Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03254-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03254-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03254-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
10 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03254-01
Accionante: Ancizar Rodríguez Pedraza
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada en contra del fallo de tutela proferido el 28 de
mayo de 2026 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo constitucional
El 28 de abril de 20261, el señor Ancizar Rodríguez Pedraza, por conducto de apoderado
judicial 2 , interpuso acción de tutela en procura de la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, mínimo vital, seguridad social e igualdad, que estima
vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 29 de agosto de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Nariño, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado No. 52001-33-33-005-2023-00146-01, mediante la cual se
negaron las pretensiones de la demanda encaminadas al reajuste y pago del subsidio
familiar, en los términos previstos en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.
1.2. Hechos
1.2.1. El señor Ancizar Rodríguez Pedraza, quien se desempeña como soldado
profesional del Ejército Nacional desde el 23 de abril de 2007, contrajo matrimonio el 19
de mayo de 2012. Con fundamento en dicha circunstancia, consideró que consolidó el
derecho al reconocimiento y pago del subsidio familiar previsto en el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000.
1 Según el índice 3 de Samai.
2 Folio 88-90 del certificado E8B63DDB4A78E183 200555BE75B548A9 064E00CD14E118A7 4DDE9A4E07F1811E,
índice 2.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03254-01
Accionante: Ancizar Rodríguez Pedraza
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
1.2.2. No obstante, debido a la expedición del Decreto 3770 de 2009, que derogó el citado
artículo 11, la entidad demandada no reconoció el subsidio familiar reclamado durante el
período comprendido entre septiembre de 2013 y agosto de 2014, ni con posterioridad
en la cuantía prevista en la citada disposición.
1.2.3. Posteriormente, mediante sentencia de 8 de junio de 2017, el Consejo de Estado
declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009 con efectos ex tunc, decisión que produjo la
reviviscencia del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.
1.2.4. Con fundamento en dicho pronunciamiento, el señor Ancizar Rodríguez Pedraza
promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho 3 contra los actos administrativos que negaron el reconocimiento y pago del
subsidio familiar, con el fin de obtener el reconocimiento de dicha prestación en los
términos previstos en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.
1.2.5. Mediante sentencia de 5 de marzo de 20244, el Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito de Pasto accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, declaró la
nulidad del acto administrativo acusado y ordenó al Ministerio de Defensa Nacional
reconocer y pagar al demandante el subsidio familiar previsto en el artículo 11 del Decreto
1794 de 2000, con efectos fiscales a partir del 15 de mayo de 2019.
1.2.6. Inconforme con dicha decisión, el Ministerio de Defensa Nacional interpuso recurso
de apelación.
1.2.7. Mediante sentencia de 29 de agosto de 2025 5, notificada el 30 de octubre del
mismo año, el Tribunal Administrativo de Nariño revocó la decisión de primera instancia
y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
3 Archivo 02 del certificado 926F56C89F30FAFA 8CC8D6DCF5DF2108 91B8A6B56D602FA8 3D4AAD65810E67B4,
índice 13.
4 Archivo 026 del certificado 926F56C89F30FAFA 8CC8D6DCF5DF2108 91B8A6B56D602FA8 3D4AAD65810E67B4,
índice 13.
5 Archivo 039 del certificado 926F56C89F30FAFA 8CC8D6DCF5DF2108 91B8A6B56D602FA8 3D4AAD65810E67B4,
índice 13.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03254-01
Accionante: Ancizar Rodríguez Pedraza
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
1.3. Fundamentos de la acción de tutela
La parte interesada:
1.3.1. Sostuvo que la sentencia proferida el 29 de agosto de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Nariño vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, al mínimo vital y a la seguridad social, al revocar el fallo de primera instancia y
negar el reconocimiento y pago del subsidio familiar previsto en el artículo 11 del Decreto
1794 de 2000, bajo el entendido de que el accionante únicamente consolidó el derecho
con el reporte del cambio de estado civil efectuado el 14 de julio de 2014, cuando ya se
encontraba vigente el Decreto 1161 de 2014.
