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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00566-01

Fecha
3 de agosto de 2026
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00566-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 19 de marzo de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00566-01

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

3 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., tres (03) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00566-01
Accionante: Jorge Julio Quintero Díaz
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada en contra de la sentencia proferida el 19
de marzo de 2026 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 28 de enero de 20261, Jorge Julio Quintero Díaz, por conducto de apoderado,
interpuso acción de tutela2 en procura de la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, los cuales
considera vulnerados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Lo anterior, porque el primero,
mediante providencia del 22 de mayo de 2024, declaró probada la excepción de
pago y, en consecuencia, ordenó la terminación del proceso y el levantamiento de
las medidas cautelares; decisión que fue confirmada por el segundo mediante
sentencia del 28 de agosto de 2025, proferida dentro del proceso ejecutivo
identificado con el radicado n.° 76001-23-33-000-2019-00681-00/01.

2. Hechos

2.1. El actor manifiesta que interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Procuraduría General de la Nación. Posteriormente, sus
pretensiones fueron resueltas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el
23 de octubre de 2017, dentro del expediente de radicado
76001233100020110171400, en los siguientes términos:

1
Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 7D71E1D64967A922 938F6209381D63A6
283C2B14E738797B 49953ED2BFA175B3.
2
Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 6DB8E7C7D6A82683 09788C2BFE241A1A
2C0DFB0F2E1091FE DBE3E9F9ECD35E5B.

2

Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00566-01
Accionante: Jorge Julio Quintero Díaz
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otro

“[…] TERCERO: DECLARAR la nulidad del Oficio No. SG 3364 del 22 de julio de 2012,
proferido por la Procuraduría General de la Nación, por medio del cual fue negado el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales al doctor JORGE JULIO QUINTERO
DIAZ, equivalente al 80% de lo que por todo concepto salarial devengue el Magistrado
de Alta Corte y el pago de las correspondientes diferencias salariales, indexadas y con
los respectivos intereses moratorios, desde el 2 de junio de 2005 en adelante y hasta la
fecha en que ostente la dignidad de Procurador Judicial II, de conformidad con las Leyes
10 de 1987; 63 de 1988; 4 de 1992 y el Decreto 610 de 1998, acorde con la parte motiva
de este proveído y al tenor de lo dispuesto en la sentencia de diciembre 14 de 2011 que
declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004.

CUARTO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento
del derecho, CONDENESE a la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION – a
reconocer y pagar; al doctor JORGE JULIO DIAZ, como Procurador Judicial II, desde el
2 de junio de 2005 y hasta la fecha que ostento tal dignidad, lo que en este lapso
correspondió al 80% de lo devengado por todo concepto por los Magistrados de las Altas
Cortes, debidamente indexado, teniendo en cuenta los intereses moratorios de las
diferencias salariales existentes entre el 70% y el 80%, conforme los preceptos
contenidos en las leyes 10 de 1987; 63 de 1988 y 4ª de 1992( art. 15 y 16) y el Decreto
610 de 1998 […]”.3

2.2. A raíz de ello, el señor Jorge Julio Quintero Díaz presentó demanda ejecutiva
contra la Procuraduría General de la Nación con el fin de que se librara
mandamiento ejecutivo por la suma de $1.737.833.683.4, por concepto de las
diferencias salariales causadas hasta el 2 de septiembre de 2016, fecha hasta la
cual estuvo vinculado al cargo de procurador judicial II.

2.3. Luego, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de auto del 19
de abril de 20214, ordenó librar mandamiento de pago a favor del señor Quintero
Díaz y contra la PGN, por el capital adeudado por concepto de diferencias por la
bonificación por compensación por la suma de $152.046.227,00; y por intereses
moratorios a la tasa del DTF y comerciales conforme lo establecen los artículos 192
y 195 del CPACA, a partir del 22 de noviembre de 2017 hasta la fecha en que se
pague el total de la obligación.

