Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03285-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03285-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-03285-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
28 de julio de 2022
Demandante: Jhon Jairo Palacio Betancour
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03285-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03285-00
Demandante: JHON JAIRO PALACIO BETANCOUR
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA
Tutela contra providencia judicial – defecto sustantivo.
Temas: Concede amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA SOLICITUD
Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por el señor Jhon Jairo
Palacio Betancour contra el Tribunal Administrativo del Tolima, de conformidad
con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El señor Jhon Jairo Palacio Betancour, actuando en nombre propio, mediante
escrito enviado por correo electrónico el 16 de junio de 2022 al buzón destinado
para la recepción de tutelas de la Rama Judicial y remitido al correo electrónico
de la Secretaría General del Consejo de Estado en la misma fecha, presentó
solicitud de amparo con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, de defensa
y contradicción, así como los principios a la seguridad jurídica, a la publicidad y a
la legalidad.
Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión del
fallo de 12 de mayo de 2022, del Tribunal Administrativo del Tolima, que revocó la
sentencia de 10 de mayo de 2021 proferida por el Juzgado 4° Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Ibagué, a través de la cual había accedido en primera
instancia al reconocimiento y pago del subsidio familiar a favor del actor dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicado 73001-
33-33- 004- 2019-00458-00/01, para, en su lugar, denegar las pretensiones.
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Demandante: Jhon Jairo Palacio Betancour
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
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1.2. Pretensiones
“1- Que se TUTELEN los derechos fundamentales vulnerados por el TRIBUNAL
ADMINISTATIVO DEL TOLIMA, al proferir la sentencia de fecha 12 de mayo de
2022, radicado 73001-33-33-004-2019-00458-01, en virtud de la cual revocó la
sentencia de primera instancia, proferida por el JUZGADO CUARTO
ADMINISTRATIVO DE IBAGUÉ y en cambio, negó el reconocimiento y reajuste del
subsidio familiar del decreto 1794 del 2000 en su artículo 11 a que mi poderdante
tenía derecho.
2- Que, como consecuencia de la tutela de los derechos fundamentales invocados,
se declare la NULIDAD de la sentencia en mención, en cuanto negó el
reconocimiento y reajuste del subsidio familiar en la cuantía establecida en el
artículo 11 del decreto 1794 del 2000.
3- Que, por virtud de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, que profiera una nueva sentencia en la que se
declare que mi poderdante tiene derecho al reconocimiento, pago y reajuste del
subsidio familiar consagrado en el artículo 11 del decreto 1794 de 2000.
Confirmando la sentencia de primera instancia”.
1.3. Hechos
La Sala encontró demostrados los supuestos que a continuación se relacionan,
los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
El señor Jhon Jairo Palacio Betancour estuvo vinculado como soldado profesional
en el Ejército Nacional y en la actualidad percibe asignación de retiro.
Indicó que contrajo matrimonio el 31 de mayo de 2014, por tanto, su esposa fue
incluida en el sistema de salud de las Fuerzas Militares.
Adujo que le fue reconocido el subsidio familiar establecido en el Decreto 1161 de
2014 por cuanto, el estipulado en el Decreto 1794 de 2000, el cual le era más
favorable, fue derogado por el Decreto 3770 de 2009.
Señaló que, con ocasión de la sentencia de 8 de junio de 2017 proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, se declaró la nulidad
del Decreto 3770 de 2009 con efectos ex tunc.
Con ocasión de lo anterior, el 5 de junio de 2019 solicitó a la Dirección de Personal
del Ejército Nacional que le fuera reconocido el subsidio familiar previsto en el
Decreto 1794 de 2000, a partir de la fecha en que adquirió el derecho, es decir,
desde el 31 de mayo de 2014, y que se le pagara la diferencia “al valor reconocido”.
Refirió que, ante el silencio de la entidad, presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el acto negativo ficto, asunto que le
correspondió en primera instancia al Juzgado 4° Administrativo Oral del Circuito
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Judicial de Ibagué, autoridad que con sentencia de 10 de mayo de 2021 accedió
a las pretensiones de la demanda, al condenar a la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional a reconocer y pagar al actor la partida de subsidio
familiar, de conformidad con el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, a partir del
31 de mayo de 2014, fecha en la que contrajo nupcias, hasta el momento de su
retiro del servicio activo, descontando el valor de las sumas canceladas por este
concepto. También condenó en costas al extremo pasivo.
