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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00839-00

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00839-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Departamento del Tolima, conforme lo expuesto en precedencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTES las acciones de tutela de la referencia, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00839-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

9 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicados: 11001 03 15 000 2026 00839 00 acumulado 11001 0315
000 2026 00842 00
Accionantes: Jorge Armando Duque Arciniegas y Héctor Vladimir Espín
Acosta
Accionados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “A” y
Tribunal Administrativo del Tolima
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por incumplir el
requisito general de inmediatez

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide las acciones de tutela promovidas por los señores Jorge Armando Duque
Arciniegas y Héctor Vladimir Espín Acosta contra el Consejo de Estado – Sección
Segunda – Subsección “A” y el Tribunal Administrativo del Tolima, con ocasión de las
sentencias proferidas el 18 de marzo de 2021 y el 15 de diciembre de 2017,
respectivamente, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el radicado núm. 73001 23 33 000 2015 00387 00/01.

1. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. En la acción de tutela con radicación núm. 11001 03 15 000 2026 00839 00

El señor Jorge Armando Duque Arciniegas, actuando a través de apoderada, promovió
acción de tutela en contra de las precitadas providencias con el fin de que se amparen sus
derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, al debido
proceso, al trabajo digno y al mínimo vital y para ello formuló las siguientes pretensiones1:

1. Tutelar los derechos la igualdad, acceso a la administración de justicia, debido
proceso y demás que sean vulnerados y revocar la sentencia de 18 de marzo de
2021 dentro del medio de control 73001-23-33-000-2015-00387-01, en lo relativo
a vigencias 2012-2013 y amparar lo concedido en lo referente a la vigencia 2014.

2. Ordenar al Consejo de Estado analizar de fondo las irregularidades para 2012-
2013, declarando nulidad en su lugar se les orden inaplicar los Decretos 1420 de
2011, 1380 de 2012, por violación directa a lo establecido en el artículo primero
de la Ley 617 de 2000 restableciendo derechos salariales/prestacionales
indexados.

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 00839 00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicados: 11001 03 15 000 2026 00839 00
11001 03 15 000 2026 00842 00
Accionantes: Jorge Armando Duque Arciniegas
Héctor Vladimir Espín Acosta
Accionados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “A” y otro

3. En consecuencia, de lo anterior, ordenar al Departamento del Tolima el pago
inmediato de diferencias (8 SMLMV/mes 2012; 7 SMLMV/mes 2013 y 7
SMLMV/mes vigencia 2014) más prestaciones, pago de las diferencias de
seguridad social e indexación de los anteriores factores.

4. Que su defecto ordenar al Departamento del Tolima, al reconocimiento y pago
de las diferencias salariales, prestacionales por la vigencia 2014, con efectos
retrospectivos o retroactivos, conforme a la asignación salaria para diputados con
categoría 2 del Departamento del Tolima para la mentada vigencia 2014. (SIC a
toda la cita).

1.2. En la acción de tutela con radicación núm. 11001 03 15 000 2026 00842 00

El señor Héctor Vladimir Espín Acosta, actuando a través de apoderada, promovió acción
de tutela en contra de la precitada providencia con el fin de que se amparen sus derechos
fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, al debido proceso,
al trabajo digno y al mínimo vital y para ello formuló las siguientes pretensiones2:

1. Tutelar los derechos la igualdad, acceso a la administración de justicia, debido
proceso y demás que sean vulnerados y revocar la sentencia de 18 de marzo de
2021 dentro del medio de control 73001-23-33-000-2015-00387-01, en lo relativo
a vigencias 2012-2013 y amparar lo concedido en lo referente a la vigencia 2014.

2. Ordenar al Consejo de Estado analizar de fondo las irregularidades para 2012-
2013, declarando nulidad en su lugar se les orden inaplicar los Decretos 1420 de
2011, 1380 de 2012, por violación directa a lo establecido en el artículo primero
de la Ley 617 de 2000 restableciendo derechos salariales/prestacionales
indexados.

