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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04599-00

Fecha
11 de octubre de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas
Citada por
46 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04599-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por Luz María Rojas Quintana, por los motivos expuestos en las consideraciones de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04599-00

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

11 de octubre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04599-00
Accionante: Luz María Rojas Quintana

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., once (11) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado número: 11001-03-15-000-2024-04599-00.
Accionante: Luz María Rojas Quintana.
Accionados: Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Popayán
y Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca.
Referencia: Acción de tutela.

Tema: acción de tutela contra providencia judicial.
Subtema 1: requisitos generales de la acción de tutela contra providencia judicial.
Subtema 2: Suficiencia en la carga argumentativa. Relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela incoada por Luz María
Rojas Quintana en contra del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Popayán y del Tribunal Contencioso Administrativo de Cauca.

I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de tutela

Luz María Rojas Quintana presentó solicitud de amparo1 de sus derechos
fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad, de acceso a la administración
de justicia, al debido proceso y a la presunción de inocencia, que consideró
vulnerados por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Popayán y el
Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 001, con ocasión de las
sentencias del 3 de noviembre de 2020 y 8 de agosto de 2024 dictadas en su orden,
por las referidas autoridades al interior del proceso de reparación directa identificado
con radicado 19001-33-33 003-2016-00243-00/01.

1.2. Hechos probados del proceso ordinario

1.2.1. El señor Wilson Narváez Rojas fue capturado el 30 de octubre de 2015, por
considerarlo partícipe o autor del delito de homicidio agravado en hechos ocurridos
el 10 de octubre de 2014 y, posteriormente, le fue impuesta medida de
aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.

El 18 de febrero de 2016 se llevó a cabo audiencia revocatoria de medida de
aseguramiento por solicitud de la Fiscalía General de la Nación y posteriormente el
Juzgado Sexto Penal del Circuito de Popayán en audiencia del 31 de marzo de
2016 decretó la preclusión del proceso, decisión que quedó en firme, dado que no
fue interpuesto ningún recurso contra esta.

1.2.2. El señor Wilson Narváez Rojas y otros miembros de su grupo familiar, entre
ellos la señora Luz María Rojas Quintana, por medio de apoderado, presentaron
escrito en ejercicio del medio de control de reparación directa, en contra de la
Nación Rama Judicial– Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de la
Fiscalía General de la Nación, en la que solicitaron que se declarara
patrimonialmente responsable a las entidades demandadas, por los perjuicios

1 Archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y anexos ubicado en el índice 2 del expediente

digital de tutela en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado 47744EAC034A5839
D79A27FF4479839F E38170B30140C5E2 BC501DB35F9D4817.
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Accionantes: Luz María Rojas Quintana

causados como consecuencia del daño antijurídico provocado con ocasión de la
privación injusta de la libertad de la que había sido víctima Narváez Rojas2.

El asunto le correspondió en primera instancia al Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito de Popayán que, mediante sentencia del 3 de noviembre de 20203,
declaró configurada la excepción de culpa exclusiva de la víctima y, en
consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.

Como fundamento de su decisión, expuso que aun cuando quedó demostrado que
el demandante estuvo detenido entre el 30 de octubre de 2015 y el 18 de febrero
de 2016, también era cierto que tal circunstancia se desarrolló en el marco de la
investigación con ocasión de la prueba testimonial recaudada, pese a que
posteriormente un testigo presencial indicó que el autor del delito era una persona
diferente.

No obstante, aclaró que el comportamiento del demandante había sido contrario a
derecho, dado que su participación en la riña que tuvo como consecuencia el
fallecimiento de quien fue agredido había sido relevante para la imposición de la
medida, por lo que era una carga que estaba en el deber de soportar.

1.2.3. Inconforme con la decisión de instancia, la parte demandante interpuso
recurso de apelación, en el que manifestó su inconformidad y solicitó revocar el fallo
en la medida en que, a su juicio, debió aplicarse el test de proporcionalidad
pertinente, dado que, al precluir la investigación, era razonable que la privación de
su libertad se considerara injusta.

1.2.3.1. El recurso le correspondió desatarlo al Tribunal Administrativo del Cauca,
Sala de Decisión 001, que, mediante sentencia número 149 del 8 de agosto de
20244, modificó la decisión dictada por el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Popayán en cuanto a negar las pretensiones, pero por no haberse
demostrado la antijuricidad del daño.

