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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01012-00

Fecha
15 de mayo de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01012-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la señora María Stella Vásquez Baracaldo, por conducto de apoderada, contra el Tribunal Administrativo del Tolima y la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: De no ser impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-01012-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

15 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., quince (15) de mayo de dos mil veintiséis (2026).

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01012-00
Accionante: MARÍA STELLA VÁSQUEZ BARACALDO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN A Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas y justas y al
mínimo vital / PROCESO DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO –
Reliquidación de salarios y prestaciones sociales por categorización de ente territorial /
REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Se acudió a la acción de tutela con
el propósito de reabrir la discusión definida en el proceso ordinario – Se plantea un debate
de contenido económico.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela1 instaurada
por la señora María Stella Vásquez Baracaldo, por conducto de apoderada, de
conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política, en el
artículo 29 del Decreto 2591 de 1991 y en el Decreto 333 de 2021.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 11 de febrero de 2026, la parte accionante presentó acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Tolima y la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al trabajo en
condiciones dignas y justas y al mínimo vital.

Hechos relevantes

2. Los señores Jairo Enrique Forero Carvajal, María Stella Vásquez Baracaldo y
José Asmidier Salinas Orjuela presentaron demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el departamento del Tolima,
con el fin de obtener la nulidad de los Decretos núms. 1420 de 2011, 1380 de 2012
y 3035 de 2013, por medio de los cuales se clasificó al ente territorial en segunda y
tercera categoría durante los años 2012, 2013 y 2014.

1 Que ingresó al despacho para fallo el 5 de mayo de 2026.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01012-00
Accionante: María Stella Vásquez Baracaldo
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

3. A título de restablecimiento del derecho, los actores solicitaron que se ordenara
al departamento demandado a pagar las diferencias surgidas con ocasión de la
correcta clasificación, por concepto de salarios, auxilio de cesantías, intereses sobre
cesantías, vacaciones, primas de servicios y de Navidad y los aportes a seguridad
social; así como la sanción prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la
indexación del valor de la condena; y que se condenara en costas al ente territorial
accionado.

4. De manera subsidiaria pidieron que se declarara la nulidad del Oficio núm. 613
del 22 de marzo de 2017, a través del cual se les negó el reconocimiento de las
diferencias salariales de los años 2012, 2013 y 2014 e igual restablecimiento del
derecho.

5. El asunto correspondió al Tribunal Administrativo del Tolima que, por medio de
sentencia del 9 de septiembre de 2021, accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda y ordenó “reconocer y pagar el reajuste de la remuneración de los
demandantes durante los años 2012 a 2014, teniendo en cuenta la asignación
prevista para los diputados de las asambleas departamentales correspondiente a la
categoría segunda equivalente a 25 SMLM”. Adicional a ello, ordenó pagar la
diferencia de los demás emolumentos percibidos por aquellos durante los años 2012
a 2014, así como las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones.

6. Como fundamento de su decisión, el a quo consideró que en el asunto bajo
estudio estaba acreditado que la cantidad de habitantes y los ingresos corrientes de
libre destinación de la entidad territorial para los años 2012 a 2014 ubicaba al
departamento en la primera categoría. No obstante, como se destinaron unos
gastos de funcionamiento superiores al tope, era del caso clasificarlo en la categoría
inmediatamente inferior, al tenor de lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 1.° de
la Ley 617 de 2000. Además, con base en ello, procedía reconocer la remuneración
de los demandantes teniendo en cuenta la asignación establecida para las
asambleas departamentales de segunda categoría.

7. El departamento del Tolima presentó apelación contra la decisión precitada,
recurso que fue resuelto por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado que, por medio de sentencia del 31 de julio de 2025, resolvió:

“PRIMERO. REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia expedida el 9 de
septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Tolima, en cuanto
ordenó reconocer y pagar el reajuste de la remuneración a favor de los
demandantes durante los años 2012 a 2013, teniendo en cuenta la
asignación prevista para los diputados de las asambleas departamentales
correspondiente a la categoría segunda equivalente a 25 SMLMV. En su
lugar,

NEGAR LAS PRETENSIONES de la demanda toda vez que el
departamento del Tolima fue válidamente clasificado como de tercera
categoría durante las vigencias 2012 a 2013, y la remuneración
reconocida a los demandantes se ajustó al límite previsto en el artículo 28
de la Ley 617 de 2000.

SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia en lo demás, esto es, respecto del
reconocimiento de los haberes salariales y prestacionales correspondientes
al año 2014, con fundamento en la nulidad del Decreto 3035 de 2013.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01012-00
Accionante: María Stella Vásquez Baracaldo
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

TERCERO. Abstenerse de condenar costas en segunda instancia.

CUARTO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones
correspondientes y devolver el expediente al Tribunal de origen”2.

8. El ad quem sostuvo que el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 617 de 2000
estableció que cuando en un departamento los gastos de funcionamiento son
superiores a los porcentajes que establece el artículo 4.º de la misma disposición,
se le sancionaba reclasificándolo en la categoría inmediatamente inferior. Por esta
razón, si bien el departamento del Tolima, de acuerdo con las variables de población
e ingresos corrientes de libre destinación, podría ser clasificado como de primera
categoría, esto no era factible porque sus gastos de funcionamiento fueron
superiores al 60% para las anualidades certificadas. Así, al no ubicarse el ente
territorial en una categoría superior a la tercera, no era posible reconocer las
diferencias pretendidas por los accionantes.

9. Por otro lado, en lo que respecta al reconocimiento de los haberes salariales y
prestacionales del año 2014, que fue ordenado a favor de los demandantes en la
sentencia de primera instancia, la Subsección A de la Sección Segunda de esta
Corporación mantuvo tal decisión, bajo el entendido de que el sustento del Tribunal
para acceder a las pretensiones respecto de ese año fue la inaplicación del Decreto
3035 de 2013, que clasificó al departamento del Tolima en la tercera categoría, y
“para ello acogió como propias las consideraciones tenidas en cuenta por la Sección
Primera del Consejo de Estado en la sentencia que declaró la nulidad del
mencionado decreto y en la cual se concluyó que para el año 2014 la clasificación
debió establecerse en la segunda y no en la tercera categoría”3.

Pretensiones

10. En el presente proceso de tutela, la parte accionante solicita lo siguiente (se
transcribe textualmente):

“1. Tutelar los derechos a la igualdad, acceso a la administración de justicia,
debido proceso y demás vulnerados, revocando parcialmente la sentencia
de 31 de julio de 2025 (rad. 73001-23-33-000-2017-00404-01 (0812-2022))
en lo relativo a vigencias 2012-2013, amparando lo concedido para 2014.

2. Ordenar al Consejo de Estado analizar de fondo las irregularidades para
2012-2013, declarando nulidad en su lugar se les orden inaplicar (sic) los
Decretos 1420 de 2011, 1380 de 2012, por violación directa a lo establecido
en el artículo primero de la Ley 617 de 2000 restableciendo derechos
salariales/prestacionales indexados.

3. En consecuencia, de lo anterior, ordenar al Departamento del Tolima el
pago inmediato de diferencias (8 SMLMV/mes 2012; 7 SMLMV/mes 2013 y
7 SMLMV/mes vigencia 2014) más prestaciones, pago de las diferencias de
seguridad social e indexación de los anteriores factores.

2 Folio 10 de la sentencia del 31 de julio de 2025.
3 Folio 9 ibid.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01012-00
Accionante: María Stella Vásquez Baracaldo
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

4. Subsidiariamente, ordenar al Departamento del Tolima el reconocimiento
y pago de diferencias salariales/prestacionales por 2014 con efectos
retrospectivos a 2012-2013, conforme a categoría segunda”4.

Fundamentos de la demanda de tutela

11. La parte accionante sostiene que las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en un defecto sustantivo por la indebida interpretación del parágrafo 2
del artículo 1.° y del artículo 4.° de la Ley 617 de 2000. Aduce que, para efectos de
la reliquidación de salarios y prestaciones sociales por categorización de ente
territorial, existen dos posturas distintas respecto de la aplicación de dicha norma:
la primera, contenida en el precedente fijado en la sentencia del 30 de abril de 2020,
dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso con
radicado núm. 73001-23-33-000-2017-00405-01; y la segunda, fijada en la
sentencia del 19 de abril de 2021, proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado dentro del proceso radicado núm. 73001-23-33-000-2014-00206-01.

