RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-04474-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04474-00

Fecha
3 de agosto de 2026
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04474-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional, de conformidad con las razones ut supra. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. 19 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009. 20 Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018. 14 Radicación: 11001-03-15-000-2026-04474-00 Accionante: Katiusca Elena Sierra Madachi y otros Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04474-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

3 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., tres (03) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04474-00
Accionante: Katiusca Elena Sierra Madachi y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela – relevancia constitucional. Sentido del fallo de
tutela: Se declara improcedente.

La Sala decide la acción de tutela1 presentada por Katiusca Elena Sierra Madachi,
quien actúa a nombre propio y en representación de sus hijas menores N.G.S. y
V.G.S., así como por Alexander Sierra Madachi y Miladis Astrid Madachi Turizo, en
contra del Tribunal Administrativo de Bolívar y del Juzgado Quince Administrativo
Oral de Cartagena.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 10 de junio de 20262, la parte actora interpuso esta acción constitucional en
procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, los cuales considera vulnerados por el
Juzgado Quince Administrativo Oral de Cartagena y el Tribunal Administrativo de
Bolívar. Lo anterior, debido a que, mediante auto del 5 de noviembre de 2021, el
primero rechazó la demanda por haber operado el fenómeno de la caducidad,
decisión que fue confirmada por el segundo mediante providencia del 4 de octubre
de 2024, dentro del medio de control de reparación directa radicado No. 13001-33-
33-015-2021-00206-00/01.

2. Hechos

2.1. La señora Katiusca Elena Sierra Madachi, en nombre propio y en
representación de sus hijas menores N.G.S. y V.G.S., así como los señores

1
Índice 2 de SAMAI, certificado C2444D0D75D3BDFE DE0F3C65238A0A9D 0F6FC605C32E95D7 A4E081CF93958BEB.
2
Índice 2 de SAMAI, certificado B3E7C9206B787D4E D1237A5CF01094C5 56ED1F7E3ABF1213 AF2DDB4DA385342B.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04474-00
Accionante: Katiusca Elena Sierra Madachi y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Alexander Sierra Madachi, Miladis Astrid Madachi Turizo y Alberto Manuel Sierra
Molina, presentaron demanda de reparación directa3 contra el Distrito de Cartagena,
la Secretaría de Planeación, las Oficinas de Control Urbano, las Curadurías Urbanas
1 y 2 y la Alcaldía Local No. 2, con el fin de que se les declarara administrativa y
extracontractualmente responsables por los daños sufridos como consecuencia de
la presunta falla del servicio derivada del incumplimiento de las funciones
urbanísticas de vigilancia y control sobre las construcciones destinadas a vivienda
en la ciudad de Cartagena, específicamente respecto del edificio Portal de Los Alpes
y del inmueble identificado como apartamento 502, con matrícula inmobiliaria No.
060-274012 y referencia catastral No. 01-08-0414-0004-000. Adicionalmente,
solicitaron el reconocimiento y pago indexado de los perjuicios morales y materiales,
así como de la pérdida de oportunidad ocasionada.

2.2. El Juzgado Quince Administrativo Oral de Cartagena, por medio de auto del 5
de noviembre de 20214, rechazó la demanda por haber operado el fenómeno de
caducidad.

2.3. Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación.

2.4. Posteriormente, el 4 de octubre de 20245, el Tribunal Administrativo de Bolívar,
Sala de Decisión 4, emitió auto de segunda instancia, a través del cual confirmó la
providencia apelada.

