RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-00924-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00924-00

Fecha
29 de abril de 2026
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00924-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por Graciela Vergara Monroy, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlos, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 14. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00924-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

29 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 29 de abril de 2026

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00924-00
Demandante: Graciela Vergara Monroy
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Inmediatez

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la sentencia de segunda instancia que confirmó
la decisión que negó las pretensiones de una demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho que se presentó para que se reconociera y pagara una diferencia salarial.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Graciela Vergara
Monroy, contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado y el Tribunal Administrativo de Tolima.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 9 de febrero de 2026, Graciela Vergara Monroy presentó, a través
de apoderado, una acción de tutela contra la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Tolima, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al trabajo en
condiciones dignas y justas y al mínimo vital, con ocasión de la Sentencia de
18 de febrero de 2021, proferida dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 73001-23-33-000-2016-00810-01.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

“1. Tutelar los derechos la igualdad, acceso a la administración de justicia,
debido proceso y demás que sean vulnerados y revocar la sentencia de 18 de
marzo de 2021 dentro del medio de control 73001-23-33-000-2015-00387-012, en

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 Aunque en las pretensiones se solicitó dejar sin efectos la Sentencia de 18 de marzo de 2021 dentro del medio de

control 73001-23-33-000-2015-00387-01, la vulneración se atribuye es a la Sentencia de 18 de febrero de 2021,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00924-00
Demandante: Graciela Vergara Monroy
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
_________________________________________________________________________________________________________

lo relativo a vigencias 2012-2013 y amparar lo concedido en lo referente a la
vigencia 2014.
2. Ordenar al Consejo de Estado analizar de fondo las irregularidades para 2012-
2013, declarando nulidad en su lugar se les orden inaplicar los Decretos 1420 de
2011, 1380 de 2012, por violación directa a lo establecido en el artículo primero
de la Ley 617 de 2000 restableciendo derechos salariales/prestacionales
indexados.
3. En consecuencia, de lo anterior, ordenar al Departamento del Tolima el pago
inmediato de diferencias (8 SMLMV/mes 2012; 7 SMLMV/mes 2013 y 7
SMLMV/mes vigencia 2014) más prestaciones, pago de las diferencias de
seguridad social e indexación de los anteriores factores.
4. Que su defecto ordenar al Departamento del Tolima, al reconocimiento y
pago de las diferencias salariales, prestacionales por la vigencia 2014, con
efectos retrospectivos o retroactivos, conforme a la asignación salaria para
diputados con categoría 2 del Departamento del Tolima para la mentada
vigencia 2014”.

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
identificaron los siguientes:

4. 1) Graciela Vergara Monroy fue elegida diputada para la asamblea
departamental de Tolima para el periodo de 2012 – 2015. Para dicho cargo,
la remuneración se determinaba de acuerdo con la categoría presupuestal
de departamento.

5. 2) El departamento de Tolima expidió los Decretos 1420 de 27 de
octubre de 20113, 1380 de octubre de 20124 y 3035 de 28 de octubre de
20135, mediante los cuales se clasificó para el ente territorial en la categoría
tercera. Para esta categoría la remuneración por mes de sesiones para los
diputados era de 18 SMLMV.

6. 3) La parte actora presentó una solicitud el 1 de julio de 2016 con el
objetivo de que se le reconocieran y pagaran los valores adeudados por
concepto de reajuste de su salario desde el 2012 al 2014, producto del
reajuste que debió efectuarse por la recategorización del departamento de
Tolima a segunda categoría. En consecuencia, solicitó la revocatoria de los
Decretos 1420 de 27 de octubre de 2011, 1380 de octubre de 2012 y 3035 de
28 de octubre de 2013.

7. 4) Mediante Oficio No. 1539 de 15 de julio de 2016, el departamento
de Tolima negó dicha solicitud. Como argumento de su decisión expuso que
la clasificación del departamento se realizó de acuerdo con lo previsto en
la Ley 617 de 2000 y, en consecuencia, dichos decretos gozaban de
presunción de legalidad. En esa medida, recordó que si pretendía atacar la
legalidad de los decretos de vigencia presupuestal debía acudir a la

proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 73001-23-33-000-2016-00810-01, en el
que Gabriela Vergara Monroy es la demandante. En cambio, en el otro proceso, los demandantes son Héctor
Vladimir Espin Acosta y Jorge Armando Duque Arciniegas.
3 Para la vigencia fiscal de 2012.

