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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02813-00

Fecha
29 de mayo de 2026
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02813-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional, de conformidad con las razones ut supra. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. 18 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009. 19 Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018. 12 Radicación: 11001-03-15-000-2026-02813-00 Accionante: FOMAG Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-02813-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

29 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02813-00
Accionante: Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela – relevancia constitucional. Sentido del fallo de
tutela: Se declara improcedente.

La Sala decide la acción de tutela1 presentada por la Nación - Ministerio de
Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), a
través de apoderado judicial, en contra del Tribunal Administrativo del Atlántico y
del Juzgado Quince Administrativo Mixto de Barranquilla.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 14 de abril de 20262, la parte actora interpuso esta acción constitucional en
procura de la protección de sus derechos a la igualdad, debido proceso y “principio
de legalidad del gasto y responsabilidad fiscal” que considera vulnerados por el
Juzgado Quince Administrativo Mixto de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, debido a que, mediante sentencia del
18 de diciembre de 2024, accedió a las pretensiones de la demanda; decisión que
fue confirmada por el segundo, mediante providencia del 2 de mayo de 20253, en el
marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado
08001-33-33-015-2023-00172-00/01-H.

1
Índice 2 de SAMAI, certificado 790CB7EAA1FCEA14 786576F71A08721E 31E603B5B2B8F513 9A725F9A52E6FE47.
2
Índice 2 de SAMAI, certificado D90951696CDFDC9B 487D82399AFEB679 73C4FCA4DE61B92B F64416BC39DFD3E9.
3
La sentencia de segunda instancia del 2 de mayo de 2025 fue notificada electrónicamente a las partes el 19 de febrero de
2026, visible a índice 11 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Atlántico, radicado 08001333301520230017201.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02813-00
Accionante: FOMAG
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

2. Hechos

2.1. El señor Elvin Sorel Manuel Girón presentó demanda4 contra la Nación -
Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, Fiduprevisora S.A. y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla, con el fin de que se declarara la nulidad del oficio BRQ2023EE009728
del 15 de mayo de 2023. A título de restablecimiento del derecho solicitó, entre otras
cosas, ordenar el reconocimiento y pago de manera indexada de la sanción
moratoria de que trata la Ley 1071 de 2006, equivalente a 1 día de su salario por
cada día de retardo, contados desde los 15 días siguientes al momento en que se
radicó la solicitud de cesantía y desde los 45 días hábiles siguientes a que quedó
ejecutoriado el acto administrativo que reconoció dicho emolumento.

2.2. El Juzgado Quince Administrativo Mixto de Barranquilla, por medio de sentencia
del 18 de diciembre de 2024, accedió a las pretensiones de la demanda, en los
siguientes términos:

“[…] SEGUNDO: Declarar la nulidad del Oficio No. BRQ2023EE009728 del 15 de mayo
de 2023, a través del cual la secretaría de educación distrital de Barranquilla, resolvió
desfavorablemente el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío de
cesantías parciales.

A título de restablecimiento, ordenar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio -Fomag-, reconocer y pagar a la señora Elvin Sorel Manuel Girón, la sanción
moratoria, a que tiene derecho, por el pago tardío de sus cesantías, equivalente a un (1)
día de salario por cada día de retraso, entre el 21 de noviembre de 2020 hasta el 27 de
diciembre de 2020, día anterior al cual se verificó el pago de la prestación en la cuenta
bancaria del beneficiario, para un total de treinta y siete (37) días de mora. […]”5
(Resaltado original del texto).

2.3. Inconforme con la decisión, la Nación - Ministerio de Educación Nacional -
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio interpuso recurso de
apelación.

2.4. Posteriormente, el 2 de mayo de 20256, el Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sala de Decisión Oral, Sección B, emitió sentencia de segunda instancia, a través
de la cual confirmó la providencia apelada.

