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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04249-01

Fecha
3 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio
Citada por
9 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04249-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confírmase la sentencia del 26 de agosto de 2022, proferida por Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, pero por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-04249-01

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

3 de noviembre de 2022

Demandante: José Alex Betancour Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04249-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04249-01
Demandante: JOSÉ ALEX BETANCOUR RODRÍGUEZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial – Defecto sustantivo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte demandante
contra el fallo proferido por la Subsección B de la Sección Segunda de esta
corporación que decidió:

“PRIMERO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales del señor José
Alex Betancour Rodríguez, en la acción de tutela presentada contra el Tribunal
Administrativo de Nariño y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Mocoa, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

(…)”

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

El señor José Alex Betancour Rodríguez, a través de apoderado judicial, ejerció
acción de tutela1 con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad jurídica, garantías
que estimó vulneradas con ocasión de las sentencias proferidas por el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Mocoa y por el Tribunal Administrativo de
Nariño, por medio de las cuales se negaron las pretensiones de la demanda

1 La acción de tutela se presentó a través de la ventanilla virtual con solicitud número 4357 del 4 de

agosto de 2022.
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: José Alex Betancour Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04249-01

interpuesta por el señor Betancour Rodríguez contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional.

Estas decisiones se presentaron en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, con radicado número
86001333100120200006200/01.

En consecuencia, el demandante solicitó:

«1. Se declare que le Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
y el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MOCOA,
han vulnerados los derechos fundamentales aquí invocados al señor JOSÉ
ALEZ BETANCOUR RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía
93.090.000 de Guamo. con la expedición de las respectivas providencias
judiciales, esto es, las sentencias de primera instancia y de segunda
respectivamente.

2. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, le ruego
encarecidamente al Honorable Despacho, que procede a dejar, parcialmente
(únicamente lo relacionado con el subsidio de familia) sin efectos, la sentencia
de segunda instancia de fecha (8) de junio de dos mil veintidós (2022)
proferida por el Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
teniendo como Magistrada Pinente: Beatriz Isabel Melodelgado Pabón,
dentro del proceso de radicación 8600133310012020-00062 (11251).

3. Así mismo, le ruego al Honorable Despacho que ordene al Honorable
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO proferir nueva sentencia en la
cual se ordene declare la nulidad y se ordene el restablecimiento del derecho
con relación al tema de subsidio de familia.

4. Así mismo, le ruego al Honorable Despacho que ordene al Honorable
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO que en la nueva sentencia se
abstenga de aplicar la prescripción del derecho, como quiera que “existía un
impedimento legal que no permitía exigir el reconocimiento” y “el derecho a
devengarlos surgió a partir de los efecto ex tunc de la sentencia que declaró la
nulidad” del decreto 3770 de 2009. Esto con la finalidad de evitar otro posible
yerro del Honorable Tribunal y que el demandante se vea en la penosa labor
de interponer una nueva acción de tutela.» (Sic para toda la cita).

La solicitud tuvo como fundamento los siguientes:

2. Hechos

Adujo que, mediante Escritura Pública núm. 652 del 29 de mayo de 2015 de la
Notaría Única del Círculo de Puerto Asís, declaró que tiene una unión marital de
hecho con la señora Tomasa Rivera Quiñones desde el 8 de agosto de 2009.

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Sostuvo que el 30 de septiembre de 2015, a través de la orden administrativa de
personal 2054, se le reconoció el subsidio familiar en cuantía del 25% con base en
lo señalado en el Decreto 1161 de 2014.

Indicó que presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional con el fin de que se declarara la nulidad del acto mediante el cual
se negó el reajuste salarial y prestacional equivalente al 20% y el reconocimiento y
pago de la prima de actividad y del subsidio de familia.

Señaló que el proceso le correspondió al Juzgado Primero Administrativo del
Circuito Judicial de Mocoa, con radicado 86001333100120200006200, autoridad
judicial que, con fallo del 29 de septiembre de 2021, negó las pretensiones
presentadas.

