República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-00839-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
9 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Nueve (9) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicados: 11001-03-15-000-2026-00839-01 (5575) [Principal]
11001-03-15-000-2026-00842-00 (1342) [Acumulado]
Accionantes: Jorge Armando Duque Arciniegas y Héctor Vladimir Espín Acosta
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y
Tribunal Administrativo del Tolima
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: improcedencia. Subtema 3: Inmediatez.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la sentencia del 9 de abril
de 2026, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.
1. Síntesis del caso
Los señores Jorge Armando Duque Arciniegas y Héctor Vladimir Espín Acosta, por
conducto de apoderada, presentaron acción de tutela con la pretensión de amparo
de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia a la igualdad, que consideraron vulnerados con ocasión de las sentencias
del 15 de diciembre de 2017 y 18 de marzo de 2021, proferidas por el Tribunal
Administrativo del Tolima y la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, respectivamente, dentro del expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado núm. 73001-23-33-000-2015-00387-01.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes
en el trámite constitucional, la Sala considera relevantes los siguientes hechos:
1
Radicados: 11001-03-15-000-2026-00839-01 (5575) [Principal]
11001-03-15-000-2026-00842-00 (1342) [Acumulado]
Accionantes: Jorge Armando Duque Arciniegas y otro
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado y otro
2. Los señores Jorge Armando Duque Arciniegas y Héctor Vladimir Espín Acosta
solicitaron al departamento del Tolima el reconocimiento de las diferencias
salariales y prestacionales correspondientes a los años 2012 a 2014, por sus
servicios como diputados de ese ente territorial en el periodo 2012-2015. Dicha
solicitud fue negada mediante oficios núm. 0420 y 0421 de 2015.
3. Los accionantes instauraron demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad de restablecimiento del derecho con el fin de que se dejara sin efectos los
oficios núm. 0420 y 0421 de 2015, que les negaron el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales causadas por la indebida categorización del departamento del
Tolima para las vigencias 2012 a 2014.
4. El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia del 15 de diciembre
de 2017, desestimó las pretensiones de la demanda al considerar que los actos
demandados no estaban viciados de nulidad, debido a que se fundamentaron en la
adecuada categorización del departamento del Tolima en las vigencias 2012 a 2014.
Contra esta providencia se presentó recurso de apelación.
5. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de
sentencia del 18 de marzo de 2021, confirmó la decisión de primera instancia.
6. La parte actora expuso que la Sección Primera del Consejo de Estado, en fallo
del 19 de abril de 2021, declaró la nulidad del Decreto 3035 de 2018, por medio del
cual se determinó la categoría del departamento del Tolima para la vigencia 2014.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
7. La parte actora solicitó en el escrito de tutela al juez constitucional la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia a la igualdad. Por otro lado, pidió1 lo siguiente:
2. Ordenar al Consejo de Estado analizar de fondo las irregularidades para 2012-
2013, declarando nulidad en su lugar se les orden inaplicar los Decretos 1420 de
2011, 1380 de 2012, por violación directa a lo establecido en el artículo primero de la
Ley 617 de 2000 restableciendo derechos salariales/prestacionales indexados.
3. En consecuencia, de lo anterior, ordenar al Departamento del Tolima el pago
inmediato de diferencias (8 SMLMV/mes 2012; 7 SMLMV/mes 2013 y 7 SMLMV/mes
vigencia 2014) más prestaciones, pago de las diferencias de seguridad social e
indexación de los anteriores factores2.
8. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante manifestó que la
providencia acusada incurrió en los defectos sustantivo y procedimental, porque
omitió analizar lo resuelto en las providencias del 19 de abril de 2021 3 y 31 de julio
1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00839-00, índice 2, certificado núm. 089E1E074293A207
37E55B5547E8BF0A BFD9D8D9073CAB5A A56C73F6D360DF6C. Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2026-
00842-00, índice 2, certificado 031DB60856CCFA6A 1957E0ABBC41CE69 E44DEE594EF88156
457D7C3FED22AE0C.
2 Se transcribe incluso con errores.
3 Exp. núm. 73001-23-33-000-2014-00206-01.
2
Radicados: 11001-03-15-000-2026-00839-01 (5575) [Principal]
11001-03-15-000-2026-00842-00 (1342) [Acumulado]
Accionantes: Jorge Armando Duque Arciniegas y otro
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado y otro
de 20254, proferidas por la Sección Primera y la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, respectivamente. Ello, en lo atinente a la
declaratoria de nulidad del Decreto 3035 de 2013 y la correcta ubicación del
departamento del Tolima en segunda categoría, dado que fueron derechos
«reconocidos a sus colegas».