Dicha decisión se adoptó luego de que el juzgado arribara a la siguiente
conclusión:
“De lo anterior es dable colegir entonces, que al declararse la nulidad del Decreto
3770 de 2000, mediante el cual se derogó el artículo 11 del Decreto 1794, hay dos
consecuencias inmediatas: de un lado, que ese acto derogado cobra de nuevo
vigencia y, de otro lado, que comoquiera que la situación jurídica del actor, en
relación con el reconocimiento del mentado subsidio familiar, no se encontraba
consolidada, sobre la misma, la sentencia de nulidad con efectos ex tunc, tuvo
efectos inmediatos.
En efecto, en el presente asunto debemos tener en cuenta que el demandante no
tenía una situación jurídica consolidada antes de la expedición del mentado Decreto
1794 de 2000, por lo que presentándose el supuesto de hecho que autoriza el
reconocimiento y pago del subsidio familiar en vigencia de dicha norma, conforme
a lo indicado en la sentencia a la que se hizo alusión en líneas precedentes, resulta
meridiano concluir que es dicha normatividad la que se encuentra llamada a regir el
reconocimiento solicitado”.
El recurso de apelación interpuesto por el extremo pasivo fue resuelto por el
Tribunal Administrativo del Tolima, judicatura que con fallo de 12 de mayo de 2022
revocó la decisión del a quo para, en su lugar, denegar las pretensiones de la
demanda y condenar en costas a la parte demandante, luego de colegir lo
siguiente:
“En el proceso se acreditó que el demandante contrajo matrimonio el 31 de mayo
de 2014, pero solo informó sobre el cambio del estado civil hasta el 11 de septiembre
de igual año, cuando elevó la solicitud de afiliación de su cónyuge al sistema de
salud, así que la regulación bajo la cual consolidó el derecho a percibirla es la
dispuesta en el Decreto 1161 de 2014, como lo hizo la entidad demandada.”
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora alegó que el Tribunal Administrativo del Tolima incurrió en un
defecto sustantivo por no aplicar en la resolución de su caso el Decreto 1794 de
2000.
Lo anterior, con fundamento en que la judicatura reprochada “no analizó la norma
aplicable a mi poderdante desde lo sustancial, esto es, que inicialmente no podía solicitar
el subsidio de familia regulado en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, toda vez que
este se encontraba derogado, pero que posterior, cuando nace a la vida jurídica, se debía
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verificar si el periodo comprendido entre el 14 de septiembre de 2000 y el 24 de junio de
2014, mi poderdante adquirió el derecho al subsidio de familia pretendido por el cambio
de estado civil que aconteció el 13 de mayo de 2014, antes de la entrada en vigencia del
Decreto 1161 de 2014, la cual fue el 24 de junio del mismo año”.
Para tal efecto, incluyó un cuadro cronológico de su situación:
En ese orden, concluyó que no es razonable que la autoridad cuestionada le
imponga al accionante la carga de pedir el reconocimiento de una situación
jurídica, en un momento en el que “no existía norma alguna para fundamentar dicha
solicitud”.
Por último, precisó que en sentencia de 7 de abril de 2022, el magistrado Pedro
Pablo Vanegas Gil resolvió la acción de tutela identificada con el radicado N°
11001-03-15-000-2021-07051-01, a través de la cual se dirimió un asunto idéntico
al de la referencia, en el sentido de amparar los derechos fundamentales de la
parte accionante, por considerar que “no es razonable que se le exija al soldado
profesional hacer una manifestación o solicitud del reconocimiento de un subsidio de
familia, que para la época no existía en el ordenamiento jurídico, porque como bien
sabemos se encontraba derogada”.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Con auto de 21 de junio de 2022 se admitió la acción de tutela y se dispuso tener
como autoridad judicial accionada al Tribunal Administrativo del Tolima. En calidad
de terceros con eventual interés en las resultas del trámite constitucional, se
dispuso la vinculación del Juzgado 4º Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Ibagué y del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional.
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Finalmente, se ordenó a la Oficina de Sistemas de la Corporación realizar una
publicación de la información relativa a esta acción de tutela, en la página web del
Consejo de Estado, y se reconoció personería al abogado Duverney Eliud
Valencia Ocampo, como apoderado del extremo accionante.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, de conformidad con las
constancias visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se presentaron
las siguientes intervenciones:
1.6.1. Tribunal Administrativo del Tolima
A través de escrito radicado el 23 de junio de 2022, el magistrado ponente de la
decisión censurada solicitó que se declare la improcedencia de la acción o, en su
defecto, que se denieguen las pretensiones de la demanda tutelar.
