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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03088-00

Fecha
29 de mayo de 2026
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03088-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional, de conformidad con las razones expuestas ut supra. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-03088-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

29 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03088-00
Accionante: Jeaneth Jiménez Moncaleano y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela – relevancia constitucional. Sentido del fallo de
tutela: Se declara improcedente.

La Sala decide la acción de tutela1 presentada por Jeaneth Jiménez Moncaleano y
Luis Eduardo Escobar Montealegre, en calidad de padres de Alfonso Escobar
Jiménez (Q.E.P.D.), a través de apoderado, en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 21 de abril de 20262, la parte actora interpuso esta acción constitucional en
procura de la protección de sus derechos fundamentales a la vida, al debido
proceso, a la igualdad y a la seguridad social, los cuales considera vulnerados por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
debido a que, mediante sentencia del 7 de octubre de 2025, revocó la providencia
de primera instancia del 13 de diciembre de 2024, proferida por el Juzgado Cuarenta
y Siete Administrativo de Bogotá, Sección Segunda, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, para, en su lugar, negarlas, en el marco del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-42-047-
2023-00257-00/01.

1
Índice 2 de SAMAI, certificado 616A193F2C40AE6E DC914486078A50F5 E111C137479F3565 550218590EFEC95B.
2
Índice 2 de SAMAI, certificado 1A6DAF0E999BB425 E151F252344BC566 E18DDF739FDD33E4 FBB5B3FC6CF16D35.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03088-00
Accionante: Jeaneth Jiménez Moncaleano y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

2. Hechos

2.1. Los hoy accionantes manifiestan que Alfonso Escobar Jiménez ingresó a la
Policía Nacional el 16 de enero de 2012 en calidad de patrullero, y prestó sus
servicios durante 9 años, 7 meses y 1 día.

2.2. Los actores afirman que mediante Resolución 0298 del 14 de agosto de 2021,
el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá ordenó su retiro del servicio
activo, por la causal “Voluntad de la Dirección General”, de conformidad con los
artículos 55 (numeral 6) y 62 del Decreto Ley 1791 de 2000.

2.3. Alfonso Escobar Jiménez falleció el 15 de octubre de 2021.

2.4. Posteriormente, los actores interpusieron demanda3 contra la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional con el fin de que se declarara la nulidad
del Oficio GS-2023-042968-DITAH del 13 de julio de 2023. A título de
restablecimiento del derecho, solicitaron, entre otras cosas, ordenar a la referida
entidad reconocer una pensión de sobrevivientes en los términos de la Ley 100 de
1993.

2.5. 13 de diciembre de 2024, el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo de
Bogotá, Sección Segunda, en sentencia de primera instancia, accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:

“PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio No.
GS-2023-042968-DITAH del día 13 de julio del año 2023, por el cual el Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional, negó a los señores Luis Eduardo Escobar
Montealegre, identificado con la C.C. No. 79.347.288 y Jeaneth Jiménez
Moncaleano, identificada con la C.C. No. 51.831.910, el reconocimiento y pago de la
pensión de sobrevivientes, de conformidad con lo expuesto.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento
del derecho condenar al Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, así:

i Reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes del señor Alfonso Escobar Jiménez
(q.e.p.d.) a los señores Luis Eduardo Escobar Montealegre, identificado con la C.C. No.
79.347.288 y Jeaneth Jiménez Moncaleano, identificada con la C.C. No. 51.831.910 en
calidad de beneficiarios, a partir del 16 de octubre de 2021, día siguiente al fallecimiento
del ex uniformado, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte considerativa de esta
providencia.

3
Archivo denominado “002_ Radicación Oficina. […]”, visible a índice 8 de SAMAI, certificado 892EAA91B1937D7D
336809B3D22D54E0 29D16CD94B3F42FF 9BE749F1E8F05B0D.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03088-00
Accionante: Jeaneth Jiménez Moncaleano y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

ii El reconocimiento pensional se efectuará en aplicación integra de la Ley 100 de
1993 por favorabilidad, con el ingreso base de liquidación y el monto de la pensión
dispuesto en los artículos 21 y 48. […]”4 (Resaltado original del texto).

2.6. De su lado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, el 7 de octubre de 20255, desató el recurso de apelación contra la
sentencia del 13 de diciembre de 2024, en el entendido de revocarla para, en su
lugar, negar las pretensiones de la demanda.

