Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-07544-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-07544-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-07544-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
19 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07544-00
Accionante: LUIS ANTONIO MESSA ÁVILA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META
Temas: Tutela contra providencia judicial – niega solicitud de amparo
constitucional – inexistencia del defecto sustantivo – subsidio
familiar.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo del Meta. Lo
anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de
2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 2019 1 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
Por auto del 9 de diciembre de 20252, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.
Mediante providencia del 22 de enero de 2026, la magistrada Gloría Gloria María
Gómez Montoya ordenó pasar el expediente al siguiente magistrado en turno,
comoquiera que el proyecto de fallo presentado para Sala de Sección del 22 de
enero de 2026 no alcanzó la mayoría para ser aprobado.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El señor Luis Antonio Messa Ávila, actuando a través de apoderada
judicial3, presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Meta.
Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 de Samai. Se precisa que se notificó como accionados a los magistrados del Tribunal
Administrativo del Meta. Asimismo, se dispuso la vinculación del Juzgado Séptimo Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Villavicencio, y a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional.
3 Según poder otorgado a la abogada Carmen Ligia Gómez López, para iniciar la presente acción
constitucional, y que se observa en de la constancia de presentación personal ante notario que
reposa a índice 02 de Samai.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Luis Antonio Messa Ávila
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
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fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la «prevalencia del derecho
sustancial», al acceso a la administración de justicia, al «respeto a los derechos
adquiridos», y el principio a la seguridad jurídica.
2. Las anteriores garantías constitucionales las estimó vulneradas con
ocasión de la sentencia proferida el 29 de mayo de 2025 por el tribunal accionado.
Mediante esta decisión revocó la providencia del 30 de agosto de 2024 dictada
por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Villavicencio
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, para en su lugar, negarlas. Ello, al interior del
expediente con radicado 50001-33-33-007-2023-00198-00/01.
3. En concreto, la parte actora solicitó lo siguiente:
1.1. Que se tutelen los derechos y principios invocados por el accionante, los
cuales han sido vulnerados por el Honorable Tribunal Administrativo Del Meta
mediante la sentencia proferida el 29 de mayo de 2025, en la que negó la
pretensión relativa al reconocimiento y pago del subsidio familiar dentro de la
asignación salarial mensual del actor, con fundamento en las disposiciones del
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.
1.2. Que, como consecuencia de la protección constitucional solicitada, se
declare la nulidad de la sentencia del 29 de mayo de 2025, exclusivamente en
cuanto negó el reconocimiento del subsidio familiar en los términos establecidos
por el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, norma cuya vigencia fue restablecida
por efectos de la nulidad con efectos ex tunc del Decreto 3770 de 2009.
1.3. Que, una vez declarada la nulidad solicitada, se ordene al Tribunal
Administrativo Del Meta proferir una nueva sentencia, en la que se reconozca
que el actor tiene derecho a que el subsidio familiar sea liquidado y pagado
conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, a partir de la
fecha en que consolidó el derecho objetivo al reconocimiento de dicha prestación.
[Sic].
1.2. Hechos
4. El señor Luis Antonio Messa Ávila prestó sus servicios como soldado
profesional entre el 17 de agosto de 2003 y el 30 de noviembre de 2022, con 3
meses de alta del 30 de noviembre de 2022 al 28 de febrero de 2023.
5. Mediante Escritura Pública No. 0057 del 14 de enero de 2009 de la notaría
36 de Bogotá, se declaró que entre los señores Luis Antonio Messa Ávila y
Norelly Borja Muñoz existía una unión marital de hecho, constituida desde el 15
de enero de 2007.
6. El 10 de agosto de 2010, el señor Messa Ávila informó al Ejército Nacional
sobre su cambio de estado civil.
7. El 15 de marzo de 2023, el señor Messa Ávila solicitó ante el Ejército
Nacional el reajuste del subsidio familiar con base en el artículo 11 del Decreto
1794 del 14 de septiembre del año 2000; solicitud que fue negada por dicha
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autoridad mediante Oficio 2023311000651681 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-
JEMGF-COPER-DIPER-1.10 del 28 de marzo de 2023.
8. En virtud de lo anterior, el señor Messa Avila ejerció el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación, Ministerio de
Defensa, Ejercito Nacional, con el fin de que se anulara el mencionado acto
administrativo. A título de restablecimiento del derecho, solicitó, entre otras4, que
se reconociera y pagara el subsidio familiar desde el 14 de enero de 2009,
conforme lo dispone el Decreto 1794 de 2000.
