Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05672-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05672-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-05672-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
24 de noviembre de 2022
Demandante: Juan Pablo Díaz Prada
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05672-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05672-00
Demandante: JUAN PABLO DÍAZ PRADA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA
Temas: Tutela contra providencia judicial – defecto sustantivo –
subsidio familiar de soldado profesional – efectos ex tunc de la
declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de 2009. Reiteración
jurisprudencial.1
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20152.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. El señor Juan Pablo Díaz Prada, actuando por conducto de apoderada
judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima 3.
Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al debido
proceso, así como al principio de la seguridad jurídica.
2. La anterior trasgresión se la adjudicó a la providencia del 30 de junio de
2022, dictada por la autoridad judicial accionada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado N. ° 73001-33-33-006-
1 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 8 de junio de 2017, exp.
11001-03-25-000-2010-00065-00(0686-10), M.P. César Palomino Cortés. Consejo de Estado,
Sección Quinta, sentencia del 7 de abril de 2022, exp. 11001-03-15-000-2022-07051-01, M.P.
Pedro Pablo Vanegas Gil y del 27 de octubre de 2021, exp. 11001-03-15-000-2021-04441-01,
M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
2
Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
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El escrito se envió al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado el 25
de octubre de 2022.
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Demandante: Juan Pablo Díaz Prada
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05672-00
2019-00250-014. En la decisión reprochada se revocó el fallo de primera instancia
dictado por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué que negó
integralmente las pretensiones, para en su lugar, concederlas parcialmente.
1.2. Pretensión constitucional
3. La parte actora solicitó la protección de los derechos fundamentales
referidos y, que, en consecuencia, se ordene lo siguiente:
(…)
2. Que como consecuencia de la tutela de los derechos fundamentales invocados
se declare la NULIDAD PARCIAL de la sentencia en mención, y le orden (sic) a la
autoridad judicial accionada, a que profiera nueva sentencia en la cual disponga
que el reconocimiento del subsidio familiar se debe realizar a partir del 6 de abril
de 2010 y hasta la fecha de retiro de la institución, bajo los términos del artículo 11
del decreto 1794 del 2000.
(…)
1.3. Hechos
4. La Sala resume los hechos relevantes de la tutela de la siguiente manera:
5. El artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 creó el subsidio familiar como un
beneficio para los soldados profesionales casados o con unión marital de hecho
vigente, equivalente al 4% de su salario básico más la prima de antigüedad. No
obstante, el artículo 1° del Decreto 3770 de 2009 derogó dicha asignación.
6. Posteriormente, por medio del Decreto 1161 de 2014 se volvió a crear el
subsidio familiar para soldados profesionales, en los siguientes términos:
ARTÍCULO 1º. Subsidio Familiar para soldados profesionales e infantes de marina
profesionales. Créase, a partir del 1° de julio del 2014, para los soldados
profesionales e infantes de marina profesionales de las Fuerzas Militares en
servicio activo, que no perciben el subsidio familiar regulado en los decretos 1794
de 2000 y 3770 de 2009, un subsidio familiar que se liquidará y reconocerá
mensualmente sobre su asignación básica, así:
a. Para los soldados profesionales e infantes de marina profesionales casados o
con unión marital de hecho vigente, tendrán derecho a percibir por subsidio familiar
el veinte por ciento (20%) de la asignación básica por la cónyuge o compañera
permanente, más los porcentajes a que se pueda tener derecho por los hijos
conforme al literal c) de este artículo.
b. Para los soldados profesionales e infantes de marina profesionales viudos
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Promovido por el actor contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.
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Demandante: Juan Pablo Díaz Prada
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
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siempre y cuando hayan quedado a cargo de los hijos habidos dentro del
matrimonio o dentro de la unión marital de hecho, tendrán derecho a percibir por
subsidio familiar el veinte por ciento (20%) de la asignación básica más los
porcentajes a que se pueda tener derecho por los hijos conforme al literal c) del
presente artículo.
c. Para los soldados profesionales e infantes de marina profesionales con hijos,
tendrán derecho a percibir subsidio familiar por este concepto calculado sobre su
asignación básica así: Por el primer hijo el tres por ciento (3%), por el segundo hijo
el dos por ciento (2%) y el uno por ciento (1%) por el tercer hijo. En ningún caso el
soldado profesional o el infante de marina profesional por este concepto podrá
percibir más del seis por ciento (6%) de su asignación básica.
