Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02373-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02373-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-02373-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
22 de mayo de 2025
Demandante: Carlos Valencia Rincón
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02373-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Santiago de Cali, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02373-00
Demandante: CARLOS VALENCIA RINCÓN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial – subsidio familiar – declara
improcedencia y niega.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El señor Carlos Valencia Rincón, actuando por intermedio de apoderado
judicial, presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Meta
y el Juzgado 1 Administrativo de San José del Guaviare. Con la solicitud de
amparo, pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, a la familia, a la seguridad social y de acceso a la
administración de justicia.
2. A su juicio, las anteriores garantías constitucionales fueron vulneradas con
la expedición de la sentencia de 5 de diciembre de 2024, dictada por el tribunal
accionado. En dicha decisión, se confirmó el fallo de primera instancia del 25 de
junio de 2024, proferido por el Juzgado 1 Administrativo de San José del
Guaviare, que negó las pretensiones de la demanda. Ello al interior del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
50001-33-33-006-2020-00052-00/012.
1 Modificado por el artículo 1 del Decreto Nacional 333 de 2021.
2 Adelantado por el accionante en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.
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Demandante: Carlos Valencia Rincón
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
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1.2. Pretensiones
3. La parte actora solicitó lo siguiente:
Como consecuencia de todo lo anterior, solicito al honorable Consejo de
Estado que actuando como Juez Constitucional, ampare los derechos
fundamentales al debido proceso, el derecho al acceso a la administración
de justicia, el derecho a la igualdad de trato en la aplicación de la ley y los
precedentes jurisprudenciales, a los principios de favorabilidad e
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales
configurándose vías de hecho judicial, que han sido vulnerados por la
autoridades judiciales al señor CARLOS VALENCIA RINCÓN y en
consecuencia deje sin efectos las sentencias de fecha 21 de junio de 2024 y
5 de diciembre de 2024, emitidas respectivamente por el JUZGADO
PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ
DEL GUAVIARE y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE META dentro del
proceso ejecutivo No. 50001333300620200005200 en cuanto decidieron el
reconocimiento del subsidio familiar en servicio con base en artículo 11 del
decreto 1794 del 20003.
1.3. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes del caso de la siguiente
manera:
5. El señor Carlos Valencia Rincón estuvo vinculado al Ejército Nacional
como soldado voluntario, desde el 10 de julio de 1994 hasta el 31 de octubre de
2003. A partir del 1 de noviembre de 2003, el accionante fue homologado como
soldado profesional; calidad que mantuvo hasta el 19 de febrero de 2013, fecha
en la que se retiró del servicio, conforme a lo dispuesto en la Orden Administrativa
de Personal n. ° 1105 de 11 de febrero de 2013.
6. De acuerdo con la escritura pública n. ° 1058 de 10 de agosto de 2009, el
accionante inició su unión marital con la señora Sandra Milena Hincapié Bernal,
desde el 8 de mayo de 2004.
7. Estando en servicio activo, el actor solicitó el reconocimiento del subsidio
familiar4. Sin embargo, mediante el oficio n. ° 20115590193761 MDN-CGFM-CE-
JEDEH-DIPER-EJP de 9 de marzo 2011, el Ejército Nacional negó tal solicitud.
8. El 13 de febrero de 2020, el señor Valencia Rincón presentó nuevamente
la solicitud de reconocimiento, reliquidación y pago del subsidio familiar, con el
fin de que esta prestación fuese incluida en el cálculo de su asignación de retiro.
9. Esta petición también fue negada mediante el oficio 2020311000292731:
MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER- DIPER-1.10 de 19 de febrero
de 2020.
3 Transcripción textual del original.
4 En el expediente no hay prueba sobre la fecha de presentación de esta solicitud.
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10. Por lo anterior, el señor Valencia Rincón ejerció el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional. En la demanda, solicitó la anulación del
acto administrativo indicado en el numeral anterior. Y, a título de restablecimiento
del derecho, pidió que se condenara a la entidad demandada al reconocimiento
y pago del subsidio familiar y, en consecuencia, que se revise y reliquide «en el
porcentaje correspondiente la prima de antigüedad, la prima de servicios,
vacaciones, prima de navidad y cesantías teniendo en cuenta la nueva base
prestacional». A este proceso le fue asignado el radicado 50001-33-33-006-2020-
00052-00.
11. En sentencia de 25 de junio de 2024, el Juzgado 1 Administrativo de San
José del Guaviare negó las pretensiones de la demanda. Esta decisión se fundó
en la aplicación de la sentencia de 20 de octubre de 2022, dictada por la Sala
Plena del Tribunal Administrativo del Meta5, en la cual se estableció que los
soldados que contrajeron matrimonio o declararon su unión marital «antes de la
derogatoria del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 (1 de enero de 2001 al 30
de septiembre de 2009), no tenían ninguna justificación legal que los eximiera de
cumplir con la normativa de informar el cambio de estado civil, por ende, en caso
de reclamación deberán acreditar su cumplimiento».
12. En el caso concreto, el Juzgado constató que, según consta en la escritura
pública n. ° 1058 de 10 de agosto de 2009, el actor inició su unión marital con la
señora Sandra Milena Hincapié Bernal, desde el 8 de mayo de 2004. Por tanto,
el señor Valencia Rincón debió reportar el cambio de su estado civil en vigencia
del Decreto 1794 de 2000. Sin embargo, solo lo hizo hasta el 2011, esto es, luego
de que el Decreto 3770 de 2009 derogara el subsidio familiar.