9. Manifestó que la autoridad judicial accionada desconoció la interpretación más
favorable de los artículos 1 y 4 de la Ley 617 de 2000, en lo que respecta a los
requisitos para la categorización de las entidades territoriales. Finalmente, adujo
que el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la sentencia
del 31 de julio de 2025 debe considerarse como un nuevo hecho que habilita la
interposición de la acción de tutela.
2.3. Trámite procesal
10. El conocimiento del proceso identificado con radicado núm. 11001-03-15-000-
2026-00839-00 correspondió a la Sección Primera de esta corporación. En
consecuencia, el magistrado sustanciador, mediante auto del 9 de febrero de 20265,
admitió la solicitud de amparo; ordenó la notificación de la parte accionada y vinculó
al departamento del Tolima y al señor Héctor Vladimir Espín Acosta, en calidad de
terceros con interés.
11. A su turno, en el expediente con radicado núm. 11001-03-15-000-2026-00842-
00 y cuyo conocimiento también correspondió a la Sección Primera del Consejo de
Estado, el despacho ponente, a través de la providencia del 11 de febrero de 20266,
admitió la tutela, dispuso la notificación a la Subsección A de la Sección Segunda
de esta corporación y al Tribunal Administrativo del Tolima y vinculó, como terceros
interesados, a las partes e intervinientes del proceso ordinario. Posteriormente, por
auto del 10 de marzo de 2026, remitió el expediente para su eventual acumulación
al de radicado núm. 11001-03-15-000-2026-00839-00.
12. Mediante auto del 13 de marzo de 20267, el despacho ponente decretó la
acumulación de la solicitud de amparo identificada con el radicado núm. 11001-03-
15-000-2026-00842-00, al proceso de tutela núm. 11001-03-15-000-2026-00839-
00.
2.4. Intervenciones
13. El Tribunal Administrativo del Tolima8 solicitó que se declare la improcedencia
de la solicitud de amparo por no acreditar el requisito de inmediatez, ya que el escrito
fue interpuesto aproximadamente cincuenta y ocho meses después de proferida la
sentencia acusada.
4 Exp. núm. 73001-23-33-000-2017-00404-01.
5 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2026-00839-00, índice 4.
6 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2026-00842-00, índice 4.
7 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2026-00839-00, índice 21.
8 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2026-00839-00, índice 14.
3
Radicados: 11001-03-15-000-2026-00839-01 (5575) [Principal]
11001-03-15-000-2026-00842-00 (1342) [Acumulado]
Accionantes: Jorge Armando Duque Arciniegas y otro
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado y otro
14. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado9 manifestó que
la tutela debe declararse improcedente por cuanto no satisface el requisito de
inmediatez, dado que la sentencia atacada se notificó el 25 de abril de 2021 y la
solicitud de amparo se radicó más de cuatro años después. Además, expuso que
los accionantes no indicaron ningún motivo válido que justificara su inactividad en
para acudir al juez constitucional.
15. El departamento del Tolima10 se opuso a las pretensiones de amparo por cuanto
no existe la vulneración de derechos fundamentales invocada por la parte actora.
Manifestó que la entidad territorial no está legitimada en la causa material por pasiva
y solicitó su desvinculación del presente trámite.
2.5. Sentencia de primera instancia
16. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 9 de abril
de 202611, declaró improcedentes las solicitudes de amparo tutelas por no cumplir
con el requisito de inmediatez.
17. Al respecto, indicó que el la Subsección A de la Sección Segunda de esta
corporación profirió la sentencia cuestionada el 18 de marzo de 2021, la cual fue
notificada personalmente por correo electrónico el 26 de abril siguiente. No
obstante, las acciones de tutela fueron radicadas el 5 de febrero de 2026, esto es,
después de haber transcurrido más de 6 meses desde la comunicación de la
providencia.
18. Adicionalmente, expresó que los actores no argumentaron ni demostraron la
existencia de un hecho concreto que justifique la tardanza en la interposición de las
acciones constitucionales y que permita dar cuenta de la necesidad de flexibilizar la
inmediatez como requisito de procedencia de la tutela contra providencia judicial.
Aclaró que el término razonable de seis meses no puede contabilizarse desde la
sentencia del 31 de julio de 2025, toda vez que los tutelantes no hicieron parte del
proceso en el que se profirió dicha decisión.
