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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03940-00

Fecha
24 de agosto de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
9 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03940-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo presentada por el señor Eduardo José Dorado Garcés en relación con el cargo de desconocimiento del principio de congruencia por no superar el requisito de la subsidiaridad. SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso del señor Eduardo José Dorado Garcés. TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS NOTIFICAR la sentencia del 26 de mayo de 2023 emitida por el Tribunal Administrativo de Nariño y ORDENAR que, dentro de los 20 días siguientes a la notificación de esta providencia, la autoridad judicial accionada profiera una sentencia de reemplazo dentro del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho radicado No. 8600133310020200005300/01, en la cual atienda los argumentos expuestos en la parte considerativa del presente fallo. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991 LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA Presidente ROCÍO ARAÚJO OÑATE Magistrada CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO Magistrado PEDRO PABLO VANEGAS GIL Magistrado “Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081” 20 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Eduardo José Dorado Garcés Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño Rad: 11001-03-15-000-2023-03940-00 21 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-03940-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

24 de agosto de 2023

Demandante: Eduardo José Dorado Garcés
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Rad: 11001-03-15-000-2023-03940-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03940-00
Demandante: EDUARDO JOSÉ DORADO GARCÉS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO

Tema: Tutela contra providencia judicial – declara improcedente y
ampara.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve en primera instancia la acción de tutela presentada por el señor
Eduardo José Dorado Garcés contra el Tribunal Administrativo de Nariño.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. El 24 de julio de 2023, el señor Eduardo José Garcés, por intermedio de
apoderado judicial, interpuso acción de tutela con el fin de que se le protejan sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.

2. La parte actora consideró que las garantías mencionadas anteriormente
fueron vulneradas con motivo de la sentencia del 26 de mayo de 2023 emitida por
el Tribunal Administrativo de Nariño. En dicha providencia, se confirmó la decisión
del 29 de septiembre de 2022 dictada en primera instancia por el Juzgado 1.º
Administrativo del Circuito Judicial de Mocoa (Putumayo), que denegó las peticiones
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada contra la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional y Ejército Nacional1.

1.2. Pretensiones

3. De la lectura de la acción de tutela, se desprende que el ciudadano Eduardo
José Dorado Garcés solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de

1
Rad. N.º 8600133310020200005300/01.

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Demandante: Eduardo José Dorado Garcés
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Rad: 11001-03-15-000-2023-03940-00

Nariño; y en consecuencia, pidió que se deje sin efectos la sentencia proferida el 26
de mayo de 2023 que confirmó la decisión de primer grado que negó las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada
por el accionante con el fin de obtener entre otras, el reconocimiento y pago del
subsidio familiar de conformidad con lo previsto en el Decreto 1794 de 20002.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

A continuación, se relacionan los supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la presente sentencia:

4. El señor Eduardo José Dorado Garcés reconoció la existencia de una unión
permanente de hecho con la señora Luz Dary Amelia Canamejoy mediante
escritura pública No. 643 del 28 de mayo de 2015.

5. Por otro lado, el señor Dorado Garcés se encuentra vinculado al Ejército
Nacional como soldado profesional desde el 31 de agosto de 2006.

6. El Ejército Nacional por medio de la orden administrativa de personal 2054
del 30 de septiembre de 2015, ordenó el reconocimiento y pago del subsidio familiar
en cuantía del 20% de su asignación salarial de conformidad con lo señalado en el
Decreto 1161 de 20143.

7. Luego, el accionante solicitó al Ejército Nacional el reconocimiento y pago del
subsidio familiar de conformidad con lo previsto en el Decreto 1794 de 20004. Sin
embargo, esta petición fue negada mediante oficio No. 20183112157771:MDN-
CGFM-COEJC-SEJEC-JEMGF-COPER-DIPER-1-10 del 6 de noviembre de 2018.

8. Inconforme con la respuesta que le brindó la entidad, el accionante presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

2
Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados
profesionales de las Fuerzas Militares.
3
Por el cual se crea el subsidio familiar para soldados profesionales e infantes de marina
profesionales y se dictan otras disposiciones.
Artículo 1.- Subsidio Familiar para soldados profesionales e infantes de marina
profesionales. Créase, a partir del 1° de julio del 2014, para los soldados profesionales e infantes
de marina profesionales de las Fuerzas Militares en servicio activo, que no perciben el subsidio
familiar regulado en los decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009, un subsidio familiar que se liquidará
y reconocerá mensualmente sobre su asignación básica, así:
a. Para los soldados profesionales e infantes de marina profesionales casados o con unión marital
de hecho vigente, tendrán derecho a percibir por subsidio familiar el veinte por ciento (20%) de la
asignación básica por la cónyuge o compañera permanente, más los porcentajes a que se pueda
tener derecho por los hijos conforme al literal c. de este artículo. (…)
4
Articulo 11. Subsidio familiar. A partir de la vigencia del presente Decreto, el soldado profesional
de las Fuerzas Militares casado o con unión marital de hecho vigente, tendrá derecho al
reconocimiento mensual de un subsidio familiar equivalente al cuatro por ciento (4%) de su salario
básico mensual más la prima de antigüedad.
Para los efectos previstos en este artículo, el soldado profesional deberá reportar el cambio de
estado civil a partir de su inicio al Comando de la Fuerza de conformidad con la reglamentación
vigente.

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Demandante: Eduardo José Dorado Garcés
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
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en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional. En
aquella, solicitó entre otras cosas5, la declaratoria de nulidad del anterior oficio y a
título de restablecimiento del derecho, el reajuste de su ingreso mensual, con la
inclusión del subsidio familiar en la cuantía establecida en el Decreto 1794 de 2000.