3. Fundamentos de la acción de tutela

La parte accionante sostuvo que:

3.1. El tribunal incurrió en defecto sustantivo porque adicionó un requisito inexistente
para ser beneficiario de una pensión de sobrevivientes en los términos del artículo
46 de la Ley 100 de 1993, pues exigió que el causante estuviera “afiliado al sistema”
al momento de su fallecimiento como condición activa de vinculación, en lugar de
interpretar dicha calidad conforme al historial de cotizaciones previas. Lo anterior
desconoce, además, los principios de favorabilidad, pro homine y pro operario.

A su juicio, si se exige que el causante esté activamente afiliado al sistema general
al momento de morir, entonces la aplicación del régimen general por favorabilidad
sería imposible para cualquier miembro de la Fuerza Pública que haya sido retirado
del servicio, pues precisamente estos no cotizan al sistema general sino al especial.

3.2. La autoridad accionada incurrió en defecto fáctico al no valorar que el señor
Alfonso Escobar Jiménez (Q.E.P.D.) laboró ininterrumpidamente en la Policía
Nacional desde el 16 de enero de 2012 hasta el 14 de agosto de 2021, esto es,
durante 9 años, 7 meses y 1 día, y falleció el 15 de octubre de 2021. Así las cosas,
al momento de su muerte acreditaba más de 450 semanas, con lo cual superaba el
mínimo de 50 semanas exigido por el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 en los
últimos 3 años de su vida.

En consecuencia, en su concepto, son beneficiarios de una pensión de
sobrevivientes, porque: i) el causante cotizó más de 50 semanas en los 3 años
anteriores al fallecimiento; ii) los accionantes son los únicos beneficiarios del grupo

4
Archivo denominado “028 Sentencia de […]”, visible a índice 8 de SAMAI, certificado 892EAA91B1937D7D
336809B3D22D54E0 29D16CD94B3F42FF 9BE749F1E8F05B0D.
5
Índice 11 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, certificado 4270D77D16DF99FA C89D6A8B9833C5ED
083864568283963D 0695612D581FB316, radicado 11001334204720230025701.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03088-00
Accionante: Jeaneth Jiménez Moncaleano y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

familiar, en ausencia de cónyuge, compañera permanente e hijos, conforme al
artículo 47, literal d), de la Ley 100 de 1993; iii) acreditaron dependencia económica
frente al fallecido; y iv) existe inescindibilidad normativa, pues al aplicarse la Ley
100 de 1993 en su integridad, el reconocimiento pensional debe efectuarse con el
ingreso base de liquidación y el monto contenidos en los artículos 21 y 48 ibidem,
conforme a la sentencia CE-SUJ-SII-009-2018 del Consejo de Estado.

3.3. El tribunal desconoció el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional
contenido en las sentencias T-026 de 2017, T-370 de 2018 y SU-082 de 2022.

4. Pretensiones de la acción

La parte accionante textualmente solicitó lo siguiente:

“PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, la seguridad
social, la vida en condiciones dignas, el mínimo vital y la igualdad de los señores
JEANETH JIMÉNEZ MONCALEANO y LUIS EDUARDO ESCOBAR MONTEALEGRE.

SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTO la sentencia proferida el 7 de octubre de 2025 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "F",
Radicación No. 11001-33-42-047-2023-00257-01, por incurrir en los defectos material o
sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente constitucional y violación directa de
la Constitución Política.

TERCERA: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección "F", que en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación
del fallo de tutela, profiera una nueva sentencia de segunda instancia que atienda el
precedente constitucional vinculante sobre aplicación del principio de favorabilidad en
materia de pensión de sobrevivientes para beneficiarios de miembros de la Fuerza
Pública, aplicando íntegramente la Ley 100 de 1993 conforme a lo dispuesto en los
artículos 46, 47 y 48 de dicha norma, y que reconozca el derecho a la pensión de
sobrevivientes a favor de los señores JEANETH JIMÉNEZ MONCALEANO y LUIS
EDUARDO ESCOBAR MONTEALEGRE.

CUARTA: MEDIDA TRANSITORIA: De no accederse a la anterior pretensión u
otorgarse un término superior a 10 días, ORDENAR al Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional el reconocimiento y pago inmediato de la pensión de sobrevivientes del
causante PT ALFONSO ESCOBAR JIMÉNEZ (q.e.p.d.) a favor de los accionantes, en
aplicación integral de la Ley 100 de 1993 por favorabilidad, a partir del 16 de octubre de
2021 (día siguiente al fallecimiento), con la indexación y actualización monetaria
correspondiente, como medida transitoria mientras se profiere la nueva sentencia.”6
(Resaltado y subrayado original del texto).