Consideró que en el caso no resultaba aplicable el régimen objetivo, por lo que, era
necesario tener en cuenta la SU-072 de 2018 dictada por la Corte Constitucional,
en la que precisó que no existía un régimen de responsabilidad específico para los
casos de privación de la libertad y, en consecuencia, es al juez al que le
corresponde, en cada caso, determinar si esta fue apropiada, razonable y
proporcional.

Luego explicó que el Consejo de Estado en sentencia del 15 de agosto de 2018
unificó su criterio respecto de este tipo de casos y mediante fallo de reemplazo del
6 de agosto de 2020, acogió lo establecido por la Corte Constitucional en la
sentencia C-037 de 1996 en el que sostuvo que, en asuntos de privación de la
libertad, debía examinarse la actuación que dio lugar a la medida restrictiva, en
tanto, no resulta viable la reparación automática de perjuicios.

Agregó que la Corte Constitucional en sentencia SU-363 de 2021 en la que revisó
el fallo del 6 de agosto de 2020, explicó que, si había lugar a ello, el juez debía
analizar si estaba configurada o no la causal de exoneración de responsabilidad
por culpa exclusiva de la víctima, esto es, si fue con dolo o culpa grave desde el
punto de vista civil, respecto de todas aquellas actuaciones que dieron lugar a la
privación de la libertad.

2 Proceso identificado con el número de radicado19001-33-33-003-2016-00243-00.
3 Páginas 16 a 35 del archivo electrónico ubicado en el índice 2 del expediente digital de tutela de

primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 47744EAC034A5839
D79A27FF4479839F E38170B30140C5E2 BC501DB35F9D4817.
4 Páginas 36 a 68 del archivo electrónico ubicado en el índice 2 del expediente digital de tutela de

primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 47744EAC034A5839
D79A27FF4479839F E38170B30140C5E2 BC501DB35F9D4817.
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En el caso concreto, adujo que, conforme al acervo probatorio allegado al
expediente, el actor fue exonerado por la imposibilidad de desvirtuar la presunción
de inocencia, y no porque la conducta era objetivamente atípica o el hecho no
existió, por lo que no era aplicable el régimen objetivo de daño especial. Indicó que
la medida dictada en contra del demandante fue apropiada, razonable y
proporcionada, ya que cumplía con los requisitos dispuestos las Leyes 906 de 2004
y 599 de 2000.

Explicó que, si bien el demandante sufrió un daño consistente en la privación de su
libertad, este no podía catalogarse como antijurídico, en la medida en que la
restricción se ajustó a derecho, para el momento en que fue necesario imponerla,
de tal forma que estaba obligado a soportarla.

Por lo expuesto, aclaró que la decisión recurrida debía modificarse dado que estaba
sustentada en la premisa de que no fue acreditada la antijuricidad del daño y no
porque se hubiera demostrado la culpa exclusiva de la víctima.

1.3. Argumentos y pretensiones de tutela

1.3.1. La parte accionante mencionó que el juez tercero administrativo del Circuito
de Popayán, al dictar la decisión de instancia, realizó un indebido estudio probatorio
del expediente penal y que, a su turno, el Tribunal Administrativo de Cauca omitió
estudiar y pronunciarse sobre cada uno de los cuatro cuestionamientos que
sustentaron el recurso de apelación que interpuso en el trámite del proceso ordinario
y que citó en los siguientes términos5:

“(i) Defecto Fáctico en el estudio probatorio en correlación con el proceso penal.

(ii) La Fiscalía General de la Nación y la misma Rama Judicial incurrieron en un
DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO, CALIFICATIVO DE ERROR JUDICIAL,
AL OMITIR EL TEST DE PROPORCIONALIDAD A LA INVERSA DE LA
PERTINENCIA DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO.

(iii) La inobservancia de objetividad y lealtad procesal que recaía en cabeza de la
Fiscalía al momento de impulsar y solicitar como medida de aseguramiento, la
privación de la libertad de WILSON NARVAEZ ROJAS.

(iv) La culpa exclusiva de la víctima según el argumento de denegación de las
pretensiones.”6.

Sostuvo que lo anterior vulneró su derecho al debido proceso con ocasión de un
deficiente análisis fáctico y probatorio, que, en conjunto, daba cuenta de una “falta
de congruencia entre lo apelado y lo resuelto punto a punto”7.

