adoptado la
decisión que corresponde en derecho. Esta circunstancia, adujo, desconoce
el requisito de subsidiariedad, en la medida en que se busca obtener una
solución a través de otra corporación judicial, lo cual propicia un caos judicial.
Finalmente, indicó que el hecho de que la decisión tomada por el Tribunal no
haya sido favorable para el tutelante no significa que se haya incurrido en una
vulneración de derechos fundamentales. Por lo tanto, concluyó que la tutela
interpuesta es improcedente.
4.7. El señor Jhon Faiver Arce Trujillo, demandante del medio de control de
nulidad electoral, sostuvo que coadyuvaba la acción de tutela interpuesta por
el señor Juan Sebastián Puentes Puentes.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19911, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales2
y especiales3 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
1 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto».
2 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
(iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
3 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i)
defecto orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto
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todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional4 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, y por tratarse de una acción de
tutela contra providencia judicial, corresponde a la Sala establecer si la acción de
tutela interpuesta por el señor Juan Sebastián Puentes Puentes cumple a cabalidad
con los requisitos generales de procedibilidad, particularmente el de la
subsidiariedad.
Solo en caso de superar dicho análisis, se determinará si en el medio de control de
nulidad electoral Nro. 41001-23-33-000-2023-00426-00 el Tribunal Administrativo del
Huila, Sala Sexta incurrió en los defectos alegados por la parte actora.
4. Requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de subsidiariedad. Esa
norma dispone que la tutela «solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable». A su turno, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece
que la acción de tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa
judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Del carácter subsidiario de la acción de amparo se deriva que los mecanismos
ordinarios de defensa para la protección de los derechos no pueden ser
desplazados o suplantados por la acción de tutela, claro está, siempre que estos
sean idóneos y eficaces. Por tanto, la acción de tutela solo procede cuando no
existen otros medios de defensa idóneos para amparar los derechos fundamentales
invocados; o siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de protección.
Así las cosas, la tesis de la Sección consiste en que, por regla general, cuando
existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no es procedente la acción de
tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del medio de defensa se definen en
función del caso concreto, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentra
el solicitante. En ese estudio también debe analizarse la existencia o no de un
por error inducido, (vi) defecto por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y
(viii) defecto por violación directa de la Constitución.
4 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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perjuicio irremediable, en los términos del numeral 1º del artículo 6 del Decreto 2591
de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
De esta forma, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela ha servido
para restringir su procedencia, dado que el sistema jurídico permite a las personas
valerse de diversos medios de defensa que pueden ser eficaces para la defensa de
sus derechos5.
Y si bien la regla de la subsidiariedad debe aplicarse de forma general para
determinar la procedencia de la acción de tutela, el juez constitucional puede llegar
a intervenir en algunos casos en los que se demuestre que no existe otro medio de
defensa; que a pesar de existir no es idóneo, ni eficaz; que se pretende evitar un
perjuicio irremediable o cuando el accionante es un sujeto de especial protección
constitucional. Lo anterior, en consideración a que la finalidad de la acción de
amparo es la protección de derechos fundamentales.
En conclusión, para la procedencia de la acción de tutela cuando exista otro medio
de defensa, el juez constitucional debe tener en cuenta la eficacia e idoneidad del
otro medio o si se encuentra frente a un perjuicio irremediable. Circunstancias que
son determinantes a fin de valorar la procedencia formal del amparo constitucional.
Ahora bien, al estudiar el requisito de subsidiariedad en materia de tutela contra
providencia judicial, pueden suceder dos escenarios: que el proceso haya concluido
o que el proceso judicial se encuentre en curso. En principio, si el proceso se
encuentra en curso, la intervención del juez de tutela está vedada, por virtud del
principio de subsidiariedad, que señala que la tutela no es un mecanismo alternativo
o paralelo a los legalmente establecidos.
Al respecto, la Corte Constitucional, en Sentencia T-113 de 2013, la Corte
Constitucional señaló que «si el proceso se encuentra en curso la intervención del juez
constitucional está en principio vedada, pues como se sabe la acción de tutela no es un
mecanismo alternativo o paralelo, pero puede resultar necesaria para evitar un perjuicio
irremediable que comprometa la vulneración de derechos fundamentales». Y en la Sentencia
T-126 de 2019, indicó que «no es dable la intromisión de la jurisdicción constitucional en la
órbita propia de la justicia ordinaria sino cuando se presentan unas especialísimas
circunstancias que hacen procedente el amparo».
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela el interesado debe, por lo
menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues de lo
contrario la tutela deviene improcedente.
5. Análisis del caso
5.1. Inicialmente, la Sala advierte que en el curso de la acción de tutela interpuesta
el 10 de septiembre de 2024 se resolvió desfavorablemente el recurso de
reposición y en subsidio apelación interpuesto contra el auto controvertido de
22 de agosto de 2024. El 18 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo
del Huila, Sala Sexta profirió auto en el que dispuso lo siguiente:
«RECHAZAR por improcedentes los recursos de reposición y apelación interpuestos por el
demandante Jhon Faiver Arce Trujillo contra el auto del 22 de agosto de 2024, mediante el
cual se accedió a la revocatoria de la medida cautelar decretada por la Sala Tercera de esta
corporación y ordenó LEVANTAR la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto
de elección del señor Luis Humberto Alvarado Guzmán, como alcalde del Municipio de Rivera,
Huila».
5 Corte Constitucional. Sentencia T-301 de 2009.
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Hecha tal precisión se resalta que, por regla general, tratándose de tutela
contra providencia judicial, no se cumple con el requisito de subsidiariedad en
los eventos en que el proceso judicial continúa en curso. Justamente, en el
caso la Sala considera que no se cumple con el requisito de subsidiariedad en
lo que respecta a los reproches contra la providencia del 22 de agosto de 2024,
ya que para la fecha en que se interpuso la acción de tutela el debate sobre la
medida cautelar continuaba en trámite.
