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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02841-00

Fecha
4 de julio de 2024
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02841-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso del señor Esson Yermain Ramos Pérez y, como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 7 de febrero de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá. SEGUNDO: ORDENAR que dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta providencia, la autoridad judicial accionada profiera una sentencia de reemplazo dentro del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado 18001-33-33-005-2020-00020-01, en la cual atienda los argumentos expuestos en la parte considerativa del presente fallo. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-02841-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

4 de julio de 2024

Demandante: Esson Yermain Ramos Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02841-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., cuatro (4) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02841-00
Demandante: ESSON YERMAIN RAMOS PÉREZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ

Temas: Tutela contra providencia judicial – Subsidio familiar de soldados
profesionales – Ampara

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala, en primera instancia, la acción de tutela presentada por el señor Esson
Yermain Ramos Pérez contra el Tribunal Administrativo del Caquetá de conformidad
con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El 31 de mayo de 20241, el señor Esson Yermain Ramos Pérez, actuando a través de
apoderada judicial, ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Caquetá en la que pretende el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad,
a la tutela judicial efectiva y al debido proceso.

El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de la sentencia del 7 de febrero de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo
del Caquetá que revocó la providencia del 28 de marzo de 2022 proferida por el
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Florencia en la que se había
accedido parcialmente a las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, ejercido por el actor contra el Ministerio de Defensa
Nacional, Ejército Nacional, identificado con el radicado 18001-33-33-005-2020-
00020-00/01.

1
La solicitud de amparo constitucional fue radicada en el buzón web del aplicativo de Tutelas y Habeas
Corpus de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Esson Yermain Ramos Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02841-00

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…]

2. Que como consecuencia de la tutela de los derechos fundamentales invocados se
declare la NULIDAD de la sentencia en mención, en cuanto negó el reconocimiento y
reajuste del subsidio familiar en la cuantía establecida en el artículo 11 del decreto 1794
del 2000.

3. Que una vez ordenada la Nulidad se ordene al Tribunal Contencioso
Administrativo Del Caquetá, proferir nueva sentencia dentro del expediente No.
18001-33-33-005-2020-00020-01 y en su lugar proceda a preferir fallo aplicando los
efectos ex tunc de la sentencia que declaro la nulidad del decreto 3770 de 2009,
concediendo el derecho al Subsidio familiar como lo establece el decreto 1794 de
20002.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a juicio
de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

El señor Esson Yermain Ramos Pérez ingresó a las Fuerzas Militares de Colombia en
el año 2002, como soldado profesional y el 14 de agosto de 2009 contrajo matrimonio
civil con la señora Ana Patricia Chaves Triana, con la cual tiene dos hijos.

De acuerdo con el Decreto 1161 de 2014, le fue reconocido por concepto de subsidio
familiar un equivalente al 25% de su salario básico.

El 14 de diciembre de 2018, presentó solicitud de reliquidación del subsidio familiar,
toda vez que consideró que debía aplicarse lo establecido en el artículo 11 del Decreto
1794 de 20003. Frente a dicha petición, la entidad guardó silencio.

En atención a ello, el señor Ramos Pérez instauró demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio de Defensa
Nacional, Ejército Nacional, con el fin de que: (i) se declarara la nulidad del acto
administrativo ficto o presunto, producto del silencio administrativo negativo generado
por la petición del 14 de diciembre de 2018 y del Oficio 20183172528281 MDN-
COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1.10 del 27 de diciembre de 2018, y

2
Transcripción literal que puede contener errores.
3
«Articulo 11. Subsidio familiar. A partir de la vigencia del presente Decreto, el soldado profesional de
las Fuerzas Militares casado o con unión marital de hecho vigente, tendrá derecho al reconocimiento
mensual de un subsidio familiar equivalente al cuatro por ciento (4%) de su salario básico mensual más
la prima de antigüedad.
Para los efectos previstos en este artículo, el soldado profesional deberá reportar el cambio de estado
civil a partir de su inicio al Comando de la Fuerza de conformidad con la reglamentación vigente».