En ese escenario, citó varios apartes y consideraciones de las providencias dictadas
en el proceso penal y, con base en ello, insistió en que, de conformidad con algunos
pronunciamientos jurisprudenciales, la actuación de la Fiscalía General de la Nación
fue determinante para acreditar que la privación de la libertad que sufrió el señor
William Narváez era injusta y no estaba en el deber de soportarla, por lo que el daño
se tornaba antijuridico y era viable el reconocimiento de los perjuicios reclamados.

5 Página 4 del archivo electrónico ubicado en el índice 2 del expediente digital de tutela de primera

instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 47744EAC034A5839
D79A27FF4479839F E38170B30140C5E2 BC501DB35F9D4817.
6 Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto

original.
7 Página 4 del archivo electrónico ubicado en el índice 2 del expediente digital de tutela de primera

instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 47744EAC034A5839
D79A27FF4479839F E38170B30140C5E2 BC501DB35F9D4817. Esta es una trascripción literal.
Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.
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Finalmente, se refirió a la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, especialmente en relación con el defecto por
desconocimiento del precedente judicial, para lo que citó varios apartes de la
jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada al tema.

1.3.2. La parte accionante solicitó8 al juez constitucional amparar sus derechos
fundamentales, dejar sin efectos las sentencias del 3 de noviembre de 2020 y 8 de
agosto de 2024 dictadas, en su orden, por el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Popayán y el Tribunal Administrativo del Cauca y, en consecuencia,
ordenar a la referida autoridad judicial de segunda instancia dictar una nueva
decisión en la que resuelva el recurso de apelación conforme a los razonamientos
expuestos en el escrito de tutela.

1.4. Trámite de tutela e intervenciones

1.4.1. El despacho del magistrado ponente, con auto del 3 de septiembre de 20249,
admitió la acción; ordenó vincular como terceros con interés a las entidades y/o
personas que participan en el proceso de reparación directa con radicado número
19001-33-33 003-2016-00243-00/01; solicitó copia digital del expediente objeto de
tutela, ordenó notificar a los sujetos procesales10 y decretó pruebas.

1.4.2. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Popayán11, a través de su apoderada, resaltó que la parte accionante no identificó
de forma expresa el error en que supuestamente incurrió la autoridad cuestionada,
ya que el solo hecho de que la decisión no hubiere sido favorable a sus intereses
no es razón suficiente para interponer una acción de tutela con base en la posible
existencia de una irregularidad procesal.

Explicó que en las etapas procesales y el trámite de segunda instancia, quedó
plenamente acreditado que el asunto fue analizado de conformidad con la
normatividad aplicable, las pruebas allegadas al expediente y la jurisprudencia que
regula el tema, por lo que los argumentos de la parte accionante no daban claridad
respecto del yerro al que le atribuye la vulneración de sus garantías fundamentales.

Finalmente, sostuvo que la carga argumentativa expuesta por la parte accionante
no sustenta una trasgresión de índole ius fundamental que le permita al juez de
amparo intervenir o que justifique con suficiencia un asunto de relevancia
constitucional, en tanto los cuestionamientos enunciados solo plantean un nuevo
estudio del asunto para que sean concedidas las pretensiones.

1.4.3. La Fiscalía General de la Nación, por medio de su apoderado, adujo que la
solicitud de amparo no superaba el requisito de subsidiariedad, en la medida en que
la acción de tutela es un mecanismo transitorio de protección para evitar un perjuicio

8 Página 14 del archivo electrónico ubicado en el índice 2 del expediente digital de tutela de primera
instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 47744EAC034A5839
D79A27FF4479839F E38170B30140C5E2 BC501DB35F9D4817.
9 Archivo electrónico ubicado en el índice 4 del expediente digital de tutela del aplicativo SAMAI,

identificado con certificado: 3127421D6E939896 E67FAE2F241608B2 C3FD5BAD558B436C
0D2549F61C2D69B2. Ver también archivo electrónico que contiene auto que corrige radicado del
expediente de la referencia, del 01 de agosto de 2024, ubicado en el índice 8 del expediente digital
de tutela del aplicativo SAMAI, identificado con certificado 72BC82CF747C94E0
6C553AEF6E1455A9 A9A123024528556D BAFE6234E26A3092.
10 Ver índices 8, 10, 10 y 18.
11 Archivos electrónicos ubicados en el índice 4 del expediente digital de tutela del aplicativo SAMAI,

