Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01012-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01012-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01012-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
3 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., tres (03) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01012-01
Accionante: María Stella Vásquez Baracaldo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada en contra de la sentencia proferida el 15
de mayo de 2026 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
El 11 de febrero de 20261, María Stella Vásquez Baracaldo, por conducto de
apoderado judicial, interpuso acción de tutela2 en procura de la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, al mínimo vital
y al acceso a la administración de justicia, que considera vulnerados por la Sección
Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado. Lo anterior, debido a que dicha
autoridad judicial, mediante sentencia del 31 de julio de 2025, revocó parcialmente
y confirmó en lo demás la providencia proferida el 9 de septiembre de 2021 por el
Tribunal Administrativo del Tolima, que había accedido parcialmente a las
pretensiones de la demanda presentada en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, identificado con el radicado No. 73001-23-33-000-
2017-00404-00/01
2. Hechos
2.1. Los señores María Stella Vásquez Baracaldo, Jairo Enrique Forero Carvajal y
José Asmidier Salinas Orjuela interpusieron demanda3 contra el departamento del
Tolima en orden a que se declarara la nulidad de los Decretos 1420 de 2011, 1380
de 2012 y 3035 de 2013. A título de restablecimiento del derecho solicitaron, entre
1
Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 267F72AAFF20B20C 2E9BB489EDDC010C
827F6BF1DF024978 6581802C9B0E68F3.
2
Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado A53F11C0C39012EF 540A51D63156D9A0
01235D516E795D4F F93F66F47B1FD12B.
3
Archivo denominado “13ED_Cuaderno 1_04 Demanda”, visible a índice 11 de SAMAI del expediente de primera instancia,
certificado 2EE50AEC92E491ED 65DDF10D164817CF 6927E667FC3DAA64 CA4321EFEFB3A141.
2
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01012-01
Accionante: María Stella Vásquez Baracaldo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
otras cosas, pagar las diferencias surgidas con ocasión de la correcta clasificación
del departamento del Tolima, por concepto de salarios, auxilio de cesantías,
intereses sobre estas, vacaciones, primas de servicios y de navidad y los aportes a
seguridad social; así como la sanción prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990
y la indexación del valor de la condena.
De manera subsidiaria, pidieron declarar la nulidad del Oficio 613 del 22 de marzo
de 2017, a través del cual se les negó el reconocimiento de las diferencias salariales
de los años 2012, 2013 y 2014 e igual restablecimiento del derecho.
2.2. El 9 de septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo del Tolima, en sentencia
de primera instancia, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en
los siguientes términos:
“[…] PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio
000613 del 22 de marzo de 2017, que negó a los demandantes el reconocimiento y pago
de la diferencia de la remuneración que debieron percibir sino fuera por la indebida
categorización del Departamento del Tolima durante las vigencias fiscales 2012 a 2014.
SEGUNDO: Inaplicar por ilegalidad los Decretos 1420 de 2011 y 1380 de 2012, por
medio de los cuales se determinó la categorización del Departamento del Tolima para
las vigencias fiscales de 2012 y 2013, para ordenarse a la demandada, a título de
restablecimiento del derecho, el reconocimiento y pago del reajuste de la remuneración
de los demandantes durante los años 2012 a 2014, teniendo en cuenta la asignación
prevista para los diputados de las asambleas departamentales correspondiente a la
categoría segunda equivalente al 25 SMLM,
Además, deberá reconocer y pagar el reajuste de la diferencia de los demás
emolumentos devengados por los actores entre los años 2012 a 2014, así como las
cotizaciones al sistema general de seguridad social en pensiones durante el mismo
periodo. De las sumas que resulten a favor de los demandantes se descontarán los
aportes que éstos deberán hacer al sistema general en pensiones, en virtud al reajuste
salarial aquí dispuesto, en la proporción que le corresponde cotizar al trabajador.
[…] TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. […].”4 (Resaltado
original del texto).
2.3. Inconforme con la decisión, el departamento del Tolima interpuso recurso de
apelación.
