Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00968-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00968-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-00968-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
13 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00968-00
Accionante: JAIRO ENRIQUE FORERO CARVAJAL
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A,
Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Improcedente por falta de
relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción de tutela instaurada el 10 de febrero de 20261 por el
señor Jairo Enrique Forero Carvajal, quien actúa a través de apoderada judicial,
contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, y el Tribunal
Administrativo del Tolima2. A su juicio, dichas autoridades judiciales vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, la igualdad, el trabajo en condiciones dignas y el mínimo vital.
ANTECEDENTES
Hechos relevantes
1. El señor Jairo Enrique Forero Carvajal 3 presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho4 contra el Departamento del Tolima, con el fin de que
se declarara la nulidad de los Decretos 1420 de 2011, 1380 de 2012 y 3035 de 2013,
mediante los cuales se clasificó a ese ente territorial en segunda y tercera categoría
durante los años 2012, 2013 y 2014. A título de restablecimiento del derecho, solicitó
1
Índice 1 de Samai.
2
El expediente ingresó al despacho para proferir sentencia el 25 de febrero de 2026. Índice 18 de
Samai.
3 Junto con otras dos personas.
4
Inicialmente, en la demanda se solicitó, como pretensión principal, que se declarara la nulidad de
los Decretos 1420 de 2011, 1380 de 2012 y 3035 de 2013, mediante los cuales se clasificó al
departamento del Tolima en la segunda y tercera categoría, en las vigencias 2012, 2013 y 2014 y,
como pretensión subsidiaria, que se declarara la nulidad del Oficio 613 del 22 de marzo de 2017, y
se ordenara el reconocimiento de las diferencias salariales y prestacionales derivados de la errada
categorización del departamento en los años 2012 a 2014. No obstante, en la audiencia inicial
celebrada el 19 de septiembre de 2018, se resolvió de manera favorable la excepción de caducidad
propuesta por el departamento del Tolima, respecto de la pretensión principal, toda vez que para el
momento en el que se interpuso la demanda había vencido el término para demandar los actos de
carácter general con restablecimiento del derecho. Como consecuencia, se declaró la caducidad de
la pretensión de nulidad de los Decretos 1420 de 2011, 1380 de 2012 y 3035 de 2013, y el proceso
continuó frente a la pretensión subsidiaria: la nulidad del Oficio 613 del 22 de marzo de 2017.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00968-00
Accionante: Jairo Enrique Forero Carvajal
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
que se ordenara el pago de las diferencias salariales y prestacionales derivadas de
la correcta clasificación del referido departamento, así como la sanción prevista en
el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, todo ello debidamente indexado.
2. De manera subsidiaria, pidió que se declarara la nulidad del Oficio 613 del 22 de
marzo de 2017, por medio del cual se negó el reconocimiento de las diferencias
salariales y prestacionales de los años 2012, 2013 y 2014, reclamadas por el señor
Forero Carvajal.
3. El conocimiento del proceso (rad. núm. 73001-23-33-000-2017-00404-00) le
correspondió al Tribunal Administrativo del Tolima, que, en sentencia del 9 de
septiembre de 2021, accedió a las pretensiones de la demanda. Explicó que, según
el número de habitantes y los ingresos corrientes de libre destinación, durante las
vigencias fiscales de 2012, 2013 y 2014, el departamento del Tolima era de primera
categoría; sin embargo, como el porcentaje de gastos de funcionamiento durante los
años 2011 a 2013 fue superior al 55 % permitido para esa categoría, debió
reclasificarse en la categoría inmediatamente inferior, es decir, la segunda, en virtud
de lo dispuesto en la Ley 617 de 2000.