PARÁGRAFO 1. El subsidio familiar previsto en el presente artículo en ningún caso
podrá sobrepasar el veintiséis por ciento (26%) de la asignación básica de los
soldados profesionales e infantes de marina profesionales.
(…)
7. El señor Juan Pablo Díaz Prada es soldado profesional desde el 15 de
mayo de 2003. El 6 de abril de 2010, mediante una declaración extra juicio
manifestó que vivía en unión marital de hecho con la señora Francy Elena
Valencia.
8. Luego, en sentencia del 8 de junio de 2017, la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009
con efectos ex tunc.
9. Con ocasión de la anterior decisión, el 6 de noviembre de 2018, el actor
solicitó la reliquidación del subsidio familiar que devengaba en los términos del
Decreto 1161 de 2014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000. Ello, dado que declaró su unión marital de hecho durante
la vigencia de la última norma.
10. La entidad le negó lo pedido5, con fundamento en que ya le había sido
reconocido el beneficio del subsidio familiar sobre el 25% de su salario, en
atención a lo dispuesto en el Decreto 1161 de 2014.
11. Inconforme con lo decidido por la entidad frente a su subsidio familiar, el
actor presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el oficio
en el que se negó su solicitud. Así, en sentencia de 14 de diciembre de 2020, el
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué negó las
pretensiones de la demanda. Ello, con base en que el señor Díaz Prada reportó
su cambio de estado civil en vigencia del Decreto 1161 de 2014, y no en el del
Decreto 1794 de 2000.
5
Mediante Oficio N. ° 20193110117061.
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12. La parte actora apeló el fallo del a quo. Al respecto, el Tribunal
Administrativo del Tolima en sentencia de 30 de junio de 2022, accedió
parcialmente a las pretensiones, en los siguientes términos:
(…)
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENESE a la
NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL, a
pagar a favor del señor JUAN PABLO DIAZ PRADA, las diferencias salariales y
prestacionales a que haya lugar con fundamento en la partida de subsidio familiar,
conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, a partir de la
ejecutoria de la sentencia proferida por el H. Consejo de Estado el 08 de junio de
2017, que declaró la nulidad con efectos ex tunc del Decreto 3770 de 2009 y hasta
que se verifique su pago regular en los términos que se ordenan en esta sentencia,
debiendo descontar de este valor las sumas que ya le fueran canceladas por este
concepto.
(…)
13. Sobre el momento a partir del cual se efectuó el reconocimiento, el
Tribunal accionado manifestó que debía otorgarse a partir de la ejecutoria de la
sentencia de 8 de junio de 2017.
1.4. Sustento de la vulneración
14. El accionante refirió que la sentencia enjuiciada adolece de defecto
sustantivo. A su juicio, en dicha decisión se interpretaron de forma errada los
efectos de la sentencia del 8 de junio de 2017, en la que se declaró la nulidad del
Decreto 3770 de 2009, porque se le debió reconocer la reliquidación del subsidio
familiar desde el momento en el que declaró la existencia de su unión marital de
hecho. Esto es, desde el 6 de abril de 2010.
15. Explicó que el anterior razonamiento implicó que el reconocimiento del
subsidio familiar no se haya hecho desde que se consolidó su derecho, sino
desde la fecha de ejecutoria de la sentencia que dejó sin efectos el Decreto que
eliminó el beneficio.
16. Manifestó que, del 30 de septiembre de 2009 al 8 de septiembre de 2017
no era posible solicitar el reconocimiento del subsidio familiar bajo el apremio del
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 porque se encontraba derogado. No
obstante, con la sentencia del 8 de junio de 2017 se habilitó la posibilidad de
hacer tal reclamación, como en efecto lo hizo en noviembre de 2018.
17. Finalmente, alegó que el Tribunal Administrativo del Tolima no interpretó
en su integridad las normas que regulan el subsidio familiar de los soldados
profesionales. En especial, “no observó la fecha de consolidación objetiva del
derecho para a partir de esta ordenar el reconocimiento del subsidio familiar, tras
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constatar que entre la exigibilidad del derecho y la petición no se configuró la
prescripción extintiva del derecho”. En ese sentido, se desconoció la declaratoria
de nulidad del Decreto 3770 de 2009 con efectos ex tunc.