Lo anterior, ya que, a su juicio, no se configuran las causales generales y
especiales de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial, por cuanto
advierte que la parte accionante lo que pretende es reabrir un debate ya zanjado
por el juez natural de la causa.
Finalmente, resaltó que la decisión se adoptó de conformidad con las normas y
tesis jurisprudenciales vigentes, así como con fundamento en el análisis de los
medios de prueba allegados al proceso ordinario, lo cual no puede ser considerado
como una arbitrariedad, por el contrario, precisó que el fallo censurado se dictó en
virtud del principio de la autonomía judicial de la cual se encuentran revestidos los
jueces de la República.
1.6.2. Ministerio de Defensa Nacional
Mediante oficio allegado el 29 de junio de 2022, la coordinadora del Grupo
Contencioso Constitucional solicitó que niegue la solicitud de amparo de la
referencia, por cuanto no se advierte la presunta vulneración de las garantías
fundamentales invocadas por el extremo activo.
Adujo que las consideraciones expuestas por la autoridad reprochada dan cuenta
de que la decisión fue razonable y proporcionada, en tanto se valoró el acervo
probatorio en el marco de los principios de autonomía e independencia judicial, así
como presupuestos fácticos y jurídicos relacionados con el asunto concreto.
En ese sentido, precisó que en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho se respetaron todas las etapas procesales, dentro de las cuales el
tutelante pudo ejercer sus derechos de defensa y contradicción, por tanto, no se
evidencia a la transgresión alegada.
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2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por el señor
Jhon Jairo Palacio Betancour contra el Tribunal Administrativo del Tolima, de
conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el
artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta la
vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante con ocasión de
la providencia de 12 de mayo de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima en la segunda instancia del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho promovido por el señor Jhon Jairo Palacio Betancour contra la Nación
• Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, por presuntamente incurrir
en un defecto sustantivo.
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de
los requisitos de procedibilidad adjetiva y, de encontrarse superados; (iii) las
generalidades del defecto sustantivo; y (iv) el análisis del caso concreto.
2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20121
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema2.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales3.
1 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de
Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María
Elizabeth García González.
2
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
3
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
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Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el
momento jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20144, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Para la Sala resulta necesario precisar que, el caso objeto de estudio está
revestido de relevancia constitucional, por cuanto al revisar el escrito que dio
origen a la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda,
las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte
actora solicita la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, de acceso a la administración de justicia, de defensa y contradicción, así
como los principios a la seguridad jurídica, a la publicidad y a la legalidad.
De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto, se evidencia una tensión o
contradicción entre la razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial de las
garantías alegadas por el accionante, en tanto a su juicio, la autoridad judicial
incurrió en un defecto sustantivo, por lo que se evidencia que trasciende un estudio
de lo meramente legal.
2.4.2. La acción de tutela de la referencia no se dirige contra una sentencia de
la misma naturaleza, puesto que la providencia judicial que censura la parte
accionante fue proferida en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
2.4.3. Respecto al requisito de inmediatez, es preciso señalar que la providencia
reprochada fue dictada el 12 de mayo de 2022 por el Tribunal Administrativo del
Tolima, y la solicitud de amparo se presentó el 16 de junio de 2022, razón por la
cual, sin que sea necesario establecer la fecha de notificación y de ejecutoria de
la referida decisión, resulta ser un término que a juicio de la Sala es razonable, es
decir, antes de transcurridos 6 meses.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20145, en la
4 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20056,
para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias
judiciales y reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar
el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas.
2.4.4. Por otra parte, en consideración al agotamiento de los mecanismos
judiciales, en el caso concreto, el proveído que se cuestiona es el proferido por
el Tribunal Administrativo del Tolima el 12 de mayo de 2022, mediante el cual
revocó la decisión de primer grado en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por el señor Jhon Jairo Palacio Betancour
contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, razón por
la cual contra la providencia controvertida no procede ningún recurso ordinario y
los cargos alegados no se encuadran en las causales de procedencia de los
recursos extraordinarios de revisión ni de unificación de jurisprudencia.
Superadas dichas exigencias, la Sala abordará el fondo de la solicitud, sin perjuicio
de resaltar el carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin garantizar la
intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, y la
protección de derechos de terceros.