4. Sostuvo, además, que, pese a las diferentes interpretaciones del Consejo de
Estado, elegía la más favorable al trabajador, esto es, aquella según la cual la
categoría se fijaba con base en los criterios de población e ingresos. Por
consiguiente, declaró la nulidad del Oficio 613 de 22 de marzo de 2017, inaplicó por
ilegales los Decretos 1420 de 2011 y 1380 de 2012, por medio de los cuales se
clasificó al departamento del Tolima, en los años 2012 y 2013, en la categoría
tercera, y ordenó reconocer los emolumentos adeudados al demandante, teniendo
en cuenta la asignación establecida para las asambleas de los departamentos de
segunda categoría.
5. Tal decisión fue revocada parcialmente por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia de 31 de julio de 2025, en la
que se reconoció el derecho pretendido, pero únicamente respecto de los haberes
salariales y prestacionales correspondientes al año 2014. Frente a las anualidades
2012 y 2013, negó las pretensiones de la demanda.
6. En sustento de lo anterior, explicó que, aun cuando el departamento del Tolima,
en las anualidades 2012 a 2014, según su número de habitantes y sus ingresos
corrientes de libre destinación, hubiera podido clasificarse dentro de la primera
categoría, lo cierto es que sus gastos de funcionamiento, para los años 2010, 2011
y 2012 representaron porcentajes superiores al 60 %; luego, en su criterio, era
necesario aplicar la sanción que establece el artículo 4 de la Ley 617 de 2000,
reclasificándolo en la categoría inmediatamente inferior. Y agregó que, como en el
caso analizado los gastos de funcionamiento de dicho ente territorial superaron
incluso lo permitido para la segunda categoría, era claro que debía clasificarse en la
tercera categoría.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00968-00
Accionante: Jairo Enrique Forero Carvajal
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
7. De otra parte, indicó que era viable confirmar la decisión recurrida, en lo relativo
al año 2014, porque en ese aspecto puntual se allanó a lo expuesto por la Sección
Primera del Consejo de Estado, en la sentencia que declaró la nulidad del Decreto
3035 de 20135, sobre la clasificación en la segunda categoría que debió aplicarse al
departamento del Tolima. Con todo, precisó que la Sección Primera del Consejo de
Estado tenía un entendimiento distinto, según el cual la sanción del artículo 4 de la
Ley 617 de 2000 solo admitía una reclasificación en la categoría inmediatamente
inferior, tesis que no era compartida por la Sección Segunda.
Pretensiones
8. La accionante solicita lo siguiente (transcripción literal):
1. Tutelar los derechos a la igualdad, acceso a la administración de justicia,
debido proceso y demás vulnerados, revocando parcialmente la sentencia de
31 de julio de 2025 (rad. 73001-23-33-000-2017-00404-01 (0812-2022)) en lo
relativo a vigencias 2012-2013, amparando lo concedido para 2014.
2. Ordenar al Consejo de Estado analizar de fondo las irregularidades para
2012-2013, declarando nulidad en su lugar se les ordene inaplicar los Decretos
1420 de 2011, 1380 de 2012, por violación directa a lo establecido en el artículo
primero de la Ley 617 de 2000 restableciendo derechos
salariales/prestacionales indexados.
3. En consecuencia, de lo anterior, ordenar al Departamento del Tolima el
pago inmediato de diferencias (8 SMLMV/mes 2012; 7 SMLMV/mes 2013 y 7
SMLMV/mes vigencia 2014) más prestaciones, pago de las diferencias de
seguridad social e indexación de los anteriores factores.
4. Subsidiariamente, ordenar al Departamento del Tolima el reconocimiento
y pago de diferencias salariales/prestacionales por 2014 con efectos
retrospectivos a 2012-2013, conforme a categoría segunda.
Fundamentos de la demanda de tutela
9. El señor Jairo Enrique Forero Carvajal adujo que el gobernador del
departamento del Tolima no siguió los lineamientos de la Ley 617 de 2000 para la
clasificación de ese ente territorial en las vigencias 2012, 2013 y 2014, por cuanto no
se basó en la población y en los ingresos corrientes de libre destinación, sino que
adoptó la categoría según lo dispuesto en el artículo 4 de esa ley, es decir, conforme
a los gastos de funcionamiento, pese a que ese criterio era «para comparar mas no
para clasificar».