identificados con certificados: E6BA9D464D3CF8C2 34107B1DF6341CDE 956E6493FEEAD373
F16E00EED3592F33, 65952713DBB15C0F 2DA4E48D79DEBE87 D16B91D6BE8ACEC8
A1603486EBADED98, D65B1F95CBC9AF9E AF1144943A840F59 C25DF76D76BD6F37
A484317F0AB70965, 8B9AC39673D6164D F97E0E7728ADCFBE 0D326D9CD9596223
8205BA4F00396DB6 y 3A724F133383CF5D 92271B5642A170D7 DDEFD14A4E6D3260
4D531163E83681B1.
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irremediable y siempre que los mecanismos idóneos no resulten eficaces, y que en
el caso concreto no fue debidamente acreditado por la parte accionante.

Indicó que tampoco se sustentaron debidamente los cuestionamientos en los
términos dispuestos por la Corte Constitucional para el ejercicio de la acción de
tutela en contra de providencias judiciales, que la solicitud no cumplía con la carga
argumentativa necesaria para evaluar la vulneración de las garantías
fundamentales invocados ni siquiera en los términos de un posible defecto fáctico
por indebida valoración probatoria.

Agregó que en el asunto la entidad no estaba legitimada en la causa por pasiva,
porque la actuación judicial a la que la parte accionante le atribuye la vulneración
de sus derechos fundamentales no estuvo a su cargo. Por lo expuesto, solicitó que
la acción fuera declarada improcedente por no sustentar la vulneración de una
garantía fundamental en virtud de la configuración del defecto fáctico, así como la
desvinculación del trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.4.3. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Popayán12 remitió
información relacionada con las partes e intervinientes y allegó copia digital del
expediente del proceso ordinario solicitado.

Respecto del caso concreto, indicó que, si bien los argumentos de la parte
accionante se dirigían a cuestionar el análisis probatorio, lo cierto era que no había
explicado con claridad la configuración de un defecto fáctico y que con ello se
hubieren vulnerado sus derechos fundamentales, lo que tornaba improcedente la
solicitud.

1.4.4. El Tribunal Admirativo del Cauca y los demás vinculados al trámite de la
referencia, pese a la notificación del asunto, guardaron silencio13.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, en virtud de lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.

2.2. Procedibilidad de la acción

Como lo ha establecido la jurisprudencia constitucional y particularmente la
sistematización realizada en la sentencia C-590 de 2005, en los casos en que la
solicitud de amparo se dirige contra una providencia judicial, es pertinente realizar,
primero, un examen de procedibilidad general14 para, luego, en caso de resultar
superado dicho estudio, pasar a hacer el pronunciamiento de fondo en el que se
resuelva el problema jurídico, en los términos de los defectos aducidos por el

12 Archivos electrónicos ubicados en el índice 9 del expediente digital de tutela del aplicativo SAMAI,

identificados con certificados: F5ACBADB7D986A1C D34356872E629F94 11F69561FF4B9C20
B54DB22A81EB6310, E8B672C4FDA652D5 DCA5C6BFAE0B3B72 D8DFE676C3CD3C64
F7B5D6CC43EE3A00.
13 Ver índices 8, 10, 10 y 18.
14 Antes que todo es necesario (i) verificar la legitimación en la causa como una exigencia preliminar

en cualquier acción de amparo, para, posteriormente, pasar a constatar los demás requisitos
generales de procedibilidad, en los siguientes términos: (ii) que en la solicitud de tutela se expresen
de manera clara los hechos y los fundamentos de la afectación de derechos que se imputa a la
decisión judicial; (iii) que la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional; (iv) que previo a
la solicitud de tutela se hayan agotado todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la
persona afectada; (v) que se cumpla con el principio de inmediatez; (vi) que en caso de que se alegue
una irregularidad procesal, la misma tenga la entidad de afectar la decisión; y de manera general,
(vii) no procede elevar una solicitud de amparo contra decisiones proferidas dentro de procesos de
tutela.
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accionante conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial15.

2.2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque
la accionante es la titular de los derechos que afirma son vulnerados, en su
condición de parte demandante dentro del proceso ordinario en el que fue proferida
la providencia objeto de tutela, y, por lo tanto, en caso de configurarse los defectos
alegados, resultarían afectados en relación con sus garantías al debido proceso y
acceso a la administración de justicia.