9. El asunto correspondió en primera instancia, al Juzgado 1º Administrativo del
Circuito Judicial de Mocoa, que en sentencia del 29 de septiembre de 2022 negó
las pretensiones de la demanda.

10. En concreto, la autoridad judicial indicó que el accionante acreditó la unión
material de hecho que tiene con la señora Luz Dary Amelia Canamejo en el año
2015, es decir, en vigencia del Decreto 1161 de 2014. Por esto, dicha prestación
debía reconocerse de conformidad con esta disposición normativa y no otra. En
consecuencia, consideró que el acto administrativo demandado se encuentra
ajustado a derecho.

11. En contra del a anterior decisión, el accionante presentó recurso de
apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Nariño en sentencia
del 26 de mayo de 2023 en la que confirmó la decisión de primer grado.

12. Como fundamento de su decisión, indicó que se encuentra acreditado que el
subsidio familiar se liquidó a favor del accionante en un 20% según lo dispuesto en
el artículo 1 del Decreto 1161 de 2014, porque adquirió el derecho conforme a los
requisitos legales a través de la orden administrativa de personal OAP 2054 del 30
de septiembre de 2015, que se expidió tras acreditar la existencia de su unión
marital de hecho. De estos sucesos, se extrae que, en efecto, y según se desprende
del material probatorio, el señor Dorado Garcés cumplió con el requisito que le
permitía constituirse en acreedor del subsidio familiar en vigencia del Decreto 1161
de 2014. Por esto, en su sentir, el acto administrativo demandado gozaba de
respaldo legal.

1.4. Fundamentos de la solicitud

13. El accionante consideró que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales, por los siguientes motivos.

14. En primer lugar, el señor Eduardo José Dorado Garcés indicó que la
sentencia del 26 de mayo de 2023 reprochada es incongruente. Esto, porque en
aquella el tribunal administrativo accionado no se pronunció frente a la totalidad de
cargos indicados en la demanda de nulidad. Entre ellos, se resaltan:

5
El accionante también cuestionó el acto administrativo ficto o presunto derivado del silencio
administrativo negativo respecto de la petición radicada con el No. P3Y6UU9QS6 en la que solicitó
el reconocimiento y pago de la prima de actividad.; y solicitó el pago y reconocimiento de esta
prestación.

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Demandante: Eduardo José Dorado Garcés
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
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• Cargo segundo: El demandante no estaba «obligado a reportar el cambio de
estado civil a partir de su inicio al comando de la fuerza de conformidad con la
reglamentación vigente».
• Cargo tercero: «Acuso a la sentencia de tener por probado sin estarlo, que la
entidad demandada desvirtuó la presunción de inconstitucionalidad que pesa sobre
el acto administrativo que negó el reconocimiento del reajuste del subsidio familiar
y sobre el decreto 1161 de 2014, situación que comporta un desconocimiento del
precedente constitucional aplicable al presente caso6».

15. En segundo lugar, el peticionario indicó que el Tribunal Administrativo de
Nariño incurrió en un defecto sustantivo por interpretación «errónea» del artículo 11
del Decreto 1794 de 2000 que establece que los soldados profesionales de las
Fuerzas Militares casados o con unión material de hecho vigente, tendrá derecho al
reconocimiento mensual de un subsidio familiar equivalente al 4% de su salario
básico mensual más la prima de antigüedad.

16. Al efecto, mencionó que el Tribunal Administrativo de Nariño indicó en la
sentencia reprochada que no le era aplicable el artículo 11 del Decreto 1794 de
2000, por cuanto la convivencia se acreditó en vigencia del Decreto 1161 de 2014
y no de la primera disposición. Sin embargo, sentir del accionante, el operador
judicial, desconoció que el hecho constitutivo de la unión marital de hecho ocurrió el
1 de enero de 2013, es decir, en vigencia del Decreto 1794 de 2000, razón por la
que era procedente el reconocimiento del subsidio familiar de conformidad con esta
última disposición.

17. En ese orden, para el accionante, la interpretación correcta que debió asumir
el Tribunal accionado del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 es la siguiente: «el
soldado profesional de las fuerzas militares que tenga una unión marital de hecho
vigente, pese a no estar declarada por ser de hecho, entre las fechas del 1º de enero
de 2001 hasta el 23 de junio de 2014, tiene derecho al reconocimiento mensual de
un subsidio familiar equivalente al cuatro por ciento (4%) de su salario básico
mensual más la prima de antigüedad».

18. En tercer lugar, el accionante indicó que la autoridad judicial accionada
incurrió en una violación directa de la Constitución por cuanto desconoció la
situación de otros soldados profesionales que constituyeron sus uniones maritales
de hecho antes del 23 de junio de 2014 y fueron declaradas después de aquella
fecha y devengan el subsidio familiar en los términos del artículo 11 del Decreto
1794 de 2000.

19. Además de lo anterior, el accionante consideró que la autoridad judicial
accionada no profirió la sentencia reprochada, con fundamento en los principios de

6
Al efecto, el accionante citó las siguientes sentencias: C-038 de 2004, C-761 de 2002; C-931 de
2004, T-1318 de 2005, T-1318 de 2005, T-043 de 2007, T-273 de 2007, T-267 de 2006 y T-418 de
2007.

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favorabilidad e «in dubio pro operario» que siempre deben ser tenidos en cuenta al
momento de proferir decisiones en las que se discuten los derechos de un
trabajador.