La tesis de la Sala frente a este requisito de procedibilidad es que el análisis
de subsidiariedad se examina respecto de los hechos a la fecha de la solicitud
de amparo. En consecuencia, independientemente de que en el curso de la
presente acción se haya resuelto el recurso de reposición y en subsidio
apelación interpuesto contra la providencia atacada, lo cierto es que para la
fecha en que se interpuso la acción no se cumplía con el requisito de
subsidiariedad, debido a que para ese momento no había culminado el debate
sobre la revocatoria de la medida cautelar decretada inicialmente, pues
estaban por resolver los recursos interpuestos contra la decisión censurada.
En todo caso, al margen de que a la fecha ya se hayan resuelto tales recursos,
no puede desconocerse que la discusión de fondo sobre la nulidad del acto de
elección del señor Luis Humberto Alvarado Guzmán como alcalde del
Municipio de Rivera (Huila) continúa, pues el medio de control sigue en trámite.
En consecuencia, no podría concluirse que se cumple el requisito de
subsidiariedad, dado que el debate electoral continúa surtiéndose.
Desconocer lo anterior, sería desatender la existencia de los mecanismos de
defensa dispuestos en los procesos ordinarios o especiales, lo que no
responde a la naturaleza y propósito de la acción de tutela. Como se explicó
previamente, cuando está en curso un proceso judicial la tutela se torna en un
mecanismo realmente excepcional para aquellos casos en los que se
evidencie la posibilidad de configurarse un perjuicio irremediable.
Sobre este punto, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que cuando el
proceso judicial se encuentra en trámite la acción de tutela es improcedente.
En palabras de la Corte Constitucional, «la intervención del juez constitucional
está vedada, toda vez que la acción de tutela no constituye un mecanismo
alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos que deben ser resueltos al
interior del trámite ordinario»6 (Negrillas propias). Lo anterior, porque considera
que:
«Las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer espacio de
protección de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en lo que tiene
que ver con las garantías del debido proceso. Es en este sentido que la sentencia C-543 de
1992 puntualiza que: ‘tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos,
el medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes’.
Por tanto, no es admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de un derecho
fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del proceso, pues, en
principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las herramientas necesarias para
corregir durante su trámite las irregularidades procesales que puedan afectarle» 7.
5.2. Con todo, es preciso observar que se pueden presentar casos excepcionales
en los que a pesar de la existencia de otro medio de defensa judicial es posible
6 Corte Constitucional. Sentencia T -600 de 2017.
7 Corte Constitucional. Sentencia T-103 de 2014.
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que la tutela proceda como mecanismo transitorio. Y esto obedece a que la
existencia de un medio judicial ordinario no necesariamente significa la
improcedencia de la acción de tutela.
Sin embargo, en el caso no se configuran tales eventos excepcionales, debido
a que el medio de control promovido es idóneo y eficaz para resolver las
inconformidades sobre el acto de elección demandado. Además, allí la parte
actora cuenta con las garantías y herramientas que le provee el debido
proceso que caracteriza el proceso judicial.
Adicionalmente, en el caso no existe un perjuicio irremediable en los términos
dispuestos por la jurisprudencia constitucional, es decir una afectación grave,
inminente y que requiera medidas impostergables.
Más que un verdadero perjuicio irremediable, los daños que a juicio del actor
se derivan de la decisión no son más que los efectos propios de la revocatoria
de la medida cautelar inicialmente decretada. Esto, por sí solo, no significa, la
existencia de un perjuicio irremediable. De aceptar ese razonamiento, habría
que concluir que cualquier decisión contraria a los intereses de una parte
implica la existencia de un perjuicio de esa naturaleza. Conclusión que a todas
luces carece de razonabilidad.
Por lo tanto, se considera que en el caso no se configuran las condiciones
necesarias para que la tutela proceda como mecanismo transitorio, pues no
se advierte la falta de idoneidad o ineficacia del medio de control en curso y
porque no existe perjuicio irremediable alguno. A causa de lo anterior, se debe
concluir que no existe razón válida que permita la procedencia excepcional de
la tutela en el caso.
5.3. Por último, se recuerda que en los eventos en que se pretende cuestionar una
decisión judicial a través de la tutela su procedencia está sujeta a que se
cumplan a cabalidad los requisitos generales.
Tal obligación no es producto del capricho o del deseo de privilegiar las formas
sobre los derechos sustanciales. Los requisitos de procedibilidad obedecen a
que al cuestionar una decisión proferida por un juez mediante la acción de
tutela automáticamente entran en juego los principios de independencia,
autonomía funcional y juez natural. Por consiguiente, a fin de encontrar un
equilibrio entre la posibilidad de dejar una decisión judicial sin efectos y tales
principios es imperativo que se cumplan con rigor cada uno de los requisitos
señalados jurisprudencialmente.
En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales está sujeta al
cumplimiento de una serie de requisitos. Si los generales no se cumplen, no
hay lugar a estudiar el asunto de fondo.
Es condición imprescindible para analizar los defectos propuestos por la parte
actora que todos los presupuestos generales se cumplan a cabalidad. Solo así
será procedente, proseguir al segundo estadio de análisis consistente en
determinar si las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos
planteados por el tutelante.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04863-00
Demandante: Juan Sebastián Puentes Puentes
6. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala concluye que no se satisface el requisito de
subsidiariedad de la acción de tutela. En consecuencia, se declarará la
improcedencia de la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor Juan
Sebastián Puentes Puentes, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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