1.3.2. En ese sentido, alegó la configuración de un defecto sustantivo y el
desconocimiento del precedente judicial, por cuanto estimó que el Tribunal Administrativo
de Nariño desconoció los efectos ex tunc de la sentencia del Consejo de Estado de 8 de
junio de 2017, mediante la cual se declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009 y recobró
vigencia el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000. A su juicio, la autoridad judicial aplicó
de manera indebida el Decreto 1161 de 2014 y exigió el reporte del cambio de estado
civil como requisito para acceder al subsidio familiar, pese a que dicha exigencia no era
oponible al momento en que contrajo matrimonio.
1.3.3. Finalmente, afirmó que la providencia cuestionada privilegió un formalismo
administrativo sobre el derecho sustancial, al supeditar el reconocimiento del subsidio
familiar al reporte interno del cambio de estado civil, pese a que el vínculo matrimonial se
encontraba acreditado mediante el correspondiente registro civil. Agregó que esa
interpretación desconoció el precedente del Consejo de Estado, vulneró el principio de
prevalencia del derecho sustancial y configuró un exceso ritual manifiesto al impedir el
reconocimiento de la prestación reclamada.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03254-01
Accionante: Ancizar Rodríguez Pedraza
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
1.4. Pretensiones de la acción de tutela
La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:
“PRIMERO: Se reconozca los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
MÍNIMO VITAL, A LA SEGURIDAD SOCIAL E IGUALDAD del señor ANCIZAR
RODRIGUEZ PEDRAZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
1.110.453.281 expedida en Ibagué.
SEGUNDO: Que se ordene TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO - SALA
SEGUNDA DE DECISIÓN que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la
notificación del fallo de tutela, profiera una decisión de reemplazo dentro del
expediente N. ° 52001-33-33-005-2023-00146-01, en la que establezca que el
derecho del señor ANCIZAR RODRIGUEZ PEDRAZA, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 1.110.453.281 expedida en Ibagué, al subsidio familiar contemplado
en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.
TERCERO: En su lugar, CONFIRMAR integralmente la Sentencia de Primera
Instancia del 05 de marzo de 2024, el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE PASTO.”6.
2. Trámite de la acción de tutela en primera instancia
2.1. Mediante auto de 30 de abril de 20267, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar, en calidad de
demandada, al Tribunal Administrativo de Nariño. Asimismo, vinculó como tercero
interesado al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional8.
2.2. La magistrada Sandra Lucía Ojeda Insuasty, integrante del Tribunal Administrativo9,
solicitó negar el amparo al considerar que la acción de tutela no satisface los requisitos
de procedencia y, en todo caso, que la sentencia cuestionada no vulneró los derechos
fundamentales invocados. Explicó que el Tribunal revocó el fallo de primera instancia tras
concluir que el derecho al subsidio familiar no se consolidó con la celebración del
matrimonio, sino con el reporte del cambio de estado civil ante la institución, el cual fue
6 Folio 3 del certificado CA091F94B2BA0D31 FBAA4EB45B379E96 F74471A92FF1B19A A2A9BA683B8B99A2,
índice 2.
7 Obra en el certificado ADF40C4335C0205D DC3DD4916E1AB081 6E196CB6C979BEF2 09C69D7ED8BB8BAC,
índice 5.
8 Los soportes de notificación obran en el índice 8.
9 Obra en el certificado 55A0FE0D4752361D 24A943A11D0D4405 711700DD2E820149 64BE7E72B78118E5, índice
15.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03254-01
Accionante: Ancizar Rodríguez Pedraza
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efectuado el 14 de julio de 2014, cuando ya se encontraba vigente el Decreto 1161 de
2014.
Agregó que la providencia se sustentó en una interpretación razonada de la normativa y
de la jurisprudencia aplicable, por lo que la tutela pretende reabrir un debate de mera
legalidad ajeno al ámbito del juez constitucional.
3. Fallo de tutela de primera instancia
La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia del
28 de mayo de 202610, declaró la improcedencia de la solicitud de amparo.
El a quo constitucional concluyó que los cargos por defecto sustantivo y desconocimiento
del precedente carecían de relevancia constitucional, toda vez que la providencia
cuestionada se fundamentó en una interpretación razonada de los hechos, de las pruebas
y de la normativa aplicable, sin que se evidenciara una afectación de derechos
fundamentales. De igual forma, estimó que el reproche por desconocimiento del
precedente no cumplía con la carga argumentativa mínima, pues el accionante se limitó
a invocar una sentencia de tutela, cuyos efectos son, por regla general, inter partes, sin
acreditar la similitud fáctica con el asunto decidido por el Tribunal.
