RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-05703-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05703-00

Fecha
28 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05703-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero: Negar el amparo solicitado por el señor Wilson de Jesús Upegui Gutiérrez, a través de la acción de tutela instaurada en contra del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de San Gil y del Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-05703-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

28 de noviembre de 2024

1

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05703-00
Accionante: Wilson de Jesús Upegui Gutiérrez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05703-00
Accionante: Wilson de Jesús Upegui Gutiérrez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro

Temas: Acción de tutela en contra de providencia judicial, emitida en medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, mediante la
cual se negaron las pretensiones de la demanda y se confirmó esta
decisión. Ausencia de los defectos invocados.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por el señor Wilson de Jesús Upegui
Gutiérrez en contra del Tribunal Administrativo de Santander y del Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de San Gil.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
el señor Wilson de Jesús Upegui Gutiérrez, por intermedio de su apoderado judicial,
promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al mínimo
vital, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la
familia y a la seguridad social y, junto con ellos, los principios de favorabilidad e
irrenunciabilidad.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05703-00
Accionante: Wilson de Jesús Upegui Gutiérrez

Como consecuencia de lo anterior, solicitó dejar sin efectos las sentencias proferidas
el 23 de febrero 2023 y el 4 de julio de 2024 por el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito Judicial de San Gil y el Tribunal Administrativo de Santander, respectivamente,
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 68679-
33-33-003-2021-00015-00, «en cuanto decidieron el reconocimiento del subsidio
familiar con base en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000».

1.1.2. Los hechos

La parte accionante narró como hechos relevantes los siguientes:

i) Ingresó al Ejército Nacional como soldado voluntario desde el 1.° de agosto de 1998
hasta el 31 de octubre de 2003, cuya vinculación se rigió por la Ley 131 de 1985.

ii) En el Decreto 1793 de 2000, el Gobierno Nacional creó dentro del cuerpo de las
Fuerzas Públicas la categoría de soldados profesionales, por lo que a partir del 1.° de
noviembre de 2003, su representado fue homologado como soldado profesional,
calidad que ostentó hasta el 29 de abril de 2017.

iii) El artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 creó el subsidio familiar para los soldados
profesionales casados o con unión marital de hecho, el cual produjo efectos jurídicos
entre el 1.° de enero de 2001 y el 30 de septiembre de 2009, pero dicha prerrogativa
fue derogada en su totalidad a través del Decreto 3770 de 2009.

iv) El 8 de junio de 2017, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009, en lo que tiene que ver con el subsidio
familiar del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, con efectos ex tunc, es decir «que
deba tenerse como si nunca hubiera existido en el ordenamiento jurídico ese acto
administrativo de modo que ha de entenderse que el artículo 11 del decreto 1794 de
2000 continua vigente».

v) El 28 de octubre de 2009, contrajo matrimonio con la señora Martha Liliana Vergel
Cárdenas, lo cual puede verificarse en el registro civil de matrimonio y en la Resolución

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05703-00
Accionante: Wilson de Jesús Upegui Gutiérrez

núm. 2408 del 31 de marzo de 2017, mediante la cual le fue reconocida la asignación
de retiro.

vi) El 30 de septiembre de 2014, el Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, a través
de la Orden Administrativa núm. 1956, le reconoció el subsidio familiar en cuantía del
20 %, en atención a lo dispuesto en el artículo 1.° del Decreto 1161 de 2014.

vii) El 9 de marzo de 2020, solicitó el reconocimiento reliquidación y/o pago del subsidio
familiar dentro de la asignación mensual que devengó mientras se encontraba en
servicio activo, esto es, desde el 28 de octubre de 2009 hasta el 29 de abril de 2017.

viii) Sin embargo, el 13 de igual mes y anualidad, la Oficina Seccional de Ejecución
Presupuestal (DIPER), por medio del Oficio núm. 2020311000467431: MDN – CEFM
– COEJC – SECEJ – JEMGF – COPER – DIPER – 1. 10, resolvió de manera
desfavorable el anterior pedimento.

ix) El 25 de enero de 2021, instauró demanda, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Nación (Ministerio de Defensa,
Ejército Nacional), con el fin de obtener la nulidad del acto administrativo mencionado.

x) El 23 de febrero de 2023, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
San Gil negó las pretensiones de la demanda, por lo cual la parte demandante
interpuso recurso de apelación en contra de la anterior decisión.

xi) El 4 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander confirmó la sentencia
de primera instancia.