6
Índice 2 de SAMAI, certificado 616A193F2C40AE6E DC914486078A50F5 E111C137479F3565 550218590EFEC95B, folio
8.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03088-00
Accionante: Jeaneth Jiménez Moncaleano y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición

5.1. Mediante auto del 23 de abril de 20267, el despacho ponente admitió la acción
de tutela y vinculó al Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo de Bogotá, Sección
Segunda y a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional. También dispuso
la notificación a las partes y a los vinculados.

5.2. El Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo de Bogotá, Sección Segunda8,
señaló que el proceso se tramitó conforme a las reglas procesales aplicables desde
su admisión hasta la culminación con la sentencia proferida el 13 de diciembre de
2024, que resolvió de fondo la controversia planteada.

5.3. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional9 afirmó que el fallo de
segunda instancia se encuentra debidamente fundamentado y explica en detalle las
razones por las cuales desestima las pretensiones de la demanda.

Adicionalmente, sostuvo que el principio de favorabilidad en materia pensional no
opera de manera fragmentada ni discrecional, sino que exige la sujeción íntegra al
régimen normativo cuya aplicación se pretende, de conformidad con los artículos
288 de la Ley 100 de 1993 y 53 de la Constitución Política. Así, no basta con
acreditar condiciones parciales como la consistencia de cotización, ya que además
es indispensable el cumplimiento concurrente de los requisitos sustanciales del
régimen invocado, entre ellos, la afiliación vigente al sistema correspondiente al
momento del deceso, de manera que, cuando no se ostenta la calidad de afiliado al
sistema especial de la Fuerza Pública ni se cumplen las exigencias propias del
régimen general, se desvirtúa la procedencia del reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes.

Finalmente, manifestó que los actores pretenden usar la acción de tutela como una
tercera instancia, aunado al hecho de que no se configuró un perjuicio irremediable,
lo cual hace que aquella sea improcedente.

7
Índice 4 de SAMAI, certificado 5E5B4589DBBBCCBC F2333A146C417FC4 3170034F566EB690 D71C975985D43A5B.
8
Índice 8 de SAMAI, certificado FB077B46CBB12E90 15B53975ABF30CB8 8CF2B08F0098F4CA F51493E087303400.
9
Índice 9 de SAMAI, certificado 42E2EB8955AEEE2B 183988AF6316BDDE 3E2ED847C8651640 EF8726322531C3AE.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03088-00
Accionante: Jeaneth Jiménez Moncaleano y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

5.4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
F10, aseveró que los accionantes, de manera equivocada, sostienen que dicho
tribunal creó un requisito no previsto en la normatividad para acceder a la pensión
de sobrevivientes, concretamente el relativo a la condición de afiliado al sistema al
momento del fallecimiento. Sin embargo, tal afirmación carece de sustento, pues de
la lectura del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 se desprende que la pensión de
sobrevivientes exige, de manera concurrente, la condición de afiliado al momento
del deceso y la acreditación de una densidad de cotización equivalente a 50
semanas dentro de los 3 años anteriores al fallecimiento.

Así, señaló que, al momento del fallecimiento, si bien el causante acreditaba una
densidad de cotización superior a 50 semanas, no cumplía con el requisito
primigenio y sustancial para acceder a las prestaciones económicas del régimen
general de pensiones por vía de excepción y en aplicación del principio de
favorabilidad, en la medida en que no ostentaba la calidad de afiliado al sistema
especial previsto para los miembros de la Fuerza Pública. En consecuencia,
aseveró que la aplicación del régimen general de pensiones a los miembros de la
Fuerza Pública es posible, en tanto se acrediten los requisitos previstos en él para
acceder a las prestaciones allí contempladas, situación que no ocurrió en el
plenario.

Finalmente, dijo que la acción de tutela no cumple el requisito de relevancia
constitucional.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por Jeaneth
Jiménez Moncaleano y Luis Eduardo Escobar Montealegre en contra del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, de conformidad
con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de
1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

10
Índice 10 de SAMAI, certificado 3E7D27F4D7DE42C6 7D76207BD8995952 7B89FB7ED24AC4F1 83AC41158ABFDA29.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03088-00
Accionante: Jeaneth Jiménez Moncaleano y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

2. Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos fundamentales alegados por la parte actora.

3. La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en sentencia C-590 del 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad11 y de procedencia12 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.

4. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto

4.1. Sobre este requisito, la Corte Constitucional ha señalado que el juez de tutela
“no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”.13

En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber14: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

11
De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los
siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela;
que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad
procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que
se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
12
Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico;
defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del
precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
13
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
14
Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03088-00
Accionante: Jeaneth Jiménez Moncaleano y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202215, frente al requisito de
relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no
se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.