2.4. Más adelante, el 22 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca profirió providencia mediante la cual declaró probada la excepción de pago
y, en consecuencia, ordenó la terminación del proceso y el levantamiento de las
medidas cautelares.5

3
Conforme consta en el acápite denominado “antecedentes” de la sentencia de primera instancia del 22 de mayo de 2024,
emitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del expediente 76001-23-33-000-2019-00681-00; archivo
denominado “085 Sentencia_[…]”, visible a índice 11 de SAMAI de primera instancia, certificado 40A4119D95A1E884
DAAAED36E83F73DD F68B1679F69E6377 CD1870DC83F771B1.
4
Archivo denominado “4 Auto libra mandamiento”, visible a índice 11 de SAMAI de primera instancia, certificado
40A4119D95A1E884 DAAAED36E83F73DD F68B1679F69E6377 CD1870DC83F771B1.
5
Archivo denominado “085 Sentencia_[…]”, visible a índice 11 de SAMAI de primera instancia, certificado
40A4119D95A1E884 DAAAED36E83F73DD F68B1679F69E6377 CD1870DC83F771B1.

3

Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00566-01
Accionante: Jorge Julio Quintero Díaz
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otro

2.5. Inconforme con la decisión, la parte ejecutante interpuso recurso de apelación.

2.6. Posteriormente, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por
medio de sentencia de segunda instancia del 28 de agosto de 2026,6 confirmó la
providencia apelada.

3. Fundamentos de la acción de tutela

La parte accionante sostuvo que:

3.1. Las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto sustantivo, porque
fundamentaron su decisión en que no era posible reconocer la diferencia salarial
correspondiente al período comprendido entre marzo de 2011 y septiembre de
2016, bajo el argumento de que dicha obligación no estaba contenida en el título
ejecutivo ni podía exigirse dentro del proceso correspondiente.

Sin embargo, esta interpretación resulta equivocada, pues la sentencia objeto de
ejecución estableció de manera expresa que debía reconocerse y pagarse la
totalidad del período en el cual ocupó el cargo de procurador judicial II, es decir,
desde junio de 2005 hasta la desvinculación, esto es, septiembre de 2016, y no
únicamente una fracción de ese lapso, como erradamente sostuvieron las
autoridades demandadas.

3.2. Tanto la Procuraduría General de la Nación como el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
interpretaron que, al no haberse pagado la bonificación por compensación entre
marzo de 2011 y septiembre de 2016, tampoco podía ordenarse ninguna
reliquidación por ese lapso. Esta conclusión desconoce la literalidad de la sentencia
objeto de ejecución, que establece claramente que el cálculo debía comprender la
totalidad del lapso en el que ocupó el cargo, sin fragmentación alguna.

3.3. La sentencia de unificación SUJ-016-CE-S2-2019 del 2 de septiembre de 2019,
junto con otros pronunciamientos del Consejo de Estado, confirman: i) el carácter
vinculante y permanente de dicha bonificación; ii) su inclusión dentro del salario
base para el cálculo del 80%; iii) la identidad fáctica y jurídica entre magistrados de

6
Archivo denominado “097 Expedientes […]”, visible a índice 11 de SAMAI de primera instancia, certificado
40A4119D95A1E884 DAAAED36E83F73DD F68B1679F69E6377 CD1870DC83F771B1.

4

Sentencia de segunda instancia
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Accionante: Jorge Julio Quintero Díaz
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otro

tribunal, procuradores judiciales II y cargos equivalentes; y iv) la improcedencia de
excluir dicha bonificación del cálculo ordenado judicialmente.

3.4. Se configura un perjuicio irremediable consistente en la afectación prolongada
y continua de derechos salariales, de naturaleza fundamental por su conexidad con
el mínimo vital y la dignidad humana, y en la consolidación de un daño patrimonial
progresivo, producto de la negativa reiterada a cumplir una sentencia ejecutoriada
y un precedente vinculante.

