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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2017-00404-01

Fecha
31 de julio de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
15 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2017-00404-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia expedida el 9 de septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Tolima, en cuanto ordenó reconocer y pagar el reajuste de la remuneración a favor de los demandantes durante los años 2012 a 2013, teniendo en cuenta la asignación prevista para los diputados de las asambleas departamentales correspondiente a la categoría segunda equivalente a 25 SMLMV. En su lugar, NEGAR LAS PRETENSIONES de la demanda toda vez que el departamento del Tolima fue válidamente clasificado como de tercera categoría durante las vigencias 2012 a 2013, y la remuneración reconocida a los demandantes se ajustó al límite previsto en el artículo 28 de la Ley 617 de 2000. SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia en lo demás, esto es, respecto del reconocimiento de los haberes salariales y prestacionales correspondientes al año 2014, con fundamento en la nulidad del Decreto 3035 de 2013. TERCERO. Abstenerse de condenar costas en segunda instancia. CUARTO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2017-00404-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

31 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 73001 23 33 000 2017 00404 01 (0812-2022)
Demandantes: Jairo Enrique Forero Carvajal, María Stella Vásquez
Baracaldo y José Asmidier Salinas Orjuela
Demandado: Departamento del Tolima

Tema: Reliquidación de salarios de exdiputados del departamento
del Tolima. Categorización de los departamentos.

Decisión: Revoca parcialmente. No procede la reliquidación salarial y
prestacional de los años 2012 y 2013, dado que el salario se
ajustó al límite previsto en el artículo 28 de la Ley 617 de 2000
para departamentos de tercera categoría.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de
la sentencia expedida el 9 de septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo del
Tolima, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES.

Demanda.

1. Los accionantes instauraron demanda contenciosa administrativa en ejercicio
del medio de control de la referencia con el objeto de que se declare la nulidad de los
Decretos 1420 de 2011, 1380 de 2012 y 3035 de 2013, por medio de los cuales se
clasificó al departamento del Tolima en segunda y tercera categoría durante los años
2012, 2013 y 2014.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitaron se ordene a la demandada
pagar las diferencias surgidas con ocasión de la correcta clasificación del departamento
del Tolima, por concepto de salarios, auxilio de cesantías, intereses sobre estas,
vacaciones, primas de servicios y de navidad y los aportes a seguridad social; así como
la sanción prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la indexación del valor de la
condena; y que se imponga condena en costas al ente territorial accionado.

3. De manera subsidiaria pidieron que se declare la nulidad del Oficio 613 del 22
de marzo de 2017, a través del cual se les negó el reconocimiento de las diferencias
salariales de los años 2012, 2013 y 2014 e igual restablecimiento del derecho.

4. Argumentaron que fueron elegidos diputados del departamento del Tolima para
el periodo constitucional 2012-2015 y que el gobernador de esa entidad territorial en
ejercicio de las atribuciones legales conferidas en el parágrafo 4 del artículo 1 de la Ley
617 de 2000, expidió los Decretos 1420 de 2011, 1380 de 2012 y 3035 de octubre de
2013, por medio de los cuales clasificó al departamento en tercera categoría,

Radicación: 73001 23 33 000 2017 00404 01 (0812-2022)
Demandantes: Jairo Enrique Forero Carvajal, María Stella Vásquez
Baracaldo y José Asmidier Salinas Orjuela

circunstancia que afectó de manera directa sus salarios, los cuales dependen de la
categoría del ente territorial. De ese modo, dicha calificación derivó en la disminución en
la transferencia de recursos y se pagó un salario reducido frente al que hubieran percibido
si se hubiera clasificado en una categoría superior.

5. Por lo tanto, el 20 de febrero de 2017 solicitaron a la gobernación departamental
el reconocimiento y pago de las diferencias salariales causadas por la incorrecta
clasificación de la entidad territorial, pretensión que fue negada por medio de la decisión
administrativa que se acusa en este proceso.

Contestación de la demanda.

