Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01512-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01512-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01512-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
16 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01512-01
Accionante: Municipio de Popayán
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación interpuesta contra la sentencia proferida el 9 de abril
de 2026 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
El 25 de febrero de 20261, el municipio de Popayán, a través de apoderado,
interpuso acción de tutela2 en procura de la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia que
considera vulnerados por el Tribunal Administrativo del Cauca, debido a que, a
través de la sentencia del 7 de noviembre de 2025, revocó la decisión de primera
instancia del 21 de octubre del mismo año, proferida por el Juzgado Octavo
Administrativo de Popayán, que negó las pretensiones de la demanda, para en su
lugar, declarar que el municipio de Popayán a través de la Secretaría de Tránsito,
incumplió el contenido del artículo 159 del Código Nacional de Tránsito, modificado
por el artículo 206 del Decreto 19 de 2012, en el marco de la acción de cumplimiento
de radicado 19 001 33 33 008 2025 00244 00/01.
2. Hechos
2.1. El señor José Luis Diago Franco presentó acción de cumplimiento3 contra el
municipio de Popayán - Secretaría de Tránsito con el fin de que se le ordenara (i)
declarar de oficio la prescripción de todas las sanciones por infracciones de tránsito
1 Índice 3 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 86C6512E5AA92CDA
EF40B9EC0BAE1D77 93B065DF9FFD2214 206E5F3EFA7BE62B.
2 Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado
679FA380EDAE5A92 9C422E234D6516CE 1D142B14B430EDBD 1585301AEBC212D7.
3 Archivo denominado “001 Acción cumplimiento”, subcarpeta “C1 Principal”, carpeta “C1 Cuaderno principal”,
visible a índice 12 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 48AC5CD60D8D6867
996817E6EA117509 B08ACDC797D4F9A1 FE944BAB03F89A3A.
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que habían superado el término de 3 años sin que se hubiera expedido
mandamiento de pago válido, conforme a la obligación legal; (ii) abstenerse de
iniciar o continuar procesos de cobro coactivo respecto de sanciones prescritas y
proceder a la depuración integral de sus bases de datos, de modo que las
obligaciones inexigibles no figuren como vigentes en sistemas como el SIMIT; y (iii)
adoptar todas las medidas administrativas necesarias para cumplir de forma
efectiva, permanente y estructural con la obligación legal de declarar la prescripción
de oficio.
2.2. El Juzgado Octavo Administrativo de Popayán, por medio de sentencia del 21
de octubre de 2025, negó las pretensiones de la demanda.
2.3. Inconforme con la decisión, el señor José Luis Diago Franco interpuso
impugnación.
2.4. Posteriormente, mediante sentencia de segunda instancia del 7 de noviembre
de 2025, el Tribunal Administrativo del Cauca revocó la providencia apelada, en los
siguientes términos:
“[…] SEGUNDO.- En su lugar, DECLARAR que el municipio de Popayán a través de la
Secretaría de Tránsito, ha incumplido el contenido del artículo 159 del Código Nacional
de Tránsito, modificado por el artículo 206 del Decreto 19 de 2012, por lo expuesto.
TERCERO.- ORDENAR al municipio de Popayán-Secretaría de Tránsito, que dentro del
término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, proceda
a emitir los actos administrativos correspondientes, declarando la prescripción de las
infracciones de tránsito que superaron el término de tres (3) años que dispone el artículo
159 del Código Nacional de Tránsito, sin que mediara actuación administrativa alguna
de su parte.
Lo anterior, no implica que el ciudadano infractor, beneficiario de la prescripción, pueda
acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, sino se encuentra conforme con la
determinación.
Esta decisión, no aplica para el caso de los procesos que se encuentran en fase de cobro
coactivo, pues en estos precisos eventos, por expresa disposición legal, esta excepción
debe ser alegada por el ejecutado. […]”4.