12. Manifiesta que la postura más favorable es la establecida en la providencia
esgrimida por la Sección Primera del Consejo de Estado “que anuló el Decreto
3035/2013, confirmando que el Departamento del Tolima debió clasificarse en
segunda categoría, no tercera, por exceder el 55% de gastos de funcionamiento en
relación con ICLD (66.42% real), lo que obligaba a reclasificar inmediatamente
inferior a la provisional (primera). Esta decisión invocó el principio de legalidad
(art. 6 C.P.) y el debido proceso administrativo, como se detalla en el fallo: los gastos
de funcionamiento no son un criterio autónomo, sino un condicionante que
implica reclasificación inmediata a la inferior, no un salto arbitrario a tercera”5.

13. De esta manera, indica que la decisión de la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado ignoró el principio de favorabilidad, pues se
negaron derechos laborales para las vigencias 2012 y 2013, mientras que para
2014, con base en idénticos presupuestos fácticos y jurídicos, se reconocieron. Así,
por dicho supuesto, también señala que, con la expedición de la sentencia de
segunda instancia del 31 de julio de 2025, se configuró un desconocimiento del
precedente jurisprudencial.

Trámite procesal

14. Por medio de auto del 13 de febrero de 2026 6, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó
notificar al Tribunal Administrativo del Tolima, a la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, al departamento del Tolima y a los señores José
Asmidier Salinas Orjuela y Jairo Enrique Forero Carvajal, para que ejercieran su
derecho de defensa. De igual modo, se ordenó la vinculación de la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado.

4 Folio 12 del escrito de tutela.
5 Folio 2 ibid.
6 Véase índice 4 de Samai.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01012-00
Accionante: María Stella Vásquez Baracaldo
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

15. Posteriormente, a través de auto del 27 de marzo de 2026 7, el consejero
sustanciador perteneciente a la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación ordenó:

“Remitir el expediente de la referencia, de manera inmediata, al despacho
del consejero Fernando Alexei Pardo Flórez, para que decida acerca de una
eventual acumulación al expediente con radicado
11001031500020260098800 […]”.

16. Lo anterior, al considerar que existía similitud fáctica y jurídica con la solicitud
de amparo que el señor José Asmidier Salinas Orjuela presentó contra el Tribunal
Administrativo del Tolima y la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, y que fue decidida, en primera instancia, por este órgano judicial por
conducto de la Subsección A de la Sección Tercera, con sentencia del 13 de marzo
de 2026.

17. El 20 de abril siguiente8, el expediente ingresó a este despacho para lo de su
cargo.

18. Mediante auto del 23 de abril de 20269, el magistrado sustanciador se pronunció
frente a la solicitud de acumulación y resolvió:

“[…] PRIMERO: ABSTENERSE de acumular el proceso radicado núm.
11001-03-15-000-2026-01012-00 al expediente núm. 11001-03-15-000-
2026-00988-00, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: AVOCAR CONOCIMIENTO, en el estado en que se encuentra,
del proceso radicado núm. 11001-03-15-000-2026-01012-00, por guardar
identidad de objeto, parte pasiva y causa con la acción de tutela que se
sustanció, en primera instancia, en este despacho con el radicado núm.
11001-03-15-000-2026-00988-00, de conformidad con lo establecido en el
Decreto 1834 de 2015.

TERCERO: MANTENER incólumes las órdenes impartidas en el auto
admisorio del 13 de febrero de 2026 proferido en el proceso radicado núm.
11001-03-15-000-2026-01012-00 y lo surtido con ocasión de él. […]”.

19. La decisión se fundamentó en que “lo jurídicamente factible consiste en avocar
el conocimiento del expediente remitido en el estado en que se encuentra y que
continúe su trámite de manera separada, es decir, sin afectar el curso procesal del
expediente radicado núm. 11001-03-15-000-2026-00988-00. Efectivamente, el
artículo 2.2.3.1.3.1 del Decreto 1069 de 2015, adicionado por el Decreto 1834 de
2015, dispone que las acciones con identidad de causa, objeto y parte pasiva deben
remitirse al despacho que hubiere avocado primero su conocimiento, incluso
después del fallo de instancia”10.

7 Véase índice 21 de Samai.
8 Véase índice 27 de Samai.
9 Véase índice 28 de Samai.
10 Folio 4. Archivo “034Autoqueavoca_120260101200AVOCACON”.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01012-00
Accionante: María Stella Vásquez Baracaldo
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

20. En cumplimiento de la orden precitada, el 5 de mayo de 2026 11, por conducto
de la Secretaría General de esta Corporación, el expediente ingresó nuevamente a
despacho para proferir sentencia de primera instancia.