3. En consecuencia, de lo anterior, ordenar al Departamento del Tolima el pago
inmediato de diferencias (8 SMLMV/mes 2012; 7 SMLMV/mes 2013 y 7
SMLMV/mes vigencia 2014) más prestaciones, pago de las diferencias de
seguridad social e indexación de los anteriores factores.

4. Que su defecto ordenar al Departamento del Tolima, al reconocimiento y pago
de las diferencias salariales, prestacionales por la vigencia 2014, con efectos
retrospectivos o retroactivos, conforme a la asignación salaria para diputados con
categoría 2 del Departamento del Tolima para la mentada vigencia 2014. (SIC a
toda la cita)

2. SITUACIÓN FÁCTICA

2.1. En la acción de tutela con radicación núm. 11001 03 15 000 2026 00839 00

El accionante informó que fue diputado del Departamento del Tolima para el período 2012
al 2015 y que su remuneración dependía de la categorización presupuestal del
departamento, conforme a lo previsto en el artículo 28 de la Ley 617 de 2000, disposición
según la cual los diputados de departamentos de primera categoría perciben 26 salarios

2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 00842 00.

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Radicados: 11001 03 15 000 2026 00839 00
11001 03 15 000 2026 00842 00
Accionantes: Jorge Armando Duque Arciniegas
Héctor Vladimir Espín Acosta
Accionados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “A” y otro

mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), los de segunda categoría 25 SMLMV y
los de tercera o cuarta categoría 18 SMLMV por mes de sesiones.

Señaló que la Gobernación del Tolima expidió los Decretos 1420 del 27 de octubre de
2011, 1380 de octubre de 2012 y 3035 del 28 de octubre de 2013, mediante los cuales
clasificó al departamento en tercera categoría para las vigencias 2012, 2013 y 2014.

Explicó que, como consecuencia de dicha clasificación, su remuneración fue fijada en 18
SMLMV por mes de sesiones, suma que, a su juicio, resultaba inferior a la que
correspondía conforme a una adecuada categorización del ente territorial.

Indicó que solicitó ante la administración departamental el reconocimiento de las
diferencias salariales y prestacionales para las vigencias 2012, 2013 y 2014, petición que
fue negada mediante las Resoluciones 0420 y 0421 de 2015, razón por la cual, promovió
demanda a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el
fin que se declarara la nulidad de dichas resoluciones y, en consecuencia, se le pagaran
las diferencias dejadas de percibir por concepto de salarios adeudados, debidamente
indexados.

La demanda correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo del Tolima que,
mediante sentencia del 15 de diciembre de 2017 negó las pretensiones.

Inconforme con dicha decisión, interpuso recurso de apelación y la Subsección A,
Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de marzo de 2021,
por una parte, la confirmó, en el sentido de negar las pretensiones dirigidas al
reconocimiento y pago de las diferencias salariales para las vigencias 2012, 2013 y 2014,
y por otra, la adicionó, en el sentido de declarar la ocurrencia de la falta de agotamiento
de la vía administrativa a las pretensiones de reajuste salarial y prestacional del año 2015.

El accionante en el escrito de tutela expuso que, respecto de la vigencia 2014, existe una
sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado, proferida el 19 de abril de 2021,
dentro del radicado núm. 73001 2333 000 2014 00206 01, mediante la cual se anuló el
Decreto 3035 de 2013. Al respecto, anotó que en dicha providencia se concluyó que el
Departamento del Tolima debía clasificarse en segunda categoría y no en tercera, por
exceder el 55 % de gastos de funcionamiento en relación con los ICLD.

Agregó que, en un proceso promovido por otros diputados del Departamento del Tolima,
identificado con el radicado núm. 73001 2333 001 2017 00404 00, el Tribunal
Administrativo del Tolima, mediante sentencia del 9 de septiembre de 2021, accedió
parcialmente a las pretensiones y dispuso la reliquidación salarial y prestacional
correspondiente.