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Demandante: Esson Yermain Ramos Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02841-00

(ii) se ordenara a la demandada a reconocimiento y pago del 20% que resultaba de la
diferencia entre el SMLMV incrementado en un 40% y el que debía incrementarse en
un 60% y, en consecuencia, se condenara al pago del aumento del 20% en todos los
factores salariales que se calculaban a partir del salario básico, y el subsidio familiar
en los términos del Decreto 1794 de 2000, a partir del 1 de julio de 2002, fecha en la
cual el demandante ingresó a las fuerzas militares.

En primera instancia, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de
Florencia en fallo del 28 de marzo de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones,
en el sentido de:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto ficto o presunto, configurado por el silencio
administrativo derivado del derecho de petición elevada el 14 de diciembre de 2018.

SEGUNDO: ORDENAR a título de restablecimiento del derecho a la NACIÓN -
MINISTERIO DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, reconocer y pagar al señor ESSON
YERMAIN RAMOS PÉREZ, el subsidio familiar conforme a lo dispuesto en el artículo
11 del Decreto 1794 de 2000, esto es, en el equivalente al 4% de su salario básico
mensual más el 100% de la prima de antigüedad, a partir del 14 de diciembre de 2015
hasta la fecha de retiro del servicio, pudiendo descontar de ese valor, las sumas
canceladas por ese concepto.

Así mismo, deberá reajustar y pagar las diferencias que se generen en las prestaciones
sociales que se calculan con el subsidio familiar, desde el 14 de diciembre de 2015 en
adelante.

Las diferencias generadas deberán indexarse con la formula indicada en la parte
considerativa de esta providencia.

Y se faculta a la entidad accionada para que efectué de manera indexada los
descuentos por concepto de aportes a la seguridad social integral y demás a que haya
lugar.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de conformidad con los expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

En segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Caquetá en sentencia del 7 de
febrero de 2024, revocó la decisión del a quo, para en su lugar, negar las súplicas de
la demanda, tras considerar que:

Así, resulta evidente que no es suficiente el hecho de contraer matrimonio o la
declaración de la unión marital de hecho para acceder al subsidio familiar establecido
en el Decreto 1794 de 2000, sino que la aplicación de dicha normatividad para casos
cuyo requisito se consolidó antes de proferirse el Decreto 3770 de 2009, está dada por
la solicitud misma de reconocimiento del subsidio familiar, en la que se advierta sobre
el cambio del estado civil, tal y como lo dispone expresamente el artículo 11 del primero
de los decretos mencionados.

[…]

3

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Así, aunque no se desconoce que existe abundante jurisprudencia del Consejo de
Estado y de esta Sala en la cual se ha precisado que el fallador debe tener en cuenta
la declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de 2009, el presente caso, como el citado
en precedencia, tiene como factor diferencial que el cambio del estado civil del
demandante por haber contraído nupcias (14 de agosto de 2009) ocurrió antes de la
expedición del Decreto 3770 (30 de septiembre de 2009), por lo cual, debía poner en
conocimiento tal situación a partir de su inicio ante el comando de la fuerza, sin
embargo, no existe prueba de ello, aun cuando era su deber acreditar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persigue, por lo cual,
resulta improcedente acceder a las pretensiones en tal sentido, como
desacertadamente lo hizo la decisión de primera instancia.

Dicha providencia fue notificada personalmente el 27 de febrero de 2024.

1.4. Fundamentos de la vulneración

El señor Esson Yermain Ramos Pérez adujo que el Tribunal Administrativo del
Caquetá incurrió en defecto sustantivo por indebida interpretación del artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, que establece que los soldados profesionales de las Fuerzas
Militares casados o con unión marital de hecho vigente, tendrá derecho al
reconocimiento mensual de un subsidio familiar equivalente al 4% de su salario básico
mensual más la prima de antigüedad.

Al respecto, manifestó que el artículo no establece un tiempo determinado para
reportar el cambio de estado civil. Además, expuso que la expedición del Decreto 3770
de 2009, que derogó el subsidio familiar para los soldados no era un hecho previsible
que le exigiera premura en informar la novedad de su matrimonio,

Explicó que ni el Decreto 1794 de 2000 ni el 1161 de 2014, determinan término alguno
perentorio, frente al cual el peticionario pueda perder el derecho al reconocimiento y
pago de la prestación por la falta de informar el cambio.