Añadió que, en atención a lo anterior, interpuso el correspondiente recurso de
apelación, el cual fue tramitado por el Tribunal Administrativo de Nariño, cuerpo
colegiado que, a través de la providencia del 8 de junio de 2022, confirmó la
decisión recurrida.

El Tribunal Administrativo de Nariño consideró que el acto administrativo mediante
el cual se negó el reajuste de la partida del subsidio familiar tiene sustento en el
Decreto 1161 de 2014 puesto que los requisitos para acceder a este se
acreditaron en el 2015, conforme se evidenció con el contenido de la solicitud de
reconocimiento del auxilio mencionado y la ordena administrativa de personal que
datan de la misma anualidad.

Explicó que la diferencia de trato que alegó el demandante respecto de la
aplicación del Decreto 1794 de 2000 y del Decreto 1161 de 2014 no resulta
desproporcionada ni inconstitucional, porque se adecúa al fin para el cual fue
creado el subsidio, el cual busca otorgar mayores posibilidades económicas a los
trabajadores con salarios menores cuando se demuestra que tienen a su cargo a
su núcleo familiar.

3. Sustento de la petición

A juicio de la parte actora las sentencias dictadas por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Mocoa y el Tribunal Administrativo de Nariño
vulneraron sus derechos fundamentales porque incurrieron en un defecto
sustantivo ya que desconocieron el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.

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Expuso que para que un soldado profesional pueda tener derecho al
reconocimiento mensual de un subsidio familiar equivalente al 4% de su salario
básico mensual, más la prima de antigüedad, deberá tener acreditado las
condiciones de casado o tener una unión marital de hecho vigente.

Aclaró que esta situación fue debidamente acreditada en el proceso dentro del
ámbito temporal de la norma, esto es a partir de la vigencia del Decreto 1794 de
2000.

Sostuvo que la norma exige que, a partir del 1.° de enero de 2001 y hasta el 23 de
junio de 2014 el soldado profesional tuviera una unión marital de hecho vigente y
no exige que entre las mismas fechas esta circunstancia estuviera declarada.

Indicó que el supuesto fáctico constitutivo de una situación jurídica se debe
demostrar a partir del momento en que la misma nace a la vida jurídica, entonces,
en el caso de las uniones maritales de hecho, lo que se debe acreditar es cuándo
inició la convivencia y no es necesario un requisito solemne para demostrar la
existencia o valides del hecho, como en el caso del matrimonio que solo existe con
la celebración del contrato.

Añadió que siendo esto así, si la declaración de la unión marital de hecho se llevó
a cabo en el 2015, no por ello significa que la unión no tuviera validez antes de su
manifestación ante un notario, cuando es precisamente lo contrario, la declaración
demuestra la existencia de la situación, pero esta tiene efectos retroactivos, tal y
como lo señala el derecho de familia.

Expuso que el tribunal demandado incurrió en una imprecisión porque
circunscribió el análisis a que ya recibía la prestación en virtud del Decreto 1161
del 24 de junio de 2014 sin realizar una confrontación con el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000 y, en consecuencia, la decisión se dictó teniendo como
fundamento una norma que no es aplicable por no ser pertinente.

4. Actuación procesal en primera instancia

Mediante auto del 8 de agosto de 2022, la magistrada ponente de la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado admitió la solicitud de amparo y
ordenó notificar esa decisión al Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Mocoa y al Tribunal Administrativo de Nariño, como parte demandada.

Además, vinculó a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional
como terceros con interés, ya que actuó como extremo pasivo en el proceso
ordinario dentro del cual se dictaron las providencias atacadas a través de la
acción de tutela de la referencia.

4

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5. Contestaciones e intervenciones

5.1. Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Mocoa

Remitió el expediente del proceso ordinario.