También está probada la legitimación en la causa por pasiva, porque el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Popayán y el Tribunal Administrativo del
Cauca profirieron las providencias que, según la parte tutelante, vulneraron sus
derechos fundamentales.

2.2.2. Ahora bien, la Sala observa que los cuestionamientos de la accionante van
dirigidos en contra de las sentencias proferidas dentro del proceso de reparación
directa que promovió, sin embargo, es preciso aclarar que el estudio de la solicitud
de amparo incoada se efectuará respecto de la sentencia de segunda instancia
proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala Primera de Decisión, por
ser esta la que dio fin a la controversia.

2.3. Los requisitos establecidos en el Decreto 2591 de 199116, permiten que la
acción de tutela como mecanismo de protección constitucional sea presentada con
un margen de informalidad, tanto en el escrito de solicitud de amparo como en su
despliegue argumentativo, sin embargo, en las acciones de tutela contra
providencias judiciales, exigen una carga argumentativa más sólida, pues de
prosperar el amparo se afectaría el principio de cosa juzgada de la sentencia o el
auto cuya revisión se pretende en sede de tutela.

Así, la carga argumentativa implica un ejercicio de concreción que, primeramente,
se cumple a partir del requisito de que la parte actora presente con suficiencia y
claridad el cuestionamiento que endilga a la providencia que considera vulneradora
de sus derechos fundamentales. Luego, este debe tener la suficiente relevancia
constitucional para transcender de la discusión litigiosa propia del proceso ordinario,
a un asunto que, por referirse a una posible amenaza o vulneración de un derecho
fundamental, haga procedente la intervención del juez de tutela. Intervención que
debe ser subsidiaria17 y excepcional, pues, en todo caso, las providencias son
15 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se

concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si
en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente
para el amparo constitucional. A saber:
a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto
procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento
establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba
obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en
el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía
de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error
inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a
tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces
desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º
de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
16 Artículo 14 íbidem: i) exponer con claridad los hechos y derechos que motiva la acción; ii)

identificación del accionante y autoridad demandada; iii) declaración juramentada de no haber
impuesto otra acción por los mismos hechos y derechos.
17 El artículo 86 de la Constitución establece:

“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
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proferidas en un proceso judicial que cuenta con los mecanismos de defensa de los
derechos fundamentales, y que, una vez en firme, goza de presunción de
constitucionalidad y de legalidad.

En ese contexto, el requisito de relevancia constitucional exige que los
argumentos de la solicitud de amparo estén dirigidos a exponer las razones por las
que el cuestionamiento a una providencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada
trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria18, a una cuestión
con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional
concreto19.

Así, son improcedentes los argumentos destinados a proponer fórmulas que
habrían podido ser tenidas en cuenta en el proceso ordinario, o reiterar las ya
expuestas en este, toda vez que, como lo ha establecido la Corte Constitucional, “la
función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del
procedimiento judicial que se cuestiona, pues ello desconocería la competencia y
finalidad de administración de justicia por parte de los jueces naturales, así como
su autonomía funcional” 20.

En suma, el requisito de relevancia constitucional persigue tres fines: (i) preservar
la competencia y la independencia de los falladores ordinarios y, así, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad21; (ii) restringir el
ejercicio del amparo a cuestiones que afecten los derechos fundamentales de las
personas, e (iii) impedir que la tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales22.

La Sala revisará a continuación los argumentos expuestos en el escrito de tutela, a
partir de los parámetros constitucionales fijados y de conformidad con el requisito

protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.[…]
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo
que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
18 Por supuesto, el fallador de tutela requiere examinar que, de esos asuntos legales, no se

desprendan violaciones a los derechos y deberes constitucionales, pues, de ser así, adquieren
relevancia constitucional inmediata. Corte Constitucional. Sentencia T-1031 de 2001, citada por la
Corte Constitucional en las sentencias T-114 de 2002 y T-136 de 2015.
19 Sentencia C-590 de 2005. Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra

providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión
cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas,
podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se
presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando
el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d)
defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en
normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es
víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del
precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone
de manera preferente la aplicación de sus postulados.
20 Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
21 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de

2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012,
T-1061 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014, citadas en la sentencia T-422 de
2018.
22 “[T]eniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera

instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental” Corte
Constitucional. Sentencia T-422 de 2018.
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de relevancia constitucional. Solo en caso de encontrarlos satisfechos, continuará
con el estudio de las demás exigencias de procedibilidad y, si hay lugar a ello, a
emitir un pronunciamiento de fondo en lo que corresponda.