1.5. Trámite de la acción
18. Mediante auto del 27 de octubre de 2022 se admitió la acción
constitucional de la referencia. En consecuencia, se ordenó notificar como
accionado al Tribunal Administrativo del Tolima. De igual forma, se vincularon
como terceros con interés a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional,
al Juzgado Sexto Administrativo de Ibagué y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Tribunal Administrativo del Tolima
19. Luego de relatar las actuaciones procesales surtidas en las dos instancias,
concluyó que al actor se le debía reconocer el reajuste sobre el subsidio familiar
a partir de la ejecutoria de la sentencia del 8 de junio de 2017.
20. Enseguida, manifestó que los jueces en sus providencias solamente están
sometidos al imperio de la ley. Así, si bien la jurisprudencia y los principios
generales constituyen criterios auxiliares, su contenido no es de obligatorio
acatamiento para los operadores judiciales.
21. Expuso los requisitos generales y específicos de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales. Posteriormente, mencionó que
brindó todas las garantías formales y materiales de la Constitución para proteger
los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a la igualdad del señor Díaz Prada.
1.6.2. Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
22. Arguyó que la acción de tutela se presenta contra el particular o la
autoridad pública responsable del hecho, acción u omisión que presuntamente
transgrede las garantías sobre las que se invoca la protección. Así, explicó que,
si bien le reconoció el subsidio familiar al actor conforme al Decreto 1794 de 2000
a partir de la ejecutoria de la sentencia del 8 de junio de 2017, ello obedeció a lo
ordenado por el Tribunal Administrativo del Tolima.
23. Puso de presente que lo pretendido por el accionante era subsanar errores
y revivir etapas procesales ya fenecidas porque se encuentra inconforme por lo
decidido con los jueces ordinarios. Sin embargo, ello no implica ningún tipo de
ilegalidad, máxime si dentro del proceso se respetaron cada una de las fases y
normas del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Demandante: Juan Pablo Díaz Prada
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05672-00
1.6.3. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué fueron debidamente
notificados del auto admisorio de la demanda, pero guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
24. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora contra el Tribunal Administrativo del Tolima.
Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto No. 2591 de 1991,
en concordancia con el Decreto No. 1069 de 2015 modificado por el Decreto N.
º 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Legitimación en la causa
25. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene
toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos
resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y
sumario.
26. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que
toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales
podrá ejercer la acción descrita por sí misma o por representante, o a través de
un agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados
no esté en condiciones de promover su propia defensa.
27. Desde que fue proferida la sentencia T-416 de 1997, en ella se estableció
que la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto de la
sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las
partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela.
28. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que
el señor Juan Pablo Díaz Prada conformó el extremo accionante del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado N. º 73001-33-33-006-2019-
00250-01. Por tanto, es titular de los derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y al debido proceso. En consecuencia,
goza de legitimación en la causa por activa.
29. Por otro lado, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo del Tolima
se encuentra legitimado en la causa por pasiva. Lo anterior, por ser la autoridad
que dictó la sentencia que se reprocha por esta vía.
2.3. Problemas jurídicos
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Demandante: Juan Pablo Díaz Prada
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30. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; los problemas
jurídicos a resolver en el caso concreto son los siguientes:
● ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales?
31. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará
lo siguiente:
● ¿El tribunal accionado le vulneró al señor Juan Pablo Díaz Prada los
derechos de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la
igualdad, al proferir la sentencia de 30 de junio de 2022, en la que se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho propuesta por el actor contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional por incurrir en defecto sustantivo?
32. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y de superarse los
anteriores supuestos, (iii) el caso concreto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
33. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20126. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema7. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales8.
34. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20149. En esta sentencia se
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Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
7
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
8
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
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establecieron seis requisitos generales de procedencia10 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial11.
35. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se
configuran los defectos especiales, la Sala establecerá si se superan los
siguientes requisitos:
i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.
36. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo
sentido, la Sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo
impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
10
Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014
son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de
la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
11
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando
el funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de
su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.