13. La parte demandante apeló el fallo de primera instancia. En el recurso, se
refirió, principalmente, a dos cuestiones. Primero, mencionó que, en la sentencia
de 8 de junio de 2017, el Consejo de Estado declaró la nulidad con efectos ex
tunc del Decreto 3770 de 2009. Por ende, recobró vigencia el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, por lo que esta era la norma vigente al momento de la
presentación de la última solicitud de reconocimiento y pago del subsidio familiar.
Segundo, manifestó que el reconocimiento de la prestación no puede
condicionarse a un trámite como lo es la comunicación del cambio del estado
civil.
14. Mediante la sentencia de 5 de diciembre de 2025, el Tribunal
Administrativo del Meta confirmó la sentencia de primera instancia. La autoridad
accionada reiteró que el accionante estaba en la obligación de reportar el cambio
de su estado civil, a efectos de solicitar el reconocimiento del subsidio familiar
previsto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2009. Por ende, «su incumplimiento
en dicho periodo, cuando la obligación estaba plenamente vigente, resulta en la
imposibilidad de acceder al beneficio».
5 Proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 50001-33-33-
008-2020-00009-01.
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1.4. Sustento de la vulneración
15. El accionante alegó que las decisiones dictadas por el Tribunal
Administrativo del Meta y el Juzgado 1 Administrativo de Cúcuta, en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho 50001-33-33-006-2020-00052-00/01,
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la
familia, a la seguridad social y de acceso a la administración de justicia.
16. Al respecto, el actor adujo que las providencias adolecen de los defectos
«material o sustantivo en concordancia con el defecto fáctico, decisión sin
motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución». No obstante, solo explicó los siguientes defectos:
(i) Defecto sustantivo. Indicó que, en la sentencia de 8 de junio de 2017, la
Sección Segunda del Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto
3770 de 2009 con efectos ex tunc. Para el actor, ello implica que los
operadores jurídicos debieron aplicar las disposiciones del Decreto 1794 de
2000, como si aquel «nunca hubiere existido». Al respecto, agregó que era
imposible «exigirle el cumplimiento de una obligación [la comunicación del
cambio de estado civil] que, en ese contexto, era inaplicable y carente de
validez jurídica».
(ii) Defecto fáctico. Consideró que las autoridades accionadas no valoraron
las pruebas que «ofrecían certeza» acerca de su derecho al reconocimiento
del subsidio familiar, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto
1794 de 2000. En particular, se refirió a (i) la escritura pública n. ° 1058 de
10 de agosto de 2009, en la que consta la existencia de la unión marital de
hecho con la señora Hincapié Bernal; (ii) el oficio 20115590193761 MDN-
CGFM-CE- JEDEH-DIPER-EJP del 9 de marzo de 2011, que negó el
subsidio familiar como soldado activo; y (iii) el oficio
202031100029273:MDN-CEFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER- DIPER-
110 del 19 de febrero de 2020, que negó la prestación en la asignación de
retiro del actor.
A su juicio, las anteriores pruebas acreditan que sí comunicó al Ejército
Nacional el cambio de su estado civil, aun cuando no hay certeza sobre la
fecha en que ello ocurrió. Sin embargo, consideró que ello no puede derivar
en la pérdida del derecho, comoquiera dicho trámite «no puede llegar a ser
impedimento para la efectividad del derecho sustancial».
(iii) Desconocimiento del precedente. En relación con este defecto, el actor
sostuvo que las autoridades judiciales desconocieron, sin justificación
alguna, la sentencia de 8 de junio de 2017 y, en particular, los efectos ex
tunc de la declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de 2009. También puso
de presente la existencia del fallo de 20 de febrero de este año, proferido
por esta Sala en el proceso de tutela con radicado
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11001031500020240570301.
17. Por lo anterior, solicitó que se dejen sin efectos las providencias dictadas
por las autoridades judiciales accionadas.
1.5. Trámite de primera instancia
18. Por medio del auto de 25 de abril de 2025, el despacho ponente de la
decisión admitió la solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó notificar en
calidad de accionados al Tribunal Administrativo del Meta y al Juzgado 1
Administrativo de San José del Guaviare.
19. Así mismo, vinculó en calidad de terceros con interés a la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, así como a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos del artículo 610 del
Código General del Proceso.
1.6. Intervenciones
20. Ministerio de Defensa Nacional. Solicitó que se declare la improcedencia
de la acción sub examine. Señaló que la solicitud de amparo no cumple con el
requisito de relevancia constitucional. Esto, comoquiera que el actor pretende
reabrir el debate legal debidamente concluido por las autoridades judiciales
competentes, puesto que el actor pretende convertir este mecanismo
constitucional en una tercera instancia para discutir decisiones judiciales
desfavorables a sus intereses.
21. Juzgado 1 Administrativo de San José del Guaviare. Consideró que la
acción es improcedente. Esto, por cuanto (i) los reproches formulados por el actor
corresponden a aquellos que fueron decididos correctamente en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho; y (ii) no hay prueba de la configuración
de los defectos alegados ni mucho menos de la violación de las garantías
fundamentales mencionadas por el accionante. Así mismo, remitió el expediente
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 50001-33-33-006-2020-
00052-00/01.