1.1.3. Fundamentos de derecho

El accionante consideró que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
San Gil y el Tribunal Administrativo de Santander vulneraron sus derechos
fundamentales al mínimo vital, al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la igualdad, a la familia y a la seguridad social y, junto con ellos, los principios
de favorabilidad e irrenunciabilidad.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05703-00
Accionante: Wilson de Jesús Upegui Gutiérrez

Para el efecto, afirmó que aquellas autoridades incurrieron «en defecto material o
sustantivo, en concordancia con el defecto fáctico, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución Política»,
puesto que no tuvieron en cuenta la normatividad aplicable a su caso y se apartaron,
sin justificación alguna, de la sentencia proferida el 8 de junio de 2017 por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, dentro del proceso 11001-03-25-000-
2010-00065-00, en la que declaró con efectos ex tunc la nulidad del Decreto 3770 del
30 de septiembre de 2009. Añadió que la anterior decisión, al ser un criterio orientador,
resultaba obligatoria, debido a los principios de igualdad y favorabilidad, entre otros.

Igualmente, manifestó que las accionadas incurrieron en defecto fáctico, comoquiera
que no valoraron adecuadamente las pruebas que respaldaban el reconocimiento y
pago del subsidio familiar dentro de la asignación devengada en servicio activo,
conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, en consonancia
con la declaratoria de nulidad, con efectos ex tunc, del acto administrativo mencionado.
Concretamente, señaló las siguientes pruebas: (i) el registro civil de matrimonio con
indicativo serial 05110603, por medio del cual se evidencia que contrajo matrimonio
con la señora Martha Liliana Vergel Cárdenas el 28 de octubre del 2009; (ii) la
Resolución núm. 2408 del 31 de marzo del 2017, mediante la cual la Caja de Retiro de
las Fuerzas Militares le reconoce la asignación de retiro, teniendo en cuenta la hoja de
los servicios militares donde se indica que constituyó matrimonio con la señora Vergel
Cárdenas; (iii) la Orden Administrativa núm. 1956 del 30 de septiembre de 2014, a
través de la cual el Ministerio de Defensa Nacional, conforme a su hoja de servicios y
a la información que reposaba en su expediente administrativo, reconoce el subsidio
familiar, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1.° del decreto 1161 de 2014.

1.2. Actuación procesal

El 28 de octubre de 2024, el despacho del magistrado sustanciador de la presente
decisión (i) admitió la acción de la referencia en contra del Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de San Gil y del Tribunal Administrativo de
Santander; (ii) vinculó, como tercero interesado en los resultados del proceso, a la
Nación (Ministerio de Defensa, Ejército Nacional); (iii) requirió a la primera autoridad

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05703-00
Accionante: Wilson de Jesús Upegui Gutiérrez

judicial mencionada para que remitiera copia digital del expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 68679-33-33-003-2021-00015-00/01, y (iv)
reconoció personería jurídica al abogado Libardo Cajamarca Castro para actuar como
apoderado de la parte accionante.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. Tribunal Administrativo de Santander

La magistrada María Eugenia Carreño Gómez, luego de hacer un recuento de las
actuaciones adelantadas en el proceso ordinario y transcribir el análisis realizado en
la sentencia de segunda instancia, afirmó que esa decisión se encuentra ajustada a la
Constitución Política, la ley y los precedentes jurisprudenciales aplicables al asunto,
pues no obedeció a simples prejuicios del operador judicial, no fue arbitraria ni contiene
una ruptura flagrante, ostensible y grave de la normatividad constitucional o legal que
rige en la materia, toda vez que se encuentra debidamente justificada y garantiza los
derechos constitucionales de las partes.