4. Razones de la impugnación
4.1. En contra de la providencia referida, la parte accionante presentó impugnación 11, al
considerar se incurrió en error al descartar la configuración del defecto sustantivo y del
desconocimiento del precedente, con el argumento de que las decisiones invocadas
tenían efectos inter partes. A su juicio, el asunto trasciende el caso concreto, pues
evidencia la existencia de criterios divergentes al interior del Consejo de Estado respecto
del reconocimiento del subsidio familiar previsto en el Decreto 1794 de 2000, situación
10 Obra en el certificado FCF3DCCD6E567128 E347CDED6C963910 278D743873AD780B 5569CEFE10A48C47,
índice 18.
11 El 10 de junio de 2026. Obra en el certificado CE7728580189650A 149253522B8B835E 43CD46A3ECFE0607
182F12B0C19BC6C1, índice 22.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03254-01
Accionante: Ancizar Rodríguez Pedraza
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que afecta los principios de igualdad y seguridad jurídica y hace necesaria la unificación
del criterio jurisprudencial.
Asimismo, reiteró que la exigencia de reportar el cambio de estado civil constituye una
carga administrativa irrazonable, por derivar de una norma declarada nula con efectos ex
tunc, y afirmó que la escritura pública de matrimonio acreditaba suficientemente la
existencia del vínculo familiar. En consecuencia, sostuvo que supeditar el reconocimiento
del subsidio familiar a dicha formalidad desconoce la realidad acreditada y privilegia un
tecnicismo administrativo sobre el derecho sustancial, razón por la cual solicitó revocar
el fallo impugnado y conceder el amparo.
De esta manera, textualmente solicitó:
“1. REVOCAR la sentencia proferida el 28 de mayo de 2026.
2. CONCEDER EL AMPARO de los derechos fundamentales al debido proceso e
igualdad.
3. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Nariño proferir una decisión de reemplazo
que, en aplicación del principio de favorabilidad y prevalencia del derecho sustancial,
reconozca el subsidio familiar conforme a los parámetros del Decreto 1794 de 2000,
unificando el criterio con los precedentes de esta Corporación que han amparado
derechos en condiciones fácticas idénticas.”12
5. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia
Mediante auto del 22 de junio de 202613 el a quo concedió la impugnación.
12 Folio 2, ibid.
13 Obra en el certificado D02A43006BB490B3 32134E6E4A76008E 1E37869010F3D14D 036487E641602DE7, índice
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03254-01
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II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada en contra del fallo
de tutela proferido el 28 de mayo de 2026 por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la
Constitución, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo No. 080 de 2019 de la Sala
Plena del Consejo de Estado.
2. Problema jurídico
En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos alegados.
3. La acción de tutela en contra de providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de tutela
en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos requisitos
de procedibilidad14 y de procedencia15 con el fin de determinar si se vulneraron o no los
derechos de orden superior.
4. Verificación de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto
4.1. Sobre el requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha señalado
que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
14 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
15 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto
fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por
desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
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marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”16.
En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario examinar
dos elementos, a saber 17 : (i) que el actor cumpla su carga argumentativa, justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales,
ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que la acción de tutela
no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la
providencia acusada, puesto que este mecanismo especial constitucional está constituido
para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor
tenga frente a la decisión judicial.
Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202218, al pronunciarse sobre el
requisito sub judice, advirtió que era necesario verificar:
“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.
4.2. Así mismo, resaltó que en caso de que una acción de tutela fuere incoada en contra
de una providencia judicial emitida por una Alta Corte, resultaba mandatorio advertir,
además de los anteriores requisitos, “una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales”.
4.3. Para la Sala resulta evidente que los cargos formulados no satisfacen el requisito de
relevancia constitucional, por cuanto se advierten como un medio encaminado a revivir
el análisis jurídico efectuado por el juez natural, como si este mecanismo constituyera
una instancia adicional al proceso ordinario, según se explicará.
