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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-04863-01

Fecha
17 de enero de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-04863-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 31 de octubre de 2024 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2024-04863-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

17 de enero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04863-01
Accionante: Juan Sebastián Puentes Puentes
Accionado: Tribunal Administrativo de Huila

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04863-01
Accionante: Juan Sebastián Puentes Puentes
Accionado: Tribunal Administrativo de Huila

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad
electoral. Subtema 2: revocatoria de la medida cautelar. Subtema 3: defecto fáctico.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
impugnación interpuesta por Juan Sebastián Puentes Puentes en contra de la
sentencia del 31 de octubre de 2024 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Juan Sebastián Puentes Puentes presentó acción de tutela para el amparo
de su derecho fundamental al debido proceso, en conexidad con el derecho a elegir y
ser elegido, que consideró vulnerados con ocasión del auto del 22 de agosto de 2024,
proferido por la Sala Sexta del Tribunal Administrativo de Huila, dentro del proceso de
nulidad electoral con radicado núm. 41001-23-33-000-2023-00426-00.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y demás elementos aportados por las partes en el
trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:
2. El señor Juan Sebastián Puentes Puentes presentó demanda de nulidad electoral
en contra del acto administrativo por medio del cual se declaró la elección del señor
Luis Humberto Alvarado Guzmán como alcalde del municipio de Rivera (Huila), para
el periodo 2024-2027. Adicionalmente, solicitó como medida cautelar la suspensión
provisional del referido acto.
3. El Tribunal Administrativo de Huila, Sala Sexta, mediante auto del 12 de febrero
de 2024, admitió a demanda y negó la medida cautelar.

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Accionante: Juan Sebastián Puentes Puentes
Accionado: Tribunal Administrativo de Huila

4.
Ante el referido Tribunal, se radicaron otras demandas de nulidad electoral en
contra del alcalde del municipio de Rivera (Huila), entre estas la interpuesta por el
señor Jhon Faiver Arce Trujillo, con el radicado núm. 41001-23-33-000-2023-00421-
00, en la que simultáneamente se solicitó la suspensión provisional del acto de
elección.
5. Dentro del trámite de ese medio de control, el Tribunal Administrativo de Huila,
mediante auto del 19 de febrero de 2024, decretó la medida cautelar de suspensión
provisional del acto de elección del señor Luis Humberto Alvarado Guzmán.
6. El Tribunal Administrativo de Huila, Sala Sexta, a través de auto del 22 de abril de
2024, ordenó la acumulación de las demandadas tramitadas con los radicados núm.
41001-23-33-000-2023-00426-00 presentada por Juan Sebastián Puentes Puentes y
41001-23-33-000-2023-00421-00 promovida por Jhon Faiver Arce Trujillo. Asimismo,
se tuvo como expediente principal el primero.
7. El señor Luis Humberto Alvarado Guzmán, por medio de su apoderado, solicitó la
revocatoria de la medida cautelar decretada en su contra, dentro del proceso con
radicado núm. 41001-23-33-000-2023-00421-00. El Tribunal Administrativo de Huila,
Sala Sexta, mediante auto del 22 de agosto de 2024, accedió al requerimiento del
peticionario.
8. El señor Jhon Faiver Arce Trujillo presentó recursos de reposición y en subsidio
apelación en contra el auto de 22 de agosto de 2024, cuyo trámite se encontraba
pendiente por resolver por parte de la autoridad judicial accionada al momento de
presentar la solicitud de tutela.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
9. La parte actora solicitó en el escrito de tutela1 lo siguiente:

«[…]

PRIMERO: ORDENAR a la SALA SEXTA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
HUILA que, en el término de CUARENTA Y OCHO (48) HORAS, contados a partir de
la notificación del fallo de tutela, deje sin valor y efecto jurídico la providencia del
veintidós (22) de Agosto de 2024, dictada dentro del medio de control conocido por el
Magistrado Ponente JOSE MILLER LUGO BARRERO de la Sala Sexta del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL HUILA, con radicado No. 41 001 23 33 000 2023 00426 00,

SEGUNDO: Solicitar que se profiera sentencia conforme a la parte motiva de lo que
decida el Consejo de Estado»2.

10. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora manifestó que el auto
del 22 de agosto de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo de Huila incurrió en
violación directa de la Constitución porque revocó la medida cautelar decretada en la
providencia del 19 de febrero de 2024, sin que la parte demandada haya constituido la
caución que permitiera el levantamiento de aquella, según lo dispone el artículo 235

1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-04863-00, índice 2, certificado núm. 544590A21915D96D EDD6A5ECEAC2AEED
B340D202AD0C36AE 2886B0CFB0977A03.
2
Se transcribe incluso con errores.