Aunado a lo expuesto, indicó que la acción de tutela es un mecanismo residual del cual
se puede hacer uso en procura de evitar la vulneración o amenaza de derechos
fundamentales, sin que, se faculte al accionante para convertirla en una tercera
instancia o en un procedimiento alterno a los juicios ordinarios o ejecutivos.

De otra parte, remitió el enlace del expediente digital del proceso ordinario, en el cual
podrá consultarse la providencia cuestionada.

1.3.2. Ministerio de Defensa Nacional

La profesional del derecho Martha Astrid Torres Reyes adujo que el accionante omitió
su deber de señalar con claridad los defectos en que incurrieron las autoridades
judiciales accionadas, al momento de proferir las sentencias acusadas. Además,
precisó que la acción de amparo no puede convertirse en una tercera instancia sin
verdaderamente sustentarse el por qué se considera vulnerado el derecho al debido
proceso.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05703-00
Accionante: Wilson de Jesús Upegui Gutiérrez

Igualmente, expuso que los fallos de primera y segunda instancia se basaron en las
pruebas arrimadas al expediente, la calidad de soldado profesional en la que
compareció al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la fecha en
la cual radicó la solicitud de reconocimiento del subsidio familiar para determinar la
legislación aplicable y los demás elementos probatorios arrimadas a la foliatura, por lo
que no existió un desconocimiento del precedente ni una indebida valoración
probatoria. En esos términos, solicitó negar las pretensiones del accionante.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente para
conocer la presente acción de tutela, de acuerdo con lo dispuesto en el ordinal 5.º del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1.° del Decreto
333 de 2021, según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o
Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo
superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada».

2.2. Cuestión previa

Antes de proceder al estudio de la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, la Sala aclara que solo realizará el
análisis de la decisión adoptada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo
de Santander, al ser la autoridad que puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, en tanto que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de San Gil.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la sala determinar, en primer lugar, si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos generales de procedencia para controvertir la sentencia del
4 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de San Gil en el medio de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05703-00
Accionante: Wilson de Jesús Upegui Gutiérrez

control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 68679-33-33-003-2021-
00015-01. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si se configuraron los
defectos de desconocimiento del precedente judicial y fáctico y, por ende, si se
vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte accionante.

2.4. Marco normativo

2.4.1. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

La jurisprudencia constitucional1 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590 de
2005,2 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes:
i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) que
se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez,
contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que cuando se trate de una
irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
del solicitante del amparo; v) que la parte actora identifique razonablemente tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos trasgredidos y que hubiere
alegado tal violación en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y vi)
que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un

1 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de

1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003,
T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
2 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05703-00
Accionante: Wilson de Jesús Upegui Gutiérrez

examen exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra
providencia judicial de naturaleza «excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad, aquellas
que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: defecto
orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para
que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.

2.5. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 68679-33-33-003-2021-00015-
00/01, la Sala de decisión establece lo siguiente:

2.5.1. El señor Wilson de Jesús Upegui Gutiérrez instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación (Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional), con el fin de obtener la nulidad del Oficio núm. 2020311000467431: MDN-
CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER 1.10 del 13 de marzo de 2020, por
medio de la cual se negó el reconocimiento, reliquidación y pago de la partida del
subsidio familiar dentro de la asignación mensual que devengó en servicio activo, esto
es, desde el 28 de octubre de 2009 (fecha en que contrajo matrimonio) hasta la fecha
del retiro el 29 de abril de 2017, de conformidad con lo establecido en el artículo 11
del Decreto 1794 de 2000.