Intervenciones

21. El magistrado Juan Camilo Morales Trujillo, en calidad de ponente de la decisión
del 31 de julio de 2025, dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, sostuvo que no ha incurrido en un desconocimiento del
precedente, puesto que la decisión contenida en sentencia enjuiciada reproduce la
tesis pacífica establecida por dicha Subsección para resolver asuntos similares;
inclusive precisó que la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación
también ha acogido la misma interpretación.

22. Indicó que la recategorización de los entes territoriales no puede examinarse de
forma aislada, sino dentro del contexto señalado en el artículo 4° de la Ley 617 de
2000, el cual fijó los límites de los gastos de funcionamiento según la categoría. Por
lo tanto, como el sub examine tales topes fueron excedidos en las dos primeras
categorías, el departamento debía ubicarse en la tercera categoría, tal como lo
estableció el gobernador del Tolima en los Decretos 1420 de 2011, 1380 de 2012 y
3035 de 2013.

23. Señaló que, si bien basándose en los criterios de población e ingresos de libre
destinación el departamento del Tolima podría clasificarse en primera categoría, lo
cierto es que en los años 2012 y 2013 sus gastos de funcionamiento fueron
superiores al 60%, por lo que correspondía ubicarlo en tercera categoría. Adujo que
lo anterior fue estudiado en el marco del planteamiento del recurso, de manera que,
al haber prosperado en forma parcial uno de los reparos, ello conllevaba la
revocatoria parcial de la sentencia de primera instancia pues esta había reconocido
el derecho frente a los mencionados años.

24. Así, expuso que en la providencia se dejó clara la razón por la cual se
descartaba la tesis sobre la cual la accionante fundamenta su inconformidad. En tal
sentido, explicó que la Sección Primera del Consejo de Estado ha interpretado la
norma en distinto sentido al “indicar que la aludida sanción por gastos de
funcionamiento solo opera para disminuir la categoría”12; sin embargo, la
Subsección A ha considerado que la reclasificación prevista en el parágrafo 2 del
artículo 1° de la Ley 617 de 2000 debe ajustarse a los límites del artículo 4° ibidem.

25. En consideración a lo anterior, advirtió que los argumentos de la actora
pretenden reabrir el debate que fue resuelto en la decisión de segunda instancia,
únicamente porque no está de acuerdo con los razonamientos contenidos en ella y
considera que la controversia debió resolverse dentro de los parámetros que él
expone, circunstancia para la cual no está previsto el mecanismo constitucional
empleado y, por ende, solicitó declararlo improcedente.

11 Véase índice 36 de Samai.
12 Folio 2. Archivo “017CONTESTACIONDE_TRAMITE_Respuestaacciondetut”.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01012-00
Accionante: María Stella Vásquez Baracaldo
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

26. La Secretaría del Tribunal Administrativo del Tolima remitió el enlace de
acceso al expediente contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho radicado núm. 73001-23-33-000-2017-00404-00.

27. La Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado envió el enlace
de acceso al expediente contentivo del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado núm. 73001-23-33-000-2017-00404-01.

28. Pese a ser notificadas en debida forma, las demás partes guardaron silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

29. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

30. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder ¿si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad? De resultar afirmativo el anterior
interrogante, se resolverá ¿si el Tribunal Administrativo del Tolima y la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con la expedición de las
providencias del 9 de septiembre de 2021 y del 31 de julio de 2025,
respectivamente, incurrieron en un defecto sustantivo y un desconocimiento del
precedente y, por consiguiente, en la vulneración de derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al trabajo en
condiciones dignas y justas y al mínimo vital de la parte accionante?

31. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) el cumplimiento
del requisito de relevancia constitucional y (iii) el caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

32. Conforme el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de 200513,
reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor
satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis
causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.

33. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela

13 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01012-00
Accionante: María Stella Vásquez Baracaldo
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

debe verificar14: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela15, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional16 o el Consejo de Estado17,
ni una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP18; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara, detallada y comprensible
los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que,
si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable19 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

Del requisito de relevancia constitucional

34. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.

35. La Corte Constitucional indicó20 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.

36. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en los

14 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
15 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
17 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
18 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
19 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
20 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.

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Accionante: María Stella Vásquez Baracaldo
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

eventos en que se pretende reabrir el debate21, a saber: (i) la discusión debe recaer
sobre un asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.

37. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia22.

Caso concreto

38. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto se incumple con el requisito general de procedibilidad
de relevancia constitucional, tal como decidió en casos similares que se señalaron
en los antecedentes.