6. El departamento del Tolima1 se opuso a la prosperidad de las pretensiones
invocando para el efecto el artículo 302 de la Constitución Política y la Ley 617 de 2000,
toda vez que los departamentos pueden clasificarse en 5 categorías según la capacidad
de gestión administrativa y fiscal, población e ingresos corrientes anuales de libre
destinación. Así, cada año, los gobernadores determinan la categoría en la que se
encuentra la entidad territorial para el año siguiente con base en las certificaciones de la
Contraloría General de la República sobre los ingresos y la relación porcentual entre
estos y los gastos de funcionamiento, además del reporte de población expedido por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística2.

7. Los argumentos de la parte accionante se centran en la presunta vulneración
del artículo 1.° de la Ley 617 de 2000, en cuanto se aduce que hubo un desconocimiento
por parte del gobernador del Tolima de las certificaciones expedidas por la Contraloría
General de la República y del DANE, pues de haberlas tenido en cuenta la clasificación
del departamento habría sido de primera categoría lo que implicaría un salario más alto
para los diputados; sin embargo, tal interpretación no es más que una confusión
semántica, pues insisten en que la definición de la categoría de los departamentos solo
depende de los ingresos de libre destinación y de la población, pero olvidan la previsión
del parágrafo segundo del citado artículo según el cual los gastos de funcionamiento de
los departamentos también inciden en la clasificación de la entidad territorial.

8. «En el párrafo 11 […] de la parte motiva del acto» se explicó que la Contraloría
certificó que los gastos de funcionamiento del departamento ascendían a 66.42% de los
ingresos corrientes de libre destinación, cifra que supera el límite establecido en el
artículo 4.° de la Ley 617 de 2000, lo que implica que el departamento se encuadra en la
condición prevista en el parágrafo segundo del artículo 1.° ibidem, por lo que debió
clasificarse en tercera categoría para el año 2014. Finalmente, propuso las excepciones
de caducidad de la acción y cobro de lo no debido.

1 Folios 60 a 68 del expediente físico.
2 En adelante, DANE.

2

Radicación: 73001 23 33 000 2017 00404 01 (0812-2022)
Demandantes: Jairo Enrique Forero Carvajal, María Stella Vásquez
Baracaldo y José Asmidier Salinas Orjuela

II. SENTENCIA APELADA.

9. El Tribunal Administrativo del Tolima accedió a las pretensiones de la demanda
en el sentido de declarar la nulidad del Oficio 613 del 22 de marzo de 2017 e inaplicar
por ilegalidad los Decretos 1420 de 2011 y 1380 de 2012, por medio de los cuales se
categorizó al departamento del Tolima en los años 2012 y 2013, respectivamente. Como
consecuencia de ello, ordenó «reconocer y pagar el reajuste de la remuneración de los
demandantes durante los años 2012 a 2014, teniendo en cuenta la asignación prevista
para los diputados de las asambleas departamentales correspondiente a la categoría
segunda equivalente a 25 SMLM». Adicionalmente, ordenó pagar la diferencia de los
demás emolumentos percibidos por aquellos durante los años 2012 a 2014, así como las
cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones.

10. Explicó que de conformidad con las certificaciones aportadas sobre el número
de habitantes y los ingresos corrientes de libre destinación del departamento del Tolima,
este cumplía los requisitos previstos en el artículo 1.º de la Ley 617 de 2000 para ser
clasificado en la categoría primera durante las vigencias fiscales de 2012 a 2014. No
obstante, al haberse acreditado que el porcentaje de gastos de funcionamiento durante
los años 2011 a 2013 fue superior al 55 % permitido para dicha categoría (63.52 %,
62.55 % y 62.42 %, respectivamente), resultaba procedente su reclasificación a la
categoría inmediatamente inferior, esto es, la segunda.

