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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00924-01

Fecha
26 de junio de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00924-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el Departamento del Tolima, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de abril de 2026, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela promovida por Graciela Vergara Monroy, por las razones expuestas en esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. CUARTO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00924-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

26 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026).

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00924-01
Accionante: GRACIELA VERGARA MONROY
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN B Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida, a la
dignidad humana y a la protección especial a la tercera edad / PROCESO DE NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Reliquidación de salarios y prestaciones sociales
por categorización de ente territorial / REQUISITO DE INMEDIATEZ – La presente acción
no cumple con el plazo razonable y proporcionado fijado por la jurisprudencia constitucional
para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la parte accionante,
mediante apoderada, contra la sentencia del 29 de abril de 2026, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con lo
consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 29 del
Decreto 2591 de 19911.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 9 de febrero de 2026, la señora Graciela Vergara Monroy, por intermedio de
apoderada, promovió acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima y
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas y al mínimo
vital.

Hechos relevantes

2. La parte accionante presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra el Departamento del Tolima, con el fin
de que se declarara la nulidad del Oficio núm. 1539 de 15 de julio de 2016, por
medio del cual se negó el pago de la diferencia adeudada entre lo cancelado por
concepto de salario y factores salariales con lo realmente adeudado desde el año

1 Que ingresó a despacho para fallo el 3 de junio de 2026.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00924-00
Accionante: Graciela Vergara Monroy
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

2012 al 2014, producto del reajuste salarial que debió efectuarse por la
recategorización que correspondía en la entidad territorial.

3. A título de restablecimiento del derecho, la actora solicitó (i) el reconocimiento y
pago del salario recibido y el del producto de la reclasificación del departamento,
pues, a su juicio, la entidad territorial correspondía a uno de segunda categoría y no
de tercera como se indicó en los decretos demandados; (ii) la aplicación de la
sentencia en los términos de los artículos 187 y 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; y, (iii) la condena en costas.

4. El proceso correspondió al Tribunal Administrativo del Tolima que, por medio de
sentencia del 15 de diciembre de 2017, negó las pretensiones de la demanda.

5. A juicio del a quo, la clasificación de un departamento en primera o segunda
categoría estaba condicionada a que, en cada vigencia fiscal, sus gastos de
funcionamiento no excedieran el 55 % o el 60 % de los ingresos corrientes de libre
destinación, respectivamente. Así, consideró que, en el caso analizado, dichos
gastos representaron el 63,52 %, el 62,55 % y el 66,42 % durante las vigencias
fiscales de 2011, 2012 y 2013, motivo por el cual consideró improcedente acceder
a las pretensiones de los demandantes. Asimismo, indicó que, conforme al
parágrafo 2 del artículo 1.° de la Ley 617 de 2000, cuando un departamento
satisfacía los requisitos de población e ingresos corrientes de libre destinación
correspondientes a una categoría, pero incumplía el límite previsto para los gastos
de funcionamiento, debía ser ubicado en la categoría inmediatamente inferior.

6. Inconforme con la decisión, la demandante presentó recurso de apelación en el
cual manifestó que, conforme con lo establecido en el artículo 287 de la
Constitución, la entidad territorial debía ser ubicada en segunda categoría y no en
tercera, esto es, en un nivel inferior a la que le habría correspondido de cumplir la
totalidad de los requisitos para la primera categoría.

7. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de
sentencia del 18 de febrero de 2021, confirmó la providencia de primera instancia y
aclaró que, al no ubicarse la entidad territorial en una categoría superior a la tercera,
no era posible reconocer la diferencia salarial pretendida por la accionante. En
criterio del ad quem, “el Departamento del Tolima no cumplió con el porcentaje de
gastos de funcionamiento determinado por la ley para ser catalogado de primera
categoría, lo que conllevó a que su valoración inicial para la clasificación
presupuestal partiera de la segunda categoría, pues sus gastos de funcionamiento
ascendieron al 63,52%, 62,55% y 66,42% durante las vigencias de 2011, 2012 y
2013, respectivamente”2.