2.5. Generalidades del defecto sustantivo
La Corte Constitucional7, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta
cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de
aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los
postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”8.
Puntualmente, el defecto sustantivo lo configuran los siguientes supuestos:
6 “c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.”
7
Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio
Palacio.
8
Corte Constitucional, Sentencias SU.159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa, T-043 del 27 de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de
marzo de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del
24
de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1º de febrero de 2010, M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre
otras.
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a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente9 o porque ha sido derogada10, es inexistente11,
inexequible12 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el
Legislador13.
b) No se hace una interpretación razonable de la norma14.
c) La disposición aplicada es regresiva15 o contraria a la Constitución16.
d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos
en la disposición17.
e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma18 .
f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó
o justificó de manera insuficiente su actuación.
2.6. Caso concreto
2.6.1. La parte actora considera que el Tribunal Administrativo del Tolima vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la
administración de justicia, de defensa y contradicción, así como los principios a la
seguridad jurídica, a la publicidad y a la legalidad, al incurrir en un defecto
sustantivo en el fallo de 12 de mayo de 2022.
Lo anterior, por cuanto la autoridad reprochada desconoció que la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional debía acceder a reliquidar y
ajustar el subsidio familiar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, porque contrajo matrimonio el 31 de mayo de 2014, esto
es, en vigencia de la referida norma, comoquiera que esta cobró efectos legales
9
Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3 de marzo de 2005. M.P. Manuel José cepeda
Espinosa.
10
Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4 de marzo de 2004. M.P. Clara Inés Vargas
Hernández.
11
Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araújo
Rentería.
12
Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
13
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
14
Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30 de enero de 2009. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa y T-1101 del 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
15
Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
16
Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
17
Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
18
Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26 de agosto de 2004. M.P. Clara Inés Vargas.
9
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nuevamente a partir de la sentencia del 8 de junio de 2017 del Consejo de Estado,
que declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009 con efectos ex tunc.
Con el fin de reforzar su argumento, precisó que en sentencia de 7 de abril de
2022, el magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil resolvió la acción de tutela
identificada con el radicado N° 11001-03-15-000-2021-07051-01, a través de la
cual se dirimió un asunto idéntico al de la referencia, en el sentido de amparar los
derechos fundamentales de la parte accionante.
2.6.2. En este punto del debate, se precisa que la judicatura censurada:
(i) Señaló que, con el Decreto 1974 de 14 de septiembre de 2000 se estableció el
régimen salarial y prestacional de los soldados profesionales de las Fuerzas
Militares y, en relación con el subsidio familiar dispuso:
“Artículo 11. Subsidio familiar. A partir de la vigencia del presente Decreto, el
soldado profesional de las Fuerzas Militares casado o con unión marital de hecho
vigente, tendrá derecho al reconocimiento mensual de un subsidio familiar
equivalente al cuatro por ciento (4%) de su salario básico mensual más la prima de
antigüedad.
Para los efectos previstos en este artículo, el soldado profesional deberá reportar el
cambio de estado civil a partir de su inicio al Comando de la Fuerza de conformidad
con la reglamentación vigente.”
(ii) Puntualizó que la referida norma fue derogada con la expedición del Decreto
3770 de 30 de septiembre de 2009,19 en el cual se estipuló:
“Artículo 1°. Derógase el artículo 11 del decreto 1794 de 2000,
Parágrafo primero. Los Soldados profesionales e Infantes de Marina Profesionales
de las Fuerzas Militares que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto
estén percibiendo el subsidio familiar previsto en el derogado artículo 11 del Decreto
1794 de 2000, continuarán devengándolo hasta su retiro del servicio,
Parágrafo segundo. Aclárase que el valor del subsidio familiar a que se refiere el
artículo 11 del decreto 1794 de 2000 es el resultado de aplicar la siguiente fórmula:
4% Salario Básico Mensual + 100% Prima de Antigüedad Mensual, Artículo 2°. El
presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el artículo 11
del. Decreto 179 de 2000, (…)”
19 “Artículo 1°. Derógase el artículo 11 del decreto 1794 de 2000,
Parágrafo primero. Los Soldados profesionales e Infantes de Marina Profesionales de las Fuerzas
Militares que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto estén percibiendo el subsidio
familiar previsto en el derogado artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, continuarán devengándolo
hasta su retiro del servicio,
Parágrafo segundo. Aclárase que el valor del subsidio familiar a que se refiere el artículo 11 del
decreto 1794 de 2000 es el resultado de aplicar la siguiente fórmula: 4% Salario Básico Mensual
+ 100% Prima de Antigüedad Mensual, Artículo 2°. El presente Decreto rige a partir de la fecha de
su publicación y deroga el artículo 11 del. Decreto 179 de 2000, (…)”
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(iii) Agregó que con el Decreto 1161 de 24 de junio de 2014, “por el cual se crea el
subsidio familiar para soldados profesionales e infantes de marina profesionales y se
dictan otras disposiciones”, en relación con el beneficio pretendido por el actor, se
determinó lo siguiente:
“Artículo 1º. Subsidio Familiar para soldados profesionales e infantes de
marina profesionales. Créase, a partir del 1° de julio del 2014, para los soldados
profesionales e infantes de marina profesionales de las Fuerzas Militares en servicio
activo, que no perciben el subsidio familiar regulado en los decretos 1794 de 2000
y 3770 de 2009, un subsidio familiar que se liquidará y reconocerá mensualmente
sobre su asignación básica, así:
a. Para los soldados profesionales e infantes de marina profesionales casados o
con unión marital de hecho vigente, tendrán derecho a percibir por subsidio familiar
el veinte por ciento (20%) de la asignación básica por la cónyuge o compañera
permanente, más los porcentajes a que se pueda tener derecho por los hijos
conforme al literal c. de este artículo.
b. Para los soldados profesionales e infantes de marina profesionales viudos
siempre y cuando hayan quedado a cargo de los hijos habidos dentro del matrimonio
o dentro de la unión marital de hecho, tendrán derecho a percibir por subsidio
familiar el veinte por ciento (20%) de la asignación básica más los porcentajes a que
se pueda tener derecho por los hijos conforme al literal c. del presente artículo.
c. Para los soldados profesionales e infantes de marina profesionales con hijos,
tendrán derecho a percibir subsidio familiar por este concepto calculado sobre su
asignación básica así: Por el primer hijo el tres por ciento (3%), por el segundo hijo
el dos por ciento (2%) y el uno por ciento (1%) por el tercer hijo. En ningún caso el
soldado profesional o el infante de marina profesional por este concepto podrá
percibir más del seis por ciento (6%) de su asignación básica.
Parágrafo 1. El subsidio familiar previsto en el presente artículo en ningún caso
podrá sobrepasar el veintiséis por ciento (26%) de la asignación básica de los
soldados profesionales e infantes de marina profesionales.
Parágrafo 2. Para los efectos previstos en este artículo los soldados profesionales
e infantes de marina profesionales de las Fuerzas Militares a partir del 01 de Julio
de 2014, podrán elevar al Comando de Fuerza la solicitud de reconocimiento del
subsidio familiar previsto en el presente decreto, y el reconocimiento tendrá efectos
fiscales a partir de la fecha de presentación de la solicitud de que trata el presente
parágrafo, siempre y cuando cumplan con los requisitos para su reconocimiento y
pago.
Parágrafo 3. Los soldados profesionales e infantes de marina profesionales de las
Fuerzas Militares que estén percibiendo el subsidio familiar previsto en los decretos
1794 de 2000 y 3770 de 2009, no tendrán derecho a percibir el subsidio familiar que
se crea en el presente decreto.
(iv) Aseguró que el Decreto 3770 de 2009 fue declarado nulo con la sentencia de
8 de junio de 2017 de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, con efectos ex tunc.
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(v) Adujo que, debido a que la pretensión del demandante consistía en que le fuera
reliquidado el subsidio de acuerdo con lo señalado en la norma ejusdem, porque
a su juicio era la que le regulaba su situación jurídica, era necesario que, para la
consolidación del referido derecho, además de que se efectuara el matrimonio o
la unión marital de hecho, tenía que cumplir el requisito sine qua non de informar
al comando el cambio del estado civil o, elevar una reclamación de la prestación
como lo indica el parágrafo 2° del artículo1° del Decreto 1161 de 2014.20
(vi) En ese sentido, resaltó que, aun cuando el tutelante contrajo nupcias en
vigencia del Decreto 1794 de 2000, lo cierto es que no informó sobre su cambio
de estado civil y, solo hasta la solicitud de reconocimiento de los servicios de salud
para su esposa, esto es, el 11 de septiembre de 2014, cumplió con los requisitos
legales para acceder a tal beneficio, no obstante, esto sucedió en vigencia del
Decreto 1161 de 2014, norma a partir de la cual la entidad demandada concedió
el pago del subsidio.