11. En tal sentido, destacó que los gastos de funcionamiento no constituyen un
criterio autónomo de categorización, sino un condicionante que debe cumplirse para
conservar la categoría asignada, tal como lo precisó el Consejo de Estado en providencia
del 19 de abril de 2021.3 Si ese límite se excede el ente territorial pierde la categoría que
le correspondería con base en los criterios de —población e ingresos— y debe ubicarse
en la inmediatamente inferior. Agregó que aunque el Consejo de Estado tiene
simultáneamente fijada otra interpretación4 según la cual la categoría se determina
prioritariamente con base en el porcentaje de gastos de funcionamiento, en el caso
concreto, en virtud de los principios de favorabilidad en materia laboral e in dubio pro
operario, era viable acoger el criterio que favorece al trabajador.

12. Concluyó que, estando acreditado que la cantidad de habitantes y los ingresos
corrientes de libre destinación de la entidad territorial para los años 2012 a 2014 la
ubicaba en la primera categoría, pero como se destinaron unos gastos de funcionamiento
superiores al tope, era del caso clasificarla en la categoría inmediatamente inferior, al
tenor de lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 617 de 2000 y con base
en ello reconocer la remuneración de los demandantes teniendo en cuenta la asignación
establecida para las asambleas departamentales de segunda categoría.

3 «Radicación 73001-23-33-000-2014-00206-01».
4 «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero

ponente: Gabriel Valbuena Hernández, sentencia del dieciocho (18) de marzo de dos mil veintiuno (2021),
radicación 73001 23 33 000 2015 00387 01 (1236-18) actor: Jorge Armando Duque Arciniegas y Héctor
Vladimir Espín Acosta».

3

Radicación: 73001 23 33 000 2017 00404 01 (0812-2022)
Demandantes: Jairo Enrique Forero Carvajal, María Stella Vásquez
Baracaldo y José Asmidier Salinas Orjuela

13. Finalmente, desestimó la pretensión tendiente a obtener el pago de la sanción
moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, dado que no se acreditó el
incumplimiento en la consignación oportuna de las cesantías y, si existía inconformidad
con la liquidación, no se evidenció que se hubieran agotado los recursos procedentes
para controvertirla.

III. RECURSO DE APELACIÓN.

14. Inconforme con la decisión la demandada interpuso recurso de apelación en el
que alegó que la categorización presupuestal de los departamentos no depende
únicamente de la población y de los ingresos de libre destinación, pues la norma es clara
al condicionar dicha clasificación con plena valoración del porcentaje de los gastos de
funcionamiento, de ahí que en cada uno de los decretos cuestionados se hizo referencia
al porcentaje de dichos gastos, los cuales superan los topes fijados por la norma para la
primera categoría.

15. Agregó que al no cumplir con los topes señalados en el artículo 4 de la Ley
617 de 2000, a modo de sanción, la clasificación del departamento debe ser la
inmediatamente inferior a la que le correspondería si solo se analizaran la población y los
ingresos de libre destinación. Así, el departamento del Tolima no podía tener una
categorización distinta a la tercera, pues ello sería incurrir en un error y una violación a la
norma citada.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.

16. Mediante auto del 31 de marzo de 2022, notificado por estado el 8 de abril del
mismo año, se admitió el recurso de apelación.5 Dentro del término de ejecutoria las
partes no hicieron manifestación alguna.

V. CONSIDERACIONES.

Competencia.

17. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.

Problema jurídico.

18. De acuerdo con los reparos concretos planteados, procederá la Sala a estudiar
si el Tribunal erró al tener en cuenta únicamente los criterios de la población y de los
ingresos de libre destinación de la entidad territorial para definir su categoría y de ese

5 Índices 3 y 7 de Samai del Consejo de Estado.

4

Radicación: 73001 23 33 000 2017 00404 01 (0812-2022)
Demandantes: Jairo Enrique Forero Carvajal, María Stella Vásquez
Baracaldo y José Asmidier Salinas Orjuela

modo acceder a las pretensiones de los demandantes en punto de reconocer las
diferencias salariales y prestacionales causadas en el periodo 2012-2014.

Resolución del problema.