2.5. De su lado, el Tribunal Administrativo del Cauca, a través de un auto del 15 de
diciembre de 2025, negó la solicitud de aclaración y “modificación”, elevada por el
4 Archivo denominado “003 Sentencia [...]”, carpeta “02 Segunda Instancia”, visible a índice 12 de SAMAI del
expediente de primera instancia, certificado 48AC5CD60D8D6867 996817E6EA117509 B08ACDC797D4F9A1
FE944BAB03F89A3A.
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municipio de Popayán, de la sentencia de segunda instancia del 7 de noviembre de
2025.
3. Fundamentos de la acción de tutela
La parte accionante sostuvo que:
3.1. La autoridad accionada incurrió en defecto fáctico, porque no se logró probar,
más allá de las suposiciones y opiniones de José Luis Diago Franco, el
cumplimiento de los presupuestos exigidos por la jurisprudencia para la procedencia
de la acción. Así, la autoridad judicial tuvo por ciertas, e incluso como verdades
absolutas, las apreciaciones realizadas en la demanda, sin considerar que
resultaban contrarias a lo reiteradamente afirmado y probado dentro del proceso.
En ese sentido, el tribunal erróneamente fundamentó su decisión sobre la premisa
de que existía una inactividad absoluta frente a la declaratoria de prescripción de
las sanciones de tránsito. Sin embargo, en el expediente de primera instancia
obraban documentos que daban cuenta de los actos administrativos de prescripción
ya expedidos, lo que evidenciaba que se venía adelantando el cumplimiento de
dicha obligación.
En concreto, el tribunal no valoró en debida forma las respuestas de fondo
otorgadas a las solicitudes de José Luis Diago Franco, en las cuales se suministraba
información completa y se explicaba el trámite de prescripción, la imposibilidad de
declarar de oficio la caducidad y el procedimiento en curso respecto de las PQRS.
En dichas respuestas, también se había hecho referencia al cumplimiento de los
derechos fundamentales de los ciudadanos y al procedimiento normativo para la
normalización de cartera, previsto en la Ley 769 de 2002, la Ley 1066 de 2006, la
Ley 1753 de 2015, el Decreto 1068 de 2015, el Decreto 445 de 2017 y demás
normas aplicables al caso.
Asimismo, pasó por alto que no reposa en el expediente material probatorio que
constate la constitución en renuencia, ya que la entidad accionante en ningún
momento se ha sustraído del cumplimiento de sus deberes, es decir, no se ha
declarado en rebeldía, pues dio respuesta afirmativa al trámite de la prescripción
identificada por el señor Diago Franco en su solicitud.
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Por otro lado, el tribunal negó la prueba solicitada para actualizar la información
sobre los comparendos afectados por prescripción pues la calificó como reiterativa;
sin embargo, de manera contradictoria, fundamentó su decisión en la supuesta
ausencia de actuaciones encaminadas al cumplimiento de la norma.
3.2. La autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo, porque realizó
una interpretación aislada del artículo 159 de la Ley 769 de 2002, pues concluyó
que este contenía una obligación pura y simple, de carácter autoejecutable, que
imponía a los organismos de tránsito declarar de oficio la prescripción de todas las
sanciones que superaran el término de 3 años sin mandamiento de pago válido, sin
necesidad de un estudio individualizado ni de su articulación con otras
disposiciones.
Dicha norma debía interpretarse de manera sistemática, en conjunto con el régimen
de depuración de cartera pública y de saldos de imposible recaudo previsto en la
Ley 1753 de 2015 y el Decreto 445 de 2017, los cuales exigían la elaboración de
informes detallados, soporte técnico y la adopción de decisiones específicas para
depurar definitivamente tales saldos, lo que desnaturalizaba la acción de
cumplimiento.
3.3. La sentencia censura desconoció el precedente horizontal contenido en la
sentencia del 29 de junio de 2023 emitida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, radicado 05001-33-33-021-2023-00173-01.
4. Pretensiones de la acción de tutela
La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:
“PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, AL
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD,
toda vez que EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAUCA,
desconocidos por la autoridad judicial accionada en Sentencia No. 069 del 07 de
noviembre de 2025.
SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS la SENTENCIA No. 069 del 07 de noviembre
de 2025, proferida por el Tribunal CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAUCA por
incurrir en indebida valoración probatoria, defecto fáctico y defecto material o sustantivo,
que vulneran los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.
TERCERO: ORDENAR al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
CAUCA, que profiera una nueva sentencia dentro del proceso de acción de cumplimiento
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para que, en su lugar, se restablezca la vigencia y efectos de la Sentencia de primera
instancia No. 173 del 21 de octubre de 2025, proferida por el Juzgado Octavo
Administrativo Oral del Circuito de Popayán, mediante la cual se negó la acción de
cumplimiento, por ser la decisión ajustada a la Constitución, la Ley y al precedente del
Consejo de Estado, en cuanto a la improcedencia de la acción de cumplimiento.”5
(Resaltado original del texto).
5. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición
5.1. Mediante auto del 3 de marzo de 20266, se admitió la acción de tutela, se vinculó
al Juzgado Octavo Administrativo de Popayán y a José Luis Diago Franco y se negó
la medida provisional solicitada. También se dispuso la notificación a las partes y a
los vinculados.
5.2. El Juzgado Octavo Administrativo de Popayán7 aseveró que la decisión
proferida en primera instancia fue ajustada a derecho, tal como se desprendía de la
argumentación ahí expuesta, razón por la cual no se evidenciaba vulneración alguna
a los derechos fundamentales invocados. En consecuencia, solicitó su
desvinculación.
5.3. José Luis Diago Franco8 se limitó a solicitar información relacionada con el
estado procesal actual del trámite y estimó necesario que se adelantaran las
gestiones pertinentes para impulsar el proceso, en caso de no haberse proferido
una decisión definitiva.
5.4. El Tribunal Administrativo del Cauca no se pronunció.9
6. Fallo de tutela de primera instancia
El 9 de abril de 202610, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
negó la acción de tutela.
5 Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado
679FA380EDAE5A92 9C422E234D6516CE 1D142B14B430EDBD 1585301AEBC212D7, folios 1 y 2.
6 Índice 5 de SAMAI del expediente de tutela digital de primera instancia, certificado 12455DE929545756
875ED7C2A9D0C9F7 A150A185A3CAF9A6 C65B6ECB4D10C627.
7 Índice 12 de SAMAI, certificado EBF1A6B1D9D08CB8 DFEDEA7560AE8CA1 A24710172759915B
3C58EC37372F3DB8, ibid.
8 Índices 13 y 19 de SAMAI, certificados 7F9FDF1F76E6E60C A37A25F7E96E9609 1909E854EB9E62CC
14F60C0B9057AA06 y A2E0C3E44271CCCF 2DE254C12E5F059B C5D952A32C0E8B75
844D021823F399C5, respectivamente, ibid.
9 Luego de realizar la consulta en SAMAI, no se encontró registro alguno de que el Tribunal Administrativo del
Cauca hubiese rendido el informe correspondiente, pese a la notificación electrónica efectuada, la cual obra en
el índice 8 de SAMAI del expediente de primera instancia.
10 Índice 23 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia, certificado E1E8C8ECD6EC11A6
C590CC782655BE7D 8DB9333D5B6B3CC7 296A6478A14A74A2.
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El a quo constitucional encontró acreditados los requisitos de procedibilidad de la
acción tuitiva. Acto seguido, consideró que no existía irregularidad alguna en la
valoración probatoria que desvirtuara la presunción de acierto de la providencia
cuestionada, máxime porque el actor no individualizó los medios de prueba que, en
su criterio, fueron valorados de manera incorrecta, ignorados o apreciados en
contravía de su contenido objetivo. El reproche se mantuvo en un plano general y
abstracto, carente de elementos que permitan evidenciar un error ostensible en la
actividad valorativa del juez. En consecuencia, no se configuró el defecto fáctico
alegado.
