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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04052-00

Fecha
31 de julio de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04052-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. NEGAR la acción de tutela presentada por Yon Eduar Parra Carvajal, por las razones expuestas en esta providencia. 7 11001-03-15-000-2024-00344-01. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 7 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-04052-00 Accionante: Yon Eduar Parra Carvajal SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-04052-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

31 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04052-00
Accionante: Yon Eduar Parra Carvajal
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila

Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del
derecho. Subsidio familiar. Defecto sustantivo. Desconocimiento
del precedente.
Decisión: Niega solicitud de amparo.

La Sala decide la acción de tutela formulada por Yon Eduard Parra Carvajal contra
el Tribunal Administrativo del Huila.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 1 de julio de 2025, Yon Eduar Parra Carvajal, a través de apoderado,
presentó una acción de tutela para proteger sus derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad, así como el principio a la
seguridad jurídica, los cuales fueron presuntamente vulnerados por el Tribunal
Administrativo del Huila. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se dejara
sin efectos la Sentencia de 10 de junio de 2025, Rad. 41001-3333-001-2023-00262-
01, y se ordenara a la mencionada autoridad judicial proferir decisión de remplazo
en la que se reconozca el reajuste del subsidio familiar en los términos del artículo
11 del Decreto 1794 de 2000.

2. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, el accionante relató
que se desempeñó como soldado profesional en el Batallón Especial Energético y
Vial No. 12, con sede en Garzón (Huila).

3. El 25 de octubre de 2012, contrajo matrimonio civil con Yamileth Ortega
Calderón. Razón por la cual, el 16 de julio de 2014, solicitó el reconocimiento y pago
del subsidio familiar bajo el Decreto 1161 de 2014.

4. El 11 de septiembre de 2023, solicitó ante la Dirección de Personal del
Ejército Nacional el reconocimiento del subsidio familiar consagrado en el artículo
11 del Decreto 1794 de 2000, desde el 20 de septiembre de 2013, así como el pago
de la diferencia respecto del valor que le había sido reconocido por ese mismo

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Accionante: Yon Eduar Parra Carvajal

concepto. Lo anterior, con fundamento en que dicho subsidio le fue liquidado
conforme al Decreto 1161 de 2014, a pesar de que el régimen previsto en el Decreto
1794 de 2000 le resultaba más favorable y que con ocasión de los efectos ex tunc
de la Sentencia del 8 de junio de 2017 de la Sección Segunda del Consejo de Estado
(Rda. 11001-03-25-000-2010-00065-00 (0686-10)) había recobrado vigencia1.

5. El 27 de septiembre de 2023, mediante Acto Administrativo No.
2023311002237711: MDM-COGFM-COEJESECEJ-JEMPE-COPER-DIPER-1.10,
la Sección de Ejecución Presupuestal DIPER del Ejército Nacional negó el
reconocimiento del subsidio familiar en los términos solicitados, pues consideró que
existía una situación jurídica consolidada, dado que el accionante ya contaba con
un reconocimiento bajo el Decreto 1161 de 2014. En consecuencia, estimó que no
era jurídicamente viable aplicar el régimen previsto en el Decreto 1794 de 2000.

6. El 3 de octubre de 2023, el señor Parra Carvajal presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con el propósito de obtener la
nulidad del acto administrativo de 27 de septiembre de 2023, mediante el cual se
negó el reconocimiento del subsidio familiar bajo el Decreto 1794 de 2000.

7. El 29 de mayo de 2024, el Juzgado 1 Administrativo de Neiva negó las
pretensiones de la demanda, toda vez que el actor solo había solicitado el
reconocimiento de la prestación el 16 de julio de 2014, fecha en la cual ya se
encontraba vigente el Decreto 1161 de 2014. Por tal razón, concluyó que no era
procedente reconocer el subsidio desde la fecha en que el demandante contrajo
matrimonio, sino únicamente desde el momento en que presentó la solicitud
correspondiente. Señaló que el reconocimiento de esa prestación no operaba de
forma automática, sino que requería su reporte por parte del interesado,
presupuesto que no se acreditó con las pruebas allegadas. Por tanto, consideró que
no era posible inaplicar el artículo 1 del Decreto 1161 de 2014 para dar aplicación
al artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.

8. El 30 de mayo de 2024, el accionante interpuso recurso de apelación contra
la sentencia de primera instancia, por no compartir el análisis realizado respecto de
los efectos ex tunc de la Sentencia de 8 de junio de 2017 que declaró la nulidad del
Decreto 3770 de 2009. Alegó que no era exigible el deber de informar o reportar el
cambio de estado civil cuando no existía una norma vigente que consagrara el
derecho al subsidio familiar. En consecuencia, sostuvo que solo hasta la expedición
del Decreto 1161 de 2014, que restableció dicho derecho, efectuó el reporte
correspondiente y presentó la solicitud. Por esta razón, indicó que no lo había hecho
con anterioridad, ya que el Decreto 1794 de 2000 se encontraba derogado.