4
Archivo denominado “001_Radicación”, carpeta “01 Primera instancia” visible a índice 14 de SAMAI, certificado
624AEBE65F670DF8 A7822F057E574261 996205799510928C CFC66B6FC54D9D2E.
5
Archivo denominado “039 Sentencia [...]”, carpeta “01 Primera instancia” visible a índice 14 de SAMAI, certificado
624AEBE65F670DF8 A7822F057E574261 996205799510928C CFC66B6FC54D9D2E.
6
Archivo denominado “11 Sentencia [...]”, carpeta “02 Segunda instancia” visible a índice 14 de SAMAI, certificado
624AEBE65F670DF8 A7822F057E574261 996205799510928C CFC66B6FC54D9D2E.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02813-00
Accionante: FOMAG
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

3. Fundamentos de la acción de tutela

La parte accionante sostuvo que:

3.1. Las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto sustantivo, al
desconocer que dicha entidad no intervino en la mora relacionada con el
reconocimiento de las cesantías del señor Elvin Sorel Manuel Girón y, pese a ello,
le atribuyeron la obligación de asumir el pago de la sanción moratoria causada en
la vigencia 2020, sin que exista una disposición normativa que así lo establezca.
Igualmente, omitieron tener en cuenta que dicho fondo no dispone de una partida
presupuestal destinada a asumir el pago de la sanción por mora. Asimismo, el acto
administrativo de reconocimiento fue expedido por el ente territorial y el pago fue
realizado por la Fiduprevisora S.A., no por el FOMAG.

3.2. Elvin Sorel Manuel Girón solicitó el reconocimiento de cesantías parciales el 10
de agosto de 2020. La Secretaría de Educación contaba con 15 días para la
elaboración y remisión del acto administrativo, el cual expidió fuera de término el 16
de septiembre de 2020; por ende, la mora iniciaría después de 70 días a partir de la
solicitud de la prestación, es decir, desde el 21 de noviembre de 2020 hasta el 28
de diciembre siguiente, fecha en que se realizó el pago, de manera que hubo mora
de 37 días. En consecuencia, aquella debe ser reconocida y pagada con recursos
propios de la entidad que generó la mora por la tardanza del trámite a su cargo y no
con recursos del FOMAG.

Adicionalmente, a su juicio, la obligación se encuentra extinta por prescripción,
según la sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023.

3.3. Las accionadas debieron tener en cuenta la sentencia del 27 de febrero de
2026, radicado 2026-00295-00, de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
mediante la cual se advirtió que los tribunales no pueden asimilar indebidamente al
FOMAG con la Sociedad Fiduciaria.

4. Pretensiones de la acción

La parte accionante textualmente solicitó lo siguiente:

4

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02813-00
Accionante: FOMAG
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

“1. Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y
contradicción, igualdad, principio de legalidad del gasto público y responsabilidad fiscal
de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
sociales del Magisterio – FOMAG, que se consideran vulnerados por las providencias
judiciales demandadas.

2. Que se deje sin efectos la Sentencia notificada el 19/02/2026 por el Tribunal
Administrativo del ATLANTICO, que confirmo la sentencia de primera instancia.

3. Que, en consecuencia, se ordene dictar nueva providencia en la que se observe y
aplique de manera estricta lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019,
modificado por el artículo 324 de la Ley 2294 de 2023, reconociendo que la
responsabilidad por el pago de la sanción moratoria corresponde exclusivamente a la
entidad territorial que expide tardíamente el acto administrativo de reconocimiento de
cesantías, y no al FOMAG.

4. Que se exhorte a los despachos judiciales accionados para que, en futuros casos
análogos, armonicen sus decisiones con la normatividad vigente y la jurisprudencia de
unificación del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, evitando imponer al FOMAG
obligaciones prohibidas por la ley y carentes de apropiación presupuestal.”7

5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición

5.1. Mediante auto del 17 de abril de 20268, el despacho ponente admitió la acción
de tutela, vinculó a Elvin Sorel Manuel Girón, al Distrito Especial, Industrial y
Portuario de Barranquilla y a la Fiduprevisora S.A., y negó la medida provisional
solicitada. También dispuso la notificación a las partes y a los vinculados.

5.2. El Tribunal Administrativo del Atlántico9 afirmó que la decisión reprochada sí
tuvo en cuenta el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 al señalarse que, conforme al
parágrafo transitorio de esa disposición, dado que la sanción moratoria se causó en
2020, su pago podría financiarse con los títulos de tesorería que para tales efectos
emitiera el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público; igualmente, señaló que consideró las demás normas referenciadas en la
acción de tutela.

