Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04348-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04348-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-04348-00
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
8 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04348-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: RICARDO CASTRILLÓN LOZANO
TESIS: LA ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA DEL
REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA PARTE
ACTORA PRETENDE DEBATIR ASPECTOS QUE YA FUERON OBJETO DE
ANÁLISIS EN SEDE ORDINARIA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD,
MÍNIMO VITAL Y SEGURIDAD SOCIAL
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra el
JUZGADO CINCUENTA Y SEIS ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE BOGOTÁ1 y la SECCIÓN PRIMERA -SUBSECCIÓN
“E”- DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA2.
I.- ANTECEDENTES
1
En adelante el JUZGADO.
2
En adelante el TRIBUNAL.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04348-00
Actor: RICARDO CASTRILLÓN LOZANO
I.1.- La solicitud
El señor RICARDO CASTRILLÓN LOZANO, actuando a través de
apoderada, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo
86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital y a
la seguridad social, los cuales estima vulnerados por el JUZGADO y
el TRIBUNAL, al haber proferido las providencias de 25 de
noviembre de 2024 y 23 de abril de 2025, respectivamente, dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 2024-00020-01.
I.2.- Hechos
Señaló que laboró al servicio del Estado como docente afiliado al
magisterio desde el 24 de febrero de 2000 hasta la fecha.
Manifestó que a través de la Resolución núm. 6658 de 13 septiembre
de 2021, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMPREMAG), le reconoció y ordenó el pago de la pensión de
jubilación a partir del 1o. de noviembre de 2020.
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Actor: RICARDO CASTRILLÓN LOZANO
Afirmó que mediante Resolución núm. 1093 de 10 de febrero de
2022, la entidad demandada al resolver el recurso de reposición,
decidió aumentar el valor reconocido como prestación, pero omitió la
inclusión de todos los factores salariales devengados y cotizados en
el año anterior al estatus.
Indicó que solicitó la revisión y ajuste de la pensión de jubilación con
la inclusión de los factores percibidos a la adquisición del estatus;
petición que FOMPREMAG resolvió de manera negativa mediante la
Resolución núm. 3922 de 17 de octubre de 2023.
Adujo que mediante escrito de 27 de julio de 2023, le solicitó a la
Secretaría de Educación del distrito capital de Bogotá efectuar el
pago de los aportes a seguridad social sobre los factores percibidos
que no fueron objeto de cotización y se llevaran a cabo los trámites
necesarios para que los mismos fueran trasladados al FOMPREMAG
para efectos de su reliquidación pensional, sin embargo, por medio
del Oficio núm. S-2023-246420 de 31 de julio de 2023, se negó tal
petición.
Refirió que promovió demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la NACIÓN -
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y el FRONPREMAG,
con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución núm. 3922
de 17 de octubre y el Oficio núm. No S-2023-246420 del 31 de julio
de 2023.
Señaló que el conocimiento de la demanda le correspondió por
reparto al JUZGADO que, en sentencia de 25 de noviembre de 2024,
negó las pretensiones.
Indicó que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de apelación
ante el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 23 de abril de 2025,
confirmó la decisión del a quo.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Afirmó que las autoridades judiciales accionadas se apartaron del
precedente judicial3 fijado por el Consejo de Estado respecto a la
3
Las sentencias invocadas por el actor en su escrito de tutela fueron las siguientes: i) “[…]Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección -B- de fecha 24 DE FEBRERO DE 2025, Radicado
11001031500020240549001 […]”, y ii) […] Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección -B- de
fecha 13 DE FEBRERO DE 2025, Radicado 25000-2342-000-2019-01210-01(1889-2023 […]”.
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manera en que se deben reliquidar las pensiones de los empleados
públicos en los términos de la Ley 91 de 1989, “[…] sin pasar por
improvisto el Acto legislativo 01 de 2005 […]”, el cual ratifica que en
las pensiones deberán tenerse en cuenta los factores salariales sobre
los que se realizaron cotizaciones.
El actor de igual manera, hizo mención a la sentencia de 17 de marzo
de 2025, proferida por la Subsección -“A”- de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que se llevó a cabo
un estudio en cuanto a la normativa más favorable y se accedió a
incluir la prima de vacaciones en la liquidación pensional del allí
demandante.
