Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-07051-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-07051-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-07051-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
7 de abril de 2022
Demandante: Milton Fabián Millán Moreno
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07051-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-07051-01
Demandante: MILTON FABIÁN MILLÁN MORENO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas: Tutela contra providencia judicial – revoca improcedencia –
configuración del defecto sustantivo – ampara.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Resuelve la Sala la impugnación presentada por el señor Milton Fabián Millán
Moreno en contra de la sentencia proferida en primera instancia por la Sección
Primera del Consejo de Estado el 3 de febrero de 2022, en la que se declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. El señor Milton Fabián Millán Moreno, actuando por conducto de apoderado
judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca1, en procura de la defensa de sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad, junto con el principio de seguridad jurídica.
2. En sentir de la parte actora, la transgresión de las citadas garantías
constitucionales se consolidó con la sentencia del 14 de abril de 2021, proferida
por la autoridad judicial accionada, que confirmó el fallo del 26 de septiembre de
2019, dictado en primera instancia dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho de radicado N. ° 76001-33-33-012-2018-00150-00,
en el que se denegaron sus pretensiones.
1.2. Hechos
La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la referencia,
1 El escrito de tutela se envió el 15 de octubre de 2021 al correo electrónico de la Secretaría
General del Consejo de Estado.
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Demandante: Milton Fabián Millán Moreno
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07051-01
de la siguiente manera:
3. El señor Milton Fabián Millán Moreno ingresó a prestar su servicio militar en
el Ejército Nacional el 10 de febrero de 2000 y el 26 de septiembre de 2001 fue
vinculado como soldado profesional.
4. Afirmó que mediante el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 se creó el
subsidio familiar para los soldados profesionales casados o con unión marital de
hecho vigente, pero que dicha prerrogativa fue derogada en su totalidad a
través del Decreto 3770 de 2009.
5. Posteriormente, el Decreto 1161 del 24 de junio de 2014 reactivó el
reconocimiento del subsidio familiar para los soldados profesionales, “pero en
una cuantía distinta e inferior a la que se había reconocido mediante el artículo
11 del decreto 1794 del 2000”.
6. Mediante escritura Pública N. ° 718 del 21 de mayo del 2014 el señor Millán
Moreno declaró la existencia de una unión marital de hecho con la señora
Yessica Yuliana Acosta Osorio, con efectos desde el 3 de junio del 2011, y por
ello, se le reconoció el subsidio familiar en cuantía del 20%, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 1 del Decreto 1161 del 20142.
7. Luego, por medio de las Órdenes Administrativas N. °s. 2201 del 20 de
octubre de 2014 y 1467 del 25 de abril de 2016 se le aumentó el subsidio
familiar en un 3% por su hija Valentina Millán Velasco, y en un 2% por la menor
Aura Luna Millán Acosta.
8. Indicó que en sentencia del 8 de junio del 2017 de la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto 3770 de
20093, en lo que tiene que ver con el subsidio familiar del artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, con efectos ex tunc. Con base en esta decisión judicial,
el 1 de diciembre del 2017 presentó una petición ante la Dirección de Personal
del Ejército Nacional en la que solicitó “Que se disponga el reconocimiento del
SUBSIDIO FAMILIAR con fundamento en lo normado en el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, desde la fecha en que adquirió el derecho, esto es,
desde el 3 de junio de 2011, junto con el pago de la diferencia que se genere a
2 Del material probatorio obrante en el expediente no se logró verificar la fecha en la que le fue
reconocido el subsidio familiar al actor, con base en esta norma.
3 ARTÍCULO 1°. Derógase el artículo 11 del decreto 1794 de 2000.
PARÁGRAFO PRIMERO. Los Soldados profesionales e Infantes de Marina Profesionales de
las Fuerzas Militares que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto estén
percibiendo el subsidio familiar previsto en el derogado artículo 11 del Decreto 1794 de 2000,
continuarán devengándolo hasta su retiro del servicio.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Aclárase que el valor del subsidio familiar a que se refiere el artículo
11 del decreto 1794 de 2000 es el resultado de aplicar la siguiente fórmula: 4% Salario Básico
Mensual + 100% Prima de Antigüedad Mensual.
(…)
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partir de la fecha en que le fue reconocido”4.
9. Por medio del Oficio N. ° 20173182314781 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-
JEMGF-COPER-DIPER-1-10, la entidad le respondió su petición en los
siguientes términos:
Se hace necesario manifestar que una vez verificado el Sistema de
Administración de Talento Humano SIATH, se advierte que al señor
MILLAN MORENO MILTON FABIAN, se le realizó el reconocimiento del
Subsidio Familiar en los siguientes porcentajes:
1. Veinte por ciento (20%) por la conformación y declaración de la
UNIÓN MARITAL DE HECHO, con la señora YESSICA YULIANA
ACOSTA OSORIO, el día 3 de Junio del año 2011.
2. Tres por ciento (3%) por su hija VALENTINA MILLAN VINASCO.
3. Dos por ciento (2%) por su hija, AURA LUNA MILLAN ACOSTA.
(…) con base en lo establecido en el artículo 1 del Decreto No. 1161 de
2014, teniendo en cuenta que en el momento de la solicitud del
mencionado beneficio, dicha norma se encontraba en vigencia, en tal
consideración los actos administrativos expedidos bajo el amparo de esta
normatividad gozan de presunción de legalidad.
Ahora bien, en cuanto a su solicitud de que se efectúe el reconocimiento
y pago del subsidio familiar atendido a lo previsto en el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, me permito aclarar, que si bien es cierto mediante
la sentencia proferida por el Honorable Consejo de Estado, se declara
con efectos Ex tunc, la nulidad del Decreto 3770 de 2009 “por el cual se
deroga el Articulo 11 del Decreto 1794 de 2000 y se dictan otras
disposiciones” no es menos cierto que en su caso particular existe una
situación jurídica consolidada, al haberse reconocido mediante el
señalado acto administrativo esta acreencia.
10. Inconforme con la respuesta que le brindó la entidad frente a su solicitud de
reconocimiento del subsidio familiar con base en el Decreto 1794 de 2000, el
señor Milton Fabián Millán Moreno presentó demanda en ejercicio de medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el anterior acto
administrativo, a la que le correspondió el radicado N. ° 76001-33-33-012-2018-
00150-00.