Pretensiones

8. La parte accionante solicitó lo siguiente (se transcribe textualmente):

2 Folio 11. Archivo “007ED_PRUEBA_9_2_202611_41(.pdf) NroActua 2”. Sentencia del 18 de
febrero de 2021, radicado núm. 73001-23-33-000-2016-00810-01.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00924-00
Accionante: Graciela Vergara Monroy
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

“1. Tutelar los derechos la igualdad, acceso a la administración de justicia,
debido proceso y demás que sean vulnerados y revocar la sentencia de 18
de marzo de 2021 dentro del medio de control 73001-23-33-000-2015-
00387-01 (sic), en lo relativo a vigencias 2012-2013 y amparar lo concedido
en lo referente a la vigencia 2014.

2. Ordenar al Consejo de Estado analizar de fondo las irregularidades para
2012-2013, declarando nulidad en su lugar se les orden (sic) inaplicar los
Decretos 1420 de 2011, 1380 de 2012, por violación directa a lo establecido
en el artículo primero de la Ley 617 de 2000 restableciendo derechos
salariales/prestacionales indexados.

3. En consecuencia, de lo anterior, ordenar al Departamento del Tolima el
pago inmediato de diferencias (8 SMLMV/mes 2012; 7 SMLMV/mes 2013 y
7 SMLMV/mes vigencia 2014) más prestaciones, pago de las diferencias de
seguridad social e indexación de los anteriores factores.

4. Que su defecto ordenar al Departamento del Tolima, al reconocimiento y
pago de las diferencias salariales, prestacionales por la vigencia 2014, con
efectos retrospectivos o retroactivos, conforme a la asignación salaria (sic)
para diputados con categoría 2 del Departamento del Tolima para la
mentada vigencia 2014”3.

Fundamentos de la demanda de tutela

9. La parte demandante sostiene que el Tribunal Administrativo del Tolima y la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con la expedición de
las providencias del 15 de diciembre de 2017 y del 18 de febrero de 2021,
respectivamente, incurrieron en un defecto sustantivo, un defecto procedimental y
un desconocimiento del precedente jurisprudencial al resolver el asunto sometido a
su conocimiento.

10. En relación con los defectos sustantivo y procedimental, afirma que las
autoridades judiciales accionadas interpretaron de manera errónea las
disposiciones de la Ley 617 de 2000 al considerar que, para las vigencias de 2012,
2013 y 2014, la categorización del Departamento del Tolima debía determinarse
exclusivamente con base en el porcentaje de gastos de funcionamiento previsto en
la tabla contenida en el artículo 4.° de dicha ley. En ese sentido, sostiene que la
reclasificación efectuada fue equivocada, por cuanto el departamento superó el
límite del 60 % de gastos de funcionamiento y la decisión judicial desconoció el
verdadero alcance de las reglas aplicables al proceso de categorización.

11. Sobre el particular, aduce que la referida tabla tiene como finalidad servir de
parámetro comparativo y no constituir el criterio determinante para definir la
categoría de los departamentos según el porcentaje de gastos de funcionamiento.
Asimismo, explica que, aunque el ente territorial se encontraba preclasificado en
primera categoría, al exceder el límite de gastos correspondiente a la tercera
categoría, esto es, el 70 %, la consecuencia prevista en la ley era su reclasificación
en la categoría inmediatamente inferior, razón por la cual considera que debía ser
ubicado en segunda categoría.

3 Folio 5 del escrito de tutela.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00924-00
Accionante: Graciela Vergara Monroy
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

12. De igual forma, manifiesta que las sentencias cuestionadas omitieron analizar
las vigencias fiscales de 2012 y 2013, pese a que, en su criterio, presentaban
identidad fáctica y jurídica con la correspondiente al año 2014. Añade así que la
incorrecta categorización del departamento incidió negativamente en la
remuneración que percibía y en el reconocimiento de sus prestaciones sociales y
prolongó una situación de desmejora en sus condiciones laborales.

