Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00968-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00968-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-00968-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
1 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Primero (1°) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-00968-011
Accionante : Jairo Enrique Forero Carvajal
Accionados : Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y el
Tribunal Administrativo del Tolima
Vinculados : Departamento del Tolima, María Stella Vásquez Baracaldo y
José Asmidier Salinas Orjuela
Acción : Tutela (impugnación)
Tema : Tutela contra providencia judicial, medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, reliquidación de salarios de
exdiputado, categorización departamental
Decisión : Sentencia de segunda instancia
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el accionante contra el fallo
del Trece (13) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), proferido por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A2, que declaró improcedente la acción de
tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico
1.De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por el actor, frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo
relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que
corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela
2. El señor Jairo Enrique Forero Carvajal, quien actúa por intermedio de apoderada
judicial, interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.
2
C. P (e). Fernando Alexei Pardo Flórez.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00968-01
Accionante: Jairo Enrique Forero Carvajal
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otro
justicia, igualdad, trabajo y mínimo vital, presuntamente vulnerados por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A y el Tribunal Administrativo del Tolima.
3. Por consiguiente, solicitó:
[…] [revocar] parcialmente la sentencia de 31 de julio de 2025 (rad. 73001- 23-33-000-
2017-00404-01 (0812-2022)) en lo relativo a vigencias 2012-2013, amparando lo
concedido para 2014.
2. Ordenar al Consejo de Estado analizar de fondo las irregularidades para 2012-2013,
declarando nulidad en su lugar se les orden inaplicar los Decretos 1420 de 2011, 1380
de 2012, por violación directa a lo establecido en el artículo primero de la Ley 617 de
2000 restableciendo derechos salariales/prestacionales indexados.
3. En consecuencia, de lo anterior, ordenar al Departamento del Tolima el pago
inmediato de diferencias (8 SMLMV/mes 2012; 7 SMLMV/mes 2013 y 7 SMLMV/mes
vigencia 2014) más prestaciones, pago de las diferencias de seguridad social e
indexación de los anteriores factores.
4. Subsidiariamente, ordenar al Departamento del Tolima el reconocimiento y pago de
diferencias salariales/prestacionales por 2014 con efectos retrospectivos a 2012-2013,
conforme a categoría segunda.
1.3 Hechos3
4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por el
accionante, se puede evidenciar que, el señor Jairo Enrique Forero Carvajal fue
diputado del departamento del Tolima para el período 2012-2015. Manifestó que, su
remuneración dependía de la categoría del ente territorial, de conformidad con el
artículo 28 de la Ley 617 de 2000.
5. La Gobernación del Tolima expidió los Decretos núm. 1420 del Veintisiete (27)
de Octubre de Dos Mil Once (2011), 1380 de Octubre de Dos Mil Once (2012) y
3035 del Veintiocho (28) de Octubre de Dos Mil Trece (2013), mediante los cuales,
se clasificó al ente territorial en tercera categoría durante los años 2012, 2013 y
2014. A juicio del actor, dicha calificación incidió en la remuneración percibida
como diputado, pues, se le reconoció una asignación inferior a la que correspondía
por una «categorización adecuada».
6. Con fundamento en lo anterior, el señor Forero Carvajal presentó reclamación
administrativa ante la Gobernación del Tolima, en la que solicitó el reconocimiento
y pago de las diferencias salariales y prestaciones de los años 2012, 2013 y 2014,
3
Visibles en el escrito de tutela del expediente electrónico de SAMAI, índice 3.
2
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Accionante: Jairo Enrique Forero Carvajal
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otro
la cual, fue negada mediante Oficio 0613 del Veintidós (22) de Marzo de Dos Mil
Diecisiete (2017).
7. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el
señor Forero Carvajal presentó demanda contra el departamento del Tolima con
el fin de obtener la nulidad de los Decretos núm. 1420 de 2011, 1380 de 2012 y
3035 de 2013. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que, se ordenara
al ente territorial pagar las diferencias salariales y prestacionales derivadas de la
correcta clasificación del referido departamento; así como, la sanción prevista en
el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, todo ello debidamente indexado.
8. De otro lado, de manera subsidiaria, pidió la nulidad del Oficio 0613 de 22 de
marzo de 2017 e igual restablecimiento del derecho al de la pretensión principal.