2.6. Impugnación
19. La parte actora presentó impugnación12 contra la sentencia del Consejo de
Estado, Sección Primera, pues incurrió en un error al declarar improcedente la
acción de tutela y «calificar» la vulneración de derechos como un acto de ejecución
instantánea, lo cual desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la
flexibilización del requisito de inmediatez.
20. En este sentido, explicó que, contrario a lo expuesto en la providencia
impugnada, el término de inmediatez debe contabilizarse desde la ejecutoria de la
sentencia del 31 de julio de 2025 en razón a que generó una «ruptura de la igualdad
horizontal» al consolidar un trato preferente para otros diputados en idéntica
9 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2026-00839-00, índice 15.
10 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2026-00839-00, índice 19.
11 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2026-00839-00, índice 28.
12 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2026-00839-00, índice 32.
4
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11001-03-15-000-2026-00842-00 (1342) [Acumulado]
Accionantes: Jorge Armando Duque Arciniegas y otro
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado y otro
situación. De esa manera, al interponer la tutela en febrero de 2026, esto es, dentro
de los «siete meses» siguientes, se cumplió con el plazo razonable fijado por la
jurisprudencia.
21.Finalmente, señaló que la sentencia recurrida desconoce que la procedencia
excepcional de la tutela también opera cuando existe un nexo causal entre un hecho
nuevo y la vulneración invocada, o cuando la carga de acudir al juez resulta
desproporcionada ante una manifiesta injusticia material.
22. Con fundamento en lo anterior solicitó que se revoque el fallo de primera
instancia y, en su lugar, se acceda al amparo.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
23. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta contra la sentencia del 9 de abril de
2026, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.
3.2. Legitimación en la causa
24. La legitimación en la causa por activa de los señores Jorge Armando Duque
Arciniegas y Héctor Vladimir Espín Acosta está acreditada, por cuanto actuaron
como demandantes en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el
que fue expedida la sentencia que, a su juicio, desconoció sus derechos
fundamentales.
25. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del
Tolima, debido a que fueron las autoridades que profirieron las providencias objeto
de estudio.
3.3. Cuestión previa
3.3.1 La providencia objeto de estudio
26. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a
cuestionar las providencias proferidas por el Tribunal Administrativo del Tolima y por
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cierto es que los argumentos
que sustentan las pretensiones de la parte actora guardan unidad de materia y se
dirigen en similares términos frente a las dos decisiones cuestionadas.
27. En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la sentencia
expedida el 18 de marzo de 2021 por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, toda vez que esta decisión fue la que confirmó el fallo de primera
instancia y puso fin al trámite del proceso ordinario.
5
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Accionantes: Jorge Armando Duque Arciniegas y otro
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado y otro
3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
28. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado13 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura
de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional14.
29.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
(i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
(ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial «subsidiariedad»;
(iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado
«inmediatez»;
(iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
(v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
(vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
30. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 11 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
31. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de las siguientes causales o defectos: (i) orgánico;
(ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a
la autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución15.
3.5. Problema jurídico
32. La Sala debe determinar si confirma, revoca o modifica el fallo del 9 de abril de
2026 proferido por la Sección Primera de esta corporación. Para ello, habrá que
determinar si ¿la solicitud de amparo interpuesta contra la sentencia del 18 de
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
14 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
15 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
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marzo de 2021 supera los requisitos de procedibilidad de tutela contra providencia
judicial, en particular, el de inmediatez?
33. En caso afirmativo, continuará con el estudio de los demás requisitos de
procedibilidad y, si a ello hay lugar, emitirá una decisión de fondo.
3.5.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
34. El artículo 86 de la Carta Política establece que la acción de tutela se puede
presentar en cualquier momento y lugar, pues su finalidad es la protección inmediata
de los derechos fundamentales, también es cierto que se debe ejercer dentro de un
plazo razonable, según las condiciones de tiempo, modo y lugar del caso concreto,
para asegurar la protección oportuna del derecho vulnerado. De lo contrario, la
urgencia y la necesidad de intervención del juez de tutela quedarían desvirtuadas.
35. Por otra parte, cuando la solicitud de tutela se presenta en contra de una
providencia judicial, el requisito de inmediatez se traduce en una garantía de
seguridad jurídica y de los intereses de terceros, pues la sentencia que se cuestiona
previamente ha definido un litigio y una situación jurídica en particular.
