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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04236-00

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04236-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional, de conformidad con las razones ut supra. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04236-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

17 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04236-00
Accionante: Hernán Augusto Bernal Lotero
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela – relevancia constitucional. Sentido del fallo de
tutela: Se declara improcedente.

La Sala decide la acción de tutela1 presentada por Hernán Augusto Bernal Lotero,
a nombre propio, en contra del Tribunal Administrativo del Quindío.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 2 de junio de 20262, la parte actora interpuso esta acción constitucional en
procura de la protección de sus derechos al debido proceso, igualdad, trabajo y
acceso a la administración de justicia que considera vulnerados por el Tribunal
Administrativo del Quindío, debido a que a través de la sentencia del 28 de mayo
de 2026 revocó la decisión de primera instancia del 22 de mayo de 2025, proferida
por el Juzgado Primero Administrativo de Armenia que había negado las
pretensiones de la demanda, para, en su lugar, acceder parcialmente a ellas, en el
marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado
63001-33-33-006-2020-00266-00/01.

2. Hechos

2.1. El señor Hernán Augusto Bernal Lotero presentó demanda3 contra el municipio
de Circasia y la Personería Municipal de Circasia en orden a que se declarara la
nulidad de los Oficios ALC-50-14-59-275 y PMC-229 de 2020. A título de
restablecimiento del derecho solicitó, entre otras cosas, i) pagar los salarios y

1
Índice 2 de SAMAI, certificado D824143FBA8AC696 99094A594166D4E2 A112DDFB77193370 673A656F27F61E82.
2
Índice 2 de SAMAI, certificado 8FE9DF828CE04284 F71EA859D293ADE4 1BCE88D739D596EA 0B91F4E6C240288D.
3
Archivo denominado “09. Demanda subsanada”, carpeta “Demanda y anexos”, visible a índice 11 de SAMAI, certificado
9F14590C02D2E2E1 6BC9BCF9EF7B751A B3F59541205AE2D6 F975296D9A5B6833.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04236-00
Accionante: Hernán Augusto Bernal Lotero
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

prestaciones sociales a que tiene derecho por los meses de enero y febrero de 2020,
en una suma de $10.939.026; ii) cancelar “la indemnización por mora por el no pago
de sus prestaciones sociales, la cual a la fecha asciende a la suma de
($76.473.100)”; iii) condenar al municipio de Circasia a pagar los perjuicios
inmateriales que se le han causado a él, a su madre y a su hermano, por valor de
cien salarios mínimos mensuales legales vigentes a cada uno, como consecuencia
de la no cancelación de las prestaciones sociales.

2.2. El Juzgado Primero Administrativo de Armenia, por medio de sentencia del 22
de mayo de 2025, negó las pretensiones de la demanda.

2.3. Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación.

2.4. A raíz de ello, el 28 de mayo de 2026 el Tribunal Administrativo del Quindío
emitió sentencia de segunda instancia, a través de la cual revocó la providencia
apelada, para, en su lugar, acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda,
en los siguientes términos:

“PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el veintidós (22) de mayo de dos mil
veinticinco (2025) por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Armenia, y en
su lugar ACCEDER parcialmente a las pretensiones de la demanda así:

“PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD del acto administrativo emitido por la personera
encargada del municipio de Circasia Oficio: PMC-229 de fecha 24 de agosto de 2020,
por medio del cual se atendió de manera desfavorable una reclamación administrativa
tendiente a que se le cancelaran al señor HERNÁN AUGUSTO BERNAL LOTERO en
su calidad de ex personero municipal unos salarios y prestaciones sociales debidas, de
acuerdo con lo analizado en precedencia. Así mismo, la NULIDAD del oficio ALC-50-14-
59-275, agosto 11 de 2020, respuesta emitida por parte de la alcaldesa Municipal de
Circasia Q., por medio del cual se atendió de manera desfavorable una petición del señor
Hernán Augusto Bernal Lotero en el sentido de que se le cancelaran sus salarios y
prestaciones sociales.

SEGUNDO: ORDENAR a la Personería Municipal de Circasia Quindío y al Municipio de
Circasia de manera solidaria, a título de restablecimiento del derecho que:

RECONOZCAN, LIQUIDEN Y PAGUEN al señor HERNÁN AUGUSTO BERNAL
LOTERO quien fungió como Personero Municipal de Circasia – Quindío, el retroactivo
salarial y las diferencias económicas derivadas a nivel prestacional, por los meses de
Enero y Febrero de 2020, consecuencia de aplicar el ajuste salarial autorizado para
dicha vigencia, así como la cesantías por los meses de enero y febrero de 2020.