Por otro lado, sostuvo que no se configuraba el defecto sustantivo, porque la
decisión del tribunal, en cuanto consideró que el hoy accionante había omitido un
deber legal e impuso su cumplimiento, es razonable y ajustada al ordenamiento
jurídico.
Finalmente, señaló que no se configura un desconocimiento del precedente, en la
medida en que no existe identidad fáctica con la sentencia emitida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, aunado al hecho de que el desconocimiento del
precedente horizontal únicamente puede predicarse respecto de decisiones
adoptadas por una misma sala de un mismo tribunal, lo cual no ocurría en el sub
lite.
7. Razones de la impugnación
Inconforme con la decisión, la parte accionante presentó escrito de impugnación 11,
en el que reprodujo la totalidad de los argumentos expuestos en la acción de tutela
y adicionalmente, señaló lo siguiente:
7.1. Ante el silencio de la autoridad accionada, así se tratara de una acción de tutela
contra providencia judicial, era deber del a quo constitucional dar aplicación a la
presunción de veracidad y tener como ciertos los hechos planteados en el escrito
de tutela, en los términos del artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
11 Índice 30 de SAMAI, certificado A0854E2FFFB23974 6987D642E2A11C61 444B1795D8626DAA
681F1113D9280B48, ibid.
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7.2. El tribunal hace uso de la acción de cumplimiento para imponer a la Secretaría
de Tránsito la obligación de revisar y declarar la prescripción de todas las sanciones
que eventualmente hubieren superado el término legal, lo cual supone la verificación
individual de cada actuación administrativa y la adopción de múltiples decisiones
particulares y concretas. En ese contexto, la orden impartida desborda el ámbito
propio de la acción de cumplimiento, pues este mecanismo no está concebido para
sustituir el ejercicio de competencias administrativas que exigen valoraciones
casuísticas ni para ordenar la expedición masiva de actos administrativos de
contenido individual. Por ello, la decisión no se acompasa con los límites que la Ley
393 de 1997 y la jurisprudencia del Consejo de Estado han reconocido para esta
acción constitucional.
8. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia
Mediante auto del 27 de abril de 202612, el a quo concedió la impugnación.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 32
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado, esta Sala es competente para conocer de la impugnación
presentada contra el fallo proferido el 9 de abril de 2026 por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A.
2. Problema jurídico
La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad en contra de providencias judiciales. En caso afirmativo, se
establecerá si se incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales
invocados.
12 Índice 32 de SAMAI, certificado FC4156140BF34D28 D97F142A31F32423 CC3FC0C73CF53C06
FB63EE225282B2FB, ibid.
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3. La acción de tutela en contra de providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad13 y de procedencia14 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.
4. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto
4.1. Sobre el requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha
señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”.15
En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber16: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202217, frente al requisito de
relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:
“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no
13 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
14 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental;
defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto
por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
15 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
16 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
17 Sentencia SU-215 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.
4.2. Para la Sala resulta evidente que los cargos referidos no satisfacen el requisito
de relevancia constitucional, por cuanto se configuran como un medio orientado a
revivir el análisis jurídico efectuado por el juez natural, como si este mecanismo
constituyera una instancia adicional al proceso ordinario, según se explicará.
4.3. En el caso concreto, el municipio de Popayán cuestiona, en esencia, que el
Tribunal Administrativo del Cauca incurrió en defecto fáctico y sustantivo.
En relación con el primero, afirmó que el tribunal realizó una valoración probatoria
defectuosa al concluir que existía una inactividad absoluta frente a la declaratoria
de prescripción de sanciones de tránsito, pese a que en el expediente obraban actos
administrativos de prescripción y respuestas de fondo a las solicitudes del
accionante, en las que se explicaba el trámite correspondiente y la aplicación del
marco normativo integrado, entre otras, por la Ley 769 de 2002, la Ley 1066 de
2006, la Ley 1753 de 2015, el Decreto 1068 de 2015 y el Decreto 445 de 2017.