Manifestó que, posteriormente, en sentencia del 31 de julio de 2025, proferida dentro del
radicado núm. 73001 2333 000 2017 00404 01, la Sección Segunda del Consejo de
Estado reconoció que el Departamento del Tolima debía ser considerado de segunda
categoría para la vigencia 2014, lo que dio lugar al reconocimiento de diferencias
salariales y prestacionales a favor de los demandantes de ese proceso.

Por lo anterior, aseguró que “se le debe garantizar el derecho a la igualdad, derecho al
acceso a justicia y que a partir de los efectos de la sentencia traída a colación se garantice

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Radicados: 11001 03 15 000 2026 00839 00
11001 03 15 000 2026 00842 00
Accionantes: Jorge Armando Duque Arciniegas
Héctor Vladimir Espín Acosta
Accionados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “A” y otro

a mi poderdante lo derechos que le fueron reconocidos a sus colegas. Ya sea con efectos
retroactivos o retrospectivos”.

Frente a la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, anotó que su
solicitud de amparo cumple con el requisito general de inmediatez, debido a “la irrupción
de hechos nuevos (…) que alteran el panorama jurídico y rompen la cosa juzgada”,
situación que se la atribuye a la precitada sentencia del 2025 dictada por la Sección
Segunda de esta Corporación y al fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima
en el proceso identificado con el radiado núm. 73001 2333 001 2017 00404 00.

Finalmente, sostuvo que la providencia cuestionada vulneró sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, al trabajo digno
y al mínimo vital, al incurrir, en su criterio, en defecto sustantivo y procedimental, por
desconocer la interpretación que consideró más favorable del parágrafo 2° del artículo 1°
y del artículo 4° de la Ley 617 de 2000, así como por otorgar un tratamiento distinto frente
a otros exdiputados del mismo departamento que, según afirmó, se encontraban en una
situación fáctica y jurídica similar.

2.2. En la acción de tutela con radicación núm. 11001 03 15 000 2026 00842 00

El accionante informó que fue diputado del Departamento del Tolima para el período
2012-2015 y que su remuneración dependía de la categorización presupuestal del
departamento, conforme a lo previsto en el artículo 28 de la Ley 617 de 2000, disposición
según la cual los diputados de departamentos de primera categoría perciben 26 salarios
mínimos legales mensuales vigentes, los de segunda categoría 25 y los de tercera o
cuarta categoría 18 salarios mínimos por mes de sesiones.

Señaló que la Gobernación del Tolima expidió los Decretos 1420 del 27 de octubre de
2011, 1380 de octubre de 2012 y 3035 del 28 de octubre de 2013, mediante los cuales
clasificó al departamento en tercera categoría para las vigencias 2012, 2013 y 2014, lo
cual determinó que su remuneración fuera fijada en 18 salarios mínimos legales
mensuales vigentes por mes de sesiones, suma que, a su juicio, resultaba inferior a la
que correspondía conforme a una categorización adecuada del ente territorial.

Indicó que solicitó ante la administración departamental el reconocimiento de las
diferencias salariales y prestacionales derivadas de dicha situación, petición que fue
negada mediante las Resoluciones 0420 y 0421 de 2015, razón por la cual, promovió
demanda a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el
fin que se declarara la nulidad de dichas resoluciones y, en consecuencia, se le pagaran
las diferencias dejadas de percibir por concepto de salarios adeudados, debidamente
indexados.

La demanda correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo del Tolima que,
mediante sentencia del 15 de diciembre de 2017 negó las pretensiones.