2.4.1. La parte accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales,
pues consideró que el Tribunal Administrativo del Cauca, en la sentencia
controvertida, incurrió en un varios yerros relacionados con una falta de congruencia
entre lo reclamado en el escrito de impugnación y lo resuelto, la indebida valoración
de las providencias dictadas en el proceso penal y el desconocimiento del
precedente jurisprudencial por un injustificado cambio de postura en relación con
asuntos de privación de la libertad.

2.4.1.1. Al respecto, en términos del defecto fáctico, la Corte Constitucional ha
indicado que tal exigencia se concreta en la precisa indicación de la dimensión
positiva y/o negativa en que se manifestó el defecto en la providencia. Esto es,
referirse (i) a las circunstancias en las que se valoran pruebas vulnerando reglas
legales y principios constitucionales; o (ii) a las omisiones en la valoración probatoria
que pueden resultar determinantes para el caso. Dicha omisión debe ser arbitraria,
irracional y/o caprichosa.

Respecto del defecto por desconocimiento del precedente23, la referida alta
corporación ha indicado que establecer su configuración exige que la accionante
vincule la falta de aplicación de una regla jurisprudencial con la violación de una
garantía fundamental o, en otros términos, que explique con suficiencia el por qué
el precedente con identidad fáctica y jurídica era aplicable en su caso y de qué forma
la inobservancia de tales consideraciones o reglas jurisprudenciales afectaron sus
garantías fundamentales.

En ese contexto, es preciso indicar que la autoridad cuestionada explicó en la
sentencia censurada, para efectos de resolver el recurso de apelación y modificar
la decisión del a quo ordinario, que las sentencias C-037 de 1996, SU-072 de 2018
y SU-363 de 2021 de la Corte Constitucional, y del 15 de agosto de 2018 y 6 de
agosto de 2020 del Consejo de Estado, establecieron que en casos de privación
injusta de la libertad el juez debe examinar la actuación que dio lugar a la medida
restrictiva en tanto no es viable la reparación automática de perjuicios.

Respecto del caso concreto, adujo que, conforme al acervo probatorio allegado al
expediente, “el presente asunto no corresponde a aquellos frente a los que
actualmente se acepta se pueden estudiar bajo el régimen objetivo de daño
especial, pues, el actor fue exonerado por la imposibilidad de desvirtuar la
presunción de inocencia, y no porque la conducta era objetivamente atípica o el
hecho no existió. En efecto, aquí se debe resaltar que el homicidio violento de (...)
es un hecho que se acepta como cierto y que, además, se probó, con la respectiva
necropsia”24.

23 Corte ha indicado que este “se configura cuando el funcionario judicial se aparta de las sentencias

emitidos [sic] por los tribunales de cierre (precedente vertical) o los dictados por ellos mismos
(precedente horizontal) al momento de resolver asuntos que presentan una situación fáctica similar
a los decididos en aquellas providencias, sin exponer las razones jurídicas que justifiquen el cambio
de jurisprudencia”28 y que “no obstante, el precedente no constituye una obligatoriedad absoluta,
pues en razón del principio de la autonomía judicial, el juez puede apartarse de aquellos, siempre y
cuando presente (i) de forma explícita las razones por las cuales se separa de aquellos, y (ii)
demuestre con suficiencia que su interpretación aporta un mejor desarrollo a los derechos y
principios constitucionales” (Corte Constitucional, sentencia T-342 de 2016).Por tanto, la invocación
de un precedente está determinado por la especialidad, de manera que sea el órgano de cierre que
defina los criterios y reglas aplicables en casos semejantes o, en el caso del precedente horizontal,
los órganos judiciales deben resolver los asuntos que conocen a partir de un criterio de igualdad.
24 Página 63 del archivo electrónico ubicado en el índice 2 del expediente digital de tutela de primera

instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 47744EAC034A5839
D79A27FF4479839F E38170B30140C5E2 BC501DB35F9D4817. Esta es una trascripción literal.
Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.
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En ese orden, indicó que la medida dictada en contra del demandante en el
ordinario, fue apropiada, razonable y proporcionada, ya que, no solo cumplía con
los requisitos objetivos para su procedencia dispuestos en los artículos 306 y 308
de la Ley 906 de 2004 y 244 y 245 de la Ley 599 de 2000, sino que, además, con
la prueba testimonial recaudada, resultaba necesaria para garantizar su
comparecencia al proceso, impedir su fuga o que continuara con una actividad
delictiva, más aún cuando los testigos afirmaron que la víctima en el momento de
resultar herido, les manifestó directamente quienes le habían causado lesiones.