2.5.2. El 23 de febrero de 2023, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial
de San Gil negó las pretensiones de la demanda, al considerar que si bien era cierto
que el demandante contrajo matrimonio con la señora Martha Liliana Vergel Cardenas
en el año 2009, también lo era que aquel no demostró que hubiese reportado la
novedad del cambio del estado civil, en vigencia del Decreto 1794 del 2000, con miras
a que le fuera aplicado lo atinente al reconocimiento del subsidio familiar, por el
contrario, tal y como se desprende del acto administrativo acusado, es que a través

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05703-00
Accionante: Wilson de Jesús Upegui Gutiérrez

de la orden administrativa núm. 2170 del 30 de octubre de 2014, se aprecia que la
novedad fiscal se generó a partir del 31 de julio de 2014, por lo que la reclamación de
la prestación se hizo en vigencia del Decreto 1161 de 2014, y en los términos del
artículo primero, reconocimiento que procede para los soldados profesionales e
infantes de marina (se sugiere revisar la redacción), que no perciben subsidio familiar
regulado por los Decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009, pues no se logró demostrar
que el demandante estuviera devengando dicho beneficio antes de la entrada en
vigencia del Decreto 1161 de 2014.

2.5.3. El 6 de marzo de 2023, la parte demandante interpuso recurso de apelación en
contra de la anterior decisión.

2.5.4. El 4 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander confirmó la
sentencia de primera instancia, con fundamento en los argumentos que se expondrán
más adelante.

2.6. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia

2.6.1. El asunto objeto de estudio goza de relevancia constitucional, toda vez que el
debate planteado por la parte accionante gira en torno a la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, a la familia y a la seguridad social, con ocasión
de la expedición de la sentencia del 4 de julio de 2024, comoquiera que, en su criterio,
el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en los defectos fáctico y
desconocimiento del precedente judicial, eventos que de hallarse acreditados
conducirían a encontrar lesionados los intereses de la parte actora.

2.6.2. Se encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad, por cuanto la decisión
cuestionada es un fallo que puso fin a la discusión planteada dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.6.3. Se cumple la exigencia de inmediatez, puesto que la providencia objeto de
censura fue notificada por correo electrónico el 15 de julio de 2024 y la acción de tutela
fue instaurada el 22 de octubre de 2024, esto es, en el término de los seis meses

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05703-00
Accionante: Wilson de Jesús Upegui Gutiérrez

previstos jurisprudencialmente como plazo prudencial para el ejercicio de la tutela en
contra de providencias judiciales

2.6.4. En el presente asunto no se cuestiona una irregularidad procesal, sino el hecho
de realizarse un estudio del caso sin un adecuado análisis jurisprudencial y probatorio.

2.6.5. En el escrito de tutela se identificaron razonablemente los hechos y argumentos
con fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales.

2.6.6. La acción de tutela no discute una sentencia de la misma naturaleza, puesto que
la providencia que pretende controvertirse en esta sede fue proferida dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Visto lo anterior, al encontrarse cumplidos en el caso los requisitos generales de
procedibilidad de la acción, se impone abordar el estudio de fondo de la presente
acción, para lo cual aclara que solo analizará los defectos de desconocimiento del
precedente judicial y fáctico, por ser los que mejor se adecuan a los argumentos de
inconformidad expuestos por el accionante.

2.7. Caso concreto

2.7.1. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales

En relación con el precedente y su carácter vinculante es necesario indicar que a pesar
de que dicha característica sea más propia del Common Law, inclusive desde finales
del siglo XIX se pretendió buscar cierta uniformidad en la jurisprudencia y por ello, en
el artículo 4 de la Ley 169 de 1896 se consagró la regla de la doctrina probable.

La Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad respecto del tal
disposición3, precisó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior, los
jueces solo están sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados a fallar

3 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05703-00
Accionante: Wilson de Jesús Upegui Gutiérrez

en la misma forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y cuando,
«expongan clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su
decisión». Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia
C-590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte
del juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.