10. Agregó que en el Consejo de Estado existen dos interpretaciones frente al
parágrafo 2 del artículo 4 de la Ley 617 de 2000, que establece una sanción para los
departamentos que destinen gastos de funcionamiento en porcentajes superiores al
límite establecido en esa ley. La sanción consiste en la reclasificación en la categoría
5
Proferida el 19 de abril de 2021, en el proceso con radicado 73001-23-33-000-2014-00206-01.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00968-00
Accionante: Jairo Enrique Forero Carvajal
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
inmediatamente inferior; sin embargo, en el caso del actor se aplicó la tesis más
desfavorable y, por ello, se reclasificó al departamento en dos categorías inferiores.
11. De otra parte, consideró que se desconoció el principio de favorabilidad que
debe aplicarse en asuntos relacionados con derechos laborales, con lo cual, a su
vez, se desobedecieron «los innumerables pronunciamientos de la Honorable Corte
Constitucional, en este sentido como por ejemplo los establecidos en la sentencia T-
088-2018, Sentencia SU-267 de 2019, Sentencia SU-228 de 2021 y Sentencia T-559
de 2011». Adicionalmente, en su concepto, la sentencia cuestionada incurrió en vía
de hecho por defecto sustantivo y procedimental, pues omitió estudiar las vigencias
2013 y 2013, pese a que existía identidad fáctica y jurídica con la vigencia del año
2014, lo que, de contera, resulta violatorio del principio de igualdad.
12. Aclaró que se cumple el requisito de inmediatez porque la vulneración es
continua y afecta derechos laborales irrenunciables; además, «el lapso transcurrido
desde el fallo de 2025 es razonable y se justifica por la irrupción de hechos nuevos
la divergencia horizontal entre secciones del Consejo de Estado que alteran el
panorama jurídico y rompen la cosa juzgada (Sentencia SU-076 de 2022). Esta
nueva realidad transforma la acción en una defensa genuina contra una desigualdad
material que no existía previamente, haciendo que la protección constitucional sea
no solo viable, sino imperativa para evitar un perjuicio actual y continuo».
Trámite en primera instancia
13. A través de auto de 13 de febrero de 20266, el despacho sustanciador admitió
la demanda, ordenó notificar la decisión a la autoridad judicial accionada, a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y, en calidad de terceros con
interés, al departamento del Tolima, al Ministerio Público, a los señores María Stella
Vásquez Baracaldo, José Asmidier Salinas Orjuela y a los demás intervinientes en
el proceso ordinario. Además, reconoció personería a la apoderada del accionante y
dispuso suspender los términos hasta que el asunto reingresara al despacho.
Intervenciones
14. El magistrado ponente7 de la sentencia cuestionada señaló que el accionante
pretende reabrir el debate que fue resuelto en segunda instancia, porque no
comparte la postura de la Sección Segunda; empero, esa finalidad no es procedente
a través del mecanismo constitucional de la tutela.
15. Añadió que la decisión está debidamente razonada y precisó que «la
recategorización no puede examinarse de forma aislada, sino dentro del contexto
señalado en el artículo 4° Ibidem, el cual fijó los límites de los gastos de
funcionamiento según la categoría. Por lo tanto, como en el sub examine tales topes
fueron excedidos en las dos primeras categorías, el ente territorial debía ubicarse en
6
Índice 4 de Samai.
7
Índice 14 de Samai.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00968-00
Accionante: Jairo Enrique Forero Carvajal
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
la tercera categoría, tal como lo estableció el gobernador del Tolima en los Decretos
1420 de 2011, 1380 de 2012 y 3035 de 2013».