Afirmó que la autoridad judicial en el presente asunto aplica de
manera equivocada el precedente judicial del Consejo de Estado,
tomando una decisión que no es razonable frente al asunto sin una
fundamentación conforme a derecho, más aún cuando existe un
rango constitucional como es el bloque de constitucionalidad, que
para estos efectos es el Acto legislativo 01 de 2005, al establecer que
para la liquidación de las pensiones deben de tenerse en cuenta las
cotizaciones realizadas por el aportante al sistema pensional, pues el
sustento jurídico que se ha venido dando es apartado del rango
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constitucional, pues no se está teniendo en cuenta el factor sobre los
cual se realizaron las correspondientes cotizaciones, dicho
emolumento corresponde a la prima de vacaciones.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:
“[…] PRIMERO: Comprobado cómo están los elementos
axiológicos para la prosperidad de la acción, respetuosamente
solicito SE DEJE SIN EFECTOS las sentencias emitidas por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “E”, en la providencia de
fecha 23 de abril de 2025 que CONFIRMO la sentencia de
primera instancia proferida por el JUZGADO CINCUENTA Y
SEIS (56) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. – SECCIÓN
SEGUNDA de fecha 25 de noviembre de 2024, mediante la
cual, NEGO las suplicas de la demanda, dentro del proceso con
radicado No. 11001334205620240002001.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito
respetuosamente al Honorable Consejo de Estado se ORDENE
al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “E” a proferir sentencia
de fondo ordenando al FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a reliquidar
la pensión vitalicia de jubilación del docente RICARDO
CASTRILLON LOZANO, incluyendo, los factores salariales
devengados y que fueron COTIZADOS, entre ellos la
(PRIMA DE VACACIONES), a la fecha del CUMPLIMIENTO
DEL STATUS PENSIONAL, además de los ya reconocidos
mediante la resoluciones No 6658 del 13 de septiembre
de 2021 y 1093 del 10 de febrero de 2022, actos
administrativo que reconocen la pensión vitalicia de
jubilación y a su vez ajusta la mesada pensional de mi
representado […]”.
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I.5.- Defensa
I.5.1.- El JUZGADO afirmó que adelantó todas las etapas procesales
a su cargo y profirió sentencia de primera instancia, por lo que no
existe vulneración alguna a los derechos invocados por el actor en su
escrito de tutela.
I.5.2.-El TRIBUNAL consideró que la tutela resulta improcedente,
toda vez que el actor está utilizando la tutela como una tercera
instancia, por lo que no se cumple con el requisito general de la
relevancia constitucional.
I.6.- Intervinientes
I.6.1.- La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
CAPITAL DE BOGOTÁ y el MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL solicitaron que se les desvinculara del presente trámite
de tutela, por haberse configurado la falta de legitimación en la causa
por pasiva.
I.6.2.- La FIDUPREVISORA S.A., pese a ser notificado del presente
trámite, guardó silencio.
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II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la
sentencia.
La Sala advierte que la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ y el MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL formularon petición de desvinculación de
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la presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por
pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que, en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
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derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que dichas autoridades fueron parte demandada dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 2024-00020-01,
objeto del presente estudio, la Sala concluye que le asiste interés
directo en la decisión de la acción constitucional de la referencia,
razón por la que se denegará la solicitud de desvinculación por falta
de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá
en la parte resolutiva de la presente providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
consejera María Elizabeth García González), en un asunto que fue
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asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
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a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
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fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
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c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el caso bajo examen, el actor pretende que se deje sin efecto las
providencias de 25 de noviembre de 2024 y 23 de abril de
2025, proferidas por el JUZGADO y el TRIBUNAL,
respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
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radicación 2024-00020-01.
Afirmó que las autoridades judiciales accionadas se apartaron del
precedente judicial4 fijado por el Consejo de Estado respecto a la
manera en que se deben reliquidar las pensiones de los empleados
públicos en los términos de la Ley 91 de 1989, “[…] sin pasar por
improvisto el Acto legislativo 01 de 2005 […]”, el cual señala que se
deben tener en cuenta los factores salariales sobre los que se
realizaron cotizaciones.
Afirmó que la autoridad judicial en el presente asunto aplica de
manera equivocada el precedente judicial del Consejo de Estado,
tomando una decisión que no es razonable frente al asunto sin una
fundamentación conforme a derecho, más aún cuando existe un
rango constitucional como es el bloque de constitucionalidad, que
para estos efectos es el Acto legislativo 01 de 2005, al establecer que
para la liquidación de las pensiones deben de tenerse en cuenta las
4
Las sentencias invocadas por el actor en su escrito de tutela fueron las siguientes: i) “[…]Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección -B- de fecha 24 DE FEBRERO DE 2025, Radicado
11001031500020240549001 […]”, y ii) […] Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección -B- de
fecha 13 DE FEBRERO DE 2025, Radicado 25000-2342-000-2019-01210-01(1889-2023 […]”.