Respecto del precedente vertical4, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en
sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto hacia las
decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial, por los
órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones. A esta conclusión ha llegado en
consideración a: 1) el principio de igualdad, que es vinculante para todas las
autoridades, e incluso, para algunos particulares que exige, que supuestos fácticos
iguales se resuelvan de la misma manera y por consiguiente, con la misma
consecuencia jurídica; 2) el principio de cosa juzgada, que otorga a los destinatarios
de las decisiones jurídicas, seguridad jurídica y previsibilidad de la interpretación, pues
si bien es cierto, el derecho no es una ciencia exacta, sí debe existir certeza razonable
sobre la decisión; 3) la autonomía judicial, que no puede desconocer la naturaleza
reglada de la decisión judicial, pues sólo la interpretación armónica de esos dos
conceptos garantiza la eficacia del Estado de Derecho; 4) los principios de buena fe y
confianza legítima, que imponen a la Administración un grado de seguridad y
consistencia en las decisiones, pues existen expectativas legítimas con protección
jurídica; y 5) por razones de racionalidad del sistema jurídico, porque es necesario un
mínimo de coherencia a su interior5.

Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas consideraciones
jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el asunto fáctico sometido
a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio decidendi o razón central de la
decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge de los presupuestos fácticos
relevantes de cada caso6. De esta forma, la Corte Constitucional recordó que la ratio
decidendi «i) corresponde a la regla que aplica el juez en el caso concreto, ii) se
determina a través del problema jurídico que analiza en relación con los hechos del

4 Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
5 Sentencia C-447 de 18 de septiembre de 1997: magistrado ponente: Alejandro Martínez Caballero.
6 Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05703-00
Accionante: Wilson de Jesús Upegui Gutiérrez

caso concreto y iii) al ser una regla debe ser seguida en todos los casos que se
subsuman en la hipótesis prevista en ella».

Ahora bien, a pesar de la marcada importancia de la regla de vinculación a la ratio
decidendi y el respeto por el precedente, la jurisprudencia constitucional ha reiterado
que tal entendimiento no puede ser absoluto, pues no se trata de petrificar la
interpretación judicial ni de convertir el criterio de autoridad en el único posible
para resolver un asunto concreto. Se trata simplemente de armonizar y
salvaguardar los principios constitucionales que subyacen a la defensa del
precedente. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera
suficiente y razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial
que ha seguido en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las
exigencias de la igualdad y de la independencia judicial; por tanto no podrá
reprocharse a la sentencia arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá
efectuado entre los justiciables ningún género de discriminación7.

Sin pretender sistematizar todas las situaciones que pueden dar lugar a que un juez
unitario o colegiado se aparte del precedente judicial, es posible indicar que un cambio
en la jurisprudencia puede provenir de una modificación del ordenamiento jurídico, o
de una drástica transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron
aquellas decisiones, haciendo incoherente una interpretación del derecho frente al
contexto social actual.

De igual manera, puede un juez apartarse del precedente cuando el caso juzgado
encuentra serias diferencias que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto
de estudio. En tales situaciones el juez está relevado de obedecer a las decisiones
judiciales previas, aunque en cualquier caso debe cumplir una carga de transparencia,
identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones
que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional y precisando por qué
esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico y, además de ello,
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad que

7 Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05703-00
Accionante: Wilson de Jesús Upegui Gutiérrez

se derivará de la desobediencia al precedente8.

En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional
por parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de
arbitrariedad por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se
encuentran en idénticas circunstancias frente a la Ley.

2.7.2. Análisis de la posición asumida por el Tribunal accionado

El señor Wilson de Jesús Upegui Gutiérrez solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al mínimo vital, al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la igualdad, a la familia y a la seguridad social y, junto con ellos, los principios
de favorabilidad e irrenunciabilidad, los cuales estimó vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Santander, al expedir la sentencia del 4 de julio de 2024, comoquiera
que incurrió en desconocimiento del precedente judicial, al apartarse, sin justificación
alguna, de la sentencia proferida el 8 de junio de 2017 por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, dentro del proceso 11001-03-25-000-2010-00065-
00, en la que declaró con efectos ex tunc la nulidad del Decreto 3770 del 30 de
septiembre de 2009.