2.4. Posteriormente, el 31 de julio de 2025, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, emitió sentencia de segunda instancia, a través de la cual revocó
parcialmente la providencia apelada y la confirmó en lo demás, en los siguientes
términos:
4
Archivo denominado “44ED_CUADERNO1_35 FALLO”, visible a índice 11 de SAMAI del expediente de primera instancia,
certificado 2EE50AEC92E491ED 65DDF10D164817CF 6927E667FC3DAA64 CA4321EFEFB3A141.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01012-01
Accionante: María Stella Vásquez Baracaldo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
“PRIMERO. REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia expedida el 9 de septiembre de
2021 por el Tribunal Administrativo del Tolima, en cuanto ordenó reconocer y pagar el
reajuste de la remuneración a favor de los demandantes durante los años 2012 a 2013,
teniendo en cuenta la asignación prevista para los diputados de las asambleas
departamentales correspondiente a la categoría segunda equivalente a 25 SMLMV. En
su lugar,
NEGAR LAS PRETENSIONES de la demanda toda vez que el departamento del
Tolima fue válidamente clasificado como de tercera categoría durante las vigencias
2012 a 2013, y la remuneración reconocida a los demandantes se ajustó al límite
previsto en el artículo 28 de la Ley 617 de 2000.
SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia en lo demás, esto es, respecto del
reconocimiento de los haberes salariales y prestacionales correspondientes al año 2014,
con fundamento en la nulidad del Decreto 3035 de 2013. […]”5 (Resaltado original del
texto).
3. Fundamentos de la acción de tutela
La parte accionante sostuvo que:
3.1. La autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo, por cuanto
efectuó una interpretación indebida del parágrafo 2 del artículo 1 y del artículo 4 de
la Ley 617 de 2000. Explicó que, para efectos de la reliquidación de salarios y
prestaciones sociales derivada de la categorización de la entidad territorial, existen
dos posturas respecto de la aplicación de dichas disposiciones: la primera,
contenida en la sentencia del 30 de abril de 2020, proferida por la Sección Segunda
del Consejo de Estado dentro del proceso radicado 73001-23-33-000-2017-00405-
01; y la segunda, en la sentencia del 19 de abril de 2021, dictada por la Sección
Primera de esa corporación dentro del proceso radicado 73001-23-33-000-2014-
00206-01.
3.2. A juicio de la accionante, la postura más favorable es la establecida en la
providencia de la Sección Primera del Consejo de Estado “que anuló el Decreto
3035/2013, confirmando que el Departamento del Tolima debió clasificarse en
segunda categoría, no tercera, por exceder el 55% de gastos de funcionamiento en
relación con ICLD (66.42% real), lo que obligaba a reclasificar inmediatamente
inferior a la provisional (primera). Esta decisión invocó el principio de legalidad (art.
6 C.P.) y el debido proceso administrativo, como se detalla en el fallo: los gastos de
funcionamiento no son un criterio autónomo, sino un condicionante que implica
reclasificación inmediata a la inferior, no un salto arbitrario a tercera”.
5
Índice 32 de SAMAI del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, certificado F6372349D9987E46
1704E85CE40C018A 464DFFEE26EB0932 60BC01A047582A81, radicado 73001233300020170040401.
4
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01012-01
Accionante: María Stella Vásquez Baracaldo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
3.3. Asimismo, sostuvo que la decisión censurada desconoció el principio de
favorabilidad, pues negó el reconocimiento de derechos laborales correspondientes
a las vigencias 2012 y 2013, mientras que, respecto de la vigencia 2014, con
fundamento en los mismos supuestos fácticos y jurídicos, sí los reconoció.
3.4. Finalmente, afirmó que la autoridad accionada desconoció el precedente
jurisprudencial de la Sección Primera del Consejo de Estado en el proceso radicado
73001-23-33-000-2014-00206-01.
4. Pretensiones de la acción de tutela
La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:
“1. Tutelar los derechos a la igualdad, acceso a la administración de justicia, debido
proceso y demás vulnerados, revocando parcialmente la sentencia de 31 de julio de 2025
(rad. 73001-23-33-000-2017-00404-01 (0812-2022)) en lo relativo a vigencias 2012-
2013, amparando lo concedido para 2014.
2. Ordenar al Consejo de Estado analizar de fondo las irregularidades para 2012-2013,
declarando nulidad en su lugar se les orden inaplicar los Decretos 1420 de 2011, 1380
de 2012, por violación directa a lo establecido en el artículo primero de la Ley 617 de
2000 restableciendo derechos salariales/prestacionales indexados.
