Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-05640-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-05640-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-05640-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
7 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., siete (07) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05640-01
Accionante: Walter García Martelo
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada en contra del fallo proferido el 14 de
noviembre de 2024 por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
Walter García Martelo, a través de apoderado judicial1, interpuso acción de tutela2
en procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso e
igualdad, los que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de Bolívar,
por cuanto en sentencia del 9 de febrero de 2024 confirmó la decisión del 28 de
agosto de 2023 emitida por el Juzgado Primero Administrativo de Magangué, en el
sentido de negar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho 13430-33-33-001-2022-00005-01.
1.1. Hechos
1.1.1. Walter García Martelo interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional con el
fin de que se le reconociera un subsidio familiar en los términos del artículo 11 del
Decreto 1974 del 2000 y como consecuencia se le pagara retroactivamente el valor
reajustado.
1 Folios 1 – 2 del certificado 5277DA26E34330B6 5948DD110A206697 572EE8A72BFB44F1
E6835884E0B01BC4, índice 2.
2 Obra en el certificado 2E85304C53D26BE4 AC9FDB4717B9B168 6716143C45EEAA6D
4F40CDB6D569A3AB, índice 2.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05640-01
Accionante: Walter García Martelo
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
1.1.2. El 28 de agosto de 20233 el Juzgado Primero Administrativo de Magangué
negó las pretensiones de la demanda.
1.1.3. Inconforme, la parte accionante interpuso recurso de apelación4, el cual fue
resuelto por el Tribunal Administrativo de Bolívar en providencia del 9 de febrero de
20245, en el sentido de confirmar el fallo de primera instancia.
La anterior decisión se fundamentó en que Walter García Martelo declaró la unión
marital de hecho con Rosa Margarita Jaraba Álvarez el 2 de diciembre de 2014 e
indicó que su convivencia inició desde el 3 de noviembre de 2012, por lo que le
resultaron aplicables las disposiciones previstas en el Decreto 1161 de 2014, toda
vez que fue en vigencia de esta norma que el actor solicitó el reconocimiento del
subsidio familiar, sumado a que, incluso el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000
generaba la misma consecuencia, pues el demandante estaba sometido a una
carga probatoria consistente en poner en conocimiento a la Administración del
cambio en su estado civil para obtener el reconocimiento de la prestación social.
1.2. Fundamentos de la acción de tutela
1.2.1. La parte accionante estimó vulnerados sus derechos fundamentales porque,
en su concepto, la autoridad judicial incurrió en un defecto sustantivo, dado que
realizó un análisis que se circunscribió a afirmar que el actor ya recibía la prestación
según los términos del Decreto 1161 de 2014, pero no tuvo en cuenta que la unión
marital de hecho estuvo vigente desde noviembre de 2012 y fue declarada ante las
autoridades militares el 2 de diciembre de 2014.
1.2.2. Lo anterior llevó a que no se diera aplicación a las normas que realmente
rigen la situación del tutelante y que erradamente se tomara como fecha del cambio
de estado civil el 2 de diciembre de 2014, cuando se declaró la unión marital de
hecho, en lugar del momento en que efectivamente inició la convivencia, 3 de
noviembre de 2012.
3 Obra en el archivo 16Sentencia del certificado F446B2E5520999CA 5818A6B1A8F5A224
F1BD9C491A187358 A664D5B72A7FB88A, índice 9.
4 Obra en el archivo 18RecursodeApelacion, ibid.
5 Obra en el archivo 08SentenciaSegundaInstancia, ibid.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05640-01
Accionante: Walter García Martelo
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
1.3. Pretensiones de la acción de tutela
La parte interesada solicitó textualmente lo siguiente:
“Con fundamento en los hechos relacionados y en los fundamentos de derechos, solicito al señor
Juez disponer y ordenar a favor del señor WALTER GARCIA MARTELO lo siguiente:
PRIMERO: Se reconozca los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO E IGUALDAD del
señor WALTER GARCIA MARTELO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 73.507.820
expedida en Mahates.