39. Revisada integralmente la demanda de tutela, se advierte que la parte
accionante pretende reabrir el debate jurídico en torno a cuestiones que ya fueron
examinadas y resueltas por el juez natural en ambas instancias del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho. En efecto, el escrito no introduce cargos
nuevos de relevancia constitucional ni plantea la configuración de un defecto
específico en la providencia cuestionada, sino que insiste en la revisión de asuntos
probatorios, interpretativos del marco jurídico y argumentativos que fueron objeto
de valoración y decisión dentro del trámite ordinario.

40. En el caso concreto, la autoridad judicial accionada encontró que las
certificaciones aportadas al expediente evidenciaban que los gastos de
funcionamiento del departamento del Tolima para los años 2010, 2011 y 2012
representaron el 63,52%, 62,55% y 66,42% de sus ingresos corrientes de libre
destinación, respectivamente. Tales porcentajes superaban los límites previstos
para las categorías primera y segunda, fijados en el 55% y el 60%, circunstancia
que incidía de manera directa en la determinación de la categoría que debía
asignarse al ente territorial.

41. En ese orden de ideas, esta Corporación encontró que, si bien las variables de
población e ingresos corrientes de libre destinación podrían permitir la clasificación
del departamento del Tolima en una categoría superior, lo cierto era que el exceso
en los gastos de funcionamiento impedía ubicarlo dentro de las categorías primera
o segunda. En consecuencia, la aplicación conjunta de los criterios previstos en la

21 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
22 Corte Constitucional, sentencia SU-134 de 2022.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01012-00
Accionante: María Stella Vásquez Baracaldo
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Ley 617 de 2000 conducía a concluir que la entidad territorial debía ser clasificada
en la tercera categoría.

42. Frente a este aspecto, la decisión enjuiciada reconoció que la Sección Primera
del Consejo de Estado, en procesos de simple nulidad en los que se cuestionó la
legalidad de decretos de categorización departamental, había adoptado una
interpretación según la cual la sanción prevista en el parágrafo 2.º del artículo 1.º de
la Ley 617 de 2000 operaba únicamente para disminuir una categoría. Sin embargo,
también advirtió que, en asuntos análogos, se dispuso que la aplicación de dicha
sanción debía armonizarse con los límites previstos en el artículo 4.º de la misma
ley.

43. Lo anterior, por cuanto la mencionada disposición no podía interpretarse de
manera aislada, sino en conjunto con el régimen de límites fiscales que la propia
Ley 617 de 2000 estableció para asegurar la sostenibilidad financiera de las
entidades territoriales. Así, expuso la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado que cuando los gastos de funcionamiento superaban los topes
previstos para determinadas categorías, la reclasificación debía efectuarse de
manera tal que la categoría asignada resultara compatible con los porcentajes
máximos permitidos por la ley. Bajo este entendimiento, dado que los gastos de
funcionamiento del Departamento del Tolima superaron los límites establecidos
tanto para la primera como para la segunda categoría, se encontró que la
clasificación en tercera categoría dispuesta por el gobernador mediante los
Decretos 1420 de 2011, 1380 de 2012 y 3035 de 2013 se ajustaba a los parámetros
legales aplicables.

44. Asimismo, la demandante sustenta la supuesta vulneración de sus derechos
fundamentales en la interpretación adoptada por la Sección Segunda de esta
Corporación respecto de los artículos 1.°, parágrafo segundo, y 4.° de la Ley 617 de
2000, la cual, a su juicio, difiere del criterio fijado por la Sección Primera del Consejo
de Estado en la sentencia del 19 de abril de 2021 que declaró la nulidad del Decreto
3035 de 2013, mediante el cual se categorizó al departamento del Tolima para la
vigencia 2014. No obstante, la Sala advierte que ambas decisiones obedecen a
estudios distintos, pues mientras la providencia cuestionada analizó la legalidad de
un acto particular que negó al accionante el reconocimiento de emolumentos
salariales y prestacionales, la sentencia de 2021 examinó un decreto de carácter
general. En consecuencia, se trata de providencias dictadas en medios de control
diferentes y ninguna constituye precedente en los términos planteados por la actora.