3. En consecuencia, de lo anterior, ordenar al Departamento del Tolima el pago
inmediato de diferencias (8 SMLMV/mes 2012; 7 SMLMV/mes 2013 y 7 SMLMV/mes
vigencia 2014) más prestaciones, pago de las diferencias de seguridad social e
indexación de los anteriores factores.
4. Subsidiariamente, ordenar al Departamento del Tolima el reconocimiento y pago de
diferencias salariales/prestacionales por 2014 con efectos retrospectivos a 2012-2013,
conforme a categoría segunda.”6 (Resaltado original del texto).
5. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición
5.1. Mediante auto del 13 de febrero de 20267 se admitió la acción de tutela, se
vinculó a Jairo Enrique Forero Carvajal, a José Asmidier Salinas Orjuela, al
departamento de Tolima y al Tribunal Administrativo del Tolima. También se dispuso
la notificación a las partes y a los vinculados.
5.2. El consejero ponente de la decisión reprochada de la Sección Segunda,
Subsección A8 señaló que la acción de tutela es improcedente, porque la actora
6
Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado A53F11C0C39012EF 540A51D63156D9A0
01235D516E795D4F F93F66F47B1FD12B, folio 12.
7
Índice 4 de SAMAI del expediente de tutela digital de primera instancia, certificado 817500554318E604 4C193129A62A833A
1F92BEE5840CF4EA DD61EBC205225A5C.
8
Índice 12 de SAMAI, certificado AF9E591695089C2E 526372497488C4A8 AF561E5D2F2938C2 B18C047415B1CD41, ibid.
5
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01012-01
Accionante: María Stella Vásquez Baracaldo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
pretende reabrir el debate que fue resuelto en la decisión de segunda instancia,
pues no está de acuerdo con los razonamientos ahí contenidos y considera que la
controversia debió resolverse dentro de los parámetros que ella expone.
Asimismo, afirmó que si bien, basándose en los criterios de población e ingresos de
libre destinación, el departamento del Tolima podría clasificarse en primera
categoría, lo cierto es que en los años 2012 y 2013 sus gastos de funcionamiento
fueron superiores al 60%, por lo que correspondía ubicarlo en tercera categoría. De
su lado, la sentencia reprochada explicó que la Sección Primera del Consejo de
Estado ha interpretado la norma en distinto sentido al “indicar que la aludida sanción
por gastos de funcionamiento solo opera para disminuir la categoría”; sin embargo,
la Subsección A ha considerado que la reclasificación prevista en el parágrafo 2 del
artículo 1 de la Ley 617 de 2000 debe ajustarse a los límites señalados en el artículo
4 ibidem.
Lo anterior, debido a que la recategorización no puede examinarse de forma aislada,
sino dentro del contexto señalado en el artículo 4 Ibidem, el cual fijó los límites de
los gastos de funcionamiento según la categoría. Por lo tanto, como en el sub
examine tales topes fueron excedidos en las dos primeras categorías, el ente
territorial debía ubicarse en la tercera categoría, tal como lo estableció el gobernador
del Tolima en los Decretos 1420 de 2011, 1380 de 2012 y 3035 de 2013.
5.3. El Tribunal Administrativo del Tolima, el departamento del Tolima, Jairo Enrique
Forero Carvajal y José Asmidier Salinas Orjuela no se pronunciaron.
6. Fallo de tutela de primera instancia
El 15 de mayo de 20269, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
declaró improcedente la acción de tutela al no cumplir el requisito de relevancia
constitucional.
El a quo constitucional consideró que la parte accionante pretende reabrir el debate
jurídico en torno a cuestiones que ya fueron examinadas y resueltas por el juez
natural en ambas instancias del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
9
Índice 35 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia, certificado 85E04E3E1B345823 CFABAB4BAA981B0F
22235719BDEC820D EBE57BD250268D7E.
6
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01012-01
Accionante: María Stella Vásquez Baracaldo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Afirmó que no se configura un defecto sustantivo porque la acción de tutela
presentada busca, en realidad, volver a discutir la correcta aplicación de la sanción
prevista en el parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 617 de 2000. Por tanto, la tutela
no demuestra una aplicación indebida de la norma, sino una inconformidad con la
interpretación jurídica adoptada por el juez natural, lo cual corresponde a un debate
legal y económico, y no a un problema de relevancia constitucional.