1.5. Trámite de la acción de tutela

20. Mediante auto del 26 de julio de 2023, el magistrado ponente de esta
providencia admitió la tutela de la referencia. En consecuencia, ordenó notificar al
Tribunal Administrativo de Nariño. Además, dispuso la vinculación como terceros
con interés del Juzgado 1º Administrativo del Circuito Judicial de Mocoa y de la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, así como a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

1.6. Intervenciones

21. Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron los siguientes
informes:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Nariño

22. La autoridad judicial accionada rindió informe en el que solicitó que se declare
improcedente esta acción de tutela, por cuanto en su sentir lo que pretende el
accionante a través de este mecanismo constitucional es una instancia adicional del
proceso ordinario, con el fin de obtener el subsidio familiar en los términos previstos
en el Decreto 1794 de 2000, la cual fue negada en la decisión reprochada por cuanto
el accionante demostró la constitución de la unión marital de hecho en vigencia del
Decreto 1161 de 2014.

23. En punto a lo anterior, el Tribunal Administrativo de Nariño indicó que no es
posible que pretextando un supuesto desconocimiento del orden jurídico por parte
del Tribunal, que se ordene por vía acción de tutela, el reconocimiento de una
prestación a favor del accionante que no esta demostrada.

24. A su vez, el Juzgado 1º Administrativo del Circuito Judicial de Mocoa se limitó
a remitir en digital el expediente ordinario.

25. El Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica, pese a que fueron notificadas guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

26. El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de tutela
presentada por el señor Eduardo José Dorado Garces. Lo anterior de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley

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2591 de 1991 y el numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Legitimación en la causa

27. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto
frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

28. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el
señor Eduardo José Dorado Garcés se encuentra legitimado en la causa por activa.
Esto porque figuran como demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho en el que se profirió la providencia aquí cuestionada.

29. Por su parte, esta Colegiatura encuentra que el Tribunal Administrativo de
Nariño también está legitimado en la causa por pasiva al ser la autoridad judicial
que profirió la decisión reprochada en esta oportunidad.

2.3. Problemas jurídicos y metodología de la decisión

30. El primer problema jurídico que subyace al caso concreto consiste en
determinar si concurren los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela, en especial la exigencia de relevancia constitucional.

31. De encontrarse superados los mismos, la Sala analizará lo siguiente:

32. ¿El Tribunal Administrativo de Nariño vulneró los derechos fundamentales
del accionante, al debido proceso y a la igualdad? Lo anterior, porque desconoció
el principio de congruencia e incurrió en los defectos sustantivo y violación directa
de la Constitución con la sentencia proferida el 26 de mayo de 2023 en la que se
confirmó lo resuelto por el a quo que negó las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el accionante con el fin de
obtener, entre otros, el reconocimiento del subsidio familiar en los términos previstos
en el Decreto 1794 de 2000.

33. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad y
de superarse los anteriores supuestos; (iii) el análisis del caso concreto, con
fundamento en los cargos propuestos en la demanda de tutela.

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Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
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2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

34. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20127. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema8. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales9.

35. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201410. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia11 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial12.

7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
8
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
9
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
11
Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05
de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de
sentencias de tutela.
12
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.

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36. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:

i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

37. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se
intente reabrir el debate de instancia.

38. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

39. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad y solo en el caso de encontrarlos
superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.5. Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad

2.5.1. Subsidiariedad

40. El accionante considera que el Tribunal Administrativo de Nariño en la
sentencia del 26 de mayo de 2023, desconoció el principio de congruencia por
cuanto en aquella decisión no analizó la totalidad de los cargos planteados en la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho; y además incurrió en los
defectos, sustantivo y violación directa de la Constitución.

41. Por esto, la Sala procederá a pronunciarse sobre el cumplimiento del
presente requisito general de procedibilidad respecto de cada uno de los yerros
antes mencionados.

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2.5.1.1. Análisis del requisito general de procedibilidad de subsidiariedad
respecto del cargo de violación al principio de congruencia planteado por el
accionante

42. En relación con el cargo planteado en relación con el desconocimiento del
principio de incongruencia, la Sala desde ya advierte que declarará improcedente la
acción de tutela, por cuanto para ventilar la violación del citado principio y alegar
que un fallo que puso fin a un proceso ordinario incurrió en esta irregularidad, el
legislador dispuso el recurso extraordinario de revisión, pues los motivos en los que
sustenta su acción de tutela se encuadran en los requisitos y causales establecidos
en la ley para que proceda este mecanismo judicial.

43. En ese sentido, esta Sala encuentra que, reiterando el criterio expuesto por
esta Sección en anteriores oportunidades, el dictar una sentencia que no guarda
relación con lo solicitado, implica una violación al principio de congruencia, lo cual
encuadra en una de las causales de nulidad originada en la sentencia, por lo que,
contra ella procede el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248
del CPACA, específicamente por la contenida en el numeral 5.º del artículo 250 de
la referida norma.

44. Dentro del contexto expuesto, la jurisprudencia de la Sala Plena Contenciosa
ha indicado que debe aceptarse que la causal 5ª del artículo 250 del CPACA, se
configura, entre otras razones, cuando al demandado se le condena por objeto
distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en la
misma.

45. Con lo expuesto recuerda la Sección que el recurso extraordinario de
revisión, regulado en los artículos 248 y siguientes del CPACA, es un medio de
impugnación excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo amparadas por la intangibilidad de la
cosa juzgada e invalidarlas ante la demostración inequívoca de ser decisiones
injustas por incurrir en alguna de las causales que taxativamente consagra la ley.