3. Fundamentos de la acción de tutela

Los accionantes sostuvieron que:

3.1. Las accionadas incurrieron en un defecto fáctico, porque fijaron como punto de
partida para el cómputo de la caducidad la fecha del 9 de enero de 2018,
correspondiente a una reunión de “socialización” o un “primer aviso de advertencia”;

3
Formato onedrive, archivo denominado “02 F2A29 Demanda y anexos [...]”, visible a índice 12 de SAMAI, certificado
698DEE9CDC295E1C CD6CB06B52F97636 7CD1E7A976CC278C A50CA6FF68259F73.
4
Formato onedrive, archivo denominado “07F897A899 Auto rechaza [...]”, visible a índice 12 de SAMAI, certificado
698DEE9CDC295E1C CD6CB06B52F97636 7CD1E7A976CC278C A50CA6FF68259F73.
5
Formato onedrive, archivo denominado “15 Auto resuelve”, visible a índice 12 de SAMAI, certificado 698DEE9CDC295E1C
CD6CB06B52F97636 7CD1E7A976CC278C A50CA6FF68259F73.
Dicha providencia fue notificada a las partes el 12 de diciembre de 2025, según consta en el índice 6 de SAMAI del Tribunal
Administrativo de Bolívar, dentro del radicado 13001333301520210020601.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04474-00
Accionante: Katiusca Elena Sierra Madachi y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

sin embargo, esa data no representa el momento en el que tuvieron conocimiento
cierto y concreto del daño en su totalidad.

En su criterio, el conocimiento real del daño se consolidó únicamente en agosto de
2019, cuando fue socializado el estudio de vulnerabilidad sísmica elaborado por la
Universidad Nacional, fechado el 23 de mayo de 2019, el cual concluyó que la
edificación era no habitable, presentaba alto riesgo de colapso y requería su
demolición total.

Para sustentar esta afirmación destacan las siguientes actuaciones: i) los estudios
estructurales practicados por la Universidad de Cartagena en 2017; ii) la notificación
de sus resultados el 4 de enero de 2018, en los que se recomendó el desalojo
inmediato; iii) la declaratoria de calamidad pública mediante el Decreto 0058 del 18
de enero de 2018; iv) el desalojo efectuado el 30 de enero de 2018; v) el
reconocimiento de subsidios mediante la Resolución 1472 del 5 de marzo de 2018;
y vi) la posterior socialización, en agosto de 2019, del estudio de vulnerabilidad
sísmica y diseño de reforzamiento de la Universidad Nacional.

Con fundamento en dichas actuaciones, sostienen que el daño fue conocido de
forma gradual y que el tribunal ignoró que la certeza sobre la gravedad definitiva de
la situación del edificio y sobre la necesidad de su demolición solo surgió con el
estudio de 2019, razón por la cual el término de caducidad no podía computarse
desde enero de 2018.

El desalojo efectuado el 30 de enero de 2018 no tuvo carácter definitivo ni obedeció
a la intención de abandonar permanentemente la vivienda, sino que se dispuso de
manera transitoria mientras se esclarecía la situación estructural del inmueble
mediante los estudios técnicos que se encontraban en curso, cuyos resultados
fueron socializados únicamente en agosto de 2019, fecha a partir de la cual los
demandantes afirman haber tenido conocimiento cierto y completo del daño. En
consecuencia, para efectos del cómputo de la caducidad, se toma como fecha de
referencia el 31 de agosto de 2019, como último día de dicho mes, por lo que el
término de dos años para presentar la demanda en ejercicio del medio de control
de reparación directa comenzaría a correr a partir del 1 de septiembre de 2019.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04474-00
Accionante: Katiusca Elena Sierra Madachi y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

3.2. Las accionadas incurrieron en defecto sustantivo, porque aplicaron
indebidamente las normas que regulan la caducidad al desconocer que el daño se
configuró de manera progresiva y que solo en agosto de 2019 existió certeza
suficiente sobre su verdadera dimensión.

3.3. Los términos en la Rama Judicial estuvieron suspendidos desde el 16 de marzo
hasta el 30 de junio de 2020, reanudándose a partir del día hábil siguiente.