El 18 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo del Tolima envió copia
digitalizada del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 8 y presentó
informe9, suscrito por el magistrado Luis Eduardo Collazos Olaya, en el que advirtió
que sobre los mismos hechos y pretensiones está cursando otra acción de tutela con
el radicado 11001-03-15-000-2026-00988-00, por lo que solicitó que se decrete la
respectiva acumulación.
16. En relación con las pretensiones de la tutela, adujo que no vulneró los
derechos fundamentales invocados, pues, por el contrario, lo que discute el
demandante son criterios de interpretación de normas legales y jurisprudenciales,
así como la valoración probatoria efectuada en el proceso ordinario y, en todo caso,
la decisión censurada no es la de primera instancia, que accedió a las pretensiones
de la demanda, sino la de segunda instancia que revocó aquel fallo, parcialmente.
CONSIDERACIONES
Competencia
17. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 29 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019.
Cuestión previa: acumulación de procesos
18. En su informe, el magistrado Luis Eduardo Collazos Olaya solicitó que se
decretara la acumulación de los procesos con radicados núm. 11001-03-15-000-
2026-00968-00, 11001-03-15-000-2026-00988-00 y 11001-03-15-000-2026-01012-
00, en los que figuran como demandantes los ciudadanos Jairo Enrique Forero
Carvajal, José Asmidier Salinas Orjuela y María Stella Vásquez Baracaldo,
respectivamente. Lo anterior, debido a que, a su juicio, existe identidad fáctica y
jurídica entre dichas acciones de tutela.
19. Al respecto, conviene señalar que el Decreto 1384 de 2025 establece un
procedimiento para el trámite de acumulación de las acciones de tutela que
persiguen la protección de los mismos derechos fundamentales, presuntamente
amenazados o vulnerados por una sola y misma acción u omisión de una autoridad
pública o de un particular. En ese sentido, la norma dispone (i) que el juez de tutela
al que se le reparta inicialmente la acción puede remitir el expediente al juez que
hubiese avocado conocimiento en primer lugar; y (ii) que la autoridad judicial que
reciba las acciones de tutela puede acumular los procesos hasta antes de dictar
sentencia, para fallarlos todos en la misma providencia.
8
Índice 15 de Samai.
9
Índice 17 de Samai.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00968-00
Accionante: Jairo Enrique Forero Carvajal
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
20. Revisada la información visible en el aplicativo Samai, se encuentra que el
expediente radicado núm. 11001-03-15-000-2026-01012-00 está actualmente en
trámite en el despacho del consejero Juan Enrique Bedoya Escobar, que admitió la
demanda el 13 de febrero de 202610. En ese orden de ideas, no es posible tramitar
la acumulación del proceso, puesto que el juez constitucional al que le correspondió,
en principio, el conocimiento de la acción no ha enviado el asunto al despacho
sustanciador para que evalúe su posible acumulación a la tutela bajo estudio.
21. Asimismo, en cuanto al expediente radicado núm. 11001-03-15-000-2026-
00988-00, se advierte que el conocimiento del asunto fue asignado al mismo
magistrado sustanciador de la acción de tutela de la referencia. En ese sentido, en
virtud de los principios de celeridad y economía procesal, ambos casos se fallarán
en la misma sala, de acuerdo con la competencia que tiene el despacho para
organizar el trabajo.
Legitimación en la causa
22. El artículo 86 de la Constitución Política prevé que «toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces (…) la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública».
23. El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, por su parte, establece que la acción
de tutela «podrá ser ejercida en todo momento y lugar, por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales».
24. En el caso concreto, el señor Jairo Enrique Forero Carvajal se encuentra
legitimado en la causa por activa, toda vez que es titular de los derechos
fundamentales que estima vulnerados, en su condición de demandante en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la sentencia
cuestionada.
25. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado fue la autoridad
judicial que profirió la providencia a la que se le atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales del accionante.
Problema Jurídico y metodología de la decisión
26. La Subsección debe establecer si la acción de tutela satisface los requisitos
de procedibilidad formal, en especial, los de inmediatez y relevancia constitucional.