Asimismo, señaló que no se acreditó el requisito de renuencia exigido para la
procedencia de la acción de cumplimiento y que el tribunal omitió valorar pruebas
relevantes y negó otras que resultaban determinantes para establecer las
actuaciones adelantadas por la entidad.
Respecto del defecto sustantivo, sostuvo que el tribunal interpretó de manera
aislada el artículo 159 de la Ley 769 de 2002 al considerar que imponía una
obligación automática de declarar de oficio la prescripción de las sanciones de
tránsito. A su juicio, dicha disposición debía armonizarse con el régimen de
depuración de cartera pública y de saldos de imposible recaudo previsto en la Ley
1753 de 2015 y el Decreto 445 de 2017, que exige estudios, soportes técnicos y
decisiones administrativas específicas para la depuración de tales obligaciones, por
lo que la orden impartida desconoció el alcance integral del marco normativo
aplicable.
4.4. Pues bien, al verificar los argumentos contenidos en la sentencia del 7 de
noviembre de 2025, emitida por el Tribunal Administrativo del Cauca, se observa el
siguiente análisis textual:
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“[…] Respecto de la prueba sugerida por la parte demandante, se advierte que su
finalidad es actualizar la información relativa a los comparendos afectados por
prescripción. No obstante, dicha prueba resulta reiterativa frente a los hechos que ya
han sido expuestos ante esta autoridad judicial, en particular, el incremento sostenido de
casos relacionados con el fenómeno prescriptivo, sin que se evidencie actuación alguna
por parte del organismo de tránsito de esta ciudad. En consecuencia, la prueba no será
decretada, por cuanto no aporta elementos adicionales de claridad distintos a los ya
planteados en la demanda y en su correspondiente impugnación.
[…] De lo probado en el proceso, la Sala concluye que la sentencia debe ser revocada,
pues contrario a lo sostenido por el Juzgado Octavo Administrativo de Popayán, la norma
de la cual se reclama cumplimiento, sí contiene un mandato claro, expreso e inobjetable
de inmediato acatamiento.
[…] En el sub judice, efectivamente el demandante probó que el deber jurídico se
encuentra consignado en el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito, norma que
hace parte de una ley ordinaria. De esa forma, se satisface el primer requisito
jurisprudencial.
Respecto de si el artículo antes mencionado contiene un mandato o deber de forma
clara, precisa y actual, la Sala de Decisión precisa que, conforme al texto legal, las
sanciones impuestas por multas por infracción a las normas de tránsito, prescriben en
tres (3) años contados a partir de Ia ocurrencia del hecho, debiendo el organismo de
tránsito declarar la prescripción de oficio, una vez ocurrido dicho lapso. […]
[…] En cuanto al requisito de la constitución en renuencia, valga la pena indicar que,
respecto de este requisito, es pacífica la jurisprudencia del H. Consejo de Estado frente
a señalar que, un memorial en ejercicio de derecho de petición no puede entenderse
como la constitución en renuencia, sino una solicitud expresa con ese propósito para
esta acción constitucional […]
En el asunto que hoy convoca la atención, tenemos que en la petición del señor Diago
Franco, en su condición de concejal de Popayán dejó expresado de manera clara, el
objetivo de su petición: que la Secretaría de Tránsito cumpla con la ley y haga los
procesos de prescripción de manera oficiosa, que por años ha omitido, bajo el argumento
que cada infractor debe alegarla, cuando ello no es lo dispuesto por la ley.
En las dos peticiones que dan origen a esta acción constitucional, el demandante
advierte a la administración municipal que está incurriendo en una situación irregular y
omisiva, al pretermitir su deber legal de declarar la prescripción de los comparendos, sin
que tales solicitudes hayan sido atendidas. De acuerdo con lo aquí demostrado, la
constitución en renuencia se encuentra más que satisfecha, máxime cuando el mismo
ente territorial se niega a dar aplicación al precepto, con argumentos que no tienen
asidero, como lo es el que se trata de un acto de parte, dejando de lado, la oficiosidad
de su declaración.