Finalmente, sostuvo que la entidad accionante pretende revivir un debate jurídico
de cara a obtener una tercera valoración jurídica y de las pruebas allegadas al
proceso ordinario con el único propósito de obtener un pronunciamiento favorable a

7
Índice 2 de SAMAI, certificado 790CB7EAA1FCEA14 786576F71A08721E 31E603B5B2B8F513 9A725F9A52E6FE47,
folios 24 y 25.
8
Índice 4 de SAMAI, certificado B39DE6F466DEADD6 A2FF8A34A37726C8 8449603ACFA5A15C A6EED3E700CDCE80.
9
Índice 14 de SAMAI, certificado 40A125E11E71B1CE 7296AE81E7F28FBE C26CCF623FAA1AB2 749E571E68E436.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02813-00
Accionante: FOMAG
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

sus intereses, razón por la cual es improcedente, aunado al hecho de que las
autoridades judiciales no incurrieron en ninguno de los defectos alegados.

5.3. Elvin Sorel Manuel Girón, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla, la Fiduprevisora S.A y el Juzgado Quince Administrativo Mixto de
Barranquilla10, no se pronunciaron.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por la Nación
• Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG), en contra del Tribunal Administrativo del Atlántico y del Juzgado Quince
Administrativo Mixto de Barranquilla, de conformidad con lo establecido en los
artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Cuestión previa

A pesar de que la entidad tutelante atacó las providencias de primera instancia del
18 de diciembre de 2024 y la del 2 de mayo de 2025 que la confirmó, la Sala
analizará únicamente esta última, puesto que se observa que fue la que concluyó el
proceso de radicado 08001-33-33-015-2023-00172-00/01-H.

3. Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos fundamentales alegados por la parte actora.

10
Luego de efectuar la consulta en SAMAI, no se encontró registro alguno de que Elvin Sorel Manuel Girón, el Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla, la Fiduprevisora S.A y el Juzgado Quince Administrativo Mixto de Barranquilla hubieran
rendido informe, pese a la notificación electrónica surtida visible a índices 7 y 15 de SAMAI.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02813-00
Accionante: FOMAG
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

4. La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en sentencia C-590 del 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad11 y de procedencia12 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.

5. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto

5.1. Sobre este requisito, la Corte Constitucional ha señalado que el juez de tutela
“no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”.13

En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber14: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202215, frente al requisito de
relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no

11
De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los
siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela;
que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad
procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que
se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
12
Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico;
defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del
precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
13
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
14
Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
15
Sentencia SU-215 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02813-00
Accionante: FOMAG
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.

5.2. Para la Sala, se torna evidente que los cargos referidos no satisfacen el
requisito de relevancia constitucional, por cuanto se advierten como un medio
dirigido a revivir el análisis jurídico efectuado por el juez natural, como si este
mecanismo fuera una instancia adicional al proceso ordinario, según se explicará.

5.3. En el caso concreto, el FOMAG cuestiona, en esencia, que el Tribunal
Administrativo del Atlántico incurrió en defecto sustantivo, al desconocer que dicha
entidad no intervino en la mora relacionada con el reconocimiento de las cesantías
del señor Elvin Sorel Manuel Girón y, pese a ello, le atribuyó la obligación de asumir
el pago de la sanción moratoria causada en la vigencia 2020, sin que exista una
disposición normativa que así lo establezca. Igualmente, omitió tener en cuenta que
dicho fondo no dispone de una partida presupuestal destinada a asumir el pago de
la sanción por mora. Asimismo, el acto administrativo de reconocimiento fue
expedido por el ente territorial y el pago fue realizado por la Fiduprevisora S.A., no
por el FOMAG.

Advierte que Elvin Sorel Manuel Girón solicitó el reconocimiento de cesantías
parciales el 10 de agosto de 2020, la Secretaría de Educación contaba con 15 días
para la elaboración y remisión del acto administrativo, el cual expidió fuera de
término el 16 de septiembre del 2020, por ende, la mora iniciaría después de 70
días a partir de la solicitud de la prestación, es decir, a partir del 21 de noviembre
de 2020 hasta el 28 de diciembre siguiente, fecha en que el pago se realizó, de
manera que hubo mora de 37 días. En consecuencia, aquella debe ser reconocida
y pagada con recursos propios de la entidad que generó la mora por la tardanza del
trámite a su cargo y no con recursos del FOMAG.

5.4. Pues bien, al verificar los argumentos contenidos en la sentencia de segunda
instancia del 2 de mayo de 2025 emitida por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
se observa el siguiente análisis textual:

“Con fundamento en los derroteros que anteceden, el tribunal comparte la tesis
expuesta, en el sentido de que el término prescriptivo aplicable a la sanción moratoria
prevista en la Ley 244 de 1995, es el establecido en el artículo 151 del Código Sustantivo
del Trabajo, según el cual las acciones laborales se extinguen en tres (03) años,

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02813-00
Accionante: FOMAG
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

contados a partir del momento en que la obligación se hizo exigible, pues de lo contrario
operaría el término prescriptivo.