5.2. Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional

La coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional rindió el informe solicitado
en los siguientes términos:

Manifestó que la decisión adoptada por las autoridades judiciales demandadas
debía mantenerse ya que el trámite judicial fue adecuado y no se le vulneró ningún
derecho fundamental al actor.

Explicó que la demanda evidencia una clara contraposición de la autonomía
constitucional propia de los jueces, bajo el argumento que ya fueron objeto de
pronunciamiento por los jueces del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho en aplicación de las directrices del Consejo de Estado en sentencia de
unificación.

5.3. Tribunal Administrativo de Nariño

Pese a haber sido debidamente notificado, guardó silencio2.

6. Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 26 de agosto de 2022, negó la acción de tutela con base en el
siguiente análisis:

Después de precisar algunas actuaciones al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho delimitó la controversia expuesta por el actor y
señaló que, a juicio del señor Betancour Rodríguez, las providencias atacadas
incurrieron en un defecto sustantivo por indebida interpretación del artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, en el sentido de que con la entrada en vigencia de la
norma se exige que la unión marital de hecho esté vigente y no declarada.

Consideró que, contrario a lo afirmado por el demandante, el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000 exige que el cambio de estado civil sea reportado a partir

2 Las notificaciones pueden revisarse en el índice 8 del siguiente vínculo electrónico:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=11001031500
0202204249001100103
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de su inicio al comando de la fuerza correspondiente.

Expuso que el tribunal demandado fue claro en indicar que el derecho a percibir el
subsidio de familia del señor Betancour Rodríguez se rige bajo las disposiciones
del artículo 1.° del Decreto 1161 de 2014 pues el reconocimiento no depende solo
de la fecha de vinculación al servicio, sino que el interesado debe tener la
condición de casado o con unión marital de hecho vigente y que haya sido
reportado al comando de la fuerza respectiva. Si bien, se acreditaron los dos
primeros requisitos, el último solo se cumplió en el año 2015 cuando ya se
encontraba vigente el referido decreto.

Añadió que, de acuerdo con la realidad fáctica establecida en el expediente, la
autoridad judicial demandada consideró que, en materia de reconocimiento y pago
del subsidio familiar, al señor Betancour Rodríguez le eran aplicables las
disposiciones del artículo 1.° del Decreto 1161 de 2014, en atención a la fecha de
vinculación al servicio activo de la institución y al momento en el que acreditó su
condición de casado o con unión marital de hecho vigente.

Aclaró que, la decisión del Tribunal Administrativo de Nariño no se fundamentó
únicamente en el hecho de que al actor se le había reconocido el subsidio familiar
a la luz del Decreto 1161 de 2014, sino en no poner en conocimiento del comando
de la fuerza, en la debida oportunidad, el cambio de estado civil.

Concluyó que contrario a lo argumentado por el actor, las providencias atacadas
efectuaron un estudio del caso en consideración a la normatividad y la
jurisprudencia aplicable al asunto, las cuales coinciden con las alegadas como
desconocidas y cuyo estudio arrojó que, de conformidad con la fecha en que
acreditó la condición de unión marital vigente, le eran aplicables las disposiciones
del Decreto 1161 de 2014, lo cual obedece a la autonomía e independencia de los
jueces.

7. Impugnación

Por escrito radicado oportunamente3, la parte demandante impugnó el proveído de
primera instancia en los siguientes términos:

Señaló que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño
argumentó que no poner en conocimiento del comando de la fuerza en la debida
oportunidad el cambio de estado civil es suficiente para que no sea beneficiario del
subsidio de familia.

3 El recurso fue interpuesto el 3 de octubre de 2022 y la sentencia de primera instancia fue
notificada el 28 de septiembre del mismo año.
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Sostuvo que ese fundamento es ajeno a la realidad jurídica que se invoca porque
el 30 de septiembre de 2009, fecha en la cual se publicó el Decreto 3770, y hasta
el 23 de junio de 2014, momento en el cual empezó a regir el Decreto 1161 de
2014, no existía la obligación de reportar el cambio de estado civil a partir de su
inicio al comando pues el inciso segundo del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000,
durante ese periodo, estuvo derogado.