Finalmente, advirtió que no se acreditó un desconocimiento del precedente judicial,
pues la interpretación efectuada por la autoridad accionada coincide con decisiones
de la jurisprudencia de lo contencioso administrativo y no implica un cambio
arbitrario de criterio ni una creación de reglas nuevas. En consecuencia, no se
evidencia una vulneración de derechos fundamentales, ya que la acción de tutela
pretende sustituir el análisis propio del juez ordinario por el del juez constitucional.
7. Razones de la impugnación
Inconforme con la decisión, la parte accionante presentó escrito de impugnación 10,
en el que reiteró los argumentos de la acción de tutela y manifestó lo siguiente:
7.1. El a quo constitucional desconoció que el sub lite sí reviste de relevancia
constitucional, pues no se trata de una mera discrepancia sobre la interpretación de
la Ley 617 de 2000. Se trata, por el contrario, de una decisión que desconoce el
bloque de constitucionalidad en materia de derechos laborales.
7.2. Esa reducción no constituyó un daño consumado en 2015, pues, al incidir
directamente en las cotizaciones al sistema de seguridad social, produce una
subcotización que se renueva mes a mes y erosiona de forma continua el capital
pensional y la futura mesada.
7.3. Reducir el examen a un “asunto económico” equivale a negar la dimensión
constitucional que adquiere toda discusión que compromete el núcleo esencial de
los derechos laborales y prestacionales.
7.4. La sentencia impugnada valida un formalismo que sacrifica la justicia material,
porque al sostener que el juez de tutela no puede dirimir cuál interpretación de la
10
Índice 39 de SAMAI, certificado D0C9AB5622D1544C C5CF7F9AD9805E4A 5418D3827492CADB 87BE39680D1B6C05,
ibid.
7
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01012-01
Accionante: María Stella Vásquez Baracaldo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Ley 617 de 2000 debe prevalecer, el a quo constitucional evade su obligación
constitucional de proteger los derechos fundamentales cuando existe una
manifiesta contradicción jurisprudencial que afecta el núcleo esencial de los
derechos laborales.
8. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia
Mediante auto del 4 de junio de 202611 el a quo concedió la impugnación.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 32
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado, esta Sala es competente para conocer de la impugnación
presentada contra el fallo proferido el 15 de mayo de 2026 por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A.
2. Problema jurídico
La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad en contra de providencias judiciales y, en caso afirmativo, establecerá
si se incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales invocados.
3. La acción de tutela en contra de providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad12 y de procedencia13 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.
11
Índice 41 de SAMAI, certificado 66E15881553C2C50 9CD064C2C3CB99B3 F17EAFFF2A80A0D5 EF13715621AC6FF3,
ibid.
12
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los
siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela;
que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad
procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que
se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
13
Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico;
defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del
precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
8
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01012-01
Accionante: María Stella Vásquez Baracaldo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
4. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto
4.1. Sobre el requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha
señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”.14
En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber15: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202216, frente al requisito de
relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:
“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no
se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.
4.2. Para la Sala resulta evidente que los cargos formulados no satisfacen el
requisito de relevancia constitucional, por cuanto se advierten como un intento de
revivir el análisis jurídico efectuado por el juez natural, como si este mecanismo
fuera una instancia adicional al proceso ordinario, según se explicará.
4.3. En el caso concreto, la accionante cuestiona, en esencia, que el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A incurrió en un defecto sustantivo, porque
efectuó una indebida interpretación del parágrafo 2 del artículo 1 y del artículo 4 de
la Ley 617 de 2000. Para efectos de la reliquidación de salarios y prestaciones
14
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
15
Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
16
Sentencia SU-215 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
9
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01012-01
Accionante: María Stella Vásquez Baracaldo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
sociales por categorización de ente territorial, existen dos posturas distintas
respecto de la aplicación de dicha norma: la primera, contenida en el precedente
fijado en la sentencia del 30 de abril de 2020, dictada por la Sección Segunda del
Consejo de Estado dentro del proceso con radicado 73001-23-33-000-2017-00405-
01; y la segunda, en la sentencia del 19 de abril de 2021, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado dentro del proceso radicado 73001-23-33-000-2014-
00206-01.
