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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03059-00

Fecha
19 de junio de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03059-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARA la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir el requisito de subsidiariedad, de conformidad con los motivos expuestos en la presente providencia. SEGUNDO: De no ser impugnada, REMITIR el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-03059-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

19 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03059-00
Accionante: Obdulia Vargas Avellaneda
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial.

Decisión: Declara la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir
el requisito de subsidiariedad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción de tutela interpuesta1 por la señora Obdulia Vargas Avellaneda, quien
actúa por intermedio de apoderado judicial en contra del Juzgado Cuarenta y
Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, por la presunta vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso, el mínimo vital, la igualdad y la
seguridad jurídica, ocurrida con ocasión de las providencias expedidas el 3 de
septiembre de 2024 y el 26 de marzo de 2025 al interior del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 11001-33-42-048-
2023-00012-00 [01].

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. La señora Obdulia Vargas Avellaneda fue vinculada como docente
nacionalizada en la Secretaría de Educación de Cundinamarca el 1.º de febrero
de 1972. Mediante Resolución 001487 del 17 de agosto de 2010, la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, le reconoció el derecho a la pensión de jubilación, equivalente al
75 % de los factores salariales cotizados durante el último año de servicio.

3. Posteriormente, tras la aceptación de su renuncia, la señora Vargas
Avellaneda solicitó al Ministerio de Educación y al FOMAG la reliquidación de su
pensión, y a la Secretaría de Educación de Cundinamarca la realización de
descuentos por seguridad social sobre todos los emolumentos percibidos. Sin

1
21 de mayo de 2025.

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Acción De Tutela
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Accionante: Obdulia Vargas Avellaneda

embargo, el Ministerio de Educación y el FOMAG guardaron silencio, y la
Secretaría de Educación de Cundinamarca negó su solicitud mediante oficio del
19 de julio de 2022.

4. En consecuencia, la señora Obdulia Vargas interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – FOMAG, con el fin de que se declarara configurado el silencio
administrativo positivo, se anulara el oficio del 19 de julio de 2022, y a título de
restablecimiento del derecho, se ordenara el reconocimiento y pago del reajuste
pensional correspondiente.

5. Elproceso fue asignado al Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo del
Circuito de Bogotá, quien admitió la demanda y notificó la actuación el 10 de abril
de 2023. Sin embargo, durante el trámite, la Secretaría de Educación de
Cundinamarca expidió la Resolución No. 4478 del 6 de junio de 2023, por medio
de la cual negó el reconocimiento de la reliquidación pensional.

6. No obstante, el juzgado, mediante sentencia del 3 de septiembre de 2024,
desestimó dicha actuación por extemporánea y accedió parcialmente a las
pretensiones, ordenando la reliquidación pensional con inclusión únicamente de
la asignación básica y la bonificación mensual. Así mismo, declaró la
prescripción de las mesadas anteriores a la reclamación administrativa.

7. Porsu parte, el Ministerio de Educación Nacional interpuso recurso de
apelación alegando la interrupción del tiempo de servicio y la inaplicación de la
Ley 100 de 1993.

8. Pese a lo anterior, la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante providencia del 26 de marzo de 2025,
confirmó la decisión de primera instancia, al advertir que los argumentos
expuestos en el recurso no fueron objeto de discusión en la demanda inicial,
contrariando el principio de congruencia procesal.

2.2. Fundamento jurídico

9. La parte accionante señaló que las autoridades judiciales accionadas
omitieron incluir en la reliquidación pensional los factores previamente
reconocidos en la pensión de jubilación. Esta omisión, a su juicio, constituye un
desconocimiento del Acto Legislativo 01 de 2005, así como de lo establecido en
las sentencias proferidas por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado el 3 de marzo de 2025, dentro del expediente radicado bajo
el número 11001-03-15-000-2024-06521-01, y el 13 de febrero de 2025, en el
proceso identificado con radicado 25000-23-42-000-2019-01210-01.

10. Aunado a lo anterior, manifestó que se desatendió la providencia dictada por
la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 17 de marzo de 2025, correspondiente al expediente radicado
bajo el número 11001-33-35-007-2024-00185-01. En consecuencia, advirtió que
dicha actuación vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al
mínimo vital, a la igualdad, y contrarió los principios constitucionales de
favorabilidad, seguridad jurídica y protección del erario público.