4 Para la vigencia fiscal de 2013.

5 Para la vigencia fiscal de 2014.

2 de 8

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00924-00
Demandante: Graciela Vergara Monroy
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
_________________________________________________________________________________________________________

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho.

8. 5) El 19 de diciembre de 2016, la señora Vergara Monroy presentó
demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, radicaba bajo No. 73001-23-33-006-2016-00810-00 (1203-2018).
Las pretensiones de la demanda se orientaron a obtener la nulidad de
Decretos 1420 de 27 de octubre de 2011, 1380 de octubre de 2012 y 3035 de
28 de octubre de 2013 y el Oficio No. 1539 de 15 de julio de 2016 y, a título
de restablecimiento del derecho, solicitó que se le pagaran las diferencias
respecto del salario recibido y el del producto de la reclasificación del
departamento, pues, a su juicio, la entidad territorial correspondía a uno de
segunda categoría y no de tercera como se indicó en los decretos
demandados.

9. 6) Mediante Sentencia de 15 de diciembre de 2017, el Tribunal
Administrativo de Tolima negó las pretensiones de la demanda. Explicó que,
para que un departamento fuera clasificado en primera y segunda
categoría se requería que, durante cada vigencia fiscal, los gastos de
funcionamiento no superaran, como proporción de sus ingresos corrientes
de libre destinación, el 55% y 60%, respectivamente. Para dicho
departamento los gastos ascendieron a 63,52%, 62,55% y 66,42% para la
vigencia fiscal de 2011 a 2013, por esa razón no era posible acceder a las
pretensiones de los demandantes. Aunado a lo anterior, explicó que, si un
departamento cumplía con los requisitos de población y de ingresos
corrientes de libre destinación de una determinada categoría, pero no con
los requisitos exigidos de gastos de funcionamiento, se debía clasificar en la
categoría inmediatamente inferior, de acuerdo con parágrafo 2 del artículo
1 de la Ley 617 de 2000.

10. 7) Inconforme con la decisión, la parte actora presento recurso de
apelación en el cual sostuvo que se vulneró el artículo 287 de la Constitución.
A su juicio, la entidad territorial cumplía los requisitos de población e ingresos
corrientes de libre destinación, previstos en el artículo 1 de la Ley 617 de 2000,
para ser clasificada en primera categoría; sin embargo, no satisfacía el
criterio relativo a los gastos de funcionamiento. En consecuencia, consideró
que debía ser ubicada en segunda categoría y no en tercera, esto es, en
una categoría inferior a la que le habría correspondido de cumplir la
totalidad de los requisitos para la primera categoría.

11. En ese sentido, afirmó que existió una interpretación errónea de la
norma, que condujo a una indebida categorización del departamento del,
lo cual derivó en una equivocada liquidación de los factores salariales.

3 de 8

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00924-00
Demandante: Graciela Vergara Monroy
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
_________________________________________________________________________________________________________

12. 8) La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por
medio de Sentencia de 18 de febrero de 2021, confirmó la decisión de
primera instancia. Indicó que (se trascribe) “el Departamento del Tolima no
cumplió con el porcentaje de gastos de funcionamiento determinado por
la ley para ser catalogado de primera categoría, lo que conllevó a que su
valoración inicial para la clasificación presupuestal partiera de la segunda
categoría, pues sus gastos de funcionamiento ascendieron al 63,52%, 62,55%
y 66,42% durante las vigencias de 2011, 2012 y 2013, respectivamente.”

13. En consecuencia, aclaró que, al no ubicarse la entidad territorial en
una categoría superior a la tercera, no era posible reconocer la diferencia
salarial pretendida por la accionante.

14. Como fundamento de la vulneración, la parte actora alegó que la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió en un
defecto sustantivo, procedimental “por omisión de análisis” y
desconocimiento del precedente.

15. Frente a los defectos sustantivo y procedimental, puso de presente
que el departamento de Tolima, para las vigencias de 2012, 2013 y 2014,
superó el 60% de los gastos de funcionamiento, en esa medida, consideró
que la reclasificación se realizó de manera errada, pues se basó
exclusivamente en el porcentaje de gastos de funcionamiento de
conformidad con la tabla del artículo 4 de la ley 617 de 2000 (se trascribe):

Categoría Límite
Especial 50%
Primera 55%
Segunda 60%
Tercera y cuarta 70%

16. Para la parte actora, esto constituyó un error de interpretación y
análisis durante el proceso de categorización porque dicha tabla se
encontraba en la ley con el objetivo de comparar y no determinar las
clasificaciones de acuerdo con el porcentaje de gastos de funcionamiento.
Aunado a lo anterior, aclaró que (se trascribe) “está preclasificado en 1ra,
pero sus gastos actuando en 3ra categoría es decir no puede superar el 70%
pero lo superó el castigo es: se reclasificará en la categoría inmediatamente
inferior” es decir pasa a segunda categoría.”