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37. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Estudio de los requisitos generales de la acción de tutela contra
providencia judicial
2.5.1. Tutela contra tutela
38. La Sala no encuentra reparo alguno frente a este requisito. A través de la
presente acción constitucional se cuestiona la providencia del 30 de junio de
2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento de derecho con radicado N.º 73001-33-33-006-2019-
00250-01.
2.5.2. Inmediatez
39. La tutela se ejerció en un término razonable, teniendo en cuenta que la
providencia censurada se profirió el 30 de junio de 2022 y la acción constitucional
se interpuso el 25 de octubre siguiente.
40. La Sala considera oportuna la presentación de la solicitud de amparo, aun
sin establecer sus fechas de notificación y ejecutoria. Lo anterior, a la luz de la
sentencia de unificación del 5 de agosto de 201412, en la que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios fijados por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200513, para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que
seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el amparo de los
derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de providencias
judiciales.
2.5.3. Subsidiariedad
41. Para obtener la protección de los derechos fundamentales que la parte
actora consideró vulnerados, no existe otro mecanismo de defensa judicial
ordinario. Al respecto, la Sala precisa que la providencia de 30 de junio de 2022
resolvió el recurso de apelación impetrado por la actora contra la decisión de
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Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que
sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
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Demandante: Juan Pablo Díaz Prada
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05672-00
primera instancia, dictada el 14 de diciembre de 2020 por el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué.
42. Asimismo, frente a los argumentos del extremo accionante, se advierte
que no es procedente el recurso extraordinario de revisión, pues los motivos en
los que sustenta su acción de tutela no se encuadran en los requisitos y causales
establecidos en la ley para que proceda este mecanismo judicial. En el mismo
sentido, tampoco lo es el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.
Esto, debido a que en la situación bajo estudio no se cumplen los presupuestos
de los artículos 258 y 270 de la Ley 1437 de 201114.
2.5.4. Relevancia constitucional
43. Para el caso en concreto, se advierte que el defecto sustantivo por la
presunta indebida interpretación de las normas que han regulado el subsidio
familiar de los soldados profesionales es relevante desde el punto de vista
constitucional. Esto, en la medida en que, para la parte actora se le negó la
posibilidad de que se reliquidara de forma adecuada dicho subsidio y ello implicó
que le dejaran de reconocer el derecho desde el momento en el que fue
consolidado. En ese sentido, vio transgredidos los derechos fundamentales sobre
los que invocó protección.
44. A su juicio la autoridad judicial accionada incurrió en el yerro mencionado
porque desconoció que el Decreto 3770 de 2009 fue declarado nulo con efectos
ex tunc, a través de la sentencia de 17 de junio de 2017. Así, se le debió
reconocer el reajuste desde que declaró por medio de extrajuicio su unión marital
de hecho, el 6 de abril de 2010. Ello, aunado a que se debe considerar que no
reportó antes de la citada sentencia el cambio de estado civil porque no había
lugar a ello.
45. De lo anterior se extrae, que los reproches propuestos por la parte actora
revisten relevancia constitucional. En efecto, como lo propuso el accionante, el
defecto sustantivo podría conllevar a que se le pague indebidamente una
prestación social encaminada a proteger a la familia como núcleo fundamental
de la sociedad, en los términos del artículo 42 de la Constitución Política.
46. Así las cosas, para esta Sala es relevante determinar si se conculcaron
los derechos deprecados por el accionante y si se concreta el cargo planteado.
2.6.5. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
47. Se observa que la parte actora cumplió con este requisito, en tanto que
identificó los hechos en los que se suscitó el conflicto jurídico que propuso. En el
mismo sentido, explicó detalladamente las razones por las que considera que el
14
Modificado por el artículo 78 de la Ley 2080 de 2021.
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Tribunal Administrativo del Tolima incurrió en el defecto sustantivo alegado.
2.7. Exposición del defecto especial de procedencia de la acción de tutela
en el caso concreto
2.7.1. Defecto sustantivo
48. En cuanto al defecto sustantivo, la Corte Constitucional, en sentencia de
unificación SU-516 de 201915, reiteró que este yerro se concreta, a saber:
(i) Cuando existe carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso la
decisión se sustenta en una norma inexistente16, derogada17, o que ha sido
declarada inconstitucional18.