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2.3. Pretensiones

11. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«(…) PRIMERO: Comprobado cómo están los elementos axiológicos para
la prosperidad de la acción, respetuosamente solicito SE DEJE SIN
EFECTOS las sentencias emitidas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “F”, en la
providencia de fecha 26 de marzo de 2025 que CONFIRMO lo ordenado en
la sentencia de primera instancia proferida por el JUZGADO CUARENTA Y
OCHO (48) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C. – SECCIÓN SEGUNDA de fecha 03 de septiembre de
2024, mediante la cual se ACCEDIERON PARCIALMENTE a las suplicas
de la demanda, dentro del proceso con radicado No.
11001334204820230001201.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente al
Honorable Consejo de Estado se ORDENE al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN – F- a proferir sentencia CONFIRMANDO el fallo emitido por
el Juzgado 48 Administrativo del Circuito de Bogotá y ORDENANDO al
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
a reliquidar la pensión de la señora OBDULIA VARGAS AVELLANEDA ,
incluyendo TODOS los factores salariales devengados a la fecha del retiro
del servicio, además de los ya reconocidos cuando se reconoció el derecho
pensional, es decir, la mesada pensional debe de incluir los factores
salariales de: (ASIGNACION SALARIAL, AUXILIO DE TRANSPORTE,
BONIFICACION MENSUAL, PRIMA DE NAVIDAD, PRIMA DE
VACACIONES Y PRIMA DE ALIMENTACION». (Sic a toda la cita)

2.4. Intervenciones

12. La acción de tutela fue admitida mediante auto del 23 de mayo de 2025,
mediante el cual, se ordenó notificar al Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo
del Circuito de Bogotá y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F como accionados y a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Secretaría de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio como terceros interesados en el resultado
del proceso.

13. El Ministerio de Educación Nacional mencionó que la acción de tutela
carece de relevancia constitucional debido a que se centra en un debate
económico. Por lo tanto, solicitó que se declare la improcedencia de la misma y
que se desvincule a la entidad por falta de legitimación en la causa por pasiva.

14. La Fiduprevisora S.A indicó que las autoridades judiciales no vulneraron los
derechos fundamentales invocados por la accionante. En consecuencia, solicitó
que se declare la improcedencia de la acción de tutela y que se desvincule de
este proceso.

15. No se presentaron informes.

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Acción De Tutela
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Accionante: Obdulia Vargas Avellaneda

III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia

16. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestión previa

17. Si bien la parte accionante no identificó de manera expresa los presuntos
defectos en los que habría incurrido la autoridad judicial accionada, esta Sala
infiere que se alegan los siguientes: defecto sustantivo, violación directa de la
Constitución Política y desconocimiento del precedente judicial. En
consecuencia, y siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos de
procedibilidad, se procederá al estudio de fondo de la acción de tutela con base
en tales cuestionamientos.

18. Porotro lado, se advierte que el Ministerio de Educación Nacional y la
Fiduprevisora S.A. solicitaron su desvinculación del presente trámite,
argumentando falta de legitimación en la causa por pasiva. Sin embargo, su
vinculación en esta acción de tutela se sustentó en su calidad de entidades
demandadas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
cual permitió garantizar su derecho fundamental al debido proceso. En ese
contexto, resulta evidente que ostentan un interés directo en el resultado de la
presente actuación, razón por la cual se anticipa que su solicitud será denegada.

3.3. Problema jurídico

19. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en
determinar si la acción de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad. En
el evento en que así sea, se deberá establecer si el Juzgado Cuarenta y Ocho
Administrativo del Circuito de Bogotá y la Subsección F de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrieron en el defecto sustantivo,
violación directa de la Constitución Política y desconocimiento del procedente
judicial al proferir las decisiones judiciales del 3 de septiembre de 2024 y el 26
de marzo de 2025, respectivamente, al interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-42-048-2023-00012-00
[01].

3.4. Procedencia de la acción de tutela

20. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede

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afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

21. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en
esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar
justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo
constitucional cuando desborda los límites que la Carta le impone.

22. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en
esa medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica,
la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad
de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

3.4.1. Del requisito de subsidiariedad

23. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política consagró el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determinó que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

24. Así las cosas, cuando existen otros mecanismos de defensa judicial que
resultan idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se
consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.