Asimismo, argumentó que el cambio en su estado civil se dio antes de la entrada en
vigencia del Decreto 1161 del 2014 «[…] y al haber sido declarada la nulidad del decreto
3770 del 2009, cuando recobro vigencia el artículo 11 del decreto 1794 del 2000, es por ello
que le asiste el derecho a la reliquidación de la partida de subsidio familiar porque el
reconocimiento del mismo, se hizo en vigencia del del decreto 1161 del 2014, puesto que el
derecho objetivo del reconocimiento se dio cuando, cambio su estado civil, pues la
reviviscencia del artículo 11 del decreto 1794 del 2000 de acuerdo a lo señalado en la
sentencia de declaratoria de nulidad del 8 de junio del 2017 se da en el momento en que
cambio su estado civil es decir cuando se casó».

En consecuencia, reiteró que la interpretación realizada por el Tribunal Administrativo
del Caquetá resultó errada en cuanto a la aplicación del artículo 11 del Decreto 1769
de 2000, ya que no realizó un análisis integral y armónico de la norma aplicable al
caso, pues no resultaba razonable exigir el reporte del cambio del estado civil tan
pronto se causó el derecho, toda vez que la normativa no exige un tiempo determinado

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para reportarlo, de tal forma que tal exigencia impone una barrera mayor a la
establecida por el legislador y de este modo resulta desproporcional.

1.5. Trámite de la acción de tutela

El 11 de junio de 2024, la magistrada ponente admitió la acción de tutela y ordenó
notificar a la parte demandante4 y, como parte demandada, al Tribunal Administrativo
del Caquetá5.

Asimismo, dispuso la vinculación, como tercero con interés jurídico en el resultado del
proceso, del Ministerio de Defensa Nacional6, Ejército Nacional7, del Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito Judicial de Florencia8 y de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado9.

Igualmente, se reconoció la personería para actuar a la abogada Elizabeth Moreno
Angarita en calidad de apoderada judicial del señor Ramos Pérez10.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Tribunal Administrativo del Caquetá

En documento allegado el 17 de junio del presente año, la magistrada ponente de la
decisión enjuiciada sostuvo que el mecanismo constitucional resultaba improcedente,
porque el actor pretendía revivir el debate procesal que se agotó dentro del medio de
control.

Luego de repasar el fundamento de la sentencia del 7 de febrero de 2024, reiteró que
el demandante no demostró que hubiere informado oportunamente a la institución
militar sobre el cambio de su estado civil, por lo que no le resultaban aplicables las
disposiciones del Decreto 1794 de 2000 para la liquidación del subsidio familiar, en

4
Índice 7 de Samai. La notificación fue realizada en los siguientes buzones web:
elizamoreno@yahoo.com y subsidiofamiliar@gmail.com.
5
Índice 7 de Samai. La notificación fue remitida a: stradfl@cendoj.ramajudicial.gov.co.
6
Índice 7 de Samai. La notificación fue remitida a: notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co.
7
Índice 7 de Samai. La notificación fue remitida a: ceoju@buzonejercito.mil.co.
8
Índice 7 de Samai. La notificación fue remitida a: j05admflc@cendoj.ramajudicial.gov.co.
9
Índice 7 de Samai. La notificación fue realizada en el siguiente buzón web:
notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co.
10
El poder especial fue conferido a través de mensaje de datos enviado por el señor Esson Yermain
Ramos Pérez desde su correo electrónico essonramosds@gmail.com y al buzón web de la abogada
Elizabeth Moreno Angarita elizamoreno@yahoo.com.

5

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tanto el soldado profesional contrajo nupcias antes de la expedición del Decreto 3770
de 2009, esto es, en vigencia del Decreto 1794 de 2000.

Expuso que la acción de tutela no podía ser utilizada para reabrir debates propios de
las instancias ordinarias de los procesos judiciales, comoquiera que el actor se limitó
a repetir los argumentos con base en los cuales pretendió obtener el acceso a las
pretensiones invocadas en su demanda y que fueron descartados por la Corporación
en segunda instancia.

Respecto al defecto sustantivo propuesto por el accionante, señaló que: «[…]el caso
sub examine se resolvió en estricto cumplimiento de las normas que regulan la materia y de la
jurisprudencia emitida por el Consejo de Estado, por lo que no es posible afirmar que el asunto
haya sido resuelto con arbitrariedad ni mucho menos de forma grosera o burda respecto del
ordenamiento jurídico vigente que regula los asuntos atinentes al subsidio familiar de los
soldados profesionales».