Se advierte a las entidades demandadas que sobre las sumas que resulten, deberá
efectuar los descuentos de ley a que haya lugar.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04236-00
Accionante: Hernán Augusto Bernal Lotero
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

También, las sumas debidas se ajustarán aplicando la fórmula utilizada por el Consejo
de Estado para la indexación de sumas dinerarias, y en aplicación del artículo 187 del
CPACA, desde la fecha de su causación y hasta la fecha de ejecutoria de la presente
sentencia. En Adelante, causarán intereses moratorios hasta la fecha de su pago
definitivo según lo dispuesto en los artículos 192 y 195 ib.

TERCERO: Negar las demás pretensiones de la demanda, según lo indicado. […]”4.

3. Fundamentos de la acción de tutela

La parte accionante sostuvo que:

3.1. La autoridad accionada censurada incurrió en defecto sustantivo, porque negó
la sanción moratoria derivada del no pago oportuno de las cesantías bajo el
argumento de que en sede administrativa no se formuló una solicitud expresa de
dicha sanción y que, por esa razón, el municipio de Circasia y la Personería
municipal de Circasia no tuvieron oportunidad de estudiarla ni resolverla. Sin
embargo, esa conclusión es contraria al expediente, a las Leyes 244 de 1995 y 1071
de 2006 y al principio de congruencia.

3.2. El tribunal desconoció que la sede administrativa o “decisión previa existe para
que la administración conozca la pretensión subjetiva del administrado y pueda
pronunciarse antes de acudir al juez situación que si aconteció con la ocurrencia de
la diligencia de conciliación y el acta de no conciliación, donde se hace constar la
intervención del comité de conciliación ´máximo órgano de decisión de la
administración´ y del personero municipal, en donde deciden no pagar la sanción
moratoria y no conciliar.”

3.3. El tribunal incurrió en defecto fáctico, porque omitió valorar que el 31 de agosto
de 2020 presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría para
asuntos administrativos, a través de la cual reclamó salarios y prestaciones sociales
y la sanción o indemnización moratoria por el no pago de sus prestaciones sociales,
pues indicó expresamente que se le adeudaba “por concepto de moratoria por el no
pago de sus prestaciones sociales la suma diaria de $201.245, valor que fue
liquidado hasta el 31 de agosto de 2020 en […] $36.224.100.” Igualmente, no valoró
el acta de conciliación del 9 de noviembre de 2020, la fijación del litigio realizada por
el a quo y el problema jurídico formulado en la sentencia de primera instancia.

4
Índice 19 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Quindío, certificado C64B497B1209052D 2D4A5BFE38B360CC
180E39E1BF639DE7 AABB4506A90D79A7, radicado 63001333300620200026601.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04236-00
Accionante: Hernán Augusto Bernal Lotero
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

En ese sentido, a su juicio, el tribunal desconoció que i) la indemnización moratoria
fue objeto de reclamación expresa en la conciliación prejudicial; ii) las entidades
demandadas tuvieron conocimiento de dicha pretensión; iii) fue sometida a
consideración del Comité de Conciliación del municipio de Circasia, el cual la
rechazó; y iv) la Personería de ese ente territorial no concilió.

Así las cosas, manifiesta que las entonces entidades demandadas no fueron
sorprendidas por la pretensión de sanción moratoria, pues la conocieron desde la
convocatoria a la conciliación extrajudicial, durante la conciliación extrajudicial,
luego con la demanda, la contestación y durante todo el trámite judicial y nunca se
alegó que no se les hubiera reclamado el pago de dicha sanción, ni se propuso
como excepción.

3.4. La sentencia reprochada desconoció el precedente jurisprudencial del Consejo
de Estado contenido en las sentencias del 22 de abril de 2014, radicado 0800123-
31-000-2011-00335-01(3640-13), y de unificación CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de
julio de 2018, y la providencia del 14 de mayo de 2026, radicado 63001-33-33-003-
2021-00029-01 emitida por el mismo Tribunal Administrativo del Quindío.