4. Pretensiones de la acción de tutela

La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:

“1. Amparar los derechos fundamentales del Dr. Jorge Julio Quintero al acceso a la
administración de justicia, a la justicia material y a la igualdad, así como al principio de
aplicación obligatoria del precedente judicial, los cuales han sido vulnerados por las
autoridades judiciales accionadas.

2. Declarar la existencia de una vía de hecho judicial, por cuanto las autoridades
accionadas realizaron una interpretación errónea, restrictiva y contraria al contenido
claro y expreso de la sentencia que constituye la base de ejecución, desconociendo el
alcance real del título ejecutivo.

3. Ordenar al Consejo de Estado y/o al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que
profieran un nuevo pronunciamiento de fondo, ajustado a la Constitución y a la
jurisprudencia constitucional, en el cual:

A. No se reinterprete ni se modifique el contenido del título ejecutivo.
B. Se dé una aplicación irrestricta, integral y literal a la sentencia base de ejecución.
C. Se reconozca y ordene el pago total de las sumas adeudadas a su favor,
correspondientes a todo el período reconocido en la sentencia, y no únicamente a una
fracción del mismo.

4. Ordenar que en el nuevo pronunciamiento se respete el precedente judicial aplicable,
en especial aquel relacionado con la prohibición de reinterpretar el título en los procesos
ejecutivos y el deber de garantizar la efectividad material de las decisiones judiciales.

5. Ordenar el pago inmediato y completo de las sumas reconocidas en la sentencia base
de ejecución, incluyendo las actualizaciones, indexaciones y demás conceptos a que
haya lugar, conforme a la ley.

6. Prevenir a las autoridades judiciales accionadas para que en lo sucesivo se abstengan
de incurrir en actuaciones que desconozcan el contenido claro de los títulos ejecutivos y
que vulneren derechos fundamentales mediante interpretaciones contrarias a su tenor
literal.

7. Adoptar cualquier otra medida que el despacho considere necesaria para el
restablecimiento efectivo de los derechos fundamentales vulnerados y para garantizar la
plena eficacia de la sentencia judicial que sirve de base de ejecución.”7

7
Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 6DB8E7C7D6A82683 09788C2BFE241A1A
2C0DFB0F2E1091FE DBE3E9F9ECD35E5B, folio 4.

5

Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00566-01
Accionante: Jorge Julio Quintero Díaz
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5. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición

5.1. Mediante auto del 9 de febrero de 20268 se admitió la acción de tutela, se
vinculó a la Procuraduría General de la Nación y se dispuso la notificación a las
partes y a la entidad vinculada.

5.2. La Procuraduría General de la Nación9 señaló que la acción de tutela es
improcedente, porque el actor pretende reabrir el debate que fue resuelto en la
decisión de segunda instancia, pues no está de acuerdo con los razonamientos ahí
contenidos y considera que la controversia debió resolverse dentro de los
parámetros que ella expone.

Asimismo, afirmó que al confirmarse que no existían saldos pendientes bajo el tenor
literal del título objeto de ejecución, el Consejo de Estado protegió el patrimonio
público al impedir un doble pago o un pago sin fundamento legal, con lo cual declaró
la terminación del proceso por pago total de la obligación. Finalmente, manifestó
que se configura su falta de legitimación en la causa por pasiva.

5.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca10 sostuvo que la decisión de
primera instancia reprochada analizó las pruebas aportadas y concluyó que se
configuró un pago total de la obligación conforme a los parámetros de la sentencia
base de recaudo. Además, el derecho de acción y defensa del actor fue garantizado;
por el contrario, lo que pretende, vía acción de tutela, es reabrir un debate procesal
que ya fue resuelto en ambas instancias.

5.4. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A no se pronunció11.