22. Tribunal Administrativo del Meta. Se limitó a remitir la constancia de
publicación del auto admisorio de esta tutela en el proceso contencioso antes
referido.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
23. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada
por el accionante en contra del Tribunal Administrativo del Meta y el Juzgado 1
Administrativo de San José del Guaviare. Lo anterior de conformidad con lo
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establecido en el Decreto 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Legitimación en la causa
24. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
25. Con fundamento en lo expuesto, la Sala advierte que el señor Carlos
Valencia Rincón conformó el extremo accionante del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 50001-33-33-006-2020-00052-00/01.
Por tanto, está legitimado en la causa por activa6, por ser el titular de los derechos
fundamentales que estima vulnerados por la expedición de las decisiones
judiciales dictadas en el referido proceso ordinario.
26. Por otro lado, la Sala evidencia que tanto el Tribunal Administrativo del
Meta como el Juzgado 1 Administrativo de San José del Guaviare están
legitimados en la causa por pasiva, por ser las autoridades judiciales que
profirieron las providencias cuestionadas en esta oportunidad. Sin embargo, la
Sala solo analizará la sentencia del 5 de diciembre de 2024, dictada por el citado
tribunal, por ser la decisión que finalizó el trámite judicial.
2.3. Problemas jurídicos
27. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; los problemas
jurídicos a resolver en el caso concreto son los siguientes:
● ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales?
28. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará
lo siguiente:
• ¿El Tribunal Administrativo del Meta vulneró el derecho fundamental al
debido proceso que reclama el accionante, al dictar la sentencia de 5 de
diciembre de 2024?
29. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto, (iii)
requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela respecto a la
providencia controvertida, y finalmente, (iv) el caso concreto.
6 Al respecto, en el expediente consta el poder especial debidamente otorgado por el accionante
para la presentación de la acción de tutela.
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2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
30. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20127. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema8. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales9.
31. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201410. En esta decisión se
establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia11 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial12.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
9 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
11 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del
2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que
se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance
de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
12 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando
el funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de
su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.
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32. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y examinar si se configuran
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes
requisitos generales de procedencia:
i) relevancia constitucional,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
v) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
33. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial.
2.5. Estudio de los requisitos generales de la acción de tutela
2.5.1. Relevancia constitucional
34. De acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación, este requisito de
procedencia debe analizarse de conformidad con los parámetros fijados en la
Sentencia SU-215 de 2022. En consecuencia, el el juez constitucional debe
evaluar que (i) el actor cumpla con su carga argumentativa, a fin de que explique
con suficiencia la vulneración de los derechos fundamentales, por lo que no basta
con la simple mención de su transgresión; (ii) la tutela no persiga reabrir el debate
concluido por los jueces de instancia, pues este mecanismo solo está instituido
para proteger derechos fundamentales, y no para discutir la discrepancia que el
actor tenga frente a la decisión judicial; y (iii) que la acción no verse sobre debates
eminentemente legales o económicos.
35. En este caso, el actor mencionó que la decisión de 5 de diciembre de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo del Meta adolece de los defectos
«material o sustantivo en concordancia con el defecto fáctico, decisión sin
motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución».
36. A continuación, la Sala analizará si estos cargos tienen relevancia
constitucional.
37. Decisión sin motivación y violación directa de la Constitución. Estos cargos
carecen de relevancia constitucional, comoquiera que el accionante no cumplió
con la carga argumentativa requerida para habilitar la competencia del juez
constitucional en este tipo de casos. Ciertamente, el actor se limitó a enunciar
estos defectos, sin exponer argumento alguno que diera cuenta de su
configuración y de la vulneración de sus derechos fundamentales.
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38. Desconocimiento del precedente. En relación con este defecto, esta Sala
ha reiterado que la procedencia de este tipo de cargos impone a la parte
accionante la carga de identificar (i) la decisión que considera desatendida, (ii) la
ratio decidendi que se deriva del precedente, así como (iii) la justificación de por
qué tal regla jurisprudencial le es aplicable al caso sub examine.
39. En este caso, el actor no cumplió con la referida carga argumentativa.
Como se expuso en la sección 1.4. de esta providencia, el accionante se limitó a
(i) afirmar, en términos generales, que las autoridades judiciales desconocieron,
sin justificación alguna la sentencia de 8 de junio de 2017, mediante la cual la
Sección Segunda de esta corporación declaró la nulidad del Decreto 3770 de
2009 con efectos ex tunc; y (ii) a mencionar la existencia de la decisión de 20 de
febrero de este año, proferida por esta Sala en el proceso de tutela con radicado
11001031500020240570301, sin exponer argumento alguno que permita
advertir, prima facie, porque ese caso es análogo al sub examine.
40. Defectos fáctico y sustantivo. La Sala advierte que estos reproches están
relacionados, en tanto ambos están encaminados a demostrar que el actor tiene
derecho al reconocimiento y pago del subsidio familiar, conforme a lo dispuesto
en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000. Ello, por cuanto:
(i) las pruebas allegadas al proceso (i.e., la escritura pública n. ° 1058 de 10
de agosto de 2009, los oficios del Ministerio de Defensa mediante los cuales
negó el reconocimiento, pago y reliquidación de la prestación, en 2011 y
2020) dan cuenta de que el actor sí reportó el cambio de su estado civil, sin
que sea válido condicionar el derecho a un mero trámite administrativo; y
(ii) habida cuenta de los efectos ex tunc la declaratoria de nulidad del Decreto
3770 de 2009, las autoridades judiciales debieron aplicar las disposiciones
del Decreto 1794 de 2000, como si aquel «nunca hubiere existido». De allí
que resulte inadecuado exigirle al actor que hubiese reportado el cambio de
su estado civil en vigencia de aquel decreto.