Por lo tanto, solicitó que se negara el amparo solicitado, al no configurarse el defecto
alegado y que, a su juicio, todo se basaba en una discrepancia del actor con la
interpretación realizada por el tribunal.

1.6.2. Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

Por medio de memorial remitido el 20 de junio de 2024, la apoderada judicial de la
entidad, después de realizar un recuento de los argumentos contenidos en la sentencia
del tribunal, solicitó que se negaran las pretensiones de la acción tutelar, al no
configurarse ningún defecto, pues la decisión enjuiciada se encontraba conforme con
las normas y jurisprudencia vigente.

Pese a que el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Florencia y
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado fueron notificados en debida
forma, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer del mecanismo constitucional
presentado por el señor Esson Yermain Ramos Pérez de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo
1. º del Decreto 333 de 2021, por cuanto esta se dirige contra el Tribunal Administrativo
del Caquetá.

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2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
acción de tutela contra providencia judicial?

De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo del Caquetá vulneró los derechos fundamentales del
señor Esson Yermain Ramos Pérez con ocasión de la sentencia del 7 de febrero
de 2024, al incurrir en un defecto sustantivo por indebida interpretación del
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, que reconoce el derecho al subsidio
familiar de los soldados profesionales?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) generalidades del
defecto alegado, y (iv) el estudio del caso concreto.

2.3. Razones jurídicas de la decisión

2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201211
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema12 y declaró su procedencia13.

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se
dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice
el fondo del asunto.

11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. María Elizabeth García
González, Sentencia 31.07.12, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
12
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
13
Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».

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Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de
los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la
que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido
de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.3.2. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.3.2.1. Relevancia constitucional

Para el caso en concreto, la Sala advierte que la parte accionante considera
vulnerados sus derechos fundamentales porque la autoridad judicial accionada incurrió
en el defecto sustantivo por indebida interpretación del artículo 11 del Decreto 1794 de
2000.

Planteado así el debate, la Sala encuentra que el cargo es relevante desde el punto
de vista constitucional. Esto, en la medida en que, para la parte actora se le negó la
posibilidad de que se reconociera el subsidio familiar al que aduce tener derecho en
los términos del Decreto 1794 de 2000. Es preciso indicar que la acreencia aludida se
encuentra encaminada a proteger a la familia como núcleo fundamental de la sociedad
en los términos del artículo 42 de la Constitución Política. En ese sentido, vio
transgredidos los derechos fundamentales sobre los que invocó protección.

Además, es pertinente indicar que esta Sala de Decisión en anteriores oportunidades14
ha considerado que el debate aquí planteado supera el requisito general de
procedibilidad de relevancia constitucional. Esto, por cuanto se trata de un asunto
complejo en el que se involucra el desconocimiento del Decreto 1794 de 2000 que
cobró efectos legales nuevamente a partir de la sentencia del 8 junio de 2017 en la
que el Consejo de Estado15 declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009 con efectos
ex tunc.

14
En sentido similar, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, Sentencia 02.07.22. Rad. 11001-03-15-000-2022-01132-01; Sentencia
24.11.22. Rad. 11001-03-15-000-2022-05672-00; M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 07.09.23, Rad.
11001-03-15-000-2023-03939-00, y M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Sentencia 13.06.24, Rad. 11001-
03-15-000-2024-02566-00.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, M.P.
César Palomino Cortés, Sentencia 08.07.17, Rad. 11001-03-25-000-2010-00065-00.

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En consecuencia, esta Sección no percibe este mecanismo de amparo como un medio
dirigido a reabrir el debate jurídico frente a la calificación efectuada por la autoridad
judicial accionada de los hechos y las pretensiones que dieron lugar al ejercicio del
medio de control contencioso por parte del demandante.

Bajo esta línea argumentativa, la Sala encuentra que el asunto sí reviste de relevancia
constitucional, pues se advierte que los reparos contra la providencia bajo
cuestionamiento pretenden poner de presente las irregularidades en que
presuntamente incurrió la autoridad judicial accionada que además comprometen una
serie de garantías de orden superior. Esto, más allá del debate legal surtido en las
instancias del caso, por lo que es la evidente tensión entre los derechos fundamentales
invocados y la decisión judicial que controvierte.

