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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06637-01

Fecha
27 de febrero de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06637-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE 5 Sentencia T-390 de 2015. Radicación: 11001-03-15-000-2025-06637-01 Accionante: Sonia Asunción Cante Céspedes Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia) PRIMERO: CONFIRMAR el fallo dictado el 18 de noviembre de 2025 por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-06637-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

27 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06637-01
Accionante: Sonia Asunción Cante Céspedes
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda
– Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Confirma
declaratoria de improcedencia por falta de relevancia constitucional.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2025 por la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la
solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 22 de octubre de 2025, Sonia Asunción Cante Céspedes instauró acción de

tutela en busca de que se dejara parcialmente sin efectos la sentencia proferida el 9
de julio de ese mismo año por la Sección Segunda, Subsección C del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho1 que promovió contra el Ministerio de Educación –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

2. El referido proceso se inició con el propósito de que se declarara la nulidad de los

actos administrativos que le negaron a la accionante el reconocimiento, liquidación y
pago de la pensión de jubilación, bajo el régimen previsto en las Leyes 33 y 62 de
1985.

3. Elconocimiento del asunto correspondió, en primera instancia, al Juzgado 28
Administrativo del Circuito de Bogotá, el cual, por medio de fallo del 20 de junio de
2024, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia,
declaró la nulidad de los actos acusados. A título de restablecimiento del derecho,
dispuso reconocer una pensión de jubilación “equivalente al 75% del promedio de la

1 Con radicado número 11001-33-35-028-2023-00025-01.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06637-01
Accionante: Sonia Asunción Cante Céspedes
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y
otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

asignación básica mensual y 1/12 de la prima de vacaciones, cotizados en el año
anterior a la adquisición de su status jurídico de pensionado, a partir del 28 de enero
de 2022 (…)”.

4. Esa orden de restablecimiento fue modificada por el Tribunal accionado a través

de la providencia del 9 de julio de 2025, en el sentido de precisar que el
reconocimiento pensional debía ser equivalente al 75% del promedio de los factores
salariales enlistados en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985 y cotizados en el año
anterior a la adquisición del estatus jurídico de pensionada, periodo que transcurrió
entre el 12 de mayo de 2021 y el 11 de mayo de 2022. En lo demás, confirmó la
decisión recurrida.

5. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante alegó que la decisión

de excluir la prima de vacaciones, la bonificación pedagógica y la bonificación de
decreto como factores salariales para la liquidación de la pensión desconoce el
precedente judicial sentado por el Consejo de Estado en materia de liquidación de
pensiones de los empleados públicos en el marco de la Ley 91 de 1989.

6. Sostuvo que en casos similares, los despachos judiciales de primera y segunda

instancia han aplicado correctamente ese precedente, accediendo a incluir dichos
emolumentos como factor salarial para la liquidación pensional. Como soporte de su
afirmación, trajo a colación las sentencias del 132 y 24 de febrero de 20253, proferidas
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, así como otros
siete fallos dictados por distintas Subsecciones de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

7. Señaló que la Corte Constitucional, en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de

2015 y SU-395 de 2017, si bien no se pronunció de manera expresa sobre el régimen
de los docentes, determinó que en garantía de la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, todas las pensiones, al margen del régimen aplicable, deben liquidarse
con base en los factores salariales respecto de los cuales se hubiesen efectuado
aportes al sistema. Aseguró que dicho criterio fue acogido por el Consejo de Estado
en el fallo de tutela de 31 de octubre de 2019.

8. Reconoció que si bien las autoridades judiciales accionadas resolvieron la litis con

fundamento en providencias de unificación proferidas por el Consejo de Estado, la
determinación de excluir los factores salariales no se ajusta derecho por cuanto
desconoce el mandato constitucional contenido en el Acto Legislativo 01 de 2005
que determina que en la liquidación de las pensiones, deben incluirse los factores
sobre los que se hubieren realizado cotizaciones al Sistema de Seguridad social.

9. En ese sentido, arguyó que los falladores incurrieron en un defecto sustantivo al

omitir aplicar lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005.

2 Exp. 25000-2342-000-2019-01210-01.
3 Exp. 11001-03-15-000-2024-05490-01.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06637-01
Accionante: Sonia Asunción Cante Céspedes
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y
otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

10. Añadió que en atención al principio de favorabilidad en materia laboral, le
resultaba más favorable la aplicación del precedente fijado por el Consejo de Estado
en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010.