9. Mediante sentencia del 30 de agosto de 2024, el Juzgado Séptimo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Villavicencio accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda. En consecuencia, declaró la nulidad del acto
administrativo demandado y ordenó, a título de restablecimiento del derecho, el
reajuste y pago de la diferencia del subsidio familiar en la forma prevista en el
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 desde la fecha en que informó el cambio
de estado civil; es decir, desde el 10 de agosto de 2010, hasta el 28 de febrero
de 2023, fecha de retiro del servicio.
10. Como sustento de la decisión, el a quo consideró que el estado civil del
demandante cambió el 14 de enero de 2009, es decir, antes de la derogatoria del
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, lo que lo hacía beneficiario de sus efectos.
Indicó que, si bien informó al respecto hasta el 10 de agosto de 2010, tal requisito
ya no le era exigible debido a la derogatoria de la norma.
11. Explicó que asumir que el derecho solo se consolidaba con su
reclamación, implicaba desconocer que entre el 30 de septiembre de 2009 y el
30 de junio de 2014, la norma que establecía su reconocimiento se encontraba
derogada. Por consiguiente, estimó que los soldados profesionales no tenían
razón para informar el cambio de estado civil, ni reclamar el subsidio familiar,
pues su petición carecía de fundamento normativo.
12. Contra la anterior decisión, la parte demandada presentó recurso de
apelación, el cual fue resuelto mediante providencia del 29 de mayo de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, que revocó la decisión del a
quo. Dicha autoridad judicial sostuvo que, como la unión marital de hecho se
formalizó el 14 de enero de 2009, es decir, en vigencia del Decreto 1794 de 2000,
el señor Messa Ávila tenía la obligación de notificar a la entidad demandada sobre
el cambio de su estado civil, lo cual no hizo. Ello fundamentó la negación del
beneficio laboral reclamado, pues el actor no tenía justificación legal que le
eximiera de cumplir con la normativa.
13. En este orden concluyó, a diferencia del juez de primera instancia, que,
4 Además, solicitó el reajuste del subsidio familiar en un 62.5% del sueldo básico, el
reconocimiento y pago del retroactivo salarial, el reajuste de prestaciones sociales, vacaciones,
indemnizaciones, el pago de la indexación sobre los valores adeudados, intereses de mora, y
condena en costas a la demandada.
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constituía una carga del demandante informar de su nuevo estado civil a la
entidad demandada. De allí que el reconocimiento del citado subsidio se realizara
en aplicación de los Decretos 1161 y 1162 de 2014, y no con el Decreto 1794 de
2000.
1.3. Sustento de la vulneración
14. La parte actora sostuvo que la autoridad judicial accionada, al dictar la
sentencia cuestionada, incurrió en un defecto material o sustantivo. Según su
planteamiento, la decisión no interpretó de manera completa la situación jurídica
relacionada con el subsidio familiar de los soldados profesionales y, además,
desconoció los efectos ex tunc derivados de la nulidad del Decreto 3770 de 2009.
15. Señaló que la providencia acusada pasó por alto que el actor no pudo
hacer efectivo su derecho subjetivo al subsidio familiar debido a la expedición del
mencionado decreto. Esto ocurrió a pesar de que ya había adquirido el derecho
en el momento en que cambió su estado civil, lo que frustró su expectativa
legítima de que dicho subsidio le fuera reconocido conforme a lo previsto en el
Decreto 1794 de 2000. Además, omitió tener en cuenta las consideraciones e
hipótesis de la sentencia del 8 de junio de 2017.
16. Indicó que la decisión desconoció una sentencia previa que había
establecido con claridad las hipótesis, delimitó el grupo de beneficiarios de la
nulidad declarada y produjo la reviviscencia del artículo 11 del Decreto 1794 de
2000. En su sentir, aquello implicó que los efectos son aplicables tanto a los
soldados afectados directamente por la norma anulada como a aquellos cuya
expectativa legítima fue vulnerada por el Decreto 3770 de 2009.