11. El Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali profirió
sentencia de primera instancia el 26 de septiembre de 2019 en la que denegó
las súplicas de la demanda. Al respecto, expuso que no era procedente el
reajuste del subsidio familiar en los términos propuestos por el actor, en la
medida en que consolidó el derecho en vigencia del Decreto 1161 del 2014.
4 Dado que para el 1 de diciembre de 2017 ya le había sido reconocido el subsidio familiar de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1161 de 2014, se advierte que en esta ocasión
solicitó un reajuste, en el que se le tuviera en cuenta la tesis de la sentencia del 8 de junio de
2017.
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12. El fallo referenciado fue apelado por el accionante. No obstante, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca en sentencia del 14 de abril de 2021
confirmó la decisión de primera instancia, tomando como base los mismos
argumentos del a quo.
1.3. Sustento de la vulneración
13. Aludió que la sentencia enjuiciada adolece de defecto sustantivo porque
pese a que se le reconoció el subsidio familiar con base en lo establecido en el
artículo 11 del Decreto 1161 de 2014, “la consolidación del derecho objetivo de
reconocimiento se dio en el preciso instante en que cambió de estado civil
declarando la existencia de su unión marital de hecho el 21 de marzo de 2014 y
dados los efectos de la sentencia del 8 de junio de 2017, la norma vigente para
dicha fecha sería el artículo 11 del decreto 1794 de 2000”.
14. En consonancia con lo anterior, explicó que el Tribunal accionado
desconoció los efectos ex tunc bajo los cuales se declaró la nulidad del Decreto
3770 del 2009, con el simple argumento de que no reportó su cambio de estado
civil, sin tener en cuenta que ese requisito estaba derogado para la fecha en la
que realizó la declaración de la existencia de su unión marital.
15. Sostuvo que el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 estableció que los
soldados profesionales tenían derecho a percibir un subsidio familiar
equivalente al 4% del sueldo básico, más la prima de antigüedad, junto con la
obligatoriedad de reportar el cambio de estado civil. Indicó que la totalidad de
este artículo fue derogado, y por ello, no reportó su unión marital de hecho
hasta que se expidió el Decreto 1161 de 2014, dado que si lo hubiese hecho
antes no hubiera tenido ningún efecto legal.
16. Precisó que a los soldados profesionales que se casaron o declararon su
unión marital de hecho con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto
3770 de 2009 se les afectó su derecho subjetivo a materializar el
reconocimiento al subsidio familiar, si se compara con quienes cumplieron ese
requisito con anterioridad a que se expidiera la norma citada.
17. Manifestó que con la declaratoria de nulidad con efectos ex tunc del Decreto
3770 de 2009, la vigencia del Decreto 1794 de 2000 estuvo desde el 1 de enero
de 2001 hasta el 25 de junio de 2014, fecha en la que fue subrogado por el
Decreto 1161 de 2014. Es decir, que la norma vigente y aplicable para su caso
es la primera de las referidas, porque en el interregno de la vigencia de esa
cambió su estado civil, exactamente el 21 de marzo de 2014 cuando declaró la
existencia de su unión marital.
18. Afirmó que se le deben extender los efectos de la sentencia del 8 de junio
de 2017 y ordenarle al Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional que
le reconozca y liquide el subsidio familiar de conformidad con el artículo 11 del
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Decreto 1794 de 2000 con efectos fiscales desde el 21 de marzo de 2014,
fecha en la que adquirió el derecho objetivo de la prestación que reclama.
19. Añadió que la “reviviscencia” del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 opera
sobre los eventos jurídicos no consolidados y que específicamente el Consejo
de Estado explicó en la sentencia del 8 de junio de 2017 “que dicha declaratoria
de nulidad dados sus efectos ex tunc opera sobre todas aquellas situaciones
que al momento de expedición del decreto declarado nulo eran debatidas tanto
en sede administrativa como en instancias judiciales, pero también y (sic)
denota mayor relevancia, sobre las situaciones que era (sic) susceptible de ser
debatidas en las mismas instancias”.
20. Concluyó que lo relativo a su subsidio familiar es una situación jurídica no
consolidada susceptible de ser debatida en sede administrativa y judicial, por lo
que considera que ya se consolidó en su caso el derecho a la prestación
referida, desconocería los efectos de la sentencia del 8 de junio de 2017 del
Consejo de Estado.
1.4. Pretensión constitucional
21. En concreto la parte actora solicitó:
1. Que se TUTELEN los derechos fundamentales invocados y que están siendo
vulnerados por el H. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al proferir la
sentencia de fecha 14 de abril del 2021 en virtud de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda, en lo relativo a la negativa de reconocer y por
ende reajustar el subsidio familiar devengado por el actor en su asignación
salarial mensual con fundamento en las disposiciones del artículo 11 del
decreto 1794 del 2000.
2. Que como consecuencia de la tutela de los derechos fundamentales
invocados se declare la NULIDAD de la sentencia en mención, en cuanto
negó el reconocimiento y reajuste del subsidio familiar en la cuantía
establecida en el artículo 11 del decreto 1794 del 2000.
3. Que una vez ordenada la nulidad solicitada, se ordene a la autoridad judicial,
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a que profiera una nueva
sentencia en la que se declare que el actor consolidó el derecho objetivo de
reconocimiento de tal prestación.
4. Que se advierta a las Entidades tuteladas, sobre las consecuencias que
conlleva el incumplimiento de la providencia que su Despacho profiera.
1.5. Trámite de primera instancia
22. En auto del 20 de octubre de 2021, la Sección Primera del Consejo de
Estado admitió esta solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó notificar en
calidad de accionado al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y como
terceros con interés al Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Cali y a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional.
23. Efectuadas las respectivas notificaciones, se presentaron las siguientes:
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1.6. Intervenciones
1.6.1. Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali
24. Expuso que profirió la sentencia del 26 de septiembre de 2019, en la que
están plasmados sus argumentos y que esta fue confirmada por el fallo del 14
de abril de 2021 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
25. Remitió el expediente de radicado N. ° 11001-03-15-000-2021-07051-00/1.
1.6.2. Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional -
26. Por medio de la directora del Grupo Contencioso y Constitucional de la
entidad solicitó que se declare la improcedencia de la acción constitucional de
la referencia, con fundamento en que este medio de defensa judicial no fue
instituido como una instancia adicional y que se debe respetar el principio de la
cosa juzgada, así como las decisiones judiciales proferidas y el desarrollo con el
que se hayan surtido los procesos.