Explican que para el 16 de marzo de 2020 habían transcurrido únicamente 5 meses
y 15 días del término de caducidad, por lo que restaban 1 año, 6 meses y 15 días
para su vencimiento. En consecuencia, al reanudarse los términos el 2 de julio de
2020, el cómputo debía continuar teniendo en cuenta el período de suspensión
extraordinaria decretado por la pandemia.

Bajo esa premisa, cuando presentaron la solicitud de conciliación prejudicial el 24
de mayo de 2021 aún no se había agotado el término de 2 años previsto para la
caducidad del medio de control de reparación directa, razón por la cual la demanda
al ser radicada el 1 de septiembre de 2021 fue presentada oportunamente.

3.4. Las autoridades judiciales accionadas desconocieron el precedente
jurisprudencial contenido en el auto de segunda instancia del 7 de febrero de 2024,
proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar, dentro del proceso de radicado
13001-33-33-015-2020-00096-01.

3.5. Manifiestan que su familia sufre de distintas condiciones médicas, agravadas
por el estrés, la incertidumbre legal y la perturbación psicológica derivada de todo
este proceso. Su calidad de vida se ha visto comprometida, impidiéndoles vivir con
la dignidad que toda persona merece.

4. Pretensiones de la acción

La parte accionante textualmente solicitó lo siguiente:

“PRIMERO: AMPARAR mis derechos fundamentales al Debido Proceso y Acceso a la
Administración de Justicia, vulnerados por el Auto cuatro (4) de octubre de dos mil
veinticuatro (2024) proferido por el H. Tribunal Administrativo de Bolívar.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04474-00
Accionante: Katiusca Elena Sierra Madachi y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

SEGUNDO: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO el Auto Interlocutorio del H. Tribunal
Administrativo de Bolívar, mediante el cual se resolvió el recurso de apelación y se
confirmó la declaratoria de caducidad en el proceso de Reparación Directa con radicado
13001333301520210020601.

TERCERO: ORDENAR al H. Tribunal Administrativo de Bolívar que, en un término
prudencial, profiera una nueva decisión respecto del recurso de apelación, en la cual,
aplicando la jurisprudencia del H. Consejo de Estado y la H. Corte Constitucional, y
realizando una debida valoración probatoria, determine el momento en que tuvimos
conocimiento cierto y concreto del daño, para efectos de computar el término de
caducidad, garantizando así el acceso a la administración de justicia y el debido
proceso.”6 (Resaltado y subrayado original del texto).

5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición

5.1. Mediante auto del 12 de junio de 20267, el despacho ponente admitió la acción
de tutela, vinculó a Alberto Manuel Sierra Molina, al Distrito de Cartagena y a los
demás demandados en el proceso de reparación directa de radicado 13001-33-33-
015-2021-00206-00/01. También dispuso la notificación a las partes y a los
vinculados.

5.2. El Tribunal Administrativo de Bolívar8 afirmó que la acción de tutela es
improcedente al no cumplir el requisito de relevancia constitucional, porque lo que
se busca es una tercera instancia o un recurso adicional para controvertir un caso
que ya fue conocido por la jurisdicción a través de las vías ordinarias.

Explicó que la fecha que debía ser tenida en cuenta para calcular el término de
caducidad es el 18 de enero de 2018, pues en dicha oportunidad el Distrito de
Cartagena expidió el Decreto 058 y la Resolución 277, mediante los cuales declaró
la calamidad pública y ordenó medidas para la protección de la vida e integridad
personal de los habitantes de 16 edificaciones ubicadas en Cartagena, entre ellas
Portal de los Alpes, disponiéndose su evacuación, desocupación y sellamiento.