SEGUNDO: Que se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR que, dentro de los
veinte (20) días siguientes a la notificación del fallo de tutela, profiera una decisión de reemplazo
dentro del expediente N. ° 13430-33-33- 001-2022-00005-01, en la que establezca que la
declaración de la unión marital de hecho del señor WALTER GARCIA MARTELO, identificado
con la Cédula de Ciudadanía No. 73.507.820 expedida en Mahates, inició el 3 de noviembre de
2012, y estaba vigente al momento entrar en vigencia el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.”6.
2. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición
2.1. Mediante auto del 24 de octubre de 20247 se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar, en calidad de demandado, al Tribunal Administrativo de Bolívar y
se vinculó como terceros con interés al Juzgado Primero Administrativo de
Magangué y a la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional8.
2.2. La Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional9 argumentó que el actor
nunca fue beneficiario del subsidio familiar conforme al artículo 11 del Decreto 1794
de 2000 y que durante el trámite ordinario se determinó con claridad que el cambio
de estado civil de Walter García Martelo acaeció y se acreditó formalmente el 2 de
diciembre de 2014, fecha en la que declaró que tenía una comunidad de vida
permanente y singular con Rosa Margarita Jaraba Álvarez desde el 3 de noviembre
de 2012. Así, el requisito habilitante se cumplió cuando la mencionada unión fue
formalmente declarada y para esa fecha, la situación del tutelante ya se encontraba
bajo los efectos de las disposiciones del Decreto 1161 de 2014.
2.3. El Juzgado Primero Administrativo de Magangué10 aseguró que la sentencia
de primera instancia se profirió con plena observancia de las normas vigentes y
6 Folio 3 del certificado 2E85304C53D26BE4 AC9FDB4717B9B168 6716143C45EEAA6D
4F40CDB6D569A3AB, índice 2.
7 Obra en el certificado 2D9B53E586BD2533 0D9AF9730C8F8A71 81C472A9BCCA368A
3B7644145FFA27E7, índice 5.
8 Los soportes de notificación obran en el índice 8.
9 Obra en el certificado A9FE93A92C214067 EA51C36C36074E21 1C125EE14B9B6DC5
3A97F1604E88AAF5, índice 10.
10 Obra en el certificado A9016FE0423FC116 D5E09ABB975D386A 6414B0689D0922E6
C4FD50FB15882DD0, índice 11.
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Sentencia de segunda instancia
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Accionante: Walter García Martelo
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
aplicables al caso concreto, bajo una valoración probatoria integral del expediente,
de manera que no existió vulneración alguna de los derechos fundamentales
invocados.
2.4. El Tribunal Administrativo de Bolívar11 expuso que la solicitud de amparo
carece de relevancia constitucional porque la parte demandante realmente
pretendió abrir un debate que ya había sido resuelto, como si la sede constitucional
fuera una tercera instancia, sumado a que no detalló la forma como la decisión
afectó sus derechos fundamentales, reiteró la argumentación que sistemáticamente
utilizó en el litigio ordinario y, en todo caso, no se demostró que exista alguna
situación de vulnerabilidad que le aqueje, dado que sigue vinculado a la Armada
Nacional en el cargo de infante profesional y su pretensión principal es obtener un
mayor rédito económico frente a la prestación social que ya le fue reconocida.
3. Fallo de tutela de primera instancia
El 14 de noviembre de 202412 la Sección Quinta del Consejo de Estado amparó los
derechos fundamentales invocados, dejó sin efectos la sentencia del 9 de febrero
de 2024 emitida por el Tribunal Administrativo de Bolívar y ordenó que, dentro de
los 20 días siguientes a la notificación del fallo, la autoridad judicial emitiera una
sentencia de reemplazo.
3.1. El juez constitucional de primera instancia consideró superados todos los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela.