En caso de encontrar superados los requisitos generales de procedibilidad, se
analizará si la autoridad judicial demandada vulneró los derechos fundamentales del
accionante, como se afirmó en la demanda.
10
Índice 4 de Samai.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00968-00
Accionante: Jairo Enrique Forero Carvajal
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
27. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 200511, reiterado
de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.
28. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar12: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela13, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que
resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del
Consejo de Estado; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que
la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara,
detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos
fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados
en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es
que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su
alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 14 o
que los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para
evitarlo; (vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo
que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente
legal o económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta
tenga un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error
no hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
Análisis de la Sala
Inmediatez
29. La Corte Constitucional ha establecido que uno de los requisitos generales
para la procedencia de la acción de tutela es que ésta se haya presentado en un
plazo razonable, esto es, justo y moderado. Esta exigencia encuentra su razón de
ser en la naturaleza de esta acción constitucional, creada para proteger eficazmente
los derechos fundamentales sin dilaciones injustificadas; además, como garantía de
los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, y para evitar que se emplee como
11
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
12
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
13
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
14
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00968-00
Accionante: Jairo Enrique Forero Carvajal
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
una instancia adicional con el propósito de reabrir debates que podrían ventilarse a
través de otros mecanismos procesales15.
30. En sentencias SU-499 de 2016 y T-038 de 2017, ese tribunal supremo resaltó
que, aunque la acción de tutela no tiene un término de caducidad legalmente
establecido16, debe interponerse en un plazo oportuno, so pena de que se
desnaturalice su carácter de medio urgente y excepcional de protección
constitucional.
31. En el caso que se analiza, la sentencia que se cuestiona fue proferida el 31
de julio de 2025, por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
y se notificó el 25 de agosto de 202517 a la apoderada del señor Jairo Enrique Forero
Carvajal; por su parte, la demanda de tutela se radicó el 10 de febrero 2026. Ese
plazo se considera razonable para el ejercicio de la acción constitucional.
Subsidiariedad
32. Esta exigencia se encuentra satisfecha, puesto que el accionante no cuenta
con otro mecanismo judicial, ordinario o extraordinario, para cuestionar el fallo de 31
de julio de 2025. En efecto, esa decisión se profirió en la segunda instancia del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, de modo que no era susceptible
de recursos ordinarios y tampoco de los extraordinarios de revisión o de unificación
de jurisprudencia, que tienen causales específicas en las que no se encuadra el
asunto sometido al conocimiento de esta Sala.
Relevancia constitucional
33. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.
34. La Corte Constitucional indicó18 que la tutela contra providencias judiciales
no puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.
15
Sentencias SU-961 de 1999, T-043 de 2016, T-016 de 2006, T-594 de 2008, T-1028 de 2010 y
SU-499 de 2016, entre otras.
16
En sentencia C-543 de 1992, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los artículos
11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991. La razón principal de esa decisión fue «la oposición entre el
establecimiento de un término de caducidad para ejercer la acción y lo estatuido en el artículo 86 de
la Constitución cuando señala que ella puede intentarse en todo momento».
17
Según el índice 35 de Samai del proceso ordinario.
18
Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00968-00
Accionante: Jairo Enrique Forero Carvajal
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
35. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción
de amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el
eventos en que se pretende reabrir el debate19: (i) el debate debe recaer sobre un
asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.
36. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia20.
Caso concreto
37. La solicitud de amparo que se analiza carece de relevancia constitucional, por
cuanto pretende convertirse en una instancia adicional del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, con la intención de que se evalúe, una vez más, la
pretensión del accionante relacionada con el aumento de sus ingresos salariales y
prestacionales mientras se desempeñó como diputado del departamento del Tolima,
por razón de la reclasificación o recategorización de ese ente territorial.