9. De ese asunto conoció en primera instancia el Tribunal Administrativo del Tolima 4
que, mediante sentencia del Nueve (9) de Septiembre de Dos Mil Veintiuno (2021),
accedió parcialmente a las pretensiones, al estimar que, de conformidad con las
certificaciones allegadas al proceso, el departamento del Tolima cumplía los
requisitos de población e ingresos corrientes de libre destinación para ser
clasificado en primera categoría durante las vigencias 2012, 2013 y 2014. No
obstante, como los gastos de funcionamiento para los años 2011 a 2013 superaron
el límite del 55 % previsto para dicha categoría, pues, ascendieron a 63,52 %,
62,55 % y 66,42 %, respectivamente, concluyó que, debía reclasificarse en la
categoría inmediatamente inferior, esto es, en segunda categoría.
10. Para tal efecto, precisó que, los gastos de funcionamiento no constituyen un
criterio autónomo de categorización, sino un condicionante para conservar la
categoría que corresponde por población e ingresos. En ese sentido, acogió la
interpretación fijada por el Consejo de Estado, Sección Primera, en providencia
del Diecinueve (19) de Abril de Dos Mil Veintiuno (2021)5, según la cual, si el ente
territorial excede el límite de gastos, no debe ubicarse en la categoría que resulte
de aplicar directamente el artículo 4.º de la Ley 617 de 2000, sino en la
inmediatamente inferior a la que inicialmente le correspondía.
4
Proceso núm. 73001-23-33-000-2017-00404-00/01.
5
Proceso núm. 73001-23-33-000-2014-00206-01.
3
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Accionante: Jairo Enrique Forero Carvajal
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otro
11. Agregó que, aunque el Consejo de Estado tiene simultáneamente fijada otra
interpretación6«[…] sobre la sanción por superar los topes de gastos de funcionamiento que
difiere de la antes mencionada, consistente en que la determinación de la categoría parte
básicamente del porcentaje de gastos de funcionamiento[…]» , en el caso concreto, en virtud
de los principios de favorabilidad en materia laboral de in dubio pro operario, optó
por acoger el criterio que favoreciera al trabajador, esto es, la sentencia de la
Sección Primera del Consejo de Estado.
12. Con fundamento en lo anterior, declaró la nulidad del Oficio núm. 0613 del
Veintidós (22) de Marzo de Dos Mil Veintisiete (2017), inaplicó por ilegales los
Decretos núm. 1420 de 2011 y 1380 de 2012, mediante los cuales, se clasificó al
departamento del Tolima en tercera categoría para las vigencias 2012 y 2013, y
ordenó reconocer y pagar el reajuste de la remuneración del demandante durante
los años 2012 a 2014, con base en la asignación correspondiente a los diputados
de departamentos de segunda categoría, equivalente a 25 salarios mínimos
legales mensuales vigentes. También, dispuso el pago de las diferencias de los
demás emolumentos percibidos en ese periodo y de las cotizaciones al sistema
de seguridad social en pensiones. No obstante, negó la sanción moratoria prevista
en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, al no encontrar acreditado el incumplimiento
en la consignación oportuna de las cesantías.
13. Inconforme con esa decisión, el departamento del Tolima interpuso recurso de
apelación desatado el Treinta y Uno (31) de Julio de Dos Mil Veinticinco (2025) por
el Consejo de Estado, Sección, Segunda, Subsección A, en el sentido de revocarla
parcialmente, con fundamento en que, «[…] el parágrafo 2.° del artículo 1.° de la Ley 617,
establece que cuando en un departamento los gastos de funcionamiento son superiores a los
porcentajes que establece el artículo 4.º de la misma disposición, se le sanciona reclasificándolo en
la categoría inmediatamente inferior, razón por la cual, si bien el departamento del Tolima, de
acuerdo con las variables de población e ingresos corrientes de libre destinación, podría ser
clasificado como de primera categoría, esto no era factible porque sus gastos de funcionamiento
fueron superiores al 60% para las anualidades certificadas».
14. Además, sostuvo que, «[…] no solo se superaron los topes de gastos de funcionamiento,
indicados en la tabla del artículo 4.°, para la primera categoría (55%) sino también el fijado para los
6
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de marzo de 2021, M.P. Gabriel Valbuena Hernández,
proceso núm. 73001-23-33-000-2015-00387-01 (1236-18).