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del CPACA, lo cual implicó un desconocimiento de preceptos constitucionales como el
debido proceso, la seguridad jurídica, la legalidad y la confianza legítima.
11. De igual manera, indicó que la providencia cuestionada incurrió en defecto fáctico,
por cuanto les otorgó valor probatorio a los certificados expedidos por la Universidad
Surcolombiana y la Secretaría de Educación del Departamento de Huila, para
desestimar los argumentos propuestos en la solicitud de medida cautelar,
desconociendo que estos documentos fueron aportados en forma extemporánea al
proceso, por fuera del término de traslado de la medida.
12. Asimismo, refirió que el Tribunal accionado no realizó una valoración adecuada de
los demás elementos probatorios aportados al proceso de nulidad electoral, con los
cuales se pretendía justificar la procedencia de la medida cautelar contra la elección
del señor Luis Humberto Alvarado Guzmán como alcalde del municipio de Rivera
(Huila).

2.3. Trámite procesal
13. El Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante auto del 17 de septiembre de
20243, admitió la solicitud de tutela, ordenó la notificación al Tribunal Administrativo de
Huila, y dispuso comunicar el escrito de tutela al Consejo Nacional Electoral, a la
Registraduría Nacional del Estado Civil y a los señores Luis Humberto Alvarado
Guzmán y Jhon Faiver Arce Trujillo, así como a los demás sujetos procesales que
participaron en el proceso de nulidad electoral, en calidad de terceros interesados.

2.4. Intervenciones
14.
El Consejo Nacional Electoral4 pidió su desvinculación de esta actuación judicial
porque carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no es la autoridad
encargada de responder las inconformidades y pretensiones del tutelante respecto de
la providencia cuestionada.
15. El señor Luis Humberto Alvarado Guzmán5 solicitó que se declare
improcedente la solicitud de amparo, en razón a que el accionante pretende utilizar la
acción de tutela como una tercera instancia para modificar las decisiones proferidas
por el Tribunal.
16. De igual manera, indicó que la autoridad judicial accionada actuó conforme al
procedimiento dispuesto en el CPACA, en la medida que aplicó las normas previstas
para la revocatoria de las medidas cautelares, sin desconocer los derechos
fundamentales del tutelante.
17. Asimismo, afirmó que la valoración de material probatorio allegado después del
traslado de la medida y la revocatoria de las medidas cautelares están permitidos,
debido a que existen nuevas circunstancias de hecho y de derecho que justificaron la
decisión cuestionada.
3
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-04863-00, índice 5, certificado núm. 02BDD18382C1B8C4 05ACC5FCC69710C3
BA83332570AEFA47 A99E49BCAE361C68. .
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-04863-00, índice 2, certificado núm. 544590A21915D96D EDD6A5ECEAC2AEED
B340D202AD0C36AE 2886B0CFB0977A03.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-04863-00, índice 2, certificado núm. 212F12D107506E4E 1D2C4CB7F72AF84E
3A0A565F7E30259B 12F242F55AA0A17B.

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Accionado: Tribunal Administrativo de Huila

18. La Registraduría Nacional del Estado Civil6 solicitó su desvinculación por falta
de legitimación en la causa por pasiva, pues la solicitud de amparo se dirige a
cuestionar una providencia judicial proferida por el Tribunal Administrativo de Huila, lo
cual es un asunto ajeno a su competencia funcional.
19. La señora Linda Lucía Artunduaga Calderón7 afirmó que el Tribunal
Administrativo de Huila revocó la medida cautelar al considerar que existían elementos
probatorios que permitían concluir que la suspensión provisional no debió decretarse,
puesto que no se cumplieron los requisitos legales para esto. Adicionalmente,
mencionó que no se configuró causal alguna de procedibilidad de la acción de tutela
en contra de la providencia cuestionada, por lo que solicitó que se declare
improcedente el amparo.
20. El señor Jhon Faiver Arce Trujillo8 presentó escrito dirigido a coadyuvar la
solicitud de amparo promovida por el señor Juan Sebastián Puentes Puentes, sin
exponer argumentos adicionales a los referidos en el escrito de tutela.
21. El Tribunal Administrativo de Huila 9 remitió, a esta corporación, el expediente
del medio de control de nulidad electoral, sin pronunciarse sobre los hechos y
pretensiones.