Finalmente, frente al último requisito, esto es que, tratándose de actos administrativos,
no haya otro instrumento judicial para lograr su cumplimiento, esta Corporación
encuentra que ha sido el punto álgido de la contienda; tanto la autoridad judicial como la
Secretaría de Tránsito arguyen la existencia del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, como único mecanismo existente para perseguir tal
objetivo.
Empero, aquí no se trata de un acto administrativo, de hecho, no hay una sola voluntad
de la administración consignada en una resolución como para justificar la improcedencia
de esta acción constitucional; precisamente lo que se reclama para que se dé
cumplimiento al artículo 159 del Código Nacional de Tránsito, es que la Secretaría de
Tránsito de Popayán, en ejercicio de las competencias que le atribuye la ley, emita los
11
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actos administrativos que se requieran para declarar la prescripción de las sanciones por
infracción a las normas de tránsito.
[…] Se insiste por parte de la Sala, de lo que se exige el cumplimiento, es de la
expedición de los actos declarando la prescripción, actuación que se ha sustraído de
efectuar la Secretaría de Tránsito de Popayán de varios años atrás, es decir, que actúe
y profiera las decisiones que hace mucho tiempo debió adelantar, pues el ciudadano no
debe cargar con su mora institucional, por no adelantar los trámites administrativos
dentro del término.
[…] Esta decisión, no aplica para el caso de los procesos que se encuentran en fase de
cobro coactivo, pues en estos precisos eventos, por expresa disposición legal, esta
excepción debe ser alegada por el ejecutado.”18 (Resaltado original del texto).
4.5. Luego de lo relatado, se advierte que, en sede de tutela, la parte accionante
pretende que nuevamente se valoren los argumentos ya planteados y resueltos por
la autoridad judicial accionada en la sentencia censurada.
En efecto, el Tribunal Administrativo del Cauca, en primer lugar, negó la prueba
solicitada por la parte demandante al considerar que era reiterativa, pues la
información sobre el aumento de comparendos prescritos y la inactividad de la
Secretaría de Tránsito ya obraba en el expediente.
En cuanto al fondo del asunto, determinó que el artículo 159 del Código Nacional
de Tránsito contiene un mandato claro, expreso y exigible, según el cual las multas
de tránsito prescriben a los 3 años contados desde la ocurrencia de la infracción y,
una vez vencido ese plazo, el organismo de tránsito debe declarar la prescripción
de oficio.
En ese sentido, el tribunal encontró acreditado el requisito de constitución en
renuencia, pues el entonces demandante, en su calidad de concejal de Popayán,
presentó solicitudes dirigidas a la Secretaría de Tránsito para que cumpliera su
deber legal de declarar oficiosamente la prescripción de los comparendos, en las
que advertía que la entidad había omitido dicha obligación bajo el argumento de que
debía ser alegada por cada infractor. Sin embargo, la administración no atendió
tales requerimientos.
Asimismo, descartó la existencia de otro mecanismo judicial idóneo, al precisar que
no se pretendía controvertir un acto administrativo existente mediante el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, sino obtener que la Secretaría de
18 Archivo denominado “003 Sentencia [...]”, carpeta “02 Segunda Instancia”, visible a índice 12 de SAMAI del
expediente de primera instancia, certificado 48AC5CD60D8D6867 996817E6EA117509 B08ACDC797D4F9A1
FE944BAB03F89A3A.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01512-01
Accionante: Municipio de Popayán
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca
Tránsito del referido municipio expidiera los actos administrativos necesarios para
declarar la prescripción de las sanciones que había omitido proferir durante varios
años. Por lo tanto, el tribunal ordenó el cumplimiento del deber legal de declarar de
oficio la prescripción de los comparendos, y precisó que la decisión no se extendía
a los procesos que se encontraban en etapa de cobro coactivo, porque en esos
casos la prescripción debía ser alegada por el ejecutado.