41. De conformidad con lo anterior, se resalta que la parte actora cumplió con
la carga de identificar los defectos que le adjudica a la sentencia censurada. De
igual forma, sustentó en qué se concretaron, así como también explicó sus
implicaciones en la garantía de sus derechos fundamentales.
42. En principio podría establecerse que lo propuesto por el accionante recae
en un debate meramente legal y económico. Sin embargo, el debate en cuestión
gira en torno al subsidio familiar de un soldado profesional.
43. La prestación objeto de debate ha sido definida por la Corte Constitucional
de la siguiente manera13:
13 Corte Constitucional. Sentencia C-271 de 2021.
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Se trata de “una prestación social, porque su finalidad no es la de retribuir
directamente el trabajo-como sí lo hace el salario-, sino la de subvencionar
las cargas económicas del trabajador beneficiario”. Ha destacado que [t]iene
por objetivo fundamental la protección integral de la familia” señalando que
“[c]onstituye una valiosa herramienta para la consecución de los objetivos de
la política social y laboral del Gobierno” puesto que contribuye a “alcanzar la
universalidad de la seguridad social, en consonancia con el postulado
contemplado en el artículo 48 de la Carta Política”. Ha reiterado también que
“es una función pública, servida por el Estado a través de organismos
intermediarios manejados por empresarios y trabajadores” y su cumplimiento
adecuado compromete “el interés general de la sociedad, por los fines de
equidad que persigue”. Además de lo indicado, este tribunal ha precisado
que el subsidio supone “un sistema de compensación entre los salarios bajos
y los altos, dentro de un criterio que mira a la satisfacción de las necesidades
básicas del grupo familiar” y, bajo esa perspectiva, constituye “un mecanismo
de redistribución del ingreso, en especial si se atiende a que el subsidio en
dinero se reconoce al trabajador en razón de su carga familiar y de unos
niveles de ingreso precarios, que le impiden atender en forma satisfactoria
las necesidades más apremiantes en alimentación, vestuario, educación y
alojamiento”.
44. Del aparte transcrito se extrae la conclusión que el subsidio familiar y, en
particular, el debate jurídico que se suscita en esta oportunidad reviste relevancia
constitucional. Como se indicó, esta prestación tiene por objeto la protección
integral de familias de medios y bajos recursos, especialmente en lo que tiene
relación directa con las necesidades básicas. Así las cosas, si bien se podría
considerar que al tratarse de una reliquidación económica el asunto no trasciende
de allí, lo cierto es que supera ampliamente lo anterior, toda vez que toca el
mínimo vital de núcleos familiares a partir de una prestación que procura por
garantizarles el derecho a la igualdad frente a aquellos que por ingresos
económicos salariales tienen cierta ventaja.
45. De lo anterior se concluye que los reproches propuestos por la parte actora
tienen relevancia constitucional. En efecto, a través de la presente acción de
tutela, más allá de proponerse un debate legal o económico, se advierte que al
señor Valencia Rincón se le han podido ver vulnerados sus derechos al debido
proceso, a la igualdad, a la familia, a la seguridad social y de acceso a la
administración de justicia, porque no le fue reconocido el subsidio familiar.
2.5.2. Inmediatez
46. La Sala Plena de esta corporación ha sostenido que seis (6) meses es el
término razonable para acudir y solicitar el amparo de los derechos
fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de providencias
judiciales.
47. En este caso, la sentencia cuestionada fue proferida el 5 de diciembre de
202414, y el accionante presentó la acción de amparo el 24 de abril del presente
14 Esta decisión fue notificada el 12 de diciembre de 2024.
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año. Dado que no transcurrieron más de 6 meses entre la expedición de la
providencia sub examine y la interposición de la tutela, se encuentra satisfecho
el requisito de inmediatez.
2.5.3. Subsidiariedad
48. Este requisito implica analizar si para obtener la protección de los
derechos fundamentales que la parte actora considera vulnerados, existe algún
otro mecanismo de defensa judicial ordinario.
49. Al respecto, la Sala precisa que la providencia de 5 de diciembre de 2024
resolvió el recurso de apelación presentado por el señor Carlos Valencia Rincón
en contra del fallo de primera instancia en el proceso 50001-33-33-006-2020-
00052-01. De ese modo, es evidente que se agotaron los recursos ordinarios.
50. Igualmente, se advierte que, en este caso, no es procedente el recurso
extraordinario de revisión, pues los motivos en los que sustenta su acción de
tutela (i.e., defectos fáctico y sustantivo) no se encuadran en los requisitos y
causales establecidos en la ley para que proceda este mecanismo judicial. En el
mismo sentido, tampoco lo es el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia. Esto, debido a que en la situación bajo estudio no se cumplen los
presupuestos de los artículos 258 y 270 de la Ley 1437 de 201115.
