Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 88001-23-33-000-2024-00055-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 88001-23-33-000-2024-00055-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 88001-23-33-000-2024-00055-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
4 de febrero de 2025
Radicado: 88001-23-33-000-2024-00055-01
Accionante: Cindy Paola Hawkins Rada
Accionados: Departamento de San Andrés, Providencia y Sata Catalina, y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., cuatro (4) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 88001-23-33-000-2024-00055-01
Accionante: Cindy Paola Hawkins Rada
Accionados: Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y otros
Tema: tutela por vulneración del derecho de petición. Subtema 1: obligación de las
autoridades de dar respuesta a las peticiones que le sean presentadas. Subtema 2:
derecho a la participación ciudadana y el control social.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
impugnación interpuesta por Cindy Paola Hawkins Rada en contra de la sentencia del
15 de noviembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Cindy Paola Hawkins Rada, por intermedio de su apoderada, presentó
acción de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales de
petición, al acceso a la información y a la participación ciudadana y al control social
que consideró vulnerados por el departamento de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Unidad Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres (UNGRD), al no dar respuesta clara, precisa y de fondo al
requerimiento presentado el 4 de septiembre de 2024, dirigido a obtener información
sobre el «Proyecto de Reubicación Voluntaria de Residentes no Raizales al Interior del
País».
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y demás elementos aportados por las partes en el
trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:
2. El departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mediante
publicación realizada en la página web de la entidad, anunció el «Proyecto de
Reubicación Voluntaria de Residentes No Raizales al Interior del País».
1
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Radicado: 88001-23-33-000-2024-00055-01
Accionante: Cindy Paola Hawkins Rada
Accionados: Departamento de San Andrés, Providencia y Sata Catalina, y otros
3. La señora Cindy Paola Hawkins Rada, el 4 de septiembre de 2024, presentó una
petición dirigida al departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, al
Ministerio del Interior, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres (UNGRD), a través de la cual solicitó información sobre el plan de
reubicación voluntaria de residentes no raizales, con el propósito de garantizar el
control social y la transparencia en la ejecución del mismo, en beneficio de la
comunidad y en aras de la rendición de cuentas.
4. El departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a través de oficio
del 17 de octubre de 2024, le informó a la tutelante que, si bien el mencionado proyecto
es parte del plan departamental de desarrollo, lo cierto es que su ejecución depende
de las directrices que emita el Ministerio del Interior, quien es el competente para
suministrar la información solicitada.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
5. La parte actora solicitó en el escrito de tutela1 lo siguiente:
«[…]
1. Que se tutelen los derechos fundamentales a la participación ciudadana, control
social, acceso a la información pública y derecho de petición de las accionantes, los
cuales se encuentran amparados por la Constitución Política de Colombia y los tratados
internacionales suscritos por el Estado, y que han sido vulnerados por la falta de
respuesta de las entidades demandadas, limitando el ejercicio del control ciudadano
sobre proyectos de interés general en San Andrés, Isla.
2. Que se ordene a las entidades accionadas Gobernación de San Andrés, Isla,
Ministerio del Interior, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Medio Ambiente y la Unidad
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que en un plazo no mayor a cuarenta y
ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la sentencia, proporcionen la
información detallada y completa requerida en nuestra petición del 4 de octubre de
2024, relativa al “Proyecto de Reubicación Voluntaria de Residentes No Raizales al
Interior del País.” Esta información es esencial para garantizar la transparencia y la
debida participación de la ciudadanía en decisiones que impactan el bienestar de la
comunidad y el entorno en San Andrés, Isla.
3. Que se ordene a las entidades accionadas implementar protocolos y medidas
internas claras y efectivas para asegurar que, en el futuro, todas las solicitudes de
información y control social formuladas por la ciudadanía sobre proyectos de alto
impacto en el territorio sean atendidas en tiempo y forma, conforme a los principios
constitucionales de transparencia y publicidad. Se busca con esta medida que la
Gobernación de San Andrés, Isla, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda, el
Ministerio de Medio Ambiente y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
respeten y faciliten el acceso a la información pública y actúen con diligencia en el
cumplimiento de su deber de respuesta, evitando la dilación injustificada y la
vulneración de derechos.