Explicó que ese subsidio revivió jurídicamente cuando el Consejo de Estado
declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009 con la providencia del 8 de junio de
2017, entonces, solo hasta el año 2017 existió la obligación legal para el soldado
profesional de reportar el cambio de estado civil, a partir de su inicio, al comando
de la fuerza, de conformidad con la reglamentación vigente.

Insistió en que, si bien no reportó el cambio de estado civil desde el inicio al
comando, está no era una obligación entre el 30 de septiembre de 2009 y el 2017.

Precisó que esta postura la adoptó la Sección Quinta del Consejo de Estado en
las sentencias del 7 de abril de 2022 en el expediente
11001031500020210705101 con ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas
Gil y del 28 de julio de 2022 en el proceso 11001031500020220328500 con
ponencia del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra.

Añadió que la sentencia de primera instancia constitucional no tuvo en cuenta el
postulado general del derecho que “a lo imposible, nadie está obligado” al exigirle
reportar el cambio de estado civil a partir de su inicio pese a que no estaba
obligado a hacerlo.

Aclaró que tampoco era posible solicitar el reconocimiento del subsidio de familia
antes del 23 de junio de 2014, pues dicha prestación social no existía en el
ordenamiento jurídico para esa fecha, ya que fue con la entrada en vigencia del
Decreto 1161 de 2014 que se crea la posibilidad de solicitar el emolumento.

Reiteró que resulta irrazonable reprocharle al demandante la omisión de reportar
el cambio si para él no tenía ningún beneficio jurídico dicha información, ya que el
subsidio para esa fecha no existía.

Indicó que la decisión del a quo desconoce el principio de la primacía de la
realidad sobre las formas, el cual debe primar en la interpretación de las normas
para su aplicación. El requisito sustancial para acceder al subsidio de familia es
que el soldado sea casado en con unión marital de hecho vigente y el requisito
formal es reportar su cambio de estado civil.

Concluyó que las sentencias dictadas por el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito Judicial de Mocoa y el Tribunal Administrativo de Nariño incurrieron en un
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defecto sustantivo que se estructura en que sí se cumplieron los requisitos
establecidos en el Decreto 1794 de 2000 dentro del aspecto temporal del mismo y
en que obligarlo al cumplimiento de un requisito formal que no le era exigible al
encontrarse derogada la norma que lo contenía.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia, de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591
de 1991, Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y con el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problema jurídico

Corresponde en este caso determinar si, de conformidad con los argumentos
planteados en el escrito de impugnación, hay lugar a confirmar, modificar o
revocar el fallo de primera instancia proferido por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado que negó la acción de tutela interpuesta por el
señor José Alex Betancour Rodríguez.

Para ello, deberá analizarse si las autoridades judiciales demandadas incurrieron
en el defecto sustantivo alegado al proferir las sentencias del 29 de septiembre de
2021 y 8 de junio de 2022 por medio de las cuales se negaron las pretensiones de
la demanda interpuesta en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial;
ii) caso concreto.

3. Cuestiones previas

Antes de desarrollar los aspectos que darán respuesta al problema jurídico
planteado, para la Sala es importante precisar que el análisis del defecto alegado
por la parte demandante se enfocará en la providencia del 8 de junio de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño que es la que puso fin al proceso
contencioso administrativo iniciado por el señor Betancur Rodríguez contra la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional.

Además de lo anterior, es necesario señalar que la demanda presentada en
ejercicio de la acción de tutela solo ataca la decisión mencionada en lo
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relacionado con el subsidio familiar y sobre ese único aspecto se pronunciará el
presente fallo.