En su concepto, la postura más favorable es la establecida en la providencia de la
Sección Primera del Consejo de Estado “que anuló el Decreto 3035/2013,
confirmando que el Departamento del Tolima debió clasificarse en segunda
categoría, no tercera, por exceder el 55% de gastos de funcionamiento en relación
con ICLD (66.42% real), lo que obligaba a reclasificar inmediatamente inferior a la
provisional (primera). Esta decisión invocó el principio de legalidad (art. 6 C.P.) y el
debido proceso administrativo, como se detalla en el fallo: los gastos de
funcionamiento no son un criterio autónomo, sino un condicionante que implica
reclasificación inmediata a la inferior, no un salto arbitrario a tercera”.
4.4. Pues bien, al verificar los argumentos contenidos en la sentencia del 31 de julio
de 2025 emitida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, se
observa el siguiente análisis textual:
“[…] 19. En el presente caso, está probado que los demandantes fueron elegidos como
diputados del departamento del Tolima para el periodo constitucional 2012- 2015; que a
través de los Decretos 1420 de 2011, 1380 de 2012 y 3035 de 2013, el gobernador del
departamento del Tolima clasificó a ese ente territorial como de tercera categoría en
aplicación de la Ley 617 de 2000; que el DANE certificó la población del departamento
para los años 2010, 2011 y 2012 en 1.387.621, 1.391.876 y 1.396.038 habitantes,
respectivamente, y el contralor delegado para la economía y las finanzas públicas de la
Contraloría General de la República certificó los ingresos corrientes de libre destinación
durante los mismos periodos en $ 100.720.339 miles, equivalente a 188.051,41
s.m.l.m.v; $ 101.219.524 miles equivalente a 178.612,182 s.m.l.m.v; y $ 103.606.077
miles que corresponden a 175.752,463 s.m.l.m.v.
20. El mencionado ente de control también certificó que los gastos de funcionamiento
del departamento del Tolima representaron el 63,52 %, 62,55 % y 66,42 % de sus
ingresos corrientes de libre destinación, para los años objeto de reclamo.
21. En lo que atañe a la categorización presupuestal de los departamentos, se tiene que
su fundamento normativo se encuentra en el artículo 302 superior desarrollado por el
artículo 1° de la Ley 617 de 2000 […]
[…] 25. Conforme lo anterior, podría concluirse, en principio, que el gobernador del
Tolima debió clasificar al ente territorial dentro de la primera categoría, pues el número
de habitantes fue superior a 700.001 y sus ingresos corrientes de libre destinación
superaron los 170.001 SMLMV como se resume a continuación:
10
Sentencia de segunda instancia
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Accionante: María Stella Vásquez Baracaldo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
26. No obstante, de conformidad con el parágrafo 2.º del artículo 1.º y el artículo 4.º de
la Ley 617, se agregó un criterio adicional referido a los gastos de funcionamiento con el
propósito de racionalizar las finanzas territoriales, de suerte que los gastos por concepto
de nómina oficial fuesen acordes con los ingresos corrientes de libre disposición que
recauden los departamentos y municipios.
27. Frente a este aspecto, en el caso de estudio, el contralor delegado para la economía
y finanzas públicas de la Contraloría General de la República certificó que los gastos de
funcionamiento del departamento del Tolima representaron para los años 2010, 2011 y
2012 el 63,52%, 62,55% y 66,42%, respectivamente.
28. Sobre el particular, se reitera que el parágrafo 2.° del artículo 1.° de la Ley 617,
establece que cuando en un departamento los gastos de funcionamiento son superiores
a los porcentajes que establece el artículo 4.º de la misma disposición, se le sanciona
reclasificándolo en la categoría inmediatamente inferior, razón por la cual, si bien el
departamento del Tolima, de acuerdo con las variables de población e ingresos
corrientes de libre destinación, podría ser clasificado como de primera categoría, esto no
era factible porque sus gastos de funcionamiento fueron superiores al 60% para las
anualidades certificadas.
29. En este contexto, es evidente que no solo se superaron los topes de gastos de
funcionamiento, indicados en la tabla del artículo 4.°, para la primera categoría (55%)
sino también el fijado para los departamentos de segunda (60%), razón por la cual le
asiste razón a la parte recurrente al considerar que el departamento del Tolima no podía
tener una categorización distinta a la tercera.