4. Que, como medida adicional y correctiva, se ordene a las entidades accionadas la
publicación completa y detallada de toda la información relativa al “Proyecto de
1
Samai, exp. 88001-23-33-000-2024-00055-01, índice 2, certificado núm. D6B402CEAA9A5F52 10A91728166388F0
1A46A43DA3F7F704 25C4E909F90A94C3.
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Reubicación Voluntaria de Residentes No Raizales al Interior del País” en un espacio
de fácil acceso en sus sitios web oficiales y en las plataformas de consulta pública. Esta
publicación deberá contener no solo la información solicitada por las accionantes, sino
también cualquier documentación adicional pertinente sobre el proyecto, los contratos
suscritos, informes de avance, y cualquier otro documento que facilite el acceso de la
ciudadanía y permita un control social efectivo y participativo.
Que se exhorte a las entidades accionadas a establecer mecanismos de consulta y
participación ciudadana de manera periódica sobre los avances y decisiones
relacionadas con el proyecto mencionado, incluyendo espacios de socialización y
diálogo en los que la comunidad, tanto raizal como no raizal, pueda expresar sus
preocupaciones, opiniones y recomendaciones. Estos mecanismos deberán garantizar
la inclusión de todos los sectores de la sociedad y fomentar un diálogo efectivo y
respetuoso, en línea con los principios de participación y deliberación democrática»2
6.
Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora manifestó que las
entidades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales porque no han dado
respuesta, clara precisa y de fondo al requerimiento presentado el 4 de septiembre de
2024.
2.3. Trámite procesal
7. El Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mediante
auto del 6 de noviembre de 20243, admitió la solicitud de tutela y ordenó la notificación
al departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, al Ministerio del Interior,
al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
2.4. Intervenciones
8. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio4 manifestó que, mediante
radicado núm. 2024EE0078509 del 16 de octubre de 2024, le informó a la tutelante
que no era competente para dar respuesta de fondo al requerimiento presentado el 4
de septiembre de 2024, por lo que dispuso el traslado de la petición al departamento
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a través del oficio 2024EE0078178 del
16 de octubre de 2024, conforme el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011.
9. En este sentido, solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional, por
cuanto carece de legitimación en la causa por pasiva.
10. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD)5 solicitó
que se declare la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que,
mediante oficio 2024EE17823 del 7 de noviembre de 2024, dirigido al correo
electrónico de la actora, le comunicó que no tenía competencia para pronunciarse de
fondo sobre la solicitud de información respecto del plan de reubicación voluntaria de
residentes no raizales, puesto que esto era un asunto de conocimiento del Ministerio
2
Se transcribe incluso con errores.
3
Samai, exp. 88001-23-33-000-2024-00055-01, índice 2, certificado núm. 8789BF170F6657FD 191703BDCBE1673A
9A730A4DAFB1B8AF DF7FB75B1A2F7AC5.
4
Samai, exp. 88001-23-33-000-2024-00055-01, índice 2, certificado núm. 91D46BE40B0EB312 0B85B7ABF5E89C6D
AAEC3723551AD40E 4C7E67BBA816425C.
5
Samai, exp. 88001-23-33-000-2024-00055-01, índice 2, certificado núm. 389F06C3CAA482E0 77C37833ECA93453
88D708BF6C658BE5 6ABB2D693A185461.
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Accionante: Cindy Paola Hawkins Rada
Accionados: Departamento de San Andrés, Providencia y Sata Catalina, y otros
del Interior, por lo que trasladó la petición a dicha entidad de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015.
11. El Ministerio del Interior6 pidió que se declare la carencia actual de objeto por
hecho superado, por cuanto la entidad con oficio núm. 2024-2-003302-055662 del 22
de octubre de 2024 le comunicó a la accionante que trasladó por competencia el
asunto a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), al
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia y al departamento de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley
1437 de 2011.
12. Asimismo, indicó que el referido oficio fue notificado a través del correo electrónico
de la señora Cindy Paola Hawkins Rada.
13. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible7 manifestó que carece de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no ha tenido injerencia alguna en los
hechos narrados en el escrito de tutela, pues la petición a la que hace referencia la
accionante no fue radicada en dicha entidad.