13. Finalmente, alega que las providencias enjuiciadas desconocieron el
precedente fijado por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en particular
el contenido de la Sentencia C-038 de 2004 y de la sentencia de 31 de julio de 2025
proferida dentro del proceso con radicado 73001-23-33-000-2017-00404-01.

14. Respecto de la primera decisión, señala que esta reafirma que, en caso de duda
sobre la interpretación de normas que incidan en derechos laborales, debe aplicarse
el principio in dubio pro operario; y, en cuanto a la segunda, sostiene que allí se
reconoció que el departamento del Tolima debía ser clasificado en segunda
categoría para la vigencia 2014, circunstancia que dio lugar al reconocimiento de
las diferencias salariales y prestacionales reclamadas por los demandantes.

Trámite procesal

15. Por medio de auto del 12 de febrero de 2026 4, la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, requirió a la parte accionante para que (i) aclarara
cuál o cuáles decisiones pretendía dejar sin efectos, con sus respectivos números
de radicado; (ii) por tratarse de una tutela contra providencia judicial, indicara los
defectos que se le atribuían a la decisión cuestionada y desplegara la carga
argumentativa sobre estos; y (iii) aportara o desistiera de la prueba relacionada con
la “[s]entencia del Honorable Tribunal administrativo del Tolima Rad 73001-23-33-
000-2017-00404-00-primera instancia que accede a las pretensiones de la
demanda”5.

16. Pese a que la providencia precitada fue notificada en debida forma 6, el
requerimiento no fue atendido.

17. En atención a ello, a través de auto del 26 de febrero de 20267, la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado (i) determinó que interpretaría la
demanda de acuerdo con lo que pudiera extraerse del escrito como fue presentado;
(ii) admitió la acción de tutela; y (iii) ordenó notificar al Tribunal Administrativo del
Tolima, a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y al
Departamento del Tolima para que rindieran informe.

18. Posteriormente, mediante auto del 15 de abril de 2026 8, la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado vinculó a la Subsección B de la Sección

4 Véase índice 4 de Samai.
5 Folio 2. Archivo “011Autoqueordena_20260092400AUTOREQUI”.
6 Véase índice 17 de Samai.
7 Véase índice 9 de Samai.
8 Véase índice 27 de Samai.

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00924-00
Accionante: Graciela Vergara Monroy
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

Segunda del Consejo de Estado y a los ciudadanos Jorge Armando Duque
Arciniegas y Héctor Vladimir Espín Acosta como terceros con interés en las resultas
del proceso.

Intervenciones

19. El Tribunal Administrativo del Tolima señaló que en el presente asunto no se
cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que, entre la fecha en que se profirió
la última de las providencias enjuiciadas y la presentación de la acción de tutela
transcurrieron 59 meses.

20. Asimismo, indicó que las decisiones acusadas fueron debidamente motivadas y
fundadas en una interpretación razonable de la Ley 617 de 2000. Ello, dado que la
categorización del Departamento del Tolima en tercera categoría se ajustó a
derecho, en razón del incumplimiento de los límites de gastos de funcionamiento,
por lo que la discrepancia de la actora corresponde a una diferencia interpretativa
que no habilita la intervención del juez de tutela.

21. El Departamento del Tolima solicitó su desvinculación por falta de legitimación
en la causa por pasiva.

22. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado indicó que
no fue la autoridad judicial que profirió la sentencia enjuiciada, pues correspondía a
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

23. Pese a haber sido notificadas en debida forma9, las demás partes guardaron
silencio.

La sentencia de primera instancia

24. Por medio de sentencia del 29 de abril de 2026, la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia por no cumplir con el requisito de inmediatez.

25. Indicó que, entre la fecha de la notificación de la sentencia enjuiciada, es decir,
el 19 de abril de 2021, y la presentación de la acción de tutela el 9 de febrero de
2026 transcurrieron más de 4 años y 9 meses, de modo que resulta evidente que el
plazo que dejó pasar la parte actora para utilizar el mecanismo constitucional no
resultó ser razonable.