Pues bien, para resolver la anterior inconformidad y la relativa al defecto fáctico, la
Sala considera necesario realizar un análisis de los argumentos en que se apoyó el
Tribunal Administrativo de Santander para confirmar la sentencia, proferida por el
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de San Gil, que negó las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho formulada por
el aquí accionante.

Así, se observa que la corporación judicial precitada, en la sentencia del 4 de julio de
2024, hizo un recuento normativo y jurisprudencial del subsidio familiar, para lo cual

8 En materia de lo contencioso administrativo el reconocimiento del precedente como fuente importante

de estabilidad y de garantía del derecho a la igualdad lo constituye el mecanismo de extensión de la
jurisprudencia, consagrado en el artículo 102 del nuevo CPACA.; y, el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia, artículo 256 y siguientes ibídem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05703-00
Accionante: Wilson de Jesús Upegui Gutiérrez

explicó que, según el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, el soldado profesional
casado o con unión marital de hecho vigente tiene derecho al reconocimiento mensual
de un subsidio familiar equivalente al 4 % de su salario básico mensual más la prima
de antigüedad; así mismo, como requisito para su otorgamiento prevé que «el soldado
profesional deberá reportar el cambio de estado civil a partir de su inicio al Comando
de la Fuerza».

Adicionalmente, señaló que el Decreto 3770 de 2009 derogó la disposición referida y
con ello, los soldados profesionales perdieron el derecho a percibir el subsidio familiar.
Igualmente, precisó que, mediante el Decreto 1161 de 2014, se creó nuevamente el
subsidio familiar para soldados profesionales e infantes de marina profesionales en
servicio activo, que no lo percibían a la luz de los Decretos 1794 de 2000 y 3770 de
2009, a partir del 1.º de julio de 2014.

Posteriormente, la autoridad judicial precitada indicó que el Consejo de Estado,
Sección Segunda, determinó que las disposiciones contenidas en el Decreto 3770 de
2009, que eliminaban el subsidio familiar para los soldados profesionales, resultaban
ser contrarias a los fines esenciales del Estado y al principio de progresividad
consignado en el artículo 48 de la Constitución Política, además de vulnerar los
principios que proscriben la regresividad de los derechos sociales y la discriminación,
afectaban el principio de confianza legítima, la garantía a la igualdad, el derecho al
trabajo y a la seguridad social, razón por la cual declaró su nulidad total de ese acto
administrativo, con efectos ex tunc.

En esa medida, precisó que, una vez en firme la decisión del máximo órgano de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, se entiende vigente el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, por lo que para los soldados profesionales que contrajeron
matrimonio o declararon su unión marital de hecho a partir del 14 de septiembre de
2000 y hasta antes del 24 de junio de 2014, su derecho al subsidio familiar se rige por
el Decreto 1794 de 2000 y para aquellos soldados profesionales que contrajeron
matrimonio o declararon su unión marital de hecho a partir del 24 de junio de 2014, el
subsidio familiar les será reconocido, liquidado y pagado conforme el Decreto 1161 de
2014.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05703-00
Accionante: Wilson de Jesús Upegui Gutiérrez

Bajo este escenario, el Tribunal Administrativo de Santander, al resolver el caso en
concreto, expuso lo siguiente:

«[…] La Sala encuentra acreditado, de conformidad con el material probatorio obrante
en el plenario, que el demandante contrajo nupcias con la señora Martha Liliana Vergel
Cárdenas el 28 de octubre de 2009, es decir, en vigencia del Decreto 1794 de 2000.