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cotizaciones realizadas por el aportante al sistema pensional, pues el
sustento jurídico que se ha venido dando es apartado del rango
constitucional, pues no se está teniendo en cuenta el factor sobre los
cual se realizaron las correspondientes cotizaciones, dicho
emolumento corresponde a la prima de vacaciones.
Precisado lo anterior, la Sala debe estudiar si el caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL
vulneró los derechos deprecados e incurrió en los defectos alegados
por el actor, al haber proferido la providencia 23 de abril de 2025.
Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04348-00
Actor: RICARDO CASTRILLÓN LOZANO
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».6
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
5
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Actor: RICARDO CASTRILLÓN LOZANO
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [9].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [10].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [11].
[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
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El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [12]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[12] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
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denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [13].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [14]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU- 215 de 2022,
precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las
siguientes:
[13] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[14] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
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procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la controversia
que propone la actora respecto del desconocimiento del precedente
judicial implica la reapertura de un asunto que ya fue resuelto en
sede ordinaria y del cual se pretende constituir una instancia
adicional, comoquiera que los argumentos expuestos en el escrito de
tutela están dirigidos a reabrir la controversia jurídica de si le asiste
el derecho a que le sea reajustada su pensión con la inclusión de
todos los factores devengados en el año anterior a la adquisición del
estatus, entre ellas, la prima de vacaciones, sobre la cual se
realizaron cotizaciones.
Al verificar los motivos que fundamentan las divergencias, se
encuentra que estos se sustentan, básicamente, en que la autoridad
judicial accionada se apartó del precedente judicial fijado por el
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Consejo de Estado respecto a la manera en que se deben reliquidar
las pensiones de los empleados públicos en los términos de la Ley 91
de 1989, “[…] sin pasar por improvisto el Acto legislativo 01 de 2005
[…]”, que indica que deben tenerse en cuenta los factores salariales
sobre los que se realizaron cotizaciones.
En efecto, revisado el expediente digital del proceso objeto de
controversia, se extrae que las inconformidades traídas por la parte
actora a esta instancia constitucional giran en torno a la
inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del
asunto, la cual fue resuelta por el TRIBUNAL, así:
“[…] 4.2. Sentencia de unificación de la sala plena del
Consejo de Estado de 25 de abril de 2019 en materia de
pensión docente
El Consejo de Estado en sentencia de unificación de 25 de abril de
20197, definió el alcance de la subregla fijada en la sentencia de
28 de agosto de 20188, sobre los factores que deben incluirse en
la liquidación de la mesada pensional bajo la Ley 33 de 1985,
norma aplicable al personal docente vinculado con anterioridad a
la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 por regla general
según se analizó.
En esa oportunidad, la Sala Plena del Consejo de Estado analizó la
interpretación que debía darse al régimen de transición del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, situación que no guarda relación con el
objeto de la presente controversia que refiere al reajuste de la
pensión de un docente a quien le resultan aplicables las
disposiciones de la Ley 33 de 1985; no obstante lo anterior, en
dicho pronunciamiento se fijó la forma en que debía liquidarse las
pensiones de los servidores públicos regidos por esa normativa,
recogiendo la tesis planteada en sentencia de 4 de agosto de 2010
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en la que se había indicado que el listado de factores allí establecido
era enunciativo y no taxativo.
Ahora bien, en la sentencia de unificación 25 de abril de 2019, la
Sección Segunda del Consejo de Estado fijó la siguiente regla para
liquidar las pensiones del personal docente vinculado con
anterioridad a la Ley 812 de 2003, así:
“En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003,
que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación
para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley
33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los
factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes
de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto,
no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo […]”.
[…]
[…] Bajo estos presupuestos corresponde a la sala determinar (i)
la procedencia de la reliquidación pensional tomando como IBL
todos los factores devengados en el año anterior a la adquisición
del estatus -entre ellas, la prima de vacaciones sobre la cual se
realizaron aportes-; y (ii) si resulta procedente ordenar los aportes
sobre las acreencias cuya inclusión solicita la demandante para
liquidar la prestación vitalicia.
6.1. De la reliquidación con la inclusión de todos los factores
devengados en el último año de servicio
En el plenario se encuentra probado que el señor Ricardo Castrillón
Lozano se vinculó a la docencia oficial con la Secretaría de
Educación Distrital, el 24 de febrero de 2000 y a la fecha de
presentación de la demanda se encontraba en servicio activo.
En el año anterior a la adquisición del estatus pensional, esto es,
entre el 1 de noviembre de 2019 y el 31 de octubre de 2020, el
demandante percibió los siguientes factores: sueldo, sobresueldo,
prima especial, sobresueldo doble/triple jornada, bonificación
pedagógica, prima de servicios, bonificación mensual, prima de
vacaciones y prima de navidad. De los factores antes relacionados,
la demandante acredita cotizaciones únicamente respecto del
sueldo, sobresueldo, sobresueldo doble/triple jornada y la prima de
vacaciones.