46. Según el artículo 248 del CPACA, el recurso extraordinario de revisión13
procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y
Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos y, debe
interponerse mediante demanda que debe reunir los requisitos prescritos por el
artículo 162 de ese mismo Estatuto Procesal, con indicación precisa y razonada de
la causal en que se funda, acompañada de los documentos necesarios y las
pruebas documentales que el recurrente tenga en su poder y pretenda hacer valer
(artículo 252).

13
Ver al respecto la sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, del 12 de septiembre de
2019. M.P. Luís Alberto Álvarez Parra. Rad. 11001-03-15-000-2019-03291-01, sentencia del 14 de
febrero de 2019. M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2018-04760-00, sentencia del 12
de diciembre de 2019. M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2019-03853-01.

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Rad: 11001-03-15-000-2023-03940-00

47. De ese modo, en relación con el cargo aludido por el accionante relacionado
con la violación del principio de congruencia para esta Sala la parte actora cuenta
con el recurso extraordinario de revisión para someter a criterio del juez ordinario si
en la sentencia del 26 de mayo de 2023 se adoptó una decisión incongruente al
existir contradicción entre los fundamentos y la decisión.

48. Por esto, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo
respecto a la vulneración del principio de congruencia, al no encontrar acreditado el
presupuesto de subsidiariedad.

2.5.1.2. Análisis del requisito general de procedibilidad de subsidiariedad
respecto de los defectos sustantivo y violación directa de la Constitución
planteado por el accionante

49. La Sala considera que respecto de los defectos sustantivo y violación directa
de la Constitución se encuentra superado el requisito de subsidiariedad. Esto,
porque para obtener la protección de sus derechos fundamentales que la parte
actora considera vulnerados no existe otro mecanismo de defensa judicial ordinario.
Al respecto, la Sala precisa que la providencia de 26 de mayo de 2023 resolvió el
recurso de apelación impetrado por la actora contra la decisión de primera instancia,
dictada el 29 de septiembre de 2022 por el Juzgado 1º Administrativo del Circuito
Judicial de Mocoa.

50. Asimismo, frente a los argumentos del extremo accionante, se advierte que
no es procedente el recurso extraordinario de revisión, pues los motivos en los que
sustenta su acción de tutela no se encuadran en los requisitos y causales
establecidos en la ley para que proceda este mecanismo judicial. En el mismo
sentido, tampoco lo es el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.
Esto, debido a que en la situación bajo estudio no se cumplen los presupuestos de
los artículos 258 y 270 de la Ley 1437 de 201114.

2.5.2. Relevancia constitucional

51. Para el caso en concreto, la Sala advierte que la parte accionante considera
vulnerados sus derechos fundamentales porque la autoridad judicial accionada
incurrió en los defectos sustantivo por indebida interpretación del artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000 y violación directa de la Constitución, por cuanto se
desconoció que, en otros asuntos, los soldados profesionales gozan del pago del
subsidio familiar en los términos de la disposición aludida como desconocida.

52. Planteado así el debate, la Sala encuentra que tales cargos son relevantes
desde el punto de vista constitucional. Esto, en la medida en que, para la parte
actora se le negó la posibilidad de que se reconociera en su sentir, de forma
adecuada el subsidio familiar al que aduce tener derecho y ello implicó que le
dejaran de reconocer tal prestación en los términos del Decreto 1794 de 2000. Es

14
Modificado por el artículo 78 de la Ley 2080 de 2021.

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preciso indicar que la prestación aludida se encuentra encaminada a proteger a la
familia como núcleo fundamental de la sociedad en los términos del artículo 42 de
la Constitución Política. En ese sentido, vio transgredidos los derechos
fundamentales sobre los que invocó protección.

53. Además de lo anterior, es pertinente indicar que esta Sala de decisión en
anteriores oportunidades ha considerado que el debate aquí planteado relacionado
con el reconocimiento o no ha considerado que supera el requisito general de
procedibilidad de relevancia constitucional. Esto, por cuanto se trata de un asunto
complejo en el que se involucra el desconocimiento del Decreto 1794 de 2000 que
cobró efectos legales nuevamente a partir de la sentencia del 8 junio de 2017 en la
que el Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009 con efectos
ex tunc, razón por la que era aplicable al caso concreto15.

54. En consecuencia, esta Sección no percibe este mecanismo de amparo como
un medio dirigido a reabrir el debate jurídico frente a la calificación efectuada por la
autoridad judicial accionada de los hechos y las pretensiones que dieron lugar al
ejercicio del medio de control contencioso por parte del demandante.

55. Bajo esta línea argumentativa, la Sala encuentra que el asunto sí reviste de
relevancia constitucional, pues se advierte que los reparos contra la providencia
bajo cuestionamiento pretenden poner de presente las irregularidades en que
presuntamente incurrió la autoridad judicial accionada que además comprometen
una serie de garantías de orden superior. Esto, más allá del debate legal surtido en
las instancias del caso, por lo que el asunto es relevante desde el punto de vista
constitucional ante la evidente tensión entre los derechos fundamentales invocados
y la decisión judicial que controvierte.

2.6.3. Inmediatez

56. También se acredita el cumplimiento del requisito de la inmediatez. En
efecto, la providencia de segundo grado fue notificada el 6 de julio de 2023 y la
solicitud de amparo se interpuso el 24 de julio de 2023. Por ende, la Sala advierte
que la acción de tutela se radicó dentro del término razonable de 6 meses señalado
por la jurisprudencia16.