17. Agregó que la sentencia enjuiciada “omite estudiar las vigencias
2012-2013, pese a identidad fáctica y jurídica con 2014”, y explicó que dicha
categorización redujo la remuneración que percibía, así como sus
prestaciones sociales, “perpetuando una cadena de precariedad”.

4 de 8

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00924-00
Demandante: Graciela Vergara Monroy
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
_________________________________________________________________________________________________________

18. Agregó que se desconoció el precedente de la Corte Constitucional,
y del Consejo de Estado, específicamente la Sentencia C-38 de 2004, y la
Sentencia de 31 de julio de 2025, proferida dentro del proceso 73001-23-33
000-2017-00404-01 (0812-2022).

19. De cara a la primera sentencia explicó que (se trascribe) “refuerza
que, ante la duda en la interpretación de normas que afecten derechos
laborales (en este caso, la escala salarial derivada de la categoría), debe
aplicarse el principio in dubio pro-operario”. Frente a la segunda, agregó
que, mediante dicha decisión se reconoció que el departamento del Tolima
para la vigencia 2014 quedó en segunda categoría, lo cual tuvo como
resultado el reconocimiento de las diferencias salariales y prestacionales a
favor de los demandantes.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados6

20. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado7
presentó un informe en el que expuso que no fue la autoridad judicial que
profirió la sentencia enjuiciada pues correspondía a la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado.

21. El Tribunal Administrativo de Tolima8 indicó que la presente solicitud de
amparo no superó el requisito de inmediatez, pues, entre la fecha de
haberse proferido la sentencia enjuiciada y la presentación de la acción de
tutela transcurrieron 59 meses. Agregó que no se configuró una vía de hecho
porque las providencias enjuiciadas fueron debidamente motivadas y
fundadas en una interpretación razonable de la Ley 617 de 2000.

22. Sostuvo que la categorización del Departamento del Tolima en
tercera categoría se ajustó a derecho, dado el incumplimiento de los límites
de gastos de funcionamiento, y que la discrepancia de la actora
corresponde a una diferencia interpretativa que no habilita la intervención
del juez de tutela.

23. El departamento de Tolima9 solicitó su desvinculación del trámite de
tutela al considerar que no existió vulneración alguna de los derechos
fundamentales alegados por la accionante atribuible a la entidad territorial.

6 Mediante Auto de 26 de febrero de 2026, el despacho ponente resolvió (1) admitir la acción de tutela de la

referencia, (2) tener como demandado a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y al
Tribunal Administrativo de Tolima, (3) vincular al Departamento de Tolima, como tercero con interés en el asunto y.
(4) reconocer personería a la abogada Paola Michele Perea Moreno, identificada con la cédula de ciudadanía
No. 28.541.661 y portadora de la Tarjeta Profesional No. 241.956 del Consejo Superior de la Judicatura, como
apoderada judicial de la demandante.
A través de Auto de 15 de abril de 2026 se ordenó vincular a Jorge Armando Duque Arciniegas, Héctor Vladimir
Espín Acosta y a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, como terceros con interés en el
asunto.
7 Índice 17 de SAMAI.
8 Índice 20 de SAMAI.
9 Índice 22 del aplicativo SAMAI.

5 de 8

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00924-00
Demandante: Graciela Vergara Monroy
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
_________________________________________________________________________________________________________

Explicó que carece de legitimación por pasiva en la causa, pues los hechos
que originan la presunta vulneración se derivan de decisiones judiciales y no
de una actuación u omisión que se desplegara por dicha entidad. Asimismo,
argumentó que la acción de tutela era improcedente, ya que se pretendía
con esta el reconocimiento y pago de acreencias laborales y que dicha
controversia respondía a un simple desacuerdo con las decisiones judiciales
proferidas en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

24. Jorge Armando Duque Arciniegas, Héctor Vladimir Espín Acosta y la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, pese a haber
sido notificados en debida forma10, guardaron silencio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Solicitud de desvinculación. 2.2. Procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial. 2.3. Conclusión.