19. En el presente caso, está probado que los demandantes fueron elegidos como
diputados del departamento del Tolima para el periodo constitucional 2012- 2015;6 que a
través de los Decretos 1420 de 2011, 1380 de 2012 y 3035 de 2013, el gobernador del
departamento del Tolima clasificó a ese ente territorial como de tercera categoría en
aplicación de la Ley 617 de 2000;7 que el DANE certificó la población del departamento
para los años 2010, 2011 y 2012 en 1.387.6218, 1.391.8769 y 1.396.03810 habitantes,
respectivamente, y el contralor delegado para la economía y las finanzas públicas de la
Contraloría General de la República certificó los ingresos corrientes de libre destinación
durante los mismos periodos en $ 100.720.339 miles, equivalente a 188.051,41
s.m.l.m.v;11 $ 101.219.524 miles equivalente a 178.612,182 s.m.l.m.v;12 y $ 103.606.077
miles que corresponden a 175.752,463 s.m.l.m.v.13

20. El mencionado ente de control también certificó que los gastos de
funcionamiento del departamento del Tolima representaron el 63,52 %, 62,55 % y
66,42 % de sus ingresos corrientes de libre destinación, para los años objeto de
reclamo14.

21. En lo que atañe a la categorización presupuestal de los departamentos, se
tiene que su fundamento normativo se encuentra en el artículo 302 superior desarrollado
por el artículo 1° de la Ley 617 de 200015 que para el efecto fija las siguientes pautas:

Categorización presupuestal de los departamentos. En desarrollo del Artículo 302
de la Constitución Política, teniendo en cuenta su capacidad de gestión
administrativa y fiscal y de acuerdo con su población e ingresos corrientes
de libre destinación, establécese la siguiente categorización para los
departamentos:

[…]
Primera categoría. Todos aquellos departamentos con población comprendida
entre setecientos mil uno (700.001) habitantes y dos millones (2.000.000) de
habitantes, cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales igualen o
superen ciento setenta mil uno (170.001) salarios mínimos legales mensuales y
hasta seiscientos mil (600.000) salarios mínimos legales mensuales.

6 Folios 11, 15 y 22 del expediente físico.
7 Folios 8 al 10 ibidem.
8 «Certificación número 20114580013501» información tomada del folio 8 ibidem.
9 «Certificación número 20124580012281» información tomada del folio 9 ibidem.
10 «Certificado número 20134580013161» información tomada del folio 10 ibidem.
11 Certificado «004622» información tomada del folio 8 ibidem.
12 Certificado «0005867» información tomada del folio 9 ibidem.
13 Certificado «0005867» (sic) información tomada del folio 10 ibidem.
14 Según consta en los folios 8 a 10 del expediente.
15 Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se

adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a
fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional.

5

Radicación: 73001 23 33 000 2017 00404 01 (0812-2022)
Demandantes: Jairo Enrique Forero Carvajal, María Stella Vásquez
Baracaldo y José Asmidier Salinas Orjuela

Segunda categoría. Todos aquellos departamentos con población comprendida
entre trescientos noventa mil uno (390.001) y setecientos mil (700.000) habitantes
y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean iguales o superiores
a ciento veintidós mil uno (122.001) y hasta de ciento setenta mil (170.000) salarios
mínimos legales mensuales.

Tercera categoría. Todos aquellos departamentos con población comprendida
entre cien mil uno (100.001) y trescientos noventa mil (390.000) habitantes y cuyos
recursos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a sesenta mil uno
(60.001) y hasta de ciento veintidós mil (122.000) salarios mínimos legales
mensuales.
[…]

PARÁGRAFO 2º- Sin perjuicio de la categoría que corresponda según los criterios
señalados en el presente Artículo, cuando un departamento destine a gastos
de funcionamiento porcentajes superiores a los límites que establece la
presente ley se reclasificará en la categoría inmediatamente inferior.
[…]

22. El parágrafo 4 de la aludida disposición señala, además, que la categorización
debe efectuarse por el gobernador en el mes de octubre de cada año y debe estar
sustentada en la información suministrada por el DANE y por la Contraloría General de
la República a más tardar el 31 de julio de cada año, sobre la vigencia fiscal anterior; lo
cual explica que los datos del año 2010 soporten la categorización del año 2012 y
sucesivamente.