16 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
17 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
18 Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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4.4. En el caso concreto, la parte actora sostiene que la sentencia cuestionada incurrió
en defecto sustantivo al concluir que el derecho al subsidio familiar se consolidó bajo la
vigencia del Decreto 1161 de 2014, pese a la declaratoria de nulidad del Decreto 3770
de 2009 con efectos ex tunc y la reviviscencia del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.
Asimismo, afirmó que el Tribunal Administrativo de Nariño se apartó, sin justificación, del
criterio expuesto en la sentencia de tutela con radicado 11001-03-15-000-2021-07051-
01, según el cual la omisión del reporte interno del cambio de estado civil no puede
conducir a la pérdida del subsidio familiar cuando el vínculo matrimonial se encuentra
acreditado. En su criterio, la autoridad judicial aplicó indebidamente el Decreto 1161 de
2014 y exigió una carga administrativa desproporcionada, pese a que la escritura pública
aportada constituía prueba suficiente del matrimonio.
Además, en la impugnación reiteró que el asunto reviste relevancia constitucional, pues
el juez de tutela desestimó el precedente invocado por producir efectos inter partes, sin
advertir que existen criterios divergentes al interior del Consejo de Estado respecto del
reconocimiento del subsidio familiar de los soldados profesionales. Asimismo, insistió en
que exigir el reporte del cambio de estado civil constituye una carga administrativa
irrazonable, derivada de una norma declarada nula con efectos ex tunc, y solicitó unificar
el criterio jurisprudencial privilegiando la prevalencia del derecho sustancial sobre el
formalismo del reporte administrativo.
4.5. Pues bien, al verificar los argumentos contenidos en la sentencia de segunda
instancia del 29 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, se
observa el siguiente análisis textual:
“La Sala advierte que en la demanda no se allegó el reporte del cambio de estado
civil del señor Rodríguez Pedraza ante la autoridad empleadora para efectos de
consolidar el derecho antes de la entrada en vigencia del Decreto 1161 de 2014. Con
otras palabras, el accionante no acreditó que satisfizo el requisito sine qua non para
acceder al subsidio familiar antes de la entrada en vigor del Decreto 1161 de 2014,
para sostener que fue con base en el Decreto 1794 de 2000 que consolidó su
derecho.
Por virtud del decreto de pruebas decidido en audiencia inicial, la entidad accionada
allegó el expediente administrativo que da cuenta de la fecha de solicitud de subsidio
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familiar proveniente del accionante. Se constata desde este documento que el señor
Rodríguez Pedraza reportó su estado civil con la señora.
Martha Yineth Silva Gonzales el 14 de julio de 2014, por ende, el beneficio se le
reconoció con Orden Administrativa de Personal No. 1887 del 30 de agosto de 2014,
bajo la regulación del Decreto 1161 de 2014.
Con el contexto que antecede, se tiene que el demandante, señor Ancizar Rodríguez
Pedraza, contrajo matrimonio el 19 de mayo de 2012. Sin embargo, no fue sino hasta
el 14 de julio de 2014, es decir, después de la entrada en vigor del Decreto 1161 de
2014, que cumplió con el requisito de reporte para el reconocimiento del beneficio.
En consecuencia, su situación jurídica se consolidó bajo la vigencia de la nueva
normativa y no con los parámetros del Decreto 1794 de 2000.
La interpretación de la a quo que llevó a aplicar la norma pretendida en la demanda
con base en su fecha de matrimonio y los efectos de la sentencia del 8 de junio de
2017, resulta jurídicamente desatinada por desconocer el mismo artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000 y jurisprudencia del Consejo de Estado, donde se ha
delimitado el alcance de la reviviscencia de dicho decreto y la exigencia del reporte
como condición indispensable.
Aun con el criterio, según el cual, el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 retornó a
la vida jurídica por mandato de la sentencia del 8 de junio de 2017, no se puede
pretermitir, como lo hizo la a quo, que el actor cumplió el requisito para acceder al
subsidio familiar después de proferido el Decreto 1161 de 2014. Entonces, fue bajo
esta última norma que se consolidó su derecho como se expuso en la alzada.