La impugnación

26. La parte accionante presentó impugnación mediante escrito en el cual señaló
que la errónea aplicación del parágrafo 2.º del artículo 1.º de la Ley 617 de 2000,
que ordenó clasificar al Departamento del Tolima en la categoría inmediatamente
inferior cuando, pese a cumplir población e ingresos, se excedía el límite de gastos
de funcionamiento; no produjo un daño consumado en 2015.

9 Véase índices 32 y 38 de Samai.

5

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00924-00
Accionante: Graciela Vergara Monroy
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

27. La actora sostuvo que la sentencia del 31 de julio de 2025, dentro del radicado
73001-23-33-000-2017-00404-01, era un hecho sobreviniente que consolidó la
vulneración a la igualdad, porque en ese fallo se habría reconocido a otros
exdiputados del mismo período un tratamiento favorable respecto de la
categorización del Departamento del Tolima, mientras que a ella se le mantuvo la
decisión desfavorable. Con base en eso, alegó que la tutela presentada en febrero
de 2026 era oportuna, pues debía contarse desde ese hecho nuevo y no desde la
sentencia ordinaria de 2021.

28. Al contrario, indicó que se trata de una vulneración de tracto sucesivo, debido a
que cada mes sin el reajuste correspondiente erosiona el capital pensional y la
futura mesada. Por ello, no podía medirse la inmediatez desde la sentencia de 2021.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

29. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

30. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder ¿si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad contra providencias judiciales,
particularmente, el de inmediatez?

31. De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá ¿si el Tribunal
Administrativo del Tolima y la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, con la expedición de las sentencias del 15 de diciembre de 2017 y 18 de
febrero de 2021, respectivamente, proferidas en el curso del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 73001-23-33-000-2016-
00810-01, incurrieron en un defecto sustantivo, un defecto procedimental y un
desconocimiento del precedente y, por consiguiente, en la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia,
a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas y al mínimo vital de la parte
accionante?

32. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) el cumplimiento
del requisito de inmediatez y (iii) el caso concreto.

6

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00924-00
Accionante: Graciela Vergara Monroy
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

33. Conforme con el precedente constitucional fijado en la C-590 de 200510,
reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor
satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren siete
causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.

34. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar11: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela12, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional13 o el Consejo de Estado14,
ni una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP15; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara, detallada y comprensible
los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que,
si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable16 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

Del requisito de inmediatez

35. La Corte Constitucional ha establecido que la acción de tutela carece un plazo
objetividad de caducidad para su interposición. Sin embargo, debe formularse en el
un plazo razonable. Para ello, ha definido los siguientes criterios orientadores con
el propósito de determinar, en cada caso, si se cumplió o no con el requisito de
inmediatez: (i) la situación personal del peticionario; (ii) el momento en el que se

10 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
11 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
12 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
13 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
14 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
15 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
16 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00924-00
Accionante: Graciela Vergara Monroy
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

produce la vulneración; (iii) la naturaleza de la misma; (iv) la actuación contra la que
se dirige la tutela y (v) los efectos de la tutela17.

36. Dicho requisito puede llegar a flexibilizarse siempre y cuando se acredite que (i)
existe un motivo válido para la inactividad del accionante, (ii) la inactividad
injustificada podría causar lesión a derechos fundamentales de terceros y (iii) existe
un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los
derechos de los interesados18.

37. Aunque el tribunal constitucional considera que la acción de tutela no está sujeta
a un término de caducidad, señala que su interposición debe realizarse dentro de
un plazo razonable y proporcional, contando a partir del hecho que origina la
presunta vulneración de derecho fundamental. Tratándose de providencias
judiciales, dicho término se computa desde el momento que la decisión es notificada
y en consecuencia es de conocimiento por las partes.