2.3.2.2. Tutela contra tutela

La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la misma
naturaleza, pues, la providencia judicial demandada fue proferida en el medio de
control.

2.3.2.3. Subsidiariedad

En consideración a la subsidiariedad, por tratarse de la sentencia del 7 de febrero de
2024, que fue dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, es
evidente el agotamiento de los recursos ordinarios.

Así mismo, no proceden los recursos extraordinarios de revisión y de unificación de
jurisprudencia, comoquiera que las inconformidades señaladas por la parte actora no
se adecúan a las causales establecidas en los artículos 250 y 257 de la Ley 1437 de
2011.

2.3.2.4. Inmediatez

En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, no se advierte ningún
reproche, toda vez que la parte actora considera vulnerados sus derechos
fundamentales con ocasión de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Caquetá el 7 de febrero de 2024, la cual fue notificada el 27 de febrero de 2024. Por
su parte, la acción de tutela se ejerció el 31 de mayo de 2024, lo que para la Sala es
un término razonable para el uso del mecanismo de amparo constitucional.

Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201416, en la que
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los

16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05.08.14., M.P. Jorge
Octavio Ramírez, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01.

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Demandante: Esson Yermain Ramos Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá
Radicado: 11001-03-15-000-2024-02841-00

criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y
reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el amparo de
los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de providencias
judiciales.

2.3.3. Generalidad del defecto sustantivo

La Corte Constitucional, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta cuando
«[…] la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la
que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos
de la razonabilidad jurídica».

Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:

a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al
caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente,
inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.

b) No se hace una interpretación razonable de la norma.

c) La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.

d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no
previstos en la disposición.

e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma.

f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial
sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.

Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un
defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga argumentativa.

2.4. Caso concreto

El señor Esson Yermain Ramos Pérez alegó la vulneración de sus derechos
fundamentales a la igualdad, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, con
ocasión de la sentencia del 7 de febrero de 2024, que revocó la decisión del Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Florencia que, en providencia del 28 de
marzo de 2022, accedió a las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho.

10

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02841-00

El actor adujo que se configuró un defecto sustantivo, dada la indebida interpretación
del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, que establece que los soldados profesionales
de las Fuerzas Militares casados o con unión marital de hecho vigente, tendrá derecho
al reconocimiento mensual de un subsidio familiar equivalente al 4% de su salario
básico mensual más la prima de antigüedad.

A su juicio, la norma no dispone un término exacto para reportar el cambio de estado
civil, teniendo en cuenta que su matrimonio tuvo lugar el 14 de agosto de 2009.

Previo a estudiar el cargo en cuestión, la Sala considera pertinente realizar el siguiente
recuento normativo, para efectos de entender la situación jurídica en la que se
encuentran los soldados profesionales que pretenden el reconocimiento y pago del
subsidio familiar aludido.

El Gobierno Nacional en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 creó un subsidio
familiar para los soldados profesionales de las Fuerzas Militares casados o con
uniones maritales de hecho vigentes. Esta situación debía reportarse a partir de su
inicio ante el comando de la fuerza, de conformidad con la reglamentación vigente.

Posterior a ello, se dictó el Decreto 3770 de 2009, «por el cual se deroga el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000», es decir, dejó sin efectos el reconocimiento del subsidio familiar
a favor de los soldados profesionales. Esta norma empezó a regir a partir del 30 de
septiembre de 2009, sin embargo, en contra de aquella, se interpuso una demanda en
ejercicio del medio de control de simple nulidad que fue resuelta por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B en sentencia del 8 de junio de 201717, en la
que declaró con efectos ex tunc, la nulidad total del Decreto 3770 de 2009.

Es importante anotar que entre la interposición de la demanda contra el Decreto 3770
de 2009 y la sentencia del 2017 de esta Corporación, el Gobierno Nacional expidió el
Decreto 1161 de 2014, mediante el cual creó nuevamente un subsidio familiar para los
soldados profesionales, pero en una cuantía inferior al del Decreto 1794 de 200018.