Explicó que, si bien el demandante sufrió un daño, consistente en la privación de
su libertad, lo cierto era que este no podía catalogarse como antijuridico, en la
medida en que la restricción se ajustó a derecho, porque los requisitos para
imponerla eran diferentes a los exigidos por el legislador para determinar la
responsabilidad penal del proceso a través de la condena, de tal forma que estaba
obligado a soportarla.

En ese escenario estimó que era consecuente negar las pretensiones, sin tener
que analizar la valoración de la culpabilidad de la víctima en los términos en que la
jurisprudencia de la Corte Constitucional lo estableció. Por lo expuesto, aclaró que
la decisión recurrida debía modificarse dado que, estaba sustentada en la premisa
de que no fue acreditada la antijuricidad del daño y no porque se hubiera
demostrado la culpa exclusiva de la víctima.

Ahora bien, la parte accionante sustentó la configuración del defecto fáctico,
específicamente, en la inobservancia de las providencias dictadas en el proceso
penal al que fue vinculado, en las que finalmente, con ocasión a una prueba
testimonial, fue declarada la preclusión del proceso y agregó que la decisión no tuvo
en cuenta la jurisprudencia relacionada con el asunto. No obstante, no expuso las
reglas jurisprudenciales que estimó, fueron indebidamente aplicadas.

Así, los cargos planteados no resultan suficientes para la intervención del juez de
tutela, dado que, pese a que la accionante indicó las pruebas que consideró, fueron
indebidamente analizadas, en realidad no sustentó que la valoración del acervo
probatorio hubiere sido incoherente, irracional o caprichosa y cómo la falta de
valoración tiene incidencia en la decisión final a tal punto que, el sentido de esta
sería contrario. De otra parte, se reitera, la accionante se limitó a enunciar un
desconocimiento del precedente jurisprudencial sin mencionar o identificar las
providencias o reglas que a su juicio el tribunal cuestionado aplicó indebidamente o
debió tener en cuenta para resolver el asunto ordinario.

En ese escenario, asumir, el juez de tutela, el estudio en los términos propuestos
por la parte accionante, implicaría obrar como juez de instancia, desconocer el
carácter subsidiario y residual de este mecanismo y olvidar que el juicio que se
realiza a una providencia, en sede constitucional, es de validez en función de los
defectos fundamentales y no de corrección.

Así, lo que pretende la parte accionante es que el juez de tutela haga una lectura
alternativa del caso concreto y dirima una aparente controversia fundada en una
indebida valoración probatoria y desconocimiento del precedente, y ordene proferir
una decisión que acceda a declarar la responsabilidad de la administración con las
consecuencias económicas que tal situación genera para la parte aquí accionante
y demandante en el proceso ordinario de reparación directa.

De otro lado, respecto del argumento en el que la parte accionante aduce una falta
de congruencia de la sentencia en relación con los cuestionamientos que expuso
en el recurso de apelación, la Sala estima pertinente indicar, por un lado, que la
vulneración del principio de congruencia ha sido considerada como una causal de
nulidad originada en la sentencia, y por otro, que el numeral 5 del artículo 250 del
CPACA prescribe, como causal para presentar recurso extraordinario de revisión,

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la existencia de “nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra
la que no procede recurso de apelación”.

En los términos expuestos, la accionante dispone para debatir sus inconformidades
el recurso extraordinario de revisión de que trata el artículo 250 del CPACA,
circunstancia que también determina la improcedencia de la acción de tutela frente
al argumento relativo a la falta de congruencia.

En este punto es preciso reiterar que el alto tribunal constitucional ha entendido la
tutela contra providencias judiciales como un juicio de validez y no como un juicio
de corrección del fallo cuestionado, “este enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional
para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial”25.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley26,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por
Luz María Rojas Quintana, por los motivos expuestos en las consideraciones de
esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y Cúmplase,

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Firmado electrónicamente

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado
Firmado electrónicamente

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
Firmado electrónicamente

DSR

25 Sentencia SU-128 de 2021, Corte Constitucional.
26 Apartado 1.4.1.1.

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