38. El motivo central que aduce el demandante para sustentar la supuesta
violación de sus derechos fundamentales reside en la tesis que adoptó la Sección
Segunda de esta Corporación frente a la interpretación de los artículos 1, parágrafo
segundo21, y 422 de la Ley 617 de 2000, la cual difiere del razonamiento que efectuó
19 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
20 Corte Constitucional, sentencia SU-134 de 2022.
21
Artículo 1. Categorización presupuestal de los departamentos. «En desarrollo del Artículo 302 de
la Constitución Política, teniendo en cuenta su capacidad de gestión administrativa y fiscal y de
acuerdo con su población e ingresos corrientes de libre destinación, establécese la siguiente
categorización para los departamentos:
(…)
Parágrafo 2º- Sin perjuicio de la categoría que corresponda según los criterios señalados en el
presente Artículo, cuando un departamento destine a gastos de funcionamiento porcentajes
superiores a los límites que establece la presente ley se reclasificará en la categoría inmediatamente
inferior».
22
Artículo 4. Valor máximo de los gastos de funcionamiento de los departamentos. Durante cada
vigencia fiscal los gastos de funcionamiento de los departamentos no podrán superar, como
proporción de sus ingresos corrientes de libre destinación, los siguientes límites:
Categoría Límite
Especial 50%
Primera 55%
Segunda 60%
Tercera y cuarta 70%
9
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00968-00
Accionante: Jairo Enrique Forero Carvajal
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
la Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia de 19 de abril de 202123,
en la que declaró la nulidad del Decreto 3035 de 2013, por el cual se categorizó al
departamento del Tolima en el año 2014.
39. No obstante, la Sala advierte que los estudios realizados en la sentencia
cuestionada y en la del 19 de abril de 2021 fueron disímiles, en la medida en que
aquella se ocupó de analizar la nulidad de un acto particular que negó una petición
de reconocimiento de emolumentos salariales y prestacionales al accionante,
mientras que esta última evaluó la legalidad de un decreto de contenido general. En
realidad, las sentencias se profirieron en medios de control distintos y ninguno
constituye precedente en la materia que señala el demandante.
40. Es cierto que la Sección Primera, en la sentencia aludida, declaró la nulidad
del Decreto 3035 del 28 de octubre de 2013 y señaló que el departamento del Tolima
no debió clasificarse en la tercera categoría para la vigencia 2014, sino en la
segunda, bajo el entendido de que «la categorización presupuestal de los
departamentos se encuentra determinada únicamente por los criterios previstos en
el artículo 1º de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000, que incluye la cantidad de
habitantes de la respectiva entidad territorial y los ingresos corrientes de libre
destinación. Por su parte, los gastos de funcionamiento son un condicionante, que
se exige sea cumplido, para evitar que el departamento pierda la categoría que le
corresponde».
41. En cambio, en la sentencia que se cuestiona, la autoridad judicial demandada
adoptó una interpretación amplia, compartida por las dos subsecciones de la Sección
Segunda, según la cual «la reclasificación de que trata el parágrafo 2 del artículo 1.°
de la Ley 617 de 2000 debe ajustarse a los límites del artículo 4.° ibidem. (…) Lo
anterior es así, porque a juicio de esta Sala, la mencionada sanción no puede ser
analizada de manera aislada, sino que debe atender a su contexto, y concretamente
al artículo 4.° que establece de manera expresa los topes de los gastos de
funcionamiento de acuerdo con las categorías. Por tanto, como se superaron dichos
topes, tanto para la primera como para la segunda categoría, en este caso el ente
territorial debió clasificarse en tercera categoría».
42. Visto lo anterior, es claro que la interpretación de la Sección Primera se fijó
en un juicio de simple nulidad, cuyo objeto era distinto a aquel del que se ocupó la
sentencia que se reprocha: nulidad y restablecimiento del derecho de carácter
laboral. El principio de favorabilidad resulta, así, inaplicable, en tanto el estudio que
adelantó la Sección Primera no fue de índole laboral y la interpretación que hizo
solo tiene efectos sobre el acto que controló. En todo caso, mal haría el juez de
tutela en definir cuál de los dos criterios prevalece sobre el otro, como parece
pretenderlo la parte actora.