27. Arguyó que los jueces ordinarios estudiaron las normas vigentes relativas al
subsidio familiar de los soldados profesionales en el caso del señor Milton
Fabián Millán Moreno y que acertadamente concluyeron que no le asiste razón
en relación con el reconocimiento que requiere.
28. Por último, explicó que el actor no justificó la forma en la que su solicitud de
amparo cumple con todos los requisitos que avalan la interposición de acciones
de tutela contra providencias judiciales.
1.6.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, pese a haber sido
notificado en debida forma, guardó silencio.
1.7. Sentencia de primera instancia
29. En proveído del 3 de febrero de 2022, la Sección Primera del Consejo de
Estado declaró la improcedencia de la solicitud de amparo, por no encontrar
satisfecho el requisito de la relevancia constitucional.
30. Para arribar a tal conclusión, manifestó que los argumentos esbozados por
el tutelante en el escrito de su demanda son los mismos que fueron puestos en
consideración del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el recurso de
apelación presentado contra la sentencia de primera instancia que denegó sus
pretensiones.
31. Explicó que el señor Millán Moreno no percibía el subsidio familiar creado
en el Decreto 1794 de 2000 y que lo consolidó el 3 de junio de 2011 que fue la
fecha en la que adquirió efectos su unión marital de hecho.
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32. Expresó que todos los cargos del actor se dirigen a cuestionar la legalidad
del acto administrativo que fue analizado en el proceso ordinario, y por ello, no
reviste relevancia constitucional su caso.
1.8. Impugnación
33. La apoderada de la parte actora presentó escrito de impugnación, en el que
reiteró que la sentencia censurada del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca adolece de defecto material o sustantivo, porque al accionante se le
debió reconocer el subsidio familiar de conformidad con el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000.
34. Apuntó que la Sección Primera del Consejo de Estado coincidió con la
vulneración de derechos fundamentales en la que incurrió la autoridad judicial
accionada, porque no tuvo en cuenta que con el Decreto 3770 de 2009 se
derogó la totalidad del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, y con ello, el deber
de reportar el cambio de estado civil.
35. Explicó que a partir del 30 de septiembre de 2009 no operó reconocimiento
alguno de subsidios familiares y hasta el 8 de junio de 2017, cuando el Consejo
de Estado declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009 operó “la reviviscencia
de las disposiciones del artículo 11 del decreto 1794 de 2000. Por ende, esta
norma sería la que reguló el derecho del reconocimiento de dicha prestación
debido a la fecha de consolidación del derecho objetivo de reconocimiento”.
36. Indicó que no se le puede imponer la carga de reportar el cambio de estado
civil con anterioridad a la fecha en la que lo hizo, porque el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000 que contemplaba esa carga estaba derogado y haberlo
hecho no hubiese traído ningún efecto legal.
37. Afirmó que, si el decreto mencionado hubiese estado vigente en el
interregno en el que no lo estuvo, el accionante hubiese adquirido su derecho al
subsidio familiar de acuerdo con esta norma.
38. Por lo anterior, solicitó que se revoque la decisión del a quo y se amparen
sus derechos fundamentales.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
39. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por el
señor Milton Fabián Millán Moreno contra la sentencia de primera instancia
proferida el 3 de febrero de 2022, por la Sección Primera del Consejo de
Estado, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
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2.2. Legitimación en la causa
40. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos
resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y
sumario.
41. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá
ejercer la acción descrita por sí misma o por representante, o a través de un
agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no
esté en condiciones de promover su propia defensa.
42. Desde que fue proferida la sentencia T-416 de 1997, en ella se estableció
que la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto de la
sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las
partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela.
43. En la sentencia T-086 de 2010, la Alta Corporación reiteró que “Esta
exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción
sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo
anterior no se opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda
lograrse a través de representante legal, apoderado judicial o aun de agente
oficioso”.
44. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 2011, indicó que la legitimación
en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que ejerce la
acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se
solicita al juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda
establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.
45. En la sentencia T-435 de 2016, la Corte estableció las condiciones que
deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales
hizo especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales
reclamados, lo cual quedó reiterado en la SU-454 de 2016, en la que,
adicionalmente, señaló que el estudio de la legitimación en la causa de las
partes es un deber de los jueces constitucionales y constituye un presupuesto
procesal de la demanda5.
46. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el
señor Milton Fabián Millán Moreno fungió como demandante dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado N.° 11001-03-
5 Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511 de
2017; y Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-318 de 2018.
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15-000-2021-07051-01 y es el titular de los derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad que reclama. En consecuencia, goza de legitimación en
la causa por activa, presupuesto procesal que al superarse permite el estudio
del núcleo esencial de las prerrogativas presuntamente transgredidas.
47. Por otro lado, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, se encuentra legitimado en la causa por pasiva, en tanto que dictó la
sentencia del 14 de abril de 2021 dentro del proceso de radicado N. ° 11001-03-
15-000-2021-07051-01, la cual se cuestiona por esta vía.
2.3. Problema jurídico
48. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora,
las pruebas incorporadas al expediente y las intervenciones allegadas en el
trámite del proceso, corresponde a esta Sala decidir si confirma, modifica o
revoca el fallo del 3 de febrero de 2022 en el que la Sección Primera del
Consejo de Estado declaró la improcedencia del amparo por ausencia de
relevancia constitucional, con base en los siguientes cuestionamientos:
¿Se supera el requisito adjetivo de la relevancia constitucional en el sub
lite? De ser afirmativa esta respuesta, se procederá con el estudio de los
demás presupuestos adjetivos para finalmente analizar si, ¿resultaron
vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad del señor Milton Fabián Millán Moreno, con ocasión de la
sentencia del 14 de abril de 2021 del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, proferida dentro del expediente N. ° 11001-03-15-000-2021-
07051-01, que presuntamente adolece de defecto sustantivo?
49. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) estudio de los requisitos adjetivos de procedibilidad de cara al
sub-lite y de superarse, (iii) el caso concreto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
50. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra
providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 20126. Lo anterior, porque
hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían
diferentes posturas sobre este tema7. En la referida sentencia se estableció que
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
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la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos
requisitos especiales y excepcionales8.
51. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena
de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 9. En esta
sentencia se establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia 10 y ocho
defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial11.
52. Es importante resaltar que esta Sección, en aras de una metodología más
clara para las personas que acceden a la administración de justicia vía amparo
constitucional, determinó que los requisitos generales de procedencia cuarto y
quinto de la sentencia de unificación del 2014 serán estudiados de manera
conjunta con los requisitos especiales.
53. Por tanto, de manera reiterada se han estudiado los siguientes requisitos
generales de procedencia i) relevancia constitucional; ii) que no se trate de
tutela contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de
los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos
y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que,
8 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
10 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del
2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii)
Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que
la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi)
Que no se trate de sentencias de tutela.
11 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando
el funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando
el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la
toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la
Constitución.
10
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de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara
improcedente la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
54. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se
configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. Justamente en este estudio la
Sección analizará la carga argumental alegada por la parte actora. A su vez,
cuando se invoca el defecto procedimental absoluto se estudiará que la
irregularidad procesal tenga un efecto decisivo o determinante en la sentencia
que se impugna. En este mismo sentido, la sala ha establecido que para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa,
motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
55. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Relevancia constitucional
56. Para la Sala es necesario precisar que este requisito se encuentra superado
y procede revocar en este sentido la sentencia del 3 de febrero de 2022, por
cuanto, la parte actora cuestiona la sentencia del 14 de abril de 2021 en la que
se confirmó el fallo del Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Cali que denegó el reajuste y reliquidación del subsidio familiar del que goza en
calidad de soldado profesional, e indica que con dichas decisiones se le
desconocieron sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.
57. Casos como el presente cobran especial relevancia en la medida en que se
discuten subsidios que tienen como objetivo la protección de la familia como
base de la sociedad. Al versar el asunto objeto de litigio en el reconocimiento
prestaciones como esta, ello no solo implica la posible afectación de los
derechos fundamentales del actor sino también de los demás integrantes de su
núcleo familiar.
58. En igual sentido, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que
el titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de
indefensión.
59. En efecto, la parte actora cuestiona la citada decisión, porque estima que se
le debe reconocer el reajuste y reliquidación del subsidio familiar estipulado en
el Decreto 1794 de 2000, teniendo en cuenta la sentencia del 8 de junio de
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2017, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del
expediente N. ° 11001-03-25-000-2010-00065-00. Lo anterior implica que se
debate la aplicación de los efectos ex tunc de una sentencia que declaró la
nulidad de una norma, por lo que debe examinarse si procede o no lo
pretendido por el actor en los términos en los que solicita el amparo, y de ese
modo, se verifique si la autoridad judicial accionada incurrió en la vulneración de
derechos fundamentales alegada.
60. Luego, es de relevancia constitucional cuando subsiste la violación o
amenaza de garantías superiores, que después de haber agotado el
procedimiento legal administrativo o judicial establecido por la ley para su
protección, se acuda al mecanismo constitucional establecido para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.
61. Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia
tiene importancia para la interpretación de la Constitución, su aplicación, su
eficacia y la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales y libertades públicas, concretamente el debido proceso, y por
ende, el asunto está revestido de relevancia constitucional.
62. Por lo expuesto, se revocará la decisión del 3 de febrero de 2022 de la
Sección Primera de esta Corporación que declaró la improcedencia de esta
acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. En
virtud de ello, se procederá a estudiar si en el asunto de marras se superan los
demás requisitos adjetivos de procedibilidad para luego estudiar de fondo el
reproche planteado.
2.5.2. Tutela contra tutela
63. La Sala no encuentra reparo alguno frente a este requisito, pues a través de
la presente acción constitucional se cuestiona la sentencia del 14 de abril de
2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado N. ° 11001-03-
25-000-2010-00065-00.
2.5.3. Inmediatez
64. La tutela se ejerció en un término razonable, contado desde el día siguiente
a la ejecutoria (art. 30212 CGP) de la decisión cuestionada, toda vez que la
providencia enjuiciada, que corresponde con la que resolvió la segunda
instancia del contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho N. °76001-
12 «Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando
no sean impugnadas o no admitan recursos. || No obstante, cuando se pida aclaración o
complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud. ||
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de
notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los
recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los
interpuestos».
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33-33-012-2018-00150-01, se profirió el 14 de abril de 2021 y se notificó el 20
de abril siguiente.
65. Así, la Sala considera razonable el término transcurrido entre la providencia
debatida y la presentación de la solicitud de amparo, dado que la decisión
cuestionada cobró ejecutoria el 26 de abril de 2021 y la acción constitucional se
radicó vía correo electrónico el 15 de octubre de 2021.
66. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 13,
en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200514, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra
providencia judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para
acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen
vulnerados con ocasión de providencias judiciales.
2.5.4. Subsidiariedad
67. En lo referente a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial
para obtener la protección de los derechos fundamentales que la parte actora
considera vulnerados, la Sala precisa que la sentencia censurada resolvió el
recurso de apelación que era el único que procedía contra el fallo de primera
instancia.
68. Asimismo, frente a los argumentos del accionante, se advierte que no es
procedente, por un lado, el recurso extraordinario de revisión, pues los motivos
que lo sustentan no encuadran en los requisitos y causales establecidos en la
ley, y por otro, el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, en la
medida que en la situación bajo estudio no se cumplen los presupuestos
previstos en los artículos 258 y 270 de la Ley 1437 de 2011, modificada por la
Ley 2080 de 2021.
69. Analizados los requisitos adjetivos de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, la Sala advierte que los mismos han sido superados,
motivo por el cual se pasará a estudiar el caso concreto a partir de una
explicación general del defecto invocado, y posteriormente, a abordar los
cargos propuestos.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto
de 2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica.
Actor: Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto
en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que
sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
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2.6. Caso concreto
70. En este punto se recuerda que el señor Milton Fabián Millán Moreno alegó
que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca al proferir la sentencia del 14
de abril de 2021, desconoció que la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional debió reliquidar y ajustar el subsidio familiar que devenga en
calidad de soldado profesional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, porque su unión marital de hecho se encuentra
surtiendo efectos desde el 3 de junio de 2011 y la declaró el 21 de mayo de
2014.