23. Por su parte, el artículo 4.° ibidem señala expresamente lo siguiente:

Valor máximo de los gastos de funcionamiento de los departamentos. Durante
cada vigencia fiscal los gastos de funcionamiento de los departamentos no podrán
superar, como proporción de sus ingresos corrientes de libre destinación, los
siguientes límites:

Categoría Límite
Especial 50%
Primera 55%
Segunda 60%
Tercera y cuarta 70%

24. De otra parte, en el artículo 28 ibidem se establece que la remuneración de los
diputados se determina con base en la categoría del departamento, así:

Remuneración de los diputados. La remuneración de los diputados de las asambleas
departamentales por mes de sesiones corresponderá a la siguiente tabla a partir del 2001:

Categoría de departamento Remuneración de diputados
Especial 30 smlm
Primera 26 smlm
Segunda 25 smlm

6

Radicación: 73001 23 33 000 2017 00404 01 (0812-2022)
Demandantes: Jairo Enrique Forero Carvajal, María Stella Vásquez
Baracaldo y José Asmidier Salinas Orjuela

Tercera y cuarta 18 smlm

25. Conforme lo anterior, podría concluirse, en principio, que el gobernador del
Tolima debió clasificar al ente territorial dentro de la primera categoría, pues el número
de habitantes fue superior a 700.001 y sus ingresos corrientes de libre destinación
superaron los 170.001 SMLMV como se resume a continuación:

Ingresos corrientes
Habitantes
de libre destinación Ingresos corrientes
Salario para
anuales para de libre destinación No. de
Año mínimo pertenecer a
pertenecer a del Departamento habitantes
por año primera
primera categoría del Tolima
categoría
(170.001 s.m.m.l.v)

2010 $535.600 $91.052.535.600 $100.720.339.000 700.001 1´387.621
2011 $566.700 $96.339.677.700 $101.219.524.000 700.001 1´391.876
2012 $589.500 $100.215.589.500 $103.606.077.000 700.001 1´396.038

26. No obstante, de conformidad con el parágrafo 2.º del artículo 1.º y el artículo
4.º de la Ley 617, se agregó un criterio adicional referido a los gastos de funcionamiento
con el propósito de racionalizar las finanzas territoriales, de suerte que los gastos por
concepto de nómina oficial fuesen acordes con los ingresos corrientes de libre disposición
que recauden los departamentos y municipios.16

27. Frente a este aspecto, en el caso de estudio, el contralor delegado para la
economía y finanzas públicas de la Contraloría General de la República certificó que los
gastos de funcionamiento del departamento del Tolima representaron para los años 2010,
2011 y 2012 el 63,52%, 62,55% y 66,42%, respectivamente.

28. Sobre el particular, se reitera que el parágrafo 2.° del artículo 1.° de la Ley 617,
establece que cuando en un departamento los gastos de funcionamiento son superiores
a los porcentajes que establece el artículo 4.º de la misma disposición, se le sanciona
reclasificándolo en la categoría inmediatamente inferior, razón por la cual, si bien el
departamento del Tolima, de acuerdo con las variables de población e ingresos corrientes
de libre destinación, podría ser clasificado como de primera categoría, esto no era factible
porque sus gastos de funcionamiento fueron superiores al 60% para las anualidades
certificadas.

16 Se precisa que en la exposición de motivos de la Ley 617 de 2000, Gaceta del Congreso No. 394 del 27

de octubre de 1999, se explicó que las disposiciones sobre categorización tienen un efecto directo en la
racionalización de las finanzas territoriales y que con ellas se busca que los gastos por concepto de nómina
oficial estén acordes con los ingresos corrientes de libre disposición que recauden los departamentos y
municipios, aspectos que influyen de manera directa en el salario máximo de un gobernador o alcalde y de
los demás empleados de la administración.