4. Pretensiones de la acción

La parte accionante textualmente solicitó lo siguiente:

“PRIMERA: Amparar mis derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo,
derechos laborales, confianza legítima, acceso efectivo a la administración de justicia y
precedente judicial.

SEGUNDA: Declarar que la sentencia de segunda instancia proferida el 28 de mayo de
2026 por el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Segunda de Decisión, dentro del
proceso radicado 63001-33-33-006-2020-00266-01, vulneró mis derechos
fundamentales al negar la sanción moratoria con fundamento en una premisa contraria
al expediente y a la ley.

TERCERA: Declarar configurados los defectos fácticos, sustantivo, procedimental,
desconocimiento del precedente, falta de motivación y violación directa de la
Constitución.

CUARTA. Dejar sin efectos parcialmente la sentencia cuestionada, exclusivamente en
lo relativo a la negativa de reconocimiento de la sanción moratoria.

QUINTA: Ordenar al Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Segunda de Decisión, que
dentro del término que fije el juez constitucional profiera providencia complementaria,
correctiva o de reemplazo parcial, según corresponda, en la cual estudie de fondo y
reconozca la sanción moratoria derivada del no pago oportuno de las cesantías,

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04236-00
Accionante: Hernán Augusto Bernal Lotero
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

conforme a la Ley 244 de 1995, la Ley 1071 de 2006 y la regla jurisprudencial vigente
para agosto de 2020.

SEXTA: Ordenar que el Tribunal tenga en cuenta que sí existió reclamación expresa de
indemnización moratoria en la solicitud de conciliación extrajudicial (como derecho de
petición ley 1437 de 2011 y ley 1755 de 2015), presentada ante la Procuraduría y ante
las entidades demandadas ( Administración Pública y Personeria Municipal), que el
Municipio de Circasia la sometió a comité de conciliación y decidió no conciliar, y que la
Personería Municipal por intermedio del Personero Municipal de Circasia también
manifestó no tener ánimo conciliatorio.

SÉPTIMA: Ordenar que el Tribunal tenga en cuenta que la demanda judicial formuló
expresamente la pretensión de indemnización moratoria, que el Juzgado no inadmitió ni
exigió subsanación sobre este punto, y que la sanción por mora fue incorporada
expresamente dentro del problema jurídico de primera instancia.

OCTAVA: Ordenar que el Tribunal valore el precedente horizontal contenido en la
sentencia del 14 de mayo de 2026, caso Yehimi Eliana Muñoz Castaño, radicado 63001-
33-33-003-2021-00029-01, y que en consecuencia reconozca la sanción moratoria en
términos de igualdad.

NOVENA: Ordenar que el restablecimiento del derecho laboral sea integral, incluyendo
la sanción moratoria de un día de salario por cada día de retardo, en los términos del
parágrafo del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006.”5 (Resaltado original del texto).

5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición

5.1. Mediante auto del 3 de junio de 20266, el despacho ponente admitió la acción
de tutela, vinculó al Juzgado Primero Administrativo de Armenia, al municipio de
Circasia, Quindío, a Juan Camilo Bernal Lotero, a Gloria Inés Lotero Vera y a la
Personería Municipal de Circasia. También dispuso la notificación a las partes y a
los vinculados.

5.2. El Juzgado Primero Administrativo de Armenia7 aseveró que al margen de la
discusión de la falta de reclamación ante la administración del pago de la sanción
moratoria, esta no procede. Lo anterior, por cuanto no se había definido el derecho
al reconocimiento y pago de todas las prestaciones sociales y salariales del
entonces demandante, incluidas las cesantías. De allí que no opere la sanción
moratoria, pues si estaba en discusión el derecho al pago del auxilio de cesantías,
no puede predicarse su consignación extemporánea.

5
Índice 2 de SAMAI, certificado D824143FBA8AC696 99094A594166D4E2 A112DDFB77193370 673A656F27F61E82, folios
11 y 12.
6
Índice 4 de SAMAI, certificado 9E5B3BC2E8D1C977 544052E42503907D E304D3D5EE16DCA3 2C14AB752256B494.
7
Índice 11 de SAMAI, certificado 671FF8DF54DAE1FA 2768CAA16753D54C 836376E8D765A1C9 8F35CF65ADC4547E.

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Accionante: Hernán Augusto Bernal Lotero
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

5.3. El Tribunal Administrativo del Quindío, el municipio de Circasia, Quindío, Juan
Camilo Bernal Lotero y la Personería Municipal de Circasia8, no se pronunciaron.