4
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Accionante: Jairo Enrique Forero Carvajal
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otro
departamentos de segunda (60%), razón por la cual le asiste razón a la parte recurrente al considerar
que el departamento del Tolima no podía tener una categorización distinta a la tercera».
15. Por lo anterior, consideró que, era pertinente revocar parcialmente la sentencia
del A-quo «[…] al colegir que los salarios y prestaciones que devengaron los demandantes se
encuadran dentro de los límites máximos señalados en el artículo 28 de la Ley 617 de 2000, pues al
no ubicarse el departamento del Tolima en una categoría superior a la tercera, no es posible
reconocer las diferencias pretendidas por los accionantes». De otro lado, precisó que, «[…]en
lo que respecta al reconocimiento de los haberes salariales y prestacionales del año 2014, que fue
ordenado a favor de los demandantes en la sentencia recurrida, la Sala mantendrá tal decisión, bajo
el entendido de que el sustento del Tribunal para acceder a las pretensiones respecto de ese año
fue la inaplicación del Decreto 3035 de 2013, que clasificó al departamento del Tolima en la tercera
categoría […]».
16. Sobre la precedente situación, el accionante sostuvo que, la providencia objeto
de censura incurrió en los siguientes defectos:
• Sustantivo, al vulnerar derechos fundamentales por «[…]trata[r]
desigualmente situaciones idénticas: anula para [la vigencia] 2014 pero ignora [las
vigencias]2012-2013, sin justificación razonable. Esto contraría el principio de igualdad
[…] tras [la] nulidad de categorización, los diputados tienen derecho a remuneración
superior […]». Por lo que, en su criterio, se efectuó una interpretación
restrictiva del régimen de categorización departamental previsto en la Ley
617 de 2000.
• Procedimental, toda vez que, la «[…] sentencia omite estudiar las vigencias 2012-
2013, pese a identidad fáctica y jurídica con 2014 […]»
• Desconocimiento del precedente judicial, al señalar que, la Sección
Segunda, Subsección A no aplicó la sentencia del Diecinueve (19) de Abril
de Dos Mil Veintiuno (2021)7, proferida por la Sección Primera del Consejo
de Estado. En la cual, se analizó la categorización del departamento del
Tolima para la vigencia 2014 y se estableció que, los «gastos de funcionamiento
no son un criterio autónomo, sino un condicionante, que se exige sea cumplido, para evitar
que el departamento pierda la categoría. Pero si la pierde, no va a ocupar el lugar que
señale el artículo 4º, sino el lugar de la categoría inmediatamente inferior a la que le
correspondería» en consecuencia, se dio aplicación a lo dispuesto «[…] en el
7
Proceso núm. 73001-23-33-000-2014-00206-01.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00968-01
Accionante: Jairo Enrique Forero Carvajal
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otro
parágrafo 2 [del artículo 1] de la Ley 617 de 2000 […] lo cual generó que se declarara la
nulidad del decreto [3035 del 28 de octubre de 2013] y [se clasificara de segunda categoría
al departamento del Tolima] para el 2014 […]».
17. A partir de lo anterior, sostuvo que, al existir dos posturas distintas en la
Corporación, una favorable8 y otra desfavorable9, frente a la aplicación de la Ley
617 de 2000. En su criterio, al estar comprometidos derechos laborales, la Sección
Segunda, Subsección A debía acoger la interpretación más beneficiosa, en virtud
del principio de favorabilidad previsto en el artículo 53 de la Constitución. Por ello,
afirmó que, la autoridad judicial accionada, «al no aplicar el principio de favorabilidad
cuando existía precedente jurisprudencial horizontal» , vulneró sus derechos al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, trabajo y mínimo vital.
1.4 Contestación de la acción
18. 1.4.1 La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado10 solicitó
declarar improcedente la acción de tutela, al estimar que, lo pretendido por el
accionante es reabrir el debate ya resuelto por el juez ordinario, al no estar de
acuerdo con el razonamiento efectuado en la decisión cuestionada.
19. De otro lado, precisó que, la sentencia recurrida se profirió conforme a derecho,
toda vez que, la revocatoria parcial del reconocimiento del reajuste de la
remuneración del demandante durante los años 2012 y 2013 estuvo precedida del
análisis de los criterios previstos para la categorización presupuestal de los
departamentos. Para tal efecto, explicó que, si bien el departamento del Tolima
podía ubicarse inicialmente en primera categoría con fundamento en la población y
los ingresos corrientes de libre destinación, durante las vigencias discutidas sus
gastos de funcionamiento superaron el límite del 60%, razón por la cual,
correspondía clasificarlo en tercera categoría.