17. Afirmó que el Tribunal fundamentó la negativa en el hecho de que el
accionante no reportó oportunamente su cambio de estado civil al Ministerio de
Defensa, pues solo lo hizo durante la vigencia del Decreto 1161 de 2014. Sin
embargo, materializó su derecho el 14 de enero de 2009, cuando declaró su
unión marital de hecho, y con la expedición del Decreto 3770 de 2009 quedó
imposibilitado para solicitar el subsidio, por lo que no estaba obligado a reportar
el cambio de estado civil a la entidad accionada.
18. En ese sentido, manifestó que, aunque no informó su cambio de estado
civil durante la vigencia del Decreto 1794 de 2000, sí constituyó su unión marital
de hecho en una época en la que dicho decreto aún estaba vigente. Por lo tanto,
tenía una expectativa legítima de consolidar su derecho al subsidio familiar, y la
negativa de reconocimiento constituía un acto discriminatorio e injustificado.
19. Precisó que el reporte del cambio de estado civil no puede ser utilizado
como argumento para negar la aplicación de la sentencia del 8 de junio de 2017,
mediante la cual el Consejo de Estado declaró la nulidad con efectos ex tunc del
Decreto 3770 de 2009.
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20. Finalmente, adujo que la decisión del Consejo de Estado no solo eliminó
del ordenamiento jurídico la norma, sino que también definió de manera expresa
las situaciones jurídicas y los sujetos beneficiarios de los efectos de la nulidad.
En consecuencia, reiteró que dichos beneficiarios comprenden a todos los
soldados que, como resultado de la expedición del decreto anulado, vieron
vulnerado su derecho al subsidio familiar, así como a aquellos cuya expectativa
legítima fue desconocida con la expedición del Decreto 3770 de 2009.
1.4. Intervenciones
21. El Tribunal Administrativo del Meta, a través del magistrado ponente de
la decisión, manifestó que se ratificaba en todos los argumentos jurídicos
expuestos en el fallo cuestionado y solicitó que se declarara la improcedencia de
la acción constitucional, puesto que había cumplido con todas las exigencias
establecidas tanto en la Constitución Política como en las Convenciones y Pactos
Internacionales, en los términos procesales y en la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia.
22. El Ministerio de Defensa se opuso a las pretensiones de la solicitud de
amparo. Después de realizar el recuento de los argumentos de la sentencia de
segunda instancia, señaló que no se configuraba ningún defecto y que, en
consecuencia, las pretensiones debían ser negadas.
23. Asimismo, informó que, una vez revisadas sus bases de datos, no
encontró que durante la vigencia del Decreto 1794 de 2000 el demandante
hubiese cumplido con la obligación de reportar el cambio de su estado civil, y
destacó que no se satisfacía el requisito de relevancia constitucional, puesto que
lo que se pretendía era reabrir un debate que ya había sido zanjado por el juez
natural.
24. El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Villavicencio, pese a estar debidamente notificado, guardó silencio frente a los
hechos constitutivitos de la presente acción.
II. CONSIDERACIONES
25. La Sala negará de la solicitud de amparo de la referencia, tras advertir que
la providencia censurada no incurrió en el yerro invocado por la parte accionante.
Para ello, se analizarán los siguientes puntos: (i) la superación de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
(ii) las generalidades del defecto alegado y (iii) el caso concreto.
2.1. La solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales
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26. El Consejo de Estado5 y la Corte Constitucional6, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales7 y a la configuración de algún
defecto especial8 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.
27. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
28. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.
29. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).
30. La Sala advierte que el señor Luis Antonio Messa Ávila está legitimado en
la causa por activa, porque fungió como demandante dentro del medio de control
en el que se dictó la providencia que se reprocha mediante esta vía. Por otro
lado, se evidencia que el Tribunal Administrativo del Meta está legitimado en la
causa por pasiva por haber proferido la decisión reprochada mediante el presente
trámite constitucional.
31. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional9, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
6 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
7 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
8 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
9 Sentencia SU-215 de 2022.
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debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.
32. En este caso, la Sala encuentra que no se pretende utilizar el mecanismo
de amparo constitucional como una extensión del proceso contencioso-
administrativo, como si se tratara de una tercera instancia. Esto, pues el interés
de la parte actora no es reabrir un debate zanjado por el juez natural de la causa,
sino evidenciar una seria tensión de garantías fundamentales al poner de
presente que la decisión censurada vulneró gravemente sus derechos a la
igualdad, debido proceso, «prevalencia del derecho sustancial», acceso a la
administración de justicia, «respeto a los derechos adquiridos», y el principio a la
seguridad jurídica.