2.5.4. Identificación razonable de los hechos
51. La parte actora cumplió con este requisito, en tanto identificó los hechos
y explicó detalladamente las razones por las que considera que la autoridad
judicial accionada incurrió en un yerro y le vulneró sus derechos al debido
proceso, a la igualdad, a la familia, a la seguridad social y de acceso a la
administración de justicia.
2.5.5. Tutela contra tutela
52. La Sala no encuentra reparo alguno frente a este requisito. En efecto, a
través de la presente acción constitucional se cuestiona la providencia de 5 de
diciembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 50001-33-33-006-
2020-00052-01.
2.5.6. Efecto decisivo de la irregularidad procesal
53. Este requisito no es aplicable al presente caso porque no se le reprocha
ningún error procesal a la sentencia objeto de censura.
15 Modificado por el artículo 78 de la Ley 2080 de 2021.
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2.6. Defectos especiales de procedencia de la acción de tutela
2.6.1. Defecto fáctico
54. La Corte Constitucional ha considerado la procedencia excepcional de
este defecto en materia de tutela contra providencia judicial. Esto obedece al
respeto por los principios de autonomía e independencia judicial, conforme a los
cuales:
[…] los jueces tienen amplias facultades para efectuar el análisis del material
probatorio en cada caso concreto […] No obstante, tal poder debe estar
inspirado en los principios de la sana crítica, atender necesariamente
criterios de objetividad, racionalidad, legalidad y motivación, entre otros, y
respetar la Constitución y la ley. De lo contrario, el margen de apreciación
del juez sería entendido como arbitrariedad judicial, hipótesis en la cual se
configuraría la causal por defecto fáctico y el juez de tutela podría dejar sin
efectos la providencia atacada16.
55. Por ello, la jurisprudencia constitucional ha establecido que este defecto
se presenta en tres hipótesis concretas: 1) existe una omisión en el decreto de
pruebas que eran necesarias en el proceso; ii) se verifica una valoración
caprichosa y arbitraria de las pruebas presentadas; o iii) no se valora en su
integridad el material probatorio. Y, en todo caso, el error en el juicio valorativo
debe ser «ostensible, flagrante y manifiesto»17.
56. En últimas, se trata de una dimensión positiva y otra negativa. La primera
ocurre cuando se efectúa una valoración equivocada o con una prueba no apta
para ello. También, cuando el juez al otorgarle el mérito a una prueba se aparta
de las reglas de experiencia, es decir, no aplica los principios de la sana crítica.
La segunda, cuando el juez omite o ignora la valoración de una prueba
determinante o niega el decreto de su práctica sin justificación alguna.
57. En ese orden de ideas, la intervención del juez constitucional «no puede
realizar un nuevo examen como si se tratara de una instancia adicional, porque
su función se ciñe a verificar que la solución de los procesos judiciales sea
coherente con la valoración ponderada de los elementos fácticos presentes en la
actuación»18 y que sea de tal trascendencia que, de no haberse incurrido en él,
la solución del asunto hubiera sido distinta.
2.6.2. Defecto sustantivo
58. La Corte Constitucional ha explicado que el defecto sustantivo se presenta
cuando «la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o
deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que
contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica»19.
16 Corte Constitucional. Sentencia T-041 de 2018.
17 Corte Constitucional. Sentencia SU-159 de 2021.
18 Corte Constitucional. Sentencia T-041 de 2018.
19 Corte Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002.
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59. Este concepto se fue desarrollando, y posteriormente el Alto Tribunal
precisó que este se configura cuando «en ejercicio de su autonomía e
independencia, [el juez] desborda la Constitución o la ley en desconocimiento de
los principios, derechos y deberes superiores. Lo cual puede ocurrir, entre otros,
por la errónea interpretación o aplicación de la norma. Como puede suceder, por
ejemplo, cuando se desborda el contenido de la norma y se imponen mayores
barreras a las exigidas por el legislador para conceder el derecho o se
desconocen normas que debían aplicarse»20.
60. Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos: a) el fundamento de
la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por
impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le
reconocen efectos distintos a los otorgados por el legislado; b) no se hace una
interpretación razonable de la norma; c) la disposición aplicada es regresiva o
contraria a la Constitución; d) el ordenamiento otorga un poder al juez y este lo
utiliza para fines no previstos en la disposición; e) la decisión se funda en una
interpretación no sistemática de la norma; f) se afectan derechos fundamentales,
debido a que el operador judicial sustentó o justificó de manera insuficiente su
actuación.
61. Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la
existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos antes
descritos.
2.7. Análisis del caso concreto
2.7.1. Marco normativo del reconocimiento del subsidio familiar
62. El Gobierno Nacional en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 creó un
subsidio familiar para los soldados profesionales de las fuerzas militares casados
o con uniones maritales de hecho vigentes. Esta situación debía reportarse a
partir de su inicio ante el comando de la fuerza, de conformidad con la
reglamentación vigente. Así lo estableció el inciso segundo de la referida
disposición21.
63. Posterior a ello, se dictó el Decreto 3770 de 2009, «por el cual se deroga
el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000», es decir, dejó sin efectos el
reconocimiento del subsidio familiar a favor de los soldados profesionales. Esta
norma empezó a regir a partir de su publicación, es decir, desde el 30 de
20 Corte Constitucional. Sentencia SU-573 de 2017.
21 «ARTICULO 11. SUBSIDIO FAMILIAR. A partir de la vigencia del presente decreto, el soldado
profesional de las Fuerzas Militares casado o con unión marital de hecho vigente, tendrá derecho
al reconocimiento mensual de un subsidio familiar equivalente al cuatro por ciento (4%) de su
salario básico mensual más la prima de antigüedad.