20. Agregó que, la sentencia sí expuso las razones por las cuales, se apartó de la
tesis invocada por el actor, según la cual, la sanción por exceso en gastos de
funcionamiento solo permite disminuir una categoría. Al respecto, indicó que, la
Subsección A ha sostenido que, la reclasificación prevista en el parágrafo 2.º del
8
Sentencia del 19 de abril de 2021, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, proceso núm.
73001-23-33-000-2014-00206-01.
9
Sentencia del 30 de abril de 2020, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, proceso
núm. 73001-23-33-000-2017-00405-01.
10
Índice 14 de SAMAI del expediente de primera instancia.
6
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Accionante: Jairo Enrique Forero Carvajal
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otro
artículo 1.º de la Ley 617 de 2000 debe analizarse en armonía con los límites
señalados en el artículo 4.º ibidem.
21. En ese contexto, señaló que, como los topes de gastos fueron excedidos en las
dos primeras categorías, el ente territorial debía ubicarse en tercera categoría, tal
como lo estableció el gobernador del Tolima en los Decretos núm. 1420 de 2011 y
1380 de 2012. Por ello, concluyó que, la decisión no desconoció el precedente,
pues, acogió la tesis que, según afirmó, ha sido sostenida pacíficamente por la
Sección Segunda, tanto por la Subsección A como por la Subsección B.
22. 1.4.2 El Tribunal Administrativo del Tolima11, de manera preliminar, solicitó
estudiar la acumulación de la tutela de la referencia con la tramitada bajo el radicado
núm. 11001-03-15-000-2026-00988-00, al considerar que, versan sobre los mismos
hechos y pretensiones.
23. En cuanto al fondo del asunto, sostuvo que, la solicitud de amparo no cumple con
los requisitos de procedencia de tutela contra providencia judicial. Además, precisó
que, los reproches del accionante no se dirigen, contra la decisión proferida por esa
Corporación, sino contra la sentencia de segunda instancia.
24. De igual forma, señaló que, la decisión emitida por el Tribunal se sustentó en las
normas aplicables, en la jurisprudencia vigente y en la valoración razonada del
material probatorio allegado al proceso ordinario. Por ello, indicó que, lo pretendido
por el actor es reabrir un debate ya definido por los jueces naturales, como si la
acción de tutela constituyera una instancia adicional. En consecuencia, solicitó
denegar el amparo.
1.5 Providencia impugnada12
25. Mediante sentencia del 13 de marzo de 2026, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, al
considerar que, no satisfacía el requisito de relevancia constitucional, «[…]por cuanto
pretende convertirse en una instancia adicional del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, con la intención de que se evalúe, una vez más, la pretensión del accionante relacionada
con el aumento de sus ingresos salariales y prestacionales mientras se desempeñó como diputado
del departamento del Tolima, por razón de la reclasificación o recategorización de ese ente
11
Índice 17 de SAMAI del expediente de primera instancia.
12
Índice 21 de SAMAI del expediente de primera instancia.
7
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00968-01
Accionante: Jairo Enrique Forero Carvajal
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otro
territorial». De otro lado, precisó que, la tutela no puede ser empleada para discutir
cuestiones económicas o de mera legalidad. Finalmente, negó la solicitud de
acumulación de procesos.
1.6 La impugnación13
26. Inconforme con esa determinación, el demandante la impugnó, para cuyo
propósito sostuvo que, no se trata de una discrepancia con la interpretación de la
norma aplicable al caso, sino por el contrario, de una decisión que desconoció
derechos laborales.
27. Por otra parte, alegó que, la decisión impugnada desconoció la unidad
jurisprudencial del Consejo de Estado, pues, a su juicio, la Sección Primera ya había
fijado una interpretación favorable sobre la categorización del departamento del
Tolima en la sentencia del Diecinueve (19) de Abril de Dos Mil Veintiuno (2021).
Señaló que, no era válido diferenciar dicho precedente por la naturaleza del medio
de control, toda vez que, tanto la nulidad simple como la nulidad y restablecimiento
del derecho tenían como punto común la categorización del departamento.