14. El departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina guardó silencio.
2.5. Sentencia de primera instancia
15. El Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mediante
sentencia del 15 de noviembre de 20248, accedió al amparo del derecho de petición
de la señora Cindy Paola Hawkins Rada y le ordenó al departamento de San Andrés
dar respuesta completa y de fondo a la petición presentada por la accionante el 4 de
septiembre de 2024.
16. Para el tribunal, los informes y los elementos probatorios aportados al trámite de
tutela permitían inferir que el departamento de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina era la entidad responsable de dar respuesta, clara, precisa y de fondo a la
petición formulada por la tutelante el 4 de septiembre de 2024, relacionada con la
reubicación voluntaria de personas no raizales al interior del país.
17. Sin embargo, la entidad territorial guardó silencio en esta acción constitucional y
no acreditó que adoptó las actuaciones administrativas pertinentes para garantizar el
derecho de petición de la actora. En consecuencia, el Tribunal consideró que el
departamento vulneró el derecho fundamental de la tutelante.
18. Adicionalmente, advirtió que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres (UNGRD), el Ministerio del Interior y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, con los informes y demás documentos aportados al expediente de tutela,
demostraron que remitieron la solicitud de la peticionaria a la autoridad competente de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, lo cual fue
6
Samai, exp. 88001-23-33-000-2024-00055-01, índice 2, certificado núm. 89A3221242E4845A 36DDD9485F296EC3
A0EFA95F60B858DF C3BBAA2824CAC0B3.
7
Samai, exp. 88001-23-33-000-2024-00055-01, índice 2, certificado núm. 7F1B1F196BA3D90B A8E2F7F4703C354C
2D6672CD4CC89689 A55ECDCA54B7560D
8
Samai, exp. 88001-23-33-000-2024-00055-01, índice 2, certificado núm. 486D7D35C86E6495 67B5211A5C103CB9
B408D40B300DC284 150880C5EF36A2D8.
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Accionante: Cindy Paola Hawkins Rada
Accionados: Departamento de San Andrés, Providencia y Sata Catalina, y otros
oportunamente comunicado a la actora. En este sentido, no se podía atribuir
responsabilidad a estas entidades en el derecho reclamado.
2.6. Impugnación
19. La señora Cindy Paola Hawkins Rada presentó impugnación9 en contra de la
sentencia del 15 de noviembre de 2024, al considerar que no se pronunció sobre la
protección del derecho a la participación ciudadana y al control social, pese a que
integraba el núcleo esencial de la tutela y su protección era necesaria para garantizar
la discusión pública del proyecto denominado «Reubicación Voluntaria de Residentes
No Raizales al Interior del País».
20. En este sentido, explicó que el amparo requerido tenía por objeto acceder a las
herramientas legales de las leyes 850 de 2003 y 1757 de 2015, para la salvaguarda
de los pilares de la democracia y del buen gobierno. En particular, la posibilidad de los
habitantes y ciudadanos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina de participar en
espacios de diálogo con las autoridades administrativas que les permita abordar la
discusión en asuntos relacionados con la sobrepoblación de la isla y la crisis ambiental
y social que se presenta en el territorio.
21. Asimismo, resaltó que la participación ciudadana es un derecho que se reconoce
en los artículos 2 y 270 de la Constitución Política y la Ley 1757 de 2015.
22. En concreto, pidió que se adicione la decisión de tutela en el sentido de ordenarle
al departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y demás entidades
accionadas que: i) diseñen e implementen mecanismos claros y efectivos de consulta
y diálogo ciudadano, ii) publiquen la información relacionada con el proyecto de
reubicación voluntaria (actas, contratos, estudios y planes de acción), iii) creen un
comité ciudadano de veeduría, iv) adopten medidas para prevenir la exclusión y
discriminación, y v) expidan un informe periódico con los avances del proyecto.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
23. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, el recurso de impugnación interpuesto en contra de la sentencia
del 15 de noviembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.
3.2. Legitimación en la causa
24. La legitimación en la causa por activa de Cindy Paola Hawkins Rada está
acreditada, por cuanto fue quien presentó la solicitud que, afirmó, no ha sido
contestada y, por ende, es titular del derecho fundamental de petición.
9
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-04863-00, índice 34, certificado núm. E11A3DAF8FCF4882 228301F8E517BD70
1352271DEDBAE496 77ACE50F9725ACCF.