71. En ese orden explicó que, aunque para ese momento se encontraba
derogada la citada norma, esta cobró efectos legales nuevamente a partir de la
sentencia del 8 de junio de 2017 del Consejo de Estado, que declaró la nulidad
del Decreto 3770 de 2009 con efectos ex tunc.
72. De ese modo, para la Sala es claro que el actor planteó un defecto
sustantivo en la providencia objeto de censura, consistente en el
desconocimiento de los efectos de la sentencia del 8 de junio de 2017 en la que
se anuló el Decreto 3770 de 2009 y trajo nuevamente a la vida jurídica el
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, que a juicio del actor, es el que se ajusta
a su caso, teniendo en cuenta que para la fecha en la que declaró la existencia
de su unión marital de hecho esta era la norma vigente.
73. Por lo anterior, pasa la Sala a explicar teóricamente el defecto sustantivo,
para a partir de ello, analizar si se configura o no el cargo invocado y procede el
amparo de los derechos fundamentales irrogados.
2.6.1. Defecto sustantivo15
74. En cuanto al defecto sustantivo, la Corte Constitucional, en sentencia de
unificación SU-516 de 201916, reiteró sobre este, lo siguiente:
La Corte ha señalado que el defecto sustantivo parte del “reconocimiento de que
la competencia asignada a las autoridades judiciales para interpretar y aplicar las
normas jurídicas, fundada en el principio de autonomía e independencia judicial,
no es en ningún caso absoluta”17. En consecuencia, este defecto se materializa
cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la
Constitución y la ley le reconocen18. La jurisprudencia de este Tribunal, en
diferentes decisiones19, ha precisado los supuestos que pueden configurar este
defecto, a saber:
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 21
de octubre de 2021. Rad. 2021-06204-00.
16 Corte Constitucional. Sentencia SU-516 de 2019.
17 Corte Constitucional, Sentencia SU-210 de 2017.
18 Corte Constitucional, Sentencias T-008 de 1998, C-984 de 1999 y T-156 de 2009.
19 Corte Constitucional, Sentencias SU-515 de 2013, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-632
de 2017 y SU-116 de 2018.
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(i) Cuando existe carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso la
decisión se sustenta en una norma inexistente20, derogada21, o que ha sido
declarada inconstitucional22.
(ii) La decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable por
no ser pertinente23.
(iii) A pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, su
aplicación no resulta adecuada a la situación fáctica objeto de estudio como, por
ejemplo, cuando se le reconocen efectos distintos a los señalados por el
legislador24.
(iv) Cuando se aplica una norma cuya interpretación desconoce una sentencia
con efectos erga omnes. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido
contraría la ratio decidendi de una sentencia que irradia sus efectos a todo el
ordenamiento jurídico25.
(v) La disposición aplicada se muestra injustificadamente regresiva 26 o
claramente contraria a la Constitución27.
(vi) Cuando un poder concedido al juez se utiliza para un fin no previsto en la
disposición28.
(vii) La decisión se funda en una interpretación no sistemática del derecho,
omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso29.
(viii) El servidor judicial da una insuficiente sustentación o justificación de una
actuación que afecta derechos fundamentales30.
(ix) Se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de
argumentación31.
(x) Cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad32.
Se trata de la aplicación de normas abiertamente inconstitucionales33, o cuando
20 Corte Constitucional, Sentencia T-800 de 2006.
21 Corte Constitucional, Sentencia T-205 de 2004.
22 Corte Constitucional, Sentencias T-158 de 1993, T-804 de 1999, SU-159 2002 y T-800 de
2006.
23 Corte Constitucional, T-189 de 2005.
24 Corte Constitucional, Sentencia SU-159 de 2002.
25 Corte Constitucional, Sentencias T-814 de 1999, T-842 de 2001, T-462 de 2003 y T-790 de
2010.
26 Corte Constitucional, Sentencia T-018 de 2008.
27 Corte Constitucional, Sentencia T-086 de 2007.
28 Corte Constitucional, Sentencia T-231 de 1994.
29 Corte Constitucional, Sentencias T-807 de 2004, T-790 de 2010 y T-510 de 2011.
30 Corte Constitucional, Sentencias T-114 de 2002, T-1285 de 2005 y T-086 de 2007.
31 Corte Constitucional, Sentencias SU-640 de 1998, T-462 de 2003, T-1285 de 2005 y T-292
de 2006.
32 En la Sentencia T-808 de 2007, se expuso que “en cualquiera de estos casos debe estarse
frente a un desconocimiento claro y ostensible de la normatividad aplicable al caso concreto, de
manera que la desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial sea
notoria y no tenga respaldo en el margen de autonomía e independencia que la Constitución le
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al ser aplicadas al caso concreto se vulneran derechos fundamentales, razón por
lo que debe ser igualmente inaplicada34.
(xi) Cuando la providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos
jurídicos y la decisión. Esta situación se configura cuando la resolución del juez
no corresponde con las motivaciones expuestas en la providencia35.
Adicionalmente, esta Corte ha señalado36 que una autoridad judicial puede
incurrir en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable37 en, al menos,
dos hipótesis: (i) cuando le otorga a la disposición jurídica un sentido y alcance
que esta no tiene (contraevidente –interpretación contra legem–), o de manera
injustificada para los intereses legítimos de una de las partes38; y (ii) cuando le
confiere a la disposición infraconstitucional una interpretación que en principio
resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece, pero que
en realidad contraviene postulados de rango constitucional o conduce a
resultados desproporcionados, sacando la decisión del marco de la juridicidad y
de la hermenéutica jurídica aceptable39»40.
75. Frente al sub judice, se encontró que el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca en la sentencia del 14 de abril de 2021 hizo un recuento normativo sobre
el subsidio familiar de las fuerzas militares en Colombia y respecto a la norma
sobre la que el actor adujo que se debió reconocer su subsidio familiar, explicó
que:
En el año 2000 se expidió el Decreto 1794 del 14 de septiembre, el cual en su
artículo 11 prescribió “A partir de la vigencia del presente decreto, el soldado
profesional de las Fuerzas Militares casado o con unión marital de hecho vigente
tendrá derecho al reconocimiento mensual de un subsidio familiar equivalente al
(4%) de su salario básico mensual más la prima de antigüedad”.