5.4. El accionante, mediante memorial, informa que Gloria Inés Lotero Vera falleció
“hace tres años”.9

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por Hernán
Augusto Bernal Lotero en contra del Tribunal Administrativo del Quindío, de
conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto
2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos fundamentales alegados por la parte actora.

3. La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en sentencia C-590 del 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad10 y de procedencia11 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.

8
Luego de efectuar la consulta en SAMAI, no se encontró registro alguno de que el Tribunal Administrativo del Quindío, el
Juzgado Primero Administrativo de Armenia, el municipio de Circasia, Quindío, Juan Camilo Bernal Lotero y la Personería
Municipal de Circasia hubieran rendido informe, pese a la notificación electrónica surtida visible a índices 7 y 17 de SAMAI.
9
Índice 15 de SAMAI, certificado 0DCBA0DCD113F763 6057F182F18B0256 7C45677CCEE5972E C652362A7F206A98.
10
De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los
siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela;
que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad
procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que
se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
11
Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico;
defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del
precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04236-00
Accionante: Hernán Augusto Bernal Lotero
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

4. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto

4.1. Sobre este requisito, la Corte Constitucional ha señalado que el juez de tutela
“no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”.12

En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber13: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202214, frente al requisito de
relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no
se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.

4.2. Para la Sala se torna evidente que los cargos referidos no satisfacen el requisito
de relevancia constitucional, por cuanto se advierten como un medio dirigido a
revivir el análisis jurídico efectuado por el juez natural, como si este mecanismo
fuera una instancia adicional al proceso ordinario, según se explicará.

4.3. En el caso concreto, el señor Bernal Lotero cuestiona, en esencia, que el
Tribunal Administrativo del Quindío incurrió en defecto sustantivo, porque negó la
sanción moratoria derivada del no pago oportuno de las cesantías bajo el argumento
de que en sede administrativa no se formuló una solicitud expresa de dicha sanción

12
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
13
Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
14
Sentencia SU-215 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04236-00
Accionante: Hernán Augusto Bernal Lotero
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

y que, por esa razón, el municipio de Circasia y la Personería municipal de Circasia
no tuvieron oportunidad de estudiarla ni resolverla. Sin embargo, esa conclusión es
contraria al expediente, a las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 y al principio de
congruencia.

Igualmente, manifiesta que el tribunal incurrió en defecto fáctico, porque omitió
valorar que el 31 de agosto de 2020 presentó solicitud de conciliación extrajudicial
ante la Procuraduría para asuntos administrativos, a través de la cual reclamó
salarios y prestaciones sociales y la sanción o indemnización moratoria por el no
pago de sus prestaciones sociales, pues indicó expresamente que se le adeudaba
“por concepto de moratoria por el no pago de sus prestaciones sociales la suma
diaria de $201.245, valor que fue liquidado hasta el 31 de agosto de 2020 en […]
$36.224.100.” Igualmente, no valoró el acta de conciliación del 9 de noviembre de
2020, la fijación del litigio realizada por el a quo y el problema jurídico formulado en
la sentencia de primera instancia.

En ese sentido, a su juicio, el tribunal desconoció que i) la indemnización moratoria
fue objeto de reclamación expresa en la conciliación prejudicial; ii) las entidades
demandadas tuvieron conocimiento de dicha pretensión; iii) fue sometida a
consideración del Comité de Conciliación del municipio de Circasia, el cual la
rechazó; y iv) la Personería de ese ente territorial no concilió.

4.4. Pues bien, al verificar los argumentos contenidos en la sentencia de segunda
instancia del 28 de mayo de 2026 emitida por el Tribunal Administrativo del Quindío,
se observa el siguiente análisis textual:

“Así entonces, ha logrado probarse que al señor HERNÁN AUGUSTO BERNAL
LOTERO en su calidad de Personero Municipal de Circasia por el periodo 15 de enero
de 2016 a 29 de febrero del 2020, se le adeuda los pagos correspondientes al retroactivo
salarial, primas y cesantías correspondientes a los meses de enero y febrero del año
2020 -cuando finalizó su periodo en ese cargo-, es decir, la diferencia monetaria con lo
efectivamente pagado en esos meses, en comparación con el aumento salarial que se
hubiere decretado anualmente para ese cargo en específico.