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25. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del departamento
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Ministerio del Interior, el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en la medida en que
son las autoridades que, según la tutelante, no han dado respuesta a su solicitud y,
por lo tanto, a quienes se les atribuye la vulneración del derecho fundamental de
petición.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
26. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda
persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por
la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala la
ley. Este mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la
subsidiariedad y la inmediatez10.
27. El primero, exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que busque evitar un perjuicio irremediable11; y el segundo, consiste en que se
acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de lo contrario,
«[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho
[…]»12.
Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
28. En el presente asunto, el presupuesto de subsidiariedad se encuentra satisfecho,
dado que la parte actora no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para
discutir la vulneración del derecho fundamental de petición por falta de respuesta de
la respectiva entidad responsable.
29. Además, la Sala tendrá por cumplido el requisito de inmediatez, en la medida en
que la parte accionante argumentó que la solicitud que presentó no ha sido resuelta,
circunstancia que, en principio, es continua en el tiempo13.
3.4. Problema jurídico
30. Corresponde a la Sala determinar si debe revocar, confirmar o modificar la
sentencia de primera instancia del 15 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que accedió al amparo
del derecho de petición de la señora Cindy Paola Hawkins Rada. En particular, deberá
establecer si se vulneró el derecho a la participación ciudadana de la actora con la
ausencia de respuesta a la solicitud de información formulada por la tutelante el 4 de
septiembre de 2024.
10 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
11 Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
12 Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, reiterada en sentencia SU-084 de 2019.
13 Corte Constitucional, sentencia T-332 de 2015:
La Corte Constitucional ha señalado que en aquellos casos en los que se demuestre que la vulneración del derecho
es permanente en el tiempo y el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación
de la tutela, pero la situación es continua y actual, el principio de inmediatez en la interposición de la tutela no es
exigible de manera estricta.
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31.Para el efecto, se estudiará: (i) generalidades del derecho de petición y el caso
concreto.
3.4.1. Generalidades del derecho de petición
32. El artículo 23 constitucional prevé que toda persona tiene el derecho a presentar
peticiones ante las autoridades, de manera respetuosa, ya sea por razones de interés
general o particular, y a obtener una respuesta pronta por parte de estas. Por otro lado,
el artículo 13 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 1755 de 2015, especificó
que la resolución a la solicitud debe ser «completa y de fondo». La Corte
Constitucional14, respecto del mencionado derecho, indicó lo siguiente:
Esta garantía permite asegurar la efectividad de otros derechos de rango legal o
constitucional, por lo que ha sido considerada por la jurisprudencia como un derecho
de tipo instrumental, en tanto que es uno de los principales mecanismos con los que
cuenta la ciudadanía para exigir de las autoridades el cumplimiento de sus deberes. El
núcleo de este derecho se encuentra en tres elementos: (i) la posibilidad de formular la
petición, (ii) la respuesta de fondo y (iii) la resolución dentro del término legal respectivo.
33. Visto lo anterior, los criterios que permiten identificar cuándo una respuesta ha
atendido de fondo la petición, pueden agruparse de la siguiente manera: (i) claridad,
esto es, que contenga argumentos que sean fácilmente comprensibles; (ii) precisión,
que comporta la necesidad de que esta verse directamente sobre lo pedido sin acudir
a evasiones; (iii) congruencia, al abarcar el objeto de la solicitud; y (iv) consecuencia,
aspecto que lleva intrínseco que la contestación suministrada guarde concordancia
con el trámite impartido, por ejemplo, en los escenarios en que la petición surge en el
marco de un procedimiento administrativo.
34.
En cuanto a los aspectos de trámite y sustanciales del derecho de petición, son
asuntos que están reglados en el Título II de la Primera Parte de la Ley 1437 de 2011.
En particular, el artículo 21 de esta codificación dispone que, si la autoridad a la que
se dirige la solicitud no es la competente, deberá remitirla a quien sí lo es y de tal
actuación informar al peticionario.
3.4.2. Caso concreto
35. La señora Cindy Paola Hawkins Rada impugnó la sentencia del 15 de noviembre
de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, al considerar que no se pronunció sobre la protección del derecho a la
participación ciudadana y al control social, a pesar de que se solicitó en el escrito de
tutela y su protección era necesaria para garantizar la discusión pública del proyecto
denominado «Reubicación Voluntaria de Residentes No Raizales al Interior del País».