Inconforme con dicha decisión, interpuso recurso de apelación y la Subsección A,
Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de marzo de 2021,
por una parte, la confirmó, en el sentido de negar las pretensiones dirigidas al
reconocimiento y pago de las diferencias salariales para las vigencias 2012, 2013 y 2014,
y por otra, la adicionó, en el sentido de declarar la ocurrencia de la falta de agotamiento
de la vía administrativa a las pretensiones de reajuste salarial y prestacional del año 2015.
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Radicados: 11001 03 15 000 2026 00839 00
11001 03 15 000 2026 00842 00
Accionantes: Jorge Armando Duque Arciniegas
Héctor Vladimir Espín Acosta
Accionados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “A” y otro

El accionante expuso que, respecto de la vigencia 2014, existe una sentencia de la
Sección Primera del Consejo de Estado proferida el 19 de abril de 2021, dentro del
radicado 73001 23 33 000 2014 00206 01, mediante la cual se anuló el Decreto 3035 de
2013. Al respecto anotó que en dicha providencia se concluyó que el Departamento del
Tolima debía clasificarse en segunda categoría y no en tercera, al haberse acreditado
que los gastos de funcionamiento excedían el límite permitido en relación con los ingresos
corrientes de libre destinación.

Manifestó igualmente que, en un proceso promovido por otros diputados del
Departamento del Tolima, identificado con el radicado 73001 23 33 001 2017 00404 00,
el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia del 9 de septiembre de 2021,
accedió parcialmente a las pretensiones y ordenó la reliquidación salarial y prestacional
correspondiente para las vigencias 2012, 2013 y 2014, aplicando el principio de
favorabilidad frente a las interpretaciones jurisprudenciales existentes sobre la materia.

Manifestó que, posteriormente, en sentencia del 31 de julio de 2025, proferida dentro del
radicado núm. 73001 2333 000 2017 00404 01, la Sección Segunda del Consejo de
Estado reconoció que el Departamento del Tolima debía ser considerado de segunda
categoría para la vigencia 2014, lo que dio lugar al reconocimiento de diferencias
salariales y prestacionales a favor de los demandantes de ese proceso.

Por lo anterior, aseguró que “se le debe garantizar el derecho a la igualdad, derecho al
acceso a justicia y que a partir de los efectos de la sentencia traída a colación se garantice
a mi poderdante lo derechos que le fueron reconocidos a sus colegas. Ya sea con efectos
retroactivos o retrospectivos”.

Frente a la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, anotó que su
solicitud de amparo cumple con el requisito general de inmediatez, debido a “la irrupción
de hechos nuevos (…) que alteran el panorama jurídico y rompen la cosa juzgada”,
situación que se la atribuye a la precitada sentencia del 2025 dictada por la Sección
Segunda de esta Corporación y al fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima
en el proceso identificado con el radiado núm. 73001 2333 001 2017 00404 00.

Finalmente, sostuvo que la providencia cuestionada vulneró sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, al trabajo digno
y al mínimo vital, al incurrir, en su criterio, en defecto sustantivo y procedimental, por
desconocer la interpretación que consideró más favorable del parágrafo 2° del artículo 1°
y del artículo 4° de la Ley 617 de 2000, así como por otorgar un tratamiento distinto frente
a otros exdiputados del mismo departamento que, según afirmó, se encontraban en una
situación fáctica y jurídica similar.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
A continuación, se describen las actuaciones más relevantes surtidas en cada uno de los
procesos acumulados:

3.1. En la acción de tutela con radicación núm. 11001 03 15 000 2026 00839 00

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Radicados: 11001 03 15 000 2026 00839 00
11001 03 15 000 2026 00842 00
Accionantes: Jorge Armando Duque Arciniegas
Héctor Vladimir Espín Acosta
Accionados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “A” y otro

3.1.1. La tutela fue radicada el 5 de febrero de 20263 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 9 de febrero de 20264 la admitió y dispuso notificar5 a la
Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado y al Tribunal Administrativo del
Tolima, como partes accionadas; así como vincular6 al señor Héctor Vladimir Espín
Acosta y al Departamento del Tolima, como terceros con interés directo en el resultado
del proceso.