En atención a la sentencia del 8 de junio de 2017, mediante la cual se declaró la nulidad
del Decreto 3770 de 2009 y consecuentemente revivió los efectos del primero de ellos
(1794 de 2000), surgió para el demandante el derecho al reconocimiento del subsidio
familiar en la forma prevista en su artículo 11, equivalente al cuatro por ciento de su
salario básico mensual más el cien por ciento de la prima de antigüedad, con efectos
fiscales desde el momento en que puso en conocimiento su nuevo estado civil al
Ejército Nacional.

No obstante, lo anterior, advierte la Sala que el demandante no cumplió con el
contenido obligacional consagrado en el articulado, según el cual el soldado profesional
deberá reportar el cambio de estado civil a partir de su inicio al Comando de la Fuerza,
situación que en el sub lite no fue acreditada.

Fluye de lo expuesto, que si bien el demandante modificó su estado civil el 28 de
octubre de 2009 no se aportó prueba, siquiera sumaria, de que hubiera informado esa
situación a la entidad o solicitado el reconocimiento y pago del subsidio familiar a partir
del 8 de junio de 2017, cuando la norma de la que hoy pretende su aplicación volvió a
cobrar vigencia; por el contrario, solo se acreditó la radicación de la petición el 9 de
marzo de 2020.

Dicho de otro modo, conforme a lo señalado en el inciso 2º del artículo 11 del Decreto
1794 de 2000, al soldado profesional le asiste el deber de reportar el cambio de estado
civil a partir de su inicio al Comando de la Fuerza, si pretende acceder al beneficio
reclamado.

Así las cosas, acoge la Sala la postura, según la cual el subsidio familiar es un beneficio
económico que no opera de manera automática, sino que su reconocimiento debe ser
solicitado oportuna y directamente por el interesado, de tal manera que la omisión de
la parte actora conlleva la denegatoria de las pretensiones de la demanda, motivo por
el cual se impone confirmar la decisión proferida en primera instancia […]».

De la anterior transcripción, la Sala concluye que, a diferencia de lo afirmado por la
parte demandante, el Tribunal Administrativo de Santander no desconoció el
precedente judicial. Esto se debe a que, al resolver el caso, aplicó correctamente las
directrices de la sentencia del 8 de junio de 2017, emitida por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en la que se declaró la nulidad, con efectos
ex tunc, del Decreto 3770 de 2009, pues fue, precisamente, a partir de ese
pronunciamiento que se reconoció el derecho del demandante al subsidio familiar, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del mencionado decreto, el cual estableció
que esa prerrogativa debe ser equivalente al cuatro por ciento del salario básico

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05703-00
Accionante: Wilson de Jesús Upegui Gutiérrez

mensual más el cien por ciento de la prima de antigüedad y con efectos fiscales desde
el momento en que el demandante notificó al Ejército Nacional sobre su cambio de
estado civil.

Distinto es que, al analizar la mencionada disposición, la autoridad judicial consideró
que el actor no cumplía con los requisitos establecidos, ya que, aunque es cierto que
modificó su estado civil el 28 de octubre de 2009, no se presentó ninguna prueba, ni
siquiera sumaria, que demostrara que había informado a la entidad sobre su cambio
de estado civil o que hubiera solicitado el reconocimiento y pago del subsidio familiar
a partir del 8 de junio de 2017, momento en el que la norma en cuestión volvió a estar
en vigor. Por el contrario, lo único que se acreditó fue que la petición fue radicada el 9
de marzo de 2020.

En esos términos, esta Subsección considera que el criterio adoptado por el aquí
accionado, en virtud de su autonomía e independencia judicial, no resulta inadecuado,
sino que, por el contrario, atiende a las consideraciones expuestas por el Consejo de
Estado. Por tanto, el hecho de que la sentencia referida por el accionante haya sido
considerada por la corporación judicial accionada y que esta haya llegado a una
conclusión distinta no constituye en ningún momento un desconocimiento del
precedente judicial, por lo que se negará el amparo invocado frente a esta causal.