28. Asimismo, manifestó que, se omitió aplicar el principio de favorabilidad laboral
previsto en el artículo 53 de la Constitución Política y en el Convenio 95 de la OIT.
Pues, ante dos interpretaciones posibles sobre la forma de categorizar al
departamento del Tolima, debía tenerse en cuenta aquella que resultara más
favorable para los derechos del trabajador.
29. Finalmente, sostuvo que, la sentencia cuestionada incurrió en defecto sustantivo,
por cuanto, acogió la interpretación de la Sección Segunda del Consejo de Estado
y no la tesis que, en su criterio, resultaba más garantista. Por ello, insistió en que,
no pretende convertir la tutela en una tercera instancia, sino corregir una decisión
que, según afirma, se apartó sin justificación suficiente de la interpretación aplicable
al caso. En consecuencia, solicitó revocar el fallo de tutela de primera instancia.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
13
Índice 25 de SAMAI del expediente de primera instancia.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00968-01
Accionante: Jairo Enrique Forero Carvajal
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otro
30. En virtud de los artículos 3214 del Decreto Ley 2591 de 199115 y 2516 del Acuerdo
80 del 12 de marzo de 201917, expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado,
esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.
2.2 La acción
31. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3 Problema Jurídico
32. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo del
Treinta y Uno (31) de Julio de Dos Mil Veinticinco (2025), mediante el cual, la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, revocó parcialmente
la providencia del Nueve (9) de Septiembre de Dos Mil Veintiuno (2021), en la que
el Tribunal Administrativo del Tolima accedió parcialmente a las pretensiones
formuladas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por
el tutelante contra el departamento del Tolima (expediente 73001-23-33-001-2017-
00404-00/01); y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al
debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, trabajo y mínimo
vital invocadas en la solicitud de amparo.
2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales
14
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
15
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
16
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
17
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00968-01
Accionante: Jairo Enrique Forero Carvajal
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otro
33. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 18 y de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado19, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
34. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
35. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
18 Sentencia C-590 de 2005.
19 sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth
García González.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00968-01
Accionante: Jairo Enrique Forero Carvajal
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otro
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales;
(vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado;
y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial
supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se
está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
2.5 Caso concreto
36. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae, en criterio del actor,
en una indebida aplicación normativa y jurisprudencial, lo cual, de comprobarse,
conllevaría a la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, igualdad, trabajo y mínimo vital; (ii) contra la
decisión objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se establecieron los
hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores;
(iv) el requisito de inmediatez se satisface, por cuanto la providencia atacada quedó
ejecutoriada el Primero (1) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025)20 y la
solicitud de amparo se presentó el Diez (10) de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026),
es decir, dentro de los 6 meses; y (v) la sentencia acusada no desató una acción de
tutela.
37. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo la causales específicas denominadas desconocimiento del
precedente judicial y defecto sustantivo, comoquiera que, pese a que el demandante
también señaló el defecto procedimental, en todo caso, la génesis de la vulneración
invocada radica, a su juicio, en una indebida aplicación normativa y jurisprudencial,
20
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 25 de agosto de 2025, motivo
por el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 27 del mismo mes y año, conforme al artículo 205
(numeral 2) del CPACA.
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por lo que, en virtud del principio de oficiosidad, que señala que el juez de tutela
debe interpretar de manera extensiva el escrito inicial21, resulta procedente analizar
este trámite a partir de la aludida causal de procedencia de tutela contra providencia
judicial.
2.5.1 Desconocimiento del precedente horizontal
38. La Corte Constitucional22, sobre este tipo de precedente, ha precisado:
El precedente horizontal exige que el juez unipersonal o colegiado siga sus propias
decisiones, al resolver un caso sometido a su competencia. Este imperativo no ordena
otra cosa que las autoridades judiciales sean consistentes y uniformes con los fallos
adoptados por ellas mismas. Sin embargo, el funcionario jurisdiccional no se halla
totalmente atado a sus decisiones anteriores, toda vez que puede apartarse de sus
sentencias siempre que de forma razonada motive su distanciamiento.