4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20124, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 5, y en ella
concluyó:

«…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción
de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración
de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal
criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.»6 (Negrilla fuera de texto)

Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a
él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra
providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la
jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas
características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia7 a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir

4 Sala Plena del Consejo de Estado. Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -

Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. M.P. María Elizabeth García González.
5
El recuento de esos criterios se encuentra de páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
6
Ibídem.
7
Entre otras en las T-949 del 16 de octubre de 2003, T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.
9

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cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.

En ese orden, la solicitud de tutela debe cumplir unos presupuestos generales de
procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho
que se dice vulnerado; iii) inmediatez y iv) relevancia constitucional.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
“tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

5. Caso concreto

La parte demandante consideró que sus derechos fundamentales se vulneraron
con las decisiones 29 de septiembre de 2021 y 8 de junio de 2022 por medio de
las cuales el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Mocoa y el
Tribunal Administrativo de Nariño negaron las pretensiones de la demanda
interpuesta en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional.

Las autoridades judiciales mencionadas, resolvieron la demanda interpuesta en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que
buscaba que se le reconociera el reajuste salarial y prestacional equivalente a un
20% y reconocimiento y pago de la prima de actividad y del subsidio familiar y
concluyeron que, en lo referente al subsidio familiar, el señor Betancour Rodríguez
se le reconoció el 25% que señala el artículo 1 del Decreto 1161 de 2014 porque
adquirió el derecho al cumplir los requisitos legales, de acuerdo con lo dispuesto
en la OAP 2054 del 30 de septiembre de 2015, al acreditar una unión marital de
hecho y dos hijos.

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De manera específica, la parte actora invocó un defecto sustantivo por indebida
aplicación del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 en el sentido de señalar que
en vigencia de esa norma la unión marital de hecho, como condición para el
reconocimiento y pago del subsidio familiar, debe ser vigente más no declarada.

La Sección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, como juez de
primera instancia, negó la acción de tutela porque consideró que, para el
reconocimiento y pago del subsidio familiar, para el caso del señor Betancour
Rodríguez, debía aplicársele lo dispuesto en el artículo 1.° del Decreto 1161 de
2014 en atención a la fecha en la que se vinculó al servicio activo de la institución
y a que acreditó la constitución de una unión marital de hecho en vigencia de la
referida norma.

Inconforme con la decisión, la parte demandante impugnó, escrito en el que reiteró
los argumentos expuestos en la demanda.

5.1. Generalidades del defecto sustantivo

La Corte Constitucional8 ha explicado que el defecto sustantivo se presenta
cuando «…la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o
deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que
contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica»9.

Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:

i. El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente10 o porque ha sido derogada11, es inexistente12,
inexequible13 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el
Legislador14.

8 Corte Constitucional, Sentencia SU 195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio

Palacio.
9 Corte Constitucional, Sentencias SU 159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Espinosa, T-

043 del 27 de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de marzo de 2005,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra, T-686 del 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24 de julio de 2008,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1º de febrero de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras
10 Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3 de marzo de 2005. M.P. Manuel José cepeda

Espinosa
11 Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4 de marzo de 2004. M.P. Clara Inés Vargas

Hernández
12 Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araujo

Rentería
13 Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
14 Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Cepeda

Espinosa
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04249-01

ii. No se hace una interpretación razonable de la norma15.

iii. La disposición aplicada es regresiva16 o contraria a la Constitución17.
iv. El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no
previstos en la disposición18.

v. La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma19 .

Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o
justificó de manera insuficiente su actuación.

5.2. Fondo del asunto

La providencia atacada al referirse al reconocimiento y pago del subsidio familiar
consideró:

“(…)

En relación con este asunto, es necesario aclarar que el demandante se
desempeña al servicio de la entidad demandada, prestó su servicio militar
obligatorio desde el 11 de octubre de 2002 hasta el 13 de agosto de 2004.
Posteriormente adelantó un proceso para ingresar como soldado profesional,
y como tal se vinculó el 20 de febrero de 2005, con novedad a partir del 1 de
marzo de 2005. Actualmente es orgánico del Batallón de Artillería No. 27 “GR
LUIS ERNESTO ORDOÑEZ CAS” (Fs. 31 archivo digital 23).