Por otro lado, tal como lo afirman los accionantes, desde el año 2017 se comunicó
a los habitantes del edificio Portal de los Alpes que la edificación no cumplía con los
requisitos establecidos en la Norma Sismo Resistente NSR-10 y que presentaba un
alto nivel de vulnerabilidad. En ese sentido, el estudio adelantado por la Universidad

6
Índice 2 de SAMAI, certificado C2444D0D75D3BDFE DE0F3C65238A0A9D 0F6FC605C32E95D7 A4E081CF93958BEB,
folio 29.
7
Índice 4 de SAMAI, certificado B150CED58EF8AD32 5996A4938B727DE5 E4594D6EDDCCB802 5C89E75D94FB6121.
8
Índice 9 de SAMAI, certificado A76E13AA7FA93DA1 796099E0CF9E40BB 646519B97CCD8D49 94C8088C89B32455.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04474-00
Accionante: Katiusca Elena Sierra Madachi y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Nacional en 2019 únicamente precisó la magnitud de tales deficiencias
estructurales, pues desde 2017 ya se había advertido la imposibilidad de habitar el
inmueble.

Finalmente, advirtió que, si bien los actores alegan la suspensión de términos
comprendida entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020 con ocasión de la
pandemia por COVID-19, lo cierto es que, aun si se contabilizara dicha suspensión,
la demanda fue presentada de manera extemporánea, precisamente porque el
término de dos años para ejercer el medio de control de reparación directa venció
el 19 de enero de 2020, esto es, con anterioridad a la pandemia invocada por los
demandantes.

5.3. El Juzgado Quince Administrativo de Cartagena9 hizo un recuento de las
actuaciones surtidas en ambas instancias. De su lado, aseveró que la acción de
tutela es improcedente al no cumplir el requisito de inmediatez, pues la decisión de
segunda instancia fue notificada el 12 de diciembre de 2025 y solo hasta el 11 de
junio de 2026 se radicó el escrito de amparo.

Por otra parte, afirma que los accionantes reiteran los mismos argumentos
expuestos en el recurso interpuesto contra la providencia que rechazó la demanda,
los cuales fueron analizados y resueltos oportunamente por el Tribunal
Administrativo de Bolívar.

5.4. El Distrito de Cartagena10 señaló que se configura su falta de legitimación en la
causa por pasiva, por lo que solicitó su desvinculación.

5.5. Alberto Manuel Sierra Molina no se pronunció11.

9
Índice 13 de SAMAI, certificado E98B910D99DE4071 C755E5F882982546 990C0BAC234B34DC C2BB6CC1BFC082B6.
10
Índice 15 de SAMAI, certificado 6F65DA268E459256 F7DDDBCD7EC2F029 D22046B67436E59C 41F96F2AA1DB563A.
11
Luego de efectuar la consulta en SAMAI, no se encontró registro alguno de que Alberto Manuel Sierra Molina hubiera
rendido informe, pese al aviso efectuado por la Secretaría General de esta Corporación, visible a índice 17 de SAMAI.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04474-00
Accionante: Katiusca Elena Sierra Madachi y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por Katiusca
Elena Sierra Madachi, Alexander Sierra Madachi y Miladis Astrid Madachi Turizo, a
nombre propio y en representación de sus hijas menores N.G.S. y V.G.S., en contra
del Tribunal Administrativo de Bolívar y del Juzgado Quince Administrativo Oral de
Cartagena, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución,
37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.

2. Cuestión previa

A pesar de que los tutelantes cuestionan tanto el auto de primera instancia del 5 de
noviembre de 2021 como la providencia del 4 de octubre de 2024 que lo confirmó,
la Sala analizará únicamente esta última, por cuanto fue la decisión que puso fin al
medio de control de reparación directa radicado con el No. 13001-33-33-015-2021-
00206-00/01.

3. Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos fundamentales alegados por la parte actora.

4. La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en sentencia C-590 del 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos

8

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04474-00
Accionante: Katiusca Elena Sierra Madachi y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

requisitos de procedibilidad12 y de procedencia13 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.

5. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto

5.1. Sobre este requisito, la Corte Constitucional ha señalado que el juez de tutela
“no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”.14

En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber15: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202216, frente al requisito de
relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no
se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.