30. Ahora bien, es pertinente precisar que la Sala reconoce que la Sección Primera de
esta Corporación, en asuntos de simple nulidad donde se ha cuestionado la legalidad de
decretos de categorización de departamentos, ha empleado una interpretación distinta
de la referida norma en el sentido de indicar que la aludida sanción por gastos de
funcionamiento solo opera para disminuir una categoría; no obstante, esta Subsección,
en casos análogos al estudiado en esta oportunidad, ha considerado que la
reclasificación de que trata el parágrafo 2 del artículo 1.° de la Ley 617 de 2000 debe
ajustarse a los límites del artículo 4.° ibidem.
31. Lo anterior es así, porque a juicio de esta Sala, la mencionada sanción no puede ser
analizada de manera aislada, sino que debe atender a su contexto, y concretamente al
artículo 4.° que establece de manera expresa los topes de los gastos de funcionamiento
de acuerdo con las categorías. Por tanto, como se superaron dichos topes, tanto para la
primera como para la segunda categoría, en este caso el ente territorial debió clasificarse
en tercera categoría, como en efecto lo determinó el gobernador del Tolima en los
Decretos 1420 de 2011, 1380 de 2012 y 3035 de 2013.
32. (…) Por todo lo anterior, se revocará parcialmente la sentencia de primera instancia
que accedió a las pretensiones de la demanda al colegir que los salarios y prestaciones
que devengaron los demandantes se encuadran dentro de los límites máximos
señalados en el artículo 28 de la Ley 617 de 2000, pues al no ubicarse el departamento
del Tolima en una categoría superior a la tercera, no es posible reconocer las diferencias
pretendidas por los accionantes.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01012-01
Accionante: María Stella Vásquez Baracaldo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
33. Ahora bien, en lo que respecta al reconocimiento de los haberes salariales y
prestacionales del año 2014, que fue ordenado a favor de los demandantes en la
sentencia recurrida, la Sala mantendrá tal decisión, bajo el entendido de que el sustento
del Tribunal para acceder a las pretensiones respecto de ese año fue la inaplicación del
Decreto 3035 de 2013, que clasificó al departamento del Tolima en la tercera categoría,
y para ello acogió como propias las consideraciones tenidas en cuenta por la Sección
Primera del Consejo de Estado en la sentencia que declaró la nulidad del mencionado
decreto y en la cual se concluyó que para el año 2014 la clasificación debió establecerse
en la segunda y no en la tercera categoría.”17
4.5. Luego de lo relatado, se observa que en sede de tutela la parte accionante
pretende que nuevamente se valoren los argumentos ya planteados y resueltos por
la autoridad judicial accionada en la sentencia de segunda instancia censurada.
En efecto, la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado analizó la
clasificación presupuestal del departamento del Tolima para determinar los salarios
y prestaciones de los diputados elegidos para el período constitucional 2012-2015.
Así, encontró acreditado que i) los demandantes fueron elegidos como diputados
para dicho período; ii) el gobernador del Tolima clasificó al departamento en tercera
categoría mediante los Decretos 1420 de 2011, 1380 de 2012 y 3035 de 2013; iii)
el DANE certificó una población de 1.387.621 habitantes para 2010, 1.391.876 para
2011 y 1.396.038 para 2012; y iv) la Contraloría General de la República certificó
ingresos corrientes de libre destinación de $100.720.339 (188.051,41 SMLMV) en
2010, $101.219.524 (178.612,182 SMLMV) en 2011 y $103.606.077 (175.752,463
SMLMV) en 2012. Asimismo, encontró acreditado que los gastos de funcionamiento
representaron el 63,52%, 62,55% y 66,42% de sus ingresos corrientes de libre
destinación en los respectivos años.
Con fundamento en el artículo 302 de la Constitución Política y en los artículos 1,
parágrafo 2, 4 y 28 de la Ley 617 de 2000, la autoridad accionada concluyó que,
aunque los criterios de población e ingresos permitirían ubicar al departamento
Tolima en primera categoría, los porcentajes de gastos de funcionamiento
superaban los límites establecidos para los departamentos de primera (55%) y
segunda categoría (60%). Por ello, consideró ajustada la clasificación en tercera
categoría efectuada mediante los Decretos 1420 de 2011, 1380 de 2012 y 3035 de
2013, razón por la cual revocó parcialmente la sentencia de primera instancia y negó
17
Índice 32 de SAMAI del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, certificado F6372349D9987E46
1704E85CE40C018A 464DFFEE26EB0932 60BC01A047582A81, radicado 73001233300020170040401.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01012-01
Accionante: María Stella Vásquez Baracaldo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
el reconocimiento de las diferencias salariales y prestacionales reclamadas por los
demandantes.