[…]
En consecuencia, el defecto por desconocimiento del precedente horizontal se
configura cuando el juez unipersonal o colegiado cambia su propia jurisprudencia, sin
realizar la referencia expresa al precedente que sirvió de sustento para resolver casos
análogos y para exponer razones suficientes que ameriten el distanciamiento. Para
decidir sobre la procedencia de la acción de tutela por la causal estudiada es preciso:
(i) determinar la existencia de un precedente o de un grupo de precedentes
aplicables al caso concreto y distinguir las reglas decisionales contenidas en
estos precedentes;
(ii) comprobar que el fallo judicial impugnado debió tomar en cuenta
necesariamente tales precedentes pues de no hacerlo incurriría en un
desconocimiento del principio de igualdad;
(iii) verificar si el juez tuvo razones fundadas para apartarse del precedente
judicial bien por encontrar diferencias fácticas entre el precedente y el caso
analizado, bien por considerar que la decisión debería ser adoptada de otra
manera para lograr una interpretación más armónica en relación con los
principios constitucionales, y más favorable a la vigencia y efectividad de los
derechos fundamentales, de acuerdo con el principio pro hómine23.
39. De la anterior jurisprudencia, se colige que, el precedente horizontal tiene como
fin que las autoridades judiciales que adoptan determinada decisión para desatar
una controversia continúen con ella cuando se presenten posteriores asuntos bajo
su conocimiento con similares fundamentos fácticos y jurídicos y pretensiones, no
obstante, cuando lo consideren, pueden apartarse de esta, siempre y cuando
motiven de manera razonable su nueva posición.
21
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del juez de tutela, esta
Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los derechos
fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En esta medida es su
deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción, así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la
salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y
en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda».
22
Sentencia T-390 de 2015, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
23
Sentencia T-028 de 2012 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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2.5.2 Defecto sustantivo
40. Sea lo primero precisar que, el artículo 230 de la Constitución Política prevé que
los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas
que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.
41. La jurisprudencia constitucional24 ha estimado que, la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado
defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con
fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue
derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con
el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente
se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:
Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación
de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el
defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o
2.6. Análisis del caso concreto
42. En el asunto sub examine, el accionante aduce que, la providencia cuestionada
incurrió en desconocimiento del precedente, por cuanto, no se aplicó la sentencia
del Diecinueve (19) de Abril de Dos Mil Veintiuno (2021)25, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado. En la cual, se analizó la categorización del
departamento del Tolima para la vigencia 2014 y se estableció que los «[gastos de
funcionamiento no son un criterio autónomo, sino un condicionante, que se exige sea cumplido,
para evitar que el departamento pierda la categoría. Pero si la pierde, no va a ocupar el lugar que
señale el artículo 4º, sino el lugar de la categoría inmediatamente inferior a la que le
correspondería]» en consecuencia, se dio aplicación a lo dispuesto «[…] en el parágrafo
2 [del artículo 1] de la Ley 617 de 2000 […] lo cual generó que se declarara la nulidad del decreto
[3035 del 28 de octubre de 2013] y [se clasificara de segunda categoría al departamento del
Tolima] para el 2014 […]».
43. De otro lado, en defecto sustantivo, al vulnerar derechos fundamentales por
«[…] trata[r] desigualmente situaciones idénticas: anula para [la vigencia] 2014 pero ignora [las
vigencias]2012-2013, sin justificación razonable. Esto contraría el principio de igualdad […] tras
24
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
25
Proceso núm. 73001-23-33-000-2014-00206-01.
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[la] nulidad de categorización, los diputados tienen derecho a remuneración superior […]». Por lo
que, en su criterio se efectuó una interpretación restrictiva del régimen de
categorización departamental previsto en la Ley 617 de 2000.
44. Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada, en el fallo objeto de censura,
concluyó:
25. Conforme lo anterior, podría concluirse, en principio, que el gobernador del Tolima
debió clasificar al ente territorial dentro de la primera categoría, pues el número de
habitantes fue superior a 700.001 y sus ingresos corrientes de libre destinación
superaron los 170.001 SMLMV como se resume a continuación:
26. No obstante, de conformidad con el parágrafo 2.º del artículo 1.º y el artículo 4.º de
la Ley 617, se agregó un criterio adicional referido a los gastos de funcionamiento con
el propósito de racionalizar las finanzas territoriales, de suerte que los gastos por
concepto de nómina oficial fuesen acordes con los ingresos corrientes de libre
disposición que recauden los departamentos y municipios.