6. Fallo de tutela de primera instancia

El 19 de marzo de 202612 el Consejo de Estado, Sección Cuarta declaró
improcedente la acción de tutela al no cumplir el requisito de relevancia
constitucional.

8
Índice 5 de SAMAI del expediente de tutela digital de primera instancia, certificado
DBEDD54709EDDE8E 0E76661F0A7B0D45 1165C7AF0B4535F6 6E5D5CFDEAD28BB0.
9
Índice 13 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia, certificado
601F2598929CB27D CAB92784B421A236 017E59DE43CEC857 B33FCA1C8C7DBD3F, ibid.
10
Índice 14 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia, certificado BE99F4790BE98D13 C672E156AB59FE8E
306812CB2EBA1EB7 4F8BB244DA01FD6C.
11
Luego de efectuar la consulta en SAMAI, no se encontró registro alguno de que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A hubiera rendido informe, pese a la notificación electrónica surtida visible a índice 8 de SAMAI, ibid.
12
Índice 17 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia, certificado
C431EF63DDD2DACC 679A0116CB4CABCF 43D83E3A80C7C7E4 363365547F510442.

6

Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00566-01
Accionante: Jorge Julio Quintero Díaz
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otro

El a quo constitucional consideró que la parte accionante pretende reabrir el debate
jurídico en torno a cuestiones que ya fueron examinadas y resueltas por el juez
natural en ambas instancias del proceso ejecutivo, pues trae los mismos
argumentos para sustentar la presunta vulneración del derecho al debido proceso
que alegó en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera
instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Afirmó que, en gracia de discusión, la discrepancia numérica entre el mandamiento
de pago inicial ($152.046.227) y la sentencia final no configura una contradicción
lógica, porque mientras que la orden de pago del 19 de abril de 2021 fue una medida
adoptada a partir de una liquidación hipotética por la ausencia de certificaciones, la
sentencia de 2024 fue el resultado de una valoración probatoria definitiva que se
efectuó al contrastar el título con las pruebas recaudadas (específicamente la
certificación salarial que demostró que el actor no percibió bonificaciones base en
el periodo reclamado). Por ello, el juez ordinario concluyó que la suma pagada
mediante la Resolución 346 de 2019 ($266.910.038) fue suficiente para extinguir la
obligación.

7. Razones de la impugnación

Inconforme con la decisión, la parte accionante presentó escrito de impugnación 13,
en el que reiteró los argumentos de la acción de tutela y adicionalmente manifestó
lo siguiente:

7.1. Pese a la claridad de la sentencia objeto de ejecución, tanto el Tribunal como
el Consejo de Estado realizaron una interpretación restrictiva e indebida del fallo,
pues excluyeron el período comprendido entre marzo de 2011 y septiembre de
2016, bajo el argumento de que no existía obligación ejecutable respecto de dicho
lapso. Esta conclusión desconoce abiertamente el contenido del título, ya que
introduce una condición que nunca fue establecida por el juez natural del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho.

Se recuerda que dentro del radicado 76001233100020110171400, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca afirmó que tenía derecho al reconocimiento y

13
Índices 23 y 24 de SAMAI, certificado 7A9E302C063EEB58 C3360F7CF0E843AF B09A65BD3E1EF45F
C5C9A62BB8FDAEF1, ibid.

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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00566-01
Accionante: Jorge Julio Quintero Díaz
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otro

pago de las diferencias salariales equivalentes al 80% de lo que, por todo concepto
salarial, devengara un magistrado de alta corte, así como al pago de las
correspondientes diferencias salariales, indexadas y con los respectivos intereses
moratorios, desde el 2 de junio de 2005 y hasta la fecha en que ostentara el cargo
de procurador judicial II, esto es, hasta septiembre de 2016, sin condicionamiento
alguno relativo a la percepción efectiva de la bonificación. A pesar de ello, la
Procuraduría sostuvo que la liquidación de la condena debía limitarse al período
comprendido entre el 2 de julio de 2005 y el 28 de febrero de 2011, bajo el
argumento de que solo en ese lapso se reconoció y pagó la bonificación por
compensación.