9. El 10 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo del Huila confirmó la
sentencia de primera instancia, tras considerar que no asistía derecho a un reajuste
retroactivo del subsidio familiar con base en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.

1
En dicha providencia se declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009 el cual había derogado el artículo 11 del Decreto 1794
de 2000.

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Si bien el accionante contrajo matrimonio durante la vigencia de dicho decreto, no
acreditó haber reportado oportunamente el nuevo estado civil al Ejército Nacional,
requisito indispensable para el reconocimiento de la prestación solicitada.

10. Como fundamentos de la vulneración, el accionante sostuvo que el
Tribunal Administrativo del Huila incurrió en un defecto sustantivo al proferir la
Sentencia de 10 de junio de 2025, por cuanto desbordó el marco de actuación
previsto en la Constitución, la ley y la jurisprudencia del Consejo de Estado, la cual
había reconocido el subsidio familiar conforme al Decreto 1794 de 2000 en distintos
pronunciamientos frente a supuestos fácticos análogos.

11. En ese sentido, afirmó que para ser beneficiario del subsidio familiar
conforme al Decreto 1794 de 2000, únicamente se requería el cumplimiento de 2
requisitos: uno sustancial y otro formal. El primero, consistía en haber modificado el
estado civil dentro de la vigencia del citado decreto, es decir, antes del 24 de junio
de 2014, fecha en la cual entró en vigencia el Decreto 1161 de 2014. El segundo,
se refería a la manifestación del derecho mediante la solicitud del subsidio familiar,
informando el respectivo cambio de estado civil al Ejército Nacional.

12. En relación con este último, indicó que no podía exigirse durante el período
en que el Decreto 1794 de 2000 se encontraba derogado, puesto que en ese
interregno no existía norma vigente que consagrara el derecho al subsidio de
familia, lo cual hacía jurídicamente inviable presentar una solicitud en ese sentido.

13. Agregó que el Tribunal no efectuó un análisis sustancial adecuado del
marco normativo aplicable, al desconocer que, aunque el Decreto 1794 de 2000 se
encontraba derogado al momento de presentar la solicitud, el derecho había sido
adquirido durante su vigencia, toda vez que el 25 de octubre de 2012 contrajo
matrimonio, es decir, antes de la expedición del Decreto 1161 de 2014.

14. Sostuvo, además, que resultaba irrazonable que la autoridad judicial
hubiera omitido la aplicación del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 e impusiera
al hoy accionante la carga de haber solicitado el reconocimiento de una situación
jurídica en un momento en el cual no existía norma alguna que consagrara dicho
derecho. Por lo tanto, solo presentó la solicitud después de junio de 2014, cuando
el Decreto 1161 de 2014 restableció el subsidio familiar. Finalmente, alegó que el
Tribunal incurrió en un defecto sustantivo al realizar una indebida interpretación de
la norma cuya reviviscencia había sido declarada por el Consejo de Estado.

15. Afirmó que los planteamientos anteriores encontraban respaldo en diversas
sentencias del Consejo de Estado que, según su criterio, resolvieron casos similares
y reconocieron el subsidio familiar con base en el Decreto 1794 de 2000, en lugar
del Decreto 1161 de 2014. En particular, citó las siguientes providencias: 11001-03-
15-000-2021-07051-01; 11001-03-15-000-2022-03285-00; 11001-03-15-000-2020-
03102-00; 11001-03-15-000-2020-03102-01; 11001-03-15-000-2021-04441-01;
11001-03-15-000-2021-07051-01; y 11001-03-15-000-2022- 03285-00.

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Intervenciones2

16. El Tribunal Administrativo del Huila solicitó que no se concediera el
amparo deprecado, por cuanto el accionante no alegaba una verdadera vulneración
de derechos fundamentales, sino que cuestionaba los argumentos jurídicos en los
que se fundamentó la sentencia de segunda instancia, como si se tratara de una
tercera instancia.

17. Finalmente, sostuvo que no se había acreditado la vulneración de derecho
fundamental alguno, toda vez que del análisis de las circunstancias fácticas y
normativas se concluyó que el subsidio familiar se había causado durante la
vigencia y bajo los parámetros del Decreto 1161 de 2014. Debido a que, aunque el
accionante había contraído matrimonio en vigencia del Decreto 1794 de 2000, no
obraba prueba de que hubiese reportado oportunamente su nuevo estado civil al
Ejército Nacional durante dicho período, requisito indispensable para el
reconocimiento de la prestación.