7

Radicación: 73001 23 33 000 2017 00404 01 (0812-2022)
Demandantes: Jairo Enrique Forero Carvajal, María Stella Vásquez
Baracaldo y José Asmidier Salinas Orjuela

29. En este contexto, es evidente que no solo se superaron los topes de gastos de
funcionamiento, indicados en la tabla del artículo 4.°, para la primera categoría (55%) sino
también el fijado para los departamentos de segunda (60%), razón por la cual le asiste
razón a la parte recurrente al considerar que el departamento del Tolima no podía tener
una categorización distinta a la tercera.

30. Ahora bien, es pertinente precisar que la Sala reconoce que la Sección Primera
de esta Corporación,17 en asuntos de simple nulidad donde se ha cuestionado la legalidad
de decretos de categorización de departamentos, ha empleado una interpretación distinta
de la referida norma en el sentido de indicar que la aludida sanción por gastos de
funcionamiento solo opera para disminuir una categoría; no obstante, esta Subsección,18
en casos análogos al estudiado en esta oportunidad, ha considerado que la
reclasificación de que trata el parágrafo 2 del artículo 1.° de la Ley 617 de 2000 debe
ajustarse a los límites del artículo 4.° ibidem.

31. Lo anterior es así, porque a juicio de esta Sala, la mencionada sanción no
puede ser analizada de manera aislada, sino que debe atender a su contexto, y
concretamente al artículo 4.° que establece de manera expresa los topes de los gastos
de funcionamiento de acuerdo con las categorías. Por tanto, como se superaron dichos
topes, tanto para la primera como para la segunda categoría, en este caso el ente
territorial debió clasificarse en tercera categoría, como en efecto lo determinó el
gobernador del Tolima en los Decretos 1420 de 2011, 1380 de 2012 y 3035 de 2013.

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, magistrado ponente
Oswaldo Giraldo López, en el fallo del diecinueve (19) de abril de dos mil veintiuno (2021), dentro del
proceso con radicación 73001 23 33 000 2014 00206 01. En cuah providencia se consideró:
«En consecuencia, una vez configurados los criterios previstos en el artículo 1º, el departamento queda
categorizado. No obstante, si el Departamento tiene gastos de funcionamiento que, para la categoría
asignada, superan lo dicho por el artículo 4º5, la consecuencia jurídica que prevé el parágrafo 2º del artículo
1º es que aquél deberá clasificarse en la "categoría inmediatamente inferior", que en este caso es la
segunda, no la tercera como lo dispuso el acto acusado.
[...]
En este orden de ideas, la Sala concluye que el Decreto nro. 3035 de 28 de octubre de 2013, “por medio
del cual se determina la categoría del Departamento del Tolima para la vigencia fiscal de 2014”, es contrario
al ordenamiento jurídico superior, toda vez que clasificó a ese departamento en la categoría número 3,
cuando debía estar ubicado en la categoría número 2, de conformidad con lo previsto en los artículos 1 y
4 de la Ley 617 de 2000.»
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. sentencia del 18 de marzo de 2021. Radicado

73001 23 33 000 2015 00387 01 (1236-18). En dicha oportunidad se consideró lo siguiente:
«En este contexto, para el caso del departamento del Tolima se superaron los topes indicados en la
tabla del artículo 4.° frente a los gastos de funcionamiento, para la primera categoría (55%) así como
para la segunda (60%) .

[...]
60. Por tanto, como se superaron los topes de gastos de funcionamiento establecidos en el artículo 4.°,
tanto para la primera como para la segunda categoría, en este caso el ente territorial debió clasificarse en
tercera categoría, como en efecto lo dispuso el gobernador del Tolima en los Decretos 1420 de 2011, 1380
de 2012 y 3035 de 2013.»

8

Radicación: 73001 23 33 000 2017 00404 01 (0812-2022)
Demandantes: Jairo Enrique Forero Carvajal, María Stella Vásquez
Baracaldo y José Asmidier Salinas Orjuela

32. A esta misma conclusión arribó la Subsección B de la Sección Segunda de
esta Corporación en sentencia del 30 de abril de 202019, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento con radicado 73001 23 33 000 2017 00405 01, en un caso de perfiles
análogos. Por todo lo anterior, se revocará parcialmente la sentencia de primera instancia
que accedió a las pretensiones de la demanda al colegir que los salarios y prestaciones
que devengaron los demandantes se encuadran dentro de los límites máximos señalados
en el artículo 28 de la Ley 617 de 2000, pues al no ubicarse el departamento del Tolima
en una categoría superior a la tercera, no es posible reconocer las diferencias pretendidas
por los accionantes.