En ese sentido, no se trata de una simple discrepancia interpretativa, sino de la
alteración del sentido material de una sentencia ejecutoriada, lo cual vulnera los
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la justicia y a la primacía
del derecho sustancial.

8. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia

Mediante auto del 10 de abril de 202614 el a quo concedió la impugnación.

Posteriormente, a través de auto del 3 de junio de 2026,15 el consejero de la Sección
Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, William Barrera Muñoz, declaró
infundado el impedimento presentado por el hoy consejero ponente de este
proveído.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 32
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado
080 de 2019, esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada
en contra del fallo proferido el 19 de marzo de 2026 por el Consejo de Estado,
Sección Cuarta.

14
Índice 26 de SAMAI, certificado C92FA6F1CEFD8077 ED81C160E1ACCCB8 8904E7EF6059E56C E5AAC9C6D91083F8,
ibid.
15
Índice 10 de SAMAI, certificado 2CE9B3149DDF88B2 82197E11C54041D7 2FE6B53BCDE23C3F 2935CC44B8910CA1.

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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00566-01
Accionante: Jorge Julio Quintero Díaz
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otro

2. Cuestión Previa

A pesar de que el tutelante atacó las providencias de primera instancia del 22 de
mayo de 2024 y la del 28 de agosto de 2025 que la confirmó, la Sala analizará
únicamente la segunda en mención, puesto que se observa que esta fue la que
concluyó el proceso ejecutivo de radicado 76001-23-33-000-2019-00681-00/01.

3. Problema jurídico

La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad en contra de providencias judiciales y, en caso afirmativo, establecerá
si se incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales invocados.

4. La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad16 y de procedencia17 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.

5. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto

5.1. Sobre el requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha
señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”.18

En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber19: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,

16
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los
siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela;
que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad
procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que
se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
17
Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico;
defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del
precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
18
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
19
Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.

9

Sentencia de segunda instancia
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Accionante: Jorge Julio Quintero Díaz
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justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202220, frente al requisito de
relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no
se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.

5.2. Para la Sala resulta evidente que los cargos formulados no satisfacen el
requisito de relevancia constitucional, por cuanto se advierten como un intento de
revivir el análisis jurídico efectuado por el juez natural, como si este mecanismo
fuera una instancia adicional al proceso ordinario, según se explicará.

5.3. En el caso concreto, la accionante cuestiona, en esencia, que el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A incurrió en defecto sustantivo, porque
fundamentó su decisión en que no era posible reconocer la diferencia salarial
correspondiente al periodo comprendido entre marzo de 2011 y septiembre de 2016,
bajo el argumento de que dicha obligación no estaba contenida en el título ejecutivo
ni podía exigirse dentro del proceso correspondiente.

Sin embargo, a su juicio, esta interpretación resulta equivocada, pues la sentencia
objeto de ejecución estableció de manera expresa que debía reconocerse y pagarse
la totalidad del período en el cual ocupó el cargo de procurador judicial II, es decir,
desde junio de 2005 hasta la desvinculación, esto es, en septiembre de 2016, y no
únicamente una fracción de ese lapso, como erradamente sostuvieron las
autoridades demandadas.

En su concepto, tanto la Procuraduría General de la Nación como el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y el Consejo de Estado, Sección Segunda,

20
Sentencia SU-215 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Sentencia de segunda instancia
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Accionante: Jorge Julio Quintero Díaz
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Subsección A interpretaron que, al no haberse pagado la bonificación por
compensación entre marzo de 2011 y septiembre de 2016, tampoco podía
ordenarse ninguna reliquidación por ese lapso. A su juicio, esta conclusión
desconoce la literalidad de la sentencia objeto de ejecución, que establece
claramente que el cálculo debía comprender la totalidad del lapso en el que ocupó
el cargo, sin fragmentación alguna.