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Ahora bien, como su vinculación con la docencia oficial es anterior
a la Ley 812 de 2003, el régimen pensional aplicable es el previsto
en la Ley 91 de 1989 que remite a las Leyes 33 y 62 de 1985.
Entonces, en aplicación de las disposiciones previstas en la Ley 33,
el monto de la prestación corresponde al 75% del promedio de
factores sobre los cuales se realizaron aportes en el año anterior a
la adquisición del estatus pensional de aquellos previstos
taxativamente en las Leyes 33 y 62 de 1985, acogiendo la postura
fijada por el Consejo de Estado en sentencia de unificación de 25
de abril de 2019 para el ramo docente.
Mediante la Resolución No. 1093 de 10 de febrero de 2022, se
incluyó en el ingreso base de liquidación, la asignación básica, los
sobresueldos, la bonificación pedagógica y la bonificación mensual,
dejando de lado la inclusión de la prima especial, la prima de
servicios, la prima de vacaciones y la prima de navidad, estas
últimas por cuanto no se encuentran previstas en la Ley 62 de 1985
y tampoco tienen connotación pensional en norma especial […]”.
[…]
“[…] Del recuento anterior se advierte que la pensión fue
reconocida y liquidada en debida forma, por cuanto se incluyó (i)
la asignación básica sobre el cual se cotizó y está previsto en la Ley
62 de 1985, debe ser tenida en cuenta en el IBL, (ii) los
sobresueldos que según los decretos anuales10 deben ser tenidos
en cuenta en el IBC y (iii) las bonificaciones pedagógica y mensual,
las cuales, si bien no están previstas de manera taxativa en la
norma de 1985, si tienen naturaleza salarial para efectos
pensionales como se indica en las normas de creación (Decretos
2354 de 2018, 1022 de 2019 y 298 de 2020). ´
En ese orden de ideas, le asiste razón al a quo en cuanto a la
negativa de ordenar la reliquidación pensional en los términos
solicitados en la demanda, en virtud de lo señalado en la sentencia
de unificación de 25 de abril de 2019, donde, entre otros, se analizó
el contenido del Acto Legislativo 01 de 2005 que adicionó el artículo
48 constitucional con el cual la parte actora sustentaba su recurso
de apelación.
Por otra parte, respecto a la aplicación de las sentencias proferidas
por la Sección Segunda del Tribunal Administrativo; basta señalar
que en esta oportunidad se da aplicación al precedente vertical y
vinculante, es decir, al proferido “por el superior jerárquico o la
autoridad encargada de unificar jurisprudencia”11, el cual
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corresponde a la citada sentencia de unificación de 25 de abril de
2019 […]”.
De los apartes transcritos de la sentencia cuestionada se extrae que
el TRIBUNAL al realizar un exhaustivo análisis de la jurisprudencia
proferida por el Consejo de Estado sobre los factores que deben
incluirse en la liquidación de la mesada pensional, logró determinar
que el señor RICARDO CASTRILLÓN LOZANO no tenía derecho a
que esta se le reliquidara y se incluyeran los factores que reclamaba,
entre ellos, primas especial, de servicios y de navidad, por cuanto no
se encontraban previstas en la Ley 62 de 1985 y no tienen
connotación pensional, y en atención a lo señalado en la sentencia
de unificación de 25 de abril de 2019, donde, entre otras cuestiones,
se analizó el contenido del Acto Legislativo 01 de 2005 que adicionó
el artículo 48 de la Constitución Política.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que el TRIBUNAL
efectivamente si analizó y aplicó de manera correcta la jurisprudencia
proferida por el Consejo de Estado frente al tema de la reliquidación
pensional, sin que se vislumbre que pudo haber actuado de forma
abiertamente arbitraria o desbordado los límites del principio de la
autonomía judicial, por lo que el asunto carece del requisito general
de la relevancia constitucional.
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En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte
actora, sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión
judicial como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia
adicional, en relación con aspectos que fueron resueltos de forma
admisible por la autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no
puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de
tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso
invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En las condiciones anotadas, la Sala concluye que tales
inconformidades carecen del requisito general de la relevancia
constitucional, razón por la que se declarará improcedente la solicitud
de amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
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Actor: RICARDO CASTRILLÓN LOZANO
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por la SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ y el
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia por falta del requisito general de
relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
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Actor: RICARDO CASTRILLÓN LOZANO
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 8 de agosto de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN (E2) OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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