B. Sentencia de primera instancia

11. A través del fallo del 18 de noviembre de 2025, la Sección Tercera, Subsección B

del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela por falta de
relevancia constitucional. Estimó que lo pretendido por la parte actora era emplear el
mecanismo de amparo como una instancia adicional al proceso ordinario, con la
finalidad de reabrir un debate de mera legalidad ya resuelto por el juez de la causa.

C. Impugnación

12. La parte accionante arguyó que la controversia propuesta reviste relevancia
constitucional, comoquiera que las autoridades accionadas vulneraron sus derechos
fundamentales a la igualdad, debido proceso, mínimo vital, seguridad social y
principio de favorabilidad. Para tales efectos, insistió en que la decisión cuestionada
no se ajusta a los mandatos constitucionales consagrados en el Acto Legislativo 01
de 2005, el cual impone que las pensiones deben liquidarse conforme a todos los
factores salariales sobre los cuales efectivamente se hubiesen realizado
cotizaciones al sistema de seguridad social.

13. Recalcó que, aunque el Consejo de Estado, mediante sentencia de unificación

SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019, fijó las reglas relativas a los factores
que deben incluirse en la liquidación de las prestaciones sociales de los docentes
afiliados al FOMAG, de acuerdo con los principios de jerarquía normativa y
supremacía constitucional, dicha interpretación no puede prevalecer sobre lo
dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005.

II. CONSIDERACIONES

D. Competencia

14. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar

su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

E. Análisis del caso concreto

15. Esta Subsección confirmará el fallo impugnado, tras constatar que la solicitud de

amparo no satisface el requisito de relevancia constitucional, en la medida en que
su objeto es reabrir la discusión acerca de los factores salariales que debían tenerse

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06637-01
Accionante: Sonia Asunción Cante Céspedes
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y
otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

en cuenta para la liquidación de la pensión de la actora, asunto que ya fue definido
de forma motivada y razonable por el juez de lo contencioso-administrativo.

16. A efectos de dilucidar ese aspecto, en el fallo del 9 de julio de 2025, la Sección

Segunda, Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca trajo a
colación el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, disposición que establece de manera
expresa los factores salariales que deben tenerse en cuenta para determinar el
monto de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados con
anterioridad al 27 de junio de 2003.

17. Asimismo, la autoridad judicial hizo referencia a la sentencia de unificación SUJ-

014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019 proferida por el Consejo de Estado, en la
cual se fijaron las reglas aplicables al ingreso base de liquidación de la pensión
ordinaria de jubilación y de vejez de los docentes oficiales afiliados al FOMAG. En
dicha providencia, se determinó que, tratándose de docentes vinculados con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 que gozan del régimen
previsto en la Ley 33 de 1985, únicamente pueden incluirse en la liquidación de la
pensión los factores taxativamente previstos en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985,
siempre que respecto de tales emolumentos se hubieren efectuado los respectivos
aportes al Sistema de Seguridad Social en pensión.

18. Con fundamento en ese marco normativo y jurisprudencial, el Tribunal concluyó

que no había lugar a ordenar la inclusión de la bonificación pedagógica, la
bonificación por decreto, ni la prima de vacaciones, por cuanto tales emolumentos
no aparecen enlistados taxativamente en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985. Resaltó
que respecto a los dos primeros, además, la misma recurrente reconoció que no se
efectuaron aportes a pensión por ese concepto, lo que reforzaba la improcedencia
de su inclusión.

19. En criterio de la parte actora, la interpretación adoptada por el Consejo de Estado

en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 no puede prevalecer sobre lo
dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005, por tratase de una norma de jerarquía
constitucional que impone la inclusión de todos los factores salariales respecto de
los cuales se hubiesen efectuado cotizaciones, independientemente de que se
encuentren consagrados o no en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985.

20. Bajo ese panorama, la Sala encuentra que el debate planteado por la tutelante se

reduce a una discrepancia de criterios acerca de cómo se deben interpretar las
disposiciones que regulan la inclusión de los factores salariales para la liquidación
pensional de los docentes oficiales a la luz de lo dispuesto en el Acto Legislativo 01
de 2005, aspecto que fue objeto de análisis por el máximo órgano de lo contencioso
administrativo en la sentencia de unificación aplicada por el Tribunal.

21. En la aludida providencia unificadora, el Consejo de Estado fijó una regla clara

sobre los factores que integran el ingreso base de liquidación en estos casos. Para

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Accionante: Sonia Asunción Cante Céspedes
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y
otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

tal efecto, realizó un estudio sistemático de las normas que establecieron de manera
expresa los factores salariales que deben tenerse en cuenta para determinar el
monto de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados con
anterioridad al 27 de junio de 2003, que gozan del régimen previsto en la Ley 33 de
1985, en contraste con el Acto Legislativo 01 de 2005.