5.4. Pues bien, al verificar los argumentos contenidos en la sentencia del 28 de
agosto de 2025 emitida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
se observa el siguiente análisis textual:

“[…] Para resolver los argumentos del recurso, se hará referencia a la sentencia base de
ejecución y los términos en que se ordenó la obligación allí reconocida. Se trata de la
sentencia del 23 de octubre de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca en cuyos apartes se lee lo siguiente:

«[…] Problema jurídico

[…] Y si anulado el acto administrativo demandado, el demandante tiene derecho a
que le paguen las diferencias económicas entre la remuneración efectivamente
pagada entre el 2 de junio de 2005 y hasta la fecha en que se desempeñó como
Procurador Judicial II, y el monto que según el Decreto 610 de 1998 debía pagarse lo
cual no puede ser inferior al 80% de todos los ingresos laborales de los Magistrados
de Altas Cortes y que dichas sumas sean tenidas en cuenta para efectos de reliquidar
las prestaciones sociales a que haya lugar, como también realizar los aportes para la
seguridad social, liquidaciones que deberán ajustarse a lo establecido en el Decreto
610 de 1998. […]

De lo antes expuesto y de las pruebas que reposan en el expediente, es fácil concluir
que a la Procuraduría General de la Nación le asistía la obligación de reconocer y
pagar las diferencias salariales y prestacionales al (sic) JORGE JULIO QUINTERO
DÍAZ, durante el periodo de su vinculación a dicha Entidad como Procurador Judicial
II de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 610 de 1998, por lo que, las sumas
que ha de pagar la demandada al actor corresponde a la diferencia dejada de cancelar
por concepto de bonificación por compensación, a partir del 2 de junio de 2005 y hasta
la fecha en que se efectuó su desvinculación de la Entidad, en los porcentajes
indicados en los Decretos 610 de 1998 adicionado por el Decreto 1239 de 1998 para
cada año fiscal, cuya liquidación debe tener incidencia en los sueldos, primas,
bonificaciones, vacaciones, cesantías y demás emolumentos inherentes a su cargo.

[…] CUARTO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, CONDÉNESE a la PROCURADURÍA GENEERAL (sic)
DE LA NACIÓN – a reconocer y pagar; al doctor JORGE JULIO QUINTETO DIAZ,
como Procurador Judicial II, desde el 2 de junio de 2005 y hasta la fecha que ostento
(sic) tal dignidad, lo que en este lapso correspondió al 80% de lo devengado por todo
concepto por los Magistrados de las Altas Cortes, debidamente indexado, teniendo
en cuenta los intereses moratorios de las diferencias salariales existentes entre el
70% y el 80%, conforme los preceptos contenidos en las leyes 10 de 1987; 63 de
1988 y 4ª de 1992 (art. 15 y 16) y el Decreto 610 de 1998.

QUINTO: La diferencia porcentual reconocida, será indexada tomando como base la
variación porcentual de los índices de precios al consumidor certificada por el DANE,
por resultar viable, en asuntos de naturaleza jurídica similar, precisamente por

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Sentencia de segunda instancia
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Accionante: Jorge Julio Quintero Díaz
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consiguiente la forma como deberá hacerse, para lo cual se tomará la siguiente
formula: […]

El valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH) que es lo
dejado de percibir por el actor por concepto del 10% de la bonificación por
compensación desde la fecha en que se hizo exigible la obligación […] (Subrayado
original del texto).

[…] Adicionalmente se incluye la siguiente observación:

«[…] Se precisa, que, de acuerdo con las Certificaciones emitidas por la Procuraduría
Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, como ente superior de los
Procuradores Judiciales II penales, el Procurador 80 Judicial II Penal de Cartago cargo
que ostentó el doctor Jorge Julio Quintero Díaz, no tuvo actuaciones como agente del
Ministerio Público ante las autoridades previstas en los Decretos No. 1251 de 2009 y
4040 de 2004, durante el periodo comprendido entre marzo de 2011 y el 4 de septiembre
de 2016, por lo tanto, no se hizo reconocimiento y pago por concepto de Bonificación
por Compensación […]».