(ii) La decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable por
no ser pertinente19.
(iii) A pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, su
aplicación no resulta adecuada a la situación fáctica objeto de estudio como, por
ejemplo, cuando se le reconocen efectos distintos a los señalados por el
legislador20.
(iv) Cuando se aplica una norma cuya interpretación desconoce una sentencia con
efectos erga omnes. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido contraría
la ratio decidendi de una sentencia que irradia sus efectos a todo el ordenamiento
jurídico21.
(v) La disposición aplicada se muestra injustificadamente regresiva22 o claramente
contraria a la Constitución23.
(vi) Cuando un poder concedido al juez se utiliza para un fin no previsto en la
disposición24.
(vii) La decisión se funda en una interpretación no sistemática del derecho,
omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso25.
15
Corte Constitucional. Sentencia SU-516 de 2019.
16
Corte Constitucional, Sentencia T-800 de 2006.
17
Corte Constitucional, Sentencia T-205 de 2004.
18
Corte Constitucional, Sentencias T-158 de 1993, T-804 de 1999, SU-159 2002 y T-800 de 2006.
19
Corte Constitucional, T-189 de 2005.
20
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 de 2002.
21
Corte Constitucional, Sentencias T-814 de 1999, T-842 de 2001, T-462 de 2003 y T-790 de
2010.
22
Corte Constitucional, Sentencia T-018 de 2008.
23
Corte Constitucional, Sentencia T-086 de 2007.
24
Corte Constitucional, Sentencia T-231 de 1994.
25
Corte Constitucional, Sentencias T-807 de 2004, T-790 de 2010 y T-510 de 2011.
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(viii) El servidor judicial da una insuficiente sustentación o justificación de una
actuación que afecta derechos fundamentales26.
(ix) Se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de
argumentación27.
(x) Cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad28.
Se trata de la aplicación de normas abiertamente inconstitucionales29, o cuando al
ser aplicadas al caso concreto se vulneran derechos fundamentales, razón por lo
que debe ser igualmente inaplicada30.
(xi) Cuando la providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos
jurídicos y la decisión. Esta situación se configura cuando la resolución del juez no
corresponde con las motivaciones expuestas en la providencia31.
(...)
2.8. Caso concreto
49. Como se expuso, para la parte actora el operador judicial accionado
incurrió en defecto sustantivo al proferir la sentencia de 30 de junio de 2022. Ello,
dado que, pese a que reconoció que tenía derecho a que se reajustara su
subsidio familiar conforme a lo estipulado en el artículo 11 del Decreto 1794 de
2000, solamente le concedió tal beneficio desde la ejecutoria de la sentencia de
8 de junio de 2017, de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
50. Es decir, que es claro que el actor no cuestiona el reconocimiento
efectuado, porque en efecto las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho se dirigían a que se le concediera el subsidio
familiar como lo hizo el Tribunal Administrativo del Tolima en la decisión
enjuiciada. Sin embargo, el reproche del actor radica en la fecha a partir de la
que le fue otorgado el beneficio.
51. A su juicio, se le debió reconocer el subsidio desde el 6 de abril de 2010
por ser la fecha en la que declaró la existencia de una unión marital de hecho con
26
Corte Constitucional, Sentencias T-114 de 2002, T-1285 de 2005 y T-086 de 2007.
27
Corte Constitucional, Sentencias SU-640 de 1998, T-462 de 2003, T-1285 de 2005 y T-292 de
2006.
28
En la Sentencia T-808 de 2007, se expuso que “en cualquiera de estos casos debe estarse
frente a un desconocimiento claro y ostensible de la normatividad aplicable al caso concreto, de
manera que la desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial sea
notoria y no tenga respaldo en el margen de autonomía e independencia que la Constitución le
reconoce a los jueces (Art. 230 C.P.). Debe recordarse, además, que el amparo constitucional en
estos casos no puede tener por objeto lograr interpretaciones más favorables para quien tutela,
sino exclusivamente, proteger los derechos fundamentales de quien queda sujeto a una
providencia que se ha apartado de lo dispuesto por el ordenamiento jurídico”».