Para los efectos previstos en este artículo, el soldado profesional deberá reportar el cambio de
estado civil a partir de su inicio al Comando de la Fuerza de conformidad con la reglamentación
vigente» (destacado fuera de texto original).
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septiembre de 2009. Sin embargo, en contra de aquel, se interpuso una demanda
en ejercicio del medio de control de simple nulidad y mediante sentencia del 8 de
junio de 2017 la Sección Segunda del Consejo de Estado resolvió declarar, con
efectos ex tunc, la nulidad total del Decreto 3770 de 200922.
64. Es importante anotar que entre la interposición de la demanda contra el
Decreto 3770 de 2009 y la sentencia del 2017 de esta corporación, el Gobierno
Nacional expidió el Decreto 1161 de 2014, mediante el cual creó nuevamente un
subsidio familiar para los soldados profesionales, pero en una cuantía inferior a
la del Decreto 1794 de 200023.
65. A modo de ilustración, se expone cronológicamente la situación jurídica
antes mencionada:
30 de
14 de septiembre 24 de junio de 8 de junio de
Fecha septiembre de
de 2000 2014 2017
2009
Decreto 1161 de Sentencia de la
2014 – crea Sección
nuevamente el Segunda del
Decreto 1794 de Decreto 3770 de
subsidio familiar Consejo de
2000 – crea el 2009 – derogó el
para los soldados Estado que
Suceso subsidio familiar subsidio familiar
profesionales, declaró la
para soldados para los soldados
pero en cuantía nulidad del
profesionales. profesionales.
inferior al del Decreto 3770
Decreto 1794 de de 2009 con
2000. efectos ex tunc.
2.7.2. Caso concreto: no se configuran los defectos específicos alegados
por el accionante
66. En este caso, el señor Valencia Rincón cuestionó la sentencia de 5 de
diciembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, que
confirmó el fallo de 25 de junio de 2024, que negó las pretensiones de nulidad y
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 8
de junio de 2017. Rad. 11001-03-15-000-2010-00065-00. Como fundamento de su decisión,
indicó que la medida incorporada al ordenamiento jurídico mediante el Decreto 3770 de 2009 que
suprime el reconocimiento al derecho prestacional del subsidio familiar a los soldados
profesionales al revocar el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, se constituye en regresiva y por
tanto carente de legalidad, al no solamente contravenir los principios y normas en los que se
debería fundar, sino también porque no es compatible con el contenido esencial de los hechos a
la protección y seguridad social, al trabajo y a la seguridad jurídica.
23 Por el cual se crea el subsidio familiar para soldados profesionales e infantes de marina
profesionales y se dictan otras disposiciones.
Artículo 1.- Subsidio Familiar para soldados profesionales e infantes de marina
profesionales. Créase, a partir del 1° de julio del 2014, para los soldados profesionales e infantes
de marina profesionales de las Fuerzas Militares en servicio activo, que no perciben el subsidio
familiar regulado en los decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009, un subsidio familiar que se
liquidará y reconocerá mensualmente sobre su asignación básica, así:
a. Para los soldados profesionales e infantes de marina profesionales casados o con unión marital
de hecho vigente, tendrán derecho a percibir por subsidio familiar el veinte por ciento (20%) de la
asignación básica por la cónyuge o compañera permanente, más los porcentajes a que se pueda
tener derecho por los hijos conforme al literal c. de este artículo. (…)
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restablecimiento del derecho relativas al reconocimiento y pago del subsidio
familiar regulado en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.
67. Para el accionante, en la referida providencia judicial se configuran los
defectos fáctico y sustantivo. Esto, habida cuenta de que la autoridad accionada:
(i) no valoró adecuadamente los medios de prueba allegados al proceso, en
particular, la escritura pública n. ° 1058 de 10 de agosto de 2009 y los oficios
mediante los cuales el Ejército Nacional le negó, en dos oportunidades, el
reconocimiento y pago del subsidio familiar; y (ii) inaplicó el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, en desconocimiento de la sentencia de 8 de junio de 2017,
por medio de la que la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró la nulidad
con efectos ex tunc del Decreto 3770 de 2009.
68. Pues bien, la decisión judicial cuestionada se fundó en la aplicación de una
sentencia de la Sala Plena del mismo tribunal24, en la que se establecieron las
siguientes reglas de decisión para los casos en los que se discute el
reconocimiento del subsidio familiar:
(i) A quienes contrajeron matrimonio o declararon su unión marital antes de la
derogatoria del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 (antes del 1 de octubre
de 2009), le serán aplicables las disposiciones de dicho acto administrativo,
siempre que hubiesen informado el cambio de su estado civil en vigencia
de tal disposición, puesto que «no tenían ninguna justificación legal que los
eximiera de cumplir con la normativa de informar el cambio de estado civil».
(ii) A quienes contrajeron matrimonio o declararon su unión marital durante el
periodo en que estuvo derogado el Decreto 1794 de 2000 (desde el 1 de
octubre de 2009 hasta el 30 de junio de 2014), les serán aplicables las
disposiciones de ese decreto, «sin que les sea exigible el requisito
contenido en su inciso segundo, al menos para el mentado período que
subsistió la derogatoria, consistente en reportar el cambio de estado civil al
Comando de la Fuerza, dado que la norma estaba derogada, no siéndoles
exigible el cumplimiento de ese deber durante dicha época».