33. La parte actora cumplió con la carga de sustentar en debida forma el
defecto alegado y en qué se concreta el mismo. En su sentir, con la decisión
reprochada se omitió realizar una interpretación adecuada y juiciosa de la norma
que regula su derecho a acceder al subsidio familiar; esto es, el Decreto 1794 de
2000, puesto que demostró que su unión marital de hecho inició en vigencia de
esta norma, y, aun así, el Tribunal demandado negó el derecho reclamado.
34. Se destaca que dicho beneficio busca proteger la familia como núcleo
esencial de la sociedad, conforme lo establece el artículo 42 de la Constitución
Política. Al respecto, mediante Sentencia C-271 de 2021 la Corte Constitucional
definió el subsidio familiar de la siguiente manera:
Se trata de “una prestación social, porque su finalidad no es la de retribuir
directamente el trabajo-como sí lo hace el salario-, sino la de subvencionar
las cargas económicas del trabajador beneficiario”. Ha destacado que [t]iene
por objetivo fundamental la protección integral de la familia” señalando que
“[c]onstituye una valiosa herramienta para la consecución de los objetivos de
la política social y laboral del Gobierno” puesto que contribuye a “alcanzar la
universalidad de la seguridad social, en consonancia con el postulado
contemplado en el artículo 48 de la Carta Política”. Ha reiterado también que
“es una función pública, servida por el Estado a través de organismos
intermediarios manejados por empresarios y trabajadores” y su cumplimiento
adecuado compromete “el interés general de la sociedad, por los fines de
equidad que persigue”. Además de lo indicado, este tribunal ha precisado
que el subsidio supone “un sistema de compensación entre los salarios bajos
y los altos, dentro de un criterio que mira a la satisfacción de las necesidades
básicas del grupo familiar” y, bajo esa perspectiva, constituye “un mecanismo
de redistribución del ingreso, en especial si se atiende a que el subsidio en
dinero se reconoce al trabajador en razón de su carga familiar y de unos
niveles de ingreso precarios, que le impiden atender en forma satisfactoria
las necesidades más apremiantes en alimentación, vestuario, educación y
alojamiento”. [Cursivas y comillas del texto original].
35. Como se observa, esta prestación está orientada a la protección integral
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de las familias de ingresos medios y bajos, en especial respecto de la satisfacción
de sus necesidades básicas. En ese sentido, aunque pudiera pensarse que, al
tratarse de una reliquidación económica el asunto no va más allá de un ajuste
monetario, lo cierto es que su alcance es mucho mayor, pues incide directamente
en el mínimo vital de los núcleos familiares. Se trata de una prestación que busca
garantizarles el derecho a la igualdad frente a aquellos que cuentan con una
ventaja económica.
36. Conforme a lo anterior, para la Sala es claro que el asunto reviste
relevancia constitucional, puesto que como se ha reiterado con anterioridad10,
aparte de un asunto de debate complejo que involucra el desconocimiento de una
norma que vuelve a la vida jurídica con ocasión de una Sentencia del Consejo de
Estado11, los reparos concretos contra la providencia cuestionada buscan
evidenciar irregularidades cometidas por una autoridad judicial en violación de
derechos fundamentales.
37. Subsidiariedad. La parte actora cumplió con este presupuesto, ya que no
cuenta con otros mecanismos judiciales ordinarios ni extraordinarios para
controvertir la providencia que cuestiona mediante esta vía.
38. Al respecto, la Sala debe precisar que la Sentencia del 29 de mayo de
2025 resolvió el recurso de apelación propuesto contra la sentencia de primera
instancia del 30 de agosto de 2024, dictada por el Juzgado Séptimo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Villavicencio, por lo que es dable tener
por agotados los recursos ordinarios. Del mismo modo, no se advierte, prima
facie, el cumplimiento de requisitos de procedencia de recursos extraordinarios,
razón por la que se tiene por cumplido el requisito de subsidiariedad.
39. Inmediatez. También se acredita este presupuesto, pues la sentencia que
se reprocha quedó ejecutoriada el 13 de junio de 202512, mientras que la tutela
se presentó el 27 de noviembre de 2025. Es decir, dentro de los seis meses que
estableció la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, como plazo
razonable para ejercer la acción constitucional.