4.6. Respecto al argumento orientado al desconocimiento del precedente fijado por
el Consejo de Estado, la Corte Constitucional ha sostenido que establecer su
configuración exige que el accionante vincule la falta de aplicación de una regla
jurisprudencial con la violación de una garantía fundamental o, en otros términos,
que explique con suficiencia por qué el precedente con identidad fáctica y jurídica
era aplicable en su caso y de qué forma la inobservancia de tales consideraciones
o reglas jurisprudenciales afectó sus garantías fundamentales.19
Ahora bien, en cuanto a la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia
invocada por la entidad accionante, no es posible concluir que esta constituya un
precedente vinculante para la autoridad judicial accionada. Dicha providencia no
corresponde a una sentencia de unificación ni contiene una regla jurisprudencial de
obligatoria observancia que impusiera al juez natural el deber de resolver el caso en
idéntico sentido. En consecuencia, no puede afirmarse que la decisión cuestionada
hubiese desconocido un precedente judicial con relevancia constitucional ni que
estuviera obligada a fundamentar su análisis en las consideraciones expuestas en
aquella providencia.
El respeto al precedente exige no solo la referencia a decisiones previas, sino
también la exposición clara y estructurada de los puntos de coincidencia entre los
casos analizados, con el fin de demostrar que el fallo objeto de censura se apartó
injustificadamente de la jurisprudencia aplicable.
4.7. Finalmente, la Sala no comparte el argumento de la entidad accionante según
el cual ante la falta de respuesta de la autoridad judicial accionada, el a quo
constitucional estaba obligado a aplicar automáticamente la presunción de
veracidad prevista en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 y, en consecuencia,
tener por ciertos todos los hechos expuestos en la demanda. En efecto, dicha
presunción constituye una herramienta probatoria destinada a facilitar el
19 Compárese, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 11 de octubre de 2024, radicado 11001-03-15-000-2024-04599-00.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01512-01
Accionante: Municipio de Popayán
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca
esclarecimiento de los hechos cuando la autoridad requerida omite rendir el informe
solicitado; sin embargo, su aplicación no es irrestricta ni releva al juez de tutela de
valorar integralmente el expediente ni de verificar el cumplimiento de los requisitos
de procedibilidad y procedencia del amparo.
Con mayor razón, ello ocurre en las acciones de tutela dirigidas contra providencias
judiciales, en las cuales el examen constitucional no se limita a la verificación de los
hechos alegados por las partes, sino que exige establecer si la decisión cuestionada
incurrió en alguno de los defectos específicos de procedencia desarrollados por la
jurisprudencia constitucional. Por consiguiente, aun ante la falta de pronunciamiento
de la autoridad accionada, el juez de tutela conserva el deber de efectuar un análisis
autónomo e integral del expediente, con el fin de determinar si se encuentran
acreditados los presupuestos que habilitan la intervención excepcional del juez
constitucional.
4.8. Así, para esta Subsección resulta claro que la entidad accionante pretende
utilizar este mecanismo constitucional como si se tratara de una instancia adicional,
pues, como se evidenció, los reproches contenidos en su escrito de tutela buscan
reabrir el debate que tuvo lugar en la acción de cumplimiento, con el fin de que
prevalezca su interpretación sobre la acogida por el Tribunal Administrativo de
Cauca en el proceso 19 001 33 33 008 2025 00244 00/01. Cuestión distinta es que
la parte accionante no comparta el sentido de la decisión adoptada, aspecto que
desborda el ámbito de competencia del juez constitucional, en tanto no le
corresponde definir la forma en que el juez natural debe decidir.
Se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra de decisiones
judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la autonomía
e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, en
razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de
corrección” de la decisión cuestionada20, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del proceso
originario21.
20 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
21 Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.
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Accionante: Municipio de Popayán
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca
5. Bajo esta línea argumentativa, en el sub lite no se encuentra acreditado el
requisito de relevancia constitucional; en consecuencia, la acción tuitiva resulta
improcedente, razón por la cual la Sala modificará la decisión impugnada.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de tutela del 9 de abril de 2026, proferida por
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que negó el amparo
solicitado, para, en su lugar, declarar su improcedencia por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejero de Estado Consejera de Estado
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