Así las cosas, se impone el restablecimiento del derecho, y esta Sala de decisión del
Tribunal lo hará en similares términos o de conformidad con un precedente horizontal
que abordó un caso similar al aquí estudiado, en el cual se estableció que la condena
debe ser solidaria porque ambas entidades no dieron una solución integral al reclamo
laboral adecuado:

[…] Por tanto, la suspensión del salario solo es parcialmente idónea para evitar una
imputación incorrecta, pero no es así para cumplir integralmente el bloque de deberes

9

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04236-00
Accionante: Hernán Augusto Bernal Lotero
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

constitucionales en juego, que son la legalidad del gasto, protección del trabajo y pago
oportuno de los salarios.

[…] El gobierno municipal en cooperación con la Personería Municipal estaban en la
posibilidad y en la obligación, previas consultas y autorizaciones necesarias, realizar un
traslado presupuestal hacia los rubros de funcionamiento de la Personería, ajustar la
liquidación o distribución del presupuesto o adoptar otro tipo de medidas, sin que se
llegara a un impago de 7 meses de salario correspondientes a la anualidad del 2020 y
que aún a la fecha de esta sentencia, siguen sin pagar.

Además corresponde señalar que al respecto, lo único que se logra determinar al
interior del proceso, son las respuestas evasivas de ambas entidades
demandadas y no, una real intención, de la mano de elaboración de propuestas
alternativas que pudieran llegar al pago de los salarios y demás emolumentos de
la acá demandante cuando fungió como Personera municipal. Por eso, desde el
subprincipio de necesidad, el impago es una medida excesiva, como que habían
medios jurídicos menos restrictivos y más compatibles con la Constitución, para
solucionar el pago de la actora, sin afectar gravemente los principios
presupuestales.

[…] En ese orden, no puede trasladarse al servidor público el error administrativo
respecto de los rubros de los cuales se venían pagando los salarios del Personero
Municipal, la entidad territorial no puede invocar un error de imputación presupuestal
para suspender los pagos indefinidamente, como tampoco la Personería puede
mostrarse indolente del incumplimiento en el pago salarial de uno de sus empleados.
Así, considera la Sala de decisión que tanto la Personería Municipal de Circasia -
Quindío como el gobierno municipal tienen una responsabilidad compartida y
solidaria al haber adoptado una medida que dejó desprovisto de salario a una
funcionaria que durante 7 meses prestó sus servicios al ente de control.

[…] Por otra parte, la Sala debe precisar que, no es posible acceder a otro tipo de sanción
laboral económica, dígase sanción por mora, dado que, en la reclamación administrativa
elevada en el mes de agosto de 2020 no fue expresamente solicitada, lo que a luz de la
jurisprudencia contenciosa administrativa impide su estudio y reconocimiento judicial,
dado que, la Administración no tuvo la oportunidad de pronunciarse de forma previa.
Igualmente, no es dable acceder al reconocimiento de perjuicios inmateriales por lo
adeudado, en razón a que como ha quedado probado, la deuda laboral solo constituye
una diferencia salarial alusiva a dos meses, es decir, sin la posibilidad de llegar a afectar
el mínimo vital, lo que indica de manera consecuente que no tenga una magnitud que
pueda afectar la sique de una persona y así lo tiene decantado la jurisprudencia para
configurar el daño moral: “el plano psíquico interno del individuo, reflejado en los dolores
o padecimientos sufridos a consecuencia de la lesión a un bien […]”15. (Resaltado
original del texto).

4.5. Luego de lo relatado se advierte que, en sede de tutela, la parte accionante
pretende que nuevamente se valoren los argumentos ya planteados y resueltos por
la autoridad judicial accionada en la sentencia censurada.

En efecto, el Tribunal Administrativo del Quindío hizo un recuento normativo del
régimen salarial y prestacional de los personeros municipales.

15
Índice 19 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Quindío, certificado C64B497B1209052D 2D4A5BFE38B360CC
180E39E1BF639DE7 AABB4506A90D79A7, radicado 63001333300620200026601.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04236-00
Accionante: Hernán Augusto Bernal Lotero
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Descendiendo al caso concreto, encontró probado que i) el entonces demandante
ostentó el cargo de personero municipal de Circasia entre el 15 de enero de 2016 y
29 de febrero del 2020; y ii) se le adeudaba los pagos correspondientes al retroactivo
salarial, primas y cesantías correspondientes a los meses de enero y febrero del
año 2020, cuando finalizó su período en ese cargo, esto es, los valores dejados de
pagar frente a los incrementos salariales que debían reconocerse para dicho cargo.