5.2. Para la Sala resulta evidente que los cargos referidos no satisfacen el requisito
de relevancia constitucional, por cuanto constituyen un intento de reabrir el análisis

12
De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los
siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela;
que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad
procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que
se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
13
Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico;
defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del
precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
14
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
15
Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
16
Sentencia SU-215 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04474-00
Accionante: Katiusca Elena Sierra Madachi y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

jurídico efectuado por el juez natural, como si la acción de tutela constituyera una
instancia adicional dentro del proceso ordinario, según se explicará.

5.3. En el caso concreto, los accionantes cuestionan, en esencia, que el Tribunal
Administrativo de Bolívar incurrió en un defecto fáctico, porque fijó como punto de
partida para el cómputo de la caducidad la fecha del 9 de enero de 2018,
correspondiente a una reunión de “socialización” o a un “primer aviso de
advertencia”; sin embargo, esa fecha no representa el momento en el que tuvieron
conocimiento cierto y concreto del daño en su totalidad.

En su criterio, el conocimiento real del daño se consolidó únicamente en agosto de
2019, cuando fue socializado el estudio de vulnerabilidad sísmica elaborado por la
Universidad Nacional, fechado el 23 de mayo de 2019, el cual concluyó que la
edificación era no habitable, presentaba alto riesgo de colapso y requería su
demolición total.

Afirman que el desalojo efectuado el 30 de enero de 2018 no tuvo carácter definitivo
ni obedeció a la intención de abandonar permanentemente la vivienda, sino que se
dispuso de manera transitoria mientras se esclarecía la situación estructural del
inmueble mediante los estudios técnicos que se encontraban en curso y cuyos
resultados fueron socializados únicamente en agosto de 2019, fecha a partir de la
cual los accionantes afirman haber tenido conocimiento cierto y completo del daño.
En consecuencia, para efectos del cómputo de la caducidad, toman como fecha de
referencia el 31 de agosto de 2019, como último día de dicho mes, por lo que el
término de dos años para presentar la demanda en ejercicio del medio de control
de reparación directa comenzaría a correr a partir del 1 de septiembre de 2019.

Manifiestan que el tribunal también incurrió en defecto sustantivo, porque aplicó
indebidamente las normas que regulan la caducidad al desconocer que el daño se
configuró de manera progresiva y que solo en agosto de 2019 existió certeza
suficiente sobre su verdadera dimensión.

Finalmente, sostienen que los términos en la Rama Judicial estuvieron suspendidos
desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020, reanudándose a partir del día
hábil siguiente. A su juicio, para el 16 de marzo de 2020 habían transcurrido
únicamente 5 meses y 15 días del término de caducidad, por lo que restaban 1 año,

10

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04474-00
Accionante: Katiusca Elena Sierra Madachi y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

6 meses y 15 días para su vencimiento. En consecuencia, al reanudarse los
términos el 2 de julio de 2020, el cómputo debía continuar teniendo en cuenta el
período de suspensión extraordinaria decretado por la pandemia.

5.4. Pues bien, al verificar los argumentos contenidos en el auto de segunda
instancia del 4 de octubre de 2024 proferido por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, se observa el siguiente razonamiento:

“[…] La imputación que los demandantes le hacen al Distrito de Cartagena, corresponde
a la falta de control de este ente territorial sobre las construcciones y edificaciones que
se realizaban en la ciudad de Cartagena, lo cual quedó en evidencia con el desplome
del Edificio Portal de Blas de Lezo II, construido por la familia Quiroz con licencias y
documentación falsa; así como con materiales inadecuados para ahorrar costos; todo
ello, ante la vista de la administración y sin que se hiciera nada al respecto. Sostuvo que,
a raíz del siniestro ocurrido con el Edificio Portal de Blas de Lezo, se adelantaron
investigaciones en otros edificios construidos por la misma familia, por lo que el Portal
de los Alpes también fue sometido a estudios resultando que este tiene afectaciones
graves en su estructura.