2.5. Sentencia de primera instancia
22.La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 31 de octubre
de 202410, declaró improcedente la acción de tutela presentada por el señor Juan
Sebastián Puentes Puentes porque no superó el requisito de subsidiariedad.
23. En este sentido, indicó que, si bien durante el trámite de la acción constitucional
se resolvieron desfavorablemente los recursos de reposición y de apelación
interpuestos en contra del auto de 22 de agosto de 2024, lo cierto es que para la fecha
en que se presentó la acción no se cumplía con el requisito de subsidiariedad, debido
a que para ese momento no había decidido en forma definitiva la procedencia de estos
recursos.
24. Asimismo, informó que la discusión de fondo sobre la nulidad del acto de elección
del señor Luis Humberto Alvarado Guzmán como alcalde del municipio de Rivera
(Huila), sigue en trámite y el debate electoral continúa surtiéndose, por ello, no podía
entenderse cumplido el requisito de subsidiariedad.
25.
Concluyó que desconocer lo anterior sería desatender la existencia de los
mecanismos de defensa dispuestos en los procesos ordinarios o especiales, lo que no
responde a la naturaleza y propósito de la acción de tutela. Agregó que no quedó

6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-04863-00, índice 16, certificado núm. AF4B7A3F22569773 B60E310B9F9F9F99
07FE032AA6182D57 3961529407F4B1ED.
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-04863-00, índice 17, certificado núm. 163A05E6296A822F 872A1C40CF7E1854
97572EE5E6A9A2BC 89423D6489AE4DEC.
8
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-04863-00, índice 21, certificado núm. 5F566A0C07F95295 FEC967887F8CE65D
C5531DF6DB2D8097 C6217C2E5CCFD21E.
9
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-04863-00, índice 22.
10
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-04863-00, índice 27, certificado núm. 5F566A0C07F95295 FEC967887F8CE65D
C5531DF6DB2D8097 C6217C2E5CCFD21E.

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probada la configuración de un perjuicio irremediable que permita la procedencia
excepcional de esta.

2.6. Impugnación
26. El señor Juan Sebastián Puentes Puentes impugnó11 la sentencia del 31 de
octubre de 2024, para lo cual reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela,
y agregó que no existe una herramienta jurídica con la que se pueda discutir la
legalidad de la providencia emitida dentro del medio de control de nulidad electoral, lo
cual conlleva a que la acción constitucional sea la única opción efectiva para la
protección de su derecho al debido proceso.
27.
Por otro lado, afirmó que se configuró un perjuicio irremediable puesto que, al
revocar la medida sin el cumplimiento de requisitos, se puso en riesgo irreversible la
ejecución de los recursos públicos, sus derechos fundamentales y los de los electores
del municipio de Rivera.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia
28. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación contra la sentencia del 31 de octubre de 2024
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

3.2. Legitimación en la causa
29. La legitimación en la causa por activa de Juan Sebastián Puentes Puentes está
acreditada, porque es el demandante en el proceso de nulidad electoral en el que fue
expedida la providencia que, a su juicio, desconoció sus derechos fundamentales.
30.También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Huila, debido a que fue la autoridad que profirió el auto del 22 de
agosto de 2024 objeto de estudio.

3.3. Problema jurídico
31. Corresponde a la Sala determinar si debe revocar, confirmar o modificar la
sentencia de primera instancia del 31 de octubre de 2024, proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo del
señor Juan Sebastián Puentes Puentes. En particular, deberá establecer si la acción
de tutela superó los requisitos generales de procedibilidad que exige la Corte
Constitucional para que el juez constitucional pueda emitir una decisión de fondo.

11
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-04863-00, índice 34, certificado núm. E11A3DAF8FCF4882 228301F8E517BD70
1352271DEDBAE496 77ACE50F9725ACCF.

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3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
32. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado12, y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de
evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo
constitucional13.

En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante debe
acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
33. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales14 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.
34. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución15.

3.4. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

3.4.1. Requisito de subsidiariedad
35. El señor Juan Sebastián Puentes Puentes pretende que se deje sin efectos el auto
del 22 de agosto de 2024, proferido por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Huila, mediante el cual se revocó la suspensión provisional de los
efectos jurídicos del acto de elección del señor Luis Humberto Alvarado Guzmán, como

12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-03-
15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
14
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
15
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.