36. De esta manera, pidió que se adicione el fallo de tutela en el sentido de ordenarle
al departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y demás entidades
accionadas que: i) diseñen e implementen mecanismos claros y efectivos de consulta
y diálogo ciudadano, ii) publiquen la información relacionada con el proyecto de
reubicación voluntaria (actas, contratos, estudios y planes de acción), iii) creen un
14 Conte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
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comité ciudadano de veeduría, iv) adopten medidas para prevenir la exclusión y
discriminación, y v) expidan un informe periódico con los avances del proyecto.
37. En el asunto bajo estudio, la señora Cindy Paola Hawkins Rada, el 4 de septiembre
de 2024, presentó un escrito ante el departamento de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Unidad Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres (UNGRD), a través del cual solicitó información específica
respecto del proyecto de «Reubicación Voluntaria de Residentes No Raizales al
Interior del País», con el propósito de ejercer un control social en la ejecución de este.
38. La petición presentada por la actora se estructuró en los siguientes términos:
«[…]
1. Fundamentos del Proyecto y Criterios de Reubicación:
1.1. Descripción del Plan de Reubicación: Solicito información detallada sobre en qué
consiste el plan de reubicación voluntaria de residentes no raizales, incluyendo los
planes de formulación del proyecto, los objetivos específicos, las etapas de
implementación y los mecanismos de seguimiento y evaluación.
1.2. Criterios de Reubicación: Indiquen los criterios utilizados para seleccionar a las
personas no raizales que serán reubicadas, especificando los factores sociales,
económicos y demográficos considerados. Igualmente, aclarar si existen excepciones
o mecanismos de protección para aquellos que no puedan acogerse a la reubicación
voluntaria.
1.3. Justificación Legal y Administrativa del Proyecto: Proporcionen la fundamentación
legal y administrativa que sustenta el proyecto, especificando las normas que lo regulan
y las decisiones administrativas que le han dado origen. Específicamente, requerimos
información sobre cómo el proyecto se articula con las medidas de mitigación
establecidas en el Decreto 2762 de 1991, que, en su momento, contemplaba acciones
para abordar la sobrepoblación en San Andrés, Isla, y que desafortunadamente no
fueron implementadas de manera oportuna.
1.4. Garantías de Protección de Derechos Humanos: Indiquen las medidas adoptadas
por las autoridades responsables para garantizar que el proceso de reubicación no
vulnere los derechos humanos de las personas no raizales. Específicamente, detallar
los mecanismos de participación ciudadana que aseguren que el plan respete los
principios de dignidad humana, igualdad y no discriminación, conforme a lo estipulado
en la Constitución Política de Colombia y los tratados internacionales ratificados por el
Estado.
2. Contratos Celebrados por la entidad a su cargo:
2.1. Nombre, identificación y datos de contacto de las personas naturales y jurídicas
contratadas para la ejecución del proyecto, tanto en la caracterización de las familias
como en los planes de vida establecidos para los reubicados.
2.2. Copia íntegra de todos los contratos celebrados en el marco del proyecto,
incluyendo contratos de consultoría, asesoría, obras y servicios, ya sean a nivel
nacional, departamental o municipal.
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Accionante: Cindy Paola Hawkins Rada
Accionados: Departamento de San Andrés, Providencia y Sata Catalina, y otros
Detalle de los términos de referencia utilizados para seleccionar a los contratistas, así
como los criterios de selección aplicados para su adjudicación.
3. Informes Generados:
3.1. Copia de los informes de avance presentados por los contratistas, consultores o
entidades involucradas en el proyecto desde su implementación.
3.2. Informe sobre los resultados parciales del proyecto y el cumplimiento de los
objetivos trazados en el Plan de Desarrollo Departamental en relación con la
reubicación voluntaria.
4. Participación Ciudadana:
4.1. Informe detallado sobre los espacios de interacción ciudadana habilitados para
discutir y socializar el proyecto, con las fechas, modalidades (virtuales, presenciales) y
actores involucrados (ciudadanía raizal, no raizal, organismos comunitarios, etc.).
4.2. Especificar cómo se ha incluido la participación de las comunidades raizales y no
raizales en las decisiones sobre la reubicación.