[…] De acuerdo con lo expuesto, el daño ocasionado por el Distrito de Cartagena a los
actores es instantáneo, pues, para la fecha en la que se conoció el mismo ya este estaba
consolidado, cosa diferente es que los efectos o la magnitud económica de esta
circunstancia se revelaran a los interesados con posterioridad, cuando se entregaron los
estudios definitivos del estado de la infraestructura del Edificio Portal de los Alpes.

Conforme lo anterior, la fecha que debe ser tenida en cuenta para calcular el término de
caducidad, es el 18 de enero de 2018, pues en dicha oportunidad el Distrito de Cartagena
expidió el Decreto 058 y la Resolución 277, en los cuales decretó la calamidad pública y
ordenó unas medidas para la protección a la vida e integridad personal de los habitantes
de 16 edificaciones ubicadas en Cartagena, entre ellos Portal de los Alpes,
disponiéndose su evacuación, desocupación, y sellamiento.

En efecto, el actor tuvo conocimiento de los actos administrativos mencionado, en su
oportunidad, pues, así lo dio a conocer en la carta enviada al Banco Davivienda, el 16
de febrero de 2018, en la que solicitaba la devolución de lo pagado en virtud del crédito
de Leasing.

Siendo así las cosas, la demanda debió presentarse a mas tardar el 17 de febrero de
2020, verificándose que la conciliación prejudicial solo se presentó el 24 de mayo de
2021 y la demanda el 1 de septiembre de 2021, es decir ambos fueron extemporáneos.
[…]”17

5.5. Luego de lo relatado se advierte que, en sede de tutela, la parte accionante
pretende que nuevamente se valoren los argumentos ya planteados y resueltos por
la autoridad judicial accionada en el auto censurado.

17
Formato onedrive, archivo denominado “15 Auto resuelve”, visible a índice 12 de SAMAI, certificado 698DEE9CDC295E1C
CD6CB06B52F97636 7CD1E7A976CC278C A50CA6FF68259F73.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04474-00
Accionante: Katiusca Elena Sierra Madachi y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

En efecto, el Tribunal Administrativo de Bolívar confirmó la decisión de primera
instancia y concluyó que el daño era instantáneo y no continuado, pues quedó
consolidado cuando los propietarios tuvieron conocimiento de la situación que
motivó la evacuación del inmueble. Señaló que la responsabilidad atribuida al
Distrito de Cartagena se fundamentaba en presuntas omisiones en el control
urbanístico de las construcciones, pero que el conocimiento del daño se materializó
cuando la administración adoptó medidas oficiales de protección.

Por ello, determinó que el término de caducidad debía contabilizarse desde el 18
de enero de 2018, fecha en la que el Distrito expidió el Decreto 058 y la Resolución
277, mediante los cuales declaró la calamidad pública y ordenó la evacuación,
desocupación y sellamiento de varias edificaciones, entre ellas el Portal de los
Alpes. También destacó que los demandantes conocieron tales decisiones, como
lo demuestra una comunicación enviada al Banco Davivienda el 16 de febrero de
2018.

En consecuencia, el tribunal concluyó que la demanda debía presentarse a más
tardar el 17 de febrero de 2020. Sin embargo, la conciliación prejudicial fue radicada
el 24 de mayo de 2021 y la demanda el 1 de septiembre de 2021, razón por la cual
ambas actuaciones fueron consideradas extemporáneas y se confirmó la caducidad
del medio de control de reparación directa.

Finalmente, la Sala encuentra acertado el planteamiento expuesto por el Tribunal
accionado en la contestación de la acción de tutela. En efecto, los accionantes
insisten en que para el cómputo de la caducidad debía tenerse en cuenta la
suspensión de términos decretada con ocasión de la emergencia sanitaria derivada
del COVID-19, prevista, entre otras disposiciones, en el Decreto Legislativo 564 de
2020. Sin embargo, dicho argumento carece de incidencia en la resolución del caso
concreto.