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, M.P.
César Palomino Cortés, Sentencia 08.07.17, Rad. 11001-03-25-000-2010-00065-00. Como fundamento
de su decisión, indicó que la medida incorporada al ordenamiento jurídico mediante el Decreto 3770 de
2009 que suprime el reconocimiento al derecho prestacional del subsidio familiar a los soldados
profesionales al revocar el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, se constituye en regresiva y por tanto
carente de legalidad, al no solamente contravenir los principios y normas en los que se debería fundar,
sino también porque no es compatible con el contenido esencial de los hechos a la protección y
seguridad social, al trabajo y a la seguridad jurídica.
18
«Por el cual se crea el subsidio familiar para soldados profesionales e infantes de marina profesionales y se
dictan otras disposiciones.
Artículo 1.- Subsidio Familiar para soldados profesionales e infantes de marina profesionales. Créase, a partir
del 1° de julio del 2014, para los soldados profesionales e infantes de marina profesionales de las Fuerzas Militares
en servicio activo, que no perciben el subsidio familiar regulado en los decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009, un
subsidio familiar que se liquidará y reconocerá mensualmente sobre su asignación básica, así:
a. Para los soldados profesionales e infantes de marina profesionales casados o con unión marital de hecho vigente,
tendrán derecho a percibir por subsidio familiar el veinte por ciento (20%) de la asignación básica por la cónyuge o
compañera permanente, más los porcentajes a que se pueda tener derecho por los hijos conforme al literal c. de
este artículo […]».

11

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A modo de ilustración, se expone cronológicamente la situación jurídica antes
mencionada:

14 de septiembre 30 de septiembre 24 de junio de 8 de junio de
Fecha
de 2000 de 2009 2014 2017
Decreto 1161 de Sentencia del
2014 – crea Consejo de
Decreto 1794 de Decreto 3770 de nuevamente el Estado, Sección
2000 – crea el 2009 – derogó el subsidio familiar Segunda,
Suceso subsidio familiar subsidio familiar para los soldados Subsección B que
para soldados para los soldados profesionales, pero declaró la nulidad
profesionales. profesionales. en cuantía inferior del Decreto 3770
al del Decreto 1794 de 2009 con
de 2000. efectos ex tunc.

Ahora bien, arrimando al caso concreto, la Sala observa que el Tribunal Administrativo
del Caquetá, tuvo como fundamento para revocar el fallo del 28 de marzo de 2022 lo
siguiente:

En primer lugar, explicó que por antonomasia el registro civil de matrimonio es la
prueba de la unión entre dos personas, partiendo éste como el requisito para acceder
al subsidio familiar contenido en el Decreto 1794 de 2000.

No obstante, puso de presente que no se podía desconocer la información contenida
en el reporte ejecutivo de extracto de hoja de vida del actor, el cual daba cuenta que
el señor Ramos Pérez en algún momento puso en conocimiento del Ejército Nacional
la existencia de la sociedad conyugal que tiene con la señora Ana Patricia Chaves
Triana por matrimonio civil de fecha 14 de agosto de 2009, pues excluir tal elemento
implicaba dar prevalencia a las formas sobre el derecho sustancial.

Mencionó que si bien, en un principio podía pensarse que al actor sí le resultaban
aplicables las disposiciones del Decreto 1794 de 2000, por ser esa la normativa que
se encontraba vigente para el momento en que contrajo matrimonio; en ese término él
debía reportar el cambio de su estado civil, situación que no resultó probada al interior
del plenario.

Así las cosas, adujo que, si el demandante pretendía ser beneficiario del subsidio
familiar, debía haber reportado la existencia de la sociedad conyugal tan pronto fue
conformada, pues «[…] se desconoce si en efecto lo hizo antes de la promulgación del
Decreto 3770 (30 de septiembre de 2009), circunstancia que debía demostrarse
fehacientemente». Dicha postura la sustentó con tres sentencias del Consejo de Estado
en casos con situaciones fácticas y jurídicas similares19.

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Carlos Enrique
Moreno Rubio, Sentencia 03.11.22, Rad. 11001-03-15-000-2022-04249-01; Sección Segunda,
Subsección A, M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, Sentencia 03.09.20, Rad. 1001-03-15-000-2020-
03464-00; Sección Tercera, Subsección B, M.P. Martín Bermúdez Muñoz, Sentencia 13.10.20.