22. A partir de ese análisis, esta Corporación concluyó que los docentes no se
encuentran exceptuados del Acto Legislativo 01 de 2005 para el goce de la pensión
y determinó que en el ingreso base de liquidación de dicha prestación solo pueden
ser tenidos en cuenta los factores sobre los cuales se hubiesen realizado aportes y
que, además, estén expresamente contemplados en el artículo 1° de la Ley 62 de
1985.

23. En esa misma decisión, se aclaró que se adoptaba una postura interpretativa

distinta a la que sostenía la Sección Segunda de la Corporación a partir de la
sentencia del 4 de agosto de 2010, conforme la cual se incluían en la base de
liquidación todos los factores salariales devengados durante el último año de
servicios, al considerar que esa interpretación resultaba contraria a la voluntad del
legislador.

24. Así las cosas, lo propio era que el Tribunal accionado aplicara la regla vigente al

momento de proferir su decisión, en estricto acatamiento del artículo 10 4 de la Ley
1437 de 2011, máxime teniendo en cuenta que en la providencia de unificación se
dejó claro que sus efectos eran retrospectivos, lo que imponía a la autoridad
enjuiciada el deber de aplicarla y de abstenerse de acoger interpretaciones
previamente superadas.

25. Por ende, el accionante no puede pretender, alegando el principio de
favorabilidad, sustentar una afectación constitucional bajo el reproche de que no se
le aplicó una tesis jurisprudencial que había sido expresamente abandonada por el
órgano de cierre de la jurisdicción contencioso-administrativa, incluso mucho antes
de que se presentara la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

26. Ahora bien, aunque en el escrito de tutela el accionante también invocó otras

decisiones como sustento del desconocimiento del precedente endilgado, la Sala
debe precisar que ninguna de estas constituía un precedente aplicable a su caso.

27. La sentencia del 13 de febrero de 2025 proferida por la Subsección B de la

Sección Segunda dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
no comparte identidad fáctica ni jurídica con el asunto examinado por la autoridad
accionada. Si bien en ese caso la docente que reclamaba su derecho pensional
también se vinculó al servicio con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812

4 “Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales

y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con
este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de
unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas.”

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06637-01
Accionante: Sonia Asunción Cante Céspedes
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y
otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

de 2003, el régimen pensional aplicable era el contenido en la Ley 71 de 1988,
mientras que el reconocimiento pensional de la aquí actora se enmarca en el
régimen previsto en la Ley 33 de 1985. Dicha diferencia, a todas luces, impide
predicar la existencia de un caso análogo que obligara al Tribunal a aplicar la
interpretación adoptada en esa oportunidad.

28. Los otros dos fallos emitidos por esta Corporación cuyo desconocimiento se alega

fueron dictados en el marco de acciones de tutela, por lo que tienen efectos inter
partes y, en esa medida, no resultaban vinculantes para el Tribunal demandado.

29. En cuanto a las providencias dictadas por diferentes Subsecciones de la Sección

Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se observa que ninguna de
ellas fue proferida por la misma Sala que adoptó la decisión que se ataca en sede
de tutela. Por ende, aun cuando eventualmente dichos casos guardaran similitud
fáctica y jurídica, tales pronunciamientos tampoco ataban a la autoridad judicial
accionada.

30. Frente a los alcances del precedente horizontal, la Corte Constitucional ha
precisado que este únicamente vincula al propio juez, sea este colegiado o
individual, “de manera que los diferentes tribunales del país no están sujetos al
precedente fijado por uno de ellos”5.

31. En tales condiciones, no se advierte que la providencia acusada sea producto de

un ejercicio interpretativo caprichoso, arbitrario o manifiestamente irrazonable, ni
mucho menos la configuración de un desconocimiento del precedente, pues fue
precisamente la sentencia de unificación aplicada por el Tribunal accionado, la que
definió el alcance interpretativo del Acto Legislativo 01 de 2005 en relación con el
régimen pensional de los docentes oficiales y, particularmente, lo relativo a los
factores que constituyen el ingreso base de liquidación.

32. Así las cosas, la acción de tutela no puede erigirse como un mecanismo para

reabrir un debate de interpretación estrictamente legal ya definido por el juez natural
en el marco de sus competencias.

33. Por lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia del 18 de noviembre de 2025

proferida por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación.

34. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

5 Sentencia T-390 de 2015.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06637-01
Accionante: Sonia Asunción Cante Céspedes
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y
otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo dictado el 18 de noviembre de 2025 por la Sección
Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, conforme a lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE6
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

6 VF

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