Finalmente, considerando los pronunciamientos que se citaron en precedencia, debe
agregarse que, aunque existe una postura de la Sección Segunda del Consejo de
Estado que avaló la aplicación del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 bajo el
principio de favorabilidad, la situación fáctica en el asunto bajo análisis no es la
misma. En el caso estudiado por el Tribunal de Cierre se valoró que, pese a la
tardanza en reportar el estado civil, la unión marital de hecho se constituyó antes de
la expedición del Decreto 3770 de 2009, resultando más beneficioso para el actor el
mentado artículo 11, lo que en esta oportunidad no ocurre en la medida que la
situación conyugal se definió el 19 de mayo de 2012 y el reporte se hizo en vigencia
del Decreto 1161 de 2014.
Se adiciona que, esta Sala de Decisión, continúa con la postura de exigir el reporte
en los términos del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y que ya fueron
desarrollados, pues es la exigencia específica de la norma y también se ha avalado
por el Consejo de Estado. Además, que es a todas luces razonable en la medida que
no se ha emitido postura unificada de ese órgano de cierre en la materia. Se suma a
lo dicho que, la mora en la satisfacción del requisito establecido por la norma no
puede imputarse a la entidad.
En suma, la decisión objeto de reparo debe revocarse. El derecho al subsidio familiar
para soldados profesionales no se consolida únicamente con la calidad de soldado
profesional y la data del matrimonio, sino, además, con el acto formal de reportar el
cambio de estado civil a la institución militar, que es una condición indispensable para
que la administración reconozca el beneficio. No es posible echar de menos esta
condición, en tanto que, antes de la expedición del Decreto 1161 de 2014, al
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demandante no se le podía reconocer el subsidio familiar, pues no había reportado
el vínculo matrimonial, lo que, vale iterar, solo hizo hasta el 14 de julio de 2014, fecha
en la cual el decreto en cita ya había entrado en vigor.” 19.
4.6. Luego de lo relatado, se advierte que, en sede de tutela, la parte accionante pretende
que nuevamente se valoren los argumentos ya planteados y resueltos por la autoridad
judicial accionada en la sentencia censurada.
Pues bien, el Tribunal Administrativo de Nariño analizó la situación particular del
demandante a la luz de la normativa que regula el subsidio familiar de los soldados
profesionales y concluyó que el derecho reclamado no se consolidó con la celebración
del matrimonio, sino con el reporte del cambio de estado civil ante la institución militar.
Al respecto, estableció que, si bien el actor contrajo matrimonio el 19 de mayo de 2012,
solo reportó esa novedad el 14 de julio de 2014, cuando ya se encontraba vigente el
Decreto 1161 de 2014; por tanto, consideró que su situación jurídica debía definirse
conforme a esta última normativa y no con fundamento en el artículo 11 del Decreto 1794
de 2000.
Asimismo, precisó que, aunque la sentencia del Consejo de Estado de 8 de junio de 2017
produjo la reviviscencia del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 con efectos ex tunc, ello
no eliminó la exigencia del reporte del cambio de estado civil como presupuesto para
acceder al subsidio familiar. Agregó que el precedente de la Sección Segunda invocado
por el demandante no resultaba aplicable, por corresponder a un supuesto fáctico distinto,
y reiteró que la Sala mantenía el criterio según el cual el reporte constituye una condición
indispensable para el reconocimiento de la prestación, postura que estimó razonable
mientras el Consejo de Estado no adopte una decisión de unificación sobre la materia.
4.7. Finalmente, el accionante aduce que no se tuvo en cuenta el precedente
jurisprudencial contenido en la “sentencia de unificación” del 7 de abril de 2022 proferida
por el Consejo de Estado – Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-07051-01.
19 Archivo 039 del certificado 926F56C89F30FAFA 8CC8D6DCF5DF2108 91B8A6B56D602FA8 3D4AAD65810E67B4,
índice 13.
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Accionante: Ancizar Rodríguez Pedraza
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido que la configuración del defecto por
desconocimiento del precedente fijado por el Consejo de Estado exige que el accionante
vincule la falta de aplicación de una regla jurisprudencial con la violación de una garantía
fundamental o, en otros términos, que explique con suficiencia por qué el precedente con
identidad fáctica y jurídica era aplicable en su caso y de qué forma la inobservancia de
tales consideraciones o reglas jurisprudenciales afectó sus garantías fundamentales20.