De igual forma, se requirió a la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado
y al Tribunal Administrativo del Tolima, para que allegue copia digital o el hipervínculo de
consulta del expediente correspondiente al proceso identificado con el radicado núm.
73001 23 33 000 2015 00387 00/01, el cual fue remitido7.

3.1.2. La apoderada del accionante8 solicitó que se evaluara la posibilidad de acumular
la presente acción de tutela con otra interpuesta por el señor Héctor Vladimir Espín
Acosta, que cursa ante el Consejo de Estado bajo el radicado 11001 03 15 000 2026
00842 00, por cuanto ambas se dirigen contra las mismas providencias judiciales
proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 73001
23 33 000 2015 00387 00/01 y presentan identidad en los fundamentos fácticos y
jurídicos, así como en los cargos formulados.

3.1.3. El Tribunal Administrativo del Tolima manifestó9 que la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de marzo de 2021, confirmó la decisión
adoptada en primera instancia al considerar que para las vigencias 2012 y 2013 el
Departamento del Tolima excedió los límites de gastos de funcionamiento frente a los
ingresos corrientes de libre destinación, lo que impedía su clasificación en una categoría
superior, dado que la categorización territorial exige el cumplimiento concurrente de los
criterios previstos en la Ley 617 de 2000.

Asimismo, señaló que las providencias cuestionadas fueron adoptadas con fundamento
en el marco normativo y probatorio aplicable y en ejercicio de la autonomía judicial, sin
que se configurara vulneración de derechos fundamentales.

3.1.4. El consejero de Estado Luis Eduardo Mesa Nieves10 expuso que la demanda de
tutela debe declararse improcedente por incumplimiento del requisito de inmediatez, pues
dicha sentencia fue notificada a la parte actora el 26 de abril de 2021 y la acción
constitucional fue presentada más de cuatro años después, superando ampliamente el
término de seis meses que la jurisprudencia ha considerado razonable para interponer la

3 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 00839 00.
4 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 00839 00.
5 Esta orden se cumplió el 11 de febrero de 2026. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión

Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 00839 00.
6 Ibidem.
7 Visto en los índices 11 y 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.

11001 03 15 000 2026 00839 00.
8 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

0315 000 2026 00839 00.
9 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

0315 000 2026 00839 00.
10 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

0315 000 2026 00839 00.
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicados: 11001 03 15 000 2026 00839 00
11001 03 15 000 2026 00842 00
Accionantes: Jorge Armando Duque Arciniegas
Héctor Vladimir Espín Acosta
Accionados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “A” y otro

tutela contra providencias judiciales. Agregó que la parte actora no explicó las razones
de su inactividad ni acreditó circunstancias que justificaran la presentación tardía de la
acción.

3.1.5. La Gobernación del Tolima adujo que11 algunos de los hechos expuestos por el
accionante son ciertos, en particular los relacionados con su calidad de diputado y con
las decisiones judiciales adoptadas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho; sin embargo, sostuvo que varios de los restantes no corresponden propiamente
a hechos sino a interpretaciones jurídicas efectuadas por la apoderada del accionante.

Indicó que se opone a la prosperidad de las pretensiones de la acción de tutela, por
cuanto a su juicio no se ha vulnerado derecho fundamental alguno por acción u omisión
del Departamento del Tolima, y señaló que el accionante pretende el reconocimiento de
acreencias laborales sin que exista una orden judicial que obligue a la entidad territorial
a efectuar dicho pago.

Sostuvo, además, que el Departamento del Tolima carece de legitimación en la causa
por pasiva, en la medida en que la supuesta vulneración de derechos fundamentales se
atribuye a las decisiones judiciales adoptadas dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, y no a actuaciones de la entidad territorial. En
consecuencia, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela y que se disponga
la desvinculación del Departamento del Tolima del presente trámite.