(iii) A quienes contrajeron matrimonio o declararon su unión marital en vigencia
del Decreto 1161 de 2014 (desde el 1 de julio de 2014), les serán aplicables
las disposiciones de dicho acto administrativo.
69. Así, al resolver el caso concreto, la autoridad judicial accionada negó las
pretensiones del accionante. Esto al considerar, que el actor estaba obligado a
reportar el cambio de su estado civil en vigencia del Decreto 1794 de 2000, sin
que exista justificación alguna para que no lo hiciera.
70. En efecto, el Tribunal Administrativo del Meta concluyó que: (i) la
declaratoria de la unión marital de hecho se llevó a cabo el 10 de agosto de 2009,
24 Tribunal Administrativo del Meta, Sala Plena. Sentencia del 20 de octubre de 2022. Rad. núm.
50-001-33-33-008-2020-00009-01.
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esto es, mientras estuvo vigente el inciso segundo del artículo 11 ibid.25; (ii) el
actor no comunicó el cambio de su estado civil en vigencia de la norma, puesto
que las pruebas allegadas al proceso solo dan cuenta de que las solicitudes de
reconocimiento del subsidio familiar fueron presentadas en 2011 y 2020; y (iii) no
se advierte «justificación legal alguna para no cumplir con el requisito normativo
de reportar su estado civil y solicitar en ese mismo momento el reconocimiento
del subsidio familiar» por parte del actor.
71. Tras revisar los antecedentes, las pruebas e informes allegados al
proceso, la Sala negará el amparo solicitado por el señor Valencia Rincón, por
cuanto, en este caso, no se configuran los defectos específicos alegados por el
accionante.
72. No se configura el defecto fáctico. Para el actor, el Tribunal
Administrativo del Meta valoró indebidamente las pruebas del proceso. En su
criterio, existen al menos tres documentos que permiten tener por acreditado que
el accionante sí comunicó el cambio de su estado civil al Ejército Nacional, para
efectos de que le fuera reconocido el subsidio familiar regulado en el artículo 11
del Decreto 1794 de 2000.
73. En particular, se refirió a: (i) la escritura pública n. ° 1058 de 10 de agosto
de 2009, en la que consta la existencia de la unión marital de hecho con la señora
Hincapié Bernal, desde el 8 de mayo de 2004; (ii) el oficio n. ° 20115590193761
MDN-CGFM-CE- JEDEH-DIPER-EJP del 9 de marzo de 2011, que negó el
subsidio familiar como soldado activo; y (iii) el oficio n. ° 202031100029273:MDN-
CEFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER- DIPER-110 del 19 de febrero de 2020,
que negó el reconocimiento de la prestación y su reliquidación en la asignación
de retiro del actor.
74. Para la Sala, aun cuando es cierto que dichas pruebas acreditan que el
accionante sí solicitó el reconocimiento del subsidio familiar, ninguno de los
documentos mencionados da cuenta de que dicha comunicación o el reporte del
cambio del estado civil se hubiese realizado antes del 1 de octubre de 2009, es
decir, durante la vigencia del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.
75. Por el contrario, el análisis de esas pruebas documentales y de los otros
elementos probatorios aportados al proceso ordinario evidencian que, pese a que
el actor pudo comunicar y solicitar dicha prestación oportunamente, no lo hizo,
sin que se advierta justificación alguna.
76. En efecto, en el expediente está probado que:
25 «ARTICULO 11. SUBSIDIO FAMILIAR. A partir de la vigencia del presente decreto, el soldado
profesional de las Fuerzas Militares casado o con unión marital de hecho vigente, tendrá derecho
al reconocimiento mensual de un subsidio familiar equivalente al cuatro por ciento (4%) de su
salario básico mensual más la prima de antigüedad.
Para los efectos previstos en este artículo, el soldado profesional deberá reportar el cambio de
estado civil a partir de su inicio al Comando de la Fuerza de conformidad con la reglamentación
vigente» (destacado fuera de texto original).
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(i) El señor Carlos Valencia Rincón estuvo vinculado al Ejército Nacional, como
soldado profesional, desde el 1 de noviembre de 2003 hasta el 19 de febrero
2013, fecha en la que se hizo efectivo el retiro dispuesto en la Orden
Administrativa de Personal n. ° 1105 de 11 de febrero de 2013.
(ii) De acuerdo con la escritura pública n. ° 1058 de 10 de agosto de 2009, el
accionante inició su unión marital con la señora Sandra Milena Hincapié
Bernal, desde el 8 de mayo de 2004.
(iii) Mediante el oficio n. ° 20115590193761 MDN-CGFM-CE-JEDEH-DIPER-
EJP de 9 de marzo 2011, el Ejército Nacional negó una solicitud de
reconocimiento del subsidio familiar. El actor no aportó constancia de la
fecha de presentación de la solicitud correspondiente.
(iv) Por medio del oficio n. ° 202031100029273 MDN-CEFM-COEJC-SECEJ-
JEMGF-COPER- DIPER-110 del 19 de febrero de 2020, el Ejército Nacional
negó nuevamente la solicitud de reconocimiento del subsidio familiar y de
reliquidación de la asignación de retiro. Esto, por cuanto el actor «tuvo la
oportunidad de solicitar el beneficio citado en el Decreto 1794 de 2000, el
cual no solicitó». Esta comunicación indica que «no se evidenci[ó] ninguna
solicitud por parte del mencionado en razón a subsidio familiar».