(vii) Respecto al principio de favorabilidad en materia laboral, refirió que no es
procedente el reajuste del subsidio familiar por cuanto, en el momento en que se
consolidó el derecho del actor, es decir, el 11 de septiembre de 2014, la única
norma vigente era el Decreto 1161 de 2014 que entró a regir el 24 de junio de la
misma anualidad.
(viii) Reforzó que, si bien se declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009 con la
sentencia del Consejo de Estado de 8 de junio de 2017, lo que trajo como
consecuencia el retorno a la vida jurídica del Decreto 1794 de 2000, también es
cierto que ello tenía incidencia en las situaciones jurídicas no consolidadas desde
el momento de su promulgación hasta cuando fue subrogado por el Decreto 1161
de 2014, sin embargo, el demandante afianzó su derecho con la mencionada
comunicación de 11 de septiembre de 2014.
(ix) Finalmente, advirtió que tampoco era posible acceder a lo pretendido, habida
cuenta que no es posible percibir el subsidio familiar bajo los parámetros del
20
“Artículo 1º. Subsidio Familiar para soldados profesionales e infantes de marina profesionales.
Créase, a partir del 1° de julio del 2014, para los soldados profesionales e infantes de marina
profesionales de las Fuerzas Militares en servicio activo, que no perciben el subsidio familiar
regulado en los decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009, un subsidio familiar que se liquidará y
reconocerá mensualmente sobre su asignación básica, así: a. Para los soldados profesionales e
infantes de marina profesionales casados o con unión marital de hecho vigente, tendrán derecho
a percibir por subsidio familiar el veinte por ciento (20%) de la asignación básica por la cónyuge o
compañera permanente, más los porcentajes a que se pueda tener derecho por los hijos conforme
al literal c. de este artículo. (…) Parágrafo 2. Para los efectos previstos en este artículo los
soldados profesionales e infantes de marina profesionales de las Fuerzas Militares a partir del 01
de Julio de 2014, podrán elevar al Comando de Fuerza la solicitud de reconocimiento del subsidio
familiar previsto en el presente decreto, y el reconocimiento tendrá efectos fiscales a partir de la
fecha de presentación de la solicitud de que trata el presente parágrafo, siempre y cuando cumplan
con los requisitos para su reconocimiento y pago.”
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Decreto 1794 de 2000, teniendo en cuenta que tal beneficio le fue reconocido con
fundamento en el Decreto 1161 de 2014.
2.6.3. Al analizar lo decantado por el Tribunal Administrativo del Tolima, esta
Colegiatura advierte la configuración del defecto sustantivo planteado por el
extremo activo.
En consonancia con el antecedente de esta Sala, de 7 de abril de 2022, sentencia
dictada dentro de la acción de tutela N°. 11001-03-15-000-2021-07051-01,21 se
señala que la autoridad censurada omitió lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto
1794 de 2000, comoquiera que para el momento en que resolvió la segunda
instancia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (12 de
mayo de 2022) ya se había declarado la nulidad del Decreto 3770 de 2009, en
consecuencia, el Decreto 1794 de 2000 nuevamente hacía parte del ordenamiento
jurídico y, en ese orden, el día del matrimonio del señor Jhon Jairo Palacio
Betancour (31 de mayo de 2014) coincide con la vigencia de esta última norma.
Que el accionante no hubiese reportado su nuevo estado civil antes del 24 de junio
de 2014, cuando entró a regir el Decreto 1161 de 2014, requisito de orden formal
contenido en el inciso 2° del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, deviene
llanamente de la inexistencia en la vida jurídica de tal norma, razón suficiente para
que durante el término de su derogatoria no fuera posible exigir su cumplimiento.
Ahora, si bien es cierto que el actor no solicitó el reajuste de su prestación de
conformidad con lo estipulado en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, ello
obedece a que, solo hasta el momento en que quedó ejecutoriada la sentencia de
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado de 8 de junio de
2017, se daba por hecho la nulidad del Decreto 3770 de 2009, supuesto a partir
del cual el tutelante contaba con la certeza de que debía presentar su petición,
máxime porque el requisito principal, de orden sustancial, consistente en la
variación de su estado civil, ocurrió el 31 de mayo de 2014 cuando contrajo
nupcias.