2.1. Solicitud de desvinculación

25. En relación con la solicitud de desvinculación manifestada por el
departamento de Tolima, la Sala la negará, toda vez que su vinculación se
realizó en calidad de tercero interesado en el proceso y la eventual decisión
de amparo de los derechos fundamentales que reclama la parte actora
podría llegar a tener incidencia en el proceso ordinario en el que actuó
como demandado.

2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

26. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por no
superar el requisito de inmediatez, por los motivos que pasan a explicarse:

27. La Corte Constitucional11 ha sostenido que, aunque la acción de
tutela no tiene un término de caducidad, la misma debe presentarse dentro
de un “término razonable y proporcionado”, contado a partir del hecho u
omisión generadora de la vulneración o amenaza de derechos
fundamentales, pues, de no ser así, se afectaría la seguridad jurídica, los
derechos de terceros, e incluso, se desnaturalizaría la acción misma.
Aunado a ello, en relación con la acción de tutela contra providencias
judiciales, se comprometería la cosa juzgada y la firmeza de las decisiones
judiciales, por lo cual, según la Corte, aquí, el examen de inmediatez debe
ser más estricto.

10 Índices 32 y 38 de SAMAI.
11 Sentencia SU-018 de 2018.

6 de 8

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00924-00
Demandante: Graciela Vergara Monroy
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
_________________________________________________________________________________________________________

28. En ese orden, la Corte Constitucional ha señalado que el estudio y
análisis de la inmediatez se debe efectuar a partir del concepto de
razonabilidad, (se trascribe) “teniendo en cuenta las particularidades de
cada caso concreto”.

29. Por su parte, la Sala Plena de esta Corporación, mediante Sentencia
de unificación de 5 de agosto de 201412, estableció, como regla general,
que el mecanismo de amparo debe promoverse en un plazo máximo de 6
meses contados a partir de la notificación o ejecutoria de la providencia
objeto de reproche constitucional. No obstante, al igual que la Corte
Constitucional, sostuvo que (se trascribe) “en cada caso concreto deberá
evaluarse este requisito a fin de que no se desvirtúe la razón de ser de la
acción de tutela”.

30. Para estudiar o valorar la inmediatez en concreto y establecer si la
acción es procedente, se ha considerado que el plazo oportuno es de 6
meses, salvo que, según la Corte Constitucional, se configuren alguna de
estas circunstancias, que no son taxativas, en el caso sometido a revisión: (1)
el accionante presente razones válidas para su tardanza en presentar la
acción constitucional, (2) que a pesar del paso del tiempo, la vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales continúe y sea actual o (3) que la
exigencia de la interposición de la acción en un término razonable resulte
desproporcionada, dadas las circunstancias de debilidad manifiesta en la
que se encuentra el demandante.

31. En el presente caso, la solicitud de amparo está orientada a que se
deje sin efectos la Sentencia de 18 de febrero de 2021, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 2016-00810-01.

32. No obstante, la Sala advierte que entre la fecha de la notificación de
la sentencia enjuiciada (19/4/2021)13 y la presentación de la acción de
tutela (9/2/2026) transcurrieron más de 4 años y 9 meses, de modo que
resulta evidente que el plazo que dejó pasar la parte actora para utilizar el
mecanismo constitucional no resultó ser razonable.

33. Además, se pone de presente que la parte actora no demostró estar
en una situación de debilidad manifiesta o que le impidiera acudir
oportunamente ante el juez de tutela con el fin de cuestionar la providencia
por medio de la cual la autoridad judicial accionada confirmó la decisión
de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho.

12 Consejo de Estado, Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014. Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
13 Notificada por mensaje de datos enviado el 15 de abril de 2021.

7 de 8

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00924-00
Demandante: Graciela Vergara Monroy
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
_________________________________________________________________________________________________________

34. Por último, como la accionante, en las pretensiones, solicitó dejar sin
efectos la Sentencia de 18 de marzo de 2021 dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho No. 73001-23-33-000-2015-00387-
01, se precisa que ella no fue parte de dicho proceso y, por tanto, carece
de legitimación activa en la causa para solicitar dicho amparo, cosa distinta
sucede en el proceso en el que sí fue demandante (No. 73001-23-33-000-2016-
00810-00/01), respecto del cual, se insiste, no se superó el requisito de
inmediatez.

2.3. Conclusión

35. Tras corroborar que no se superó el requisito de inmediatez, la Sala se
abstendrá de pronunciarse sobre los demás requisitos de procedibilidad y
declarará la improcedencia de la acción de tutela.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por
Graciela Vergara Monroy, de conformidad con las razones expuestas en
esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlos, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 14.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

14 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

8 de 8

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.