[…] La parte recurrente indicó que en el proceso ordinario pretendió el reconocimiento y
pago de la bonificación por compensación que dejó de percibir desde marzo de 2011
toda vez que la Procuraduría dejó de pagarla a pesar de tener derecho a esta y a dicha
pretensión accedió la sentencia.

La Subsección considera que este argumento de reparo no está llamado a prosperar
porque de la lectura de la sentencia base de recaudo lo que se advierte es que el
fundamento fáctico y jurídico que motivó la presentación del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, era la inaplicación del Decreto 4040 de 2004 en cuanto
al reconocimiento de la bonificación y que en su lugar se reconocieran y pagaran las
diferencias salariales y prestacionales resultantes al tener en cuenta los beneficios
previstos en el Decreto 610 de 1998. […]

[…] Entonces, aunque la parte ejecutante pretenda hacer ver que lo ordenado en la
sentencia base de recaudo era como tal el reconocimiento de la prestación, resulta claro
de la lectura integral del título que no se buscó por haberse dejado de percibir, sino el
pago de las diferencias entre el 80% dispuesto en el Decreto 610 de 1998 y el 70%
ordenado en el Decreto 4040 de 2004.

Repárese que según las pruebas documentales que obran en el expediente el
fundamento para haberse dejado de pagar dicha bonificación fue que el ejecutante no
tuvo actuaciones como agente del Ministerio Público ante las autoridades previstas en
los Decretos 1251 de 2009 y 4040 de 2004, durante el periodo comprendido entre marzo
de 2011 y el 4 de septiembre de 2016, situación que no fue alegada, discutida o
reconocida en la sentencia del 23 de octubre de 2017.

Por otro lado, la parte ejecutante no buscó, por ejemplo, una adición o complementación
de la sentencia si su propósito era el reconocimiento durante el periodo en que le fue
dejada de pagar, situación que no se advierte en el presente caso, para que dicha
obligación se derive del título ahora invocado.

Bajo el anterior entendido y como lo que la parte recurrente busca es el reconocimiento
en un 100% de la bonificación por compensación para el periodo comprendido entre
marzo de 2011 y septiembre de 2016, se logra concluir que no se trata de una obligación
que esté contenida en el título y que pueda reclamarse a través del presente proceso
ejecutivo.

Lo expuesto permite concluir, tal como lo hizo el Tribunal, que la Procuraduría General
de la Nación con el pago realizado con fundamento en la Resolución 346 del 17 de junio
de 2019 dio cabal cumplimiento a la obligación contenida en la sentencia del 23 de
octubre de 2017.

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Sentencia de segunda instancia
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Adicionalmente, debe decirse que el recurrente no presentó reparos concretos o
desacuerdo alguno con respecto al ejercicio matemático llevado a cabo por el Tribunal
para concluir que existía un pago total del crédito laboral reclamado.”21

5.5. Luego de lo relatado, se observa que en sede de tutela la parte accionante
pretende que nuevamente se valoren los argumentos ya planteados y resueltos por
la autoridad judicial accionada en la sentencia de segunda instancia censurada.

En efecto, la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado analizó el
alcance de la sentencia del 23 de octubre de 2017. Aseveró que no procedía el
reconocimiento de la bonificación por compensación durante el período
comprendido entre marzo de 2011 y el 4 de septiembre de 2016, debido a que el
actor no ejerció funciones como agente del Ministerio Público ante las autoridades
previstas en los Decretos 4040 de 2004 y 1251 de 2009.