18. El Juzgado 1 Administrativo de Neiva solicitó que se negara la solicitud
de amparo, al considerar que durante el trámite de las instancias ordinarias, no se
evidenció vulneración alguna de derechos fundamentales que habilitara al actor
para acudir a esta vía constitucional en procura del amparo de los derechos
invocados.

19. El Ministerio de Defensa solicitó que se negaran las súplicas del
accionante, comoquiera que la acción de tutela no podía emplearse como una
instancia adicional para controvertir una decisión judicial. Si bien reconoció que era
posible presentar una tutela contra providencias judiciales, señaló que para ello era
necesario acreditar la configuración de una vulneración a derechos fundamentales
por alguna de las causales específicas establecidas por la jurisprudencia
constitucional, las cuales no se evidenciaban en el caso bajo examen, toda vez que
la decisión cuestionada no fue arbitraria ni contraria a la Constitución.

20. Finalmente, afirmó que el Tribunal Administrativo del Huila realizó un
estudio adecuado del caso, lo que permitió confirmar la sentencia de primera
instancia. Indicó que el sentido del fallo obedecía no solo al análisis del caso
concreto, sino también al respeto por el precedente judicial y la postura
jurisprudencial adoptada por dicho tribunal en otros procesos ya ejecutoriados, a
partir de una interpretación coherente de las circunstancias fácticas y jurídicas
particulares.

2
Mediante Auto de 3 de julio de 2025, se admitió la acción de tutela de la referencia contra el Tribunal Administrativo del Huila
y, se vinculó al Juzgado 1 Administrativo de Neiva y a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejercito Nacional, en
calidad de tercero con interés en el proceso.

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II. CONSIDERACIONES
Competencia

21. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Cuestión previa

22. La Sala advierte que el accionante, en su escrito de tutela, señaló que el
Tribunal Administrativo del Huila, al proferir la Sentencia de 10 de junio de 2025,
incurrió en un defecto sustantivo y en un desconocimiento del precedente judicial.
En ese orden de ideas y con fines metodológicos, se analizarán ambos
cuestionamientos de manera conjunta, toda vez que la línea argumentativa
desarrollada por el accionante revela una conexión estrecha entre dichos reparos.

Problema jurídico

23. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, si el Tribunal
Administrativo del Huila, como juez de segunda instancia, vulneró los derechos
fundamentales de la parte actora, dado el alcance e interpretación que hizo de los
Decreto 1794 de 2000 y 1161 de 2024, relativos a subsidio familiar y la carga de
dar aviso al Ejército Nacional del cambio de estado civil.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

24. La presente acción de tutela cumplió con todos los requisitos generales de
procedencia, toda vez que (1) la controversia goza de relevancia constitucional,
comoquiera que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad,
así como del principio constitucional de seguridad jurídica, no se trata de una
discusión de raigambre eminentemente legal ni una reiteración de los argumentos
planteados en el trámite ordinario y, en todo caso, los reparos (defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente) fueron dirigidos concretamente contra la decisión
del juez de segunda instancia; (2) se encuentra satisfecha la legitimación en la
causa por activa y por pasiva, debido a que, por un lado, la parte actora tenía la
calidad de demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y,
por el otro, el Tribunal Administrativo del Huila profirió la decisión que se cuestiona;
(3) se encuentra acreditada la exigencia de subsidiariedad, comoquiera que se
agotaron todos los mecanismos judiciales que tenían para procurar la defensa de
sus derechos; (4) la acción de tutela se presentó el 1 de julio de 2025, es decir,
dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la Sentencia de 10 de junio de
2025 (mensaje de datos de 12 de junio de 2025); (5) no se cuestionó una
irregularidad procesal, sino el hecho de tomar una decisión judicial sin un adecuado
análisis de los hechos y el acervo probatorio, de cara a la jurisprudencia aplicable

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al caso; (6) se identificaron razonablemente los hechos y argumentos con
fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales; y (7)
la tutela no se interpone contra una providencia de igual naturaleza.

Análisis de vulneración alegada: estudio de defectos

25. La Sala negará la solicitud de amparo, por las razones que pasa a
explicarse:

26. La Sala no evidencia, en el presente caso, que el Tribunal Administrativo
del Huila hubiese incurrido en los reparos invocados al proferir la Sentencia de 10
de junio de 2025, mediante la cual negó las pretensiones del hoy accionante, al no
aplicar el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 en relación con el subsidio familiar,
pues la autoridad judicial sustentó su decisión en el ejercicio de su autonomía e
independencia en la interpretación de las normas. Facultad propia de la actividad
judicial.