(…)

Por último, se encuentra acreditado que el subsidio familiar se viene
reconociendo al actor en el veinticinco por ciento (25%) que señala el artículo
1 del Decreto 1161 de 2014 (F. 32 archivo digital No. 23), porque adquirió el
derecho toda vez que cumplió los requisitos legales, lo que se reconoció
mediante orden administrativa de personal OAP 2054 del 30 de septiembre
de 2015, toda vez que acreditó que existe un matrimonio y dos (2) hijos, de lo
cual se extrae que, en efecto, y conforme la prueba que hace parte del
proceso, el actor cumplió los requisitos que lo hacen acreedor del subsidio
familiar, en vigencia del Decreto 1161 de 2014, por lo cual, inicialmente, el
acto administrativo demandado goza de respaldo legal en su expedición.

15 Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30 de enero de 2009. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa y T-1101 del 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil
16 Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño
17 Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda

Espinosa
18 Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
19 Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26 de agosto de 2004. M.P. Clara Inés Vargas

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Ahora, como el actor pretende que se inaplique, por vía de excepción de
inconstitucionalidad, el Decreto 1161 de 2014 y que, en su lugar se aplique el
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, es preciso advertir que, si bien con el
Decreto 1794 de 2000 los soldados profesionales tenían derecho a que
mensualmente se les reconozca un subsidio familiar equivalente al cuatro por
ciento (4%) de su salario básico mensual, con la expedición del Decreto 1161
de 2014 se creó el subsidio familiar para los soldados profesionales, lo que
implica que el acto administrativo demandado, con el cual se negó reajustar la
partida denominada subsidio familiar tiene su sustento en esta norma, toda
vez que el derecho solo se acreditó en 2015, conforme se evidencia con el
contenido de la solicitud de reconocimiento de subsidio familiar y la orden
administrativa de personal que data de esa anualidad.

Por ese motivo, es indudable que el acto administrativo demandado se emitió
conforme a la normatividad jurídica, pues la diferencia de trato que se alega
por el demandante, que refiere contenida en el artículo 1 del Decreto 1794 de
2000 no resulta desproporcionada ni inconstitucional, porque se adecua al fin
para el cual el subsidio fue creado, el cual es otorgar mejores posibilidades
económicas a los trabajadores con salarios menores, cuando se demuestra
que tienen a su cargo un núcleo familiar.

(…).” (Negrillas fuera de texto).

De lo expuesto, es claro para la Sala que el Tribunal Administrativo de Nariño
consideró que la norma aplicable para el caso del señor Betancour Rodríguez,
relacionado con el subsidio familiar, era el Decreto 1161 de 2014 toda vez que fue
esta disposición la que creó ese emolumento para los soldados profesionales y la
vigente al momento en que se acreditó la existencia de una unión marital de
hecho.

En el caso en concreto se encontró probado que:

a. El demandante prestó su servicio militar obligatorio desde el 11 de octubre de
2002 hasta el 13 de agosto de 2004 y que, posteriormente, se vinculó como
soldado profesional el 20 de febrero de 2005, con novedad a partir del 1 de marzo
de 2005.

b. Mediante Escritura Pública número 652 del 29 de mayo de 2015, de la Notaría
Única del Círculo de Puerto Asís, se constituyó la unión marital de hecho entre el
señor Betancour Rodríguez y la señora Tomas Stephanny Rivera Quiñones desde
el 8 de agosto de 2009.

c. A través del documento OAP 2054 del 30 de septiembre de 2015 se le
reconoció al demandante el subsidio familiar.