45. En efecto, aunque la Sección Primera declaró la nulidad del Decreto 3035 de
2013 al considerar que la categorización presupuestal de los departamentos
depende de los criterios previstos en el artículo 1.° de la Ley 617 de 2000, es decir,
población e ingresos corrientes de libre destinación, y que los gastos de
funcionamiento operan como condicionante para no perder la categoría
correspondiente, la sentencia cuestionada adoptó una interpretación según la cual
la reclasificación prevista en el parágrafo 2 del artículo 1.° de la misma ley debe
armonizarse con los límites establecidos en su artículo 4.°. Así, al haberse superado
los topes de gastos de funcionamiento para las categorías primera y segunda, el
ente territorial debía clasificarse en la tercera.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01012-00
Accionante: María Stella Vásquez Baracaldo
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

46. De este modo, la interpretación de la Sección Primera se fijó en un juicio de
simple nulidad, mientras que la decisión reprochada se adoptó en uno de nulidad y
restablecimiento del derecho de carácter laboral, razón por la cual el principio de
favorabilidad no resulta aplicable ni corresponde al juez de tutela definir cuál de los
dos criterios debe prevalecer; máxime cuando la autoridad judicial demandada sí
tuvo en cuenta la sentencia de 2021 para reconocer los haberes correspondientes
al año 2014, sin que ello implicara extender dicho análisis a las vigencias 2012 y
2013.

47. En este contexto, para la Sala, la tutela ejercida por la parte accionante busca
prolongar el debate ante el juez natural, como si se tratara de un recurso ordinario,
situación que claramente escapa de la competencia del juez de tutela, ya que no
hay argumento que identifique la cuestión debatida como un asunto de genuina
relevancia constitucional. Además, la presente tutela debate un aspecto legal y
económico del fallo, en este sentido, no evidencia que la demanda entrañe un tema
que recaiga sobre el goce de los derechos fundamentales.

48. Lo anterior, en atención al criterio fijado por la Corte Constitucional respecto al
uso de la acción de tutela para discutir asunto económico o de mera legalidad,
según el cual, se debe preservar la competencia y la independencia de las
autoridades judiciales de las jurisdicciones diferentes a la constitucional. Por ello, la
jurisprudencia establece que los debates en el marco de los procesos de amparo
deben versar sobre temas constitucionales y no meramente legales o económicos,
pues estos últimos deben ser resueltos mediante los mecanismos ordinarios
dispuestos para su trámite.

49. Sobre ello, la Corte ha sido reiterativa frente al incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional de aquellos asuntos relacionados con aspectos
económicos o discusiones sobre interpretaciones de normas de orden legal, y ha
concluido que:

“[…] un asunto carece de relevancia constitucional en dos situaciones. Por
una parte, cuando la discusión se limita a la simple determinación de
aspectos legales de un derecho (i.e. la correcta interpretación o aplicación
de una norma procesal, salvo que de esta se desprendan claramente
violaciones de derechos fundamentales). Por otra parte, cuando sea
evidente su naturaleza o contenido económico porque se trata de una
controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o
privadas que no representen un interés general”23.

50. En este punto, la Sala considera que no se configura un defecto sustantivo
porque la acción de tutela presentada busca, en realidad, volver a discutir la correcta
aplicación de la sanción prevista en el parágrafo 2.º del artículo 1.º de la Ley 617 de
2000. Por tanto, la tutela no demuestra una aplicación indebida de la norma, sino
una inconformidad con la interpretación jurídica adoptada por el juez natural, lo cual
corresponde a un debate legal y económico, y no a un problema de relevancia
constitucional.

23 Corte Constitucional. Sentencia T-352 de 2025.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01012-00
Accionante: María Stella Vásquez Baracaldo
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

51. Tampoco se acredita el desconocimiento del precedente judicial, pues la
interpretación efectuada por las autoridades judiciales accionadas coincide con
decisiones de la jurisprudencia de lo contencioso administrativo y no implica un
cambio arbitrario de criterio ni una creación de reglas nuevas. En consecuencia, no
se evidencia una vulneración de derechos fundamentales, ya que la tutela pretende
sustituir el análisis propio del juez ordinario por el del juez constitucional.

52. En conclusión, la Subsección encuentra que la intención de la parte demandante
es someter a un nuevo análisis lo que ya ha sido definido de manera válida y
razonable por el juez natural de la causa, lo que lleva a la improcedencia de la acción
de tutela debido al incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. Por
ello, se declarará improcedente la petición de amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. R E S U E L V E

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
señora María Stella Vásquez Baracaldo, por conducto de apoderada, contra el
Tribunal Administrativo del Tolima y la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: De no ser impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

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