77. Por tanto, no se advierte la configuración del defecto fáctico alegado por
el actor. Las pruebas sub examine corroboran las conclusiones del Tribunal
accionado en la sentencia del 5 de diciembre de 2024.
78. Ciertamente, con independencia de los efectos declarativos o constitutivos
que le hubiesen sido atribuidos a la escritura pública n. ° 1058, está plenamente
acreditado que tanto el inicio de la unión marital (8 de mayo de 2004) como su
declaratoria (10 de agosto de 2009), tuvieron lugar mientras estuvo vigente el
Decreto 1794 de 2000 (derogado el 30 de septiembre de 2009). Por tanto, es
claro que el accionante no reportó ni solicitó el reconocimiento del subsidio en
vigencia de esa norma, —pudiendo hacerlo26—, sin que se observe la existencia
de causa alguna que justificara el incumplimiento del deber previsto en el inciso
segundo del artículo 11 ibid.
79. No se configura el defecto sustantivo. El accionante indicó que, en la
sentencia de 8 de junio de 2017, la Sección Segunda del Consejo de Estado
declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009 con efectos ex tunc. Para el actor,
esa decisión obligaba al Tribunal Administrativo del Meta a aplicar las
disposiciones del Decreto 1794 de 2000, como si aquel «nunca hubiere existido»,
por lo que resulta irrazonable «exigirle el cumplimiento de una obligación [la
26 Está acreditado que el actor solo reportó el cambio de su estado civil y solicitó el reconocimiento
del subsidio familiar hasta el 2011, es decir, luego de que el Decreto 3770 de 2009 derogara el
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.
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comunicación del cambio de estado civil] que, en ese contexto, era inaplicable y
carente de validez jurídica».
80. Para la Sala, el fallo de 5 de diciembre de 2024 no incurrió en una indebida
interpretación o aplicación de las normas que regulan el reconocimiento del
subsidio familiar o de los efectos ex tunc de la declaratoria de nulidad del Decreto
3770 de 2009.
81. Como lo ha señalado esta Sección en otros casos similares27, el artículo
11 del Decreto 1794 de 2000 sí imponía el deber de reportar «el cambio de estado
civil a partir de su inicio a la autoridad competente». Por tanto, los soldados
profesionales que pretendieran el reconocimiento del subsidio familiar previsto en
dicho decreto debían notificar su matrimonio o su unión marital de hecho tan
pronto como esta fuese conformada.
82. Tal requisito solo resulta «inaplicable y carente de validez jurídica», como
lo califica el actor, a quienes se vieron afectados «por el Decreto 3770 de 2009;
esto es, a quienes se les privó, por la derogatoria de la norma que establecía el
subsidio familiar, de la posibilidad de indicarle al empleador el cambio de su
estado civil y solicitar tal reconocimiento. No así, para quienes sí contaron con
esa posibilidad y tenían el deber de reportarlo a tiempo»28.
83. De allí que, en este caso, el actor estuviese obligado a comunicar el
cambio de su estado civil en vigencia del Decreto 1794 de 2000, como requisito
para el reconocimiento del subsidio familiar previsto en esa norma; deber que
estuvo vigente hasta el 30 de septiembre de 2009, esto es, antes del inicio de la
unión marital (8 de mayo de 2004) y de su declaratoria (10 de agosto de 2009).
84. En tales términos, el hecho de que el Tribunal Administrativo del Meta
negara las pretensiones del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 50001-33-33-006-2020-00052-00/01, al advertir que el accionante
incumplió, sin justificación alguna, el deber contenido en el inciso segundo del
artículo 11 ibid., no constituye una interpretación o aplicación errónea de la norma
ni un desconocimiento de los efectos ex tunc de la sentencia de 8 de junio de
2017 proferida por la Sección Segunda de esta corporación.
85. Por lo anterior, la Sala declarará la improcedencia de la acción en lo que
respecta a los defectos de decisión sin motivación, violación directa de la
Constitución y desconocimiento del precedente, por no cumplir el requisito de
27 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 3 de noviembre de 2022. Radicado núm.
11001-03-15-000-2022-04249-01. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. En el mismo sentido, ver
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 24 de agosto de 2023. Radicado núm. 11001-
03-15-000-2023-03940-00. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. Consejo de Estado. Sección Quinta.
Sentencia del 20 de marzo de 2025. Radicado núm. 11001-03-15-000-2025-00072-01. M.P.
Pedro Pablo Vanegas Gil.
28 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 20 de marzo de 2025. Radicado núm. 11001-
03-15-000-2025-00072-01. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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Demandante: Carlos Valencia Rincón
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02373-00
relevancia constitucional. Así mismo, negará el amparo en lo que concierne a los
defectos fáctico y sustantivo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por el
señor Carlos Valencia Rincón en contra del Tribunal Administrativo del Meta y el
Juzgado 1 Administrativo de San José del Guaviare, en lo que respecta a los
defectos de decisión sin motivación, violación directa de la Constitución y
desconocimiento del precedente.
SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado por el señor Carlos Valencia Rincón
respecto de los defectos fáctico y sustantivo, por las razones aquí expuestas.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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