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d. Con solicitud con radicado interno número 20183133649893 del 26 de junio de
2018, el demandante solicitó el reconocimiento del subsidio familiar de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, ante la Sección
Jurídica del Comando de Personal del Ejército Nacional, petición que fue negada
mediante Oficio número MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1-
10 del 19 de octubre de 2018.

Para la Sala es del caso realizar un recuento normativo para entender la situación
jurídica del subsidio familiar para los soldados profesionales.

A través del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 el gobierno nacional creó un
subsidio familiar para los soldados profesionales de las fuerzas militares casados
o con uniones maritales de hecho vigentes. Esta situación debía reportarse a partir
de su inicio ante el comando de la fuerza, de conformidad con la reglamentación
vigente.

Posteriormente, se dicta el Decreto 3770 de 2009, “por el cual se deroga el
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000”, norma que empezó a regir a partir de su
publicación, es decir, desde el 30 de septiembre de 2009.

Contra esta norma se interpuso una demanda en ejercicio del medio de control de
simple nulidad y mediante sentencia del 8 de junio de 2017 la Sección Segunda
del Consejo de Estado resolvió declarar, con efectos ex tunc, la nulidad total del
Decreto 3770 de 2009.

En la providencia mencionada se consideró:

“En conclusión, la medida incorporada al ordenamiento jurídico mediante el
Decreto 3770 de 2009, que suprime el reconocimiento al derecho prestacional
del subsidio familiar a los soldados profesionales al revocar el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, se constituye en regresiva y por tanto carente de
legalidad, al no solamente contravenir los principios y normas en los que
debería fundarse, sino también porque no es compatible con el contenido
esencial de los derechos a la protección y seguridad social, al trabajo, y a la
seguridad jurídica, toda vez que su objeto no se encuentra dirigido a
promover el bienestar general de los soldados profesionales como integrantes
de la fuerza pública en una sociedad democrática.

Además del análisis efectuado fundado en el juicio de razonabilidad de la
medida regresiva cuestionada, esta Subsección considera que con base en la
cláusula del Estado Social de Derecho, resulta imperativo favorecer en su
decisión la vigencia de la norma de derecho social de mayor alcance,
acogiéndose a la regla hermenéutica que rige en materia de derechos
sociales, in dubio pro justitia socialis, e interpretar las normas a favor de los
soldados profesionales, por cuanto que al serle aplicadas con este sentido
consiguen o tienden a alcanzar el “bienestar”, esto es, las condiciones de vida

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mediante las cuales es posible a la persona humana desarrollarse conforme a
su excelsa dignidad.”

Posteriormente, con ocasión de las solicitudes de adición y aclaración formuladas
por el Departamento Administrativo de la Función Pública y los Ministerios de
Defensa Nacional y de Hacienda y Crédito Público, frente a la citada sentencia de
8 de junio de 2017, se profirió la providencia de 8 de septiembre de 2017, en la
cual se precisó:

“De acuerdo con lo dicho, la declaratoria de nulidad con efectos ex tunc del
Decreto 3770 de 2009 revivió las disposiciones normativas contenidas en el
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, restituyendo sus efectos con el fin de
evitar la existencia de vacíos normativos y, por ende, la inseguridad jurídica
generada por la ausencia de regulación particular y específica respecto de
situaciones jurídicas no consolidadas desde el momento de su promulgación
hasta cuando fue subrogado por el Decreto 1161 de 2014, que permanece en
vigor desde su entrada en vigencia hasta nuestros días, por cuanto que no ha
sido expulsado del ordenamiento jurídico por ninguna de las vías legalmente
establecidas.”

El 24 de junio de 2014 se profiere el Decreto 1161 de 2014 “Por el cual se crea el
subsidio familiar para soldados profesionales e infantes de marina profesionales y
se dictan otras disposiciones”. En esta norma se indicó que, a partir del 1.° de julio
de 2014, se creó un subsidio familiar para aquellos que no percibían el subsidio
familiar regulado en los Decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009.