27. Frente a este aspecto, en el caso de estudio, el contralor delegado para la economía
y finanzas públicas de la Contraloría General de la República certificó que los gastos de
funcionamiento del departamento del Tolima representaron para los años 2010, 2011 y
2012 el 63,52%, 62,55% y 66,42%, respectivamente.
28. Sobre el particular, se reitera que el parágrafo 2.° del artículo 1.° de la Ley 617,
establece que cuando en un departamento los gastos de funcionamiento son superiores
a los porcentajes que establece el artículo 4.º de la misma disposición, se le sanciona
reclasificándolo en la categoría inmediatamente inferior, razón por la cual, si bien el
departamento del Tolima, de acuerdo con las variables de población e ingresos
corrientes de libre destinación, podría ser clasificado como de primera categoría, esto
no era factible porque sus gastos de funcionamiento fueron superiores al 60% para las
anualidades certificadas.
29. En este contexto, es evidente que no solo se superaron los topes de gastos de
funcionamiento, indicados en la tabla del artículo 4.°, para la primera categoría (55%)
sino también el fijado para los departamentos de segunda (60%), razón por la cual le
asiste razón a la parte recurrente al considerar que el departamento del Tolima no podía
tener una categorización distinta a la tercera.
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30. Ahora bien, es pertinente precisar que la Sala reconoce que la Sección Primera de
esta Corporación26, en asuntos de simple nulidad donde se ha cuestionado la legalidad
de decretos de categorización de departamentos, ha empleado una interpretación
distinta de la referida norma en el sentido de indicar que la aludida sanción por gastos
de funcionamiento solo opera para disminuir una categoría; no obstante, esta
Subsección27 en casos análogos al estudiado en esta oportunidad, ha considerado que
la reclasificación de que trata el parágrafo 2 del artículo 1.° de la Ley 617 de 2000 debe
ajustarse a los límites del artículo 4.° ibidem.
31. Lo anterior es así, porque a juicio de esta Sala, la mencionada sanción no puede
ser analizada de manera aislada, sino que debe atender a su contexto, y concretamente
al artículo 4.° que establece de manera expresa los topes de los gastos de
funcionamiento de acuerdo con las categorías. Por tanto, como se superaron dichos
topes, tanto para la primera como para la segunda categoría, en este caso el ente
territorial debió clasificarse en tercera categoría, como en efecto lo determinó el
gobernador del Tolima en los Decretos 1420 de 2011, 1380 de 2012 y 3035 de 2013.
32. A esta misma conclusión arribó la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación en sentencia del 30 de abril de 2020, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento con radicado 73001 23 33 000 2017 00405 01, en un caso de perfiles
análogos. Por todo lo anterior, se revocará parcialmente la sentencia de primera
instancia que accedió a las pretensiones de la demanda al colegir que los salarios y
prestaciones que devengaron los demandantes se encuadran dentro de los límites
máximos señalados en el artículo 28 de la Ley 617 de 2000, pues al no ubicarse el
departamento del Tolima en una categoría superior a la tercera, no es posible reconocer
las diferencias pretendidas por los accionantes.
33. Ahora bien, en lo que respecta al reconocimiento de los haberes salariales y
prestacionales del año 2014, que fue ordenado a favor de los demandantes en la
sentencia recurrida, la Sala mantendrá tal decisión, bajo el entendido de que el sustento
del Tribunal para acceder a las pretensiones respecto de ese año fue la inaplicación del
Decreto 3035 de 2013, que clasificó al departamento del Tolima en la tercera categoría,
y para ello acogió como propias las consideraciones tenidas en cuenta por la Sección
Primera del Consejo de Estado en la sentencia que declaró la nulidad del mencionado
decreto20 y en la cual se concluyó que para el año 2014 la clasificación debió
establecerse en la segunda y no en la tercera categoría.
45. De lo expuesto se colige que, la autoridad accionada determinó que, el
departamento del Tolima, si bien podía ubicarse inicialmente en primera categoría
por razón de su población e ingresos corrientes de libre destinación, no podía
conservar esa clasificación ni descender únicamente a segunda categoría, toda vez
que, sus gastos de funcionamiento superaron los límites previstos para las dos
primeras categorías.