27. Dicha interpretación encontró respaldo en la jurisprudencia de la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado 3, la cual, atendiendo
a las particularidades del caso y al análisis conjunto de los requisitos formales y
sustanciales de la norma en discusión, concluyó que el accionante no podía
beneficiarse del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, pues si bien contrajo
matrimonio civil el 25 de octubre de 2012, durante la vigencia del citado decreto, no
se acreditó en el expediente que tal novedad hubiese sido reportada o puesta en
conocimiento del Ejército Nacional en esa época. Esta omisión resultó, para el juez
de instancia, suficiente para concluir que no se cumplían el requisito formal exigido
para el reconocimiento de la prestación reclamada.

28. Inconforme con esa interpretación, el accionante sostuvo que el tribunal
incurrió en un desconocimiento del precedente, en tanto, a su juicio, debía fallar
conforme lo establecido por la Sección Quinta del Consejo de Estado4 en diversas
sentencias de tutela, según las cuales los soldados no estaban obligados a reportar
el cambio de estado civil, al no poder exigirse una solicitud de reconocimiento
durante el periodo en el que el Decreto 1794 de 2000 no producía efectos jurídicos.
Por tanto, bastaba con verificar el cumplimiento del requisito sustancial, haber
contraído matrimonio, sin exigir el requisito formal de notificar el cambio de estado
civil al Ejército Nacional.

29. Sin embargo y en gracia de discusión, esta Sala advierte que tanto la
Subsección A5 como la Subsección B6 de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en sede de tutela, han negado pretensiones en casos similares, al
considerar que no se cumplía con el requisito formal, es decir, de haber informado
oportunamente el cambio de estado civil, y por ello no procedía el reconocimiento

3
Sentencia del 24 de mayo de 2021. Exp. 11001-03-15-000-2021-01970-00 (AC).
4
11001-03-15-000-2021-07051-01; 11001-03-15-000-2022-03285-00; 11001-03-15-000-2020-03102-00; 11001-03-15-000-
2021-04441-01; 1001-03-15-000-2021-07051-01; 11001-03-15-000-2022- 03285-00.
5
11001-03-15-000-2024-05703-00.
6
11001-03-15-000-2024-00344-00.

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del subsidio conforme al Decreto 1794 de 2000. A lo anterior se suma la posición
de la Subsección C de la Sección Tercera7 de la misma corporación, que ha
declarado la improcedencia de la tutela en casos análogos, al no verificarse el
requisito de relevancia constitucional.

30. En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Huila realizó una
interpretación razonada de las disposiciones normativas, de la jurisprudencia
aplicable y de las circunstancias fácticas del proceso, frente a las cuales el
accionante no logró acreditar el cumplimiento de los presupuestos exigidos para el
reconocimiento del subsidio.

31. Así las cosas, en virtud del principio de autonomía e independencia judicial,
no le corresponde al juez constitucional cuestionar la interpretación normativa
adoptada por el juez natural en ejercicio de su competencia, salvo que esta hubiera
sido arbitraria, irrazonable o manifiestamente contraria al ordenamiento. En este
caso, se advierte que la decisión fue adoptada con fundamento en la normatividad
vigente y en los hechos del caso, sin que exista un criterio unificado en la
jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la materia. Por el contrario, como se
explicó, dentro de esa misma corporación coexisten posturas disímiles frente a la
aplicación del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.

32. Por lo tanto, la Sala advierte que el tribunal realizó un estudio razonable de
los hechos, del marco normativo y de la jurisprudencia aplicable al caso concreto.
Se reitera, además, que no existe a la fecha una posición jurisprudencial uniforme
que imponga un único entendimiento sobre la interpretación en la aplicación de
dicha normatividad, por lo que la decisión cuestionada responde al ejercicio legítimo
de la función jurisdiccional, dentro del marco de la autonomía judicial y la valoración
probatoria. En ese sentido, que la decisión no haya resultado plenamente
satisfactoria para la parte accionante no permite concluir, por sí sola, que la misma
haya sido contraria a derecho.

Conclusión

33. La Sala negará la acción de tutela interpuesta, al no acreditarse que la
providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila haya vulnerado los
derechos fundamentales de la parte actora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. NEGAR la acción de tutela presentada por Yon Eduar Parra
Carvajal, por las razones expuestas en esta providencia.

7
11001-03-15-000-2024-00344-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 7
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Accionante: Yon Eduar Parra Carvajal

SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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