40. Naturaleza de la decisión cuestionada. Se supera este presupuesto ya
que no se controvierte una decisión de tutela, pues la providencia reprochada fue
proferida al interior del trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho. Del mismo modo, la Sala advierte que la providencia sub judice
tampoco fue dictada en el marco de un proceso de control abstracto de
constitucionalidad ni corresponde a una sentencia interpretativa adoptada por la
Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
41. Identificación razonable de los hechos. Finalmente, en la solicitud de
10 Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Pedro
Pablo Vanegas Gil, Sentencia 02.07.22. Rad. 11001-03-15-000-2022-01132-01; Sentencia
24.11.22. Rad. 11001-03-15-000-2022-05672-00; M.P. Rocío Araújo Oñate.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
M.P. César Palomino Cortés, Sentencia 08.07.17, Rad. 11001-03-25-000-2010-00065-00.
12 Véase: Índices Samai 21, 22 y 23 – Expediente: 50001-33-33-007-2023-00198-01.
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amparo se presentó una explicación clara y suficiente de los hechos y
argumentos por los que la parte actora consideró que le fueron vulnerados sus
derechos fundamentales. Por ende, cumplió con la carga mínima en dar las
razones por las cuales considera que la autoridad accionada incurrió en una
vulneración de las garantías.
2.2. Generalidades del defecto alegado
42. En torno al defecto sustantivo, se destaca que la Corte Constitucional13,
ha explicado que este se presenta cuando «la autoridad judicial aplica una norma
claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u
opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la
razonabilidad jurídica»14.
43. Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:
a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable
al caso concreto, por impertinente15 o porque ha sido derogada16, es
inexistente17, inexequible18 o se le reconocen efectos distintos a los
otorgados por el Legislador19.
b) No se hace una interpretación razonable de la norma20.
c) La disposición aplicada es regresiva21 o contraria a la Constitución22.
d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no
previstos en la disposición23.
e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma24
f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial
sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.
2.3. La providencia del 15 de mayo de 2025 dictada por el Tribunal
Administrativo del Casanare no incurrió en defecto sustantivo
Marco normativo del reconocimiento del subsidio familiar
44. El Gobierno Nacional en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 creó un
subsidio familiar para los soldados profesionales de las fuerzas militares casados
o con uniones maritales de hecho vigentes. Esta situación debía reportarse a
13 Corte Constitucional, Sentencias SU-159 de 2002., T-043 de 2005, T-295 de 2005, T-657 de
2006, T-686 de 2007, T-743 de 2008, T-033 de 2010, T-792 de 2010, entre otras.
14 Corte Constitucional, Sentencias SU-159 de 2002, T-043 del 2005, T-295 de 2005, T-657 del
2006, T-686 del 2007, T-743 del 2008, T-033 de 2010, T-792 de 2010, entre otras.
15 Corte Constitucional, Sentencia T-189 de 2005.
16 Corte Constitucional, Sentencia T-205 de 2004
17 Corte Constitucional, Sentencia T-800 de 2006
18 Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001
19 Corte Constitucional, Sentencia SU-159 de 2002
20 Corte Constitucional, Sentencias T-051 de 2009. y T-1101 de 2005
21 Corte Constitucional, Sentencia T-018 de 2008
22 Corte Constitucional, Sentencia T-086 de 2007
23 Corte Constitucional, Sentencia T-231 de 1994
24 Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 2004
Accionante: Luis Antonio Messa Ávila
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07544-00
partir de su inicio ante el comando de la fuerza, de conformidad con la
reglamentación vigente25.
45. Posterior a ello, se dictó el Decreto 3770 de 2009, «por el cual se deroga
el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000», es decir, dejó sin efectos el
reconocimiento del subsidio familiar a favor de los soldados profesionales. Esta
norma empezó a regir a partir de su publicación, es decir, desde el 30 de
septiembre de 2009. Sin embargo, en contra de aquel, se interpuso una demanda
en ejercicio del medio de control de simple nulidad. Esta fue decidida en la
sentencia del 8 de junio de 2017, por medio de la cual la Sección Segunda del
Consejo de Estado declaró, con efectos ex tunc, la nulidad total del Decreto 3770
de 200926.