2.7.3. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se configura
cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte Constitucional 9 ha
identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa10, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de
manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera

9 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de

2010, T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
10 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05703-00
Accionante: Wilson de Jesús Upegui Gutiérrez

da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva11, que se presenta generalmente cuando el juzgador aprecia
pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que
no debió admitir ni valorar.

2.7.4. Examen de la inconformidad alegada sobre la valoración probatoria

El accionante afirmó que el Tribunal Administrativo de Santander valoró de manera
inadecuada las pruebas que respaldaban el reconocimiento y pago del subsidio
familiar dentro de la asignación devengada en servicio activo, conforme a lo dispuesto
en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, en consonancia con la declaratoria de
nulidad, con efectos ex tunc, del Decreto 3770 de 2009. Concretamente, señaló las
siguientes pruebas: (i) el registro civil de matrimonio con indicativo serial 05110603,
por medio del cual se constata que contrajo matrimonio con la señora Martha Liliana
Vergel Cárdenas el 28 de octubre del 2009; (ii) la Resolución núm. 2408 del 31 de
marzo del 2017, mediante la cual la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares le reconoce
la asignación de retiro, teniendo en cuenta la hoja de los servicios militares donde se
indica que constituyó matrimonio con la señora Vergel Cárdenas; (iii) la Orden
Administrativa núm. 1956 del 30 de septiembre de 2014, a través de la cual el
Ministerio de Defensa Nacional, conforme a su hoja de servicios y a la información que
reposaba en su expediente administrativo, reconoce el subsidio familiar, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 1.° del decreto 1161 de 2014

Pues bien, de la transcripción realizada en capítulos previos, frente a la decisión objeto
de cuestionamiento, la Sala considera que la autoridad judicial accionada sí valoró de
manera adecuada los elementos probatorios que el accionante invoca, pues fue a
partir de estos que encontró probado que a este último le era aplicable el artículo 11
del Decreto 1794 de 2000, en virtud de la sentencia del 8 de junio de 2017, en la que
el Consejo de Estado declaró la nulidad, con efectos ex tunc del Decreto 3770 de 2009,

11 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05703-00
Accionante: Wilson de Jesús Upegui Gutiérrez

comoquiera que contrajo matrimonio el 28 de octubre de 2009, empero al analizar los
requisitos allí previstos para el reconocimiento del subsidio familiar no encontró
demostrado que el accionante hubiese informado el cambio de su estado civil, por lo
que no había lugar a reconocer ese beneficio económico en los términos del artículo
precitado.

Por tanto, se concluye que el Tribunal accionado sustentó la providencia acusada en
los elementos probatorios obrantes en el expediente, sin que logre evidenciarse una
apreciación irracional o caprichosa, pues la decisión responde a un análisis juicioso de
los hechos debidamente probados y de la interpretación de estos conforme a los
parámetros establecidos en la ley, de ahí que no pueda considerarse que existió un
defecto fáctico en la actuación.

En esa medida, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con
la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales.

Así las cosas, al no encontrarse demostrada la configuración de ninguna de las
causales específicas de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias
judiciales alegadas, la Sala negará el amparo deprecado por el señor Wilson de Jesús
Upegui Gutiérrez, a través de la acción de tutela instaurada en contra del Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito Judicial de San Gil y del Tribunal Administrativo de
Santander.
3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala
concluye que no se estructuraron las causales de desconocimiento del precedente
judicial y defecto fáctico; en tal sentido, negará el amparo solicitado por la parte
accionante.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05703-00
Accionante: Wilson de Jesús Upegui Gutiérrez

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero: Negar el amparo solicitado por el señor Wilson de Jesús Upegui Gutiérrez,
a través de la acción de tutela instaurada en contra del Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito Judicial de San Gil y del Tribunal Administrativo de Santander, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, remitir el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

A. R. F.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.