3.2. Posteriormente, el a quo estimó que la autoridad judicial incurrió en un defecto
sustantivo, por un lado, en razón a que omitió analizar el caso bajo los presupuestos
del Decreto 1794 de 2000, el cual resultaba aplicable, dado que esta era la norma
vigente para el 3 de noviembre de 2012, fecha desde la cual la unión marital de
hecho comenzó a existir, y, por el otro, se profirió una sentencia con inobservancia
de lo resuelto por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
que, en sentencia del 8 de junio de 2017 declaró la nulidad del Decreto 3770 de
2009.
11 Obra en el certificado 5547667CF3C7308E 346E536DA10C0923 99F8A4B53E41C4C2
3801DDD043CDBB3C, índice 13.
12 Obra en el certificado 1FD292B4503918A9 651023652BAD4525 E348FF18193A8588 63A646F99302587B,
índice 14.
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Accionante: Walter García Martelo
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
4. Razones de la impugnación
Inconforme con la decisión tomada, el Tribunal Administrativo de Bolívar presentó13
escrito de impugnación14, mediante el que aseguró que la solicitud de amparo se
interpuso con el fin de generar una instancia adicional para cuestionar una
sentencia que resultó desfavorable a los intereses del accionante. Adicionalmente,
estimó que no se configuró un defecto sustantivo, puesto que, tanto el Decreto 1794
de 2000 como el Decreto 1161 de 2014 establecen que el reconocimiento del
subsidio familiar no opera de pleno derecho, sino que el demandante tiene la carga
procesal de hacer el reporte de su estado civil para que la autoridad administrativa
pueda reconocer y pagar la prestación social. Dicha interpretación se fundamentó
en sentencias anteriores emitidas por el Consejo de Estado, específicamente
emitidas por las Secciones Segunda y Cuarta, que han considerado que, para
determinar el régimen aplicable, el interesado debe realizar el correspondiente
reporte.
5. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia
Mediante auto del 29 de noviembre de 202415 se concedió la impugnación.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 32 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado
No. 080 de 2019 esta Sala es competente para conocer de la impugnación
presentada en contra del fallo proferido el 14 de noviembre de 2024 por la Sección
Quinta del Consejo de Estado.
13 El recurso fue presentado el 19 de noviembre de 2024 a las 17:36, a través de la ventanilla virtual de esta
Corporación, según el índice 19.
14 Obra en el certificado 40090511A92AB8FF DEB9829B1979617A D9866453D31A20C7
29113D4A63ED3C42, índice 19.
15 Obra en el certificado 8862924B40BBD721 192DF3ADFEA2E45D 4EB15D6E5B39FA6B
E55E7E3569D958EA, índice 22.
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Accionante: Walter García Martelo
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2. Problema jurídico
La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad en contra de providencias judiciales. En caso afirmativo, se
determinará si se incurrió en las causales específicas o defectos denunciados.
3. El requisito de relevancia constitucional en el caso concreto
3.1. La Corte Constitucional en sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción
de tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de
rigurosos requisitos de procedibilidad16 y de procedencia17 con el fin de determinar
si se vulneraron o no los derechos de orden superior.
Así mismo, el Alto Tribunal ha señalado que el juez de tutela “no puede entrar a
estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones”18.
En efecto, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber19: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii)
que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial constitucional está instituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
16 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del
juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la
decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma
razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados
al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
17 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental;
defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto
por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
18 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
19 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001 03 15 000 2012 02201 01, C.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez.
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Por su parte, la Corte Constitucional, a través de la sentencia SU-215 de 202220,
advirtió que para analizar si una acción de tutela cumplía con el requisito de
relevancia constitucional, era necesario verificar
“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales”.
Así mismo, resaltó que en caso de que una acción de tutela fuere incoada en contra
de una providencia judicial emitida por una Alta Corte, resultaba mandatorio
advertir, además de los anteriores requisitos, “una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales.”.
3.2. Para la Sala se torna evidente que el amparo impetrado no satisface el requisito
de relevancia constitucional, puesto que se advierte como un medio dirigido a revivir
del debate planteado ante el juez ordinario de la nulidad y restablecimiento del
derecho 13430-33-33-001-2022-00005-01, como si este mecanismo fuera una
instancia adicional, según se explicará.