4.3. Indicar qué medidas se han adoptado para garantizar un diálogo efectivo entre
ambas comunidades, y cuáles son los canales habilitados para que la ciudadanía
pueda formular observaciones o recomendaciones al proyecto.
5. Impacto Socioeconómico y Territorial:
5.1. Descripción de los estudios socioeconómicos realizados para caracterizar las
familias no raizales que serán reubicadas.
5.2. Detalle de los planes de vida diseñados para estas personas, incluyendo
estrategias para garantizar su acceso a ingresos y empleo sostenible en el territorio
continental.
5.3. Informe sobre las áreas en la isla que serán intervenidas una vez se realice la
reubicación, con los usos definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT)
vigente.
5.4. Evaluación del impacto que este proyecto tendrá sobre la dinámica territorial y
ambiental de San Andrés, Isla.
6. Planificación y Ejecución del Proyecto:
6.1. Detalle de los cronogramas previstos para la implementación del proyecto,
incluyendo los plazos específicos para la caracterización de los beneficiarios, la
reubicación y las actividades de seguimiento post-reubicación.
6.2. Información sobre las entidades o equipos responsables del monitoreo y
seguimiento del proyecto una vez finalizada la fase de reubicación, indicando su
estructura, responsabilidades y mecanismos de rendición de cuentas.
6.3. Descripción de las acciones previstas para mitigar cualquier afectación social,
económica o cultural que pudiera generarse tanto en las comunidades raizales como
en las no raizales afectadas por el proyecto.
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Accionante: Cindy Paola Hawkins Rada
Accionados: Departamento de San Andrés, Providencia y Sata Catalina, y otros
6.4. Validación y supervisión de los derechos humanos: Solicitamos información sobre
las entidades, nacionales o internacionales, que estarán encargadas de validar,
supervisar y acreditar la protección de los derechos humanos de las personas que sean
objeto de reubicación en el marco del proyecto. En particular, indíquese cuáles serán
los criterios utilizados para garantizar que no se vulneren los derechos fundamentales
de las personas no raizales, y cómo se garantizará la imparcialidad y transparencia de
dichas entidades en el proceso.
6.5. Planes de consulta con las personas afectadas directamente: Solicitamos
información precisa sobre los planes y mecanismos de consulta previa con las
personas no raizales que serán directamente afectadas por el proyecto. Especifique si
se ha previsto un proceso formal de participación para garantizar que estas personas
puedan expresar sus inquietudes, recibir información detallada sobre el proyecto, y
asegurar que se respeten sus derechos fundamentales en todas las fases de
planificación e implementación. Aclarar si se contempla algún espacio de diálogo o
consulta adicional al ya mencionado con el Consejo Raizal.
7. Recursos Destinados al Proyecto por la entidad a su cargo:
7.1. Informe pormenorizado de los recursos financieros asignados al proyecto,
especificando el monto total, destino presupuestal, porcentaje de ejecución financiera,
y comparación con el plan de desembolsos proyectado.
7.2. Desglose de las fuentes de financiación, indicando los montos respectivos y las
modalidades de financiamiento (nacionales, territoriales, internacionales), así como el
tipo de aporte (transferencias, cofinanciaciones, créditos o donaciones), y su impacto
en el flujo de caja del proyecto.
7.3. Detalle de las apropiaciones presupuestarias aprobadas para la ejecución de las
actividades de reubicación, desglosando los rubros correspondientes a la
caracterización de los beneficiarios y la ejecución de los planes de relocalización en el
territorio continental, con el respectivo código de clasificación presupuestaria.
Solicitamos que toda la información requerida sea entregada dentro de los
términos legales establecidos, y en formato accesible para facilitar el control
social ciudadano.
Asimismo, solicitamos acceso a los funcionarios responsables del proyecto para
registrar nuestro interés en los avances del mismo. […]»15.
39. De acuerdo con lo anterior, se observa que la solicitud presentada por la señora
Cindy Paola Hawkins Rada tenía por objeto requerir información relacionada con el
proyecto de «Reubicación Voluntaria de Residentes No Raizales al Interior del País»,
en lo que concierne: i) al fundamento fáctico y jurídico del programa, ii) las actuaciones
administrativas de tipo contractual para su ejecución, iii) los instrumentos y
mecanismos de participación ciudadana, iv) el impacto socioeconómico y territorial, v)
la planificación y ejecución del proyecto, y vi) los recursos públicos destinados por la
entidad pública a cargo.