De acuerdo con todo lo expuesto, la Sala considera que en el caso en estudio no
se incurrió en el defecto sustantivo alegado porque sí era posible exigirle al señor
Betancour Rodríguez que, para ser beneficiario del subsidio familiar consagrado
en el Decreto 1794 de 2000, hubiese reportado la existencia de su unión marital
de hecho tan pronto esta fue conformada, puesto que, para el 8 de agosto de 2009
fecha a partir de la cual se conformó, esa norma estaba vigente. Lo anterior, toda
vez que el Decreto 3770 de 2009 solo se expidió hasta el 30 de septiembre de ese
año.

Es pertinente recordar que el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 establecía que,
para ser acreedor del subsidio familiar, era necesario que el soldado profesional
reportara el cambio de estado civil a partir de su inicio ante el comando de la
fuerza correspondiente y, en consecuencia, para ser beneficiario de dicho
emolumento el señor Betancour Rodríguez debió solicitar la declaratoria de la
unión marital de hecho e informar su nueva situación ante las autoridades
militares.

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Es del caso precisar que esta Sección en sentencias del 27 de octubre de 202120,
del 7 de abril de 202221 y del 28 de julio de 202222 consideró que, las autoridades
judiciales demandadas en esos procesos, sí habían incurrido en un defecto
sustantivo al no haber valorado la situación administrativa de los demandantes, ya
que se verificó que para el momento en el cual se habían dictado las providencia
atacadas no se había tenido en cuenta que con la declaratoria de nulidad del
Decreto 3770 de 2009, el Decreto 1794 de 2000 nuevamente hacía parte del
ordenamiento jurídico.

Sin embargo, el caso objeto de análisis en esta oportunidad tiene un elemento
diferencial y es que para el momento en que se consolidó la unión marital de
hecho del señor Betancour Rodríguez, esto es, el 8 de agosto de 2009, el subsidio
familiar consagrado en el Decreto 1794 de 2000 se encontraba vigente y este no
realizó los trámites necesarios para su declaratoria sino hasta el 29 de mayo de
2015.

En consecuencia, como la constitución de la unión marital de hecho solo se
presentó el 29 de mayo de 2015, mediante la Escritura Pública número 652 de la
Notaría Única del Círculo de Puerto Asís, esto es, en vigencia del Decreto 1161 de
2014, con el acto administrativo OAP 2054 del 30 de septiembre de 2015 se
reconoció el subsidio familiar en favor del demandante bajo la norma vigente una
vez se manifestó ante un notario la constitución de una nueva situación en el
estado civil del señor Betancour Rodríguez.

Si bien el demandante afirma que debía contarse desde el momento en que
decidieron iniciar una comunidad de vida de forma singular y permanente, es
decir, a partir del 8 de agosto de 2009, este argumento no es de recibo porque
para ser beneficiario del subsidio familiar regido por el Decreto 1794 de 2000
debió haber sido declarado entre el año 2011 y antes del 24 de junio de 2014,
fecha en la cual entró en vigencia el Decreto 1161, después de esta fecha el
auxilio económico se rige por la norma en vigor, es decir, el Decreto 1161 de 2014.

Por todo lo anterior, la Sala confirmará la sentencia proferida por la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, pero por las razones expuestas en
esta providencia.

20 Expediente número 11001-03-15-000-2021-04441-01, con ponencia del magistrado Carlos
Enrique Moreno Rubio, postura que fue reiterada en la sentencia dictada dentro del expediente
número 11001-03-15-000-2020-03102-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
21 Sentencia dictada dentro de la acción de tutela número 11001-03-15-000-2021-07051-01 con

ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil.
22 Expediente número 11001031500020220328500, con ponencia del magistrado Luis Alberto

Álvarez Parra.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Confírmase la sentencia del 26 de agosto de 2022, proferida por
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, pero por las razones
expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión y envíese copia de esta al Despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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