3.1.6. El señor Héctor Vladimir Espín Acosta guardó silencio.

3.2. En la acción de tutela con radicación núm. 11001 03 15 000 2026 00842 00

3.2.1. La tutela fue radicada el 5 de febrero de 202612 y correspondió por reparto a esta
Sección en el Despacho del consejero Pablo Andrés Córdoba Acosta que, por auto del
11 de febrero de 202613 la admitió y dispuso notificar14 al Tribunal Administrativo del
Tolima y a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, como partes
accionadas; así como vincular15 al Departamento del Tolima y al señor Jorge Armando
Duque Arciniegas, como terceros con interés directo en el resultado del proceso.

3.2.2. El Tribunal Administrativo del Tolima16 sostuvo que las providencias cuestionadas
fueron proferidas con fundamento en el marco normativo y probatorio aplicable y en
ejercicio de la autonomía judicial, sin que se configurara vulneración de los derechos
fundamentales invocados. En ese sentido, solicitó declarar improcedente la acción de
tutela, en particular por incumplimiento del requisito de inmediatez.

11 Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

0315 000 2026 00839 00.
12 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 00842 00.
13 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 00842 00.
14 Esta orden se cumplió el 16 de febrero de 2026. Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la

Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 00842 00.
15 Ibidem.
16 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

0315 000 2026 00842 00.
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Radicados: 11001 03 15 000 2026 00839 00
11001 03 15 000 2026 00842 00
Accionantes: Jorge Armando Duque Arciniegas
Héctor Vladimir Espín Acosta
Accionados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “A” y otro

3.2.3. El consejero de Estado Luis Eduardo Mesa Nieves17 sostuvo que la acción de tutela
debía declararse improcedente por incumplimiento del requisito de inmediatez, toda vez
que la sentencia cuestionada fue proferida el 18 de marzo de 2021 y notificada el 26 de
abril de ese mismo año, mientras que la solicitud de amparo se presentó más de cuatro
años después, superando ampliamente el término razonable fijado por la jurisprudencia
para promover la tutela contra providencias judiciales.

3.2.4. La apoderada de la parte actora18 informó que el señor Jorge Armando Duque
Arciniegas interpuso una acción de tutela independiente contra las mismas providencias
judiciales cuestionadas en este proceso, la cual cursa ante el Consejo de Estado bajo el
radicado 11001 03 15 000 2026 00839 00. Señaló que ambas tutelas se dirigen contra
las sentencias proferidas el 15 de diciembre de 2017 por el Tribunal Administrativo del
Tolima y el 18 de marzo de 2021 por la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 73001 23 33 000 2015
00387 00/01, y que presentan identidad en los fundamentos fácticos y jurídicos. Por tal
razón, solicitó al despacho valorar la acumulación de ambas acciones de tutela.

3.2.5. La Gobernación del Tolima adujo19 la falta de legitimación en la causa por pasiva,
al considerar que la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por
el accionante se origina en las providencias judiciales cuestionadas y no en actuaciones
atribuibles a ese ente territorial. En ese sentido, sostuvo que no existe conducta u omisión
que permita endilgarle la vulneración alegada y solicitó su desvinculación del trámite de
tutela, así como declarar la improcedencia de las pretensiones dirigidas en su contra.

3.2.6. El señor Jorge Armando Duque Arciniegas guardó silencio.

3.2.7. Mediante auto de 10 de marzo de 202620, el consejero Pablo Andrés Córdoba
Acosta remitió a este despacho la acción de tutela para que se decidiera sobre su
eventual acumulación.

3.2.8. Por auto del 13 de marzo de 202621, notificado el 16 de marzo de 202622, el
despacho ponente resolvió “ACUMULAR la acción de tutela identificada con el radicado
núm. 11001 03 15 000 2026 00842 00 a la presente acción de tutela identificada con el
radicado núm. 11001 03 15 000 2026 00839 00”.