46. Es importante anotar que entre la interposición de la demanda contra el
Decreto 3770 de 2009 y la sentencia del 2017 de esta corporación, el Gobierno
Nacional expidió el Decreto 1161 de 2014, mediante el cual creó nuevamente un
subsidio familiar para los soldados profesionales, pero en una cuantía inferior a
la del Decreto 1794 de 200027.
47. A modo de ilustración, se expone cronológicamente la situación jurídica
antes mencionada:
14 de 30 de 24 de junio de 8 de junio de
Fecha septiembre de septiembre de 2014 2017
2000 2009
Decreto 1161 Sentencia de
de 2014 – crea la Sección
Decreto 3770 nuevamente el Segunda del
Decreto 1794 de de 2009 – subsidio familiar Consejo de
2000 – crea el derogó el para los Estado que
Suceso subsidio familiar subsidio familiar soldados declaró la
para soldados para los profesionales, nulidad del
profesionales. soldados pero en cuantía Decreto 3770
profesionales. inferior al del de 2009 con
Decreto 1794 efectos ex
de 2000. tunc.
De la configuración del defecto sustantivo
48. Como se expuso en los antecedentes de este proveído, el actor adujo el
25 Al respecto, el inciso segundo del artículo 11 del referido decreto dispuso: «Para los efectos
previstos en este artículo, el soldado profesional deberá reportar el cambio de estado civil a partir
de su inicio al Comando de la Fuerza de conformidad con la reglamentación vigente».
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 8
de junio de 2017. Rad. 11001-03-15-000-2010-00065-00. Como fundamento de su decisión,
indicó que la medida incorporada al ordenamiento jurídico mediante el Decreto 3770 de 2009 que
suprime el reconocimiento al derecho prestacional del subsidio familiar a los soldados
profesionales al revocar el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, se constituye en regresiva y por
tanto carente de legalidad, al no solamente contravenir los principios y normas en los que se
debería fundar, sino también porque no es compatible con el contenido esencial de los hechos a
la protección y seguridad social, al trabajo y a la seguridad jurídica.
27 Por el cual se crea el subsidio familiar para soldados profesionales e infantes de marina
profesionales y se dictan otras disposiciones.
Accionante: Luis Antonio Messa Ávila
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
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Tribunal accionado incurrió en un defecto sustantivo, dada la indebida
interpretación del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, que establece que los
soldados profesionales de las Fuerzas Militares casados o con unión marital de
hecho vigente, tendrán derecho al reconocimiento mensual de un subsidio
familiar equivalente al 4% de su salario básico mensual más la prima de
antigüedad.
49. A su juicio, materializó el derecho objetivo al declarar su unión marital de
hecho mediante Escritura Pública No. 0057 otorgada en la Notaría Treinta y Seis
de Bogotá del 14 de enero de 2009. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con su
derecho subjetivo, pues con la expedición del Decreto 3770 de 2009, quedó
imposibilitado para solicitar el subsidio familiar, y, en consecuencia, tampoco
estaba obligado a reportar el cambio de su estado civil.
50. La Sala negará las pretensiones de la demanda, con base en las razones
que se exponen a continuación.
51. Al revisar con detenimiento la sentencia del 29 de mayo de 2025, se tiene
que el Tribunal Administrativo del Meta reconoció que, en virtud de los efectos ex
tunc de la sentencia del 8 de junio de 2017, para el periodo comprendido entre el
1 de octubre de 2009 y el 30 de junio de 2014, no era requisito reportar el cambio
de estado civil, pues ya no estaba vigente el artículo 11 del Decreto 1794 de
2000.
52. Ahora, acogiendo la postura de la Sala Plena de la misma Corporación28,
precisó que existían diversas hipótesis que podían presentarse dada la
derogatoria del Decreto 1794 de 2000, por parte del Decreto 3770 de 2009, y su
posterior reviviscencia al declararse la nulidad de este último:
Debido a esta sentencia, surgió un tercer grupo de Soldados Profesionales
e Infantes de Marina, esto es, aquellos que contrajeron matrimonio o
declararon su unión marital de hecho entre el 1 de octubre de 2009 y el 30
de junio de 2014, los cuales de no haber ocurrido la derogatoria del artículo
11 del Decreto 1794 de 2000, tendrían derecho al subsidio familiar en él
contenido, pero que por estar derogada esa norma no solicitaron su
reconocimiento y solo les fue reconocido con el Decreto 1161 de 2014.