Asimismo, la autoridad accionada concluyó que la sentencia objeto de ejecución no
reconoció la bonificación por compensación en un 100%, sino únicamente las
diferencias salariales resultantes entre el porcentaje del 70% previsto en el Decreto
4040 de 2004 y el 80% establecido en el Decreto 610 de 1998.

Además, precisó que la suspensión del pago de la bonificación por compensación
entre 2011 y 2016 no fue objeto de debate ni de pronunciamiento en la sentencia
de 2017, aunado al hecho de que el entonces demandante tampoco promovió
mecanismos como la adición o complementación de la sentencia para obtener un
pronunciamiento expreso sobre ese período, por lo que dicha obligación no hace
parte del título ejecutivo invocado. En consecuencia, determinó que la pretensión
de obtener el pago total de aquel emolumento entre marzo de 2011 y septiembre de
2016 excedía el contenido de la sentencia ejecutada.

Por ello, confirmó que la Procuraduría General de la Nación cumplió la condena
mediante la Resolución 346 del 17 de junio de 2019, y resaltó que el recurrente no
formuló objeciones concretas frente a la liquidación matemática efectuada por el
tribunal para verificar la satisfacción total del crédito laboral reconocido.

5.6. Respecto al argumento orientado al desconocimiento del precedente fijado por
el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, esta última corporación ha sostenido

21
Índice 32 de SAMAI del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, certificado F6372349D9987E46
1704E85CE40C018A 464DFFEE26EB0932 60BC01A047582A81, radicado 73001233300020170040401.

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que establecer su configuración exige que el accionante vincule la falta de aplicación
de una regla jurisprudencial con la violación de una garantía fundamental o, en otros
términos, que explique con suficiencia por qué el precedente con identidad fáctica y
jurídica era aplicable en su caso y de qué forma la inobservancia de tales
consideraciones o reglas jurisprudenciales afectó sus garantías fundamentales.22

Ahora, en el sub lite, el accionante alude a la sentencia de unificación SUJ-016-CE-
52-2019 del 2 de septiembre de 2019, del Consejo de Estado. Sin embargo, no
expuso las reglas jurisprudenciales que consideró fueron indebidamente aplicadas,
ni indicó la similitud fáctica y jurídica que permita acertadamente concluir que en
efecto se incurrió en la causal específica invocada, para ligar de manera inescindible
los fundamentos de hecho con una situación que pudiera transgredir los derechos
fundamentales de los que es titular. Esta falta de sustento impide el análisis del
cargo y exime a la Sala de realizar un estudio de fondo, lo que permite concluir que
el defecto alegado carece de relevancia constitucional.

5.7. Así, para esta Subsección es claro que el accionante pretende utilizar este
mecanismo constitucional como si se tratara de una instancia adicional, pues, como
se observó, los reproches contenidos en su escrito de tutela buscan reabrir el debate
que tuvo lugar en el proceso ejecutivo, con el fin de que prevalezca su interpretación
sobre la acogida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en el
proceso 76001-23-33-000-2019-00681-00/01. Cuestión distinta es que la parte
accionante no comparta el sentido de la decisión adoptada, aspecto que desborda
el ámbito de competencia del juez constitucional, en tanto no le corresponde definir
la forma en que el juez natural debe decidir.

Se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra de decisiones
judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la autonomía
e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, en
razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de
corrección” de la decisión cuestionada23, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del proceso
ordinario.24

22
Compárese, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11
de octubre de 2024, radicado 11001-03-15-000-2024-04599-00.
23
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
24
Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.

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Accionante: Jorge Julio Quintero Díaz
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6. Bajo esta línea argumentativa, en el sub lite no se encuentra acreditado el
requisito de relevancia constitucional; en consecuencia, la acción tuitiva resulta
improcedente, como lo concluyó el a quo, razón por la cual se confirmará el proveído
impugnado.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 19 de marzo de 2026, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que declaró la improcedencia de la
solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejero de Estado Consejera de Estado

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