3.2.9. El expediente ingresó al despacho nuevamente el 25 de marzo de 2026 23.

17 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

0315 000 2026 00842 00.
18 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

0315 000 2026 00842 00.
19 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

0315 000 2026 00842 00.
20 Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

0315 000 2026 00842 00.
21 Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

0315 000 2026 00839 00.
22 Visto en el índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

0315 000 2026 00839 00.
23 Visto en el índice 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

0315 000 2026 00839 00.
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Accionantes: Jorge Armando Duque Arciniegas
Héctor Vladimir Espín Acosta
Accionados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “A” y otro

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 24 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,25 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202126, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201927, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.

4.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente:

4.2.1. Los señores Jorge Armando Duque Arciniegas y Héctor Vladimir Espín Acosta,
promovieron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del
Departamento del Tolima, con el fin que se declarara la nulidad de los actos
administrativos contenidos en las Resoluciones 0421 y 0420 de 2015, por las cuales se
les negó su solicitud de reconocimiento y pago de las diferencias salariales y
prestacionales generadas por el proceso de categorización del departamento desde el
2012 al 2014.

4.2.2. La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del Tolima que,
mediante sentencia del 15 de diciembre de 2017, negó las pretensiones.

4.2.3. Inconformes con dicha decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación y la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 18 de marzo de 2021, notificada el 26 de abril de 2021, dispuso lo siguiente:

PRIMERO.- SE CONFIRMA la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
del Tolima el 15 de diciembre de 2017, que denegó las pretensiones, en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por los señores
Jorge Armando Duque Arciniegas y Héctor Vladimir Espín Acosta contra el
departamento del Tolima.

SEGUNDO.- Se adiciona la sentencia señalada en el numeral anterior en el
sentido de declarar la ocurrencia de la falta de agotamiento de la vía administrativa
frente a las pretensiones de reajuste salarial y prestacional del año 2015.

TERCERO. Sin condena en costas de acuerdo con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

24 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
25 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece

las reglas de reparto de la acción de tutela.
26 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
27 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
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4.3. CUESTIONES PREVIAS

En relación con la solicitud de desvinculación presentada por el Departamento del Tolima,
se advierte que dicha petición no es procedente, comoquiera que dicha entidad territorial
fue vinculada al presente trámite tutelar por tener interés en el resultado del proceso,
atendiendo a que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, objeto del
presente trámite constitucional, fue promovida en su contra.

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.

Frente a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, se tiene lo siguiente:

La jurisprudencia constitucional ha considerado que, dado que la finalidad de la tutela es
la protección urgente e inmediata de los derechos fundamentales, ésta debe formularse
en un plazo razonable contado a partir del hecho que originó la amenaza o vulneración,
pues aceptar lo contrario desvirtuaría su carácter excepcional, en especial cuando se
invoca la protección de derechos como la dignidad humana, el mínimo vital, el acceso a
la administración de justicia, la tutela judicial efectiva y la defensa técnica.

En este sentido, en la sentencia SU-354 de 2017, la Corte Constitucional destacó que la
importancia de exigir un término razonable entre la notificación de la providencia que se
controvierte y la interposición de la acción de tutela, radica en que dicho requisito: “(…)
(i) garantiza una protección urgente de los derechos fundamentales presuntamente
amenazados o vulnerados; (ii) evita una lesión desproporcionada a atribuciones jurídicas
de terceros; (iii) resguarda la seguridad jurídica; y (iv) desestima las solicitudes
negligentes (…)”.

La citada Corporación estableció dos eventos en los que es posible valorar la
admisibilidad de una acción de tutela presentada luego de que hubiese transcurrido un
largo período respecto de la vulneración o amenaza de derechos: (i) cuando se
demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho
que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la
situación es continua y actual; y (ii) cuando la especial situación de aquella persona a
quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, hace desproporcionado el hecho
de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo, el estado de indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros 28.

La razonabilidad del plazo debe ser valorada en cada caso concreto, teniendo en cuenta,
entre otros, los siguientes criterios: (i) si existe un motivo válido para la inactividad del
accionante; (ii) si la inactividad injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados, y (iv) si el

28 Sentencia T-584 de 2011.

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fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de
los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha
de interposición29.