Esta Subsección observa que el señor Ancizar Rodríguez Pedraza se limita a enunciar la
providencia referida, sin indicar la similitud fáctica y jurídica que permita afirmar
acertadamente que, en efecto, se incurrió en la causal específica invocada, ni demostrar
la relación entre la regla jurisprudencial invocada y la vulneración de los derechos
fundamentales alegada. Esta falta de sustento impide el análisis del cargo y exime a la
Sala de realizar un estudio de fondo, lo que permite concluir que el defecto alegado
carece de relevancia constitucional.
En este orden de ideas, y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la acción de tutela, es preciso señalar que no basta con
manifestar inconformidades frente a las decisiones judiciales objeto de censura o alegar
la configuración de los requisitos especiales de procedencia, pues de esa manera la
discusión se limita a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano
constitucional.
Sumado a lo anterior, aunque el accionante sostiene que existen criterios divergentes al
interior del Consejo de Estado y solicita la unificación de la jurisprudencia sobre la
materia, lo cierto es que dicho propósito resulta ajeno al objeto de la acción de tutela,
pues este mecanismo no fue concebido para propiciar la unificación de criterios
jurisprudenciales, sino para garantizar la protección inmediata de los derechos
fundamentales cuando estos resulten vulnerados. En consecuencia, si el actor considera
20 Compárese, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia
del 11 de octubre de 2024, radicado 11001-03-15-000-2024-04599-00.
13
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03254-01
Accionante: Ancizar Rodríguez Pedraza
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
que el asunto reúne los presupuestos previstos en el artículo 271 del CPACA 21 , la
solicitud correspondiente deberá formularse ante el juez natural de la causa, dentro del
proceso ordinario, y no a través del presente mecanismo excepcional de amparo.
4.8. Así, para esta Subsección es claro que el accionante pretende utilizar este
mecanismo constitucional como si se tratara de una instancia adicional, pues, como se
vio, los reproches contenidos en su escrito de tutela buscan reabrir el debate que tuvo
lugar en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que
prevalezca su interpretación sobre la acogida por el Tribunal Administrativo de Nariño en
el proceso 52001-33-33-005-2023-00146-01. Cuestión distinta es que la parte accionante
no comparta el sentido de la decisión adoptada, aspecto que desborda el ámbito de
competencia del juez constitucional, en tanto no le corresponde definir la forma en que el
juez natural debe decidir.
Se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra de decisiones judiciales
es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la autonomía e independencia
judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, en razón a lo cual es
concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de corrección” de la decisión
cuestionada22, lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva instancia
para la discusión de los asuntos de índole probatorio o de interpretación del derecho que
se resolvieron previamente por el juez de la causa23.
21 Artículo 271. Decisiones por importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar
jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación. Por razones de
importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar o unificar jurisprudencia o precisar su
alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación que ameriten la expedición de una sentencia o
auto de unificación jurisprudencial, el Consejo de Estado podrá asumir conocimiento de los asuntos pendientes de fallo
o de decisión interlocutoria. Dicho conocimiento podrá asumirse de oficio; por remisión de las secciones o subsecciones
del Consejo de Estado, o de los tribunales; a solicitud de parte, o por solicitud de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado o del Ministerio Público. Los procesos susceptibles de este mecanismo que se tramiten ante los
tribunales administrativos deben ser de única o de segunda instancia.
En estos casos, corresponde a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictar sentencias
y autos de unificación jurisprudencial sobre los asuntos que provengan de sus secciones. Las secciones de la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictarán sentencias y autos de unificación en esos mismos
eventos, en relación con los asuntos que provengan de las subsecciones de la corporación, de los despachos de los
magistrados que las integran, o de los tribunales, según el caso. Las decisiones que pretendan unificar o sentar
jurisprudencia sobre aspectos procesales que sean transversales a todas las secciones del Consejo de Estado, solo
podrán ser proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
22 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
23 Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03254-01
Accionante: Ancizar Rodríguez Pedraza
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
5. En consecuencia, se observa que la solicitud de amparo no satisface los requisitos
generales de procedibilidad, razón por la cual se confirmará el fallo impugnado.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 28 de mayo de 2026, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados
por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado
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