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alcalde del municipio de Rivera (Huila), para el periodo 2024-2027, contenido en los
formularios E-26 y E-27.
36. Para la parte actora la providencia objeto de tutela, incurrió en violación directa de
la Constitución porque fue proferida con desconocimiento de las normas superiores
que regulan el debido proceso, el derecho a elegir, la seguridad jurídica, la legalidad y
la confianza legítima, al revocar una medida cautelar sin verificar el cumplimiento del
requisito previsto en el artículo 235 de la Ley 1437 de 2011.
37. De igual manera, indicó que el Tribunal accionado no realizó una valoración
adecuada de los elementos probatorios allegados al proceso, en tanto fundamentó su
decisión en certificaciones aportadas de forma extemporánea, y dejó de valorar otros
documentos que justificaban la procedencia de la medida cautelar.
38. En ese contexto, es preciso tener en cuenta que el requisito de subsidiariedad
presupone, en los términos del artículo 86 constitucional y 6 del Decreto 2591 de
199116, que el juez constitucional, por un lado, verifique que el accionante no cuente
con otros mecanismos judiciales de protección de sus derechos fundamentales; y, por
otro , que valore si dichos mecanismos resultan idóneos y eficaces para garantizar de
forma oportuna el amparo solicitado, de acuerdo con las particularidades de cada
caso17.
39. Así pues, en el evento de que existan otros medios de defensa judicial pero que
estos no sean idóneos o eficaces, procede la tutela como mecanismo de protección
de derechos fundamentales, así como, en los eventos en que se configura un perjuicio
irremediable, el cual debe ser inminente y grave, y sus medidas de protección
impostergables18.
40. Cuando se trata de una acción de tutela interpuesta en contra de una providencia
judicial, la Corte Constitucional ha indicado que los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios constituyen vías legítimas de defensa y reconocimiento de los
derechos fundamentales19. De manera específica, el alto tribunal expresó lo siguiente:

La acción de tutela no fue diseñada para desplazar a los jueces del ejercicio de sus
competencias naturales, motivo por el cual, en principio, no es procedente acudir ante
un juez para impugnar las decisiones judiciales si previamente no se han empleado los
medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial. El agotamiento de estas
herramientas constituye, entonces, un requisito indispensable para que el juez de tutela
pueda entrar a estudiar la vulneración invocada por el accionante.

41.
En el caso bajo estudio, se observa que, para el momento en el que el señor Juan
Sebastián Puentes Puentes radicó la solicitud de amparo, el 11 de septiembre de 2024,
se encontraban en trámite los recursos de reposición y apelación interpuestos por el
señor Jhon Faiver Arce Trujillo, en contra del auto del 22 de agosto de 2024, pues el
Tribunal Administrativo de Huila no había realizado pronunciamiento alguno.

16
ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA
«La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
[…]».
17
Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2017.
18
Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.
19
Corte Constitucional, sentencia T-373 de 2021.

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42. Sin embargo, al revisar las actuaciones procesales registradas en el aplicativo
SAMAI para el proceso de nulidad electoral con radicado núm. 41001-23-33-000-2023-
00426-00, se observa que, el Tribunal Administrativo de Huila, mediante providencia
del 18 de septiembre de 2024, resolvió rechazar por improcedentes los recursos de
reposición y apelación interpuestos en contra del auto del 22 de agosto de 2024, de
conformidad con el numeral 2 del artículo 243A de la Ley 1437 de 2011, adicionado
por el artículo 63 de la Ley 2080 de 2021, según el cual no son susceptibles de recursos
ordinarios las providencias «relacionadas con el levantamiento o revocatoria de las
cautelares».
43.
También conviene mencionar que según el aplicativo SAMAI, el proceso de
nulidad electoral aún se encuentra vigente, pues la discusión en relación con la
legalidad del acto de elección del señor Luis Humberto Alvarado Guzmán como alcalde
del municipio de Rivera (Huila), no se ha definido, comoquiera que el Tribunal
Administrativo de Huila no se ha pronunciado de fondo, en la sentencia, sobre las
pretensiones y los argumentos expuestos por las partes al interior del medio de control
judicial.
44. Dicha circunstancia impide al juez de tutela pronunciarse sobre las razones
planteadas en la solicitud de amparo, pues en la actualidad existe un escenario
adecuado para resolver las inconformidades presentadas por el actor a través de este
mecanismo constitucional.
45. En este sentido, la Sala debe recordar que la acción de tutela no es un instrumento
alternativo o paralelo a la resolución de conflictos por la vía ordinaria, por lo que no le
es dable al juez de tutela intervenir en asuntos que le corresponde dirimir a los jueces
naturales, máxime cuando los procesos se encuentran activos, debido a que no se ha
proferido decisión definitiva que dé por terminado el litigio.
46. Al respecto, la jurisprudencia constitucional20 ha referido lo siguiente:

«Las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer
espacio de protección de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente
en lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es en este sentido la
sentencia C-543/92 puntualiza que: ‘tratándose de instrumentos dirigidos a la
preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal como
lo acreditan sus remotos orígenes’. Por tanto, no es admisible que el afectado alegue
la vulneración o amenaza de un derecho fundamental cuando no ha solicitado el
amparo de sus derechos dentro del proceso, pues, en principio, el ordenamiento
jurídico le ha dotado de todas las herramientas necesarias para corregir durante su
trámite las irregularidades procesales que puedan afectarle».

47. Adicionalmente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24321 de la Ley 1437
de 2011 (CPACA), el recurso de apelación procede en contra de las sentencias
dictadas en primera instancia, esto significa que el señor Juan Sebastián Puentes
Puentes puede hacer uso de este mecanismo judicial de defensa para cuestionar la
providencia que en su momento profiera el Tribunal Administrativo de Huila, dentro del

20
Corte Constitucional, sentencia T- 211 de 2009, cuyo criterio fue reiterado en las sentencias T-396 de 2014 y T-401 de 2019.
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ARTÍCULO 243. Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia […].

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04863-01
Accionante: Juan Sebastián Puentes Puentes
Accionado: Tribunal Administrativo de Huila

medio de control de nulidad electoral con radicado núm. 41001-23-33-000-2023-
00426-00, en el evento que desestime sus pretensiones.
48. Por lo tanto, el proceso de nulidad electoral es el escenario adecuado para resolver
lo solicitado por el actor vía tutela, en la medida en que lo pretendido se dirige a
cuestionar la legalidad del acto administrativo que declaró la elección del señor Luis
Humberto Alvarado Guzmán como alcalde del municipio de Rivera (Huila).
49. Así pues, es pertinente advertir que el juez de lo contencioso-administrativo tiene
la competencia suficiente, no solo para decidir acerca de la validez del acto
administrativo cuestionado y garantizar el respeto por el ordenamiento jurídico como
lo pretende la parte actora al hacer uso del medio de control de nulidad electoral.
50.
Ahora bien, el tutelante, en el escrito de impugnación, manifestó que la acción de
tutela es procedente para evitar un perjuicio irremediable, porque la providencia
cuestionada habilita al señor Luis Humberto Alvarado Guzmán para ejercer sus
funciones como alcalde del municipio de Rivera (Huila), y ejecutar de manera irregular
el presupuesto de la entidad territorial, lo cual lo afecta como habitante del referido
territorio.
51. Para la Sala, el argumento planteado por el accionante se estructura sobre la
premisa de ilegalidad del acto administrativo demandado, que se propuso en la
demanda de nulidad electoral, para cuya comprobación se requiere que se adelante
un juicio de valoración argumentativa y probatoria que le compete a la autoridad judicial
accionada.
52. Adicionalmente, no se acreditó por el accionante que la providencia objeto de
tutela imponga una limitación o restricción de los derechos fundamentales invocados
en el escrito de tutela, al punto que le pueda ocasionar un perjuicio de naturaleza
irremediable. En consecuencia, no se observa una circunstancia concreta que permita
superar el requisito de subsidiariedad y le exija al juez de tutela efectuar un estudio de
fondo del asunto, como lo pretende el accionante.
53. Así las cosas, la Sala concluye que la acción objeto de estudio es improcedente,
en el entendido que el agotamiento efectivo de los mecanismos de defensa judicial no
sólo es un acto de diligencia exigible a los ciudadanos frente a sus propios asuntos
procesales, sino un requisito necesario para la procedencia de la acción de tutela como
mecanismo de defensa.

IV. CONCLUSIÓN
54. En este orden de ideas, la Sala considera que la solicitud de tutela no cumple con
el requisito de subsidiariedad. En consecuencia, se confirmará la sentencia del 31 de
octubre de 2024, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por los
motivos expuestos en esta providencia.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

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Accionante: Juan Sebastián Puentes Puentes
Accionado: Tribunal Administrativo de Huila

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 31 de octubre de 2024 proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Ausente con excusa

JLAS/SEJV

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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