En el sub – examine, está acreditado que, el 10 de agosto de 2020, el señor Elvin Sorel
Manuel Girón solicitó el reconocimiento y pago de cesantía parcial.

Mediante Resolución No. 04100, expedida el 16 de septiembre de 2020 por la Secretaría
de Educación Distrital de Barranquilla, fue reconocida la cesantía parcial solicitada, en
cuantía de $42.922.369.

Milita certificación emanada el 18 de abril de 2023 de Fiduprevisora S.A. – Fomag, en la
cual consta que la aludida cesantía fue pagada el 28 de diciembre de 2020.

El 28 de abril de 2023, la parte accionante solicitó el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria.

Traídos a colación esos antecedentes, se tiene que, como la petición de cesantía parcial
fue radicada el 10 de agosto de 2020, el término de 15 días para resolver esa solicitud
fenecía el 1º de septiembre del mismo año; por tanto, la expedición de la Resolución No.
04100 del 16 de septiembre de 2020 fue extemporánea.

Precisado lo anterior, se tiene que, según las citadas sentencias de unificación, a partir
de la fecha de solicitud de cesantía, la entidad tenía hasta setenta (70) días hábiles para
pagar la aludida prestación, plazo que feneció el 20 de noviembre de 2020 y a partir el
día siguiente se generó la sanción moratoria, hasta el 27 de diciembre de 2020, día
anterior a la fecha en fue pagada la prestación.

La parte recurrente alega que la mora fue generada por la Secretaría de Educación de
Barranquilla, por lo cual ese ente territorial deberá pagar la sanción moratoria

[…]
Como en este caso la sanción moratoria se causó en el año 2020, está cobijada por el
citado parágrafo transitorio y, por tanto, su pago podrá financiarse con los títulos de
tesorería que para tales efectos emita el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Así mismo, el artículo 2.4.4.2.3.2.28 del Decreto 1075 de 2015, modificado por el artículo
2º del Decreto 942 de 2022, establece que, la entidad territorial y la sociedad fiduciaria
encargada del manejo de los recursos del Fomag, serán las responsables del pago de
la sanción por mora en el pago tardío de las cesantías, en aquellos eventos en los que
el pago extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los términos
previstos para cada una de ellas en los artículos 2.4.4.2.3.2.22 y 2.4.4.2.3.2.27 de dicho
decreto, así como de los términos aplicables para la notificación y la resolución de
recursos de acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.

Sin embargo, esta corporación precisa que, esa disposición se aplica a partir del 1º de
junio de 2022, cuando entró en vigor el Decreto 942 de ese año, y en este caso la sanción
moratoria se causó el año 2020; por tanto, debe tenerse en cuenta la versión anterior a
la modificación del Decreto 942, otrora que señalaba que, “El pago de la sanción
moratoria se hará con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio (…)”.”16

16
Archivo denominado “11 Sentencia [...]”, carpeta “02 Segunda instancia” visible a índice 14 de SAMAI, certificado
624AEBE65F670DF8 A7822F057E574261 996205799510928C CFC66B6FC54D9D2E.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02813-00
Accionante: FOMAG
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

5.5. Luego de lo relatado, se advierte que, en sede de tutela, la parte accionante
pretende que nuevamente se valoren los argumentos ya planteados y resueltos por
la autoridad judicial accionada en la sentencia censurada.

En efecto, el Tribunal Administrativo del Atlántico realizó un recuento normativo y
jurisprudencial sobre la sanción moratoria, las entidades responsables de su
reconocimiento y pago, así como el término prescriptivo aplicable a la sanción
moratoria prevista en la Ley 244 de 1995. Al respecto, precisó que dicho término
corresponde al establecido en el artículo 151 del Código Sustantivo del Trabajo,
según el cual las acciones laborales prescriben en 3 años, contados a partir de la
fecha en que la obligación se hace exigible.

Descendiendo al caso concreto, se encontró acreditado que el acto administrativo
de reconocimiento de cesantías fue expedido el 16 de septiembre de 2020, esto es,
por fuera del término legalmente previsto, comoquiera que la solicitud tendiente a
su pago fue radicada el 10 de agosto de 2020; de modo que los 15 días hábiles con
los que contaba la entidad territorial para expedir dicho acto vencían el 1 de
septiembre de ese mismo año.