De manera similar, la Corte Constitucional, en la sentencia SU - 069 del 21 de junio de
2018, explicó lo siguiente:

[…] la tutela debe interponerse dentro de un término oportuno y razonable, es
decir, en un momento cercano a aquel en que se presentó la vulneración o
amenaza. No obstante, también ha considerado que en los eventos donde la
afectación permanece en el tiempo el requisito debe flexibilizarse no solo porque
la posición desfavorable es continua y actual, sino por la situación de debilidad en
que puede hallarse el accionante […].

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia del
5 de agosto de 2014, unificó su jurisprudencia30 y, en cuanto al requisito de inmediatez,
estableció que “(…) la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses,
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para
determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente
(…)”. (Negrillas del texto).

Así entonces, en los casos que se controvierten providencias judiciales, por regla general,
la acción se debe interponer dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de
la providencia que se cuestiona, teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional,
los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y
extraordinarios y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y
estabilidad, plazo que deberá ser analizado en cada caso particular, tomando en
consideración las circunstancias especiales de modo, tiempo y lugar en que se encuentre
el accionante.

En el asunto bajo examen, los accionantes cuestionan la sentencia proferida el 18 de
marzo de 2021 por la Sección Segunda del Consejo de Estado, que confirmó la dictada
el 15 de diciembre de 2017 por el Tribunal Administrativo del Tolima en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 73001 23 33 000
2015 00387 01.

En ese sentido, y, comoquiera que la providencia del 18 de marzo de 2021 fue notificada
el 26 de abril de 202131 al correo electrónico de la apoderada, y las presentes acciones
de tutela fueron radicadas el 5 de febrero de 202632, se desprende que la solicitud de
amparo no cumple con el requisito de la inmediatez, dado que fue promovida luego de
transcurridos más de seis meses de notificada la providencia cuestionada.

Ahora bien, los accionantes alegan la ocurrencia de nuevos hechos para la procedencia
de las acciones de tutela en cuestión, los cuales se los atribuyen a la sentencia del 31 de
julio de 2025 dictada por la Subsección A, Sección Segunda de esta Corporación, que

29 Sentencias T-648 de 2003, T-322 de 2008, T-581 de 2012, entre otras.
30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014.

M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Rad.:11001 03 15 000 2012 02201 01.
31 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 73001

2333 000 2015 00387 01.
32 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 00839 00.
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Accionantes: Jorge Armando Duque Arciniegas
Héctor Vladimir Espín Acosta
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revocó parcialmente la proferida el 9 de septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo
del Tolima, en el proceso identificado con el radiado núm. 73001 2333 001 2017 00404
00/01. Sin embargo, dicha situación no encuadra en ninguna de las opciones que ha
planteado la Corte Constitucional para flexibilizar el requisito de inmediatez, comoquiera
que los accionantes no alegaron, ni acreditaron, que se encuentren en una situación de
vulnerabilidad o estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, o
incapacidad física.

Adicionalmente, tampoco se cumple con el otro requisito que implica que la vulneración
sea permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó por primera vez
es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación es continua y actual;
ello, comoquiera que el hecho que la parte actora alega como vulnerador de sus derechos
fundamentales es la expedición de las sentencias acusadas, lo cual ocurre en un solo
acto.

Por último, no sobra advertir que, en todo caso, el término de la inmediatez no se puede
contar desde la precitada sentencia de julio de 2025, comoquiera que los hoy accionantes
no hicieron parte de dicho proceso.

Conforme lo anterior, y sin ser necesario descender en otras consideraciones, la Sala
declarará improcedente las acciones de tutela por cuanto no cumplen con el requisito
general de inmediatez.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Departamento del
Tolima, conforme lo expuesto en precedencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTES las acciones de tutela de la referencia, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 9 de
abril de 2026.

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Accionantes: Jorge Armando Duque Arciniegas
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PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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