38. En esa línea, en la Sentencia SU-108 de 201819, la Corte estableció que le
corresponde al juez constitucional evaluar las circunstancias particulares de cada
caso en concreto, para determinar si la demora en la interposición de la acción se
encuentra justificada:

“(i) [Ante] La existencia de razones válidas para la inactividad, como podría
ser, por ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito,
la incapacidad o imposibilidad del actor para interponer la tutela en un
término razonable, la ocurrencia de un hecho completamente nuevo y
sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente las circunstancias previas,
entre otras.

(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales del accionante permanece, es
decir, su situación desfavorable como consecuencia de la afectación de sus
derechos continúa y es actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda que
la finalidad de la exigencia de la inmediatez no es imponer un término de
prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de que se
trate de una amenaza o violación de derechos fundamentales que requiera,
en realidad, una protección inmediata.

(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo
razonable resulta desproporcionada dada la situación de debilidad
manifiesta en la que se encuentra el accionante, lo que constituye un trato
preferente autorizado por el artículo 13 de la Constitución que ordena que
‘el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su
condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se
cometan’.” (Subrayas fuera del texto original)

39. En ese sentido, el juez de tutela puede considerar procedente la acción de
tutela, incluso si hubo inactividad por parte del accionante, siempre que existan
razones válidas que justifiquen la demora. Por tanto, no basta con que haya
transcurrido un tiempo considerable desde la ocurrencia del hecho, sino que debe

17 Corte Constitucional, sentencia SU-391 del 27 de junio de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
18 Ver Sentencia T-546 de 2014
19 M.P: Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00924-00
Accionante: Graciela Vergara Monroy
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

evaluarse si dicha tardanza se debió a las circunstancias razonables que expliquen
la falta de acción oportuna.

Caso concreto

40. La señora Graciela Vergara Monroy solicita la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
igualdad, al trabajo en condiciones dignas y al mínimo vital, presuntamente
vulnerados con ocasión de la expedición de las providencias del 15 de diciembre de
2017 y del 18 de febrero de 2021, proferidas por el Tribunal Administrativo del
Tolima y la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el curso
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm.
73001-23-33-000-2016-00810-01.

41. La Sala examinará, en primer lugar, la legitimación en la causa y, en segundo
lugar, verificará si en el presente trámite constitucional se cumplen los requisitos
específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

De la legitimación en la causa por activa y pasiva

42. En primer lugar, la señora Graciela Vergara Monroy cuenta con legitimación en
la causa por activa, dado que ostenta la titularidad de los derechos fundamentales
cuya vulneración invoca. En tal condición, actúa como la persona directamente
afectada por la presunta vulneración de derechos fundamentales en que incurrieron
las autoridades judiciales accionadas.

43. De igual manera, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la causa
por pasiva, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra el Tribunal
Administrativo del Tolima y la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, entidades a las cuales se les atribuye la transgresión de los derechos
fundamentales reclamados por el actor.

44. Asimismo, se mantendrá la vinculación como tercero con interés del
Departamento del Tolima, por haber sido intervinientes dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 73001-23-33-000-2016-
00810-01.

Del cumplimiento del requisito de inmediatez

45. Sin embargo, de conformidad con la información obrante en el expediente y en
el aplicativo de gestión Samai, se advierte que la decisión de segunda instancia fue
notificada a las partes el 15 de abril de 202120. Con base en esta información, la
Sala encuentra que han transcurrido aproximadamente cinco años y dos meses
desde que la accionante conoció esta decisión, de modo que se ha superado el

20 Obra en certificado 9FF0B32F93210251 1891E4C7FF17B0B7 9FF762F6CBA39B55
38E2BCF9F2BCBB4C visible a índice 25 de Samai. Expediente núm. 73001-23-33-000-2016-
00810-01.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00924-00
Accionante: Graciela Vergara Monroy
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

plazo considerado como razonable para la interposición de la tutela. Ello, en
atención a las siguientes razones:

46. En primer lugar, se encuentra que la actora no explicó las razones del retraso
en la interposición de la acción de tutela ni justificó su imposibilidad material o
jurídica para acudir oportunamente a este mecanismo. Durante ese lapso, la
demandante guardó silencio procesal y no acreditó la existencia de un hecho
sobreviniente, una situación de fuerza mayor o una circunstancia imprevista que le
hubiese impedido ejercer su derecho de defensa en un término razonable.