29
Corte Constitucional, Sentencias T-572 de 1994 y SU-159 de 2002.
30
Corte Constitucional, Sentencias T-572 de 1994, SU-172 de 2000 y SU-174 de 2007».
31
Corte Constitucional, Sentencia T-100 de 1998.
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la señora Francy Elena Valencia. Sin embargo, ello no ocurrió porque se
interpretaron de forma errada los lineamientos de la sentencia del 8 de junio de
2017 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, frente a la declaratoria de
nulidad del Decreto 3770 de 2009 y la reviviscencia del Decreto 1794 de 2000.
52. En este punto precisa la Sala que, al estudiar la demanda de nulidad
propuesta contra el Decreto 3770 de 2009, la Sección Segunda del Consejo de
Estado en el fallo del 8 de junio de 2017 resolvió:
DECLARAR, con efectos ex tunc, la nulidad total del Decreto 3770 de 2009, “por
el cual se deroga el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y se dictan otras
disposiciones”, expedido por el Gobierno Nacional.
53. Para arribar a dicha conclusión, se sostuvo:
En conclusión, la medida incorporada al ordenamiento jurídico mediante el Decreto
3770 de 2009, que suprime el reconocimiento al derecho prestacional del subsidio
familiar a los soldados profesionales al revocar el artículo 11 del Decreto 1794 de
2000, se constituye en regresiva y por tanto carente de legalidad, al no solamente
contravenir los principios y normas en los que debería fundarse, sino también
porque no es compatible con el contenido esencial de los derechos a la protección
y seguridad social, al trabajo, y a la seguridad jurídica, toda vez que su objeto no
se encuentra dirigido a promover el bienestar general de los soldados
profesionales como integrantes de la fuerza pública en una sociedad democrática.
Además del análisis efectuado fundado en el juicio de razonabilidad de la medida
regresiva cuestionada, esta Subsección considera que con base en la cláusula del
Estado Social de Derecho, resulta imperativo favorecer en su decisión la vigencia
de la norma de derecho social de mayor alcance, acogiéndose a la regla
hermenéutica que rige en materia de derechos sociales, in dubio pro justitia
socialis, e interpretar las normas a favor de los soldados profesionales, por cuanto
que al serle aplicadas con este sentido consiguen o tienden a alcanzar el
“bienestar”, esto es, las condiciones de vida mediante las cuales es posible a la
persona humana desarrollarse conforme a su excelsa dignidad32.
54. Posteriormente, con ocasión de las solicitudes de adición y aclaración
formuladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el
Ministerio de Defensa y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, frente a la
citada sentencia de 8 de junio de 2017, se profirió la providencia de 8 de
septiembre de 2017, en la cual se precisó:
De acuerdo con lo dicho, la declaratoria de nulidad con efectos ex tunc del Decreto
3770 de 2009 revivió las disposiciones normativas contenidas en el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, restituyendo sus efectos con el fin de evitar la existencia
de vacíos normativos y, por ende, la inseguridad jurídica generada por la ausencia
de regulación particular y específica respecto de situaciones jurídicas no
consolidadas desde el momento de su promulgación hasta cuando fue subrogado
32
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 8 de junio de 2017, exp.
11001-03-25-000-2010-00065-00(0686-10), M.P. César Palomino Cortés.
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por el Decreto 1161 de 2014, que permanece en vigor desde su entrada en
vigencia hasta nuestros días, por cuanto que no ha sido expulsado del
ordenamiento jurídico por ninguna de las vías legalmente establecidas33.
55. Sobre el momento a partir del cual se le reconoció al accionante la
reliquidación de su subsidio familiar, el Tribunal accionado manifestó lo siguiente:
En el sub examen, debe advertirse que, si bien el demandante percibía el subsidio
familiar en actividad, el cual le fue otorgado bajo los términos del Decreto 1161 de
2014, dicho fundamento legal decae a partir de la expedición de la sentencia
proferida por el H. Consejo de Estado el 08 de junio de 2017, que declaró la nulidad
con efectos ex tunc del referido Decreto 3770 de 2009, recobrando así su vigencia
el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, naciendo para el actor el derecho a
reclamar el reajuste del subsidio familiar a partir de la ejecutoria de la citada
sentencia. Por ende, es indiscutible que el demandante tiene derecho a que se le
reconozca tal prestación de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1794 de 2000.