76. Luego, expuso que mediante el Decreto 3770 de 2009 se derogó el artículo
11 del Decreto 1794 de 2000, y que este a su vez, fue declarado nulo en
sentencia del 8 de junio de 2017 de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
No obstante, iteró que para el caso del señor Millán Moreno cobraba
importancia la diferencia entre los derechos adquiridos y las meras
expectativas.
77. Al respecto, y para llegar a la conclusión de confirmar el fallo del a quo que
denegó las pretensiones de reconocimiento del subsidio familiar del señor
reconoce a los jueces (Art. 230 C.P.). Debe recordarse, además, que el amparo constitucional
en estos casos no puede tener por objeto lograr interpretaciones más favorables para quien
tutela, sino exclusivamente, proteger los derechos fundamentales de quien queda sujeto a una
providencia que se ha apartado de lo dispuesto por el ordenamiento jurídico”».
33 Corte Constitucional, Sentencias T-572 de 1994 y SU-159 de 2002.
34 Corte Constitucional, Sentencias T-572 de 1994, SU-172 de 2000 y SU-174 de 2007».
35 Corte Constitucional, Sentencia T-100 de 1998.
36 Corte Constitucional, Sentencia T-1095 de 2012.
37 Corte Constitucional, Sentencias T-1101 de 2005 y T-051 de 2009.
38 Corte Constitucional, Sentencias T-765 de 1998, T-001 de 1999 y T-462 de 2003.
39 Corte Constitucional, Sentencias T-079 de 1993 y T-066 de 2009.
40 Cursiva del texto original.
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Millán Moreno, el tribunal accionado señaló que la solicitud de reajuste del
subsidio se presentó el 1 de diciembre de 2017 cuando ya estaba vigente el
Decreto 1161 de 2014 que creó a partir del 1 de julio de dicha anualidad un
subsidio familiar para los soldados profesionales, así:
ARTÍCULO 1. Subsidio Familiar para soldados profesionales e infantes de
marina profesionales. Créase, a partir del 1° de julio del 2014, para los
soldados profesionales e infantes de marina profesionales de las Fuerzas
Militares en servicio activo, que no perciben el subsidio familiar regulado en los
decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009, un subsidio familiar que se liquidará y
reconocerá mensualmente sobre su asignación básica, así:
a. Para los soldados profesionales e infantes de marina profesionales casados o
con unión marital de hecho vigente, tendrán derecho a percibir por subsidio
familiar el veinte por ciento (20%) de la asignación básica por la cónyuge o
compañera permanente, más los porcentajes a que se pueda tener derecho por
los hijos conforme al literal c. de este artículo.
b. Para los soldados profesionales e infantes de marina profesionales viudos
siempre y cuando hayan quedado a cargo de los hijos habidos dentro del
matrimonio o dentro de la unión marital de hecho, tendrán derecho a percibir por
subsidio familiar el veinte por ciento (20%) de la asignación básica más los
porcentajes a que se pueda tener derecho por los hijos conforme al literal c. del
presente artículo.
c. Para los soldados profesionales e infantes de marina profesionales con hijos,
tendrán derecho a percibir subsidio familiar por este concepto calculado sobre su
asignación básica así: Por el primer hijo el tres por ciento (3%), por el segundo
hijo el dos por ciento (2%) y el uno por ciento (1%) por el tercer hijo. En ningún
caso el soldado profesional o el infante de marina profesional por este concepto
podrá percibir más del seis por ciento (6%) de su asignación básica.
PARÁGRAFO 1. El subsidio familiar previsto en el presente artículo en ningún
caso podrá sobrepasar el veintiséis por ciento (26%) de la asignación básica de
los soldados profesionales e infantes de marina profesionales.
PARÁGRAFO 2. Para los efectos previstos en este artículo los soldados
profesionales e infantes de marina profesionales de las Fuerzas Militares a partir
del 01 de Julio de 2014, podrán elevar al Comando de Fuerza. la solicitud de
reconocimiento del subsidio familiar previsto en el presente decreto, y el
reconocimiento tendrá efectos fiscales a partir de la fecha de presentación de la
solicitud de que trata el presente parágrafo, siempre y cuando cumplan con los
requisitos para su reconocimiento y pago.
PARÁGRAFO 3. Los soldados profesionales e infantes de marina profesionales
de las Fuerzas Militares que estén percibiendo el subsidio familiar previsto en los
decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009, no tendrán derecho a percibir el subsidio
familiar que se crea en el presente decreto.
78. Por lo anterior, concluyó que “(…) es claro que el Soldado Profesional
MILTON FABIAN MILLAN MORENO no percibía el subsidio familiar creado con
los Decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009, y solo vino a consolidar el derecho
a percibirlo el 3 de junio de 2011 elevando solicitud de pago el primero (1) de
diciembre de 2017 ante la entidad demandada, de donde se deduce que si bien
tiene derecho a él, debe ser analizado bajo las previsiones de la citada norma
siempre que cumplan los requisitos traídos por ella, a partir del 1 de junio de
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2014 con la condición prevista en el parágrafo segundo es decir teniendo en
cuenta que “el reconocimiento tendrá efectos fiscales a partir de la fecha de
presentación de la solicitud”.
79. En este punto precisa la Sala que, al estudiar la demanda de nulidad
propuesta contra el Decreto 3770 de 2009, la Sección Segunda del Consejo de
Estado en el fallo del 8 de junio de 201741 resolvió:
DECLARAR, con efectos ex tunc, la nulidad total del Decreto 3770 de 2009, “por
el cual se deroga el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y se dictan otras
disposiciones”, expedido por el Gobierno Nacional.
80. Para arribar a dicha conclusión, se sostuvo:
En conclusión, la medida incorporada al ordenamiento jurídico mediante el
Decreto 3770 de 2009, que suprime el reconocimiento al derecho prestacional del
subsidio familiar a los soldados profesionales al revocar el artículo 11 del Decreto
1794 de 2000, se constituye en regresiva y por tanto carente de legalidad, al no
solamente contravenir los principios y normas en los que debería fundarse, sino
también porque no es compatible con el contenido esencial de los derechos a la
protección y seguridad social, al trabajo, y a la seguridad jurídica, toda vez que su
objeto no se encuentra dirigido a promover el bienestar general de los soldados
profesionales como integrantes de la fuerza pública en una sociedad
democrática.