Frente a este grupo poblacional para la Sala Plena no existe duda alguna
que la norma aplicable para el reconocimiento del subsidio familiar es el
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, sin que les sea exigible el requisito
contenido en su inciso segundo, al menos para el mentado período que
subsistió la derogaría, consistente en reportar el cambio de estado civil al
Comando de la Fuerza, dado que la norma estaba derogada, no siéndoles
exigible el cumplimiento de ese deber durante dicha época.
Así mismo, quienes contrajeron matrimonio o declararon su unión
marital de hecho antes de la derogatoria del artículo 11 del Decreto 1794
de 2000 (1 de enero de 2001 al 30 de septiembre de 2009), no tenían
ninguna justificación legal que los eximiera de cumplir con la normativa
28 Sentencia del 20 de octubre de 2022, Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta, radicado
50-001-33-33-008-2020-00009-01, M.P. Claudia Patricia Alonso.
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de informar el cambio de estado civil, por ende, en caso de reclamación
deberán acreditar su cumplimiento.
Finalmente, quienes contrajeron matrimonio o declararon su unión marital de
hecho a partir del 1 de julio de 2014, no son beneficiarios del contenido
normativo del Decreto 1794 de 2000, por cuanto a partir de esa fecha el
reconocimiento del subsidio familiar quedó regulado en el Decreto 1161 de
2014, el cual no ha sido excluido del ordenamiento jurídico [Resaltado del
texto original].
53. Así las cosas, la autoridad accionada estimó que la juez de primera
instancia le dio un alcance equivocado a la decisión del Consejo de Estado,
Sección Segunda, puesto que, como el señor Messa Ávila, declaró su unión
marital de hecho el 14 de enero de 2009, esto es, antes de la derogatoria del
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, le era exigible haber notificado sobre el
cambio de su estado civil si quería acceder al mencionado beneficio.
54. En consecuencia, en el caso concreto, se probó lo siguiente:
• El demandante estuvo vinculado al Ejército Nacional como soldado
profesional en el periodo comprendido entre el 17 de agosto de 2003 y el
30 de noviembre de 2022, con 3 meses de alta del 30 de noviembre de
2022 al 28 de febrero de 2023.
• Mediante Escritura Pública No. 0057 del 14 de enero de 2009 de la notaría
36 de Bogotá, se declaró que entre los señores Luis Antonio Messa Ávila
y Norelly Borja Muñoz existía una unión marital de hecho constituida desde
el 15 de enero de 2007.
• El 10 de agosto de 2010, el señor Messa Ávila informó al Ejército Nacional
sobre su cambio de estado civil.
• El 15 de marzo de 2023, el señor Messa Ávila solicitó ante el Ejército
Nacional el reajuste del subsidio familiar con base en el artículo 11 del
Decreto 1794 del 14 de septiembre del año 2000.
55. Al respecto, se advierte que, a diferencia de los otros casos previamente
analizados por la Sala29, el señor Luis Antonio Messa Ávila tuvo la oportunidad
de reportar la existencia de su unión marital de hecho tan pronto esta fue
conformada para ser beneficiario del subsidio familiar consagrado en el Decreto
1794 de 2000. En efecto, se tiene que el actor constituyó o inició la unión marital
de hecho desde el 15 de enero del año 2007, según lo declaró mediante escritura
pública el 14 de enero de 2009, periodo dentro del cual el referido Decreto 1794
de 2000 estaba vigente, puesto que el Decreto 3770 de 2009 solo se expidió
hasta el 30 de septiembre de 2009.
56. En este punto, es pertinente recordar que de conformidad con lo
29 Véase, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 3 de noviembre de 2022.
Radicado núm. 11001-03-15-000-2022-04249-01.MP. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia
del 24 de agosto de 2023. Radicado núm. 11001-03-15-000-2023-03940-00. MP. Pedro Pablo
Vanegas Gil. Sentencia del 13 de junio de 2024. Radicado núm. 11001-03-15-000-2024-02566-
00. MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
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establecido en la normativa30 y jurisprudencia al respecto31, la unión marital de
hecho tiene dos momentos específicos. El primero es el constitutivo, es decir,
cuando inicia la unión entre dos personas con el ánimo de conformar una
comunidad de vida permanente y singular. El segundo es el declarativo, esto es,
cuando las personas han convivido durante mínimo dos años y deciden declarar
la existencia de su unión a través de cualquiera de las formas reconocidas por la
ley.