En efecto, no puede pasarse por alto que en el artículo 11 del Decreto 1794 de
2000, la exigencia principal, a partir de la cual se puede reclamar el derecho al
subsidio familiar, radica en que se constituya una sociedad conyugal o una
sociedad patrimonial en el caso de las uniones maritales de hecho, presupuesto
sin el cual no es posible en ningún momento ni bajo ninguna normativa acceder al
reconocimiento del beneficio comentado.
La información o el reporte del cambio en el estado civil es la formalidad requerida
para conseguir la materialización del derecho, lo cual no le resta virtualidad al
21
Tesis de la Sección Quinta. Ver Sentencia de 27 de octubre de 2021, expediente 11001-03-15-
000-2021-04441-01
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hecho de que el accionante satisfizo el requisito sustancial y que, al encontrase
derogado el Decreto 1794 de 2000, no le era exigible su acatamiento.
Finalmente, el argumento del tribunal reprochado, concerniente a que no era
posible reconocer el beneficio al tutelante a partir de lo estipulado en el Decreto
1794 de 2000, por cuanto ya lo percibía con base en el Decreto 1161 de 2014, es
necesario resaltar que no le asiste razón, comoquiera que lo pretendido no es que
se paguen dos subsidios en virtud de cada norma, sino que se reajuste al valor
señalado en el decreto del año 2000 por ser más beneficioso.
En ese sentido, en el antecedente de la Sala de 7 de abril de 2022, se concluyó:
“Para finalizar es importante resaltar que no se le puede exigir al actor que declarara
ante las autoridades militares su unión marital de hecho tan pronto esta fue
conformada, sobre la base de considerar que para la fecha en que esta se reconoció
(2011) no existía el subsidio familiar, por la derogación expresa que realizó el
Decreto 1794 de 2000. Por ende, para ese momento era innecesario que el actor
declarara su vínculo familiar. De ese modo, para la Sala es razonable que esta
situación se pusiera de presente solo hasta el año 2014, fecha en la que se creó
nuevamente el subsidio familiar para soldados profesionales por el Decreto 1161 de
2014. En consecuencia, el fallo censurado mediante esta tutela incurrió en el defecto
sustantivo propuesto, porque realizó una indebida interpretación de la norma cuya
reviviscencia fue declarada por la Sección Segunda de esta Corporación. Lo anterior
al exigir una solicitud de reconocimiento en el periodo en el que esta disposición no
estaba produciendo efectos jurídicos.
En suma, el defecto sustancial invocado por la parte accionante se configura desde
dos puntos de vista; por un lado, por cuanto para la resolución del caso, la autoridad
judicial accionada empleó normas que no tenían cabida, dado que su análisis se
circunscribió a referir que la persona ya recibía la prestación en virtud del Decreto
1161 de 24 de junio de 2014 sin estudiar que su unión marital de hecho estaba
vigente desde el 3 de junio de 2011 y fue declarada ante la autoridades militares el
14 de mayo de 2014. Por otro lado, como consecuencia de la anterior situación,
omitió aplicar las normas que efectivamente eran las llamadas a resolver el conflicto,
en consonancia con lo resuelto por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en el fallo pluricitado”.
De conformidad con lo referido, esta Sala de Decisión manifiesta que concederá
el amparo predicado, habida cuenta que encontró configurado el defecto
sustantivo planteado por la parte accionante, en la sentencia de 12 de mayo de
2022 dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima.
2.7. Conclusión
Con base en lo expuesto, se ampararán los derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad del señor Jhon Jairo Palacio Betancour, en consecuencia,
se dejará sin efectos la sentencia de 12 de mayo de 2022 dictada por el Tribunal
Administrativo del Tolima, para que, dentro de los 20 días siguientes a la
notificación de esta providencia, profiera una sentencia de reemplazo dentro del
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado N°. 73001-33-
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Demandante: Jhon Jairo Palacio Betancour
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03285-00
33- 004- 2019-00458-00/01, en la que acate los argumentos señalados en la parte
considerativa de este proveído.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad del señor Jhon Jairo Palacio Betancour. En consecuencia, DEJAR SIN
EFECTOS la sentencia de 12 de mayo de 2022 dictada por el Tribunal
Administrativo del Tolima, para que, dentro de los 20 días siguientes a la
notificación de esta providencia, profiera una sentencia de reemplazo dentro del
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado N°. 73001-33-
33- 004- 2019-00458-00/01, en la cual atienda los argumentos expuestos en la
parte considerativa de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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