46. Para arribar a esa conclusión, la Sección Segunda, Subsección A tuvo en cuenta
que los gastos de funcionamiento del ente territorial correspondieron al 63,52 %,
62,55 % y 66,42 % de sus ingresos corrientes de libre destinación, porcentajes que
excedían el límite del 55 % previsto para la primera categoría y el 60 % establecido
para la segunda. Por esa razón, estimó que, el departamento debía clasificarse en
26
Proceso núm. 73001-23-33-000-2014-00206-01.
27
Proceso núm. 73001-23-33-000-2015-00387-01.
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tercera categoría para las vigencias 2012 y 2013, como lo dispuso el gobernador en
los Decretos núm. 1420 de 2011 y 1380 de 2012.
47. En ese contexto, la autoridad judicial accionada explicó que, la reclasificación
prevista en el parágrafo 2.º del artículo 1.º de la Ley 617 de 2000 no podía analizarse
de manera aislada, sino en armonía con el artículo 4.º ibidem, que fija los topes de
gastos de funcionamiento para cada categoría. De ahí que, si el departamento
superó los límites de primera y segunda categoría, no era posible reconocer la
remuneración correspondiente a esta última para los años 2012 y 2013.
48. En tal contexto, la Sala no encuentra que la autoridad judicial accionada hubiera
omitido el precedente invocado por el actor. Por el contrario, la sentencia
cuestionada tuvo en cuenta la providencia del Diecinueve (19) de Abril de Dos Mil
Veintiuno (2021), para mantener el reconocimiento de los haberes salariales y
prestacionales de la vigencia 2014, precisamente porque el Decreto núm. 3035 de
2013 había sido anulado. Distinto es que no extendiera ese razonamiento a los años
2012 y 2013, respecto de los cuales no existía nulidad frente a los Decretos núm.
1420 de 2011 y 1380 de 2012.
49. Aunado a ello, la providencia cuestionada no se apartó de manera caprichosa de
una regla jurisprudencial vinculante. La Subsección A expuso que, en casos
análogos, ha sostenido que la reclasificación prevista en el parágrafo 2.º del artículo
1.º de la Ley 617 de 2000 debe analizarse en conjunto con los límites del artículo
4.º de la misma ley. En esa línea, acudió a la interpretación que ya había sido
acogida también por la Subsección B de la misma Sección, que ha precisado que,
cuando los topes de gastos de funcionamiento se superan en las categorías primera
y segunda, el ente territorial debe ubicarse en tercera categoría.
50. Además, la providencia reprochada, tuvo sustento en los artículos 1.º, parágrafo
2.º, 4.º y 28 de la Ley 617 de 2000, disposiciones que, regulan la categorización
presupuestal de los departamentos, los límites de gastos de funcionamiento y la
remuneración de los diputados.
51. Por lo anterior, no se observa que, la sentencia cuestionada hubiera desconocido
el precedente horizontal ni hubiera incurrido en defecto sustantivo. Pues, la
determinación objeto de reproche estuvo debidamente fundamentada en la Ley 617
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de 2000 y en la postura jurisprudencial que la Sección Segunda ha sostenido sobre
la materia.
52. De otro lado, en lo que respecta al principio de favorabilidad, si bien dicho
principio orienta la interpretación de normas laborales cuando existen dudas
razonables sobre su alcance, no se habilita al juez de tutela sustituir el criterio
jurídico del juez ordinario ni para imponer una de las posturas existentes al interior
de la Corporación, menos aun cuando la autoridad accionada explicó por qué
consideraba aplicable la línea de la Sección Segunda.
53. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que
efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.
III. DECISIÓN
54. Por las razones expuestas, la Sala considera que, en el presente asunto la parte
actora no acreditó que la providencia cuestionada haya incurrido en
las causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial invocadas (desconocimiento del precedente judicial y defecto sustantivo),
por tal motivo, se revocará el fallo impugnado, que declaró improcedente la acción
de tutela de la referencia, para en su lugar, negar el amparo deprecado.
55. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del Trece (13) de Marzo de Dos Mil Veintiséis
(2026) proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que
declaró improcedente la acción de tutela de la referencia. Para en su lugar,
NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, igualdad, trabajo y mínimo vital invocados por el
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Accionante: Jairo Enrique Forero Carvajal
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otro
señor Jairo Enrique Forero Carvajal, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Tercera, Subsección A
del Consejo de Estado y remitir copia.
CUARTO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto Ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
18
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