Además del análisis efectuado fundado en el juicio de razonabilidad de la medida
regresiva cuestionada, esta Subsección considera que con base en la cláusula
del Estado Social de Derecho, resulta imperativo favorecer en su decisión la
vigencia de la norma de derecho social de mayor alcance, acogiéndose a la regla
hermenéutica que rige en materia de derechos sociales, in dubio pro justitia
socialis, e interpretar las normas a favor de los soldados profesionales, por
cuanto que al serle aplicadas con este sentido consiguen o tienden a alcanzar el
“bienestar”, esto es, las condiciones de vida mediante las cuales es posible a la
persona humana desarrollarse conforme a su excelsa dignidad.
81. Posteriormente, con ocasión de las solicitudes de adición y aclaración
formuladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el
Ministerio de Defensa y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, frente a la
citada sentencia de 8 de junio de 2017, se profirió la providencia de 8 de
septiembre de 2017, en la cual se precisó:
De acuerdo con lo dicho, la declaratoria de nulidad con efectos ex tunc del
Decreto 3770 de 2009 revivió las disposiciones normativas contenidas en el
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, restituyendo sus efectos con el fin de evitar
la existencia de vacíos normativos y, por ende, la inseguridad jurídica generada
por la ausencia de regulación particular y específica respecto de situaciones
41 Exp. 11001-03-25-000-2010-00065-00 de FUNDACIÓN COLOMBIANA SENTIMIENTO
PATRIO DE LOS SOLDADOS E INFANTES DE MARINA PROFESIONALES “SEDESOL”
contra GOBIERNO NACIONAL. M.P. César Palomino Cortés.
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jurídicas no consolidadas desde el momento de su promulgación hasta cuando
fue subrogado por el Decreto 1161 de 2014, que permanece en vigor desde su
entrada en vigencia hasta nuestros días, por cuanto que no ha sido expulsado del
ordenamiento jurídico por ninguna de las vías legalmente establecidas.
82. De acuerdo al análisis esbozado, para la Sala sí se configuró el defecto
sustantivo por desconocimiento de los efectos ex tunc con los que se declaró la
nulidad del Decreto 3770 de 2009, dado que al actor le asiste el derecho a que
se le reajuste el subsidio familiar del que goza, de acuerdo al artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, por lo que pasa a explicarse.
83. En el caso concreto se encontró probado que el señor Milton Fabián Millán
Moreno ingresó a prestar el servicio militar el 10 de febrero de 2000 y para el 26
de septiembre de 2001 se oficializó su vinculación como soldado profesional.
Así mismo, que el 21 de mayo de 2014 declaró que tenía una unión marital de
hecho con la señora Yessica Yuliana Acosta Osorio desde el 3 de junio de
2011. Así, al haber sido removido del ordenamiento jurídico el Decreto 3770 de
30 de septiembre 2009; se encontraba en la hipótesis que estableció el artículo
11 del Decreto 1794 de 200042, lo cual, lo hacía acreedor de la prestación de
marras a partir del 3 de junio de 2011, aunque hubiera elevado la solicitud de
reajuste hasta el 1 de diciembre de 2017, una vez cobró ejecutoria la sentencia
del 8 de junio de 2017.
84. A modo de ilustración se expone cronológicamente la situación del señor
Millán Moreno, así:
FECHA 14 de 30 de 21 de mayo 24 de junio de 8 de junio de 1 de
septiembre septiembre de 2014 2014 2017 diciembre
de 2000 de 2009 de 2017
SUCESO Decreto 1794 Decreto 3770 Declaración de Decreto 1161 Sentencia de Solicitud de
de 2000 – de 2009 – la unión de 2014 – crea la Sección reajuste del
creación del derogó el marital de nuevamente Segunda del subsidio
subsidio subsidio hecho del un subsidio Consejo de familiar, de
familiar para familiar para señor Millán familiar para Estado que acuerdo al
soldados los soldados Moreno, con los soldados declaró la artículo 11
profesionales. profesionales. efectos a partir profesionales, nulidad del de Decreto
del 3 de junio pero en Decreto 3770 1794 de
de 2011. cuantía inferior de 2009 con 2000.
al del Decreto efectos ex
1794 de 2000. tunc.
85. Lo anterior acarrea, que la autoridad accionada debía analizar lo atinente a
42 Articulo 11. Subsidio familiar. A partir de la vigencia del presente Decreto, el soldado
profesional de las Fuerzas Militares casado o con unión marital de hecho vigente, tendrá
derecho al reconocimiento mensual de un subsidio familiar equivalente al cuatro por ciento (4%)
de su salario básico mensual más la prima de antigüedad.
Para los efectos previstos en este artículo, el soldado profesional deberá reportar el cambio de
estado civil a partir de su inicio al Comando de la Fuerza de conformidad con la reglamentación
vigente.
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la situación concreta del accionante desde la óptica de la norma sustancial; esto
es que inicialmente no pudo acceder al subsidio familiar consignado en el
Decreto 1794 de 2000, por cuanto para el momento en el que declaró la
existencia de su unión marital de hecho, esa norma había sido derogada. Sin
embargo, con ocasión del fallo de la Sección Segunda del Consejo de Estado
que declaró la nulidad del Decreto 3770 de 30 de septiembre 2009 con efectos
retroactivos, dicha situación imponía verificar si en el periodo comprendido entre
el 21 de mayo de 2014 - fecha en la que declaró su cambio de estado civil- y la
expedición del Decreto 1161 de 24 de junio de 2014, se debía reconocer y
pagar tal prestación.
86. Resulta útil precisar que no es cierto que solo hasta el 1 de diciembre de
2017 el señor Millán Moreno solicitara el reconocimiento del subsidio familiar
como se ilustró en el cuadro anterior, y que por ello le sea aplicable el Decreto
1161 de 2014. Si bien no es clara la fecha en la que se le otorgó ese beneficio
al actor, lo cierto es que el Oficio N. ° 20173182314781 MDN-CGFM-COEJC-
SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1-10, en el que se le resolvió por parte del
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional la solicitud referida, aclaró
que para ese momento el actor ya gozaba de un subsidio familiar del 20% por
su esposa, el 3% por su hija Valentina y del 2% por la menor Aura Luna.