3.3. Walter García Martelo alegó, en esencia, que la autoridad judicial incurrió en
un defecto sustantivo, porque analizó los fundamentos fácticos de su demanda
ordinaria desde la óptica del Decreto 1161 de 2014, pese a que realmente sus
circunstancias estaban regidas por el Decreto 1794 de 2000.
Al respecto, esta Subsección encuentra que dentro del recurso de apelación21 la
parte demandante ya había planteado el anterior debate, pues señaló:
“Erró el JUEZ PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MAGANGUE al considerar que
el señor WALTER GARCÍA MARTELO, no tiene derecho al subsidio familiar establecido en el
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, por considerar que la fecha en la cual declaró su unión
marital el 02 DE DICIEMBRE DE 2014 estaba en vigencia el Decreto 1161 de 2014, y concluyó
el Juez, que el demandante consolidó el derecho al reconocimiento del subsidio familiar en
vigencia del Decreto 1161 de 2014. No obstante, cometió un yerro el juez, al tener como fecha
de consolidación del derecho al subsidio familiar la fecha de la declaración de la unión marital de
hecho, toda vez que la fecha de consolidación es la fecha que inicia la unión marital de hechos,
que en esta oportunidad fue EL 03 DE NOVIEMBRE DE 2012, fecha desde la cual se produce
efectos, así como lo estableció el Consejo de Estado sentencia de tutela de Rad. 11001-03-15-
000-2021-07051-01. En el presente caso la unión marital que lo hizo acreedor al pago se inició
en el 2012, época en la que, según la sentencia del Consejo de Estado, debían darse por vigentes
los efectos del decreto ilegalmente derogado”22.
20 Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
21 Obra en el archivo 18RecursodeApelacion de la carpeta 01PrimeraInstancia del certificado
F446B2E5520999CA 5818A6B1A8F5A224 F1BD9C491A187358 A664D5B72A7FB88A, índice 9.
22 Folio 3, ibid.
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3.4. Adicionalmente, se observa que en la sentencia del 9 de febrero de 2024, el
Tribunal Administrativo de Bolívar expuso los siguientes razonamientos:
“La parte demandante pretende que se declare la nulidad del oficio 20220030780372161 del 16
de septiembre del 2022 expedido por la Armada Nacional, el cual, negó el reconocimiento del
subsidio de familia conforme al artículo 11 del Decreto 1974 de 2000. En criterio del actor, esta
prestación social se consolidó a partir del 3 de noviembre de 2012, cuando inició el plazo de dos
(2) años de convivencia con su compañera permanente. Así pues, refiere que, durante este lapso
de tiempo, se encontraba vigente el Decreto 1974 de 2000, con fundamento en la reviviscencia
que trajo la declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de 2009.
Para resolver las inconformidades planteadas por la parte actora, se recuerda que el artículo 11
del Decreto 1974 de 2000 estableció dos (2) condiciones para que los soldados profesionales
activos pudiesen acceder al reconocimiento del subsidio familiar: (i) estar casados o con unión
marital de hecho vigente y (ii) reportar el cambio de estado civil a partir de su inicio al Comando
de la Fuerza de conformidad con la reglamentación vigente.
Inicialmente, esta norma fue derogada mediante el Decreto 3770 de 2009 para aquellos soldados
profesionales que no hubiesen alcanzado a consolidar el derecho antes de su entrada en
vigencia.
(…)
Luego, mediante el Decreto 1161 de 2014 se estableció una nueva regulación sobre el subsidio
familiar para los soldados profesionales e infantes de marina profesionales. En el parágrafo 2°
del artículo 1° se estableció que la solicitud de reconocimiento del subsidio familiar debía
realizarse ante el Comando de Fuerza. A partir de la fecha de radicación, se empieza a
contabilizar los efectos fiscales de la prestación social.