2.6.4. Tutela contra tutela

57. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la
misma naturaleza, pues la providencia judicial reprochada fue proferida al interior

15
En sentido similar, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencias del 2 de junio de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-01132-01; del 3 de noviembre de
2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-04249-01; y del 24 de noviembre de 2022. Rad. 11001-03-15-
000-2022-05672-00.
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado No.
Rad. N.º 8600133310020200005300/01.

2.6.5. Que la parte actora identifique de manera clara, detallada y
comprensible tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos desconocidos

58. La parte accionante presentó una explicación clara y suficiente de los hechos
y argumentos de los motivos por los que consideró le fueron vulnerados sus
derechos fundamentales.

59. Así, se debe hacer énfasis en que la parte accionante cumplió con la carga
mínima en dar las razones por las cuales el Tribunal Administrativo de Santander
incurrió en un desconocimiento del precedente.

2.6.6. Irregularidad procesal

60. Finalmente, no se observa que se haya alegado una irregularidad procesal,
razón por la que no es procedente su análisis en el caso concreto.

61. Habiéndose cumplido los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela, la Sala analizará si la autoridad judicial accionada incurrió en
desconocimiento del precedente.

62. Para esto se pasará, en un primer momento, a realizar una explicación
general sobre los defectos alegados, para posteriormente abordar el fondo del
asunto.

2.7. Noción de los defectos invocados

2.7.1. Defecto sustantivo

63. La Corte Constitucional ha explicado que el defecto sustantivo se presenta
cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja
de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe
los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”17.

64. Este concepto se fue desarrollando, y posteriormente el Alto Tribunal precisó
que este se configura cuando “en ejercicio de su autonomía e independencia, [el
juez] desborda la Constitución o la ley en desconocimiento de los principios,
derechos y deberes superiores. Lo cual puede ocurrir, entre otros, por la errónea
interpretación o aplicación de la norma. Como puede suceder, por ejemplo, cuando
se desborda el contenido de la norma y se imponen mayores barreras a las exigidas

17
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-159 de 2002.

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por el legislador para conceder el derecho o se desconocen normas que debían
aplicarse” 18.

65. Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos: a) el fundamento de la
decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente
o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos
distintos a los otorgados por el legislado; b) no se hace una interpretación razonable
de la norma; c) la disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución; d)
el ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en
la disposición; e) la decisión se funda en una interpretación no sistemática de la
norma; f) se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial
sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.

66. Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la
existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han
presentado anteriormente.

2.7.2. Violación directa de la Constitución

67. Al respecto, la Corte Constitucional19 ha señalado que este defecto se
configura cuando el juez ordinario profiere una providencia que desconoce la
Constitución en los siguientes eventos:

68. El primero de ellos, tiene lugar cuando el juez “deja de aplicar una disposición
fundamental a un caso concreto”20. En este caso, procede la tutela contra
providencia judicial por el defecto referido cuando: (i) el juez no interpreta y aplica
una disposición legal orientado por el precedente constitucional; (ii) la controversia
versa sobre un derecho de aplicación inmediata y (iii) cuando en la providencia se
vulnera un derecho fundamental sin tener en cuenta el principio de interpretación
conforme a la Constitución21.

69. El segundo caso de violación directa de la Constitución tiene lugar cuando
el juez “aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución”22, y se fundamenta
en el artículo 4° de la Constitución Política que establece que la Carta es norma de
normas. Por tanto, en todo caso que el juez deduzca que una norma es incompatible
con la Constitución, es deber del mismo “aplicar las disposiciones constitucionales
con preferencia a las legales mediante el ejercicio de la excepción de
inconstitucionalidad”23.

18
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-573 de 2017.
19
Corte Constitucional, Sentencia SU-198 del 11 de abril de 2013.
20
Ibídem.
21
Ibídem.
22
Ibídem.
23
Ibídem.

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2.8. Caso concreto

70. Como se ha explicado, el accionante alegó la vulneración a sus derechos
fundamentales con la sentencia proferida el 26 de mayo de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Nariño, en la que confirmó la decisión de primer grado que negó
las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
presentada por él con el fin de obtener entre otras, el reconocimiento y pago del
subsidio familiar de conformidad con lo previsto en el Decreto 1794 de 200024.

71. Lo anterior, porque a su juicio, incurrió en los defectos sustantivo y violación
directa de la Constitución, los cuales se proceden a estudiar.

2.8.1. Defecto sustantivo en el caso concreto

72. Previo a estudiar el cargo en cuestión, la Sala considera pertinente realizar
el siguiente recuento normativo, para efectos de entender la situación jurídica en la
que se encuentran los soldados profesionales que pretenden el reconocimiento y
pago del subsidio familiar aludido.

73. Marco normativo del reconocimiento del subsidio familiar

74. Al efecto, el Gobierno Nacional en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000
creó un subsidio familiar para los soldados profesionales de las fuerzas militares
casados o con uniones maritales de hecho vigentes. Esta situación debía reportarse
a partir de su inicio ante el comando de la fuerza, de conformidad con la
reglamentación vigente.

75. Posterior a ello, se dictó el Decreto 3770 de 2009, «por el cual se deroga el
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000», es decir, dejó sin efectos el reconocimiento
del subsidio familiar a favor de los soldados profesionales. Esta norma empezó a
regir a partir de su publicación, es decir, desde el 30 de septiembre de 2009. Sin
embargo, en contra de aquel, se interpuso una demanda en ejercicio del medio de
control de simple nulidad y mediante sentencia del 8 de junio de 2017 la Sección
Segunda del Consejo de Estado resolvió declarar, con efectos ex tunc, la nulidad
total del Decreto 3770 de 200925.