4.2. Para la Sala, se torna evidente que los cargos referidos no satisfacen el
requisito de relevancia constitucional, por cuanto se advierten como un medio
dirigido a revivir el análisis jurídico efectuado por el juez natural, como si este
mecanismo fuera una instancia adicional al proceso ordinario, según se explicará.

4.3. En el caso concreto, Jeaneth Jiménez Moncaleano y Luis Eduardo Escobar
Montealegre cuestionan, en esencia, que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, incurrió en defecto sustantivo,
porque adicionó un requisito inexistente para ser beneficiario de una pensión de
sobrevivientes en los términos del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, pues exigió
que el causante estuviera “afiliado al sistema” al momento de su fallecimiento como
condición activa de vinculación, en lugar de interpretar dicha calidad conforme al
historial de cotizaciones previas. Lo anterior desconoce, además, los principios de
favorabilidad, pro homine y pro operario.

Adicionalmente, a su juicio, incurrió en defecto fáctico al no valorar que el señor
Alfonso Escobar Jiménez (Q.E.P.D.) laboró ininterrumpidamente en la Policía
Nacional desde el 16 de enero de 2012 hasta el 14 de agosto de 2021, esto es, 9
años, 7 meses y 1 día, y falleció el 15 de octubre de 2021. Así las cosas, al momento
de su muerte acreditaba más de 450 semanas, con lo cual superaba el mínimo de
50 semanas exigido por el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 en los últimos 3 años
de su vida.

En consecuencia, en su concepto, son beneficiarios de una pensión de
sobrevivientes, porque: i) el causante cotizó más de 50 semanas en los 3 años
anteriores al fallecimiento; ii) los accionantes son los únicos beneficiarios del grupo
familiar, en ausencia de cónyuge, compañera permanente e hijos, conforme al
artículo 47, literal d), de la Ley 100 de 1993; iii) acreditaron dependencia económica

15
Sentencia SU-215 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03088-00
Accionante: Jeaneth Jiménez Moncaleano y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

frente al fallecido; y iv) existe inescindibilidad normativa, pues al aplicarse la Ley
100 de 1993 en su integridad, el reconocimiento pensional debe efectuarse con el
ingreso base de liquidación y el monto contenidos en los artículos 21 y 48 ibidem,
conforme a la sentencia CE-SUJ-SII-009-2018 del Consejo de Estado.

4.4. Pues bien, al verificar los argumentos contenidos en la sentencia de segunda
instancia del 7 de octubre de 2025 emitida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, se observa el siguiente análisis
textual:

“[…] En ese sentido, se tiene que quien pretenda el reconocimiento de los derechos
económicos y prestacionales por aplicación del principio de favorabilidad previsto en el
artículo 53 de la Constitución Política, deberá someterse a la totalidad de las
disposiciones que lo regulan. De tal suerte que, para efectos de la pensión de
sobrevivientes deberá aplicarse estrictamente el contenido de los artículos 46 y
siguientes de la Ley 100 de 1993 que fijan las condiciones, requisitos beneficiarios y
demás aspectos que gobiernan el reconocimiento de dicha prestación. Veamos:

Teniendo en cuenta el panorama expuesto, es claro, que el Patrullero Alfonso Escobar
Jiménez (q.e.p.d.), al momento de su fallecimiento si bien acreditaba una fidelidad de
cotización superior a las 50 semanas, lo cierto es que no cumplía con la condición
primigenia y sustancial para acceder a las prestaciones económicas previstas en el
régimen general de pensiones por vía de excepción y en aplicación del principio de
favorabilidad, en la medida en que no ostentaba la calidad de afiliado al sistema especial
previsto para los miembros de la Fuerza Pública.

En el asunto es claro que al momento del deceso el Patrullero no era miembro activo de
la institución policial, y por ende no contaba con la afiliación correspondiente al sistema
especial de la Policía Nacional en materia de seguridad social.

Al respecto debe tenerse en cuenta el referente jurisprudencial adoptado por el H.
Consejo de Estado que al valorar un asunto con algunos contornos similares a los que
plantea el presente asunto, toda vez que el fallecimiento del policial en dicho asunto
ocurrió luego del retiro de la institución, determinó que “(…) la demandante no tiene
derecho a la pensión de sobreviviente deprecada, en atención (…) el señor Néstor José
Correa Múnera (q.e.p.d.), no colmó los requisitos previstos en el artículo 46 de la Ley
100 de 1993 para que sus beneficiarios tuvieran derecho a la prestación por muerte, por
cuanto no se encontraba cotizando en el momento de su deceso (…)”16 (Resaltado
original del texto).