Por consiguiente, la consolidación del derecho del señor JUAN PABLO DÍAZ
PRADA, operó a partir de la ejecutoria de la providencia proferida por el H. Consejo
de Estado el 08 de junio de 2017 (…).
56. De acuerdo con el análisis esbozado, para la Sala sí se configuró el
defecto sustantivo por desconocimiento de los efectos ex tunc con los que se
declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009, dado que al actor le asiste el
derecho a que se le reajuste el subsidio familiar del que goza, a partir del
momento en el que cambió su estado civil al de unión marital de hecho, por lo
que pasa a explicarse.
57. En el caso concreto, se encontró probado que el señor Juan Pablo Díaz
Prada se desempeñaba como soldado profesional desde el 15 de mayo de 2003.
Así mismo, que el 6 de abril de 2010 manifestó mediante declaración extrajuicio
que convivía en unión marital de hecho con la señora Francy Elena Valencia.
58. Así, al haber sido removido del ordenamiento jurídico el Decreto 3770 de
30 de septiembre 2009; se encontraba en la situación fáctica que estableció el
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 para el reconocimiento del derecho en
cuestión. Esto, lo hacía acreedor de la prestación de marras a partir del 6 de abril
de 2010, que corresponde con la fecha en la que cumplió el requisito establecido
en el citado artículo 11 para que le fuera reconocido en esos términos el subsidio
familiar.
59. El artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 indica que:
ARTICULO 11. SUBSIDIO FAMILIAR. A partir de la vigencia del presente decreto,
el soldado profesional de las Fuerzas Militares casado o con unión marital de hecho
vigente, tendrá derecho al reconocimiento mensual de un subsidio familiar
33
Ídem.
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equivalente al cuatro por ciento (4%) de su salario básico mensual más la prima
de antigüedad.
Para los efectos previstos en este artículo, el soldado profesional deberá reportar
el cambio de estado civil a partir de su inicio al Comando de la Fuerza de
conformidad con la reglamentación vigente.
60. Lo anterior acarrea, que la autoridad accionada debía analizar lo atinente
a la situación concreta del accionante a partir de la interpretación sistemática de
las normas que regulan el caso en concreto, aunado a los efectos de la
declaratoria de nulidad contenidos en la sentencia del 8 de junio de 2017, dictada
por la Sección Segunda del Consejo de Estado.
61. Así las cosas, se reitera que la nulidad del Decreto 3770 de 2009 operó
con efectos ex tunc y trajo a la vida jurídica el Decreto 1794 de 2000. Es decir,
que la razón por la que al actor no le fue reconocido el subsidio familiar con base
en el artículo 11 de la última norma citada, obedeció a que para el 6 de abril de
2010, fecha en la cual declaró su unión marital de hecho, no estaba vigente dicha
norma.
62. Sin embargo, con ocasión del fallo de la Sección Segunda del Consejo de
Estado que declaró la nulidad del Decreto 3770 de 30 de septiembre 2009 con
efectos retroactivos, dicha situación imponía el deber de verificar si al actor le
asistía derecho a obtener su subsidio desde la norma primigenia. Esto es, desde
el Decreto 1794 de 2000 y no desde que se dejó sin efectos el Decreto 3770 de
2009, porque su declaratoria de nulidad implicó que volvieran las cosas al estado
anterior. Esto es, como si esta última norma no hubiese hecho parte del
ordenamiento jurídico.
63. Por tanto, la Sala no encuentra razonable que la autoridad cuestionada
señalara que no procedía el reconocimiento a partir de la fecha en la que el actor
cambió su estado civil al de unión marital de hecho. Ello, precisamente porque
solo hasta que cobró ejecutoria la providencia del 8 de junio de 2017, era que el
demandante podía solicitar la reliquidación de su subsidio familiar, inicialmente
reconocido en los términos del artículo 1 del Decreto 1161 de 2014, bajo el
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.