23
Proceso de nulidad simple, radicado 73001-23-33-000-2014-00206-01.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00968-00
Accionante: Jairo Enrique Forero Carvajal
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
43. Para la Sala, es evidente que la inconformidad del señor Forero Carvajal no
versa sobre el desconocimiento, en estricto sentido, de la sentencia de la Sección
Primera de esta Corporación, pues la autoridad demandada sí la tuvo en cuenta
para confirmar la decisión que ordenó el reconocimiento de los haberes salariales y
prestacionales correspondientes al año 2014 del demandante, precisamente ante la
declaratoria de nulidad del Decreto 3035 de 2013. Diferente es que el accionante
ahora considere que debió extenderse, de oficio, el análisis a las vigencias 2012 y
2013, a fin de inaplicar lo dispuesto en los Decretos 1420 de 2011 y 1380 de 2012
y conceder las pretensiones también respecto de esas vigencias.
44. Lo pretendido por el accionante excede la órbita de competencia de la acción
de tutela, la cual fue concebida para proteger los derechos fundamentales que han
sido amenazados o vulnerados, no para insistir en asuntos encomendados a otros
jueces, como ocurre en el caso analizado. Ciertamente, la única finalidad del
accionante es persistir en la controversia del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, pese a que fue dirimida por el máximo órgano de la jurisdicción
contencioso-administrativa, solo porque no comparte la interpretación normativa
realizada. Además, la presente tutela debate un aspecto legal y económico del fallo,
en este sentido, no evidencia que la demanda entrañe un tema que recaiga sobre
el goce de los derechos fundamentales.
45. Lo anterior, en atención al criterio fijado por la Corte Constitucional respecto
al uso de la acción de tutela para discutir asunto económico o de mera legalidad,
según el cual, se debe preservar la competencia y la independencia de las
autoridades judiciales de las jurisdicciones diferentes a la constitucional. Por ello, la
jurisprudencia establece que los debates en el marco de los procesos de amparo
deben versar sobre temas constitucionales y no meramente legales o económicos,
pues estos últimos deben ser resueltos mediante los mecanismos ordinarios
dispuestos para su trámite.
46. Sobre ello, la Corte ha sido reiterativa frente al incumplimiento del requisito
de relevancia constitucional de aquellos asuntos relacionados con aspectos
económicos o discusiones sobre interpretaciones de normas de orden legal, y ha
concluido que:
“[…] un asunto carece de relevancia constitucional en dos situaciones. Por una
parte, cuando la discusión se limita a la simple determinación de aspectos
legales de un derecho (i.e. la correcta interpretación o aplicación de una norma
procesal, salvo que de esta se desprendan claramente violaciones de derechos
fundamentales). Por otra parte, cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico porque se trata de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas que no representen un interés general”24.
47. Lo expuesto resulta suficiente para concluir que el asunto carece de
relevancia constitucional, pues, aunque la parte actora alegue la configuración de
varias causales específicas de procedibilidad —entre otros, los defectos sustantivo,
24
Corte Constitucional. Sentencia T-352 de 2025.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00968-00
Accionante: Jairo Enrique Forero Carvajal
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
procedimental y desconocimiento del precedente—, es claro que pretende convertir
este valioso mecanismo de protección constitucional en una instancia adicional del
proceso ordinario, a fin de que se vuelva a discutir sobre la correcta aplicación de la
sanción prevista en el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 617 de 2000. Como
consecuencia, se declarará improcedente la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por
el señor Jairo Enrique Forero Carvajal, de conformidad con lo anotado en la parte
motiva.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de acumulación de procesos presentada por el
magistrado Luis Eduardo Collazos Olaya, integrante del Tribunal Administrativo del
Tolima.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente,
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.
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