16
Índice 11 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, certificado 4270D77D16DF99FA C89D6A8B9833C5ED
083864568283963D 0695612D581FB316, radicado 11001334204720230025701.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03088-00
Accionante: Jeaneth Jiménez Moncaleano y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

4.5. Luego de lo relatado, se advierte que, en sede de tutela, la parte accionante
pretende que nuevamente se valoren los argumentos ya planteados y resueltos por
la autoridad judicial accionada en la sentencia censurada.

Pues bien, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F hizo un recuento normativo sobre los regímenes de prestaciones por
muerte para la Policía Nación y pensional de sobrevivientes en el sistema general
con énfasis en los casos en los que los padres tienen dependencia económica.

El tribunal concluyó que, conforme al artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado
por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, para acceder a la pensión de sobrevivientes
era necesario acreditar dos requisitos: i) que el causante tuviera la calidad de
afiliado al momento del fallecimiento y ii) que hubiera cotizado al menos 50 semanas
dentro de los tres años anteriores a su muerte.

Descendiendo al caso concreto, determinó que el señor Alfonso Escobar Jiménez
(Q.E.P.D.) sí cumplía con el requisito de semanas cotizadas, pero no ostentaba la
calidad de afiliado al momento de su fallecimiento, comoquiera que su retiro del
servicio se produjo mediante acto administrativo del 14 de agosto de 2021, mientras
que su muerte data del 15 de octubre de 2021. Asimismo, tomó como fundamento
de su decisión la sentencia del 24 de octubre de 2019, radicación 05001-23-33-000-
2014-00347-01 (1900-16), emitida por la Sección Segunda del Consejo de Estado,
que expresamente trajo a colación.

En consecuencia, determinó que no se configuraban los presupuestos legales para
el reconocimiento de la prestación.

4.6. Finalmente, respecto al argumento orientado al desconocimiento del
precedente, la Corte Constitucional ha sostenido que establecer su configuración
exige que el accionante vincule la falta de aplicación de una regla jurisprudencial
con la violación de una garantía fundamental o, en otros términos, que explique con
suficiencia por qué el precedente con identidad fáctica y jurídica era aplicable en su
caso y de qué forma la inobservancia de tales consideraciones o reglas
jurisprudenciales afectó sus garantías fundamentales.17

17
Compárese, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11
de octubre de 2024, radicado 11001-03-15-000-2024-04599-00.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03088-00
Accionante: Jeaneth Jiménez Moncaleano y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

En el sub lite, la parte accionante alude a las sentencias T-026 de 2017, T-370 de
2018 y SU-082 de 2022; sin embargo, no indica la similitud fáctica y jurídica que
permita, acertadamente, concluir, en efecto, que se incurrió en la causal específica
invocada, para ligar de manera inescindible los fundamentos de hecho con una
situación que pudiera transgredir los derechos fundamentales de los que es titular.
Esta falta de sustento impide el análisis del cargo y exime a la Sala de realizar un
estudio de fondo, lo que permite concluir que el defecto alegado carece de
relevancia constitucional.

4.7. Resulta claro entonces que la parte interesada pretende utilizar la acción de
tutela como un mecanismo para que el juez constitucional emita un pronunciamiento
acerca del sentido de la decisión adoptada por el juez ordinario, a pesar de que este
explicó de manera suficiente las razones jurídicas que sustentaron su
determinación. De igual forma, se advierte que los actores buscan imponer su visión
acerca de cómo debió resolverse la controversia y la decisión que debió adoptarse,
asunto que no corresponde ser estudiado en sede constitucional.

4.8. Así, para esta Subsección es claro que la parte interesada pretende utilizar este
mecanismo constitucional como si se tratara de una instancia adicional, pues, como
se vio, los reproches contenidos en su escrito de tutela buscan reabrir el debate que
tuvo lugar en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que
prevalezca su interpretación sobre la acogida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en el proceso 11001-33-42-047-
2023-00257-00/01. Cuestión distinta es que la parte accionante no comparta el
sentido de la decisión adoptada, aspecto que desborda el ámbito de competencia
del juez constitucional, en tanto no le corresponde definir la forma en que el juez
natural debe resolver la controversia.

Se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra de decisiones
judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la autonomía
e independencia judicial ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, en
razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de
corrección” de la decisión cuestionada18, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole

18
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03088-00
Accionante: Jeaneth Jiménez Moncaleano y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del proceso
ordinario19.

5. En consecuencia, el presupuesto de relevancia constitucional, como se expuso,
no se encuentra superado en este caso, lo que conduce a declarar la improcedencia
de la acción constitucional.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional, de conformidad
con las razones expuestas ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejero de Estado Consejera de Estado

19
Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.

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