47. En segundo lugar, la señora Graciela Vergara Monroy no se halla en una
condición de vulnerabilidad o debilidad manifiesta que justifique la flexibilización del
requisito de inmediatez. No acreditó padecer una enfermedad, limitación física,
afectación mental, ni una situación económica extrema que comprometiera su
mínimo vital o que hiciera desproporcionado exigirle el cumplimiento estricto de este
requisito. Por el contrario, se trata de una ciudadana con plena capacidad jurídica y
medios para acceder a la justicia, que incluso actuó mediante apoderada judicial en
el proceso ordinario y conocía los términos y efectos de las decisiones adoptadas.
En consecuencia, no hay elementos que permitan aplicar un trato preferente o
atenuado frente a la exigencia temporal establecida por la jurisprudencia
constitucional.

48. En tercer lugar, no se demostró la configuración de un perjuicio irremediable que
justificara la intervención urgente del juez de tutela pese al transcurso del tiempo.
De igual modo, no se acreditó la existencia de un daño actual, inminente y grave
que amenazara con tornarse irreparable si no se adoptaba una medida inmediata,
ni tampoco se probó que la negativa de amparo pudiera comprometer bienes
jurídicos superiores como la vida, la integridad personal o el sustento mínimo.

49. Finalmente, en cuarto lugar, la sentencia del 31 de julio de 202521, invocada por
la impugnante, no constituye un hecho sobreviniente que permita superar el
incumplimiento del requisito de inmediatez. Aunque dicha providencia confirmó el
reconocimiento de haberes salariales y prestacionales a favor de otros exdiputados
por la vigencia 2014, lo hizo con fundamento en la nulidad del Decreto 3035 de 2013
declarada previamente por la Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia
del 19 de abril de 2021. Además, frente a las vigencias 2012 y 2013, la providencia
de 2025 negó las pretensiones y sostuvo que el Departamento del Tolima fue
válidamente clasificado en tercera categoría. En consecuencia, esa decisión
posterior no reabre el término para controvertir por vía de tutela la sentencia dictada
en 2021 dentro del proceso de la accionante, ni convierte en oportuna una solicitud
de amparo presentada casi cinco (5) años después.

50. Así las cosas, la eventual afectación alegada ya fue examinada en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho y no presenta características de urgencia
constitucional. En este contexto, la prolongada inactividad de la demandante y la
ausencia de circunstancias excepcionales impiden considerar superado el plazo
razonable para acudir a la acción de tutela.

21 Esta decisión se expidió en el marco del expediente número 73001-23-33-000-2017-00404-01.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-00924-00
Accionante: Graciela Vergara Monroy
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

51. La Sala no desconoce que la accionante afirma que los efectos económicos de
la providencia se proyectan sobre su situación pensional y prestacional. Sin
embargo, tratándose de tutela contra providencia judicial, el término razonable se
cuenta, por regla general, desde la notificación o ejecutoria de la decisión que se
acusa de vulnerar los derechos fundamentales. Los efectos patrimoniales derivados
de una sentencia adversa no convierten, por sí solos, la controversia en una
vulneración permanente o de tracto sucesivo, pues ello permitiría reabrir
indefinidamente decisiones judiciales ejecutoriadas. En este caso, la parte actora
no acreditó una circunstancia excepcional, sobreviniente o insuperable que
justificara haber acudido al amparo casi cinco años después de conocer la sentencia
cuestionada.

52. Por no cumplirse con el requisito de inmediatez, esta Sala confirmará la decisión
de primera instancia que declaró improcedente la acción de amparo constitucional,
por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. R E S U E L V E

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el Departamento
del Tolima, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de abril de 2026, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la acción de tutela promovida por Graciela Vergara Monroy, por las
razones expuestas en esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

CUARTO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

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