Lo anterior, toda vez que, si se toma como punto de partida para el cómputo del
término de caducidad la fecha adoptada por las autoridades judiciales accionadas,
esto es, el 18 de enero de 2018, el plazo de dos años previsto para promover el
medio de control de reparación directa vencía con anterioridad a la suspensión
extraordinaria de términos judiciales decretada con ocasión de la pandemia por
COVID-19. En consecuencia, para el momento en que entraron en vigor las medidas

12

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04474-00
Accionante: Katiusca Elena Sierra Madachi y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

de suspensión, el término de caducidad ya se encontraba agotado, razón por la cual
dichas disposiciones carecían de incidencia en el caso concreto.

De ahí que resulte innecesario efectuar un análisis detallado de la normativa
expedida con ocasión de la pandemia por COVID-19, pues aun bajo el supuesto de
su aplicación integral, ello no tendría la virtualidad de modificar la conclusión a la
que arribaron las autoridades judiciales accionadas en torno a la extemporaneidad
de la demanda.

5.6. Respecto del desconocimiento del precedente fijado por el Consejo de Estado
y la Corte Constitucional, esta última corporación ha sostenido que su configuración
exige que el accionante vincule la falta de aplicación de una regla jurisprudencial
con la vulneración de una garantía fundamental o, en otros términos, que explique
suficientemente por qué el precedente, con identidad fáctica y jurídica, resultaba
aplicable a su caso y de qué manera la inobservancia de tales consideraciones o
reglas jurisprudenciales afectó sus derechos fundamentales.18

Ahora bien, si en el sub lite los accionantes invocan el auto de segunda instancia
del 7 de febrero de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar dentro
del proceso radicado con el No. 13001-33-33-015-2020-00096-01, lo cierto es que
no puede concluirse que dicha providencia constituya un precedente vinculante de
obligatoria observancia para el juez de la causa. En efecto, no se trata de una
sentencia de unificación ni de una decisión respecto de la cual se hubiera acreditado
identidad fáctica y jurídica suficiente para imponer su aplicación al caso bajo
examen. Por tanto, no puede afirmarse que el juez natural estuviera obligado a
fundar su decisión en las consideraciones allí expuestas.

5.7. Resulta claro, entonces, que la parte actora pretende utilizar este mecanismo
constitucional como si se tratara de una instancia adicional, pues, como se vio, los
reproches contenidos en su escrito de tutela buscan reabrir el debate que tuvo lugar
en el trámite ordinario, con el fin de que prevalezca su interpretación sobre la
acogida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en el proceso 13001-33-33-015-
2021-00206-00/01. Cuestión distinta es que la parte accionante no comparta el
sentido de la decisión adoptada, aspecto que desborda el ámbito de competencia

18
Compárese, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11
de octubre de 2024, radicado 11001-03-15-000-2024-04599-00.

13

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04474-00
Accionante: Katiusca Elena Sierra Madachi y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

del juez constitucional, en tanto no le corresponde definir la forma en que el juez
natural tiene que decidir.

5.8. En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la acción de tutela, es preciso señalar que no basta
con manifestar inconformidades respecto a las decisiones judiciales objeto de
censura o alegar la configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya
que, de esa forma, la discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que
no trascienden al plano constitucional.

5.9. Al respecto, se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra
de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer
la autonomía e independencia judicial ni los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un
“juicio de corrección” de la decisión cuestionada19, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del proceso
ordinario20.

6. En consecuencia, el presupuesto de relevancia constitucional, como se expuso,
no se encuentra superado en este caso y hace que la acción constitucional resulte
improcedente.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional, de conformidad
con las razones ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

19
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
20
Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.

14

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04474-00
Accionante: Katiusca Elena Sierra Madachi y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejero de Estado Consejera de Estado

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.