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Por otro lado, la Sala precisa que al estudiar la demanda de nulidad simple propuesta
contra el Decreto 3770 de 2009, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B en el fallo del 8 de junio de 201720, resolvió:

DECLARAR con efectos ex tunc la nulidad total del Decreto 3770 de 2009 por el cual
se deroga el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y se dictan otras disposiciones
expedido por el Gobierno Nacional.

Para arribar a dicha conclusión, sostuvo que:

[…] La medida incorporada al ordenamiento jurídico mediante el Decreto 3770 de
2009, que suprime el reconocimiento al derecho prestacional del subsidio familiar a
los soldados profesionales al revocar el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, se
constituye en regresiva y por tanto carente de legalidad, al no solamente contravenir
los principios y normas en los que debería fundarse, sino también porque no es
compatible con el contenido esencial de los derechos a la protección y seguridad
social, al trabajo, y a la seguridad jurídica, toda vez que su objeto no se encuentra
dirigido a promover el bienestar general de los soldados profesionales como
integrantes de la fuerza pública en una sociedad democrática.

Además del análisis efectuado fundado en el juicio de razonabilidad de la medida
regresiva cuestionada, esta Subsección considera que con base en la cláusula del
Estado Social de Derecho, resulta imperativo favorecer en su decisión la vigencia de
la norma de derecho social de mayor alcance, acogiéndose a la regla hermenéutica
que rige en materia de derechos sociales, in dubio pro justitia socialis, e interpretar
las normas a favor de los soldados profesionales, por cuanto que al serle aplicadas
con este sentido consiguen o tienden a alcanzar el “bienestar”, esto es, las
condiciones de vida mediante las cuales es posible a la persona humana desarrollarse
conforme a su excelsa dignidad.

Posteriormente, con ocasión de las solicitudes de adición y aclaración formuladas por
el Departamento Administrativo de la Función Pública; el Ministerio de Defensa
Nacional y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, frente a la citada sentencia del
8 de junio de 2017, se profirió la providencia del 8 de septiembre de 2017 en la cual se
precisó:

De acuerdo con lo dicho, la declaratoria de nulidad con efectos ex tunc del Decreto
3770 de 2009 revivió las disposiciones normativas contenidas en el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, restituyendo sus efectos con el fin de evitar la existencia de
vacíos normativos y, por ende, la inseguridad jurídica generada por la ausencia de
regulación particular y especifica respecto de situaciones jurídicas no consolidadas
desde el momento de su promulgación hasta cuando fue subrogado por el Decreto
1161 de 2014, que permanece en vigor desde su entrada en vigencia hasta nuestros
días, por cuanto que no ha sido expulsado del ordenamiento jurídico por ninguna de
las vías legalmente establecidas.

Atendiendo al análisis esbozado, la Sala considera que sí se configuró el defecto
sustantivo, por desconocimiento de los efectos ex tunc con los que se declaró la

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, M.P.
César Palomino Cortés, Sentencia 08.07.17, Rad. 11001-03-25-000-2010-00065-00.

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nulidad del Decreto 3770 de 2009, dado que al accionante le asiste el derecho a que
se le reconozca el subsidio familiar del que goza, de acuerdo con el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, por lo que pasa a explicarse.

En el caso concreto se encontró acreditado que, el 14 de agosto de 2009 el señor
Ramos Pérez y la señora Chaves Triana contrajeron matrimonio civil, tal como consta
en el reporte ejecutivo extracto de hoja de vida del señor Esson Yermain Ramos Pérez,
aportado por la parte demandada en el proceso ordinario, como se evidencia:

Pese a que no se tiene prueba de la fecha en la que el accionante informó el cambio
en su estado civil, lo cierto es que sí lo hizo y prueba de ello es la hoja de vida que
reposa adentro de la institución militar que contiene ese hecho significativo. Así, al
haber contraído nupcias antes de la derogatoria del Decreto 1794 de 2000, el actor era
acreedor de la prestación a partir del 14 de agosto de 2014.