Acto seguido, del material probatorio concluyó que, a partir de la fecha de solicitud
de cesantías, la entidad contaba con 70 días hábiles para pagar dicha prestación,
plazo que fenecía el 20 de noviembre de 2020, y como los dineros fueron puestos
a disposición del entonces demandante el 28 de diciembre siguiente, determinó que
se realizó por fuera del término con el que contaba para ello. En ese sentido,
encontró acreditado que la sanción moratoria corrió desde el 21 de noviembre hasta
el 27 de diciembre de 2020, día anterior al pago efectivo.

En cuanto a la entidad responsable de su pago, el tribunal analizó el artículo 57 de
la Ley 1955 de 2019 y precisó que, si bien dicha disposición prevé que la entidad
territorial responde cuando el retardo obedece al incumplimiento de los términos a
su cargo, lo cierto es que en el caso concreto la sanción moratoria causada en el
año 2020 se encontraba cobijada por el parágrafo transitorio de esa norma, el cual
autorizó su financiación mediante títulos de tesorería emitidos por el Ministerio de
Hacienda.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02813-00
Accionante: FOMAG
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Finalmente, señaló que el artículo 2.4.4.2.3.2.28 del Decreto 1075 de 2015,
modificado por el Decreto 942 de 2022, no era aplicable al asunto, pues dicha
modificación entró en vigencia el 1 de junio de 2022. Por ello, concluyó que debía
aplicarse la versión anterior de la norma, según la cual el pago de la sanción
moratoria a favor del entonces demandante debía efectuarse con cargo a los
recursos del FOMAG.

5.6. Finalmente, respecto al argumento orientado al desconocimiento del
precedente fijado por el Consejo de Estado, la Corte Constitucional ha sostenido
que establecer su configuración exige que el accionante vincule la falta de aplicación
de una regla jurisprudencial con la violación de una garantía fundamental o, en otros
términos, que explique con suficiencia por qué el precedente con identidad fáctica y
jurídica era aplicable en su caso y de qué forma la inobservancia de tales
consideraciones o reglas jurisprudenciales afectó sus garantías fundamentales.17

En el sub lite, la accionante alude a la sentencia del 27 de febrero de 2026, radicado
2026-00295-00, de la Sección Tercera del Consejo de Estado; sin embargo, no
indica la similitud fáctica y jurídica que permita concluir que, en efecto, se incurrió
en la causal específica invocada, ni explica de qué manera los supuestos de hecho
del caso son equiparables, a fin de vincularlos con una posible vulneración de sus
derechos fundamentales. Esta falta de sustentación impide el análisis del cargo y
exonera a la Sala de realizar un estudio de fondo, por lo que se concluye que el
defecto alegado carece de relevancia constitucional.

5.7. Resulta claro, entonces, que la parte actora pretende utilizar este mecanismo
constitucional como si se tratara de una instancia adicional, pues, como se vio, los
reproches contenidos en su escrito de tutela buscan reabrir el debate que tuvo lugar
en el trámite ordinario, con el fin de que prevalezca su interpretación sobre la
acogida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en el proceso 08001-33-33-015-
2023-00172-00/01-H. Cuestión distinta es que la parte accionante no comparta el
sentido de la decisión adoptada, aspecto que desborda el ámbito de competencia
del juez constitucional, en tanto no le corresponde definir la forma en que el juez
natural tiene que decidir.

17
Compárese, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11
de octubre de 2024, radicado 11001-03-15-000-2024-04599-00.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02813-00
Accionante: FOMAG
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la acción de tutela, es preciso señalar que no basta
con manifestar inconformidades respecto a las decisiones judiciales objeto de
censura o alegar la configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya
que, de esa forma, la discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que
no trascienden al plano constitucional.

5.8. Al respecto, se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra
de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer
la autonomía e independencia judicial ni los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un
“juicio de corrección” de la decisión cuestionada18, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del proceso
ordinario19.

6. En consecuencia, el presupuesto de relevancia constitucional, como se expuso,
no se encuentra superado en este caso y hace que la acción constitucional resulte
improcedente.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional, de conformidad
con las razones ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

18
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
19
Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02813-00
Accionante: FOMAG
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejero de Estado Consejera de Estado

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