76. Es importante anotar que entre la interposición de la demanda contra el
Decreto 3770 de 2009 y la sentencia del 2017 de esta corporación, el Gobierno

24
Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados
profesionales de las Fuerzas Militares.
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 8 de
junio de 2017. Rad. 11001-03-15-000-2010-00065-00. Como fundamento de su decisión, indicó que
la medida incorporada al ordenamiento jurídico mediante el Decreto 3770 de 2009 que suprime el
reconocimiento al derecho prestacional del subsidio familiar a los soldados profesionales al revocar
el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, se constituye en regresiva y por tanto carente de legalidad,
al no solamente contravenir los principios y normas en los que se debería fundar, sino también
porque no es compatible con el contenido esencial de los hechos a la protección y seguridad social,
al trabajo y a la seguridad jurídica.

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Nacional expedidó el Decreto 1161 de 2014, mediante el cual creó nuevamente un
subsidio familiar para los soldados profesionales pero en una cuantía inferior al del
Decreto 1794 de 200026.

77. A modo de ilustración, se expone cronológicamente la situación jurídica antes
mencionada:

14 de 30 de 24 de junio de 8 de junio de
Fecha septiembre de septiembre de 2014 2017
2000 2009
Decreto 1161 de Sentencia de
2014 – crea la Sección
nuevamente el Segunda del
Decreto 3770 de
Decreto 1794 de subsidio familiar Consejo de
2009 – derogó
2000 – crea el para los Estado que
el subsidio
Suceso subsidio familiar soldados declaró la
familiar para los
para soldados profesionales nulidad del
soldados
profesionales pero en cuantía Decreto 3770
profesionales.
inferior al del de 2009 con
Decreto 1794 de efectos ex
2000 tunc.

78. Ahora bien, arrimando al caso concreto, la Sala observa que el Tribunal
Administrativo de Nariño en sentencia del 26 de mayo de 2023 resolvió confirmar la
decisión de primer grado, que negó las pretensiones de la demanda presentada por
el demandante con el fin de que se ordenara el reconocimiento y pago a su favor
del subsidio familiar en los términos del Decreto 1794 de 2000. Esto, con
fundamento en los siguientes argumentos.

79. En primer lugar, el tribunal administrativo accionado confirmó la negativa de
las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho porque
encontró acreditado que el subsidio familiar se liquidó a favor del accionante en un
20% según lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 1161 de 2014. Esto, porque,
según encontró acreditado en el proceso, el señor Dorado Garcés cumplió con el
requisito que le permitía constituirse en acreedor del subsidio familiar en vigencia
de la disposición normativa en cita.

26
Por el cual se crea el subsidio familiar para soldados profesionales e infantes de marina
profesionales y se dictan otras disposiciones.
Artículo 1.- Subsidio Familiar para soldados profesionales e infantes de marina
profesionales. Créase, a partir del 1° de julio del 2014, para los soldados profesionales e infantes
de marina profesionales de las Fuerzas Militares en servicio activo, que no perciben el subsidio
familiar regulado en los decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009, un subsidio familiar que se liquidará
y reconocerá mensualmente sobre su asignación básica, así:
a. Para los soldados profesionales e infantes de marina profesionales casados o con unión marital
de hecho vigente, tendrán derecho a percibir por subsidio familiar el veinte por ciento (20%) de la
asignación básica por la cónyuge o compañera permanente, más los porcentajes a que se pueda
tener derecho por los hijos conforme al literal c. de este artículo. (…)

15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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80. Por esta razón, el tribunal administrativo accionado consideró que el acto
administrativo demandado, con el cual se negó reajustar la partida del subsidio
familiar, tiene sustento en el Decreto 1161 de 2014 –norma aplicable en este caso–
por la fecha en la que se acreditó el derecho, es decir, en 2015, conforme se
encontraba acreditado con la solicitud de reconocimiento del subsidio familiar y la
orden administrativa de personal que datan de ese año. Por este motivo, consideró
que el acto administrativo demandado se encontraba ceñido a derecho.

81. Por otro lado, la Sala precisa que al estudiar la demanda de nulidad
propuesta contra el Decreto 3770 de 2009, la Sección Segunda del Consejo de
Estado en el fallo del 8 de junio de 201727 resolvió:

DECLARAR con efectos ex tunc la nulidad total del Decreto 3770 de 2009 por el
cual se deroga el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y se dictan otras
disposiciones expedido por el Gobierno Nacional.

82. Para arribar a dicha conclusión, se sostuvo que:

(…) [L]a medida incorporada al ordenamiento jurídico mediante el Decreto 3770
de 2009, que suprime el reconocimiento al derecho prestacional del subsidio
familiar a los soldados profesionales al revocar el artículo 11 del Decreto 1794 de
2000, se constituye en regresiva y por tanto carente de legalidad, al no solamente
contravenir los principios y normas en los que debería fundarse, sino también
porque no es compatible con el contenido esencial de los derechos a la protección
y seguridad social, al trabajo, y a la seguridad jurídica, toda vez que su objeto no
se encuentra dirigido a promover el bienestar general de los soldados
profesionales como integrantes de la fuerza pública en una sociedad democrática.

Además del análisis efectuado fundado en el juicio de razonabilidad de la medida
regresiva cuestionada, esta Subsección considera que con base en la cláusula del
Estado Social de Derecho, resulta imperativo favorecer en su decisión la vigencia
de la norma de derecho social de mayor alcance, acogiéndose a la regla
hermenéutica que rige en materia de derechos sociales, in dubio pro justitia
socialis, e interpretar las normas a favor de los soldados profesionales, por cuanto
que al serle aplicadas con este sentido consiguen o tienden a alcanzar el
“bienestar”, esto es, las condiciones de vida mediante las cuales es posible a la
persona humana desarrollarse conforme a su excelsa dignidad.