33. Ahora bien, en lo que respecta al reconocimiento de los haberes salariales y
prestacionales del año 2014, que fue ordenado a favor de los demandantes en la
sentencia recurrida, la Sala mantendrá tal decisión, bajo el entendido de que el sustento
del Tribunal para acceder a las pretensiones respecto de ese año fue la inaplicación del
Decreto 3035 de 2013, que clasificó al departamento del Tolima en la tercera categoría,
y para ello acogió como propias las consideraciones tenidas en cuenta por la Sección
Primera del Consejo de Estado en la sentencia que declaró la nulidad del mencionado
decreto20 y en la cual se concluyó que para el año 2014 la clasificación debió establecerse
en la segunda y no en la tercera categoría.

Condena en costas

34. El artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021,
establece que la sentencia debe disponer sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil (hoy Código
General del Proceso)21 y que, en todo caso, la condena al respecto se impondrá «cuando
se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».

35. Al revisar el caso concreto, se considera que la apelación no se aprecia como
huérfana de fundamento legal por lo que resulta improcedente la condena en costas en
segunda instancia.

19 En esa oportunidad, la Sala consideró lo siguiente: «Obsérvese que el parágrafo sanciona en la
reclasificación al Departamento cuando los gastos de funcionamiento son superiores a los porcentajes que
establece el artículo 4º de la Ley 617 de 2000, es por ello que, si bien el Departamento del Tolima era
merecedor a ser clasificado como de primera categoría dado que acreditaba los ingresos corrientes de
libre destinación y la población, resulta que no era posible aplicar el artículo 1º dado que su porcentaje de
gastos de funcionamiento era superior al 60%.
En tal sentido, resulta claro que el Departamento del Tolima no cumplió con el porcentaje de gastos de
funcionamiento determinado por la ley para ser catalogado de primera categoría, lo que conllevó a que su
valoración inicial para la clasificación presupuestal partiera de la segunda categoría, pues sus gastos de
funcionamiento ascendieron al 63,52%, 62,55% y 66,42% durante las vigencias de 2011, 2012 y 2013,
respectivamente.»
20
Sentencia del 19 de abril de 2021, dentro del proceso con radicado 73001 23 33 000 2014 00206 01.

21 Al respecto, el artículo 365 de la norma citada establece: «1. Se condenará en costas a la parte vencida

en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
súplica, anulación o revisión que haya propuesto.» [Se destaca]

9

Radicación: 73001 23 33 000 2017 00404 01 (0812-2022)
Demandantes: Jairo Enrique Forero Carvajal, María Stella Vásquez
Baracaldo y José Asmidier Salinas Orjuela

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia expedida el 9 de septiembre de
2021 por el Tribunal Administrativo del Tolima, en cuanto ordenó reconocer y pagar el
reajuste de la remuneración a favor de los demandantes durante los años 2012 a 2013,
teniendo en cuenta la asignación prevista para los diputados de las asambleas
departamentales correspondiente a la categoría segunda equivalente a 25 SMLMV. En
su lugar,

NEGAR LAS PRETENSIONES de la demanda toda vez que el departamento del
Tolima fue válidamente clasificado como de tercera categoría durante las vigencias
2012 a 2013, y la remuneración reconocida a los demandantes se ajustó al límite
previsto en el artículo 28 de la Ley 617 de 2000.

SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia en lo demás, esto es, respecto del reconocimiento
de los haberes salariales y prestacionales correspondientes al año 2014, con fundamento
en la nulidad del Decreto 3035 de 2013.

TERCERO. Abstenerse de condenar costas en segunda instancia.

CUARTO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala, en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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