No obstante, mantuvo el reconocimiento de los haberes salariales y prestacionales
correspondientes al año 2014, al advertir que el tribunal había fundamentado esa
decisión en la inaplicación del Decreto 3035 de 2013, en el sentido de acoger el
criterio de la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró su nulidad y
concluyó que para dicha vigencia el departamento debía clasificarse en segunda
categoría y no en tercera.
4.6. Respecto al argumento orientado al desconocimiento del precedente fijado por
el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, esta última corporación ha sostenido
que establecer su configuración exige que el accionante vincule la falta de aplicación
de una regla jurisprudencial con la violación de una garantía fundamental o, en otros
términos, que explique con suficiencia por qué el precedente con identidad fáctica y
jurídica era aplicable en su caso y de qué forma la inobservancia de tales
consideraciones o reglas jurisprudenciales afectó sus garantías fundamentales.18
Ahora, en el sub lite, la accionante cita la sentencia del 19 de abril de 2021, proferida
por la Sección Primera del Consejo de Estado dentro del proceso radicado 73001-
23-33-000-2014-00206-01. Sin embargo, no expuso las reglas jurisprudenciales que
consideró fueron indebidamente aplicadas, ni indicó la similitud fáctica y jurídica que
permitiera concluir, acertadamente, que, en efecto, se incurrió en la causal
específica invocada, de manera que permitiera vincular los fundamentos de hecho
con una situación que pudiera transgredir los derechos fundamentales de los que
es titular. Esta falta de sustento impide el análisis del cargo y exime a la Sala de
realizar un estudio de fondo, lo que permite concluir que el defecto alegado carece
de relevancia constitucional.
De su lado, de la lectura de la sentencia cuestionada se evidencia que la autoridad
accionada identificó expresamente la existencia de la postura adoptada por la
Sección Primera del Consejo de Estado dentro de los procesos de simple nulidad
relacionados con la legalidad de los decretos de categorización de departamentos,
según la cual la sanción prevista en el parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 617 de
2000 opera únicamente para disminuir una categoría.
18
Compárese, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11
de octubre de 2024, radicado 11001-03-15-000-2024-04599-00.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01012-01
Accionante: María Stella Vásquez Baracaldo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
No obstante, explicó las razones por las cuales no acogió dicho criterio para resolver
el caso concreto, al señalar que las Subsecciones A y B de la Sección Segunda, en
decisiones sobre asuntos análogos, han sostenido una interpretación distinta,
conforme a la cual la reclasificación prevista en la citada disposición debe
armonizarse con los límites establecidos en el artículo 4 de la Ley 617 de 2000.
En consecuencia, la inconformidad de la actora no se dirige realmente a la falta de
consideración del precedente, sino al criterio interpretativo acogido por la autoridad
accionada al resolver la controversia, circunstancia que corresponde al ámbito de
autonomía e independencia judicial.
4.7. Así, para esta Subsección es claro que la accionante pretende utilizar este
mecanismo constitucional como si se tratara de una instancia adicional, pues, como
se observó, los reproches contenidos en su escrito de tutela buscan reabrir el debate
que tuvo lugar en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con
el fin de que prevalezca su interpretación sobre la acogida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, en el proceso 73001 23 33 000 2017 00404 00/01.
Cuestión distinta es que la parte accionante no comparta el sentido de la decisión
adoptada, aspecto que desborda el ámbito de competencia del juez constitucional,
en tanto no le corresponde definir la forma en que el juez natural debe decidir.
Se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra de decisiones
judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la autonomía
e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, en
razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de
corrección” de la decisión cuestionada19, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del proceso
ordinario.20
5. Bajo esta línea argumentativa, en el sub lite no se encuentra acreditado el
requisito de relevancia constitucional, en consecuencia, la acción tuitiva resulta
improcedente, como lo concluyó el a quo, razón por la que se confirmará el proveído
impugnado.
19
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
20
Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01012-01
Accionante: María Stella Vásquez Baracaldo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 15 de mayo de 2026, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejero de Estado Consejera de Estado
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