83. Posteriormente, con ocasión de las solicitudes de adición y aclaración
formuladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio
de Defensa y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, frente a la citada sentencia
del 8 de junio de 2017, se profirió la providencia del 8 de septiembre de 2017 en la
cual se precisó:

De acuerdo con lo dicho, la declaratoria de nulidad con efectos ex tunc del Decreto
3770 de 2009 revivió las disposiciones normativas contenidas en el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, restituyendo sus efectos con el fin de evitar la existencia
de vacíos normativos y, por ende, la inseguridad jurídica generada por la ausencia

27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Rad. 11001-03-25-
000-2010-00065-00. Accionante: Fundación Colombiana Sentimiento Patrio de los Soldados e
Infantes de Marina Profesionales Sedesol contra el Gobierno Nacional.

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de regulación particular y especifica respecto de situaciones jurídicas no
consolidadas desde el momento de su promulgación hasta cuando fue subrogado
por el Decreto 1161 de 2014, que permanece en vigor desde su entrada en
vigencia hasta nuestros días, por cuanto que no ha sido expulsado del
ordenamiento jurídico por ninguna de las vías legalmente establecidas.

84. De acuerdo al análisis esbozado, para la Sala sí se configuró el defecto
sustantivo, pero por desconocimiento de los efectos ex tunc con los que se declaró
la nulidad del Decreto 3770 de 2009, dado que a la accionante le asiste el derecho
a que se le reconozca el subsidio familiar del que goza, de acuerdo con el artículo
11 del Decreto 1794 de 2000, por lo que pasa a explicarse.

85. En el caso concreto se encontró acreditado que, desde el 18 de agosto de
2012, existe una unión marital de hecho entre el señor Eduardo José Dorado Garcés
y la señora Luz Dary Mora Canamejoy y que aquella fue reconocida mediante
escritura pública No. 643 del 28 de mayo de 2015. Así, al haber sido removido del
ordenamiento jurídico el Decreto 3770 del 30 de septiembre de 2009, se encontraba
en la hipótesis que estableció el artículo 11 del Decreto 1794 de 200028, lo cual, lo
hacía acreedor de la prestación de marras a partir del 18 de agosto de 2012.

86. A modo de ilustración, se expone cronológicamente la situación fáctica y
jurídica antes mencionada así:

14 de 30 de 18 de 24 de junio 28 de mayo de 30 de 8 de
Fecha septiembre septiembre agosto de de 2014 2015 septiembre de junio de
de 2000 de 2009 2012 2015 2017
Nacimiento Decreto 1161 Reconocimiento Reconocimiento Sentencia
de la unión de 2014 – de la unión del subsidio de la
marital de crea marital de familiar de Sección
hecho nuevamente hecho conformidad Segunda
entre el el subsidio constituida por con el Decreto del
Decreto Decreto 3770
señor familiar para el señor 1161 de 2014. Consejo
1794 de de 2009 –
Eduardo los soldados Eduardo José de Estado
2000 – crea derogó el
José profesionales Dorado Garcés que
Suceso el subsidio subsidio
Dorado pero en y la señora Luz declaró la
familiar para familiar para
Garcés y la cuantía Dary Amelia nulidad
soldados los soldados
señora Luz inferior al del Canamejoy. del
profesionales profesionales.
Dary Mora Decreto 1794 Decreto
Canamejoy de 2000 3770 de
2009 con
efectos
ex tunc.

87. Lo anterior implica que la autoridad judicial accionada debía analizar lo
atinente a la situación concreta planteada por el accionante desde la óptica de la
norma sustancial; esto es que inicialmente no pudo acceder al subsidio familiar
consignado en el Decreto 1794 de 2000, por cuanto para el momento en el que

28
Artículo 11. Subsidio familiar. A partir de la vigencia del presente Decreto, el soldado profesional
de las Fuerzas Militares casado o con unión marital de hecho vigente, tendrá derecho al
reconocimiento mensual de un subsidio familiar equivalente al cuatro por ciento (4%) de su salario
básico mensual más la prima de antigüedad. Para los efectos previstos en este artículo, el soldado
profesional deberá reportar el cambio de estado civil a partir de su inicio al Comando de la Fuerza
de conformidad con la reglamentación vigente.

17 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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inició su unión marital de hecho, esa norma había sido derogada. Sin embargo, con
ocasión del fallo de la Sección Segunda del Consejo de Estado que declaró la
nulidad del Decreto 3770 del 30 de septiembre de 2009 con efectos retroactivos,
dicha situación imponía verificar si en el periodo comprendido entre el 18 de agosto
de 2012 –fecha en la que cambió el estado civil el soldado profesional– y la
expedición del Decreto 1161 de 2014 que data del 24 de junio del mismo año, se
había consolidado el derecho a favor del señor Dorado Garcés.

88. Así, es claro que el cambio del estado civil del soldado profesional aconteció
el 18 de agosto de 2012, es decir, antes de la entrada en vigencia del Decreto 1161
de 2014.