87. Aunado a ello, es claro que el cambio de su estado civil aconteció el 14 de
mayo de 2014, es decir, antes de la entrada en vigencia del Decreto 1161 de
2014 que data del 24 de junio del mismo año.
88. Lo anterior implica que, pese a resolver el litigio que le fue puesto en
conocimiento, por cuanto realizó un pronunciamiento frente a las pretensiones
planteadas en la demanda, la autoridad judicial accionada erró en el ejercicio de
selección de las normas; puesto que omitió lo dispuesto en el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, teniendo en cuenta que para el momento de su decisión
se había declarado la nulidad del Decreto 3770 de 2009 que derogó la anterior
norma, lo que implica que estaba vigente para la fecha en la que el señor
Millán Moreno declaró la existencia de su unión marital, esto es, para el 21 de
,mayo de 2014, fecha en la que incluso no había nacido a la vida jurídica aún el
Decreto 1161 de 2014.
89. Vale aclarar que el actor no solicitó previamente el reajuste de su prestación
de acuerdo con el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, precisamente porque
fue solo hasta que cobró ejecutoria la providencia del 8 de junio de 2017 que,
se reitera, fue la que declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009, que el
demandante contó con la certeza de que debía de solicitar el reajuste de su
subsidio de acuerdo con la norma que revivió al mundo jurídico, teniendo en
cuenta que convive en unión marital de hecho desde el 3 de junio de 2011.
90. Sobre el mismo tema, esta Sala resolvió un asunto en el que amparó los
derechos fundamentales de un soldado profesional y ordenó dictar una
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sentencia de reemplazo en similares términos43, bajo los siguientes
argumentos:
Por tanto, la autoridad demandada no analizó lo relativo a las particularidades de
la situación administrativa del demandante que conllevó a que inicialmente no
pudiera acceder al subsidio familiar bajo el amparo del artículo 11 del citado
Decreto 1794 de 2000, por cuanto para el año 2013 –cuando cambió su estado
civil- tal norma había sido derogada.
Sin embargo, con ocasión del fallo que declaró la nulidad del Decreto 3770 de 30
de septiembre 2009 con efectos retroactivos, aquella recobró su vigencia, por lo
que, resultaba necesario verificar si en el periodo comprendido entre la fecha de
celebración del matrimonio -20 de marzo de 2013- y la expedición del Decreto
1161 de 24 de junio de 2014, se debía reconocer y pagar tal prestación.
A su vez, la Sala estima que no resulta de recibo el argumento en virtud del cual
se indica que el accionante ya goza del subsidio familiar en virtud del Decreto
1161 de 2014, toda vez que, el hecho que justifica el reconocimiento de la partida
se dio con antelación a la fecha de expedición del mencionado decreto, esto es,
el 20 de marzo de 2013; por lo que la norma aplicable es el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, que se reitera recobró su vigencia con la declaratoria de
nulidad de la norma que lo había derogado.
91. Para finalizar es importante resaltar que no se le puede exigir al actor que
declarara ante las autoridades militares su unión marital de hecho tan pronto
esta fue conformada, sobre la base de considerar que para la fecha en que esta
se reconoció (2011) no existía el subsidio familiar, por la derogación expresa
que realizó el Decreto 1794 de 2000. Por ende, para ese momento era
innecesario que el actor declarara su vínculo familiar. De ese modo, para la
Sala es razonable que esta situación se pusiera de presente solo hasta el año
2014, fecha en la que se creó nuevamente el subsidio familiar para soldados
profesionales por el Decreto 1161 de 2014. En consecuencia, el fallo censurado
mediante esta tutela incurrió en el defecto sustantivo propuesto, porque realizó
una indebida interpretación de la norma cuya reviviscencia fue declarada por la
Sección Segunda de esta Corporación. Lo anterior al exigir una solicitud de
reconocimiento en el periodo en el que esta disposición no estaba produciendo
efectos jurídicos.
92. En suma, el defecto sustancial invocado por la parte accionante se
configura desde dos puntos de vista; por un lado, por cuanto para la resolución
del caso, la autoridad judicial accionada empleó normas que no tenían cabida,
dado que su análisis se circunscribió a referir que la persona ya recibía la
prestación en virtud del Decreto 1161 de 24 de junio de 2014 sin estudiar que
su unión marital de hecho estaba vigente desde el 3 de junio de 2011 y fue
43 Ver sentencia del 27 de octubre de 2021 dentro del expediente N. ° 11001-03-15-000-2021-
04441-01. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Dicha postura fue reiterada en la sentencia
dictada dentro del expediente N. ° 11001-03-15-000-2020-03102-00, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez.
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declarada ante la autoridades militares el 14 de mayo de 2014. Por otro lado,
como consecuencia de la anterior situación, omitió aplicar las normas que
efectivamente eran las llamadas a resolver el conflicto, en consonancia con lo
resuelto por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en
el fallo pluricitado.
2.7. Conclusión
93. Con base en lo expuesto, se revocará la sentencia de primera instancia del
3 de febrero de 2022 que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo.
En su lugar, se ampararán los derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad del señor Milton Fabián Millán Moreno, en el entendido de que, dentro
de los 20 días siguientes a la notificación de esta providencia, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca deberá proferir una sentencia de reemplazo
dentro del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado N.
° 76001-33-33-012-2018-00150-01, en la cual atienda los argumentos
expuestos en la parte considerativa de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: Revocar la sentencia del 3 de febrero de 2022 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de
tutela de la referencia por no superar el requisito de la relevancia constitucional.
SEGUNDO: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad del señor Milton Fabián Millán Moreno. En consecuencia, ordenar al
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, dentro de los veinte (20) días
siguientes a la notificación de esta sentencia, profiera una decisión de
reemplazo dentro del expediente N. ° 76001-33-33-012-2018-00150-00, en la
que atienda los argumentos expuesto en el presente fallo de tutela.
TERCERO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto N°. 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
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Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07051-01
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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