Aunado a ello, el hecho de que el Decreto 1794 de 2000 hubiera salido de la vida
jurídica por el 3770 de 2009, apenas unos días después de contraer el matrimonio,
hizo que el requisito de orden formal desapareciera, razón suficiente para que durante
el término de su derogatoria no fuera posible exigir su cumplimiento.

A modo de ilustración, se expone cronológicamente la situación fáctica y jurídica antes
mencionada:

14

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14 de 30 de
14 de agosto 24 de junio de 8 de junio
Fecha septiembre de septiembre de
de 2009 2014 de 2017
2000 2009
Sentencia
de la
Decreto 1161
Sección
de 2014 – crea
Segunda
Matrimonio civil Decreto 3770 nuevamente el
Decreto 1794 del
entre el señor de 2009 – subsidio
de 2000 – crea Consejo de
Esson Yermain derogó el familiar para
el subsidio Estado que
Suceso Ramos Pérez y subsidio familiar los soldados
familiar para declaró la
la señora Ana para los profesionales,
soldados nulidad del
Patricia Chaves soldados pero en cuantía
profesionales Decreto
Triana. profesionales. inferior al del
3770 de
Decreto 1794
2009 con
de 2000
efectos ex
tunc.

En efecto, no puede pasarse por alto que en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000,
la exigencia principal, a partir de la cual se puede reclamar el derecho al subsidio
familiar, radica en que se constituya una sociedad conyugal o una sociedad patrimonial
en el caso de las uniones maritales de hecho, presupuesto sin el cual no es posible en
ningún momento ni bajo ninguna normativa acceder al reconocimiento del beneficio
comentado.

La información o el reporte del cambio en el estado civil es la formalidad requerida
para conseguir la materialización del derecho, lo cual no le resta virtualidad al hecho
de que el accionante satisfizo el requisito sustancial y que, al encontrase derogado el
Decreto 1794 de 2000, no le era exigible su acatamiento y que solo con posterioridad
a la nulidad declarada por el Consejo de Estado, el accionante contaba nuevamente
con los elementos para hacer efectivo su derecho.

Al respecto, el antecedente de la Sala del 13 de junio de 202421 explicó que:

[…] el cumplimiento de los requisitos, la Sala destaca que el presupuesto sustancial se
cumplió cuando aún estaba vigente el Decreto 1794 de 2000, donde cabe resaltar que
esta Sección no advierte que la norma exija una comunicación inmediata a la entidad,
como lo quiso hacer ver el tribunal accionado, dado que el artículo 11 ídem solo
establece el momento “a partir” de cuándo es exigible el derecho y no un plazo
perentorio para la comunicación del cumplimiento de las condiciones, cuyo último
presupuesto, se reitera, es una estipulación de carácter formal que no tiene la facultad
de hacer nugatorio la posibilidad de acceso a una garantía concedida legalmente, como
ya lo ha expuesto esta Sala en los casos ya relacionados.

En consecuencia, el fallo censurado mediante esta tutela incurrió en el defecto
sustantivo propuesto porque realizó una indebida interpretación de la norma cuya
reviviscencia fue declarada por la Sección Segunda, Subsección B de esta

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Luis Alberto Álvarez
Parra, Sentencia 13.07.24, Rad. 11001-03-15-000-2024-02566-00.

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Corporación. Lo anterior, al exigir una solicitud de reconocimiento de manera
inmediata, que pocos días después ya no tenía efectos jurídicos.

Asimismo, se observa un exceso de rigorismo por parte del Tribunal Administrativo del
Caquetá, por el hecho de exigirle al señor Ramos Pérez la prueba del día en que
notificó el cambio de su estado civil, cuando lo cierto es que al haberlo realizado como
quedó evidenciado, ya lo hacía acreedor de dicha prerrogativa.

Por los motivos aquí expuestos, la Sala amparará los derechos fundamentales a la
igualdad, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso del accionante.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad, a la tutela judicial
efectiva y al debido proceso del señor Esson Yermain Ramos Pérez y, como
consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 7 de febrero de
2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá.

SEGUNDO: ORDENAR que dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación
de esta providencia, la autoridad judicial accionada profiera una sentencia de
reemplazo dentro del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con radicado 18001-33-33-005-2020-00020-01, en la cual atienda los argumentos
expuestos en la parte considerativa del presente fallo.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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