89. Lo anterior demuestra que, pese a resolver el litigio que conoció por cuanto
realizó un pronunciamiento frente a las pretensiones planteadas en la demanda, la
autoridad judicial accionada erró en el ejercicio de selección de las normas. Esto,
porque omitió lo establecido en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, teniendo
en cuenta que para el momento de su decisión se había declarado la nulidad del
Decreto 3770 de 2009 que derogó la anterior norma, lo que implicaba que estaba
vigente para la fecha en que el señor Dorado Garcés inició su vida marital con la
señora Luz Dary Mora Canamejoy.

90. Vale aclarar que el soldado no contó con la oportunidad de solicitar el
reconocimiento de su prestación de acuerdo con el artículo 11 del Decreto 1794 de
2000, precisamente porque fue solo hasta que cobró ejecutoria la providencia del 8
de junio de 2017 que, se reitera, fue la que declaró la nulidad del Decreto 3770 de
2009, que se contó con la certeza de que los soldados profesionales podrían
solicitar el pago de esta prestación, de acuerdo con la norma que revivió al mundo
jurídico.

91. En otras palabras, es importante resaltar que no se le podía exigir al soldado
profesional que declarara ante las autoridades militares su cambio de estado civil
tan pronto esto ocurrió, sobre la base de considerar que para la fecha en que esta
se produjo (2012) no existía el subsidio familiar, por la derogación expresa que en
su momento realizó el Decreto 1794 de 2000. Por ende, para esa fecha era
innecesario que el actor declarara su vínculo familiar.

92. En consecuencia, el fallo censurado mediante esta tutela incurrió en el
defecto sustantivo propuesto porque realizó una indebida interpretación de la norma
cuya reviviscencia fue declarada por la Sección Segunda de esta corporación. Lo
anterior, al exigir una solicitud de reconocimiento en el periodo en el que esta
disposición no estaba produciendo efectos jurídicos.

93. En suma, el defecto sustancial invocado por la parte accionante se configura
desde 2 puntos de vista: i) en primer lugar, por cuanto para la resolución del caso,
la autoridad judicial accionada empleó normas que no tenían cabida, dado que su

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Demandante: Eduardo José Dorado Garcés
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Rad: 11001-03-15-000-2023-03940-00

análisis se circunscribió a referir que la persona ya recibía la prestación del Decreto
1161 de 2014 sin estudiar que la unión marital de hecho estaba vigente desde el
año 2012; y ii) en segundo lugar, como consecuencia de la anterior situación, omitió
aplicar las normas que efectivamente eran las llamadas a resolver el conflicto, en
consonancia con lo resuelto por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado.

94. Por último, la Sala en virtud del principio de transparencia considera
pertinente indicar que en sentencia del 3 de noviembre de 202229 en la que se
negaron las pretensiones de la tutela por unos hechos similares a los aquí
expuestos30 y en la que se tuvo en cuenta para efectos de decidir si procedía o no
el amparo propuesto en aquella oportunidad, que como el reconocimiento de la
unión marital de hecho se presentó en el año 2015 (tal como sucede en esta
oportunidad), con la particularidad de que en aquella oportunidad, en la
correspondiente escritura pública se indicó que tenía efectos desde el 8 de agosto
de 2009, en consecuencia se concluyó que como la consolidación de la unión
marital de hecho ocurrió en vigencia del Decreto 1794 de 2000 era deber del actor
reportar el cambio de su estado civil. La anterior precisión se realiza en aras de
garantizar el debido proceso de los usuarios de la justicia, que también implica que
los jueces de la República adopten sus decisiones conforme a los criterios vigentes
sobre la materia.

2.9. Conclusiones

95. Por los motivos aquí expuestos, la Sala declarará improcedente el amparo
presentado por el accionante en relación con el cargo de desconocimiento del
principio de congruencia por no superar el requisito de subsidiariedad; y amparará
los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad del accionante. En
consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia del 26 de mayo de 2023 emitida
por el Tribunal Administrativo de Nariño y se ordenará que, dentro de los 20 días
siguientes a la notificación de esta providencia, la autoridad judicial accionada
profiera una sentencia de reemplazo dentro del expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado No. 8600133310020200005300/01, en la
cual atienda los argumentos expuestos en la parte considerativa del presente fallo.

29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 3 de
noviembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-04249-01. C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
30
En aquella oportunidad, el accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales que
consideró vulnerados con la decisión proferida por la autoridad judicial accionada que negó el
reconocimiento y pago del subsidio familiar de conformidad con lo previsto en el Decreto 1794 de
2000. Esto, porque el accionante constituyó la unión marital de hecho en el año 2015, pese a que
aquella había nacido en el año 2009 razón por la que era procedente el reconocimiento del subsidio
familiar de conformidad con la norma vigente, esto es, el Decreto 1161 de 2014. Sin embargo, la
Sala en la sentencia del 3 de noviembre de 2022, negó las pretensiones de amparo. Esto, bajo el
entendido que como la unión marital de hecho se constituyó hasta el año 2015, era procedente el
reconocimiento del subsidio familiar de acuerdo con el Decreto 1161 de 2014 y no el anterior.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

III. FALLA:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo presentada por el
señor Eduardo José Dorado Garcés en relación con el cargo de desconocimiento
del principio de congruencia por no superar el requisito de la subsidiaridad.

SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad y al debido
proceso del señor Eduardo José Dorado Garcés.

TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS NOTIFICAR la sentencia del 26 de mayo de
2023 emitida por el Tribunal Administrativo de Nariño y ORDENAR que, dentro de
los 20 días siguientes a la notificación de esta providencia, la autoridad judicial
accionada profiera una sentencia de reemplazo dentro del expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado No. 8600133310020200005300/01, en la
cual atienda los argumentos expuestos en la parte considerativa del presente fallo.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo
establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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