36. Al respecto, se debe precisar que la Sala Plena del Consejo de Estado 16, explicó
que el término de inmediatez cobra mayor relevancia cuando el recurso de amparo
se dirige a cuestionar providencias judiciales, toda vez que se encuentran en juego
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, pues las decisiones judiciales
no pueden mantenerse en la incertidumbre indefinidamente, por lo que resulta
necesario establecer un plazo razonable para su interposición.
37. Por tanto, esta corporación, como regla general, consideró que, para que el
ejercicio de la acción de tutela se efectuara en un plazo razonable, se debía
interponer la solicitud de amparo dentro de los seis (6) meses siguientes a la
notificación o ejecutoria de la providencia reprochada, toda vez que a partir de esos
momentos procesales el sujeto puede tener conocimiento de la eventual afectación
que surge de una decisión judicial.
38. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha precisado que el requisito de
inmediatez se supera cuando «[…] la demanda de tutela se hubiere presentado en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que generó la presunta
vulneración»17.
3.6. Caso concreto
39. En el caso bajo estudio los señores Jorge Armando Duque Arciniegas y Héctor
Vladimir Espín Acosta pretenden que se deje sin efectos la sentencia del 18 de
marzo de 2021, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado núm. 73001-23-33-000-2015-00387-01.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia de 5 de agosto de 2014, radicado
No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
17 Corte Constitucional SU-055 de 2018, criterio reiterado en sentencia T-352 de 2022.
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Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado y otro
40. Pues bien, al examinar el referido expediente en el Sistema de Gestión Judicial,
(Samai), se advierte que la providencia objeto de tutela se notificó a las partes e
intervinientes el 26 de abril de 202118 y quedó ejecutoriada el 3 de mayo siguiente.
No obstante, los escritos de tutela fueron presentados por los accionantes en esta
corporación hasta el 5 de febrero de 202619, es decir, transcurridos más de 4 años,
de manera que superaron el plazo razonable para acudir ante el juez constitucional.
41. Ahora bien, los accionantes en el escrito de impugnación alegaron que la
sentencia de primera instancia no tuvo en cuenta que la vulneración de derechos
fundamentales se materializó con la sentencia del 31 de julio de 2025, debido a que
dicha decisión rompió la igualdad, al otorgar un trato favorable a otros diputados
que se encontraban en la misma situación fáctica y jurídica.
42. Al respecto, es pertinente precisar que, si bien la jurisprudencia constitucional
ha flexibilizado el requisito de inmediatez en materia de tutela contra providencia
judicial, lo cierto es que esta situación procede cuando existen circunstancias
debidamente acreditadas que justifican la demora para promover la solicitud de
amparo de forma oportuna.
43. Sobre el particular, la Corte Constitucional indicó que la acción de tutela será
procedente, en los siguientes eventos:
[…] i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física,
entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno
de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv) cuando se
demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho
que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación
desfavorable de la actora derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual
[…]20.
44. En el caso bajo estudio, la Sala no comparte el argumento expuesto por la parte
actora, por cuanto la tutela no está dirigida a controvertir la sentencia del 31 de julio
de 2025, en la cual se decidió un litigio en el que los accionantes no hicieron parte.
Aunado a lo anterior, el hecho de que en la referida providencia se haya resuelto un
caso de connotaciones similares al del fallo objeto de tutela, no constituye un
argumento válido que tenga la capacidad de flexibilizar el plazo que la jurisprudencia
ha fijado como razonable para acudir al juez constitucional.
45. En este orden, la Sala pone de presente que la parte actora, en los escritos de
tutela e impugnación, no acreditó la existencia de algún hecho concreto que le haya
impedido ejercer oportunamente este medio de defensa judicial, y que se convierta
en desproporcionada la exigencia del requisito de inmediatez. En consecuencia, no
18 Samai, exp. 73001-23-33-000-2015-00387-01, índice 18.
19 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00839-01, índice 1 y Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-00842-01,
índice 1.
20 Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de 2005, T-158
de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010. Dicho criterio fue reiterado en la
sentencia T-256 de 2015.
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Radicados: 11001-03-15-000-2026-00839-01 (5575) [Principal]
11001-03-15-000-2026-00842-00 (1342) [Acumulado]
Accionantes: Jorge Armando Duque Arciniegas y otro
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado y otro
se encuentra justificada la interposición tardía de la solicitud de amparo
constitucional.
4. Conclusión
46.Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia del 12 de marzo de
2026, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la solicitud de amparo por no superar el requisito de inmediatez.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Confirmar la sentencia del 9 de abril de 2026, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Ausente con excusa
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
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