En síntesis, se puede concluir que el artículo 11 del Decreto 1974 de 2000 solo aplica para
aquellas personas que hubiesen consolidado el derecho a acceder al subsidio familiar durante
su vigencia, esto es, hasta la fecha en que se publicó el Decreto 1161 de 2014, toda vez que, -a
diferencia del Decreto 3770 de 2009- esta norma permanece vigente.
Ahora bien, se encuentra probado que, el señor Walter García Martelo declaró la unión marital
de hecho con Rosa Margarita Jaraba Álvarez para el día 2 de diciembre de 2014, donde se indicó
que su convivencia inició desde el 3 de noviembre de 2012. Así pues, el punto de discordia en
segunda instancia radica en determinar cuál era la norma aplicable para el caso del demandante,
quien afirmó que su convivencia inició desde el año 2012, pero solo vino a elevar la escritura
pública reconociendo la existencia de la unión marital de hecho hasta el mes de diciembre de
2014.
Pues bien, la Sala de Decisión considera que, en el presente caso resultan aplicables las
disposiciones previstas en el Decreto 1161 de 2014. Para empezar, el demandante presentó la
solicitud de reconocimiento del subsidio familiar durante la vigencia del Decreto 1161 de 2014;
norma que no fue objeto de anulación o suspensión provisional por parte de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo
Pero, si en gracia de discusión se aplicara el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, la conclusión
sería la misma, ya que esta norma también exige que el interesado reporte el cambio del estado
civil para que pueda ser reconocido y pagado por la Armada Nacional. Como se puede observar,
ambas normas instituyen el deber u obligación del beneficiario de reportar el cambio de su estado
civil, es decir, el reconocimiento del subsidio familiar no opera de pleno derecho (ipso jure), pues
existe una carga procesal en cabeza del demandante en solicitar su pago”23.
3.5. Luego de relatado lo que precede, esta Sala difiere de la conclusión a la que
llegó el juez constitucional de primera instancia, pues resulta evidente que en sede
23 Folios 10 – 12 del archivo 08SentenciaSegundaInstancia del certificado F446B2E5520999CA
5818A6B1A8F5A224 F1BD9C491A187358 A664D5B72A7FB88A, índice 9.
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de tutela, la parte accionante pretende utilizar la solicitud de amparo como si se
tratara de una instancia adicional, en razón de que más allá de lograr demostrar la
configuración del defecto sustantivo que alegó, en su demanda tuitiva reiteró el
debate que planteó respecto a la norma que debía regir el reconocimiento de su
prestación social, el cual tiene una naturaleza meramente legal y ya fue objeto del
respectivo pronunciamiento del juez ordinario, quien claramente explicó las razones
por las cuales determinó que el Decreto 1161 de 2014 era el aplicable al caso
concreto.
De esta manera, fuerza concluir que la solicitud de amparo está destinada a
plantear un mero desacuerdo frente a las conclusiones a las que arribó el juez
natural de la causa, lo que, también demuestra que más allá de una posible
vulneración de sus garantías fundamentales, el debate que se planteó se limita a
una cuestión meramente económica, máxime cuando el subsidio familiar ha sido
reconocido al actor.
3.6. En ese orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe acotar que no basta con manifestar
inconformidades respecto a las decisiones judiciales objeto de censura o alegar de
manera genérica la configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya
que, de esa forma, la discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que
no trascienden al plano constitucional.
3.7. Al respecto, debe insistirse en que la procedencia de la acción de tutela en
contra de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para
desconocer la autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada
y seguridad jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y
no como un “juicio de corrección” de la decisión cuestionada24, lo que se opone a
que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los
asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en
el curso del proceso ordinario25.
4. Con fundamento en las razones expuestas, se revocará el fallo impugnado, para,
en su lugar, declarar improcedente la presente acción de tutela.
24 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2009.
25 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2018.
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Accionante: Walter García Martelo
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de tutela del 14 de noviembre de 2024
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, para, en su lugar,
DECLARAR improcedente el amparo constitucional, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado
NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero de Estado
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