Así, con fundamento en un precedente horizontal, dispuso el restablecimiento del
derecho a cargo del municipio de Circasia y de la Personería Municipal de manera
solidaria, al considerar que ambas entidades incumplieron su deber de adoptar las
medidas presupuestales y administrativas necesarias para garantizar el pago
oportuno de las acreencias laborales, sin que fuera admisible trasladar al servidor
público las consecuencias de errores de imputación presupuestal.

El tribunal destacó que aquellas entidades podían acudir a mecanismos como
traslados presupuestales o ajustes en la distribución del presupuesto para atender
sus obligaciones laborales y que las respuestas brindadas al reclamante fueron
insuficientes para solucionar integralmente la situación.

Finalmente, negó el reconocimiento de una sanción moratoria, por cuanto al valorar
la reclamación administrativa presentada en agosto de 2020 evidenció que esta no
fue solicitada expresamente, lo que impedía su estudio en sede judicial. De su lado,
negó la indemnización por perjuicios inmateriales al considerar que la deuda
correspondía únicamente a diferencias salariales de dos meses y no se acreditó
una afectación de la entidad suficiente para configurar daño moral.

4.6. Resulta claro, entonces, que la parte actora pretende utilizar este mecanismo
constitucional como si se tratara de una instancia adicional, pues, como se vio, los
reproches contenidos en su escrito de tutela buscan reabrir el debate que tuvo lugar
en el trámite ordinario, con el fin de que prevalezca su interpretación sobre la
acogida por el Tribunal Administrativo del Quindío, en el proceso 63001-33-33-006-
2020-00266-00/01. Cuestión distinta es que la parte accionante no comparta el
sentido de la decisión adoptada, aspecto que desborda el ámbito de competencia
del juez constitucional, en tanto no le corresponde definir la forma en que el juez
natural tiene que decidir.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04236-00
Accionante: Hernán Augusto Bernal Lotero
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

4.7. Finalmente, respecto al argumento orientado al desconocimiento del
precedente fijado por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, esta última
corporación ha sostenido que establecer su configuración exige que el accionante
vincule la falta de aplicación de una regla jurisprudencial con la violación de una
garantía fundamental o, en otros términos, que explique con suficiencia por qué el
precedente con identidad fáctica y jurídica era aplicable en su caso y de qué forma
la inobservancia de tales consideraciones o reglas jurisprudenciales afectó sus
garantías fundamentales.16

Ahora, en el sub lite, el accionante alude a las sentencias del 22 de abril de 2014,
radicado 0800123-31-000-2011-00335-01(3640-13), y de unificación CE-SUJ-SII-
012-2018 del 18 de julio de 2018, y la providencia del 14 de mayo de 2026, radicado
63001-33-33-003-2021-00029-01 emitida por el mismo Tribunal Administrativo del
Quindío; sin indicar la similitud fáctica y jurídica que permita acertadamente concluir
que en efecto se incurrió en la causal específica invocada, para ligar de manera
inescindible los fundamentos de hecho con una situación que pudiera transgredir
los derechos fundamentales de los que es titular. Esta falta de sustento impide el
análisis del cargo y exime a la Sala de realizar un estudio de fondo, lo que permite
concluir que el defecto alegado carece de relevancia constitucional.

4.8. En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la acción de tutela, es preciso señalar que no basta
con manifestar inconformidades respecto a las decisiones judiciales objeto de
censura o alegar la configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya
que, de esa forma, la discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que
no trascienden al plano constitucional.

4.9. Al respecto, se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra
de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer
la autonomía e independencia judicial ni los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un
“juicio de corrección” de la decisión cuestionada17, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole

16
Compárese, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11
de octubre de 2024, radicado 11001-03-15-000-2024-04599-00.
17
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04236-00
Accionante: Hernán Augusto Bernal Lotero
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del proceso
ordinario18.

5. En consecuencia, el presupuesto de relevancia constitucional, como se expuso,
no se encuentra superado en este caso y hace que la acción constitucional resulte
improcedente.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional, de conformidad
con las razones ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejero de Estado Consejera de Estado

18
Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.

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