25. Al respecto, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado
bajo su competencia2.

2 En sentencia T-313 de 1 de abril de 2005, se estableció: «En efecto, la Constitución y la ley estipulan (sic)

un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar
el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines
del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela,

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26. No obstante, es claro que en determinadas oportunidades el enfoque bajo el
cual se resuelven no es suficiente para precaver la vulneración de derechos
fundamentales, puesto que los recursos pueden ser ineficientes o inadecuados,
momento en el cual la tutela se torna procedente para precaver la eventual
conculcación de estas garantías de orden superior.

3.6. Caso concreto

27. La parte accionante señaló que las autoridades judiciales accionadas
omitieron incluir en la reliquidación pensional los factores previamente
reconocidos en la pensión de jubilación. Esta omisión, a su juicio, constituye un
desconocimiento del Acto Legislativo 01 de 2005, así como de lo establecido en
las sentencias relacionadas en el acápite «fundamentos jurídicos». En
consecuencia, refirió que dicha actuación vulneró sus derechos fundamentales
al debido proceso, al mínimo vital, a la igualdad, y a los principios
constitucionales de favorabilidad, seguridad jurídica y protección del erario.

28. Sin embargo, esta Sala de Subsección observa que, frente a la sentencia
proferida por el Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá
el 3 de septiembre de 2024, la parte demandante no interpuso recurso de
apelación ni solicitó su aclaración, pese a contar con la oportunidad procesal
para exponer su inconformidad, omisión que no puede ser atribuida a las
autoridades judiciales accionadas, sino a una inactividad procesal injustificada.

29. De conformidad con lo expuesto, se advierte que la acción de tutela de la
referencia no cumple con el requisito de subsidiariedad, en la medida en que la
parte demandante contaba con medios ordinarios de defensa judicial idóneos
para controvertir las decisiones que ahora cuestiona, pero optó por no hacer uso
de ellos dentro de los términos procesales previstos.

30. Esta omisión procesal impide activar válidamente la competencia del juez
constitucional, por cuanto la acción de tutela no puede ser utilizada como
mecanismo sustitutivo de los recursos ordinarios, ni como una instancia adicional
para reabrir debates que debieron ventilarse ante la jurisdicción ordinaria o
contenciosa, máxime cuando no se demostró la existencia de un perjuicio
irremediable, ni se argumentó la existencia del mismo.

31. Sobre este punto, la jurisprudencia constitucional3 ha sido reiterativa al
señalar que el acceso a la acción de tutela requiere el agotamiento previo de los
recursos ordinarios y extraordinarios establecidos por el ordenamiento jurídico,
salvo que se demuestre su ineficacia para la protección inmediata de derechos
fundamentales. De lo contrario, se desnaturaliza la finalidad subsidiaria de la
tutela y se afecta el principio de seguridad jurídica.
32. De tal modo, al no comprobarse la inminencia, ni existencia de un perjuicio

que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en
consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de
protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones».
3 Sentencia T-375 de 2018. Corte Constitucional.

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irremediable, no resulta procedente un estudio de fondo, pues dentro de las
facultades del juez constitucional no se encuentra la de sustituir las herramientas
judiciales idóneas para obtener la protección iusfundamental quebrantada,
porque de lo contrario, la acción de tutela se convertiría irremediablemente en
un medio de protección alternativo que lejos de amparar un derecho vulnerado,
propiciaría un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones que le
encomendó la Carta a los jueces constitucionales.

33. En ese orden de ideas, esta Sala procederá a declarar la improcedencia de la
acción de tutela interpuesta, al verificarse el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad. Ello, por cuanto la parte accionante contaba con mecanismos
judiciales ordinarios idóneos y eficaces para controvertir la decisión que hoy
cuestiona, pero no los ejerció oportunamente, sin que se haya demostrado la
existencia —ni la inminencia— de un perjuicio irremediable que justificara la
intervención excepcional del juez constitucional.

34. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

I. FALLA

PRIMERO: DECLARA la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir el
requisito de subsidiariedad, de conformidad con los motivos expuestos en la
presente providencia.

SEGUNDO: De no ser impugnada, REMITIR el expediente de la actuación a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186
del CPACA.

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