57. Obsérvese, que el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 establecía que,
para ser acreedor del subsidio familiar, era necesario que el soldado profesional
reportara el cambio de estado civil a partir de su inicio ante el comando de la
fuerza correspondiente. En efecto, la disposición preveía:
Artículo 11. Subsidio familiar. A partir de la vigencia del presente Decreto,
el soldado profesional de las Fuerzas Militares casado o con unión marital de
hecho vigente, tendrá derecho al reconocimiento mensual de un subsidio
familiar equivalente al cuatro por ciento (4%) de su salario básico mensual
más la prima de antigüedad.
Para los efectos previstos en este artículo, el soldado profesional deberá
reportar el cambio de estado civil a partir de su inicio al Comando de la
Fuerza de conformidad con la reglamentación vigente. (Resaltado de la
Sala)
58. Así, de acuerdo con la tesis de la Sección Quinta32, no hay lugar a acceder
al amparo de los derechos fundamentales en aquellos casos en los cuales los
accionantes tuvieron la oportunidad de solicitar el reconocimiento del subsidio
familiar antes de la derogatoria del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000. Esto,
por cuanto los efectos ex tunc de la decisión adoptada por la Sección Segunda
de esta corporación se predicaban únicamente para quienes habían sido
afectados por el Decreto 3770 de 2009; esto es, a quienes se les privó, por la
derogatoria de la norma que establecía el subsidio familiar, de la posibilidad de
indicarle al empleador el cambio de su estado civil y solicitar tal reconocimiento.
No así, para quienes sí contaron con esa posibilidad y tenían el deber de
reportarlo a tiempo:
[…] como la consolidación de la unión marital de hecho ocurrió en vigencia
del Decreto 1794 de 2000 era deber del actor reportar el cambio de su estado
civil33.
30 Ley 54 de 1990, por la cual se definen las uniones maritales de hecho y régimen patrimonial
entre compañeros permanentes. Ley 979 de 2005, Por medio de la cual se modifica parcialmente
la Ley 54 de 1990 y se establecen unos mecanismos ágiles para demostrar la unión marital de
hecho y sus efectos patrimoniales entre compañeros permanentes.
31 Corte Constitucional, Sentencias C -070 de 2007, C-117 de 2021, entre otras.
32 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 3 de noviembre de 2022. Radicado núm.
11001-03-15-000-2022-04249-01. MP. Carlos Enrique Moreno Rubio. Asimismo, ver Consejo de
Estado, Sección Quinta. Sentencia de 20 de marzo de 2025. Radicado núm. 11001-03-15-000-
2025-00072-01. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. Sentencia de 22 de mayo de 2025. Radicado
núm. 11001-03-15-000-2025-02373-00. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
33 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 24 de agosto de 2023. Radicado núm.
11001-03-15-000-2023-03940-00. MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
Accionante: Luis Antonio Messa Ávila
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59. En este caso, el actor no forma parte del grupo de personas que se vieron
afectadas con la derogatoria del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000. En efecto,
inició su unión marial de hecho el 15 de enero de 2007, y la declaró el 14 de
enero de 2009; esto es, antes de la derogatoria de la referida norma. Por ello,
contó con la oportunidad suficiente de reportar su cambio de estado civil cuando
la norma en mención aún estaba vigente.
60. Por ende, es evidente que el accionante no tenía derecho al
reconocimiento del subsidio familiar en los términos del Decreto 1794 de 2000,
pues, como viene de verse, el actor omitió el deber de reportar el cambio de su
estado civil, siendo una carga válida al menos hasta el 30 de septiembre de 2009,
fecha en la que la norma estuvo vigente y, no lo hizo.
61. Así las cosas, la Sala estima que el tribunal enjuiciado no incurrió en el
defecto sustantivo alegado por la parte actora. La autoridad judicial accionada
interpretó de manera correcta el Decreto 1794 de 2000 y las reglas de la
jurisprudencia sobre su vigencia y aplicación. Por ende, la Sala negará la solicitud
de amparo deprecada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo formulada por el señor Luis Antonio
Messa Ávila, en contra del Tribunal Administrativo del Meta.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Accionante: Luis Antonio Messa Ávila
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07544-00
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Con salvamento de voto
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