64. Esto, a su vez, teniendo en cuenta que la declaración de la unión marital
de hecho, en virtud de los efectos que le otorgó la sentencia del 8 de junio de
2017 al Decreto 1794 de 2000, implicaba que el actor tuviese derecho al
reconocimiento que refiere esta norma desde el momento en que cambió su
estado civil, esto es, a partir de la declaración extrajuicio que se llevó a cabo el 6
de abril de 2010. Es decir, antes del 1° de julio de 2014, fecha en la que se creó
nuevamente el subsidio familiar con el Decreto 1161 de 2014.
65. No obstante, como ya lo ha puesto de presente la Sala, el actor no solicitó
el reconocimiento de su subsidio conforme al Decreto 1794 de 2000 porque para
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el 6 de abril de 2010 – fecha en la que manifestó mediante declaración extrajuicio
que su estado civil era el de unión marital de hecho - este había sido extraído de
la vida jurídica.
66. Sobre el mismo tema, esta Sala resolvió dos asuntos en el que amparó los
derechos fundamentales de dos soldados profesionales y ordenó dictar una
sentencia de reemplazo en similares términos, bajo los siguientes argumentos:
Por tanto, la autoridad demandada no analizó lo relativo a las particularidades de
la situación administrativa del demandante que conllevó a que inicialmente no
pudiera acceder al subsidio familiar bajo el amparo del artículo 11 del citado
Decreto 1794 de 2000, por cuanto para el año 2013 –cuando cambió su estado
civil- tal norma había sido derogada.
Sin embargo, con ocasión del fallo que declaró la nulidad del Decreto 3770 de 30
de septiembre 2009 con efectos retroactivos, aquella recobró su vigencia, por lo
que, resultaba necesario verificar si en el periodo comprendido entre la fecha de
celebración del matrimonio -20 de marzo de 2013- y la expedición del Decreto 1161
de 24 de junio de 2014, se debía reconocer y pagar tal prestación.
A su vez, la Sala estima que no resulta de recibo el argumento en virtud del cual
se indica que el accionante ya goza del subsidio familiar en virtud del Decreto 1161
de 2014, toda vez que, el hecho que justifica el reconocimiento de la partida se dio
con antelación a la fecha de expedición del mencionado decreto, esto es, el 20 de
marzo de 2013; por lo que la norma aplicable es el artículo 11 del Decreto 1794 de
2000, que se reitera recobró su vigencia con la declaratoria de nulidad de la norma
que lo había derogado34.
67. Vale aclarar que, si bien en los dos casos semejantes referidos en el
párrafo anterior se habían negado inicialmente las pretensiones del
reconocimiento del subsidio familiar, y en este caso se concedieron de forma
parcial, lo cierto es que en ambas oportunidades se dejó establecido que las
autoridades judiciales debían verificar si les asistía derecho al otorgamiento del
beneficio desde el cambio de estado civil. Ello, teniendo en cuenta que el reporte
del cambio del estado civil no les era exigible desde el momento en el que ocurrió
porque el -Decreto 1794 de 2000 no estaba vigente.
68. En suma, el defecto sustancial invocado por la parte accionante se
configura, por cuanto para la resolución del caso, la autoridad judicial accionada
no tuvo en cuenta que la declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de 2009 tiene
efectos ex tunc, es decir, que implican considerar que el Decreto 1794 de 2000
no hubiese sido eliminado del ordenamiento jurídico.
34
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 7 de abril de 2022, exp. 11001-03-15-000-
2022-07051-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil y del 27 de octubre de 2021, exp. 11001-03-15-
000-2021-04441-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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2.9. Conclusión
69. Se ampararán los derechos fundamentales invocados por el actor. En ese
sentido, se le ordenará al Tribunal Administrativo del Tolima dejar sin efectos la
sentencia de 30 de junio de 2022. En su lugar, deberá dictar una de reemplazo
en la que tenga en cuenta que los efectos de la sentencia de 8 de junio de 2017
son ex tunc.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales invocados por el señor Juan
Pablo Díaz Prada, vulnerados por el Tribunal Administrativo del Tolima. En
consecuencia, ordenar a dicha autoridad judicial que, dentro de los veinte (20)
días siguientes a la notificación de esta sentencia profiera una decisión de
reemplazo dentro del expediente N. ° 73001-33-33-006-2019-00250-01, en la
que atienda los considerandos aquí expuestos.
SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto N°. 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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