40.Ahora bien, cabe recordar que el Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, mediante sentencia del 15 de noviembre de 202416,
15
Se transcribe incluso con errores.
16
Samai, exp. 88001-23-33-000-2024-00055-01, índice 2, certificado núm. 486D7D35C86E6495 67B5211A5C103CB9
B408D40B300DC284 150880C5EF36A2D8.
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accedió al amparo del derecho de petición de la señora Cindy Paola Hawkins Rada y
le ordenó al departamento de San Andrés dar respuesta completa y de fondo a la
petición presentada por la accionante el 4 de septiembre de 2024.
41. En este sentido, se advierte que el departamento de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, en cumplimiento de la providencia del 15 de noviembre de 2024, debe
responder de forma integral al requerimiento planteado por la accionante en el escrito
del 4 de septiembre de 2024, lo cual incluye pronunciarse sobre aspectos relacionados
con la participación ciudadana en el marco del proyecto de «Reubicación Voluntaria
de Residentes No Raizales al Interior del País».
42. Lo anterior, por cuanto la información requerida por la tutelante está relacionada
con: i) los instrumentos que permitan garantizar el diálogo o interlocución entre los
ciudadanos y la administración para la ejecución del programa de reubicación, ii) los
documentos en los que se soporta dicho proyecto, iii) los espacios que le permitan a
la comunidad ejercer una verificación de la actuación administrativa, y iv) las medidas
para evitar la exclusión y discriminación como lo propuso la accionante en escrito de
impugnación.
43. En este orden, se observa que la garantía del derecho de petición implica una
protección del derecho a la participación ciudadana, comoquiera que a través de la
respuesta que emita la administración, la actora podrá tener información sobre la
ejecución del proyecto de «Reubicación Voluntaria de Residentes No Raizales al
Interior del País» y con ello un mejor contexto respecto a los espacios sociales de
participación de la ciudadanía y los procedimientos para interactuar en estos.
44. Esto, por cuanto el derecho de petición es una expresión del ejercicio democrático
de la participación ciudadana, que adquiere toda su eficacia con la respuesta que
emitan las autoridades en cada asunto. Al respecto, la Corte Constitucional, al referirse
a las reglas que rigen este precepto constitucional indicó lo siguiente: «a) El derecho
de petición es determinante para la efectividad de los mecanismos de la
democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos
constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la
libertad de expresión […]»17.
45. En este contexto, resulta crucial que el departamento de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina acate cabalmente la orden judicial y garantice el acceso a la
información de la señora Cindy Paola Hawkins Rada y responda a la solicitud del 4 de
septiembre de 2024, pues solo de esta manera se garantizan efectivamente los
derechos de petición y de participación ciudadana, y el control social a la gestión
pública, frente al proyecto de «Reubicación Voluntaria de Residentes No Raizales al
Interior del País», que interesa a la tutelante.
46. En este orden de ideas, la Sala considera que no se hace necesario adicionar la
providencia impugnada, en el sentido de emitir una orden de amparo relacionada con
la protección del derecho a la participación ciudadana, toda vez que como se indicó en
líneas anteriores, este se garantiza con la respuesta efectiva e integral que emita la
entidad accionada al derecho de petición que presentó la actora el 4 de septiembre de
2024.
17
Corte Constitucional, sentencia C-951 de 2014.
11
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Accionante: Cindy Paola Hawkins Rada
Accionados: Departamento de San Andrés, Providencia y Sata Catalina, y otros
47. De este modo, es importante mencionar que la accionante, en los escritos de tutela
e impugnación no expuso ni acreditó un hecho concreto con el que el departamento
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, u otra de las autoridades administrativas
accionadas le hayan limitado o negado el acceso a escenarios o mecanismos de
participación ciudadana en el marco del proyecto de «Reubicación Voluntaria de
Residentes No Raizales al Interior del País», por lo que a juicio de la Sala no se
advierte una circunstancia que amenace o vulnere el derecho invocado.
48. En atención a las razones anteriormente expuestas, la Sala confirmará la
sentencia del 15 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, que accedió al amparo del derecho de petición
de la señora Cindy Paola Hawkins Rada.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 15 de noviembre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JLAS/SEJV
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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